Atraco bancario en Chipre

Poco dura la alegría en casa del pobre. Un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara los abusos de las hipotecas españolas, los políticos siguieron a lo suyo en Bruselas: hacer pagar a los ciudadanos los desmanes de los bancos. Arrodillados ante Merkel, la Comisión Europea, el BCE y el FMI, los ministros de Finanzas aceptaron pasarse la garantía de los depósitos bancarios por el arco del triunfo y castigar a los chipriotas con un impuesto sobre sus ahorros – vulgo robo con nocturnidad y alevosía - que se destinará a pagar el empacho de deuda griega de los bancos de la isla, agravado tras la quita que sufrieron las entidades helenas a cambio de su rescate.

 Chipre es un pequeño país de 800.000 habitantes que apenas representa el 0,2% del PIB de la UE pero cuyo sistema bancario multiplica por siete esa cantidad, en gran parte debido a la afición de muchos magnates rusos por blanquear en ellos sus capitales. La troika lo utiliza ahora como conejillo de indias para un experimento ilegal en el que pagan justos por pecadores y que amenaza con imprevisibles consecuencias para los países rescatados o al borde del rescate, casos de Italia o España. La señal que la insólita decisión envía tanto a los mercados como a los ciudadanos no puede ser más alarmante, por mucho que la intenten vender asegurando que la situación chipriota es excepcional y que lo que se ha aprobado no es un impuesto sobre los ahorros sino una quita, como si a los chipriotas les importara gran cosa la diferencia.

Ya el sábado hacían cola para sacar sus ahorros de los bancos, convenientemente cerrados ahora hasta el miércoles. Mientras, el Gobierno conservador busca apoyos para aprobar la ley que le han impuesto Merkel y los serviles gobiernos que la secundan, caso por ejemplo de España, que permite robarles a los ciudadanos una parte nada despreciable de su dinero.

El precedente que se sienta es tan peligroso que nada tendría de extraño que el miedo a que el corralito chipriota se repita tarde o temprano en otros países como España o Italia puede provocar un efecto contagioso de desastrosas consecuencias, con los ciudadanos sacando sus ahorros de los bancos, lo grandes capitales poniendo pies en polvorosa y los mercados castigando con saña la deuda pública de esos países.

Que el Gobierno español diga que la situación en Chipre no es “extrapolable” a nuestro país, lejos de tranquilizar aumenta la incertidumbre. Entre otras cosas, porque no lo explica y porque, de hecho, ya sufrimos en España el corralito en el que han sido encerrados los tenedores de las preferentes alegremente vendidas por los bancos sin control ni supervisión alguna por parte de las autoridades que ahora se rasgan las vestiduras.

Pero si la señal de alarma que el corralito chipriota envía a los mercados y a los ciudadanos es pésima, peor es aún el daño que esta decisión le hace al cada día más devaluado europeísmo. Comprobar una vez más que los intereses electorales de la señora Merkel se imponen incluso a la normativa comunitaria sobre la seguridad de los depósitos bancarios de los ciudadanos, a los que se les birla parte de sus ahorros con toda la desfachatez del mundo y a cara descubierta para volver a salvar a los bancos, no puede sino intensificar el euroescepticismo y hasta la eurofobia ante todo lo que proceda de Bruselas.

Una sentencia para la esperanza

A veces también llegan buenas noticias de la Unión Europea que contribuyen a paliar un poquito el euroescepticismo galopante, cuando no la eurofobia que ya está generando la obsesión por la austeridad fiscal y los recortes eufemísticamente denominados reformas estructurales. Esa buena noticia en un mar de tijeras nos la dio ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una sentencia que, no por esperada, ha sido recibido con menos satisfacción entre quienes han venido denunciando la sordera crónica y cómplice del Gobierno ante las abusivas cláusulas que imponen los bancos en las hipotecas. En pocas palabras, el fallo dictamina que la vetusta Ley Hipotecaria española vulnera de forma flagrante la normativa comunitaria al dejar indefensos a los ciudadanos frente a los abusos de los bancos. Lo mejor de la sentencia es que, aunque no obliga expresamente al Gobierno español a modificar la injusta norma, sí es de inmediata aplicación por parte de los jueces en los casos de ejecución hipotecaria.

Una victoria social

Los jueces tienen por fin en sus manos una poderosa herramienta jurídica para paralizar cautelarmente los desahucios y dirimir en un juicio si la letra de hormiga de las hipotecas contiene cláusulas abusivas. Es cierto que la sentencia llega con cuatro años de retraso y es dudoso que pueda ya compensar el perjuicio que han sufrido las miles de familias expulsadas de sus hogares por una ley inicua. A pesar de todo, es un triunfo para mucha gente: en primer lugar para las plataformas antidesahucios que han logrado sensibilizar a la sociedad de esta injusticia hasta el punto de reunir casi un millón y medio de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que ya se tramita en el Congreso aunque a regañadientes de los grandes partidos, siempre tan solícitos con la estabilidad del sistema financiero.

Es un triunfo también del juez José María Fernández que se molestó en llevar las abusivas cláusulas de la hipoteca de un inmigrante ante el Tribunal de Luxemburgo y conseguir así un fallo histórico que deja con las vergüenzas al aire al Gobierno, a los partidos políticos, a las instancias judiciales que han mirado para otro lado mientras se desahuciaba a mansalva y, por descontado, a todo el sistema bancario español. Merece la pena analizar brevemente cuáles han sido sus reacciones.

Reacciones culpables

Horas antes de conocerse la sentencia, Mariano Rajoy pontificaba en el Congreso que la dación en pago generalizada pondría en peligro la sagrada estabilidad del sistema financiero, como si esa hubiese sido la causa de la crisis bancaria estadounidense en donde esa posibilidad está recogida. Con la sentencia ya estampada en su cara, Rajoy sólo vino a reconocer “algunos problemas en la ley” como si hablara de los papeles de Bárcenas en los que “algunas cosas son verdad”.

Por su parte, Ruiz Gallardón hizo de la necesidad virtud y declaró que el Gobierno “asume que tiene que adaptar la normativa hipotecaria española a la comunitaria” pero no dijo ni cómo ni cuándo. Otros dirigentes populares se atreven incluso a tergiversar los hechos y aseguran que el mezquino decreto antidesahucios, aprobado por el Gobierno después de varios casos de suicidio que alarmaron a la sociedad española, ya recoge algunos de los puntos de la sentencia europea. En la oposición socialista, bajo cuyo gobierno se inició el drama de los desahucios sin que moviera un dedo para evitarlo, las reacciones no han podido ser más patéticas al pedir ahora la paralización de todos los expedientes de ejecución hipotecaria hasta que la ley española se adapte a la comunitaria.

Para nota es también la reacción de la banca, que no ha tenido más remedio que cogérsela con un ambiguo papel de fumar para encajar la bofetada que supone para ella este fallo que, en cristiano, la llama ladrona y usurera. Así, mientras la Asociación Española de la Banca califica la sentencia de “razonable y constructiva”, la Asociación Hipotecaria Española se niega a admitir que todos los procesos de desahucio estén condicionados por cláusulas abusivas y pide que se estudie caso a caso. Deberían preguntarles antes a las familias echadas a la calle sin posibilidad de defensa alguna, si su desahucio fue o no una injusticia.

Una puerta abierta a la esperanza

Pero más allá de estas reacciones a caballo entre lo culpable y lo vergonzoso, lo trascendental de esta sentencia es que abre una gran puerta a la esperanza de miles de familias a las que el paro ha dejado al borde de perder su casa con el esperpéntico agravante de que, encima, tendrán que seguirla pagando. Es improbable que el Gobierno se atreva hacerle un feo a sus adorados bancos y paralice los desahucios en curso hasta que la ley española se homologue a la comunitaria. Por eso, cabe esperar y exigir que los jueces hagan uso de esta sentencia para acabar con los abusos de la banca tanto tiempo consentidos por quienes podían haberlos evitado y, sin embargo, no movieron un dedo para hacerlo.  

El papa del fin del mundo

Benedicto XVI dio la campanada al convertirse en el primer papa en renunciar en 600 años y los cardenales reunidos en el cónclave la han redoblado en tiempo récord eligiendo a un latinoamericano y jesuita como sucesor. Francisco I es el designado para afrontar los numerosos y difíciles retos que tiene la Iglesia Católica si quiere acompasar su paso al de la sociedad contemporánea.

Que sea el primer latinoamericano y el primer jesuita que ocupa el puesto no son en sí garantías de cambio o reforma, pero encienden una pequeña luz de esperanza de que algo empiece por fin a moverse en la fosilizada jerarquía católica. La procedencia geográfica del nuevo papa y su formación de jesuita representan una novedad histórica nada desdeñable pero no son suficientes para ocultar tras la arcaica pompa del cónclave y el humo de la fumata blanca los graves problemas de una institución con más 1.200 millones de seguidores en todo el mundo.

El novelista estadounidense Don DeLillo escribió en una de sus obras que “el católico moderno es un tipo duro que plantea preguntas penetrantes”. A ellas deberá responder con acierto Francisco I para pasar el examen al que le someterá a partir de ahora la comunidad católica en particular y la sociedad en la que se inserta en general. El peso de la acción y el pensamiento de la Iglesia en una sociedad cada vez más secularizada pero de profundas raíces católicas como la occidental sigue aún siendo notable.

Sin embargo, hasta ahora, esa Iglesia se ha caracterizado por remar a contracorriente y obstaculizar los procesos sociales de cambio. Esta actitud le está pasando una costosa factura en forma de desafección galopante entre sus propios seguidores. Así ocurre en Europa, la cuna de su poder, o en la misma Latinoamérica, de donde procede el nuevo papa y en donde la tan denostada por la jerarquía Teología de la Liberación se ha visto desautorizada y no ha podido impedir que las iglesias evangélicas hayan captado una creciente feligresía.


Compromiso real y beligerante con los más desfavorecidos, renuncia al poder y a las riquezas terrenales, pederastia en el seno del clero, papel de la mujer en la Iglesia, moral sexual, gobierno del Vaticano, transparencia en la financiación de la Iglesia, actitud ante los avances científicos y modernización de un ritual pesado y anacrónico obsesionado con la simbología del poder del papado y de la curia, - todo ello manteniendo el dogma -, son solo algunas de las difíciles preguntas que Francisco I deberá contestar en este examen al que ha aceptado presentarse.

Cuando hace siete años el cónclave eligió al alemán Ratzinger como sucesor del mediático Juan Pablo II fue casi unánime el convencimiento de que llegarían los cambios tantas veces reclamados y otras tantas frustrados a raíz de la involución a la que se sometió el Concilio Vaticano II. Siete años después las cosas apenas han cambiado más allá de alguna condena más bien tibia de la pederastia; en otros terrenos como el gobierno del Vaticano, la sexualidad, el celibato, el papel de la mujer, el compromiso social o la financiación de la Iglesia han continuado prácticamente igual de estancadas, en parte por el inmovilismo de la curia y en parte por la falta de voluntad de Benedicto XVI para afrontar esos retos. Todo unido, más la salud y la edad, le llevaron a tomar la insólita decisión de renunciar.

Ahora parece que se renueva la misma esperanza en un papa latinoamericano y jesuita que, además, deberá convivir a escasos metros con su antecesor que, sin duda, seguirá de cerca todos sus pasos. La trayectoria del papa Bergoglio habla de un hombre austero y de origen humilde, aparentemente alejado de los tejemanejes vaticanos, beligerante en la denuncia de las desigualdades sociales pero, al mismo tiempo, ortodoxo en lo moral y con un pasado oscuro y nunca aclarado en sus relaciones con la dictadura militar argentina. Nadie debería esperar milagros de Francisco I por mucho que sea un milagro lo que empieza ya a necesitar la Iglesia Católica. De momento, su gran reto consiste en  empezar a recuperar el terreno perdido ante la sociedad, junto a la que en pocas ocasiones  ha sabido caminar, para acompañarla en sus avances, problemas y necesidades hasta el fin del mundo.

Explicaciones y responsabilidades

El video difundido ayer por la Cadena SER no deja lugar a dudas sobre quién embistió a quien en la tragedia en la que se vieron implicadas una patrullera de la Guardia Civil y una patera de inmigrantes el pasado mes de diciembre en aguas de Lanzarote. El resultado del violento abordaje fue un fallecido, siete desaparecidos y 17 supervivientes, entre ellos un menor de edad. Las imágenes captadas por las cámaras del Servicio Integral de Vigilancia son tan elocuentes como espeluznantes y apenas necesitan explicación adicional: la patrullera, después de cruzarse con la barquilla, vuelve sobre su estela y enfila hacia la embarcación de los inmigrantes a gran velocidad pasándole literalmente por encima y hundiéndola con el trágico balance conocido. 

 

 

Lo que la Administración y la Guardia Civil siguen sin explicar es porqué la patrullera embistió a la patera cuando en teoría se encontraba en misión de rescate de los inmigrantes. La Delegación del Gobierno en Canarias no puede seguir parapetándose detrás de los juzgados para no dar explicaciones convincentes. A la vista de estas imágenes su versión oficial de lo ocurrido pierde la poca credibilidad que tenía y se impone un relato completo de los hechos, con pelos y señales. Ya no cabe seguir definiendo lo ocurrido como un desafortunado accidente y hablando eufemísticamente de “contacto” entre ambas embarcaciones cuando lo que las imágenes muestran es un brutal impacto de la patrullera contra una frágil barquilla que, además, se encontraba detenida cuando ocurrieron los hechos.

También ha perdido toda credibilidad la versión según la cual, el patrón de la patera se había lanzado al mar para no ser detenido y la había dejado sin control, lo que hizo que se estrellara contra la patrullera. Sólo después de que EL PAIS publicara que la patrullera había sufrido una avería que supuestamente le impedía maniobrar, admitió la Delegación del Gobierno una colisión con la patera que las imágenes conocidas ayer corroboran en toda su crudeza.

Los inmigrantes supervivientes alegaron desde un primer momento lo que esas imágenes certifican, que la patrullera se les echó literalmente encima a gran velocidad y con las luces apagadas. Sin embargo, el testimonio de quienes habían estado a punto de correr la misma suerte que sus compañeros de tragedia no fue suficiente para impedir que los juzgados de lo contencioso y la fiscalía defendieran la inmediata expulsión de los náufragos de territorio español en contra del parecer de los letrados que ejercían su representación y de la magistrada Victoria Rosell, coordinadora de Derechos Humanos en el TSJC. Cabe preguntarse si los jueces y el fiscal habían visto estas imágenes antes de exigir la expulsión de los inmigrantes y, si es así, porque no atendieron las demandas para posponer la medida hasta que se esclarecieran las eventuales responsabilidades sobre lo ocurrido y se resolvieran las  reclamaciones patrimoniales que se solicitaban.

Todo el proceso de expulsión, en el que desempeñó un papel muy beligerante la propia Delegación del Gobierno exigiendo que fuera inmediata y afeando la conducta de la magistrada Rosell por interceder a favor de los inmigrantes, invita a la sospecha sobre la necesidad de alejar del escenario de los hechos a testigos incómodos que pudieran poner en evidencia que lo ocurrido entre la patrullera y la patera no fue un accidente inevitable sino tal vez el fruto de una cadena de errores y negligencias con resultados fatales.

Aunque las imágenes del video difundido por la SER desmontan la endeble versión oficial de los hechos, aún quedan algunas preguntas sin responder y a las que la Delegación del Gobierno no puede seguir haciendo oídos sordos: ¿por qué estaba averiada la zodiac que debió haberse desplegado para rescatar a los inmigrantes? ¿por qué se avisó a Salvamento Marítimo sólo cuando ya se había producido la colisión? ¿por qué iban en la patrullera sólo cuatro agentes cuando se trata de una embarcación con capacidad para once o doce? ¿tenía el agente al mando de la patrullera la pericia y las capacidades suficientes para el puesto?

La máxima responsable del Gobierno del Estado en las Islas y la propia Guardia Civil, cuyo director general tendrá que dar explicaciones en el Congreso a petición de IU, no pueden dejar pasar ni un minuto más sin detallar con claridad porqué la patrullera arrolló a la patera y si se cumplieron o no los protocolos establecidos para estos casos. Y, después, asumir responsabilidades políticas por haber ocultado los hechos que ahora muestran las inapelables imágenes. Todo ello sin menoscabo de que la jueza de Lanzarote que instruye el caso agilice las investigiaciones para llegar al fondo de los hechos y depurar las responsabilidades judiciales pertinentes. Es lo menos que se merecen las víctimas de una tragedia que – ahora parece más claro que nunca – se pudo haber evitado.

Ponferrada bien vale una misa

Enrique IV sólo pudo ocupar el trono de Francia después de abjurar del protestantismo y hacerse católico. “París bien vale una misa”, cuentan los cronistas que dijo para justificar su acceso al poder aún a costa de renunciar a sus convicciones religiosas. En el bochornoso episodio de la moción de censura en Ponferrada ha pasado algo muy similar. El PSOE ha renegado de uno sus principios más acendrados - la tolerancia cero contra cualquier tipo de violencia de género - y, como Enrique IV, los ha relegado a un segundo término para ocupar la alcaldía de la ciudad apoyándose en el voto de un condenado por acoso sexual.

Días antes de que se votara la moción de censura, la dirección federal del PSOE, empezando por Rubalcaba, conocía de las intenciones de sus correligionarios leoneses pero no detuvo la operación, ni la desautorizó ni siquiera advirtió con abrirles expediente de expulsión a los que la habían puesto en marcha. Es más, el secretario de organización, Óscar López, se vanaglorió del acuerdo porque el edil condenado por acoso que apoyó con su voto al candidato socialista a la alcaldía se comprometió a dimitir inmediatamente, cosa que en efecto ha hecho después de vengarse a gusto del alcalde censurado con el que compartió siglas y gobierno municipal en el PP cuando tuvo lugar el tristemente famoso “caso Nevenka Fernández”.  

“Tenemos un acosador menos en política”, dijo con vergonzoso triunfalismo el tal López, como si la condición de acosador de ese individuo no fuera de dominio común y no estuviera verificada judicialmente antes de que apoyara al PSOE en la moción de censura.

Fue sólo con los hechos ya consumados y con el nuevo alcalde socialista empuñando el bastón de mando, cuando Rubalcaba y su guardia de corps empezaron a rasgarse las vestiduras, a exigir rectificaciones y a amenazar con la excomunión socialista. Nada tiene de raro que el nuevo alcalde y sus concejales les hayan hecho una higa tipo Bárcenas y hayan decidido darse de baja del PSOE para conservar el poder que tanto les ha costado ganar.

Literalmente y en cristiano dejan al secretario general y a la Ejecutiva socialista con el culo al aire y ponen en solfa el tambaleante liderazgo de Rubalcaba, que ya cuestionan abiertamente también en Cataluña y en Galicia, mientras él y su aparato se agarran al sillón de Ferraz como náufragos a un tablón en medio del mar encrespado.

A partir de ahora, cualquier agrupación local de pueblo más o menos grande les podrá tomar por el pito del sereno y hacer lo que le venga mejor a sus intereses locales. Y que le vayan dando morcillas a los principios si se convierten en un estorbo para hacerse con el poder.

Ganada Ponferrada a costa de renunciar a una de las esencias fundamentales del discurso socialista, el PSOE debería adoptar como nuevo lema de su ideario, aunque ligeramente modificada, la frase inmortal de Groucho Marx: “Estos son mis principios pero, si me impiden llegar al poder, tengo otros”. En esto parece haber derivado el marxismo del PSOE.