Houston, tenemos un problema

Y de los gordos. La imputación judicial del alcalde de La Laguna y candidato de CC a la presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abre un boquete de considerables dimensiones en sus aspiraciones políticas. Sea casual o no, como se apunta desde algunos ámbitos políticamente interesados, lo cierto es que la imputación llega en el peor de los momentos posibles, justo cuando el candidato estaba empezando a tomar velocidad de crucero con su campaña y dándose a conocer él y su programa allá en donde apenas se le conocía de nombre. Es verdad que las imputaciones que le ha endosado el juez Romero Pamparacuatro se remiten sobre todo a la etapa de Clavijo como concejal de Urbanismo en su municipio y no son tampoco de lo más graves que se está despachando en los últimos tiempos en la convulsa y corrupta España de nuestros pecados. 

Se habla de malversación, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. Así, a bote pronto, suena fuerte pero si bajamos al detalle los cargos se refieren a los alquileres que pagó el ayuntamiento a familias que tuvieron que desalojar sus casas afectadas por aluminosis, el cierre de un bar y a un par de contratos de trabajo. Nada, en definitiva, que no ocurra con frecuencia en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de este país, eso sí, por desgracia y sin que lo anterior suponga justificación alguna. En su descargo cabe decir que compareció con rapidez ante los medios de comunicación para dar explicaciones e incluso entregó a los periodistas el auto de imputación, algo nada frecuente en esta España de la que hablaba antes y en la que los políticos imputados desaparecen de la faz de la tierra como por ensalmo nada más recibir la mala nueva. 

Ahora bien, no soplan tiempos de tolerancia social para la corrupción y el hartazgo de casos es tan gigantesco que a los ciudadanos ya les da prácticamente lo mismo que sean más o menos graves: piden de una vez ejemplaridad y limpieza de la vida pública. Y es ahí precisamente en dónde Clavijo y su partido, CC, tienen un problema del que a esta hora es difícil saber cómo se las arreglarán para salir. Tomen la decisión que tomen ninguna tendrá coste cero, ni para el candidato ni para el partido. En el supuesto de que Clavijo decida dar un paso a un lado y renunciar a la candidatura a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las autonómicas de 2015 habría que buscar nuevo candidato y se reabrirían – si es que se han cerrado ya – las profundas heridas que abrió el proceso que desembocó en su designación. 

En el caso de que CC decida continuar adelante con el candidato actual no tendrá más remedio que explicarle a los ciudadanos porqué contradice su propio discurso contra la corrupción con una actitud pasiva cuando le afecta de lleno y mantiene como aspirante a la presidencia de la comunidad autónoma a imputado. Rodeos, circunloquios y excusas siempre se pueden encontrar para justificar una decisión de esa naturaleza. En esa materia, qué duda cabe, en todos los partidos políticos sobran muñidores expertos en camuflar la realidad bajo un manto de eufemismos. Ahora bien, cosa completamente distinta es que los ciudadanos acepten y asuman esas explicaciones como si aquí no hubiera pasado nada. 

En principio todo hace indicar que el momento procesal para que tanto el candidato como su partido tomen una decisión al respecto será el instante en el que juez Romero Pamparacuatro decida abrir juicio oral. Si Clavijo continúa imputado será muy difícil, por no decir imposible, que siga siendo también el candidato de CC. El problema añadido es que la decisión del juez puede producirse dentro de un mes, dentro de dos o quince días antes de las elecciones e incluso después, con Clavijo ya sentado en su escaño del Parlamento de Canarias y puede que incluso en el sillón reservado al presidente del Gobierno. ¿Qué hacer entonces? ¿Esperar a que el juez decida? ¿Continuar adelante y arriesgarse a ver al candidato nacionalista, diputado o presidente sentado en el banquillo de los acusados? Difícil papeleta a simple vista aunque, a poco que se piense, tal vez no lo sea tanto. Sólo hay que recordar y aplicar aquella famosa frase atribuida a Napoleón: “Una retirada a tiempo es una victoria”. Y esto no sólo vale para la guerra sino también para la política.  

El controlador que los controle…

Una semana se cumple hoy desde que se publicara en los medios que José Antonio Monago viajó treinta y dos veces a Canarias siendo senador del PP por su comunidad autónoma. Ríos de tinta han corrido desde entonces sobre la opacidad de estos viajes pero las aguas de la transparencia siguen igual de estancadas. Se supo inmediatamente que Monago no visitó las islas con tanta asiduidad debido a un ataque de preocupación por los problemas de los canarios sino por razones más íntimas y personales. 

La pueril explicación del PP en el Senado de que viajaba como una especie de senador volante al Archipiélago y a Andalucía resultaba entonces tan increíble como ahora. Los compañeros canarios de Monago en el Senado no han podido aún explicar cuántas veces se reunieron con él en Canarias ni de qué hablaron. Y cuando se les pregunta por las fotos en las que el político extremeño aparece divirtiéndose en los carnavales de Tenerife con el verdadero motivo de sus viajes a la isla, la respuesta es de libro: no entramos en la vida privada del señor Monago. De añadidura, nadie recuerda que el senador Monago mencionara una sola vez a Canarias en sus intervenciones senatoriales, lo que no deja de ser alarmante dado el abnegado sacrifico demostrado por estas islas. 

Mañana hará una semana también desde que Monago dio una rueda de prensa para explicarse y en la que, no sólo no explicó nada, sino que se presentó como una víctima de los “rompepiernas” que quieren acabar con su carrera política y que no identificó aunque sí insinuó. Un día después y tras consultarlo con la almohada, anunció en un acto ante la plana mayor del PP - que le arropó con tanto entusiasmo que hasta se le saltaran las lágrimas - que devolvería el dinero. Dos días más tarde dijo que pediría al Senado que certificara su asiduidad viajera a Canarias pero tardó un par de días más en redactar la petición y presentarla en la Secretaría de la Cámara Alta. 

En el interín y ante las presiones de sus socios de IU, que entonces guardaron silencio y ahora piden su cabeza, anunció que el próximo día 27 comparecerá en el parlamento extremeño para volver a dar explicaciones. Y así sigue, de anuncio en anuncio y de renuncio en renuncio como si pensara que a estas alturas del culebrón  al que le da nombre cabe otra solución que no sea la de devolver el dinero público que gastó en sus viajes privados a las islas e inmediatamente presentar la dimisión de todos sus cargos. 

El mismo tiempo que lleva Monago diciendo una cosa y la contraria sobre sus viajes privados llevan los partidos políticos en el Congreso y en el Senado escenificando un nuevo capítulo de una saga de gran popularidad nacional titulada “Hay que hacer algo”. Se refiere su argumento a la necesidad de que alguien controle cómo emplean el dinero público senadores, diputados nacionales y hasta diputados autonómicos. El atasco está precisamente en el “alguien”, es decir, en quién le pone el cascabel a sus señorías para que se sepa en todo momento a dónde van y con quién se ven a costa del presupuesto público. El PP, cogido de nuevo en falta, dice que es “partidario de mejorar la transparencia” pero no dice cómo hacerlo. El PSOE propone cosas, el resto de la oposición propone otras, se inician negociaciones, se forman comisiones y, mientras, todo sigue igual que hace una semana. 

El presidente del Congreso se permite incluso decir que él no va a hacer de controlador de nadie y le pasa la pelota a los partidos políticos. El portavoz popular dice por su parte que “el Congreso no es un colegio” y que “los diputados no son niños" a los que haya que estar vigilando permanentemente. Argumento muy recurrente – en realidad una excusa como otra cualquiera – es el que se refiere a la necesidad de que los viajes políticos de senadores y diputados a veces deben de ser discretos lo que, según quienes lo defienden,  no es compatible con que rindan cuentas económicas detalladas a las cámaras o a sus partidos, lo mismo me da que me da lo mismo. 

Dicho en otras palabras y resumiendo: una semana después de que estallara el caso de los viajes de Monago a Canarias hemos vuelto a entrar en bucle y a meternos en un debate bizantino sobre el sexo de los ángeles, también conocido como diálogo de besugos. La ausencia de verdadera decisión y voluntad política para acabar con la opacidad en el uso del dinero de todos sólo está consiguiendo que a ojos de los ciudadanos la sombra de la sospecha se extienda injustamente sobre todas sus señorías y se cuestione una vez más la utilidad del Senado. Si alguna vez lo llegamos a ver, que lo dudo sinceramente, el controlador que los consiga controlar no sólo será buen controlador sino que merecerá un viaje a Canarias con todos los gastos pagados por la eternamente agradecida ciudadanía.

Más y Rajoy: no nos moverán

Tres días ha tardado Mariano Rajoy en decir algo en público sobre el “proceso participativo” del domingo en Cataluña. Durante ese tiempo, Artur Mas, claro vencedor político del pulso con el Estado, no ha dejado de decir cosas aunque todas conducen a lo mismo: referéndum de autodeterminación a la escocesa ya y, si no, elecciones anticipadas y plebiscitarias en Cataluña. Que Rajoy haya tardado setenta y dos horas en aparecerse ante los medios e incluso aceptar preguntas de los periodistas – a dónde iremos a parar – tampoco es un drama nacional. Nada esperábamos que dijera para desatascar el problema y eso es lo que ha hecho, ni más ni menos. En realidad, lo que ha conseguido es enconarlo un poco más por cuanto no ha puesto sobre el atril desde el que ha hablado una sola idea nueva, un mensaje, una iniciativa o un deseo que permita atisbar alguna solución. 

Se ha limitado a ignorar a los 2,3 millones de ciudadanos que votaron el domingo, a calificar la jornada de “fracaso” y “simulacro ilegal” – prodigioso hallazgo jurídico el suyo – y a reiterar lo que ayer dijo su vicepresidenta en el Congreso: que no cuenten Más y los que le siguen con el Gobierno y con el PP para apoyar un referéndum de independencia en Cataluña. Por lo demás, poco más merece mención de lo que Rajoy dijo esta mañana o de lo que respondió a los periodistas deseosos de hacer sangre en un presidente al que las preguntas de los medios le provocan malestar y dolor de cabeza. Eso sí, se transfiguró por un momento en líder de la oposición y le exigió al PSOE que ponga sobre la mesa la propuesta de reforma constitucional que los socialistas vienen defendiendo desde que Rubalcaba mandaba algo en el partido. 

Es cierto que el PSOE lleva demasiado tiempo mareando la perdiz con una reforma constitucional que no termina de definir y es incierto que esa sea la solución aceptada por todos, aunque al menos es una propuesta en un desierto de ideas. Sin embargo, es mucho más cierto, como ha recordado hoy el propio Pedro Sánchez, que quien gobierna no es él sino Rajoy y por tanto es al presidente a quien le compete tomar la iniciativa política. Le va en el sueldo y en la responsabilidad de gobernar y, si no es capaz, tiene otra solución: dimitir o convocar elecciones. La respuesta de Rajoy también iba dirigida a Artur Mas, al que volvió a retar a cambiar la Constitución, aunque tengo para mí que a estas alturas al presidente catalán ese tipo de retos por un oído le entran y por el otro le salen. Sus claves políticas parecen ser otras bien distintas, atada como está su suerte a ERC y a la espera tal vez de que una presión irresistible sobre Madrid termine produciendo los frutos apetecidos antes de que se embarcara en la carrera soberanista. 

En todo caso, la comparecencia de hoy del presidente español ante los medios no tiene tanto que ver con la conveniencia de pronunciarse sobre la situación en Cataluña como con las presiones de su partido por no haber detenido el “simulacro ilegal” del domingo. Eran ya atronadoras las voces en algunos sectores del PP que se preguntaban por qué Rajoy no hizo nada para impedir que los catalanes votaran. En eso, ya ven y sin que sirva de precedente, estoy con él: haber mandado a la policía a retirar las urnas probablemente habría generado muchos más problemas que los que habría resuelto. 

Ahora bien, de ahí a que el Gobierno haya azuzado a la siempre obediente Fiscalía General del Estado para que empapele a Mas, a su vicepresidenta y a algunos consejeros catalanes más por haber convocado y organizado lo del domingo saltándose la decisión del Tribunal Constitucional, va un trecho como de Madrid a Barcelona. Primero, porque una vez más se pone de manifiesto – y así lo han denunciado los fiscales – que la Fiscalía General del Estado es para asuntos de este calado o para otros como la imputación de la infanta Cristina poco menos que una correa de transmisión de los deseos del Gobierno. 

Segundo, porque responder una vez más con la legalidad y sólo con la legalidad como ha vuelto a hacer hoy Rajoy es reincidir por enésima vez en el error que impide salir con bien de este culebrón político inacabable. En resumen, el “no nos moverán” que sigue entonando este dúo tan poco dinámico formado por Mas y Rajoy nos tiene metidos a todos en un callejón al que de momento no hay esperanzas de verle salida alguna.

Cataluña: el palo y la zanahoria

No es casualidad que fuera el ministro de Justicia y no el presidente del Gobierno o la vicepresidenta quien compareciera anoche ante los medios de comunicación para valorar el “proceso participativo” en Cataluña. El mensaje es meridianamente claro: perseguiremos judicialmente como hemos hecho hasta ahora cualquier veleidad independentista. De hecho, aunque tanto los fiscales como el juez de guardia evitaron ayer retirar las urnas como pedían algunos partidos, la Fiscalía ya tiene en marcha una investigación para determinar si de las votaciones se derivan responsabilidades penales por parte de quienes las convocaron y organizaron. Por lo demás, la comparecencia de Rajoy o de su número dos en el Gobierno habría conferido a la jornada de ayer un nivel político que el presidente no estaba ni está dispuesto a reconocer. 

Bien es cierto que la jornada participativa de ayer no fue un dechado de fiabilidad desde el punto de vista de las garantías democráticas de transparencia y juego limpio. Tal vez por eso, dos tercios de la población catalana con derecho a voto se quedaron en casa y el tercio restante, aproximadamente el mismo que respalda a los partidos de corte soberanista, dejó muy claras sus preferencias. Que más del 80% de los votantes haya optado por un estado catalán independiente y un 10% por un estado catalán a secas habla a las claras de cuál fue el electorado que se movilizó ayer en Cataluña. Sin embargo y a pesar de todos los peros que se le puedan poner a la convocatoria, lo cierto y verdad, en contra de lo que opinan muchos, es que las cosas en Cataluña no son iguales hoy a cómo eran el domingo por la mañana. 

En realidad, el problema se ha enquistado un poco más si eso era aún posible. Con ese 80% de votantes que quieren una Cataluña independiente tienen aval más que suficiente Artur Mas para exigirle a Rajoy que se siente a negociar. La dificultad radica en los asuntos de esa hipotética y seguramente improbable negociación. El nacionalismo catalán no parece estar ya por hablar de financiación autonómica o lengua sino por forzar al presidente Rajoy a pactar un referéndum con todas las garantías legales en el que – de llegar a celebrarse algún día - tal vez los dos millones que ayer apoyaron la independencia podrían ser muchos más. El órdago, por tanto, continúa: si no hay diálogo sobre un referéndum de independencia el siguiente paso será convocar unas elecciones anticipadas, la postura que defiende ERC y a la que se acaba de sumar Convergencia Democrática de Cataluña, envalentonada por el resultado de ayer. 

Qué hará ahora Rajoy ante este órdago renovado es un misterio insondable. Sin embargo y si nos guiamos por lo que ha hecho desde que Mas anunció la consulta soberanista del 9N, lo más probable es que no haga nada que no sea recurrir a los jueces cuantas veces sean necesarias para que le resuelvan el grave problema político que él y todo el país tiene en Cataluña. Reformar la Constitución, como le ha vuelto a pedir hoy el PSOE, para dar en una nueva Carta Magna un encaje diferente a Cataluña y a otros territorios a los que las costuras constitucionales ya les quedan demasiado apretadas, parece poco probable en un político como Rajoy al que ese tipo de procesos parecen causarle verdadero pánico. 

Por otro lado, para ofrecer más competencias o mejor financiación autonómica a Cataluña ya se le ha vencido el plazo hace tiempo, amén de las tiranteces que una oferta de ese tipo alimentaría en otros territorios. Poco a poco, con su inactividad y su convencimiento de que los problemas los resuelve el paso del tiempo sin mayor intervención de la mano humana, Mariano Rajoy se ha ido encerrando en un laberinto político para el que la única salida que atisba es la que le indican las leyes y los jueces. Sin embargo, esa es a todas luces una salida en falso que no da respuesta al problema de fondo que – hay que decirlo una vez más – no es jurídico sino político. 

Puede que su posición agrade a quienes en su partido piden mucho palo y poca o ninguna zanahoria para con los independentistas catalanes. Hay quien piensa en cambio que la firmeza en la defensa de la legalidad vigente no tiene por qué estar reñida con el diálogo político y que Rajoy podría, para variar, probar también esa opción en lugar de limitarse a esgrimir el palo de la ley y tente tieso. De una cosa podemos estar seguros: a cada minuto que pasa sin probar la opción del diálogo menos posibilidades tiene el presidente de que este problema se lo resuelvan los jueces. 

De andanzas reales y plebeyas

Es viernes y debería estar uno viendo volar las aves y pasar las nubes. La cruda realidad, sin embargo, obliga a bajar la cerviz ante la pantalla y marcarse un nuevo post sobre la corrupción. A dos asuntos muy puntuales me referiré hoy, las andanzas judiciales de la infanta Cristina y las andanzas senatoriales del presidente extremeño Monago. Por aquello de respetar el rango, la sangre azul y la jerarquía empezaré por la hija y hermana real, a la que la Audiencia de Palma ha tenido a bien exonerar hoy de toda culpa por blanqueo de dinero en el “caso Noos”. Sólo aprecia en su conducta dos delitos fiscales y coloca de nuevo el expediente en el tejado del sufrido juez Castro para que sea éste el que determine si la infanta debe calentar el banquillo en calidad de acusada. 

De testigo quiere verla, como mucho, el fiscal Horrach que, no obstante y a pesar de considerar que no cometió delito alguno, pide para ella y su consorte Urdangarín una fianza por responsabilidad civil de medio millón de euros. La verdad, cuanto más me sumerjo en las triquiñuelas judiciales menos las entiendo. ¿Si el fiscal cree que no es merecedora de acusación alguna por qué le pide 500.000 euros de fianza? Seguro que me he perdido algo importante. Lo que hará el juez Castro seguro que ni él lo sabe con certeza todavía. Sin embargo, a la vista de que ni la fiscalía ni la abogacía del Estado se animan a acusarla puede ocurrir, sencillamente, que su imputación por delito fiscal también se archive por mucho que se empeñe en lo contrario el sindicato Manos Limpias. 

Es lo que se conoce como la “doctrina Botín”, avalada por el Tribunal Supremo, que hasta para librar del banquillo de los acusados a según qué personas ya ven ustedes que echa mano de apellidos de rancio abolengo patrio. La infanta podría en ese caso nada improbable respirar y la Casa Real tirar discretos cohetes mientras se comen el marrón Urdangarín, su socio Diego Torres y la esposa de este último, toda vez que en los tres sí ve la Audiencia de Palma una bonita sarta de delitos a cual menos edificante. En la infanta, no. 

Pasamos de la realeza y asimilados al pueblo llano y sus representantes democráticamente elegidos. El nombre del día es José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura y látigo de corruptos en el PP. Antes de presidente extremeño Monago fue senador por su comunidad autónoma y recibió de sus compañeros de bancada la misión de ocuparse de los problemas de Andalucía y el territorio de ultramar de Canarias. Cabe pensar que los senadores del PP elegidos por estos dos territorios debían ser entonces unos zotes de cuidado si tenía que venir Monago de Madrid o de Extremadura a decirles lo que debían plantear en el Senado. Sea como fuere, Monago se dejó la piel en su misión hasta el punto de que entre mayo de 2009 y noviembre de 2010 viajó a Canarias la friolera de 32 veces. 

Lo malo es que en estas alejadas latitudes sus compañeros populares dicen recordarlo  poco y de reuniones con él les suenan un par de ellas. Ni que decir tiene que los viajes en cuestión los pagaba el Senado, es decir, el pueblo llano al que me refería antes. En estas estábamos, averiguando la finalidad de la agotadora agenda viajera de Monago a Canarias, cuando salta en los periódicos que en realidad venía a ver a una novia que por aquí tuvo, colombiana por más señas y simpatizante declarada del PP. Y eso, por cierto y tal vez no por casualidad, el mismo día en que Monago tenía que recibir en su tierra a toda la cúpula popular con Rajoy al frente para hablar nada menos que de “buen gobierno”. 

Si se pagó los viajes de su bolsillo, a mi plín: con su vida privada cada cual puede hacer lo que le parezca mejor y allá se las arregle. Ahora bien, si fuimos los ciudadanos los que le pagamos al Sr. Monago viajes románticos a Canarias entonces las cosas cambian radicalmente de color. Acosado por las informaciones, el presidente extremeño salió esta mañana a dar explicaciones pero nos dejó igual que estábamos: ni aclaró cuantos viajes hizo a Canarias ni mostró ningún documento que probara que mantuvo reuniones de trabajo en las islas con sus compañeros de partido. Se limitó a decir que él no es un sociólogo que hace informes sino un político que “habla y expone”. Amenazó con los juzgados a quien se meta en su vida privada y no dejó pasar la oportunidad de presentarse como una víctima de quienes – dijo - no le tienen aprecio “por querer cambiar las cosas”. En esa línea lanzó unos cuantos dardos envenenados sobre cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales o sobre tarjetas opacas que sonaron a cañonazos a las puertas de Génova 13. 

Muchas más explicaciones tendrá que dar Monago para que creamos en su honradez y en que no empleó dinero público para sus asuntos privados. O eso o la dimisión y la devolución del dinero público gastado. Y de paso y ahora que anda todo el mundo regenerándose por los cuatro costados, a ver si este caso sirve para poner fin de una vez a la absoluta falta de control del Senado y de los partidos políticos sobre los gastos que realizan los parlamentarios con cargo al bolsillo público. Que en los partidos haya una especie de senadores volantes para visitar territorios por los que hay representantes electos es un despropósito y un despilfarro; que nadie controle los gastos ni exija justificación hasta el último céntimo de los mismos es intolerable mientras se piden esfuerzos sin cuento a los ciudadanos. Por último, que representantes democráticos empleen dinero público en asuntos privados sólo tiene un nombre: robo a cara descubierta.  

La imagen de la indignidad

Hay imágenes que nunca deberían producirse pero se producen. A veces son imágenes que hablan por sí solas y son más elocuentes que cualquier comentario que se les pueda añadir: simplemente no necesitan explicación. Es el caso de la que desde la tarde de ayer recorre las redes sociales y los medios de comunicación. En ellas se ve a un grupo de inmigrantes subsaharianos desperdigados sobre la arena de una concurrida playa del sur de Gran Canaria de la que posteriormente son sacados en un camión de basura. Por qué se produjo esta imagen bochornosa e indigna no está aún del todo claro pero sí hay muchos indicios sobre las causas. 

Los inmigrantes de origen subsahariano habían arribado a primera hora de la mañana a esa playa, habitualmente abarrotada de turistas, a bordo de una patera que el Servicio de Vigilancia de la Guardia Civil no había detectado. Los voluntarios de Cruz Roja fueron los primeros en acercarse al lugar y, al detectar que algunos de los inmigrantes padecían fiebre, alertaron a los servicios de la comunidad autónoma para que se les realizaran las pruebas que permitieran descartar si eran portadores del virus del ébola. Téngase en cuenta que en ese primer momento se desconocía el lugar exacto de procedencia de los inmigrantes, que bien podían haber llegado de algunos de los países afectados por la enfermedad. Hasta ahí todo parece bastante correcto. 

Los problemas empiezan cuando el personal de la comunidad autónoma que debe realizar las pruebas tarda cerca de cinco horas en llegar a la zona. Durante todo ese tiempo, los inmigrantes permanecieron sobre la arena y al sol a la espera de ser trasladados a un centro de salud, a la comisaría para su identificación o al centro de internamiento. Para entonces, la noticia ya había saltado a los medios de comunicación en los que no se sabía a ciencia cierta si se había activado o no el protocolo por ébola. Lo cierto es que continuaron pasando las horas y no fue hasta entrada la tarde cuando se confirmó que ninguno padecía la enfermedad. Los que en peor estado se encontraban fueron trasladados en ambulancia de la comunidad autónoma al centro de salud más cercano pero, para entonces, los inmigrantes ya llevaban al sol en torno a las siete horas a las que habrá que añadir las que habían pasado a bordo de la patera que los trajo a Canarias. 

Fue entonces cuando, para mayor abundamiento en el despropósito, a alguien se le ocurrió que la mejor forma de sacar al resto de la playa era subirlos a un camión de basura del ayuntamiento, dando lugar a la lamentable imagen que hoy ha sido portada en no pocos medios de comunicación. De quién fue la idea es lo que aún no está claro, aunque la Delegada del Gobierno en Canarias ha culpado directamente a la Policía Nacional, de la que es responsable, de haber tomado esa decisión sin consultar con ella y ha asegurado que nunca lo habría permitido. Al parecer, las causas de que los inmigrantes fueran sacados de la playa en un camión de basura y no en una ambulancia, como sus compañeros con fiebre, o en otro medio de transporte más adecuado y respetuoso con su dignidad, fueron las dificultades para acceder a la zona en la que se encontraban. Excusa poco creíble por cuanto la ambulancia sí pudo acceder al lugar en el que se encontraban. 

Sea como fuere, la terrible imagen de un grupo de personas tumbadas en el volquete de un camión de basura llevando aún las mascarillas que les proporcionó la Cruz Roja habla por sí sola de descoordinación e improvisación en grado máximo. Pero sobre todo, habla de escaso por no decir nulo respeto a la dignidad de la que es merecedor cualquier ser humano venga de donde venga y padezca la enfermedad que padezca. Resulta increíble que a pesar de la emergencia sanitaria por el ébola en varios países africanos, ni las autoridades autonómicas ni las estatales hubieran previsto que un caso así se podía producir en cualquier momento en un archipiélago en el que, aunque no con la intensidad de hace unos años, es habitual que lleguen pateras con inmigrantes subsaharianos y que lo hagan, además, sin ser detectadas por los radares del Ministerio del Interior. 

Ante lo ocurrido cabe preguntarse por qué Sanidad Exterior, que depende de la Administración del Estado, no tiene médicos en Canarias o por qué la Policía no pidió transporte del Ejército o trasladó a los inmigrantes en sus vehículos en lugar de subirlos a un camión de basura. Y sobre, todo, por qué los inmigrantes en peor estado si fueron trasladados a un centro de salud en ambulancia de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma y el resto en un camión de residuos con la excusa de que era el único tipo de vehículo que podía acceder a la zona. 

Del mismo modo debería informarse si los agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados en lugares de llegada habitual de pateras han sido formados ante la posibilidad de que tengan que hacer frente a un caso de ébola, por remoto que sea. Y en la misma línea se abre una incógnita igual de preocupante sobre los agentes de la Benemérita y de Salvamento Marítimo que a menudo salen al encuentro de los cayucos y transbordan a los inmigrantes a sus embarcaciones antes de que naufraguen. Lo ocurrido es intolerable y merece depuración de responsabilidad y explicaciones claras por parte de las administraciones competentes, a menudo mucho más preocupadas de lanzar mensajes de tranquilidad a la población sobre los riesgos del ébola que de conjurarlos en la práctica.

Bipartidismo: tocado y casi hundido

Se desveló el misterio: el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) publicó hoy su encuesta más esperada de los últimos años y a fe que no ha defraudado las expectativas. Dice ese sondeo que Podemos es a día de hoy la primera fuerza política en intención de voto directo y la tercera en voto estimado. Esto quiere decir que la formación de Pablo Iglesias es la primera opción del encuestado cuando se le pregunta directamente a quién votaría y la tercera cuando se tienen en cuenta también a los indecisos y a los que no han contestado a la pregunta. En este segundo caso es el PP el que ganaría las elecciones y le seguiría el PSOE. Los dos grandes partidos sumarían entre ambos un raquítico 51% de los votos estimados con lo que el bipartidismo ya famoso salvaría los muebles por los pelos. 

Al no dar la encuesta del CIS mayoría absoluta a ninguna de las tres primeras opciones, se abre un panorama político tan incierto como inédito que obligaría a pactos políticos si estos datos se reflejaran en la encuesta de las urnas. ¿Cabe pensar en un pacto PP-PSOE para cerrarle el paso a Podemos y salvar el denostado bipartidismo de la quema ciudadana? ¿Es factible un pacto Podemos – PSOE aunque ahora el PSOE no esté por la labor? ¿Se echaría el PSOE en brazos de IU si los de Cayo Lara – que se desploman en la encuesta del CIS por culpa de Podemos - no consiguen atraer a su regazo a los de Pablo Iglesias? Tal vez sea ejercicio inútil por precipitado hacer este tipo de cábalas cuando aún falta un año para las elecciones generales, demasiado tiempo en política, aunque no está de más ir pensando en ellas. 

En todo caso, primero habrá que ver si Podemos aguanta el tirón y mantiene la pujanza que le da tanto la encuesta conocida hoy como la que el domingo pasado publicó EL PAÍS, que le otorgaba también el primer puesto en voto directo. De momento lo tiene todo a favor: los casos de corrupción no faltan y hasta puede que aumenten, la supuesta recuperación económica que intenta vender el Gobierno en medio del fragor de los escándalos no llega a los ciudadanos y, encima, Podemos no sufre desgaste político alguno porque no gobierna ni tiene representación en ningún lado, salvo en el Parlamento Europeo. Todo el desgaste que puede sufrir vendrá de quienes ven en esta ascendente formación política populismo, chavismo y perroflautismo. Sin embargo, la intensidad de la indignación ciudadana es tal que ni esos ataques indisimulados contra Pablo Iglesias y los suyos han conseguido hacerle daño en las encuestas. 

Téngase en cuenta, además, que el sondeo publicado hoy se realizó en medio del escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y la nefasta gestión de la crisis del ébola. Cabe preguntarse por el resultado de la encuesta si se hubiera hecho coincidiendo con la Operación Púnica o la imputación de Ángel Acebes por los papeles de Bárcenas, dos nuevos escándalos que se encadenaron con los dos anteriores sin solución de continuidad. No obstante, pretender restarle fiabilidad a la encuesta por el hecho de que se hiciera en un momento en el que los ciudadanos estaban especialmente cabreados con la corrupción es negar la realidad. La corrupción no es, ni mucho menos y por desgracia, un asunto novedoso en España. 

La propia encuesta del CIS vuelve a situarla como la segunda preocupación para el 80% de los españoles después del paro, lo que pone de manifiesto que el enfado ciudadano ante los escándalos y la falta de expectativas económicas no es flor de un día sino sentimiento permanente de disgusto y rechazo. El cuadro se cierra sobre el bipartidismo con un Mariano Rajoy que ostenta el dudoso honor de ser el líder político peor valorado y con menos credibilidad política para los ciudadanos y un Pedro Sánchez que, cien días después de asumir la secretaría general del PSOE, apenas ha conseguido mejorar en un par de puntos las expectativas de voto de su partido. Por cierto, debido a razones no explicadas, los del CIS no tuvieron a bien preguntar pos la valoración que hacen los ciudadanos de Pablo Iglesias. Tal vez en la próxima. En resumen, la deteriorada nave del bipartidismo flota todavía aunque la vía de agua que se le ha abierto en sus expectativas electorales amenaza con echarla a pique como no achique pronto la inundación. Continuará…

El gobierno de los jueces

Tres años lleva ya este Gobierno derivando al Tribunal Constitucional lo que debería  resolver por la vía del diálogo y el acuerdo, es decir, a través de la política en su máxima expresión democrática. Casos que lo demuestran hay muchos, dos hoy mismo sin ir más lejos. De una parte, el Constitucional acaba de suspender cautelarmente a instancias del Gobierno de Rajoy la consulta que el Gobierno de Canarias había convocado para el 23 de este mes con el fin de que los canarios se pronunciaran sobre los sondeos de Repsol en aguas de las islas. De otra, también ha dejado en suspenso “la jornada de participación” del 9N en Cataluña, la alternativa de la Generalitat para que los ciudadanos de esa comunidad autónoma se expresaran sobre el futuro de ese territorio. 

No son comparables ambos casos ni en el tenor de las respectivas preguntas ni en los objetivos perseguidos en uno y otro sitio. En Canarias se buscaba conocer la opinión de los ciudadanos sobre un asunto que les atañe directamente: los riesgos ciertos de una industria petrolífera a escasos kilómetros de sus playas y costas; en Cataluña, en cambio, se preguntaba directamente por la independencia de España. En lo que sí se parecen como dos gotas de agua es en la cerrazón del Ejecutivo central y en su manifiesta falta de voluntad para encauzar por la vía del diálogo conflictos de hondo calado político como los dos mencionados. 

Le resulta mucho más cómodo y descansado dejar que sea el Constitucional el que corte por lo sano cualquier atisbo de protesta o discrepancia ante las decisiones unilaterales apoyadas únicamente en la mayoría absoluta del PP. Si una comunidad autónoma como Canarias se propone atenuar los efectos en su territorio de una ley como la LOMCE, el Gobierno del Estado no tarda en sacar la artillería jurídica y la lleva al Constitucional con petición expresa de suspensión cautelar de la norma recurrida. Algo, por cierto, que no pueden hacer las comunidades autónomas cuando entienden que es el Estado el que invade las competencias autonómicas. 

Bien es verdad que antes de que las diferencias entre Estado y comunidades autónomas terminen en el Constitucional, se abre necesariamente un proceso de negociador para alcanzar un acuerdo que evite la judicialización del problema. Sin embargo, como ocurrió también con Canarias en el caso de la llamada Ley de Moratoria Turística, el Ejecutivo ya tenía la decisión de recurrir tomada antes incluso de sentarse a hablar, lo que convirtió la negociación en un inútil paripé. De este modo, apoyado en su mayoría absoluta y en un Tribunal Constitucional presidido por alguien que ocultó su militancia en el PP para merecer tan alto honor, el Gobierno abdica de su responsabilidad de hacer política con mayúscula y opta por que la hagan en su lugar los jueces elegidos a dedo por el PP y el PSOE, que también en esto debería de dar muestras de que cambiarán las cosas de forma radical si vuelve a gobernar. 

No se trata de ninguna prevención por mi parte hacia los jueces en su conjunto que, a trancas y barrancas, desarrollan su labor con profesionalidad, rigor y miles de pegas de todo tipo. El recelo se refiere sólo a aquellos magistrados elegidos por el poder político a los que este Ejecutivo está obligando a actuar casi como un gobierno paralelo o una tercera cámara legislativa y de cuya independencia e imparcialidad no siempre es posible estar seguro. 

Con todo, es una verdadera lástima que la misma agilidad judicial que demuestra el Gobierno actual en asuntos que deberían sustanciarse en el plano político no la haya aplicado a los múltiples y variados casos de corrupción en los que está inmerso el partido que lo apoya. Es más, cuando ha tenido la oportunidad se ha erigido más en defensor que en acusador de sus corruptos, como ocurrió con su fracasado intento de echarle una mano al innombrable Bárcenas hasta el punto de que el juez tuvo que expulsarlo de la causa. Así y todo, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, se permite proclamar a los cuatro vientos en otra de sus memorables frases para la posteridad que el PP “no puede hacer más de lo que ha hecho contra la corrupción “y que “no puede meter a los corruptos en la cárcel”. 

Hacer, lo que se dice hacer, apenas ha hecho nada el PP contra la corrupción salvo ignorarla o taparla. Y en cuanto a la cárcel, nadie le pide tanto aunque sí al menos que sean expulsados del partido y los denuncie ante la Justicia, en lugar de sacarlos de prisión a la primera oportunidad que se le presenta, como acaba de hacer con Jaume Matas. A la vista por tanto de la doble vara de medir con la que el PP y el Gobierno recurren a la Justicia cuando les interesa y la ignoran cuando les viene mal, sólo cabe pensar que Rajoy y los suyos son fervientes seguidores del viejo principio de aplicar la ley a los enemigos y a los amigos el favor.  

Rajoy en tiempo de descuento

No le queda mucho tiempo a Rajoy para dar un golpe de timón que le permita recuperar al menos parte de la confianza que depositaron en él más del 44% de los votantes en 2011. A la vista de la encuesta de Metroscopia publicada ayer por EL PAÍS y a la espera de la del Centro de Investigaciones Sociológicas que conoceremos en las próximas horas, Rajoy ha entrado en tiempo de descuento no sólo para sus votantes sino también para sus propios compañeros del PP. Fue Esperanza Aguirre – quién si no – la primera en dejar caer la perla envenenada sobre la idoneidad del actual presidente para aspirar a la reelección en las próximas elecciones generales. Aunque en voz baja y por las esquinas, como es tradición en el PP, otros barones populares comparten su punto de vista y empiezan a ver al actual presidente como una rémora que sería bueno ir amortizando cuanto antes para no caer con todo el equipo en la primera cita electoral a la vista, la de las autonómicas y locales de mayo. 

El ascenso de Podemos en las encuestas refleja que parte de los que en su día votaron al PP no dudarían ahora en apoyar a la formación de Pablo Iglesias, hastiados como la inmensa mayoría de los españoles de los escándalos de corrupción y de la interminable crisis económica por la que el Gobierno ha pasado a los ciudadanos una factura que correspondía pagar a otros. A pesar de las campanudas declaraciones de los últimos días, con huera petición de perdón incluida, no dan la sensación el presidente y su partido de tener verdadera voluntad de revertir la situación que está llevando a Podemos en volandas hasta la primera opción política de los electores. Hoy mismo, su número dos, María Dolores de Cospedal, se ha permitido decir que el PP ha sido “contundente” y “claro” con la corrupción y ha vuelto al “y tú más” del que los españoles ya hemos tenido ración más que sobrada. 

El PSOE, que tampoco está limpio de polvo y paja ni para tirar cohetes aunque aguante mal que bien el tirón de Podemos, descarta cualquier acuerdo sobre corrupción con un PP al que los socialistas no están dispuestos a echarle una mano para sacarlo precisamente ahora de la sentina en la que se encuentra por méritos propios a pocos meses de la primera cita electoral de las dos previstas para 2015. El panorama, en conclusión, es cada vez más irrespirable y la inacción vuelve a enseñorearse de un discurso político reiterativo y plagado únicamente de buenas intenciones combinadas con ataques recíprocos ante el que los españoles ya han dicho basta. 

A Rajoy le queda por delante un año de legislatura que puede convertirse en su tumba política o en su renacer de las llamas electorales que rodean al PP por todos sus costados. En sus manos y en su mayoría absoluta – de la que ha usado y abusado a placer cuando le ha convenido para sus fines políticos – está la solución. Por ahora, los casos de corrupción siguen marcando su paso por La Moncloa y lo seguirán haciendo en los próximos meses aunque no se destape ninguno nuevo, cosa que está por ver. La Operación Púnica, Bárcenas, Gurtel, Brugal y tantos otros serán como recordatorios permanentes de aquí a las elecciones de que no actuó con contundencia en su partido cuando debió hacerlo – al contrario, apoyó a corruptos como Luis Bárcenas o Francisco Camps  - y de que no impulsó ninguna de las medidas de regeneración política que aún hoy, tres años después, sigue prometiendo aunque nadie crea ya en ellas. 

Si añadimos a la corrupción la incertidumbre sobre la situación económica, cuya mejora los españoles siguen sin ver por ningún lado, y la incógnita sobre el futuro de Cataluña y otras tensiones territoriales varias, cabe concluir que a Rajoy le espera un último año de legislatura que asustaría y preocuparía incluso a alguien con verdadera capacidad política y sentido de Estado. Nada digamos de alguien como él, convencido de que todo lo que tiene que hacer el presidente de un Gobierno es quedarse quieto y esperar a que los problemas políticos se los resuelva el Tribunal Constitucional o el paso del tiempo como si las legislaturas duraran cien años. 

Su problema, en definitiva, es que ha perdido todo el crédito político que se le suponía y el tiempo para recuperarlo se le ha terminado o está a punto de hacerlo. Ignoro si el coro popular que empieza a ver en Rajoy un lastre más que un activo electoral irá a más o se quedará en mero amago, aunque a la vista de las encuestas está claro que una mayoría de ciudadanos de este país ya tiene al presidente en tiempo de descuento.

Petróleo: que hablen los científicos

Aquellos que defienden que Canarias debe dejar de ser el archipiélago de las Islas Afortunadas para convertirse en la Arcadia Feliz gracias al petróleo, argumentan que el debate está politizado y que tienen que ser los científicos los que digan si hay o no riesgo. La primera falacia es la de la politización: su capacidad para distinguir lo que es política de lo que no lo es merece un urgente ensayo de filosofía política. Para los defensores del petróleo, los únicos que no están politizados son ellos, mientras que el resto sólo esconde oscuros intereses políticos detrás de su oposición al crudo. De esta manera, quienes activan legítimamente los mecanismos legales y políticos a su alcance para oponerse a los interesados proyectos de una empresa privada hacen política; los que les ponen toda suerte de trabas, enredan, mienten sobre los supuestos beneficios del negocio, actúan como portavoces de la petrolera en cuestión o impiden que los ciudadanos se pronuncien libremente, esos no hacen política. Ellos son sólo ángeles caídos del cielo sin mancha ni culpa alguna, sin motivaciones políticas de ningún signo y sólo preocupados del bien común y dos piedras. 

La segunda falacia tiene que ver con la supuesta ausencia de un debate científico “serio” sobre los riesgos de buscar y extraer petróleo – si lo hubiera – en aguas de Canarias. Los informes de reputados investigadores y científicos canarios y nacionales en los que con mayor o menor énfasis se advierte de esos riesgos no les sirven a los defensores del petróleo. Para ellos sólo valen los puntos de vista de los pocos científicos, por no decir ninguno, que se han atrevido a descartar cualquier peligro para el medio ambiente y el turismo derivado de un derrame de petróleo. Busquemos pues fuera de Canarias y de España a ver qué opinan otros científicos sobre este asunto. Uno de ellos lo encontramos tan lejos de Canarias como en Alaska. 

Se llama Richard Steiner y durante treinta años fue profesor de Conservación Marina en la universidad de aquel estado norteamericano. Es asesor además de varios países y tiene en su hoja de servicios haber estudiado a fondo la catástrofe medioambiental provocada por el Exxon Valdez en las costas de Alaska y la del pozo Macondo de BP en el Golfo de México. Es de suponer, por tanto, que sabe de lo que habla. Y lo que dice es que las prospecciones y en su caso extracción de crudo que Repsol empezará a hacer en Canarias dentro de un mes, son “extremadamente peligrosas”. 

Las razones ya las han expresado otros científicos “politizados” pero vale la pena escucharlas en boca de Steiner: “Seré muy claro: el proyecto de Repsol es extremadamente peligroso. No tiene las medidas de seguridad que debería tener. No alcanza en este punto lo que exige la legislación europea, ni siquiera lo que demanda la legislación española”. Y añade que REPSOL saca petróleo en el Golfo de México con niveles de seguridad muy superiores a los que pretende aplicar en Canarias, sobre todo después de que el Gobierno de Estados Unidos endureciera los requisitos medioambientales tras el desastre de BP que le ha costado a la Casa Blanca unos 40.000 millones de dólares. Aquí les recuerdo de paso que la cantidad que tendría que pagar REPSOL por un vertido en aguas canarias no superaría los 60 millones de euros. 

Y remata el científico: “La visión que tiene España de las prospecciones que pretende realizar Repsol me recuerda a la forma arrogante cómo se veían las perforaciones en aguas profundas de Estados Unidos antes del accidente de BP”. Un accidente que – como recuerda Steiner – no se produjo precisamente en un pozo de extracción sino de investigación. El científico estadounidense recomienda “respetuosamente” al Gobierno español que no siga adelante con las prospecciones de Repsol en aguas canarias y, si lo hace, que le exija condiciones de seguridad más altas y la obligue a aceptar una responsabilidad “ilimitada” ante cualquier daño que pueda causar. 

Para los no politizados, el problema seguramente es que Steiner no sabe nada de prospecciones, nunca ha visto un derrame de petróleo ni una catástrofe ecológica de cerca ni ha estudiado sus causas y, lo que es peor, está politizado. Así pues, dejemos a un lado la política y olvidemos los consejos y recomendaciones de este científico por muy respetuosas y expertas que sean: hay que cambiar cuanto antes las manzanas doradas del Jardín de las Hespérides de las que hablaron los clásicos por negros barriles de petróleo a mayor gloria del beneficio de una empresa privada. Y que nadie piense que eso es hacer política.

AENA capota

El Diccionario de la Real Academia Española define capotar como “dar un avión una vuelta por accidente al despegar o al aterrizar de modo que se coloque con la proa hacia tierra”. Eso es precisamente lo que ha terminado pasando con la salida a bolsa de AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles. De chapuza en chapuza, este país que Mariano Rajoy vende por el mundo como el paradigma de la seriedad y de las cosas bien hechas, el Gobierno que preside se ha visto esta tarde en la obligación de posponer sine die – y puede que de modo definitivo – la anunciada salida a bolsa de esa empresa, una de las operaciones estrella del PP en esta legislatura. La razón no es otra que una pésima gestión – una más - motivada por las prisas con las que el Gobierno quería poner el 49% de AENA en manos de inversores privados grandes, chicos y mediopensionistas. 

A última hora y cuando ya se creía que estaba todo preparado para que AENA empezara a cotizar en bolsa el 12 de noviembre, alguien en el Gobierno ha caído en la cuenta de que las cosas se habían hecho con las posaderas y dio orden de parar motores. La pega procede del Ministerio de Economía y estriba en que la empresa auditora de AENA - PwC- iba a ser también la que firmara la confort letter, el documento que avala que la compañía es solvente para cotizar en el mercado bursátil. El Ministerio de Fomento – del que depende AENA – y el de Hacienda – que se relamía pensando en lo que iba a ingresar por la operación de venta de una de las pocas joyas de la corona que van quedando – querían saltarse alegremente la obligación de convocar un concurso público para que fuera una auditoria distinta de PwC la que firmara la dichosa confort letter.

Pero Economía, que hace algún tiempo multó a Deloitte por haber sido la auditora y la firmante de la carta de marras de la desastrosa salida a bolsa de Bankia, se ha negado a dar el visto bueno. En síntesis, además de poner de manifiesto las tensiones y la descoordinación en el seno del propio Ejecutivo sobre la venta parcial de AENA, lo que esto significa es que la privatización de casi la mitad de la empresa queda ahora en suspenso a la espera de licitar los servicios de una nueva auditora e incluso se baraja la posibilidad de que el Gobierno la retire definitivamente. No voy a decir que me entristezca la noticia de que AENA, con suerte, siga siendo pública al cien por cien. Lo único que digo es que este episodio vuelve a dejar en evidencia el estilo a la remanguillé que emplea este Gobierno en cuestiones de tanto calado y trascendencia económica y social para el país. 

En realidad me alegro profundamente del fracaso de la operación, aunque no se deba, por desgracia, a que el Gobierno haya recapacitado y caído en la cuenta de que los aeropuertos de un país que recibe todos los años 60 millones de turistas son un sector estratégico para su economía que no puede estar en manos privadas. De hecho, eso es lo que iba a ocurrir dentro de no mucho y terminará pasando si el Gobierno sigue adelante con sus planes. A nadie se le escapa que después de haber vendido el 49%, el Gobierno vendería otro tramo de la parte pública con la que ahora se queda y al final le entregaría al sector privado el 100% de la empresa envuelta en papel de celofán y atada con un lazo de colores. 

Está en los genes de este Gobierno poner las empresas públicas en manos privadas sin importarle las consecuencias económicas y sociales de esas decisiones. De por sí, la venta del 49% ya supone un arriesgado paso por cuanto los inversores de referencia que acudan al festín – si es que al final no se suspende – no se limitarán a poner el dinero y callar en las reuniones del nuevo consejo de administración de AENA. Querrán cortar el bacalao aunque no tengan la mayoría de las acciones y, el Gobierno, siempre tan solícito con las demandas de las grandes empresas, no dudará en hacerles el gusto y, por último, venderles la totalidad del pastel. 

Esa alegría por el batacazo de la salida a bolsa de AENA es más intensa si cabe por el hecho de vivir en un archipiélago como el canario, dependiente del sector turístico, en donde los aeropuertos son también pieza clave para la economía regional y elemento de cohesión social y económica entre las islas. Por mucho que el Gobierno del Estado prometa lo contrario amparándose en que mantiene la mayoría de las acciones, nadie puede garantizar que aeropuertos deficitarios como los de El Hierro o La Gomera no terminarían cerrando una vez AENA esté en manos privadas. Ahora, sus pérdidas se enjugan con las ganancias de otros aeropuertos que sí son rentables, pero luego se terminará imponiendo la lógica del beneficio empresarial puro y duro por más que gomeros y herreños se queden prácticamente aislados. 

Así pues, que la salida a bolsa de AENA capote es una muy buena noticia aunque sea como consecuencia de la desastrosa gestión del Gobierno, siempre tan preocupado por los intereses privados y tan poco atento a los intereses generales. Y en estos días de corrupción rampante, una buena noticia hay que celebrarla por todo lo alto. 

¡Que viene Podemos!

Arde la calle al sol de Poniente y hay tribus oscuras cerca del río esperando que caiga la noche. Esas tribus a las que alude la letra de Radio Futura puede que ya estén aquí y se hagan llamar Podemos. Los cenáculos políticos madrileños arden hoy en rumores ante la posibilidad de que la formación de Pablo Iglesias se haya convertido o esté a punto de hacerlo en la primera fuerza política de este país en intención directa de votos. Saldremos de dudas el lunes cuando el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) publique su última encuesta. Soy incapaz de imaginarme el escenario político que un resultado así abriría en España y estoy convencido de que el PP y el PSOE tampoco. La encuesta está provocando un verdadero tsunami que tiene a socialistas y a populares agarrados al palo de la bandera para que no se los lleve la tempestad que supondría un triunfo electoral de Podemos. 

Tal es así que el PP perdería el ayuntamiento y la comunidad de Madrid a favor de Podemos, que también se erigiría en fuerza política de referencia en lugares como Cataluña o Valencia. De confirmarse estos datos del sondeo, no estaríamos ya ante un aldabonazo sino ante un verdadero martillazo en la cabeza de un PP fané y descangallado con los casos de corrupción y un PSOE metido en el quiero y no puedo de Pedro Sánchez para recuperar los favores electorales perdidos. Pero, más allá de que la encuesta del CIS confirme o desmienta los datos que hoy ya se vaticinan, lo cierto es que Podemos se está convirtiendo en un gran quebradero de cabeza para el bipartidismo nacional y la alternancia en el poder. De hecho, uno de los sondeos más recientes ya le daba a la formación de Iglesias cerca de 50 diputados en el Congreso y la convertía en la tercera fuerza política nacional por detrás del PP, que perdería la mayoría absoluta, y del PSOE, que caería aún más con respecto a sus deplorables resultados de 2011. Por detrás de Podemos quedaría IU, que vería como sus esperanzas de mejorar con respecto a las últimas generales se desvanecerían en beneficio de esta marejada política que representan Iglesias y los suyos. 

Contra Podemos y contra su indefinición programática e ideológica y su supuesto populismo se emplean casi a diario desde hace tiempo representantes del PSOE y del PP sin que por ello hayan conseguido, al parecer, frenar el avance de esta formación emergente. Es común también escuchar que el voto de Podemos es el del cabreo y el hartazgo – que ahora Rajoy tiene la bondad de compartir con todos nosotros – de millones de ciudadanos ante la corrupción sistémica y el descrédito de la política, mientras las medidas contra la crisis adoptadas por el Gobierno han evitado cuidadosamente castigar a quienes la generaron. Pero es el cabreo no sólo contra el Gobierno del PP sino contra la oposición del PSOE, que en tres años de legislatura sigue aún rumiando una salida por la izquierda a esta situación interminable. 

Es casi imposible no estar de acuerdo con el diagnóstico que hace Podemos de las causas y consecuencias de esta situación económica, social y política que sufre España. Al fin y al cabo, el análisis de esa realidad ha nacido en las calles y en las asambleas de ciudadanos de toda edad y condición que están convencidos de que otro modo de entender y de practicar la política no sólo es posible sino imprescindible. 

Entre esos ciudadanos no sólo hay “perroflautas”, como despectivamente se motejó en su momento a los movimientos que dieron origen a Podemos, sino incluso votantes habituales de los dos grandes partidos, como se deduce de las últimas encuestas de intención de voto. Son ciudadanos que no están dispuestos a ser meros espectadores con derecho a voto cada cuatro años y mientras resignarse a confiar de nuevo en las decisiones y en las medidas cocinadas en los despachos y en las cúpulas de los partidos convencionales. 

Más allá de simpatías o antipatías sobre la arrogancia política que suele mostrar Pablo Iglesias, cosa bien distinta son las recetas de Podemos para afrontar una situación extraordinariamente compleja y delicada desde el punto de vista social, político y económico que lo menos que necesita es un elefante en una cacharrería ya bastante abollada. Es aquí en donde flaquea la fuerza de Pablo Iglesias y los suyos, en la indefinición organizativa y el magma ideológico de un movimiento transversal y variopinto que irremisiblemente deriva en batiburrillo de propuestas que van desde la sensatez al delirio. Las encuestas – dicen los entendidos – son fotos fijas de lo que piensa o siente la sociedad en un momento dado. La que el lunes publicará el CIS se realizó en plena tormenta por las tarjetas opacas de Caja Madrid y el “caso Pujol” – de ahí, tal vez, el ascenso de Podemos en Cataluña – pero antes de que fuera imputado Ángel Acebes por los papeles de Bárcenas y de que estallara ante las narices del PP la Operación Púnica. 

Nadie a estas alturas, a siete meses para las elecciones locales y autonómicas y a un año para las generales, puede asegurar que Podemos sea capaz a la hora de la verdad, la de depositar el voto en las urnas, de reflejar en el recuento oficial lo que ahora le auguran las encuestas. Sin embargo, PP y PSOE siguen tardando en preguntarse a qué obedece el ascenso de Podemos: un buen examen de conciencia y un propósito sincero de enmienda por parte de ambos tal vez pueda ayudarles a salvar al menos los muebles. Y una manera muy sana e higiénica de empezar a hacerlo cuanto antes es dejar de escribirle el programa electoral a Podemos, acabar de una vez con el “y tú más” de la corrupción y pasar a la acción. El problema para ellos y tal vez para el país es que se les está acabando el tiempo y no se aprecian demasiados signos de arrepentimiento mientras las tribus están cada vez más cerca.   

Pedir perdón no basta

Mariano Rajoy ha pedido esta tarde perdón a los ciudadanos por los casos de corrupción que afectan principalmente a su partido. Ha dicho sentirse avergonzado y comprender la indignación de los ciudadanos. No está de más pero es absolutamente insuficiente: pedir perdón y disculpas, de manera forzada, obligado por los escándalos y leyéndolas de una nota escrita, no es lo que los españoles reclaman. O, al menos, no es lo único que reclaman. Ni siquiera después de que hace sólo dos días, el mismo presidente que hoy dice sentirse avergonzado, entender nuestra indignación y compartir nuestro hartazgo, aludiera a los casos de corrupción como “algunas cosas que no afectan a los cuarenta y seis millones de habitantes de este país”. 

Ahora, sin embargo, dice sentirse abochornado cuando el domingo parecía tan pagado de sí mismo y tan convencido de que la corrupción es cosa, en todo caso, de otros y no algo que le afecte principalmente a él, a su partido y al Gobierno que preside. No se puede creer en la sinceridad de sus disculpas porque la mayoría absoluta de la que ha gozado en esta legislatura que enfila ya su tramo final sólo la ha usado para hacernos pagar la crisis a quienes no la generamos pero no para limpiar de basura la vida política de este país, empezando por la que anega a su propio partido. Para más escarnio, muchos de los que ahora avergüenzan al presidente son los mismos que pedían más reformas, más ajustes y más recortes y nos echaban en cara a los demás haber vivido por encima de nuestras posibilidades mientras ellos se lo llevaban crudo de nuestros bolsillos. 

Sin duda es para estar avergonzado pero dudo de que las palabras de Rajoy sean mucho más que una forma de salir del paso a la espera de que escampe y, con suerte, no le vuelva a salpicar otro escandalazo como el de la Operación Púnica. Hasta ahora, en su haber de la lucha contra la corrupción, el presidente sólo tiene promesas tibias y claramente insuficientes que en muchos casos se han quedado por el camino. Y no es creíble tampoco su jeremiada de esta tarde porque, siendo su partido el que más corruptos alberga de este país, siempre han buscado él y los suyos la manera de contemporizar, dilatar y excusar las decisiones que la sociedad le pedía a gritos en las encuestas de opinión. El caso de Rodrigo Rato es más que paradigmático: sólo cuando se vio arrastrado por el escándalo de la Operación Púnica dio el paso el PP de expulsar de sus filas al ex ministro de Economía. 

Es ahora, en medio de la tormenta perfecta de corrupción que vuelve a poner a este país en la picota del descrédito político si es que ha dejado de estarlo en los últimos años, cuando el presidente y los suyos quieren impulsar leyes contra la corrupción. No les quepa la menor duda: las elecciones autonómicas y generales están a la vuelta de la esquina y preocupa mucho en las filas populares que estos asuntos terminen pasándoles factura en las urnas. Si la indignación ciudadana que se respira estos días en la calle y que se ha reflejado reiteradamente en las encuestas sobre los asuntos que más preocupan a los españoles no es flor de un día sino una clara actitud de rechazo cívico y democrático al latrocinio organizado desde las instituciones, los populares pueden llevarse el gran castigo de su historia. 

De ahí que ahora tengan prisa el PP y el Gobierno para impulsar medidas contra la corrupción que, sin embargo, ni concreta ni acuerda con todas las fuerzas políticas tras un debate social en profundidad de las causas de esta lacra y de las medidas para erradicarla. Por todas estas razones es imposible creer en la sinceridad de las disculpas expresadas esta tarde por Rajoy que, fiel al principio de no mentar la soga en casa del ahorcado, se sigue cuidando de mencionar los nombres de los que en tan mal lugar dejan su propio nombre y el de su partido. Que se avergüence y abochorne todo lo que estime oportuno el presidente, ese es su problema y el de su partido, no el nuestro. El de los españoles es tener a un presidente que ha perdido a pulso y desde hace tiempo toda la credibilidad política que se le suponía y que es incapaz de ir más allá de pedir perdón aunque las aguas sucias de la corrupción bañen sus barbas.

Corrupción: no podemos seguir así

Empieza la semana y la corrupción vuelve a enseñorearse de los titulares periodísticos cuando no habíamos sido capaces aún de digerir la imputación de Ángel Acebes por los papeles de Bárcenas o la faz de hormigón armado de los de las tarjetas opacas de Caja Madrid. De una tacada la Guardia Civil ha detenido hoy a medio centenar de personas contando a empresarios, políticos y funcionarios. Entre los arrestados figuran el número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, también ex secretario del PP madrileño y habitual fustigador de la izquierda en las tertulias de la caverna mediática. Se le suman hasta seis alcaldes, cuatro de ellos del PP, uno del PSOE y otro de un partido independiente. Y como guinda, el presidente de la Diputación de León, también del PP, que llegó al cargo tras el asesinato de Isabel Carrasco. En total, detenciones y registros en cuatro comunidades autónomas – Castilla-León, Valencia, Murcia y Madrid – unidas así por el vínculo de la corrupción y en las cuatro – será mera coincidencia – gobierna el PP. 

De todos ellos se sospecha que forman parte de una amplia red dedicada al cobro de comisiones ilegales. Nada nuevo bajo el sol de la España de nuestras desesperanzas. Todo esto ocurre menos de 24 horas después de que el presidente del Gobierno aludiera a la corrupción sin mencionarla con una de esas frases que indignan y asombran a partes iguales: “unas pocas cosas - dijo - no son 46 millones de españoles ni el conjunto de España”. Con una frase tan absurda e irresponsable y en línea con su ridícula manía de no pronunciar palabras como Bárcenas, Rato o Acebes, sólo cabe concluir que el presidente es de la opinión de que la basura toca a menos en su partido si la reparte equitativamente entre todos los españoles, que por cierto sería lo único equitativo que repartiría.

Pocas horas antes, su número dos en el PP, María Dolores de Cospedal, había dicho con gesto encendido que los populares “están indignados” con los casos de corrupción, como si el asunto no fuera principalmente con ellos aunque sin desmerecer un ápice lo que le toca en el reparto de responsabilidades al PSOE. Así, con Rajoy aventando la porquería para que toque a menos en el PP, con Cospedal indignadísima y con el PSOE desmarcándose ahora como una damisela ofendida de las discretas negociaciones sobre corrupción con los populares, los ciudadanos empezamos a preguntarnos si estamos condenados a padecer esta suerte de maldición bíblica sin que nadie haga nada para acabar con ella.

Y sin duda es mucho lo que pueden hacer pero falta voluntad política para hacerlo, la que sí tuvieron cuando no les tembló el pulso para reformar la Constitución en pleno mes de agosto para dar gusto a los mercados financieros. Podrían – y deberían – sacar de una vez sus tentáculos de la cúpula judicial y del Constitucional, propiciar estabilidad y medios humanos y materiales a los jueces que investigan casos de corrupción, transparentar la financiación de los partidos hasta el último céntimo, dotar de capacidad, agilidad y verdadera independencia al Tribunal de Cuentas, expulsar sin contemplaciones a los militantes corruptos o sospechosos de corrupción, implantar listas electorales abiertas y endurecer la calificación y las penas para este tipo de delitos.

No es tolerable que los grandes partidos de este país, los que tienen capacidad para que esto cambie de raíz, sigan instalados en el “y tú más” y que, encima, el presidente del Gobierno pretenda dividir los múltiples asuntos sucios que afectan a su formación entre los 46 millones de españoles. Estamos más que hartos de que los que se han llenado los bolsillos a costa del erario público sean los mismos que nos han acusado de haber vivido por encima de nuestras posibilidades y hayan defendido que debíamos pagar por nuestra vida de lujo y derroche con paro, bajada de sueldos y recortes de todo tipo. 

Ahora bien, escandalizarse por la corrupción es un sano ejercicio de higiene democrática pero no es suficiente: no debemos olvidar ni por un momento que a los políticos corruptos los hemos elegido nosotros, incluso a sabiendas de que muchos de ellos no presentaban las mejores credenciales de honradez. Aprendamos de una vez la lección y no esperemos indignados pero de brazos cruzados a que los partidos políticos actúen. Tenemos que hacerlo primero los ciudadanos mostrando tolerancia cero con la corrupción y los corruptos: la regeneración política de este país sólo será realidad si empieza por una ciudadanía que asuma de una vez que así no se puede continuar mucho tiempo más sin poner en riesgo lo más importante de todo, la democracia misma.

A la Ley rogando y con el mazo dando

Mientras los ciudadanos sufren los efectos de las medidas contra la crisis, la pocilga de la corrupción rebosa y el desafecto social para con la política sube como un cohete, el Gobierno persiste en su inamovible principio de resolver todos los conflictos políticos y sociales con el único argumento de la legalidad. No digo yo que el Gobierno no deba cumplir y hacer cumplir las leyes, pero ante determinados problemas no basta con eso. Es necesaria cintura política, diálogo, consenso y acuerdos. Lo contrario es una actitud más cercana al ordeno y mando de un régimen autoritario que a una democracia en la que las discrepancias y los puntos de vista dispares deben canalizarse a través de la negociación y el acuerdo. Apelar a la legalidad y excluir toda posibilidad de diálogo para resolver problemas esencialmente políticos es de una cortedad de miras y de una falta de reflejos democráticos alarmante. 

Si este Gobierno hubiera mostrado la misma y tenaz defensa de la legalidad para acabar con los casos de corrupción que asolan al partido que lo sustenta es seguro que no estaríamos asistiendo un día sí y al otro también a las escandalosas revelaciones sobre la corrupción que lo acorrala por todas partes. Esa es la legalidad que exigen los ciudadanos de este país y no triquiñuelas, quiebros y malabarismos para no asumir ningún tipo de responsabilidad o exonerar de ella a los conmilitones. Así por ejemplo, si el PP fuera de verdad sincero en su defensa de la Ley a toda costa, es posible que ya se hubiera desvelado hasta el último detalle sobre el “caso Gurtel”, el “caso Bárcenas” o el “caso de las tarjetas opacas”. 

En todos estos casos, sin embargo, ha optado no tanto por pedir que se aplique la ley hasta las últimas consecuencias como por dilatar y enredar todo lo posible para que la investigación no avance hasta el punto de haber sido expulsado de la instrucción del “caso Bárcenas” en donde se constituyó en defensor de su protegido ex tesorero. Allá el PP con lo que decida hacer sobre este asunto y cómo decida aplicar su doble vara de medir cuando se trata de pedir la cabeza de los adversarios políticos pillados in franganti mientras protege la de los suyos contra viento y marea. Si el presidente del Gobierno y el partido que lo sustenta aún no han sido capaces de captar el rugido de indignación que su contemplativa actitud ante la corrupción provoca entre los ciudadanos, me temo que no han entendido nada de nada de lo que pasa en este país, confiados tal vez en que el tiempo todo lo borre y lo convierta en agua pasada y olvidada. 

Frente a esa posición contemporizadora con la corrupción, exhibe este gobierno músculo legal y arremete con los códigos en la mano contra dos problemas de hondo calado político que requieren, ahora sí, contemporizar y encontrar salidas. Uno es el de Cataluña, en donde después de quedarse sin argumentos tras suspender Artur Mas la consulta soberanista del 9 de noviembre, ahora insiste el Gobierno de Rajoy en impugnar también la consulta alternativa que pretenden celebrar los nacionalistas catalanes ese mismo día. Han pasado tres semanas desde que Mas dio marcha atrás pero Rajoy no ha dado un solo paso en la dirección de hallar vías de escape al choque de trenes que terminará produciéndose tarde o temprano. 

El otro ejemplo lo encontramos en Canarias, en donde el Ejecutivo central también ha decidido hoy llevar al Constitucional la consulta sobre los sondeos petrolíferos en las islas prevista por el Gobierno de la comunidad autónoma para el 23 de noviembre. Los argumentos los mismos: incompetencia de la comunidad autónoma para convocar a sus ciudadanos a expresar su opinión sobre un asunto que les afecta y ante el que buena parte de la sociedad sólo atisba riesgos y ningún beneficio salvo para Repsol. Otro problema en el que el ordeno y mando se ha impuesto durante tres años a la negociación y el acuerdo con Canarias y que se pretende ahora resolver de nuevo por la vía de la ley y tente tieso. 

Los ciudadanos de estas islas se quedarán probablemente con las ganas de expresar su parecer en una consulta que bien pudo haber convocado el propio Gobierno español sin vulnerar ninguna de las leyes por las que tanto aprecio manifiesta cuando políticamente le interesa. Pero se equivoca de medio a medio si piensa que habrá resuelto así el problema y todo esto estará ya olvidado cuando en mayo los canarios sean llamados a las urnas. Y ni que decir tiene que una actitud política tan cerril y sorda como la demostrada por el Gobierno en esta y en otras cuestiones despoja de cualquier crédito sus vanas promesas de regeneración y de acortar la brecha entre los ciudadanos y la vida pública. En política, como en otras facetas de la vida, hacer lo contrario de lo que se predica es el camino perfecto para recibir lo contrario de lo que se pide.   

Corrupción: insufrible olor a podrido

Y no en Dinamarca, precisamente, sino ante nuestras propias y castigadas narices. Se multiplican cada día que pasa los albañales de corrupción, trinque y latrocinio y no escapa nadie. La detención temporal y el registro hoy del domicilio y las empresas de Oleguer Pujol, el hijo menor del ex molt honorable Jordi Pujol, no es más que una fuente más de pestilente perfume que se suma a tantas otras que están en la mente de todos: Gurtel, Bárcenas, ERES, Bankia, Blesa, tarjetas opacas, Palau de la Música, Campeón y tantas y tantas otras de sonoros nombres pero del mismo repugnante olor. A alguien le escuché decir hoy en una tertulia radiofónica que los ciudadanos de este país debemos agradecer que estos casos salgan a la luz porque eso demuestra que la policía y la Justicia actúan. Puede ser, pero me pregunto hasta cuándo serán capaces de aguantar sin reventar nuestras pituitarias si continúan saliendo a la luz más y más casos de corrupción o derivadas de los que ya conocemos. 

Es, por ejemplo, la compra por Ángel Acebes de acciones de Libertad Digital – un medio de la órbita popular - con dinero de la caja B del PP que controlaba Bárcenas o el mismo escandaloso asunto de las tarjetas “black” de Caja Madrid, derivada también del caso Bankia. La peste tiene un límite y en España estamos muy cerca de alcanzarlo mientras los partidos políticos siguen con el “y tú más” y apenas mueven un dedo cuando se trata de actuar con ejemplaridad y sin miramientos con sus propios corruptos. Con  las tarjetas opacas de Caja Madrid, el PP ha hecho lo posible y lo imposible por retrasar cuanto pueda la expulsión de Rodrigo Rato. Para ello se ha agarrado a toda suerte de argumentos garantistas sobre la necesidad de escuchar sus explicaciones como si no tuviera suficiente con el hecho de que todo un ex ministro de Economía del Reino de España no puede desconocer que hay que declarar a Hacienda el gasto hecho con las tarjetas. Probablemente forzado por la cúpula del PP, quién sabe si por el propio Rajoy, para evitar tener que pasar el mal trago de ponerlo de patitas en la calle, Rato se avino esta semana a pedir la baja temporal de militancia con lo que el suspiro de alivio ha sido estruendoso. 

De Miguel Blesa nadie habla en el PP, como si no hubiera sido José María Aznar – otro que calla cuando debería hablar y habla cuando nadie se lo pide – el que lo encumbró a los altares de Caja Madrid después de haber compartido pupitre. En medio de la tormenta de las tarjetas aparece imputado todo un ex secretario general del PP y ex ministro de Interior y Justicia como Ángel Acebes por los papeles de Bárcenas. De nuevo se repite la milonga de la necesidad de escuchar al presunto delincuente para no vulnerar sus derechos como militante y evitar que vaya a los tribunales. ¿Y qué si va a los tribunales y gana? ¿No le asiste al partido el derecho a prescindir de militantes corruptos? 

Eso es lo que piensa cualquier ciudadano normal, corriente y moliente de este país pero no las cúpulas de los partidos políticos que hacen lo indecible y hasta lo ridículo – ahí tienen a Rajoy evitando pronunciar el nombre de Rato tal y como ha hecho con Bárcenas – para echar tierra sobre el mal olor y continuar adelante como si no hubiera pasado nada. Pero ha pasado, está pasando y puede pasar mucho más. Si las grandes formaciones políticas españolas siguen aplazando sine die una verdadera limpieza a fondo de sus propias cloacas y buscando atajos y excusas para no ser ejemplares con quienes infringen las más mínimas normas de ética política, el hedor podrá con todos. Y hablando de poder, Podemos ni siquiera tendrá que molestarse en pensar en un programa electoral: se lo están elaborando todos los días los partidos que siguen mirando al tendido mientras el tufo nos invade por los cuatro costados.