De espías y de hipocresía

No se recuerda en la historia reciente un papelón tan escandaloso como el que en las últimas horas han protagonizado los muy democráticos países de Europa Occidental. El interesado embrollo diplomático a propósito del avión en el que el presidente boliviano regresaba de Rusia a su país, ha dejado con las vergüenzas al aire a quienes suelen permitirse ir por el mundo dando lecciones de democracia y respeto. Se retrata ante todo Estados Unidos pero a su mismo nivel se han puesto también los gobiernos que en las últimas horas le han hecho el juego en esta pésima comedia de espías.

Fue sospechar que en el avión de Evo Morales podría colarse el ex espía norteamericano Edward Snowden, que supuestamente sigue atrapado en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, y los espacios aéreos por los que debía pasar el aparato se fueron cerrando uno tras otro. De nada sirvió que el gobierno boliviano asegurara oficialmente que Snowden no estaba en el avión: Italia, Francia y Portugal le negaron la posibilidad de tomar tierra para repostar. A la desesperada casi, el avión de Morales tuvo que aterrizar de emergencia en Viena y allí permaneció 13 horas con el presidente en su interior en una situación muy próxima a la retención y tras haberse puesto en peligro su integridad física.

Sólo después de que la policía austriaca se cerciorara de que el perseguido espía no estaba a bordo pudo el presidente andino continuar viaje para hacer escala técnica en Gran Canaria y de ahí seguir hasta Bolivia. Ello fue posible gracias a que España, que durante toda la larga noche que duró el embrollo ni confirmó ni negó el permiso para que el avión presidencial boliviano sobrevolara el espacio aéreo nacional y repostara en Canarias, sólo dio su visto bueno cuando tuvo constancia de que Snowden no estaba a bordo.

Estos son los mismos gobiernos que se ponen dignos y exquisitos para reprocharle a Obama que espíe a mansalva a ciudadanos de todo el mundo, a países aliados, a la UE y a la ONU. Desde el gobierno francés al alemán, todos han alzado la voz en los últimos días y han tronado pidiendo explicaciones al presidente norteamericano que, por su parte, calla y sigue dejando hacer a sus servicios de espionaje. Sin embargo, bastó la sospecha de Washington de que el espía más perseguido de los últimos tiempos podía viajar en el avión de Morales para que esos mismos  gobiernos europeos se plegaran como corderos y entre la dignidad del presidente democrático boliviano y la indignidad del espionaje norteamericano escogieran sin dudar la segunda. 

Pura y dura hipocresía de gobiernos a los que es imposible creerles una palabra cuando dicen sentirse muy ofendidos de que una potencia extranjera espíe impunemente a sus ciudadanos y hasta en sus embajadas. El boquete en las relaciones diplomáticas que han abierto con Hispanoamérica estos países europeos que no han dudado en hincar la rodilla ante Estados Unidos es de consideración. Hay que incluir entre ellos a España por su calculado silencio hasta el último momento en esta tragicomedia que a Mariano Rajoy no se le ha ocurrido otra cosa que calificar de “debate artificial” y asegurar que lo “importante es que Snowden” no iba a bordo. Si eso es lo que cree se lo puede transmitir así a Evo Morales la próxima vez que se encuentre con él.

Por todo ello, la indignación de quien como el presidente democrático boliviano se siente hoy humillado por la democrática Europa es más que justificada. Los exquisitos dirigentes europeos a los que se les suele soltar la lengua hablando con desdén y prepotencia del “populismo” de determinados líderes hispanoamericanos, están tardando en disculparse de manera pública y sin medias tintas por el incalificable desprecio que han mostrado en las últimas horas hacia uno de ellos, desde luego, tan democrático como el que más aunque a algunos no les guste.

Un paso cualitativo en el fraude de los ERE

Causalidad o casualidad en relación con la reciente e inesperada espantada del presidente andaluz, José Antonio Griñán, lo cierto es que la jueza Mercedes Alaya ha decidido dar un “paso cualitativo” e imputar en el fraude de los ERE a la que fuera consejera de Economía y Hacienda de la Junta entre 1994 y 2004 y posteriormente ministra de Fomento con Zapatero. La propia Alaya lo explicita con toda claridad en su auto de imputación: “Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas, las cuales habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos".

Sostiene Alaya en su auto que el sistema empleado durante años por la Junta de Andalucía para pagar los expedientes de regulación de empleo era ilegal en tanto escapaba a los necesarios controles internos. Respecto a la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez, la jueza la considera responsable de dictar las normas para dichos pagos.

Se produce el auto menos de una semana después de que Griñán dijese que no repetirá como candidato del PSOE a la Junta y convocara para desconcierto de Pérez Rubalcaba unas primarias de prisa y corriendo en las que elegir candidato o candidata para unas elecciones que se celebrarán tan pronto como dentro de tres años. Si no se adelantan, que nada es descartable, sobre todo si la jueza decidiera dar un nuevo “paso cualitativo” y elevara el punto de mira en sus próximos autos. En él ya se encuentra el propio Griñán, que sustituyó a Álvarez en Economía y Hacienda, y que ha sido citado varias veces por la jueza en sus decisiones aunque por ahora no imputado.

Seguramente, quienes crean en las casualidades políticas no verán ninguna relación entre la decisión de Griñán y la imputación de Magdalena Álvarez. Sin embargo, casualidades en política no son muy frecuentes y todo hace indicar que lo que existe en realidad es una relación de causalidad entre ambas decisiones: Griñán ve venir el morlaco y está apurando los tiempos con sus primarias para pasado mañana antes de que la marea del fraude de los ERE le termine alcanzando de lleno a pesar de su condición de aforado. Si eso termina ocurriendo siempre podrá dimitir, convocar elecciones anticipadas y ponerle el toro en suerte a su sucesor o sucesora. Es verdad que son meras especulaciones pero no necesariamente inverosímiles.

Por lo demás, la reacción en el PSOE andaluz tras conocer el auto de imputación de Magdalena Álvarez apenas se diferencia de la de algunos dirigentes del PP respecto a Luis Bárcenas. El vicesecretario de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, ya ha dicho que la jueza Alaya ha emprendido una “causa general contra el partido”, exactamente la misma expresión empleada por Carlos Floriano y algún otro dirigente popular para referirse a los autos del juez Ruz respecto a Bárcenas. Ya ven, dos gotas de agua idénticas cuando se trata de desviar la atención sobre lo verdaderamente sustancial, la manga ancha con la que durante tantos años se han conducido los dos grandes partidos españoles en el manejo del dinero de todos. 

Sin embargo, Jiménez ha ido incluso un poco más allá y ha insinuado que Alaya pretende dañar electoralmente al PSOE. No ha dicho sin embargo que ponga la mano en el fuego por Álvarez y los casi veinte imputados más que aparecen también en el auto conocido hoy aunque ha defendido su inocencia. Con tiento deberían andarse Jiménez y sus compañeros porque de imputados de los que “nunca se demostrará que no son inocentes” tenemos ya alguna experiencia en este país.

Monseñor 500 y el Banco Vaticano

Ese es el mote con el que conocen sus allegados a Nunzio Scarano, el sacerdote que hasta la semana pasada llevaba las cuentas del Instituto para Obras de Religión, mucho más conocido como Banco Vaticano. Al parecer, el apodo le venía como anillo al dedo por su afición a los billetes de intenso color púrpura que simbolizan el lavado de dinero en países como España. Scarano, que antes de contable banquero con sotana fue banquero de civil en el Deutsche Bank, acaba de ser detenido por la policía italiana. El cargo, intentar introducir en Italia con métodos poco ortodoxos unos 20 millones de euros que descansaban en un banco suizo, tal vez próximos a los de Luis Bárcenas, otro contable de mucho éxito.

Junto al cura banquero la policía arrestó también a un ex agente secreto italiano y a un bróker napolitano llamado Giovani Carenzio, del que se tienen jugosos testimonios de sus andanzas por Canarias. En las islas es investigado por estafar a placer a un buen número de pudientes familias con el timo de la pirámide, que hiciera famosa allá por los felices años veinte del siglo pasado un paisano suyo llamado Carlo Ponzi. El tal Carenzio convencía a sus víctimas de que si le confiaban sus abultados ahorros obtendrían milagrosos beneficios de hasta el 20% sin más preocupaciones que la de buscar otro primo al que timar.

Luego se esfumó y los avariciosos inversores no tuvieron más remedio que acudir al juez para reclamar su dinero; eso los que pueden justificar su procedencia, porque es probable que parte de las sumas fueran de origen harto dudoso y sus dueños anden maldiciendo el día en que estrecharon la mano de un hombre que deslumbró a todos pagando de su bolsillo un fiestorro de alto copete con Al Gore de invitado estrella y el hoy ministro Soria entre los comensales.

Carenzio, Monzeñor 500 y el ex espía que iba por libre reflexionan estos días en una cárcel de Roma sobre el mal paso en el que han sido descubiertos apenas un par de días después de que el papa Francisco anunciara la creación de una comisión que explore las entrañas del Banco Vaticano, considerado a todos los efectos como un paraíso fiscal por países como Estados Unidos y a punto de serlo también por la Unión Europea.

No son pocas las voces en el seno de la Iglesia que han pedido el cierre del Banco Vaticano, recurrente fuente de escándalos muy poco edificantes por sus turbios negocios en los que se mezcla el lavado de dinero con la mafia, los supuestos suicidios y el tráfico de armas, por sólo citar unos pocos asuntos demoledores para la imagen del catolicismo. La detención el viernes de este trío digno de un nuevo capítulo de El Padrino, tal vez haya servido para que el papa se plantee con más fuerza la posibilidad de cerrar una institución opaca y hermética que maneja miles de millones de euros de procedencia no siempre diáfana y que, de añadidura, administra un patrimonio inmobiliario descomunal.

Para ser consecuente con su propio mensaje tras su llegada al Vaticano, el papa tendrá que aplicarle a su banco aquel pasaje evangélico en el que se proclama que “no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo porque se amará a uno y se odiará a otro”. No hay muchas dudas sobre lo qua aman Scarano y los que como él han contribuido a hacer del Banco Vaticano uno de las mayores baldones con los que carga la Iglesia Católica.

Bárcenas: de Suiza a Soto del Real

Los ríos de tinto provocados por el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas se han desbordado en las últimas horas a raíz de la decisión del juez Ruz de enviar a prisión incondicional al ex tesorero del PP. Salvo en el propio PP, en donde la decisión judicial solicitada por la acusación particular y a la que esta vez no se opuso la Fiscalía Anticorrupción sólo ha merecido 17 palabras, ni una más ni una menos, entre las que no figura precisamente el innombrable.

Bárcenas está en la cárcel porque el juez aprecia que hay riesgo de fuga toda vez que su chapucera explicación sobre una supuesta venta de cuadros no se sostiene y porque desde que estalló la trama Gürtel no ha dejado de traspasar fondos desde sus cuentas en Suiza a paraísos fiscales en América. En Suiza llegó a acumular – que se sepa por ahora – más de 48 millones de euros fruto de la muy rentable sociedad delictiva montada con el cabecilla de la trama Gürtel y las comisiones ilegales obtenidas de empresas beneficiarias de contratos públicos con administraciones gobernadas por el PP.

De esa exitosa sociedad para delinquir se han beneficiado también mediante generosos sobresueldos varios cargos públicos y orgánicos del partido del que continuó cobrando hasta el pasado mes de enero, explicada por la inimitable Cospedal como una “indemnización en diferido”. Sin embargo, Bárcenas, el hombre del que Rajoy dijo que nunca “se demostrará que no es inocente”, parece ahora que nunca ha militado en el PP y que nunca ha sido su tesorero ni ha acumulado 48 millones de euros en Suiza obtenidos ilícitamente. Es un desconocido, un señor particular que si ha cometido delitos está bien que los pague. Nada que ver con el PP para el que trabajó tantos años y que tantas alegrías proporcionó a sus dirigentes que no dudaron en alabar su “capacidad” hasta antes de ayer.

Ahora que a Bárcenas se le han acabado los viajes a Suiza para depositar sus mordidas en los bancos helvéticos y regalarse de paso unos slalons en la nieve, el PP se pone de nuevo de perfil y actúa como si el asunto no fuera con él y con su financiación irregular. Vano intento para el que no cabe otra explicación que el pavor que existe en la dirección popular ante la posibilidad de que el ex tesorero ahora tras las rejas de la cárcel de Soto del Real destape algunas malolientes alcantarillas más.

Frente a esa actitud cobarde y huidiza de dirigentes como Floriano o Cospedal y sus jeremiadas sobre una causa general contra el PP – por no hablar del silencio sepulcral de Rajoy - se agiganta la figura de dirigentes como la presidenta del PP vasco que, ante las mismísima narices del líder de su partido y presidente del Gobierno, dijo con todas las letras que el asunto de los “papeles de Bárcenas” es “vomitivo” y “asqueante”.

Seguramente es lo mismo que piensan pero no dicen otros muchos dirigentes, militantes y votantes populares, amén del conjunto de los ciudadanos de este país que asisten también asqueados al espectáculo nauseabundo e interminable de la corrupción política. Es verdad que con el innombrable en la cárcel se respira hoy un poco mejor en España, pero la calidad del aire no mejorará de forma sustancial hasta que Rajoy y los suyos expliquen a la sociedad qué le deben a Bárcenas.

Snowden: el espía que habló

Puede que en Hollywood tengan ya muy avanzado un guión sobre las peripecias del espía más famoso del mundo desde la época del inmortal Smiley de John Le Carré. Lo único que no pueden tener aún es el final de la película, dada la incertidumbre existente sobre el desenlace de la huida de Edward Snowden para escapar del largo brazo de Estados Unidos después de revelar a la prensa que millones de ciudadanos de todo el mundo estamos siendo espiados impunemente por los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos con la connivencia cómplice de las grandes empresas de Internet.

Atrapado en tierra de nadie en un aeropuerto moscovita, las andanzas de este espía están haciendo revivir las novelas y películas de espionaje inspiradas en la Guerra Fría. Su fuga de Hawai a Hong Kong y posteriormente a Moscú para desde allí intentar volar a Cuba o tal vez a Ecuador ha provocado también no pocas preguntas sobre la coherencia de quien proclama defender la libertad de expresión y, sin embargo, encamina a sus pasos a países en donde ese derecho no existe o está muy cuestionado. 

En cualquier caso, la aventura de Snowden a la que la opinión pública mundial asiste en vivo y en directo desde hace casi una semana, ha elevado el tono de las declaraciones diplomáticas amenazantes de Estados Unidos a quien ose darle asilo. En paralelo y en secreto es más que seguro que esas mismas diplomacias y sus correspondientes servicios secretos están buscando ahora mismo conjuntamente la manera de resolver el caso de modo que parezca que nadie ha cedido y que cada cual se ha mantenido firme en sus respectivos principios. A la espera de que se escriba el capítulo final de la historia para saber si Snowden termina condenado por traición en Estados Unidos o refugiado de por vida en algún otro país, conviene no olvidar cuál es el verdadero telón de fondo dibujado por este espía arrepentido.

Sólo los muy ingenuos pueden ignorar que los servicios secretos de los países más poderosos del mundo espían a diario a sus ciudadanos y a los de cualquier otro país que puedan considerar estratégico para sus intereses. El espectacular avance de las nuevas tecnologías permite a las grandes potencias conocer todos y cada uno de los movimientos, acciones y pensamientos de millones de personas en todo el mundo. Para lograrlo basta con desarrollar sofisticados programas de espionaje y pagar a las grandes multinacionales de la red para que les permitan acceder a los servidores en los que se acumula toda esa información que los ciudadanos de a pie vamos dejando como un reguero de huellas a través de nuestras llamadas telefónicas, correos electrónicos, comentarios en las redes sociales o fotografías.

Las revelaciones de Snowden a la prensa nos han hecho despertar del sueño y millones de personas en todo el mundo hemos sido muy conscientes, tal vez por primera vez, de que el derecho a la intimidad en la era de Internet y las redes sociales no es más que un derecho ficticio. No existen fronteras que no puedan traspasar los servicios de inteligencia apoyados en las nuevas tecnologías ni existe posibilidad alguna, salvo desconectarse por completo de la red y tirar el móvil a la basura, de escapar a la vigilancia del nuevo Gran Hermano.

Los gobiernos ocultan que nos espían y cuando son descubiertos en falta nos garantizan que todo es legal y está bajo control, como ha hecho el decepcionante Obama tras conocerse las andanzas de sus servicios secretos. Los ciudadanos nos vemos convertidos así en meros objetivos del espionaje sin posibilidad alguna de defensa, sin capacidad para exigir que se respete nuestra intimidad y sin poder democrático alguno para decidir si estamos dispuestos o no a ceder un poco de nuestra libertad para garantizar la seguridad, como pidió también Obama con no poca hipocresía. El comité político que controla las operaciones es secreto, los jueces que las supervisan son secretos, la misma decisión de espiarnos es secreta y el uso que se da a la información recabada también lo es. Ningún poder democrático reconocible y público al que se le puedan exigir responsabilidades controla al controlador y a los ciudadanos sólo nos queda la opción de creer en quienes nos han engañado al espiarnos en secreto.

En resumen, lo que las filtraciones de Snowden a la prensa ponen de manifiesto es que Internet y las redes sociales tienen que regirse por el Derecho Internacional y dejar de ser la jungla en la que se han convertido. Derechos fundamentales de ciudadanos de todo el mundo se vulneran a diario saltándose cualquier tipo de control democrático. Puede sonar a utópico, pero es algo que quienes hemos hecho de estas poderosas tecnologías una útil herramienta de trabajo y comunicación no  debemos seguir tolerando.

Wert da la nota

Hay que decirlo sin rodeos: endurecer los requisitos para obtener una beca de estudios al tiempo que se elevan las tasas de matrícula en la universidad sólo persigue reducir el dinero destinado a esas ayudas y expulsar del sistema a miles de jóvenes, precisamente aquellos con menos recursos económicos que no pueden costearse sus estudios. El ministro Wert, experto en polémicas estériles y frases gruesas, es un verdadero lastre para la educación de este país. Su habilidad para evitar el consenso e imponer su criterio en un asunto tan delicado y su obsesión por implantar un sistema educativo fuertemente ideologizado, pueden hacerle un daño irreparable a un pilar básico en cualquier sociedad avanzada.

Elevar la nota media de acceso a la universidad para tener derecho a una beca pone de manifiesto, además, su mal disimulada intención de primar una supuesta excelencia académica en detrimento de la igualdad de oportunidades entre quienes tienen recursos propios para estudiar y quienes carecen de ellos, fin primero y último de la ayuda pública a los estudios. El mismo objetivo que persigue endurecer los requisitos para mantener la beca obtenida.

Todos estos cambios se condensan en una alambicada e ininteligible fórmula matemática que el ministerio se ha sacado de la manga y con la que pretende darle visos seudocientíficos a lo que no es otra cosa que un recorte puro y duro que castiga a las familias menos pudientes. Las variables que contiene esa fórmula – entre ellas la disponibilidad presupuestaria del Gobierno para conceder becas – convierten su consecución en una carta a los Reyes Magos con respuesta muy diferida en el tiempo. La incertidumbre que se genera es tal que un alumno no sabrá hasta casi acabado el curso si tendrá o no beca. En caso de que la respuesta sea negativa tendrá que abandonar los estudios si no puede pagar las tasas – cada vez más elevadas – de su bolsillo. Pierde el alumno, que no puede seguir estudiando, y pierde la universidad unos ingresos nunca antes tan necesarios en tiempos de recortes.

La razonable conveniencia de que las ayudas públicas al estudio valoren y premien el rendimiento académico del beneficiario no puede convertirse en el criterio último y determinante para conseguir la beca. Ese criterio tiene que ser ante todo el de compensar las desigualdades económicas entre los estudiantes y favorecer su acceso a los estudios superiores en las mejores condiciones de igualdad posibles. En definitiva, la beca no es otra cosa que una redistribución social de la riqueza y una garantía de que nadie con aptitudes y actitudes es expulsado del sistema educativo por razón de renta.

Pero eso es justo lo contrario de lo que busca el ministro, ya que un estudiante de escasos recursos que no alcance la nota requerida se quedará sin beca y no podrá seguir estudiando; por el contrario, al que disponga de medios le será indiferente obtener la nota requerida y le bastará con el 5 de toda la vida. A la hora de mantener la ayuda, éste último estudiante podrá repetir cursos y asignaturas cuantas veces quiera sin preocuparse por si le renuevan o no la beca, algo que se convierte en un imposible para el menos pudiente.

Arrinconado por toda la comunidad educativa, buena parte de las comunidades autónomas y hasta por su propio partido, Wert promete ahora que “recalculará” y “reconsiderará” la nota mínima de 6,5 para obtener una beca y las condiciones para mantenerla. Eso sí, ya ha dejado claro que en ningún caso la nota de corte va a ser un 5 puesto que, de hecho, ya el curso pasado la elevó al 5,5. No es suficiente: Wert debería tirar su normativa sobre becas a la papelera por innecesaria y clasista. Ya puestos debería también hacer lo mismo con la LOMCE y buscar un gran pacto nacional por la educación pública. Pero como todo eso es poco probable que ocurra, quien de verdad debería rectificar es Mariano Rajoy y buscar a otro ministro de Educación capaz de afrontar con diálogo y consenso los graves problemas educativos de este país.

Reformas Soraya

La última gran campaña propagandística del Gobierno se llama reforma de las administraciones públicas. Rajoy – tan alérgico a los micrófonos cuando hay que hablar de Gürtel o Bárcenas – la presentó en sociedad y dos días después la aprobó el Consejo de Ministros. De encomiarla como es debido se encargó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría con el inapreciable apoyo de Montoro, una vez resuelta la crisis de identidad fiscal de la infanta. Dos horas largas invirtieron vicepresidenta y ministro en loar lo felices que nos hará a todos la reforma y lo mucho que nos vamos a ahorrar con ella: 37.700 millones de euros hasta 2015 “si las cuentas de Hacienda están bien hechas y es seguro que lo estaaán”, dijo con retintín Saénz de Santamaría mientras Montoro sonreía.

En estas cuentas del Gran Capital que hace el Gobierno y en las que no hay un solo desglose de datos que permita demostrar la cifra, ya se incluye la supresión de la paga de Navidad de los empleados públicos y el ahorro que supuso la destrucción de 375.000 trabajos en el sector público en el primer año de la era Rajoy. El resto es un mero desiderátum sin base argumental alguna por mucho que la vicepresidenta asegure que no habrá más destrucción de empleo público y que el ahorro en ese capítulo – la mitad del total estimado – se conseguirá con la extensión de la jornada, la tasa cero de reposición o la supresión de días libres.

En realidad, toda la reforma en sí es un desiderátum, ya que más de la mitad de las “recomendaciones” para eliminar duplicidades entre administraciones dependen de la voluntad de las comunidades autónomas para su puesta en práctica. Algunas de ellas ya han dicho “nones” y han criticado que se les presente una reforma en cuya elaboración no han sido escuchadas. Así que lo de suprimir defensores del pueblo, audiencias de cuentas, consejos consultivos, agencias meteorológicas, institutos de estadística o número de diputados autonómicos va a ser que no.

Le recriminan al Gobierno, además, una mal disimulada querencia jacobina con su afán por recentralizar competencias y le recuerdan que muchas de esas instituciones están recogidas en sus respectivos estatutos de autonomía, leyes orgánicas que sería necesario modificar. Por lo demás, le afean que pretenda adelgazar mucho más la administración autonómica que la estatal y le recuerdan la inutilidad de las diputaciones, por no hablar del Senado o las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, provincias e islas.

En todo caso, al Gobierno siempre le queda la opción del palo para meter en cintura a las autonomías díscolas y parece dispuesto a emplearlo llegado el caso: autonomía que no adelgace autonomía a la que se le pondrán las cosas muy difíciles en materia de déficit público o financiación. De eso ya se encargará Montoro a su debido tiempo.

La reforma de la administración pública es una de las promesas estrella de Rajoy. Sin embargo, sólo la ha puesto sobre la mesa cuando empezaron a meterle prisa en Bruselas. Ahora quiere hacernos creer que se ha pasado ocho meses elaborándola en los que, no obstante, no ha habido tiempo para una sola reunión con las autonomías ni con la oposición. Como Juan Palomo, el presidente se ha sacado de la chistera una reforma administrativa con la que quedar bien en Bruselas y ante Merkel – a la que la obediente Santamaría se la presenta hoy – pero cuyas posibilidades de aplicación son remotas.

Y no es que los ciudadanos de este país no demanden racionalidad y claridad en sus relaciones con unas administraciones engorrosas, confusas y difusas, que generan molestias y gastos que repercuten directamente sobre la actividad económica. Sólo que la presentada hace unos días por el Gobierno está viciada de falta de consenso y ambición y huele a centralismo trasnochado en un país complejo y diverso como España.

Se trata de una reforma más preocupada por lo que sobra que por lo que se puede hacer mucho mejor, más atenta al ahorro a ojo de buen cubero que a la eficacia y a la eficiencia, más celosa de preservar sus reductos de poder – diputaciones – que de la profesionalización y la independencia política de la función pública. Toda reforma de un edificio tan complejo como el de la administración pública debe comenzar por unos cimientos firmes y duraderos y la “reforma Soraya” no cumple esa condición.   

Justicia revuelta, ganancia de banqueros

Un juez de instrucción de técnica manifiestamente mejorable, un Ministerio Público extremadamente celoso de los derechos constitucionales del imputado, una acusación particular cubierta con piel de cordero y una audiencia provincial de estilo tan manifiestamente mejorable como el del instructor. Esos son sólo algunos de los factores que han llevado a que el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, saliera anoche de la cárcel por orden del mismo juez que le envió a ella de forma incondicional. El que ya se conoce como “caso Blesa” tiene tantos meandros y vericuetos que es fácil perderse en ellos.

La historia interminable

Comenzó en 2009 cuando el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias presentó una denuncia contra el banquero y el ex presidente de la patronal Díaz Ferrán, también consejero de la entidad, acusándoles de estafa por la concesión del primero al segundo de un crédito de casi 27 millones de euros para Viajes Marsans. Las diligencias abiertas entonces por el juez Silva fueron sobreseídas un año después por falta de pruebas. El mismo juez las reabrió tres años más tarde pero se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, en donde se siguen los pasos de la fusión bancaria que dio lugar a Bankia y su desastrosa salida a Bolsa.

El juez Andreu de la Audiencia Nacional rechazó la inhibición y le devolvió la papa caliente a Silva. Éste continuó adelante con la investigación en contra del parecer de la fiscalía que ya pidió entonces a la Audiencia de Madrid que anulase la causa. En el transcurso de la misma, el juez encontró indicios de criminalidad en el famoso crédito y en mayo pasado llamó a Blesa para que declarara como imputado, aunque no por el préstamo, sino por la compra de un banco en Estados Unidos en la etapa en la que fue presidente de Caja Madrid.

Después de tomarle declaración decretó su encarcelamiento eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros por “riesgo innegable de fuga”. Blesa no tardó ni 24 horas en reunir el dinero y se fue a su casa. A los pocos días, el juez Silva vuelve a llamar a Blesa con urgencia para tomarle declaración una vez más por la compra del banco estadounidense y le envía de nuevo a prisión, ahora sin fianza. Vuelven a montar en cólera la defensa y la fiscalía y piden a la Audiencia de Madrid que anule la causa. Ésta les da la razón y anula la causa principal – el crédito a Díaz Ferrán – y de inmediato se exige la puesta en libertad de Blesa a lo que el juez Silva accedió ayer tarde.

No obstante, en el auto en el que ordenó que el banquero fuera liberado expresa sus dudas sobre el alcance de la decisión de la Audiencia, de la que dice que no deja claro si afecta también a la compra del banco norteamericano. Se queja, además, de que se le exija la liberación de Blesa aportando el auto que anula la causa del crédito sospechoso, que no es el motivo por el que se le envió a prisión. Cabe recordar, además, que el juez ha pedido amparo al Consejo del Poder Judicial ante lo que considera interferencias y presiones por parte del fiscal.

Y tú más

En este bochornoso toma y daca entre fiscalía, instructor, Audiencia, defensa – que además ha recusado al juez por animadversión contra su cliente - y acusación particular han volado chuzos de punta: los autos del juez – dice la Audiencia – están sacados de Wikipedia, denotan dotes adivinatorios, expresan opiniones y sospechas personales y pretenden convertir la presuntas culpas de Blesa en una causa general contra los banqueros como responsables de la crisis económica. Si es verdad que el estilo jurídico del juez Silva no tiene muchas posibilidades de convertirse en modelo de lo que debe ser un auto judicial razonado y prudente, tampoco el de la magistrada de la Audiencia que redactó la anulación de la causa.

Todos, empezando por el juez y siguiendo por la fiscalía, la defensa, la acusación y la Audiencia, parecen haberse olvidado tanto de las formas como del fondo – tan importantes en Justicia – y optado por el trazo grueso y espontáneo. Pero el caso está lejos de concluir: la acusación llevará la anulación de la causa al Supremo y Blesa aún tendrá que responder por las preferentes que colocó Caja Madrid y sus sueldos millonarios.

Tanta algarabía y confusión judicial ponen de manifiesto que sentar en un banquillo o enviar a la cárcel a un banquero en España, amamantado además en las ubres del poder político, no tiene el mismo peso que hacerlo con cualquier otro ciudadano de a pie, ante el que nadie se tomaría la más mínima molestia de presentar recursos fueran o no desmesuradas o desproporcionadas las decisiones del juez instructor. Por eso, en el caso que nos ocupa, la actuación judicial debió de haber sido mucho menos visceral y mucho más fundamentada jurídicamente.

De aquellos lodos

Ahora se corre incluso el riesgo de que la actuación del juez Silva haya viciado de nulidad toda la causa contra Blesa y el banquero no llegue a responder nunca de su desastrosa gestión y de los perjuicios ocasionados. Pero no es al juez al que se juzga aunque su instrucción sea manifiestamente mejorable. Porque, al margen del embrollo judicial en el que ha degenerado el proceso, los ciudadanos de este país tenemos la convicción de que Blesa y otros como él son responsables en primer grado, aunque no en exclusiva, de las penalidades que sufren millones de españoles que hoy nos sentimos estafados, timados y robados.

Blesa abandonó anoche la cárcel sin arrepentirse de nada, defendiendo su inocencia y pidiendo un juez imparcial. En su derecho está como estamos el resto de los ciudadanos que, además, exigimos claridad, rapidez y rigor judicial para que de una vez empiecen a responder de sus acciones u omisiones quienes nos han conducido a esta situación.

De la Cavada, ideólogo de la CEOE

Aguardo impaciente a que el presunto ministro de Hacienda dé una explicación sobre la crisis de identidad fiscal de la infanta Cristina. Mientras espero y desespero, centro mi atención en un montaraz empresario surgido de la caverna de los tiempos al que le parece mal que el Estatuto de los Trabajadores permita que un empleado disfrute de cuatro días de permiso por la muerte de un familiar en primer grado si el desplazamiento implica pernoctar. Dice el individuo en cuestión que en los tiempos del AVE, los aviones supersónicos y las autopistas de ocho carriles no se sostiene que se empleen tiempos de permiso similares a los de la época de La Diligencia de John Ford, de lo que se deduce que a este jinete del Apocalipsis le gustan las películas de indios y vaqueros. A él – sobra decirlo – el papel que más le agrada es el de justiciero cortacabelleras de trabajadores absentistas aunque sea por causa de duelo familiar.

Lo pueden decir con conocimiento de causa los propios empleados de la CEOE, de cuya cúpula forma parte, que presentaron contra él una denuncia por acoso laboral de la que derivó una condena de 25.000 euros por la que en cualquier otra empresa habría sido despedido de forma fulminante, pero no en la CEOE. No parece sin embargo que la sentencia – que aún no es firme – le haya servido de escarmiento. De hecho es autor de un acrisolado repertorio de animaladas similares a la de los permisos por defunción. 

A su dilatado catálogo de pensamientos para la posteridad laboral de este país pertenecen, por ejemplo, ideas como la de que hay que aceptar un puesto de trabajo “aunque sea en Laponia”, que “los jueces actúan como Dios les da a entender y se erigen en empresarios” o que el Estatuto de los Trabajadores es “una copia de la legislación laboral de Largo Caballero”.

Es esa última frase la que delata las verdaderas querencias de nuestro hombre, que inició su carrera laboral como abogado del sindicato vertical franquista. A lo que se ve, cuatro décadas de relaciones laborales en democracia no han sido suficientes para que se sacuda el pelo de la dehesa que aún cubre su espeso vello ideológico. Tras el revuelo levantado por sus críticas a los días de permiso laboral, el individuo de nuestras pesadillas se ha disculpado “si ha herido la sensibilidad de alguien”; sin embargo, a renglón seguido, ha vuelto a considerar excesivos tantos días de permiso para darle el último adiós a un familiar dejando el trabajo desatendido y a la empresa casi en números rojos.

En la CEOE nadie, salvo el vicepresidente, se ha atrevido a afearle sus palabras. El presidente Rosell ni se ha inmutado mientras pregonaba a coro con Rajoy que “lo peor de la crisis ha pasado” y presentaba un código ético de la patronal que va a convertir a la CEOE en el summum de la transparencia y la virtud. Sugiero que le envíen una copia a la cárcel a Díaz Ferrán, el hombre que dejó dicho para la Historia que había que trabajar más y cobrar menos para salir de la crisis mientras hundía fraudulentamente sus empresas y echaba a sus empleados.

Al de la frase sobre los permisos laborales le pueden nombrar ideólogo de guardia con derecho a látigo y cadenas. Por cierto, se me olvidaba mencionar que se llama José de la Cavada y es responsable de relaciones laborales de la patronal, un cargo a todas luces merecido. Sólo que si cambiara la “v” de su apellido por una “g” mejoraría mucho su perfil.   

Montoro y el misterioso caso de la infanta

Si finalmente se confirma que Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda aunque él intente disimularlo, va a tener que explicar de forma muy convincente el extraño caso de unas fincas presuntamente vendidas por la infanta Cristina, algo que esta niega haber hecho por la sencilla razón de que nunca habían sido suyas; lo niega ella y los que supuestamente las compraron, que han echado mano hasta de las polvorientas escrituras del bisabuelo que demuestran que siempre han sido de la familia y que aseguran que de la tal infanta solo tienen noticias por la tele, en donde aparece mucho últimamente.

Todo el lío parece ser obra de Hacienda que, salvo que se demuestre lo contrario, forma parte del negociado del que Montoro es supuestamente competente. El ministro, tan aficionado a señalar con su dedo acusador a colectivos poco complacientes con el Gobierno, calla ahora mientras crece la bola de nieve. Cuando le preguntan qué ha pasado se escuda en legalismos sobre privacidad, encoge el dedo de acusar y guarda silencio. Lo tendrá que aclarar, quiera o no.

Estamos hablando de la Agencia Tributaria, que cada año nos pasa la factura y nos revisa con lupa los ingresos no vaya a escapársele un defraudador fiscal en potencia. Sin embargo, a la vista de cómo parece haber actuado en el informe que el juez le pidió para conocer el patrimonio de la infanta, bien podríamos estar hablando de la Agencia Tributaria de la República de Chichinabo de Abajo. Primero, porque filtró a EL PAÍS que había comunicado “informalmente” al juez - ¿qué demonios es “informalmente” en un caso como este - que en los papeles que le envío con las supuestas ventas de fincas por parte de la infanta había un error.

Después, en un comunicado, le arrimó el mochuelo pero sin mencionarlos a los notarios y a los registradores de la propiedad que a lo peor se equivocaron al poner el DNI en los formularios. Estos ya han dicho que la posibilidad de error es mínima, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de trece supuestas ventas diferentes en tres provincias distintas ¿Hubo error en todas esas escrituras? ¿Estaban ese día los notarios y registradores celebrando la fiesta del santo patrón y tenían el dedo como tonto? De lo que se deduce que la metedura de pata o de dedo, de existir, estará en otro lado.

Lo más probable es que esté en la propia Agencia que, ante la petición del juez, se limitó a un copia y pega con lo que encontró en su base de datos sobre la infanta. Pero claro ¿cómo figuraban esos bienes a nombre de la infanta si quienes supuestamente los compraron aseguran que siempre han sido suyos y que nunca han tenido relaciones económicas con personajes de sangre azul? Y en su caso ¿había tributado la infanta por los bienes que supuestamente vendió? ¿No? ¿Hacienda somos todos?

Hay más: ¿cómo es posible que Hacienda le remita a un juez un informe para la investigación judicial de un personaje como la infanta sin matizar, ni comprobar y luego le diga “informalmente” que hay un error o más bien trece errores, todos referidos a la misma persona y en trece operaciones diferentes en tres provincias distintas? Y ese error, de haberse producido ¿ha sido intencionado? ¿con qué fines? ¿enredar al juez y desprestigiar la investigación sobre el caso Nóos?

La Fiscalía, que en este asunto no pierde comba para echarle un cabo a la infanta, ya ha anunciado una investigación. El juez Castro, que a estas alturas debe de estar más que harto de que el fiscal torpedee sus decisiones y Hacienda le tome el pelo – recuerden que hace poco se atrevió a prejuzgar que la infanta no había cometido ningún delito fiscal – ha decidido tomar la línea recta y ha pedido a los registros de la propiedad que le informen de si la hija menor del rey vendió lo que Hacienda dice que vendió.

El único que calla de momento es Montoro, tan acusica en otras ocasiones y que en esta se ha apresurado a ponerse de perfil como si el asunto no fuera con él ni con la Agencia Tributaria de la que es el máximo responsable político. Como tal debe dar explicaciones claras y convincentes sobre lo ocurrido o estaremos legitimados para creer que las cloacas del Estado bajan mucho más sucias de lo que todos sospechábamos.

Pacto para la galería

PP y PSOE sacan pecho estos días después de su pacto de mínimos sobre las políticas que deberá defender Rajoy en la próxima cumbre europea. El pacto en política es un valor en sí mismo porque elimina tensiones y acerca puntos de vista, algo muy necesario después de año y medio de legislatura presidida por el enfrentamiento constante, apelaciones del Gobierno a la herencia socialista y el consabido “y tú más”. Lo que el pacto político no puede ser en ningún caso es un fin en sí mismo y el que la semana pasada cerraron los dos principales partidos españoles no parece que vaya más allá de ese objetivo: pactar por pactar sin concretar objetivos, acciones y medidas, plazos o condiciones.

Acudir a la cumbre europea a pedir que se luche contra el paro juvenil, que vuelva el crédito a las pymes y que se destinen recursos a la inversión es algo que Rajoy puede hacer sin necesidad alguna de contar con el respaldo del principal partido de la oposición. De hecho, es exactamente eso lo que ha venido reclamando con insistencia antes de que el PP y el PSOE cocinaran y cerraran casi en secreto este pacto del que se ha desmarcado el resto del arco parlamentario – con la excepción de CC - al sentirse ninguneado por los dos grandes partidos. Y no porque los otros partidos no estuviesen de acuerdo con el fondo – que cualquiera puede suscribir sin comprometerse absolutamente a nada – sino por las formas exhibidas por las cúpulas socialista y popular.

De ingenuos sería suponer que este pacto de vaguedades y generalidades será de alguna utilidad práctica para España en la próxima cumbre europea que, una vez más, se vuelve a anunciar como histórica y decisiva. De cumbres trascendentales está la Unión Europea llena desde que se inició la crisis y miren cómo estamos. Porque de lo que no debe caber ninguna duda es de que hasta que no se celebren las elecciones alemanas no cabe esperar ningún cambio significativo en las políticas de austericidio que han llevado a Europa a la situación de postración económica en la que se encuentra. Y aún después de celebradas tampoco es previsible un giro copernicano que ponga el acento en la reactivación económica y en el empleo después de años de recortes, ajustes y reformas con los dramáticos resultados sociales de sobra conocidos.

Para que ese giro se produzca hace falta mucho más que un pacto para la galería como el que han suscrito el PP y el PSOE. Hace falta una mayoría de países dispuestos a decirle a Alemania y a los estados que secundan sus políticas que hasta aquí hemos llegado, que no son admisibles más recortes sociales ni más pérdida de derechos ni más hachazos al estado del bienestar.

En paralelo, se hace imprescindible un pacto nacional entre las fuerzas políticas y los agentes sociales por el crecimiento y el empleo, contra el fraude fiscal y contra la pobreza y la exclusión social; un gran acuerdo con objetivos concretos, medidas claras y cuantificadas y calendario definido. Nada de eso se recoge en el acuerdo entre populares y socialistas, sólo timoratas peticiones que se olvidarán al día siguiente de concluida la cumbre.

Tal vez el pacto de la semana pasada restañe levemente la maltrecha imagen del bipartidismo en España, tal vez Rubalcaba recupere algo de fuelle ante su propio partido y tal vez Rajoy mejore su imagen con un aggiornamento de hombre dialogante y dispuesto a ceder en los grandes asuntos de estado después de meses de decir no a todo lo que le propusiese el principal partido de la oposición. En cualquier caso, magra cosecha para tanta escasez.

TV griega: el nuevo trofeo de la troika

En su carrera suicida hacia el abismo, la troika comunitaria acaba de adjudicarse un nuevo trofeo y le ha dado un nuevo empujoncito a Grecia para que definitivamente se convierta en un país en ruinas, económicas y democráticas. El reciente cierre con alevosía y nocturnidad de la radiotelevisión pública griega es un ataque dictatorial sin paliativos contra uno de los pilares de cualquier sistema democrático, la libertad de expresión y el derecho a la información. La medida la ha tomado el partido conservador mayoritario que, en lugar de llamarse Nueva Democracia, debería rebautizarse como Vieja Dictadura.

La decisión unilateral y sin previo aviso se ha justificado en la supuesta opacidad y despilfarro del medio público, ignorando interesadamente que la camarilla política que lo dirige cobra tanto como todos los trabajadores juntos, lo cual - es cierto - no es exclusivo de Grecia y sus medios públicos de comunicación. Ha sido tan brutal y repentina la decisión que las otras dos fuerzas políticas que apoyan al Gobierno la han rechazada y pueden estar a punto de desencadenar una nueva crisis política y tal vez unas elecciones anticipadas.


No es un detalle menor que sólo los neonazis xenófobos de Amanecer Dorado la hayan aplaudido: cuanto más amordazados o silenciados estén los medios, mejor para sus planes criminales. Sea como sea, lo cierto es que más de 2.500 periodistas se han encontrado en la calle de la tarde a la noche, justo en el intervalo que va desde que se anuncia el cierre hasta que se ejecuta con apoyo policial incluido. Mientras, desde Bruselas un hipócrita comisario de Economía llamado Olli Rehn silbaba y miraba para otro lado como si el asunto no fuera con quien lleva años martirizando a los griegos con recortes salvajes y despidos masivos. A la troika le importa literalmente un pimiento que se cierre un medio de comunicación público, el primero desde la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado a Grecia en la insólita situación de ser el único país de la Unión Europea sin radiotelevisión pública.

A pesar de las lágrimas de cocodrilo del FMI sobre los errores cometidos en Grecia, no es la libertad de expresión ni el pluralismo ni la cobertura a la que por mero cálculo económico no llegan los medios privados en un país de orografía tan difícil como Grecia lo que les preocupa. Es el bienestar de los mercados y la deuda contraída por Grecia con los bancos alemanes lo que les quita el sueño a los eurócratas comunitarios; si para pagarla hay que hacer tabla rasa del denostado sector público se hace sin miramientos ni contemplaciones, caiga quien caiga, y se manda a unos cuantos miles de trabajadores más al paro.

En los cálculos de un gobierno tan dócil ante la dictadura de la troika como el griego parece que ni siquiera se pensó en la posibilidad de negociar con los trabajadores de la radio televisión pública para buscar la manera de redimensionar la plantilla, cerrar centros innecesarios, rebajar los sueldos de la cúpula directiva o cualquier otra alternativa que hiciera lo menos traumático posible el hachazo y que al mismo tiempo garantizase la viabilidad económica del medio. Se optó por el golpe de mano a traición, traspasando una línea roja que nadie hasta ahora se había atrevido a cruzar y sentando un peligrosísimo precedente. Todo ello con la connivencia cómplice de las exquisitas autoridades comunitarias que no paran en cambio de afear a otros países sus déficits democráticos.

El Gobierno griego debe dar marcha atrás de manera inmediata, reanudar las emisiones de la radio y la televisión públicas y abrir un diálogo con los trabajadores para garantizar el futuro de la empresa y el derecho de los ciudadanos a contar con un medio informativo público y plural de referencia. Sólo así podrá enmendar en parte una medida insólita, autoritaria y más propia de una dictadura que del país en el que nació la democracia.