Recórtame más y más pero mucho más

Saltó la liebre: ya sabemos quién va a pagar el ajuste del déficit público español en los dos próximos años. Para no variar, volverán a ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos mientras la Administración General del Estado sigue haciendo las cuentas de la abuela y reservándose la parte del león del déficit: lo ancho para mí y lo estrecho para ti. He visto raspas de sardina con más chicha que la que les va a quedar a la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan las autonomías cuando se ejecuten – y nunca mejor dicho – los nuevos recortes.

De las costillas de las comunidades autónomas quiere el Gobierno sacar otros 8.000 millones de euros, a razón de 4.000 el año que viene y otros tantos el siguiente, más unos 9.000 de los ayuntamientos entre los dos años. Eso es lo que dice la actualización del Plan de Estabilidad Fiscal y Financiera que acaba de remitir por correo urgente a Bruselas para que allí vuelvan a certificar lo aventajado que es Mariano Rajoy cumpliendo el déficit que se le impone y sin rechistar. 

Estas cuentas del Gran Capitán seguramente son obra de Montoro, el hombre que mejor resta en el Gobierno y el único que ve subir los salarios cuando todos los vemos bajar. Visionario que nos ha salido este ministro que las aulas universitarias se están perdiendo mientras él nos lleva a todos por el camino de la amargura.

Prevé el Gobierno para el año que viene un recorte en los gastos de unos 2.000 millones de euros a costa de gastos corrientes en “bienes y servicios” de las autonomías, dice. Para no ser menos, también el Gobierno central pone su pequeño granito de arena y estima que aliviará a los pensionistas del peso en sus bolsillos de unos 1.500 millones de euros con la aplicación de esa exótica fórmula de revalorización que se ha sacado de la manga y que en realidad es de depreciación de las pensiones.

Por la vía de los ingresos confía en obtener otros 2.000 millones mediante la modulación – hermosa palabra – del tramo autonómico de los impuestos. En cristiano y para entendernos: subiendo los impuestos en los respectivos territorios autónomos hasta donde les permita la ley. Si no fuera patético resultaría chusco que el Gobierno del PP le pida a las autonomías que suban los impuestos cuando algunas en las que también gobierna como Galicia o Extremadura acaban de bajarlos, aunque no sea más que simbólicamente.

Esto en 2014 ya que para 2015 nadie sabe todavía de dónde saldrán los otros 4.000 millones de euros que el Gobierno espera rebañar vía gastos o vía ingresos – más de los primeros que de los segundos, eso seguro – para cumplir la sagrada promesa de cumplir el déficit. De lo que ocurrirá con el IRPF en 2015 nada dice la misiva enviada a Bruselas a pesar de que Rajoy anunció urbi et orbe en septiembre que habría rebaja después de prorrogar la subida. O veremos la surrealista situación de que Rajoy baja el IRPF mientras las autonomías lo tienen que subir – o, lo que es más probable – todo el mundo lo subirá por mucho que el presidente pierda esa baza electoral en la que seguramente tendrá puestas muchas esperanzas. De locos.

Esto es lo que hay: un nuevo tijeretazo a las comunidades autónomas y a los empobrecidos ayuntamientos al mismo tiempo que se retrasa a mediados del año que viene la negociación de la financiación autonómica que piden todos con impaciencia, hasta los barones del PP, y a los municipios se les receta aceite de ricino a través de la reforma de la administración local.

Ahora bien, que no cunda el pánico: tenemos sobre la mesa los “Presupuestos de la recuperación”, Rajoy “certificó” el otro día que “España ha dejado atrás la recesión” y para colmo de bienes, Botín dice en Nueva York que el país “vive un momento fantástico porque llega dinero de todas partes”. Albricias y cantemos todos a coro aquello de “recórtame más y más pero mucho más”.

La rotonda de Alhendín

He visto plenos del Congreso de los Diputados con menos políticos en sus escaños que los que reunió la multitudinaria inauguración de una rotonda en el pueblo granadino de Alhendín. Catorce políticos, ni uno más ni uno menos, se dieron cita en una soleada mañana reciente para inmortalizar el histórico momento. Lo ignoro, pero no descarto que el día  de ayer haya pasado a formar parte del calendario festivo del pueblo. Es lo menos que se merece.

Observen bien la foto: son tantos los políticos inauguradores y tan chica la rotonda que uno de ellos tuvo que posar incluso debajo de una señal de tráfico medio tapado por otros dos colegas. Más no importa, ahí está él ladeando un poco la cabeza y sonriendo a la cámara como el resto de estos próceres, a los que ya están tardando en bautizar unas cuantas calles con sus nombres, si es que el pueblo tiene calles para tanta gente, que lo dudo. El primero por la derecha de la foto tuvo además la mala suerte de que le tocara colocarse junto a la señal de la glorieta, produciendo el extraño efecto de que son sus pensamientos los que dan vueltas en una especie de bucle eterno: “¿pero qué rayos hago yo aquí junto a una señal de tráfico en una rotonda de dos por dos y junto a un bloque de hormigón?”

No los identifico, pero cuentan las crónicas que en el histórico acontecimiento se dieron cita el alcalde de Alhendín, cinco concejales, la vicepresidenta y el vicepresidente de la Diputación de Granada, tres diputados provinciales y hasta el portavoz de la Diputación. Muchos de ellos de traje y corbata y otros de sport, pero todos ellos, según las informaciones periodísticas, militantes del PP, el mismo partido que se propone implantar a toda costa la austeridad fiscal en los derrochadores ayuntamientos españoles a través de su reforma local.

Alguna cosa más llama la atención de esta foto. Fíjense en que varios de ellos no tuvieron más remedio que posar sobre el césped de la rotonda, echando a perder así el trabajo de los empleados municipales desde el primer día. Sin embargo no es ese detalle el más llamativo, sino el hecho de que en una rotonda que – según dicen sus responsables promotores – va a resolver “algunas retenciones” que se producen en la zona, no se ve un solo coche, tal vez porque los conductores estaban sobreaviso y decidieron tomar una ruta alternativa. Sin embargo, habría quedado mucho más aparente y habría causado menos asombro si en la foto apareciera un buen atasco con conductores jurando en arameo. Mejor aún: un topetazo con un par de coches despanzurrados habría contribuido mucho a atenuar el surrealismo político que desprende la imagen.

Y otro detalle muy importante también falta: la rotonda no tiene estatua ni fuente ni escultura ni flores ni nada que la “decore” como se merece una obra pública de esta importancia; sólo políticos de un extremo a otro de la glorieta. Olvido imperdonable que habrá que corregir cuanto antes y fijar ya fecha para una segunda inauguración tan vistosa y multitudinaria como la de la foto. ¡Ah, y con banda de música, por favor!

Cuando Ana Pastor se cayó del caballo

Cuenta la Biblia (Hechos de los Apóstoles, 9:1-18) que dirigiéndose San Pablo a Damasco para perseguir a los cristianos, una intensa luz hizo que cayera del caballo y perdiera la visión. Ya en Damasco, Ananías le impuso las manos en nombre de Jesucristo y Pablo no sólo volvió a ver sino que se bautizó en el acto. Salvando todas las distancias temporales y circunstanciales, algo parecido debe de haberle pasado a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y su anuncio de rebajar las tasas aeroportuarias en España en beneficio de un mayor trasiego de pasajeros por los aeropuertos de este país, en algunos de los cuales aún no ha aterrizado un solo avión.

Después de dos años asegurando y jurando que unas tasas más baratas no implican un mayor número de pasajeros, Pastor ha visto la luz. Probablemente la conversión le ha sobrevenido en la inmensa y desangelada T-4 del madrileño aeropuerto de Barajas, esa que cuando los viajeros tienen que recorrer de punta a punta inmediatamente se rebajan de dieta, bicicleta y footing durante dos semanas. Seguramente fue cuando estaba a punto de tomar un vuelo a algún lugar de sus dominios continentales o de ultramar, caso de Canarias.

Al ver aquel deprimente espectáculo de inacabables pasillos vacíos, advirtió la ministra el mismo resplandor cegador que San Pablo camino de Damasco y, por unos momentos, quedó deslumbrada. La intensidad de la luz fue tal que Pastor hasta olvidó como por ensalmo lo que ella o su compañero de gabinete José Manuel Soria habían dicho durante meses sobre lo inútil y perverso que es para la sagrada competencia rebajar las tasas para atraer más viajeros. De este modo, Pastor ha pasado a convertirse en una ferviente creyente de esta nueva verdad revelada expresada en una frase que quedará para la posteridad: las tasas baratas son la solución para atraer visitantes a España y para mejorar la movilidad de los españoles.

Dice también la Biblia que, tras caer del caballo, Pablo escuchó la voz de Dios preguntándole por qué le perseguía. Ignoro si Ana Pastor escuchó voces durante su conversión aérea en la T-4 de Barajas pero es muy probable. Por ejemplo, las de los empresarios madrileños, alarmados ante la caída del turismo en la Villa y Corte; o la de los máximos responsables de la comunidad autónoma, para los que de ningún modo se puede permitir la afrenta de que Barajas y los 6.000 millones de euros enterrados en su T-4 tenga menos pasajeros que el Prat de Barcelona, sobre todo ahora que va camino de convertirse en el aeropuerto de la capital del “nuevo Estado de Europa”.

Sin duda, en la conversión de la ministra a la fe en las tasas bajas han debido de pesar mucho más estas voces que las que, lejanas pero claras, llevaban también meses escuchándose en un lugar muy apartado del continente europeo llamado Canarias y a las que hasta ahora o no se les prestaba atención o se despachaba con desdén y acusaciones de victimismo. Claro que en Canarias el PP no gobierna y sí lo hace en Madrid, lo que explica por qué unas voces se escuchan y atienden con prontitud mientras otras se ignoran y ridiculizan.
 
Con todo, para unos está por ver que con tasas más bajas vengan más turistas a Barajas y a otros aeropuertos como los de ese lejano lugar llamado Canarias y si no es incluso un error enrojecer aún más los ya encendidos números rojos de AENA, que terminaremos pagando todos para que al final la empresa pública ya saneada termine en las manos del mejor postor; otros, en cambio, no albergan ninguna duda de que con tasas más bajas se recuperará el tráfico aéreo y el tránsito de pasajeros y hasta puede que AENA salga ganando.

Eso lo dirá el tiempo, aunque la experiencia previa a la portentosa conversión de la ministra demuestra que si no es la panácea sí ayuda al menos a que las compañías aéreas se animen a abrir nuevas rutas. Pero tal vez todo eso pueda considerarse incluso secundario ante la prodigiosa conversión de Ana Pastor, digna por méritos propios de engrosar el Gran Libro de las Conversiones de la Era Rajoy, ya plagado de no menos sobrenaturales caídas del caballo. 

La talidomida en el banquillo

No imagino qué diría hoy el desconocido autor de la frase “Justicia lenta no es Justicia” ante el caso de la talidomida. Un total de 57 años han tenido que esperar las víctimas españolas para poder sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de lo ocurrido con este fármaco a finales de la década de los 50. Fabricada por una farmacéutica alemana e indicada como tranquilizante pero recetada también para paliar los mareos durante el embarazo, la talidomida produjo miles de deformaciones en fetos en España y en otros países de todo el mundo.

Sólo en nuestro país, la asociación de afectados calcula que al menos unas 3.000 personas sufrieron malformaciones. Las que aún viven han luchado sin descanso para que se juzgue a los responsables de uno de los casos farmacéuticos más escandalosos en muchas décadas. En él se mezcla la negligencia de las autoridades sanitarias españolas de la época con la avaricia de un laboratorio alemán, que no tuvo reparos en ocultar a los médicos los terribles efectos secundarios de un fármaco en cuyo prospecto lo único que se advertía era que podía provocar un leve estreñimiento.

Cuando en 1961 y después de la denuncia de algunos médicos el gobierno decidió retirar de la circulación y prohibir el peligroso medicamento, al igual que hicieron otros países de todo el mundo, el daño ya estaba hecho pero nadie pagó entonces por él. No ocurrió lo mismo en Alemania, en donde fue la propia farmacéutica la que aceptó ofrecer una pensión vitalicia a los afectados que estos cobran desde hace más de 40 años.

Pero España era y es diferente y, de hecho – según denuncian los afectados –, la talidomida siguió dispensándose en España al menos hasta 1965 a pesar de su prohibición mundial. Mientras, la empresa alemana ha ofrecido unos ofensivos 120.000 euros para todos los afectados de nuestro país, eso sí, después de pedir muchas disculpas por lo ocurrido y decir que lo lamenta en el alma. No fue hasta 2010, y no sin miles de dificultades y pegas de todo tipo, cuando el Gobierno español se avino a reconocer a unas 200 víctimas de la talidomida, aquellas para las que se había establecido una relación causa – efecto entre el consumo del fármaco y sus malformaciones.

La empresa se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados de un juzgado madrileño gracias a los esfuerzos de las víctimas y su decidido empeño de reclamar justicia aunque sea más de medio siglo después de ocurridos los hechos. Le exigen más de 200 millones de euros en indemnización por los daños psicológicos, físicos y morales que llevan tantos años padeciendo y que les acompañarán lo que les resta de vida.

A expensas de lo que sentencie la jueza, el caso de la talidomida nos recuerda una vez más lo que vale nuestra salud para las grandes corporaciones farmacéuticas y la desidia cómplice de las autoridades a las que se les supone atentas y vigilantes para que los pacientes no se conviertan en cobayas al servicio de grandes intereses privados. Conviene no olvidarlo ahora que para el Gobierno la mejor manera de garantizar la calidad de la sanidad pública es regalársela al sector privado.

Se lo merecía Malala

El comité que anualmente se reúne en Oslo para decidir el Premio Nobel de la Paz ha vuelto a decepcionar a medio mundo. La posibilidad de que la joven pakistaní Malala fuera la elegida había hecho abrigar a muchos la esperanza de que el devaluado galardón recuperara el brillo perdido tras los sonoros tropiezos con Obama o la Unión Europea, por no remontarnos a Kofi Annan o al siniestro Henry Kissinger. Sin embargo, Malala se queda por ahora sin un merecido reconocimiento mundial al coraje con el que ha afrontado la brutalidad de los talibanes que le dispararon en la cara por ir a la escuela y escribir en un blog.

El honor se lo lleva este año la OPAQ, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que ni siquiera aparecía entre los favoritos. A nadie le puede pasar desapercibida la relación entre esta decisión y el conflicto sirio. El propio comité noruego ha reconocido en la justificación del premio la necesidad de acabar con los arsenales químicos y ha recordado la masacre que con ese tipo de armas se produjo recientemente en Siria. No se trata de que la OPAQ no merezca el Nobel, sino del sesgo político casi a la carta con el que vuelve a actuar el comité.

 

Es cierto que la organización ganadora lleva veinte años luchando contra las armas químicas en todo el mundo. Sin embargo, que se le conceda el Nobel de la Paz justo cuando otro Nobel de la Paz como Obama aún mantiene en suspenso una intervención militar en Siria por el uso de armas químicas resulta un tanto desconcertante. Nada se habría perdido con aguardar a que concluyera la destrucción del arsenal químico sirio para concederle el premio.

Al ignorar a Malala, el comité del Nobel de la Paz desoye también las esperanzas que la posible concesión del premio a la joven pakistaní había suscitado en medio mundo, admirado de su fuerza, de su tesón y de su valentía. Este mundo nuestro está más necesitado que nunca de ejemplos vivos como el de Malala, que con sólo 16 años se ha convertido en un fenómeno de masas pero, sobre todo, en la voz de tantas y tantas mujeres de todo el mundo sojuzgadas, agredidas, recluidas y asesinadas sólo por el hecho de ser mujeres.

Se puede argumentar que es muy joven aún y que la concesión del Nobel le habría supuesto una carga personal demasiado pesada para su corta edad y un riesgo para su propia seguridad. Puede ser y hasta puede ser que el valor de esta joven, que ya se ha hecho merecedora del Premio Sajarov, se vea recompensada con el Nobel de la Paz un año de estos.

Eso debería de ocurrir más pronto que tarde, siempre que los señores del comité noruego consigan por fin volver a conectar sin interferencias políticas con el sentir y el padecer de millones de personas en el mundo. A la espera, pongamos en letras de oro esta frase de Malala: “Tomemos nuestros libros y nuestros bolígrafos, pues son las armas más poderosas. Un niño, un profesor, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo. La educación es la solución".

Una ley con fecha de caducidad

No es una buena noticia para la educación de este país que la reforma educativa cuente ya con la amenaza de su derogación en cuanto cambie la mayoría parlamentaria actual. El Gobierno y el ministro Wert no han dado su brazo a torcer y han desoído el clamor de la oposición y de toda la comunidad educativa. Sordos pero presumiendo de una falsa voluntad de diálogo, hoy han sacado adelante una reforma educativa, la séptima de la democracia, que por primera vez en la Historia no ha contado con apoyo alguno de la oposición. Ahora queda el trámite del Senado que no es más que eso, un trámite rutinario y sin contenido, en el que no cabe esperar ningún cambio para mejor por mucho que el ministro Wert haya vuelto a “tender la mano a la oposición”.

La reforma hace retroceder el sistema educativo a los tiempos felizmente olvidados de las reválidas, las notas de religión, los niños con los niños y las niñas con las niñas, los centros concertados financiados con fondos públicos, la FP para los que no tienen cabeza para la universidad, las becas convertidas en premios a la excelencia académica en lugar de igualadoras de oportunidades, las tasas de matrícula subiendo y las aulas masificadas. Todo ello envuelto en un lenguaje falaz en el que se alude a estudios supuestamente científicos sobre las bondades de la reforma o a países que han experimentado espectaculares resultados poco después de aplicar reformas como la suya, lo que suena igual de creíble que las promesas electorales de Rajoy sobre la rapidez con la que sacaría a España de la crisis.

Un lenguaje que se escuda en el “algo hay que hacer” para mejorar los resultados de la enseñanza, como si la comunidad educativa y todas las fuerzas políticas fueran completamente insensibles ante unos resultados que, efectivamente, son manifiestamente mejorables. La cuestión no es que haya que hacer algo – que en eso estamos todos de acuerdo - sino qué es lo que debería de hacerse. Tratándose de un asunto tan estratégico y trascendental como la necesidad de contar con un sistema educativo de amplio respaldo social y político y con vocación de perdurabilidad, lo que debería de hacerse no puede ser en ningún caso aprobar una reforma de este calado amparándose únicamente en una mayoría parlamentaria coyuntural.

El PP, que en la pasada legislatura frustró todos los intentos del ex ministro Gabilondo para alcanzar un gran pacto nacional por la educación, ha puesto de manifiesto que su único interés era y es imponer su modelo de enseñanza y eso es lo que ha hecho. Para ello y para justificar su retrógrada reforma no ha dudado en culpar a la LOGSE, aprobada en la etapa socialista, de ser la responsable de los malos datos sobre las competencias educativas de los adultos españoles.

Acusa el PP a la oposición de usar la educación como arma política pero es el primero que lo hace: irrita a los catalanes con sus alusiones al catalán, a los padres y madres descafeinando los consejos escolares, a los profesores recortando plantillas, a los que defienden una enseñanza laica imponiendo la nota computable en religión o a los estudiantes estableciendo barreras económicas para acceder a la educación.

Que diga misa la oposición y la comunidad educativa, hacer como que se oyen sus voces y protestas y continuar con el mazo dando. Esa ha sido su estrategia y éste es el resultado: una ley educativa con fecha de caducidad y un pésimo servicio al futuro de este país.

Montoro es un tesoro

No hay dos como él y si no hubiera ninguno habría que inventarlo a toda prisa. Nadie como el ministro de Hacienda para alegrarnos un día más de esta larga crisis y surtir de titulares a los medios y de mensajes a las redes sociales; otros lo intentan con muy buenos resultados pero ningún otro ministro de Rajoy tiene su tonillo didáctico – acusica y su capacidad para retorcer el lenguaje y ocultar lo que cualquiera en este país sabe y sufre en carne propia sin necesidad de acudir a las áridas estadísticas: que los sueldos en España no paran de bajar gracias, sobre todo, a la reforma laboral.

Pero no es Montoro un ministro capaz de rendirse ante las evidencias, por muy estadísticas que sean. Él prefiere tomarnos a todos por tontos y decir ufano en el Congreso que no es verdad que los salarios en España siguen bajando y el consumo congelándose. Él lo que ve es un “crecimiento moderado de los salarios” y hasta está dispuesto a explicárnoslo en una pizarra electrónica. A quien debería de explicárselo en primer lugar es a su jefe, el presidente Rajoy, que hace nada dijo sin empacho en Japón que España es un buen destino para las inversiones niponas porque los salarios “están bajando”.

 

Y después, que Rajoy se lo explique a los españoles que han perdido el empleo, a los que se han quedado sin prestación de ningún tipo, a los funcionarios públicos, a los pensionistas o a los que, aún empleados, se han visto entre la espada y la pared de aceptar una rebaja del sueldo o irse directamente a la calle. 

A ver si consigue convencernos de que los datos del Instituto Nacional de Estadística mienten cuando aseguran que los salarios en este país están en caída libre desde hace casi un año mientras los empresarios siguen pidiendo más “moderación salarial” para ganar competitividad.

Y aunque fuera como dice Montoro – que no lo es – ese moderado crecimiento, que en todo caso sólo afecta a los trabajadores sujetos a convenio colectivo, está muy por debajo del aumento del coste de la vida. Eso en la práctica y a efectos de euros en el bolsillo es recorte de salarios. Que nos expliquen Rajoy o Montoro o de Guindos de dónde sino de los recortes salariales ha ganado enteros la competitividad del país, eso sí, a costa del empobrecimiento y la depauperación de las clases medias y trabajadoras.

Que nos digan de paso la razón por la que los miembros del actual Gobierno aún no se han bajado el sueldo una sola vez desde que llegaron a La Moncloa y, ya puestos, que nos digan si las retribuciones en diferido a Luis Bárcenas también fueron un moderado incremento de su salario. Que nos diga Montoro con su lógica aplastante si el aumento del número de ricos en un 13% obedece a un moderado incremento de sus sueldos o tal vez a una redistribución mucho más equitativa de la riqueza, de manera que en cuanto lleguemos al final del túnel de la crisis que el Gobierno ve tan cercano el porcentaje se eleve al 100%.

A ver si, tan obediente como es ante las exigencias de los mercados, hace caso al FMI que hoy mismo ha instado a España a acometer una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen en lugar de regalarles amnistías fiscales. Queremos escuchar todo esto y queremos escuchárselo a él a ser posible, porque Montoro es un tesoro del que este país no puede prescindir.

Alicia en el país del soberanismo

No ha cosechado demasiados éxitos la propuesta de la presidenta del PP catalán abogando por una financiación diferenciada para su todavía comunidad autónoma, tal vez en no mucho tiempo nuevo “Estado europeo”. A decir verdad, Alicia Sánchez – Camacho lo único que ha cosechado de momento son negativas y rechazos entre los barones autonómicos de su propio partido y los ministros que controlan la cartera del Gobierno, Montoro y de Guindos. A nadie le gusta la propuesta y todos defienden un nuevo modelo de financiación autonómica basada en la solidaridad. Montoro ha dicho con el tono inconfundible que adopta cuando se pone didáctico “que sería un inmenso error” adoptar un modelo de financiación como el que propone la líder popular catalana.

Ha dicho también que el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómico, con el que prácticamente ninguna comunidad está contenta, no toca en estos momentos. Está ocupado en sacarnos de la crisis y aplaza el cada vez más urgente debate sobre cómo financian las autonomías las competencias que tienen transferidas a la segunda mitad del año que viene, en vísperas  de una campaña electoral, con todo el mundo echando su cuarto a espadas a fin de conseguir llevarse la parte más grande de la tarta, unos con razones de peso y otros para no ser menos que los demás.

La por el momento fracasada propuesta de Sánchez – Camacho es un intento casi a la desesperada de desactivar la deriva soberanista catalana. Sin embargo, ha chocado frontalmente con el inmovilismo con el que Rajoy y su Gobierno siguen encarando el problema y, por paradójico que resulte, los únicos aunque tímidos aplausos que ha recibido se los ha dedicado el PSOE.

Significativa es también la reacción de los nacionalistas catalanes, embarcados ya en su consulta o plebiscito o cómo finalmente se llame, si es que llega a celebrarse. Con cierto desdén han rechazado la idea porque consideran que el intento debió haberse hecho hace años, que ya es tarde para componendas y terceras vías y que ahora lo que toca es avanzar hacia la soberanía.

Sánchez – Camacho, mientras, dice que seguirá defendiendo su propuesta, aunque atrapada como está entre el acreditado tancredismo de Rajoy y las esteladas al viento de los nacionalistas, no cabe augurarle mucho futuro. Cómo resolverá la papeleta Rajoy, probablemente ni él mismo lo sabe. Por ahora hace gala de su virtud política más acendrada: callar, esperar y confiar enque los problemas se resuelvan solos.

El dilema

Si no saben qué regalarle a su enemigo más íntimo la próxima Navidad, admítanme una sugerencia. En cosa de menos de dos meses salen a la venta unas nuevas memorias políticas. Se trata de las del ex presidente Zapatero tituladas “El dilema” y subtituladas “600 días de vértigo.” El título y el subtítulo prácticamente lo dicen todo. Más allá del hecho de que no parece haber un político patrio que espere a envejecer un poco para obsequiarnos con sus memorias – a la postre algún que otro chisme sobre reuniones privadas, reflexiones más o menos profundas sobre lo que hicieron, dejaron de hacer, pensaron o dejaron de pensar – las de Zapatero no creo que generen una excesiva expectación ni que la editorial que las va a publicar haga un gran negocio con ellas, tal y como al parecer ha ocurrido con las de Aznar, Guerra o Bono.

Y eso que las malas lenguas ya han asegurado que el último inquilino de La Moncloa antes de la llegada de las huestes de Rajoy ha cobrado unos bonitos 700.000 euros por contarle a los españoles lo que estos ya saben o intuyen: que no tuvo más remedio que plegarse a los mercados y a la Unión Europea para rebajarle el sueldo a los empleados públicos y congelar las pensiones. Y eso sólo para empezar. Todos nos acordamos de aquel “me cueste lo que me cueste” con el que después de negar la crisis durante años y tras su caída del caballo en el mes de mayo de 2010, anunció en julio del mismo año y durante el debate sobre el estado de la nación una nueva tanda de recortes para satisfacer a los mercados.


De aquellos lodos llegaron las elecciones anticipadas y el histórico batacazo socialista a mayor gloria de los populares, que iban a sacar a España de la crisis más pronto que tarde. Dicho sea de paso, tres años después aún estamos viendo la luz al final del túnel y tenemos al ministro Montoro asegurando que la recuperación está a la vuelta de la esquina, aunque no precisa lo lejos que está la esquina ni quién se está de verdad recuperando.

Pero volviendo a Zapatero y siendo justos con él, hay que decir que si realmente sufrió el dilema de recortar, congelar, ajustar y otras operaciones propias del austericidio que se estaba imponiendo en toda la Unión Europea y en el que seguimos inmersos, a su sucesor en La Moncloa nunca le ha temblado el pulso a la hora de pasar el serrucho por las vigas maestras del estado del bienestar.

 
Es cierto que Zapatero rebajo el sueldo de los empleados públicos, pero Rajoy lo ha congelado sine die; es verdad que Zapatero congeló las pensiones, pero Rajoy – que entonces montó tremendo escándalo – no sólo no las ha revalorizado de acuerdo con el IPC sino que ahora se ha sacado de la manga una extraña fórmula para que nunca jamás vuelvan a equipararse al coste de la vida. A diferencia de Zapatero, que consensuó su reforma de las pensiones con empresarios y sindicatos, reforma que a día de hoy sigue en vigor, Rajoy la ha impuesto sin miramientos ni milongas negociadoras más allá de un mero encuentro para cubrir las apariencias.

Si Zapatero metió la tijera y recortó 8.500 millones de euros del presupuesto, el Gobierno de Rajoy ha superado con creces esa cifra en todos los capítulos presupuestarios esenciales, desde la sanidad a la educación pasando por los servicios sociales y pidiendo de propina un rescate de 100.000 millones de euros para la banca que estamos pagando los ciudadanos. Y una más: si Zapatero sacó adelante una reforma laboral que le costó una huelga general, la de Rajoy ya le ha costado dos, mientras el paro ha seguido aumentando y el empleo de calidad junto a los salarios disminuyendo.

Zapatero ignoró la crisis y cuando la enfrentó ya carecía de margen de maniobra. Sin embargo, al menos se planteó el dilema de elegir entre plegarse a las exigencias de los mercados para evitar el rescate de España o no traicionar a sus electores. Dudo que Rajoy haya sufrido jamás esa disyuntiva: desde el principio tuvo claro que no tenía intención alguna de hacer lo que prometió y lo ha cumplido a rajatabla. Sus memorias, cuando tenga a bien escribirlas, bien podrían titularse “Cómo engañé a los españoles” y el subtítulo "La culpa fue de Zapatero".