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La talidomida en el banquillo

No imagino qué diría hoy el desconocido autor de la frase “Justicia lenta no es Justicia” ante el caso de la talidomida. Un total de 57 años han tenido que esperar las víctimas españolas para poder sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de lo ocurrido con este fármaco a finales de la década de los 50. Fabricada por una farmacéutica alemana e indicada como tranquilizante pero recetada también para paliar los mareos durante el embarazo, la talidomida produjo miles de deformaciones en fetos en España y en otros países de todo el mundo.

Sólo en nuestro país, la asociación de afectados calcula que al menos unas 3.000 personas sufrieron malformaciones. Las que aún viven han luchado sin descanso para que se juzgue a los responsables de uno de los casos farmacéuticos más escandalosos en muchas décadas. En él se mezcla la negligencia de las autoridades sanitarias españolas de la época con la avaricia de un laboratorio alemán, que no tuvo reparos en ocultar a los médicos los terribles efectos secundarios de un fármaco en cuyo prospecto lo único que se advertía era que podía provocar un leve estreñimiento.


Cuando en 1961 y después de la denuncia de algunos médicos el gobierno decidió retirar de la circulación y prohibir el peligroso medicamento, al igual que hicieron otros países de todo el mundo, el daño ya estaba hecho pero nadie pagó entonces por él. No ocurrió lo mismo en Alemania, en donde fue la propia farmacéutica la que aceptó ofrecer una pensión vitalicia a los afectados que estos cobran desde hace más de 40 años.

Pero España era y es diferente y, de hecho – según denuncian los afectados –, la talidomida siguió dispensándose en España al menos hasta 1965 a pesar de su prohibición mundial. Mientras, la empresa alemana ha ofrecido unos ofensivos 120.000 euros para todos los afectados de nuestro país, eso sí, después de pedir muchas disculpas por lo ocurrido y decir que lo lamenta en el alma. No fue hasta 2010, y no sin miles de dificultades y pegas de todo tipo, cuando el Gobierno español se avino a reconocer a unas 200 víctimas de la talidomida, aquellas para las que se había establecido una relación causa – efecto entre el consumo del fármaco y sus malformaciones.

La empresa se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados de un juzgado madrileño gracias a los esfuerzos de las víctimas y su decidido empeño de reclamar justicia aunque sea más de medio siglo después de ocurridos los hechos. Le exigen más de 200 millones de euros en indemnización por los daños psicológicos, físicos y morales que llevan tantos años padeciendo y que les acompañarán lo que les resta de vida.

A expensas de lo que sentencie la jueza, el caso de la talidomida nos recuerda una vez más lo que vale nuestra salud para las grandes corporaciones farmacéuticas y la desidia cómplice de las autoridades a las que se les supone atentas y vigilantes para que los pacientes no se conviertan en cobayas al servicio de grandes intereses privados. Conviene no olvidarlo ahora que para el Gobierno la mejor manera de garantizar la calidad de la sanidad pública es regalársela al sector privado.

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