Francisco, año primero

Mañana hará un año desde que el argentino Jorge Bergoglio entró como cardenal en un cónclave vaticano de intenso regusto medieval y salió de él proclamado papa. Se asomó al balcón de la basílica de San Pedro y, en lugar de impartir la bendición urbi et orbi, pidió a los congregados que rezaran por él. Se permitió incluso bromear sobre su procedencia lejana en lo que podría interpretarse incluso como un suave tirón de orejas a una curia vaticana endogámica que llevaba siglos eligiendo papas italianos o de países cercanos. Se autobautizó como Francisco en recuerdo del santo de Asís y esa fue su primera declaración de intenciones. Tanto su elección como su talante sorprendieron entonces a creyentes y a no creyentes pero pusieron también en guardia a los sectores más conservadores de la Iglesia católica. 

En doce meses, el papa Francisco ha puesto patas arriba la doctrina tradicional del catolicismo en asuntos como las causas de la crisis económica, la inmigración, el papel de la mujer en la Iglesia, el divorcio o la teología de la liberación anatemizada por sus antecesores. Se ha permitido también intervenir en el santa santorum de las cuentas del Vaticano, un terreno que hasta ahora también parecía inmune e indiferente por completo al nombre de quien ocupara la silla de San Pedro. Sin embargo, en otras cuestiones no menos importantes como los gravísimos escándalos de pederastia en el seno de la Iglesia se ha mostrado mucho menos locuaz y “revolucionario”. Puede ser que comparta la posición de buena parte de la curia sobre este escabroso asunto, partidaria de tapar los abusos y correr un tupido velo sobre ellos, o puede ser que prefiere ir con mucho tiento en una cuestión tan delicada. El tiempo lo dirá.

Sin entrar a debatir ahora la escasa vigencia en los tiempos actuales de una institución de oscuros orígenes medievales como el papado, ni creyentes católicos ni no creyentes han podido permanecer indiferentes ante la novedosa figura de un papa que, además de expresar en voz alta lo mismo que millones de personas en el mundo, por primera vez no parece un ser caído del cielo: concede entrevistas a los medios de comunicación, elude los coches oficiales y blindados y no se detiene en detalles de coquetería como el color de las zapatillas. 

Ahora bien, el complejo mundo con el que el papa Francisco tiene que lidiar vive a velocidad de vértigo y está ya poco acostumbrado a esperar demasiado para que las promesas y las buenas intenciones se conviertan en realidad. Después de un año refrescando el viciado ambiente en el que se encontraba inmersa la Iglesia católica, el papa Francisco debería empezar a pasar a los hechos concretos. Al menos en aquellos ámbitos en los que posee capacidad de decisión si no absoluta si al menos muy amplia. Que la resistencia de la vieja guardia es enconada nadie lo duda pero corre el riesgo si no lo hace de defraudar a sus fieles y a quienes, sin serlo, también ven en él a un líder moral de proyección global que puede contribuir a avanzar hacia un mundo algo mejor. 

Los escándalos de pederastia, las sanciones que aún pesan sobre los teólogos de la liberación, el aborto, el divorcio o el papel de la mujer en puestos eclesiásticos de responsabilidad son cuestiones que requieren no sólo intenciones sino sobre todo definición y acciones. Sin duda, nadie mejor que el propio papa Francisco debe conocer el significado del famoso versículo 7:15-20 del Evangelio según San Mateo: “Por sus obras los conoceréis”.

Diez años y una obsesión

Poco cabe añadir a lo que se ha dicho y escrito en los últimos días a propósito de la conmemoración de los diez años transcurridos desde los atentados del 11M en Madrid, más allá de expresar el máximo respeto y solidaridad para con los familiares de las víctimas mortales y para con los heridos en aquella masacre. Sin embargo, por terrible que resulte, una década después de la matanza en los trenes de cercanías hay aún sectores sociales y políticos de este país que no tienen reparos en continuar alimentando la teoría de la conspiración para explicar la autoría de los atentados.

Lo hemos comprobado en los últimos días en determinados artículos de opinión en algunos de los medios que dieron pábulo a esa descabellada teoría desde el minuto uno de la tragedia y que, aún hoy, parecen seguir con credulidad digna de mejor causa líderes políticos como María Dolores de Cospedal. En una estudiada posición de ambigüedad, la número dos del PP vino a decir un día antes de celebrarse este nuevo aniversario de los atentados que nunca se puede cerrar la puerta a “nuevos datos” que permitan esclarecer lo ocurrido.

Es admirable la falta de respeto que algunos dirigentes políticos muestran ante las decisiones judiciales adversas a sus intereses para centrarse en los hechos y en las pruebas y la facilidad con la que aplauden en cambio cuando les son favorables. Un proceso judicial y una vista oral desarrolladas con todas las garantías procesales para los acusados y una sentencia condenatoria ejemplar no son para estos sectores y dirigentes políticos argumentos suficientes para hacerles desistir de la idea de que, detrás de los atentados, maniobró una mano negra aliada con ETA que conspiró para torcer el resultado de las urnas y arrebatarle al Gobierno saliente el triunfo que ya daba por descontado.

Aquel mismo día, fruto de la torpeza de un Ejecutivo empeñado en ocultar la realidad a los ciudadanos para que los hechos no le pasaran factura en las elecciones, nació la teoría de la conspiración. La alimentó el propio Gobierno en sus inicios y la ha venido apoyando sin muchos escrúpulos durante todos estos años el PP y otros sectores de la derecha española cuando el testigo pasó a los medios de comunicación que la siguen sosteniendo. Hasta hoy mismo, sin ir más lejos, aunque afortunadamente con fuerza muy decreciente y esperemos que terminal.

Así, la instrucción del caso, la evaluación de las pruebas y la vista oral tuvieron que desarrollarse en medio de un clima enrarecido, sembrado de bulos malintencionados y de una inusitada presión mediática sobre el tribunal que, a pesar de todo, dictó una sentencia que nadie ha podido rebatir por mucho que lo hayan intentado y lo sigan intentando aún.

Y en medio las víctimas y sus familiares, a las que no ha habido reparo en utilizar políticamente durante todos estos años e incluso en clasificarlas en función de si comulgaban más o menos con ruedas de molino y, según ese criterio, atenderlas mejor o peor, como si creer más o menos en la conspiración fuera aval y requisito imprescindible para recibir el trato que cualquier víctima de una tragedia de aquellas dimensiones requiere y merece.

Ignoro si es un problema congénito de la sociedad española pero lo cierto es que, diez años después de los atentados, no puede seguir el país abierto en canal cada vez que llegan estas fechas porque algunos sectores políticos continúen resistiéndose a aceptar los hechos tal y como fueron y se juzgaron y no como tal vez les hubiera gustado que fueran. El primer paso para acabar con esa obsesión que dura ya una década lo han dado las asociaciones de víctimas que en esta ocasión y por primera vez han conmemorado conjuntamente el aniversario, aunque sus respectivos planteamientos sigan estando distantes. Sería muy saludable para la vida de este país que quienes aún se empeñan en propalar dudas sobre lo ocurrido una fría y trágica mañana de marzo de 2004 en Madrid siguieran su ejemplo.

¡Resiste, Luis!

A Luis Bárcenas no le gusta la cárcel. No se lo reprochemos porque, yo al menos, no conozco a nadie que le guste. Desde que está entre rejas vive el hombre sin vivir en él, aislado del mundo y sin poder hacer la vida a la que estaba acostumbrado. Ya no viaja a Suiza a hacer ingresos bancarios y su amor por el esquí lo tiene aparcado quién sabe por cuánto tiempo. Tampoco tiene ya mando en plaza en Génova, 13, no recibe a empresarios con abultados sobres en el maletín ni los reparte personalmente a sus jefes y compañeros políticos. 

Su situación empieza a ser tan desesperada que hasta la economía doméstica se ha resentido y hace poco tuvo que pedirle al juez que le dejase mover algún dinerillo de sus cuentas para que su familia pudiera hacer la compra en el súper. Se ve que el finiquito en diferido de Cospedal se ha agotado más pronto de lo previsto y no hay más remedio que tirar de los ahorros, que no deben de ser muchos a pesar de una vida de trabajo honrado. Ante este dramático escenario  Bárcenas se ha armado de valor y ha escrito una carta de su puño y letra – para que no haya duda sobre la autoría – al juez Ruz. Le pide por cuarta vez que le permita irse a casa y le promete que será bueno, que no se fugará y que no destruirá pruebas sobre el trapicheo de los sobres. A cambio le ofrece más documentación, toda la que el juez quiera y necesite sobre la financiación irregular del PP. Está dispuesto incluso a presentarse mañana y tarde en el juzgado y si el juez así lo dispusiera no tendría inconveniente en acudir de madrugada también. 

Verdaderamente da lástima la situación personal de este hombre, tratado como un apestado por los suyos que ni siquiera se atreven desde hace tiempo a pronunciar su nombre en público, que no saben quién es cuando se les pregunta por él, que juran que nunca lo han visto y muchos menos que haya militado en su partido. Por eso es incomprensible la dureza del alma del juez que una tras otra ha denegado todas las peticiones de libertad de alguien de su probidad moral y ética. ¿Cómo puede el magistrado sospechar siquiera que, en cuanto pusiera los pies fuera de la prisión, Luis Bárcenas iba a tomar las de Villadiego y largarse de España dejando abandonada a su suerte a su desconsolada y desvalida familia? 

¿A dónde iba a ir? ¿En qué lugar del mundo se iba a ocultar este pobre de solemnidad, sin medios para escapar de la Justicia durante mucho tiempo? Pero sobre todo ¿cómo iba a hacerles un feo como ese a sus amigos del PP, con los que tantos buenos y provechosos ratos y experiencias he compartido durante todos los años en los que tuvo el honor de que se le encomendara la llave de la caja fuerte del partido? 

Y sobre la posibilidad de destrucción de pruebas, el jamás haría tal cosa. El juez sabe que Bárcenas siempre he mostrado la máxima disposición a colaborar con la Justicia y que, si hubiera querido, muchas de esas pruebas habrían sido destruidas hace mucho tiempo. Por tanto no debe demorar ni un minuto más la libertad de este honrado y ejemplar ciudadano que sufre injusta prisión mientras su familia pasa miserias y en el que nos miramos todos los españoles como en un espejo. ¡Resiste, Luis! y mientras el juez decide, reflexiona sobre aquello que dijo Gandhi: “los grilletes de oro son mucho peores que los de hierro”.     

Y Putin cogió su fusil

Envalentonado ante la inanidad de la UE y de EEUU, el zar del Kremlin está a punto de merendarse un buen bocado de la vecina Ucrania. Eso para empezar, porque nadie puede descartar que se quede con hambre y quiera más. En Ucrania, un gobierno corrupto aunque salido de las urnas es desplazado del poder por una revolución popular que pide cambios y, sobre todo, mucha más proximidad a la Unión Europea y mucha menos a Rusia. El presidente del gobierno toma las de Villadiego cuando se ve perdido e incluso con su vida en serio riesgo. Luego reaparece en la vecina Rusia bajo la protección y las bendiciones del nuevo zar de Moscú. Atrás ha dejado un reguero de muertes de confusa autoría y un país al borde de la guerra civil. 

Las calles de Kiev se pueblan de ultranacionalistas neonazis que imponen su ley a sangre y fuego mientras un extraño gobierno provisional deambula sin rumbo ni programa definido pidiendo apoyos a su causa. Aprovechando el río revuelto de la situación, Putin empieza a mover hábilmente sus hilos y lo hace allí en donde sabe que su megalomanía imperialista encontrará más apoyos: Crimea. En esa península de fuerte componente proruso (60% de la población) empiezan a producirse inquietantes movimientos militares que no se sabe a ciencia cierta si son del ejército ruso, de paramilitares prorusos o de ambos. Probablemente lo tercero pero para el caso es lo mismo. 

Lo cierto es que poco a poco se van haciendo con el control de la región y arrinconando al ejército ucranio, pequeño y con material de desguace procedente de la era soviética. La chispa parece a punto de saltar por momentos mientras presidentes de gobierno y jefes de Estado, ministros de exteriores y altos representantes van de acá para allá, celebran reuniones urgentes, hacen serias advertencias al zar y quedan en volver a reunirse con urgencia. Pero el primer paso se ha dado ya, nadie lo ha parado, y el segundo no tarda en llegar: el parlamento regional de Crimea aprueba su anexión a Rusia y convoca un referéndum sobre la marcha cuyo resultado está cantado de antemano: quienes osen pedir el voto en contra de la anexión y a favor de la integridad de las fronteras de Ucrania, caso de los tártaros o los propios ucranios, lo pueden pasar muy mal. 

En ese inestable punto está la situación en estos momentos, pendiente solo de que la fuerza de los hechos y no del derecho consume y culmine la estrategia rusa. Probablemente no necesitará Putin disparar ni un solo tiro habida cuenta la escasa entidad de las advertencias de eso que algunos se siguen empeñando en llamar “comunidad internacional”, como si tal cosa no fuera una mera entelequia. Sobre la debilidad de la ONU mejor corramos un tupido velo y sobre el timorato Obama lo más que se puede decir es que lleva días colgado del teléfono para convencer al zar de que deje las manos quietas. El resultado de sus esfuerzos está a la vista: cero. 

Lo mismo ocurre con la presunta Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad – es evidente que el nombre del cargo y el cargo mismo le quedan demasiado grandes a la señora Ashton – que a lo más que ha llegado es a ofrecerle 11.000 millones de euros a ese extraño gobierno provisional de Ucrania como si fuera eso precisamente lo que más necesita en estos momentos. De imponer sanciones serias y contundentes a Rusia sólo vaguedades que no llevan a ninguna parte mientras, desde Moscú, el zar amenaza con hundir el dólar y con cerrarle el grifo del gas a Ucrania y, de paso, a media Europa. 

Con estos actores el desenlace del guión parece bastante claro: el zar se quedará con Crimea después de pasarse todo el derecho internacional por el arco del triunfo mientras Obama y la UE, más pendientes de sus cuitas internas que de esta flagrante violación de fronteras, esconden la cabeza bajo el ala.

Toma el dinero y corre (a África)

No ganamos para disgustos. Con la tasa de paro más alta de España a un sector del empresariado canario no se le ocurrió hace unos meses otra cosa que proponerle al comisario europeo Joaquín Almunia que permitiera que una parte de los beneficios de la Reserva de Inversiones pueda materializarse en África. Almunia, seguramente cogido con el pie cambiado, no dijo ni sí, ni no, ni todo lo contrario, salvo que lo estudiaría. Fue suficiente para que el presidente de la patronal de Las Palmas proclamara a los cuatro vientos que el número dos de la Comisión Europea “ve con buenos ojos” que parte del dinero que se ahorran en impuestos los empresarios de las Islas a cambio de reinvertirlo en ellas se vaya al continente vecino. 

Y estalló la polémica y el debate: el Gobierno de Canarias rechazó de plano la posibilidad, la casi totalidad de los partidos políticos y otros sectores empresariales canarios también y la reacción de los sindicatos ya se la pueden imaginar. Todos recordaron algo que se caía por su propio peso: que la Reserva para Inversiones, uno de los instrumentos más potentes del Régimen Económico y Fiscal de las Islas, fue diseñada pensando en que lo que deja de percibir la Hacienda Pública vía impuestos se destine a la generación de riqueza y empleo en Canarias. Destinarla a inversiones en África, en el hipotético y dudoso caso de que Hacienda y Bruselas lo admitieran, sería simple y llanamente desnaturalizarla y tal vez abocarla a su desaparición. La polémica pasó y cuando suponíamos que a nadie se le iba a ocurrir ponerla de nuevo sobre la mesa, va el PP de Canarias y lo hace. 

Lo hizo hace unos días su secretario en Canarias, Asier Antona. Asegura que permitirles a los empresarios canarios que inviertan entre el 30 y el 40% de la dotación de la RIC en África “haría más atractivo este instrumento”. Cabe pensar que el señor Antona ve poco atractivo que un empresario canario pueda evitarse pagar a Hacienda por sus beneficios a cambio de reinvertir lo no pagado en su tierra generando riqueza y empleo en ella. Habría que preguntarle a un empresario madrileño, vasco o catalán si verían poco atractiva la posibilidad que tienen sus colegas de Canarias.

En realidad, la propuesta del PP no hace sino respaldar y poner de relieve el escaso patriotismo – llámenlo amor por su tierra, si quieren - de un cierto sector del empresariado canario que llora permanentemente por las esquinas clamando por subvenciones y privilegios de todo tipo pero que no muestra el más mínimo reparo en llevarse sus beneficios a otro lado aunque en su tierra se sufra la mayor tasa de paro de España. Para que las empresas canarias se internacionalicen y exporten sus productos al exterior ya existe la Deducción por Inversiones con beneficios fiscales mucho más potentes en las islas que los del resto del territorio nacional y que evitan la deslocalización de las empresas, de manera que los descuentos fiscales reviertan en Canarias.

Al PP ese instrumento no le parece suficientemente atractivo y apuesta por una fórmula que abre incluso la puerta a que grandes empresas de la Península usen Canarias como mero puente para aprovechar las ventajas de la RIC en África pero sin apenas crear riqueza en las islas. Sin contar con las dificultades que tendría España para controlar la legalidad de esas inversiones en países en donde la hacienda pública deja mucho que desear.

Es cierto que la RIC es un opaco instrumento generador de reiterados conflictos entre Hacienda y los empresarios y que los millones que se han acumulado en ella no parecen haber contribuido demasiado a rebajar las cifras de paro en Canarias a pesar de la machacona insistencia con la que se ha pedido que se amplíen las posibilidades de reinvertirlos en diferentes sectores de la actividad económica de las Islas. Sin embargo, de cómo resolver esas deficiencias no habla la propuesta del PP ni de cómo hacer que realmente la RIC genere riqueza y empleo en Canarias que es en donde se obtienen los beneficios no tributados a Hacienda, no en África.

Aunque es sabido que que el dinero no conoce de fronteras ni de patrias ni de sensibilidad alguna con los problemas sociales, esta iniciativa va demasiado lejos y constituye incluso una falta de respeto a los más de 300.000 parados que hay en Canarias y a los ciudadanos que pagan sus impuestos en este país.

Historia de un recurso o cómo hacer un pan como unas tortas

Mientras los gobiernos canario y central negociaban sus diferencias sobre la ley turística de las islas, el ministro del ramo, José Manuel Soria, amagaba un fin de semana tras otro con llevar la norma al Tribunal Constitucional. Con esa presión sobre sus cabezas negociaban los representantes de ambos gobiernos, cada día más convencidos de que pasara lo que pasara la ley acabaría en el Alto Tribunal. Así, a medida que se acercaba el final del plazo que ambas administraciones se habían dado para evitar la judicialización de esa ley, resultaba cada vez más evidente que el recurso no sería tanto el fruto de una abnegada defensa de los principios constitucionales o las directivas comunitarias, sino una manera de ponerle un buen palo en las ruedas a la necesidad de modernizar la planta alojativa más obsoleta.

En ese objetivo contó el ministro con la inestimable colaboración del cabildo de Gran Canaria que, presto a seguir la estrategia de su jefe de filas, intentó derivar el contencioso hacia el manido terreno del pleito insular. No le fueron a la saga los empresarios grancanarios, los turísticos entre ellos, que también clamaban por el recurso si la ley no se adaptaba a sus demandas. Sin que acabara el plazo para la negociación y justo una semana después de que el Gobierno canario anunciara que pediría autorización para celebrar una consulta sobre las prospecciones petrolíferas, llegó la réplica de Soria: habrá recurso de inconstitucionalidad.

Hecho el anuncio que muchos daban por seguro desde hacia tiempo, el Consejo de Ministros lo estudió y autorizó y apenas tres días más tarde se presentó en el Constitucional. Las prisas y las carreras de última hora debieron de ser la causa de que, en el escrito ante el Constitucional, la Abogacía del Estado cometiera el histórico error garrafal que expertos constitucionalistas y en derecho urbanístico coinciden en apuntar. Porque seguramente esta es la primera vez en la que un Gobierno pide en un recurso de inconstitucionalidad justo lo contrario de lo que buscaba. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido, porque al solicitar expresamente que se suspenda la aplicación de los preceptos de la ley que permiten la construcción de hoteles y apartamentos de cinco estrellas, los únicos que no están vinculados a la renovación de la planta alojativa, lo que ha hecho es blindar que todo lo que se construya tendrá que partir de la rehabilitación. Es lo que se llama popularmente hacer un pan como unas tortas.

La primera interpretación que del recurso hizo el ministerio de Turismo aseguraba que, una vez admitido a trámite el escrito, se abría la puerta a la construcción de todo tipo de establecimientos turísticos en suelo calificado para ese uso. Dos días después, esa interpretación empezó a agrietarse y el propio Ministerio reconoció que no sabía qué efectos tendría el recurso y, lo que es más asombroso, anunció que el Gobierno “se reuniría con los servicios jurídicos del Tribunal Constitucional y la Abogacía del Estado” para aclararles que “el espíritu del recurso” es que se puedan levantar hoteles de cualquier categoría sin vinculación con la rehabilitación.

En otras palabras: “señores magistrados del Constitucional, disculpen, patinamos y lo que queríamos decir con el recurso no es lo que dice el recurso; sean buenos y comprensivos y no tengan en cuenta la letra del escrito sino el espíritu que la inspira”. Claro que, mientras los magistrados del Constitucional deciden si se atienen a la letra o toman en consideración las “aclaraciones sobre el espíritu” de la misma, los inversores empiezan a guardar el dinero en la caja fuerte y a paralizar las inversiones previstas. Es lo que se llama incertidumbre e inseguridad jurídica, los dos principales enemigos de cualquier inversión capitalista. Los empresarios turísticos que antes querían recurso ahora lloran sobre la leche derramada y los que se oponían a judicializar la ley le exigen al Gobierno que retire tamaña chapuza ante la espantada de los inversores. ¿Cómo arreglará ahora Soria el desaguisado?  Continuará…

Montoro tiene un problema

Al ministro Montoro le ha caído hoy la del pulpo y un marrón del que aún no se sabe muy bien cómo saldrá: podría tener que devolver unos 13.000 millones de euros que le pueden hacer un boquete de considerables dimensiones en las cuentas públicas y a los ciudadanos uno más grande aún en nuestros bolsillos. Dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el llamado “céntimo sanitario” que se aplica en España desde 2002, cuando gobernaba Aznar y España iba bien, es una suerte de aberración fiscal. Dice también que se ha venido aplicado de mala fe porque en reiteradas ocasiones Bruselas había advertido al Gobierno español de que el impuesto de marras vulneraba el derecho comunitario y hasta le abrió un expediente a nuestro país por ese motivo. 

Como quien oye llover, España lo siguió aplicando hasta el año pasado cuando, atisbando el revés judicial que se avecinaba, lo incluyó en los impuestos sobre hidrocarburos, algo que debió de haber hecho desde un primer momento. Primero fue la administración central la que lo aplicó y después, con la llegada de la crisis, se fueron animando las comunidades autónomas de todos los signos políticos con el visto bueno del Gobierno central. Sólo cuatro, entre ellas Canarias por su régimen fiscal diferenciado, no sucumbieron a la tentación de obtener unos millones de recaudación extra a costa del bolsillo de los consumidores con la excusa de destinarlos a costear la sanidad pública, algo que está por ver si hacían o no.

Esa es la parte que el Tribunal rechaza: no se puede establecer un impuesto sobre los hidrocarburos si su recaudación no guarda alguna relación específica con ellos. Lo cierto es que no faltan argumentos en contra y a favor de que se cobre un impuesto sobre los combustibles para destinarlo a financiar un servicio público como la sanidad. Los que lo rechazan coinciden con la sentencia conocida hoy y consideran injusto que transportistas o taxistas tengan que contribuir en mayor cuantía que otros ciudadanos al sostenimiento de servicios públicos como el de la sanidad. 

Los que lo apoyan subrayan, por ejemplo, que contribuye a que todos los ciudadanos podamos disfrutar, con el permiso de Ana Mato, de una sanidad pública de calidad. Y añaden que la polución o los accidentes de tráfico también generan importantes gastos en los servicios sanitarios. 

En cualquier caso, la sentencia es firme y obliga expresamente a España a devolver el dinero indebidamente recaudado con este sistema, unos 13.000 millones de euros. Es ahí en donde empieza ahora el problema. Las comunidades autónomas ya hablan de pasarle la factura a Montoro y el ministro minimiza los daños y asegura que no será tanto, como mucho unos 4.000 millones. Ya veremos cuánto es porque hay que tener en cuenta que un impuesto indebidamente cobrado prescribe a los cuatro años y, sobre todo, que Hacienda seguramente pedirá hasta el certificado de buena conducta a quienes osen solicitar que se les devuelva el dinero sisado con el famoso céntimo sanitario.

Es verdad que Montoro tiene un problema pero, como tenga que devolver los 13.000 millones de euros, los españoles vamos a tener más de uno.

Los mercados bien, gracias

Soy Rajoy, el que esta mañana se presentó en el Congreso y mandó a parar la crisis: se acabó, no más crisis, lo peor ha pasado. Y todo gracias a mí, aunque en mi natural modestia me esté mal decirlo. Toca ahora crecer, ya somos un país en el que se puede confiar, en el que los inversores invierten a manos llenas y al que las grandes agencias de calificación le suben la nota de la fiabilidad. Ya podemos cantar victoria, ya no vemos una débil y parpadeante luz al final del túnel. Ahora lo que vemos es una luz cegadora y llena de esperanza que nos guiará por la senda de la recuperación definitiva hasta la victoria (electoral) final. Las cifras macroeconómicas son espectaculares, se nos empieza a considerar “la segunda Alemania” y eso son palabras más que mayores. 

Nuestras reformas funcionan y dan resultados, a la vista están. Eso no quita para que mantengamos el pulso, la hoja de ruta, porque aún queda mucho por hacer para que este país haga honor de verdad a la marca España. Y lo haremos, no les quepa la menor duda. Cogimos un país endeudado y al borde del rescate y lo hemos puesto de nuevo en pie. Hoy nos aplauden los grandes inversores, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que son los que saben. Es verdad que aún nos piden más esfuerzos, reformas y recortes. En eso estamos, porque necesitamos consolidar este extraordinario milagro de sacar al país de su peor crisis y hacerlo en solo dos años, casualmente los que yo llevó al frente del Gobierno que Dios y los electores guarden mucho tiempo.

Y para que vean que aprecio los sacrificios de los españoles, me voy a permitir dos pequeños regalos, nada importante ni ostentoso. Voy a permitir que las empresas que empleen nuevos trabajadores con contrato fijo puedan disfrutar de una tarifa plana de 100 euros en la Seguridad Social. Puede que esto anime a muchas empresas a despedir a sus actuales trabajadores y contratar otros nuevos para ahorrarse unos euros en la Seguridad Social, pero a mí me maquillan de lo lindo las cifras del paro. Puede también que se me descuadre aún más la caja de la Seguridad Social pero ya se le ocurrirá algo a Fátima para solucionarlo. 

También me voy a permitir un pequeño regalo fiscal ahora que tengo algunas urgencias electorales: el mínimo exento de pagar el IRPF subirá a 12.000 euros, lo que seguro alegrará a unos 12 millones de españoles. Es verdad que cuando subí los impuestos después de prometer que los bajaría le apliqué la subida a todo el mundo y ahora la rebaja sólo beneficiará a una parte de los damnificados y dejará la presión fiscal por encima del nivel en el que la encontré cuando llegué a La Moncloa. Espero al menos que los que se van a beneficiar aprecien el gesto y me tengan presente en sus oraciones y, sobre todo, en las urnas. Con eso me conformo.

Me reprocha la insaciable oposición que he ocultado que tenemos un millón de parados más desde que estoy en La Moncloa y escamoteo la caída continua de la población activa, que la reforma laboral ha sido la herramienta perfecta para la destrucción de empleo, que he abaratado los salarios, me he cargado la clase media y ni siquiera he mencionado el fracaso clamoroso de la reforma eléctrica o que los bancos siguen guardando el crédito bajo siete llaves después de todo el dinero público que hemos metido en ellos. 

Me critican que no haya aludido a que España es el segundo país con más desigualdades sociales de la Unión Europea, que crezca la pobreza y la exclusión social, que la corrupción campe a sus anchas en mi propio partido y que mis ministros de Educación, Sanidad o Justicia trabajen con prisa y sin pausa para demoler la educación y la sanidad pública, cargarse el consenso social sobre el aborto y poner barreras económicas para acceder a la Justicia.

La verdad, creo que todo es falso salvo algunas cosas que están ahí. Aunque, en realidad, yo de esos asuntos no entiendo y por tanto no opino, así que se las dejo a mis ministros en los que confío plenamente. A mí lo que me ponen son Merkel y las grandes cifras macroeconómicas y por eso hoy puedo lanzar un mensaje claro y contundente de esperanza a la sociedad española: los mercados bien, gracias.     

Marruecos tiene la culpa

La portavoz del PP canario ha encontrado la perfecta explicación para justificar el apoyo inamovible de su partido en las Islas y el de su jefe de filas, José Manuel Soria, a las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Para María Australia Navarro, la razón no es otra que el hecho de que Marruecos también lo está buscando y – cabe concluir – si lo encuentra antes que nosotros se beneficiará de él y los canarios habremos perdido una oportunidad histórica de amarrar los perros bardinos con los chorizos de Teror que nos prometió hace unos meses el presidente de REPSOL.

La portavoz popular ignora el parecer de los geólogos quienes aseguran que, de existir petróleo en esas aguas, se acumularía en bolsas diferentes. También pasa por alto que, hasta ahora al menos, los intentos de Marruecos para encontrar crudo en sus aguas han resultado infructuosos y que el propio ministro Soria – travestido en los últimos tiempos de portavoz de REPSOL - ha reconocido que las posibilidades de encontrarlo en aguas canarias es del 20%. Estos argumentos no parecen tener suficiente peso para que el PP canario reconsidere su obsesiva pasión petrolera digna de un fin mucho más elevado que el de hacer oposición al Gobierno de Canarias y desdeñar el parecer de la mayoría de la población de las islas a la que, encima, se le piensa negar la posibilidad de pronunciarse en referéndum sobre este asunto.

Así que, en la línea de sostenella y no enmendalla, Navarro ha intentando explicar de este modo tan poco convincente las razones por las que su partido - suponemos que es el mismo - hace piña con el resto de la sociedad en Baleares y Valencia contra los sondeos, mientras en Canarias es la única fuerza política que los apoya sin plantearse la más mínima duda sobre los efectos de un vertido en el turismo, el medio ambiente y el abastecimiento de agua potabilizada. Sostener y defender que hay que hacer prospecciones en Canarias porque el vecino de enfrente también las hace y no pararse ni por un momento a considerar el riesgo para la principal fuente de riqueza de este archipiélago y para su población es cuanto menos irresponsable, por no decir suicida.

Todo hace indicar que las multitudinarias manifestaciones del fin de semana en Baleares y Castellón contra las prospecciones en el Mediterráneo, apoyadas en ambos casos por el PP, han vuelto a coger a los populares canarios con el pie cambiado. Aunque si algo debe de haber descalabrado por completo la línea de flotación del argumentario del PP canario son las declaraciones de nada más y nada menos que el responsable de Estudios y Programas del partido. Vino a decir Esteban González Pons, hombre de mucho peso en la dirección nacional del PP, que probablemente haya petróleo en el Golfo de Valencia. Sin embargo, a diferencia de la insistencia con la que sus correligionarios de Canarias reiteran que hay que saber por lo menos si hay petróleo en aguas de estas islas, González Pons ni siquiera desea confirmar la sospecha porque si efectivamente se descubre crudo en esa zona del Mediterráneo alguien querrá explotarlo y entonces “adiós al turismo”. 

Según esa vara de medir, cabe concluir que sólo en el Golfo de Valencia hay riesgo de vertidos y, por tanto, hay que parar las prospecciones como sea y salvaguardar el turismo y el medio ambiente. La misma curiosa vara de medir de los populares establece al mismo tiempo que en Canarias los sondeos son una actividad sanísima y exenta de riesgos de cualquier tipo para nuestro principal sector económico, para el rico ecosistema marino y para el abastecimiento de agua de la población. Eso sí, si se produjera un vertido – Dios no lo quiera – siempre tendríamos a mano a Marruecos para echarle la culpa.

Kit dijo no (lo sé)

Un monumento con una calculadora en la mano merece como poco el periodista que a buen seguro tuvo que dedicar gran parte de la tarde de ayer a contar los “no lo sé”, “no lo recuerdo”, “no lo sabía”, “no tengo conocimiento” y “no me consta” que pronunció la infanta en su histórica declaración del pasado día 8 ante el juez Castro. En total 550 evasivas a preguntas claras y directas del juez, de las que cuatrocientas fueron “no lo sé”, que colocan a toda una alta ejecutiva de una señera entidad financiera de mucho ringo rango a la misma altura que la mítica tonta del bote.

Tengo para mí que lo que sufrió la infanta el día de autos fue un violento ataque de amnesia que le impidió acordarse de nada que pudiera relacionarla con los negocios de su esposo, de los que por supuesto nunca habla con él en casa. De vulgaridades como el dinero sólo se habla en casa de quienes no lo tienen o les escasea, pero no en el domicilio de una familia modelo como la que forman ella, su marido, sus niños y demás parientes reales. 

Cristina no sabe qué es Aizoon, no sabe a qué se dedicaba, no presidió ninguna junta universal del chiringuito, no sabe quién entraba y salía en las oficinas de la empresa a la que su marido desviaba el dinero que le sacaba a las administraciones públicas a pesar de que, casualmente, estaban en su propio domicilio. ¿Aizoon, dice usted? Me suena a desodorante, señoría. 

Cristina no sabe nada de cuentas ni de impuestos, eso lo deja en manos de sus asesores en los que confía tanto como en su confiable esposo que por algo la llama Kit cuando no hablan de negocios, que es casi nunca. ¿Cómo no vas a confiar en alguien que te llama Kit? Y Nóos, señoría, me suena a chocolatina y ni idea de sí existía una empresa con ese nombre y si tenía alguna relación con el desodorante Aizoon. ¿Y dice usted que yo tenía el 50% del tal desodorante? Mejor le pregunta a mi marido porque yo tengo que confiar ciegamente en alguien que me llama Kit y, la verdad, no me acuerdo de nada. 

Cristina, como buena ama de casa y mamá responsable sólo se ocupaba “de los niños”, de sus deberes y sus médicos, pero “no recuerdo” haberle cargado a Aizoon la compra de unos simpáticos libros de Harry Potter o la nómina de un animador para el cumpleaños de uno de ellos. ¿Clases de merengue con cargo a Aizoon, dice? No me acuerdo y tampoco si las recibió mi marido. 

Y es que de “los gastos” se encargaba su marido, aunque Cristina tal vez quiso decir “de los ingresos”. Igual, en medio del ataque de amnesia que sufría confundió una cosa con la otra, algo muy comprensible. Tampoco sabía que su padre, por casualidad el rey, le había pedido a su esposo que se alejara de la caja pública porque ella, con su progenitor tampoco “habla de negocios” ¡qué grosería!. Eso sí, como buena y cumplidora hija le devolverá en cuanto la situación económica mejore y crezcan los brotes verdes que anuncia Rajoy el préstamo de 1,2 millones de euros -¿o donación? - que le hizo su padre para la compra de Pedralbes. 

-Ahora en serio, señora: ¿actuaba usted como una especie de escudo fiscal de su marido para espantar a Hacienda? 

-¡Pero qué dice usted, señoría! ¡Nunca hubiese aceptado que se me hubiera utilizado como escudo fiscal, nunca, no me consta y casi me ofende señoría! Y sepa, además, que aunque mi marido me llame Kit yo no me llamo Cristina y no soy infanta. ¡Habrase visto! ¡Hasta ahí podíamos llegar!

Venezuela se tensa

Venezuela está de nuevo en el ojo del huracán pero ahora con las tornas al menos algo cambiadas, con la oposición en las calles protestando por la inseguridad, la carestía y el desabastecimiento y el chavismo a la defensiva. La situación se está tornando explosiva, mientras aumenta por días el número de muertos en las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El presidente, que gobierna con plenos poderes por acuerdo de la Asamblea Nacional, toma la deriva de la radicalización y si hace solos unos días amenazó con sacar el ejército a la calle, eso es justamente lo que acaba de hacer en el Estado Táchira, en la frontera con Colombia. 

Allí ya patrullan las tanquetas de los militares intentando refrenar las protestas que se extienden como reguero de pólvora por todo el país. Maduro está en horas bajas y lo sabe. Su retórica grandilocuente para consumo del oficialismo más fiel, su cansino discurso contra Estados Unidos y el “golpe de Estado en curso”, parece encontrar dificultades hasta para convencer a los suyos que, como el resto de los ciudadanos, también sufren la escasez de productos básicos, las colas interminables ante los supermercados para obtener harina para las arepas y los precios desorbitados, con una inflación rondando el 60%, una de las más altas del mundo. 

Es cierto que la oposición está en la calle pero se adivinan grietas entre las formaciones políticas que la integran. Enrique Capriles, el último candidato opositor a Maduro ante el que perdió por un escaso margen de diferencia, ha cedido terreno ante Leopoldo López, que con su gesto perfectamente estudiado de entregarse a la policía por su presunta implicación en las manifestaciones que le costaron la vida a tres manifestantes, ha conseguido centrar sobre él todas las miradas de los venezolanos y de la comunidad internacional.

Y sobre todo, ha conseguido reactivar las esperanzas de la ciudadanía que no comulga con el chavismo representado a trancas y barrancas por su heredero designado Nicolás Maduro. Capriles ha pasado a representar un discurso reiterativo y poco eficaz frente al chavismo y López es la sabia nueva y una retórica reividincativa fresca que ha conseguido poner a Maduro en estado de guardia. Con mucho tiento y el máximo respeto tendrá la gubernamental justicia venezolana que gestionar su arresto si quiere evitar caldear aún más los ánimos entre sus seguidores. 

Lo que vaya a dar de sí y hasta dónde llegará esta revuelta en las calles venezolanas nadie puede preverlo. Lo deseable y, sin duda, lo mejor para evitar una deriva de consecuencias imprevisibles en Venezuela, sería el diálogo y el acuerdo entre gobierno y oposición. Es en realidad lo que demanda el país: acuerdo y colaboración para hacer frente a problemas como el de la gravísima inseguridad pública, los precios astronómicos y el desabastecimiento. Desde luego, no es sacando militares a las calles como se resuelven esos problemas ni como se respeta la libertad de expresión y la imprescindible separación de poderes. Frente a las protestas, diálogo y soluciones, nunca fuerza bruta. 

Consejos para tener cuenta en Suiza

Ya me hubiera gustado, ya. Pero no, yo no tengo una cuenta en Suiza, se pueden quedar tranquilos Montoro y Rajoy. Nunca he sido alcalde ni tan siquiera de mi casa y mucho menos he tenido un banco de inversiones, aunque ya me advirtió mi madre de que con el periodismo nunca podría ser una persona de provecho. Tendría que haberle hecho caso, pero ya es tarde. Lo mínimo que se exige para abrir una cuenta en Suiza y acumular en ella uno, dos o veintidós millones de euros – para empezar - es ser alcalde de algún pueblo como Valdemoro que, como todos saben, cae por donde Pinto. Claro que si se es tesorero del PP las posibilidades de que la cuenta o cuentas crezcan y engorden con salud son infinitamente mayores.

El proceso para tener una cuenta en Suiza es muy sencillo siempre y cuando se cumpla el principal requisito, además del de ser alcalde, senador, tesorero o empresario: tener dinero que queramos ocultar de la codiciosa vista del fisco. Si esa condición indispensable se cumple, solo es necesario darse un salto cualquier fin de semana al país del chocolate con leche con la excusa del esquí y abrir una cuenta en alguno de los numerosos chiringuitos financieros que allí hay. Por los trámites en la frontera no hay motivo de preocupación, basta con poner cara de tener el hígado forrado para que nos dejen entrar sin ponernos restricción alguna sobre la sagrada libre circulación de euros. Hecho el trámite regresa uno a España con cara de satisfacción y alivio, como el que se ha quitado un peso de encima, y continúa con su ejemplar vida pública de probo adalid del interés general. 

Entre viaje y viaje a Suiza mueve uno algunos hilos políticos para ascender en la pirámide del poder y en pocos años se puede pasar de alcalde de Valdemoro a secretario del partido gobernante en la comunidad autónoma de uno y, de ahí a consejero autonómico de algo sustancioso y con presupuesto que gastar, no hay más que un paso. Hacemos otro viaje a Suiza, movemos unos cuantos hilos más y damos el salto al Senado. La cosa va muy bien pero, como en la cámara alta no hay mucho que hacer, podemos dedicar una buena parte de nuestro tiempo a despotricar en las tertulias del tea party castizo contra esa izquierda menesterosa que llevaba a España por el camino de la ruina, y menos mal que hemos llegado nosotros para salvarla y etc., etc.

Sin un día – Dios no quiera que llegue nunca ese momento – un juez aburrido descubre en una investigación de rutina nuestro secreto suizo y se lo comunica a las autoridades de nuestro país, lo primero y más importante es reaccionar con absoluta normalidad. Como la presión mediática y política para que nos expliquemos será insoportable durante mucho tiempo, habrá que tener algunas respuestas preparadas y ensayadas de antemano. Lo primero es tener redactado un comunicado en el que dejemos bien claro que todo es mentira, “salvo algunas cosas que están ahí”, sin más precisiones.

Ni por la cabeza debe pasarnos dimitir: además de poner en cuestión nuestra inocencia le haríamos un daño irreparable a la marca España que, como es sabido en todo el mundo, tiene entre sus principales atractivos que este es un país en el que la Constitución y las leyes prohíben dimitir a un político pillado con las manos en la masa. Al mismo tiempo, si nos atracan los periodistas responderemos que siempre hemos pagado nuestros impuestos religiosamente y que el dinero suizo es fruto de nuestro abnegado y honrado trabajo en el sector privado.

No debemos nunca olvidar este mantra elemental, nos pregunten lo que nos pregunten los periodistas, los adversarios políticos, el fiscal o el juez, llegado el caso. En definitiva, todo se reduce a aplicar a rajatabla aquella sabia máxima del jefe de filas: ser fuerte y resistir. Ya ven que no es tan complicado tener cuenta en Suiza. ¡Cómo me arrepiento de no haberle hecho caso a mi madre!

El lobby del cemento

Menos de una semana después de que el Gobierno de Canarias anunciara su intención de pedir autorización al Ejecutivo central para celebrar una consulta popular sobre el petróleo, el ministro José Manuel Soria anunció que la Ley de Turismo de Canarias tendrá que pasar por el filtro del Tribunal Constitucional. Resulta difícil no ver una relación directa entre los dos anuncios: el ministro, cogido a contrapié por la inesperada petición del Gobierno de Canarias, respondió de inmediato con un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley que solo rechaza una parte del empresariado de Gran Canaria y su cabildo, gobernado casualmente por el PP, y que ha hecho lo imposible por presentar el asunto como un nuevo episodio del pleito insular. 

El anuncio del recurso se produce, además, cuando las negociaciones entre los dos gobiernos, el autonómico y el central, para evitar la judicialización de la norma aún no han concluido y cuando había indicios de que el acuerdo era posible. Soria ha preferido no darle una oportunidad a la negociación y ha optado por impulsar un recurso que puede abrir un escenario de máxima incertidumbre entre los inversores y congelar los cerca de 2.000 millones de euros que las principales entidades financieras del país se han comprometido a poner sobre la mesa para acometer la urgente rehabilitación de la planta alojativa canaria más obsoleta. 

De hecho, muchas de las inversiones ya en marcha pueden enfrentarse a una situación por completo imprevista si el Gobierno central, además de recurrir la ley, solicita también la suspensión cautelar de su aplicación. Por no hablar de la avalancha de peticiones de licencia para construir hoteles de cuatro estrellas que podrían presentarse al día siguiente de la suspensión. De modo que los argumentos esgrimidos por el ministro para justificar el recurso – facilitar la inversión que, a su juicio, la ley obstaculiza – pueden terminar volviéndose completamente en contra de ese objetivo. 

Afirma el ministro que la Ley de Turismo de Canarias es inconstitucional y vulnera la normativa comunitaria de liberalización de servicios. Ignora una vez más que la ley no impide construir nuevos hoteles de cuatro estrellas, como demandan los empresarios grancanarios y el cabildo de la Isla, siempre y cuando se vinculen a la renovación. Lo que sí prohíbe es consumir más suelo del que ya se ha destinado de manera desenfrenada a la construcción de  hoteles y apartamentos, como pretenden los empresarios bajo el argumento de que los establecimientos de cuatro estrellas tienen una fuerte demanda turística. 

Sin embargo, es precisamente ahora cuando descubren una relación entre las cuatro estrellas y el número de turistas – por lo demás discutible - y no cuando se volcaron en levantar complejos de apartamentos y bungalows, muchos de los cuales ofrecen una penosa imagen del destino turístico. La ley ni impide ni obstaculiza ni coarta la inversión, solo la orienta hacia un objetivo concreto y plausible: la rehabilitación de una planta hotelera que necesita remozarse desde hace años y que una vez tras otra se ha venido posponiendo. 

Seguramente, aquellos que si pudieran alicatarían las laderas y montañas de las islas con adefesios urbanísticos para atraer turistas estarán de enhorabuena con este recurso que, por otro lado, se veía venir desde hacía meses dado el entusiasmo con el que se han empleado contra la ley los empresarios amigos del cemento y el cabildo de Gran Canaria.

El propio Soria había amagado y presionado con el recurso desde el instante mismo en que ambos gobiernos se sentaron a una mesa para intentar salvar sus diferencias. El anuncio de que la ley irá al Constitucional demuestra que Soria nunca ha querido ni creído en ese acuerdo y que su objetivo ha sido siempre tumbar una norma que juega en contra de intereses económicos demasiado poderosos como para no ser tenidos en cuenta.

La culpa no es de los muertos

Con tantas versiones encontradas y modificadas sobre la marcha no es sencillo hacerse una idea cabal de las causas que acabaron con la vida de 15 inmigrantes que intentaban ganar a nado la ciudad de Ceuta. Sin embargo, la deplorable actuación del Ministerio del Interior y sus explicaciones contradictorias llevan a sospechar que oculta mucho más de lo que dice. Empezando por las grabaciones de las casi 40 cámaras de seguridad que recogieron el momento en el que los inmigrantes intentaron ganar la ciudad española nadando a través de la playa del Tarajal. A las peticiones de la oposición para que esas grabaciones se hagan públicas de manera íntegra ha respondido el Gobierno con una explicación cuanto menos pueril y poco creíble, que las cámaras no graban de forma permanente. 

Lo único que ha hecho público el Ministerio del Interior es una grabación editada en la que se muestra a los inmigrantes lanzando piedras contra los agentes de la Guardia Civil, excusa perfecta para intentar culparlos de todo lo ocurrido, incluidas las 15 muertes en el agua. Llama la atención que la fiscalía de Ceuta no moviera un dedo hasta ahora para solicitar unas grabaciones que pueden arrojar mucha luz sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, sobre las causas de la muerte de estos inmigrantes y, en consecuencia, ayudar a depurar posibles responsabilidades en lo ocurrido. Con las cintas en manos de la fiscalía el Gobierno tendrá ahora una coartada perfecta para no entregárselas a la oposición alegando que el asunto está bajo investigación judicial.

Que el Gobierno no ha dicho toda la verdad y ha intentado desviar la atención hacia los inmigrantes lo corroboran las versiones diametralmente opuestas que dieron al respecto el delegado del Ejecutivo en Ceuta y el director de la Guardia Civil, ambos aún en sus respectivos puestos a pesar de haber mentido de forma palmaria a la opinión pública. En donde aquellos aseguraron que la Guardia Civil no empleo material antidisturbios en el agua mientras los inmigrantes nadaban hacia Ceuta, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, vino a decir justo todo lo contrario en el Congreso de los Diputados. Eso sí, aseguró que se puso mucho cuidado en que las pelotas de goma que los agentes disparaban sobre el agua – algo expresamente prohibido - cayeran a varios metros de los inmigrantes. La causa por la que 15 de ellos se ahogaron no la explica el ministro quien, sin embargo, también admite que se dispararon incluso cartuchos de fogueo para disuadirlos. 

Todo hace suponer que las órdenes eran impedir a toda costa – incluso saltándose la normativa – que los inmigrantes entraran en Ceuta y que ni siquiera pisaran territorio español. Socorrerlos si estaban en apuros, atenderlos adecuadamente y aplicarles en su caso la Ley de Extranjería parece que no formaba parte de esas instrucciones. Porque, aunque el ministro no lo diga, la hipótesis más plausible es que el uso irregular de pelotas de goma y balas de fogueo en el agua asustó a los inmigrantes y provocó el ahogamiento de los que no sabían nadar. A todo ello añádase la devolución “en caliente” a Marruecos de aquellos que consiguieron ganar territorio español, algo que vienen denunciando las ONGs desde hace años y que Interior también niega a pesar de la existencia de imágenes que demuestran lo contrario. 

Con la Unión Europea presionando para que se aclaren los hechos – aunque tampoco está la pasiva Bruselas para muchas exigencias ante el fenómeno de la inmigración – no puede el ministro del Interior despachar este asunto con una explicación a todas luces incompleta. La vida de estos 15 inmigrantes no era menos valiosa que la de cualquier otro ciudadano por el hecho de jugársela en busca de un futuro mejor en Europa. Lo ocurrido en Ceuta exige asunción de responsabilidades políticas inmediatas y una investigación judicial a fondo que aclare lo sucedido. Y si con sus medios no puede España hacer frente a la presión de la inmigración debe cuanto antes recabar el apoyo de la Unión Europea y de Marruecos para atacar las causas del problema: la pobreza extrema en los países de procedencia de la inmigración y las mafias que sacan tajada de la desesperación. Intentar culpar a los muertos de su propia desgracia es además de inútil, cínico. 

Revuelto a la italiana

Para preparar esta sabrosa, olorosa y creativa receta se necesitan unos cuantos políticos de diferentes tendencias y distintos niveles de madurez y ambición. Lo primero que nos hace falta es un político al dente, vagamente de izquierdas pero de color más bien gris marengo y con aire de profesor despistado; vamos, alguien que no se lo crea y que por sí mismo no tenga la suficiente presencia como para convertirse por mucho tiempo en el centro de atracción de esta creativa composición culinario-política o político-culinaria, que tanto monta, monta tanto. 

Con mucho cuidado, procurando no dañar el frágil producto, lo colocamos de primer ministro del país sin necesidad de pasarlo por el baño de las urnas. Este es un paso opcional que se puede dar si hay tiempo y ganas pero que no desmerece en nada el resultado final si nos lo saltamos alegremente. Para darle un poco de volumen al plato lo situamos de pie en posición precaria en el centro y lo apuntalamos con mucho cuidando con la ayuda de unos cuantos políticos que habremos tenido macerando durante años en una espesa solución de vinagre rancio y que pocharemos a conciencia en su propio jugo hasta conseguir una salsa oscura, untuosa y olorosa. El vinagre de la marca “Berlusconi” es ideal para darle a la receta todo su sabor y aroma peculiares. Una vez hayamos conseguido el milagro de plantar a nuestro político en el centro de esta inestable arquitectura política, lo rodeamos de un buen número de otros de su misma o similar tendencia de modo que parezca que aspiran a derribarlo para ocupar su lugar de honor en el plato. 

Entre ellos, uno debe de sobresalir frente a los demás para hacer suficiente contrapeso ante los que habíamos macerado en vinagre y que poco a poco se irán marchitando por los ácidos del adobo. Este es el que al final debe quedar en pie. Un ligero rebozado en las urnas sería también ideal para conseguir una textura crujiente que contraste con la reducción de vinagre, aunque si no se dispone de mucho tiempo se puede colocar en crudo sin mayores complicaciones. 

Una vez hayamos culminado el emplatado, preparamos una sabrosa salsa en la que mezclaremos a partes más o menos iguales un sistema electoral del año de Maquiavelo, un déficit galopante, una deuda púbica de caballo, un paro acercándose al de España y una pizca de prima de riesgo bien caliente. Salpimentamos y mezclamos los ingredientes de forma concienzuda y rociamos con la mezcla nuestra composición que, seguramente, amenazará con venirse abajo apenas la movamos de sitio. Tenemos que conseguir mantenerla erguida hasta que llegue a la mesa, en donde la serviremos acompañada de un tinto peleón y cabezón, a ser posible de las mismas bodegas del vinagre para conseguir de este modo un maridaje perfecto. 

Lo más probable es que, si el comensal es una persona entrada en años y más bien partidaria de la pasta con tomate y el tiramisú, el penetrante olor del plato le produzca alguna que otra arcada y aparte de sí el condumio con un gesto de asco profundo. En el caso de que eso ocurra y de que nuestra inspirada creación se venga abajo como un castillo de naipes no debemos desesperar. 

Sólo hay que tirar el revuelto al cubo de la basura y volver a montarlo con los mismos pero renovados ingredientes y salsas. Comprobaremos que después de dos o tres intentos terminará comiéndoselo aunque se tape la nariz con los dedos y ponga cara de quien traga aceite de ricino. No se construyó Roma en un día ni la cocina creativa entra por los ojos a las primeras de cambio. Todo es cuestión de perseverar.

Celia da dos veces

Bronca, por momentos irascible y casi siempre lenguaraz, Celia Villalobos es la protagonista política de la semana. La vicepresidenta del Congreso y diputada del PP por Málaga acaba de protagonizar dos espectaculares cortes de manga políticos, uno a su siniestra y el otro a su diestra. En ella y en otros, que aunque no lo digan opinan lo mismo que ella, pensaba seguramente el PSOE cuando forzó que su proposición no de ley en la que pedía la retirada de la reforma del aborto se votara en secreto. Craso error: consiguió todo lo contrario de lo que pretendía. Los diputados populares, incluida Villalobos, votaron prietas las filas, arroparon a Ruiz - Gallardón y rechazaron la iniciativa por amplia mayoría. 

El perpetrador de la reforma sacaba después pecho en los pasillos del Congreso y se permitía incluso una buena dosis de magnanimidad al referirse a la oposición como las “minorías” cuyos planteamientos “hay que respetar”. El tiro le había salido por la culata al PSOE, que seguramente confiaba en pescar unas cuantas fugas de votos populares en el río revuelto en el que se ha convertido el PP a propósito de la reforma de marras. Fue un error de principiantes, insólito en un partido de las tablas parlamentarias del PSOE. Se lo debería hacer mirar para próximas ocasiones y sacar la lección de que cuando te empeñas en poner a alguien contra las cuerdas se puede terminar revolviendo contra ti y asestándote un duro revés de derechas, como ha sido el caso. 

Eso es precisamente lo que ha hecho Celia Villalobos. Después de negarse a traicionar en secreto a su partido ahora lo acaba de traicionar pero a cara descubierta al votar a favor de una propuesta de Izquierda Plural que también pedía la retirada de la reforma. Ha sido su segundo corte de mangas político de la semana, dirigido en esta ocasión al ala derecha del PP que incluso ve timorata la reforma y, de rebote, al propio PSOE. Claro que Villalobos no pasa de ser lo que podríamos llamar un verso suelto en el PP y que pocos más en su partido han tenido la valentía y los arrestos políticos que ha tenido ella para llevar tan lejos su discrepancia en un asunto de la trascendencia del aborto. Lo que no quiere decir que no haya más diputadas y diputados de su partido que opinen lo mismo pero que, sin embargo, teman quedar desenfocados en la foto de la gran familia popular si se atreven a decirlo en público y, sobre todo, a expresarlo en una votación parlamentaria. 

Ese es justamente uno de los grandes déficits democráticos de un sistema en el que la disciplina y la estrategia de los partidos políticos terminan casi siempre imponiéndose sobre la conciencia individual de sus miembros y representantes. Votar en conciencia por aquello en lo que se cree no debería de requerir de votaciones secretas ni de maniobras políticas en la oscuridad como las que esta semana se han producido en el Congreso de los Diputados. 

Por desgracia para la democracia, esas prácticas están absolutamente asumidas y normalizadas no sólo por las cúpulas de las fuerzas políticas que las imponen y vigilan que se cumplan sino, lo que es más grave, por unos representantes públicos para los que la disciplina de partido está casi siempre por encima de su conciencia y, sobre todo y lo que es aún peor, del parecer de los ciudadanos a los que representan y de los que emana su legitimidad. Si bien es cierto que Celia Villalobos ha demostrado esta semana que puede pensar y decidir por sí misma, también lo es que su ejemplo no es más que la famosa excepción que confirma la regla.

Con China hemos topado

De prisa y corriendo, con alevosía y nocturnidad, el PP acaba de perpetrar una drástica restricción en la justicia universal de este país y la ha dejado reducida a su mínima expresión. Se acabó eso de que los jueces españoles metan las narices en crímenes de lesa humanidad como los del Tibet o que investiguen los vuelos de la CÍA, el asesinato del cámara español José Couso en Irak por disparos de las tropas estadounidenses, que se interesen por la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental de la que han sido víctima ciudadanos con pasaporte español o que investiguen los genocidios en Guatamala y Ruanda. La lista es mucho más larga pero estos ejemplos son más que elocuentes.

“Esa justicia promete mucho y sólo nos crea conflictos diplomáticos”, dijo hace poco en unas esclarecedoras manifestaciones de cuáles eran los motivos de la reforma el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Así que lo mejor es ponerle coto y obligar a los jueces a que se ciñan a los crímenes cometidos por españoles o por residentes en nuestro país. Todos los demás que se las arreglen como puedan e imploren si lo desean a la justicia divina en la que todavía, gracias a Dios, el PP no puede aplicar recortes.

La aprobación de la reforma ha coincidido en el tiempo con el malestar chino a raíz de que un juez español dictara orden internacional de captura contra algunos altos ex dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin, por las matanzas en el Tibet. El Gobierno chino, amenazante, no escondió su malestar y raudo y veloz el PP aceleró los trámites para garantizar que las relaciones económicas con el gigante asiático o con Estados Unidos, sordo y mudo ante las peticiones de la Justicia española para que entregue a los responsables del asesinato de José Couso, no se vean afectadas.

Para evitar papeleo e informes preceptivos del Consejo de Estado no fue el Gobierno sino el propio PP el que presentó la Proposición de Ley en el Congreso sin debatirla ni consensuarla con nadie. No había tiempo que perder y, además, no es marca de la casa consensuar nada, que para eso los españoles le dieron carta blanca en las urnas. Ahora la acaba de aprobar en solitario en el Congreso – una más - y en medio de las críticas no sólo de toda la oposición, que ve en este hachazo a la justicia universal una clara reverencia oriental al Gobierno chino, sino de numerosas organizaciones no gubernamentales del prestigio de Amnistía Internacional.

Como quien oye llover, los populares han seguido adelante con una iniciativa que tiene claros visos de inconstitucionalidad por cuanto se pasa por el arco del triunfo los convenios internacionales de los que es signataria España y es además susceptible de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien es cierto que no es este el primer recorte que sufre la justicia universal en España: en 2009, con el PSOE en el Gobierno y con el apoyo del PP, ambos partidos no tuvieron inconveniente alguno en ponerse de acuerdo para asestarle un duro golpe tras el que ahora llega la estocada final.

Bien merece esta reforma que figure en el BOE con una leyenda explicativa de su objetivo último: que una causa justa no te estropee un buen negocio.

Votar no hace daño

La propuesta del Gobierno de Canarias para promover una consulta en la que los ciudadanos de las Islas se pronuncien sobre los sondeos petrolíferos en aguas cercanas al Archipiélago admite al menos tres análisis: el político, el jurídico y el democrático. Desde el punto de vista político, el anuncio le permite al Gobierno de Canarias recuperar la iniciativa en un asunto en el que ya sólo cabía esperar por la previsible autorización definitiva de los sondeos por parte del Ministerio de Medio Ambiente y por la respuesta del Tribunal Supremo ante los recursos presentados por las instituciones canarias contra las autorizaciones concedidas por el ministro Soria nada más llegar al Ministerio de Industria. La petición al Gobierno del Estado para que permita que los ciudadanos se pronuncien sobre un asunto de “especial trascendencia” para el futuro de esta tierra coloca de nuevo la pelota en el tejado de La Moncloa. Como era de esperar, las primeras reacciones de los populares canarios han sido furibundas y, significativamente, mucho más ruidosas que las de algunos miembros del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Bien es cierto que la noticia les cogió con el paso cambiado y les costó reaccionar, pero cuando lo han hecho han echado mano de la artillería pesada para acusar al presidente canario de “haber perdido el juicio” (María Australia Navarro, portavoz parlamentario), de estar cometiendo un “profundo error” (Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria) o de tratarse de “una tontería en la que Canarias no se puede gastar el dinero” (Miguel Cabrera Pérez Camacho, diputado regional del PP).

Sigue siendo una incógnita si piensan lo mismo sobre el presidente balear, el popular José Ramón Bauzá quien, por esa misma vara de medir, también debe de estar a punto de perder el juicio por su oposición a los sondeos petrolíferos en su comunidad autónoma. Mucho más moderada ha sido la reacción del propio ministro Soria, limitándose a indicar que respeta las iniciativas autonómicas que se planteen en el marco de sus competencias, la del ministro Arias Cañete, asegurando que la Constitución sólo regula los referéndums de ámbito nacional, o la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quién, aunque también le pone reparos constitucionales a la iniciativa, no ha cerrado sin embargo la puerta a que el Gobierno central al menos la estudie.

Es cierto que la propuesta tiene como mínimo un complejo encaje jurídico. La Constitución y la Ley Orgánica de Referéndum de 1980 reservan para el Estado la competencia de autorizar “consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades”. Sin embargo, no excluye que comunidades autónomas o ayuntamientos puedan pedir permiso al Gobierno del Estado para someter a las urnas asuntos de “especial trascendencia”. Eso es precisamente lo que quiere hacer el Gobierno de Canarias, que no ha dudado en reconocer que la competencia sobre las prospecciones petrolíferas corresponde al Estado tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo. Por tanto, no se trata de dirimir de quién es la competencia, sino de si el Gobierno central puede autorizar o no a una comunidad autónoma a convocar una consulta sobre un asunto en el que no es competente pero que sí es de “especial trascendencia” para su territorio, y el de las prospecciones petrolíferas no cabe duda de que lo es.

Entra en juego aquí el análisis de lo que la iniciativa supone desde el punto de vista de la democracia. Si legalmente Canarias puede pedir una consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre un asunto que les afecta de manera especial aunque las Islas no ejerzan las competencias sobre él y si no hay nada en la Ley que le impida al Gobierno del Estado autorizarla, aceptar o no la petición de las autoridades canarias se reduciría a un acto de simple voluntad política por parte del Ejecutivo nacional. Por tanto, lo consecuente y democrático sería autorizar la celebración de una consulta sobre los sondeos, algo que, por cierto, llevan tiempo demandando otras fuerzas políticas y sociales, además de muchos ciudadanos a título particular.

En primer lugar, se conseguiría con ello conocer la opinión libremente expresada de los ciudadanos ante un asunto que les afecta de forma directa pero que se encuentra completamente enquistado en el ámbito político. En segundo lugar, supondría un ejercicio de democracia real y participativa en unos tiempos en los que el descrédito y la desconfianza en los políticos ha alcanzado cotas inimaginables entre una ciudadanía más que cansada de que sólo se la llame a las urnas cada cuatro años para luego ignorarla olímpicamente los cuatro siguientes. Nunca votar ha hecho daño salvo a quienes no creen en la democracia y en este caso lo haría menos que nunca.

Todo perfecto

Lo reconozco, todo salió el sábado a pedir de boca. Desde la sonrisa de circunstancias hasta los reiterados silencios y evasivas, las seis horas que la infanta Cristina pasó enclaustrada todo un sábado en un juzgado de Palma respondieron como un guante a un guión no escrito pero sí muy bien ensayado. Buenos maestros tuvo la infanta en sus abogados que, al término del largo interrogatorio, estaban exultantes y confiados en que la hija del Rey saldrá con bien de este mal trago para ella y para la familia real, a la que en realidad representan y defienden junto a la Fiscalía en todo este asunto.

Lo dejó patente ella en su declaración y lo reiteraron sus defensores a la puerta del juzgado: estamos ante una proba ama de casa que no sabe de números ni de leyes, que firmaba lo que le ponía delante su amado esposo en el que tanto confiaba -¿ya no confía? – y que ni por asomo se imaginaba que el dinero que gastaba en su palacete o en sus clases de salsa y merengue procedía de actividades presuntamente ilícitas. Sí sabía, no obstante, que su padre el Rey le había pedido a su yerno que abandonara las sospechosas actividades una vez empezaron a hacerse preguntas y a publicarse informaciones comprometedoras para la Casa Real. Eso ocurría hace tanto como casi ocho años pero ni por asomo se le pasó nunca por la cabeza que su esposo pudiese estar llevándoselo crudo amparado en el parentesco real y el título nobiliario. 

Seguro que tampoco se le ocurrió preguntarle a Urdangarín a qué venía la petición de su padre para que pusiera fin a aquellos negocios antes de que el nivel y el olor del lodo pusieran a la propia Corona contra las cuerdas, como al final ha terminado ocurriendo. En su declaración del sábado ante el juez Castro argumentó que fue por “estética” que, aunque suene algo parecido, nada tiene que ver con la ética, que es de lo que se trata. Tal vez fue solo un lapsus linguae.

El resto de esa declaración fue un largo rosario de “no sé”, “no me acuerdo”, “no me consta” a las reiteradas preguntas del juez y, de paso, un corte de mangas en toda regla al viejo principio jurídico de más de 2.000 años de antigüedad, según el cual, el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento. Y luego está ese enternecedor e impagable gesto de acudir rauda a La Zarzuela a contar en la casa paterna todo lo que preguntó el juez y lo que no contestó ella, antes de poner tierra de por medio y refugiarse de nuevo en Ginebra junto a su silencioso esposo y sus hijos a la espera de novedades judiciales.

Si el juez Castro se está planteando acusarla formalmente tendrá que hilar al menos tan fino como en el segundo auto de imputación para evitar que el caso muera en la Audiencia de Palma sepultado bajo una tonelada de recursos. Por eso parece que se tomará unos días con el fin de volver a escuchar con detenimiento el contenido de ese interrogatorio lleno de vacíos y evasivas.

Quien ha decidido no perder más tiempo es el fiscal, que al parecer ya tiene listo el borrador de acusación, aunque lo más probable es que lo tuviera redactado antes incluso de escuchar la declaración del sábado a la vista del fervor digno de mejor causa con el que se ha volcado en defender la inocencia de la infanta. Se propone, entre otras cosas, pedir 17 años de cárcel para Urdangarín y levantar la imputación de la infanta, a la que exige 600.000 euros por responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en la empresa pantalla Aizoon a la que cargaba sus gastos. Desde luego, para ser una simple ama de casa que no sabe de números ni sospecha nada de los negocios de su amantísimo esposo, se trata de una participación lucrativa más que respetable. Puede que el fiscal se avenga a que los pague en cómodos plazos si finalmente su marido se queda sin trabajo.