La cacicada del REF

Podemos preguntarnos por qué las ventajas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) no acaban de reflejarse en una mejora generalizada de las condiciones de vida de la población canaria; también podemos discutir si las bonificaciones fiscales que al amparo del REF obtienen las productoras cinematográficas por rodar en las islas, son demasiado generosas y debieran reorientarse hacia un mayor beneficio de toda la sociedad. Se puede discutir sobre el huevo, lo que no puede estar en cuestión permanente es el fuero, sometido con excesiva frecuencia por el gobierno central al ninguneo, al desconocimiento y a veces al desprecio. 

El REF, una historia de incumplimientos

El REF es parte esencial del acervo político y económico de Canarias y está tan anclado en su Estatuto de Autonomía como los fueros vascos y navarros en los suyos. Sin embargo, se ha vulnerado de nuevo y eso ha ocurrido con un gobierno socialista en Madrid y un gobierno de mayoría del mismo color en Canarias. La ministra María Jesús Montero incumple el REF desde que en mayo del año pasado, con ocasión de un decreto de medidas urgentes por la pandemia, desmochó el diferencial fiscal de Canarias para las producciones cinematográficas y lo dejó por debajo del que se aplica en la Península y Baleares. 

A lo largo de la historia ha habido numerosos atropellos del fuero canario, pero nunca se había quedado en desventaja frente al resto del territorio nacional. Con el supuesto fin de corregir el recorte y recuperar el diferencial del 80% para las producciones cinematográficas - el 100% en La Palma, La Gomera y El Hierro - los socialistas presentaron una enmienda al proyecto de ley de medidas antifraude que se tramitaba en el Senado. Sin embargo, para sorpresa de todos, la iniciativa solo eleva en un 24% la diferencia a favor de Canarias y deja el 56% para mejor ocasión. 

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Ninguneo y resignación canaria

Hay más. El Estatuto de Autonomía de Canarias establece que cualquier modificación del REF requiere informe preceptivo aunque no vinculante del Parlamento autonómico. Pues bien, ni en mayo del año pasado, cuando entró en vigor el decreto que violaba el REF, ni con motivo de la tramitación de la ley antifraude en el Senado, tuvo a bien Montero informar a las instituciones canarias. Fue a última hora la presidenta del Senado la que advirtió al Parlamento, que deberá debatir y votar ahora el informe desfavorable del Gobierno regional. El dictamen, que reclama el diferencial del 80%, tiene ya el apoyo de todos los partidos de la cámara autonómica, incluyendo - ¡sorpresa! - al mismísimo PSOE. 

El Ejecutivo canario, y en especial su consejería de Hacienda en manos de Nueva Canarias, un partido que presume de nacionalista de izquierda, ha pasado en este tema del completo despiste ante los cambalaches de Montero a incordiar lo menos posible. Ahora, el inefable Pedro Quevedo, diputado nacional de ese partido, monta en cólera como si importara mucho lo que diga o piense a estas alturas; mientras, los representantes socialistas canarios en las Cortes han dejado patente que les puede mucho más la obediencia debida al Gobierno de su partido que la defensa plena del REF. Solo CC y el PP han intentado restituir el diferencial escamoteado y de Podemos, que siempre ha despreciado el REF, mejor ni hablar. 

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La clave, la debilidad política canaria

La reiteración con la que Madrid viene haciendo mangas y capirotes con el fuero canario genera inseguridad jurídica y una engorrosa litigiosidad que convierten en papel mojado muchas de sus medidas. Es lo que ocurre cuando empresarios e inversores temen vérseles permanentemente con Hacienda por disparidad de criterios en la aplicación del REF o cuando, como ahora, Madrid decide arbitraria y unilateralmente cambiar las reglas del juego en mitad del partido. 

Algunos lo achacan a la ignorancia de los altos funcionarios de Hacienda sobre la singularidad fiscal canaria y seguramente llevan parte de razón, aunque también parece haber una mal disimulada tendencia a recortar el ya capitidisminuido diferencial fiscal canario, que se vería como un privilegio injustificado. Sin embargo, todo lo anterior solo se explica por la crónica debilidad política canaria frente al Gobierno central, ante el que, en situaciones como esta, las autoridades de las islas ni siquiera se atreven a levantar la voz, no digamos ya a "revirarse". Es la misma debilidad que explica también, por ejemplo, la lamentable sordera de Madrid en el drama de la inmigración o la absoluta pasividad ante la crisis del turismo.

No deja de ser significativo que la contumacia de esa supuesta ignorancia de los funcionarios de Hacienda solo afecte a Canarias y nunca al País Vasco o a Navarra, comunidades forales que no pertenecen al régimen común. ¿Se imaginan a Montero o a cualquier otro ministro de Hacienda mangoneando los fueros vasco y navarro a placer y conveniencia de Madrid? Es más, ¿se imaginan a los gobiernos de esas dos comunidades autónomas y a sus representantes en Madrid, independientemente del color político de cada cual, agachando la cabeza y transigiendo con lo que al ministro de turno le venga en gana hacer con los fueros? Yo tampoco. 

El Gobierno ha visto la luz

A Pedro Sánchez pongo por testigo de que cuando el PSOE y Podemos vuelvan a la oposición, reclamarán en todos los foros y plazas del país la rebaja inmediata y vitalicia de los precios de la luz y los combustibles. Ya creo estar viendo las coloridas manifestaciones contra la pobreza energética encabezadas por Alberto Garzón y los líderes sindicales, las iniciativas en el Congreso, los editoriales en la prensa amiga y los miles de tuits y retuits de los aplaudidores: todos a una reclamando mano dura con las malvadas empresas que se lucran a costa de los pobres. 

Baja el IVA que no se podía bajar

Ni por pienso imaginen que la escalada de precios va a ser pasajera: hay cohetes que van a Marte con menos potencial de subida que los precios de la energía y los combustibles. De la subida de la luz y del sistema tarifario que induce a hacer la colada de madrugada ya hablamos aquí hace unos días en este post: "El calambrazo". Desde entonces el precio ha seguido disparado y, a este paso, el 1 de julio la luz costará en España un 40% más que hace un año. Vamos camino de pulverizar los niveles alcanzados en enero con la borrascosa Filomena. 

Pero cantemos a coro sus alabanzas porque, al fin, el Gobierno ha visto la luz: el Consejo de Ministros aprobará hoy una rebaja temporal del IVA de la luz y congelará la llamada tasa de generación, medidas que podrían suponer un respiro momentáneo para las maltrechas economías domésticas. Y digo podrían, en condicional, porque hay estudios que demuestran que, en un mercado eléctrico tan mal organizado como el español, la subida de los impuestos se traslada inmediatamente a los precios. Sin embargo, cuando bajan, una parte se la quedan las eléctricas en  lugar de beneficiar solo a los consumidores. 

De manera que sea lo que tenga que ser, que diría un estoico, pero mi consejo es que compremos velas en cuanto terminen las loas. Lo asombroso de todo esto no es solo el cacao mental que los repentinos cambios generan en los consumidores, sino que estas decisiones se anuncian solo quince días después de que la ministra Ribera defendiera el tarifazo que entró en vigor el 1 de junio como el más transformador y resiliente a este lado del Misisipí. 

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No es menos llamativo que el PSOE y Podemos estén dispuestos ahora a bajar impuestos, con lo que eso perjudicaba hasta el otro día a los pobres y beneficiaba a los ricos, según el discurso oficial de la izquierda con permiso de Zapatero. Además, supongo que a María Jesús Montero la idea le gustará lo justo. La ministra confiaba en que la Hacienda Pública se embolsara unos 2.700 millones de euros de más por la subida, que ahora se podrían quedar aproximadamente en la mitad. Y otra cuestión, la propia Montero se ha escudado una y otra vez en Bruselas para negar la rebaja del IVA, así que a ver cómo explica la que hoy aprobará el Consejo de Ministros. 

Peligra la recuperación

Con lo de los carburante pasa casi tres cuartos de lo mismo. El barril de crudo también viaja en cohete y en solo un año se ha encarecido un 40%. Como con la luz, el fin de las restricciones por la pandemia, el incremento de la demanda en las vacaciones y el engorde de los márgenes de la distribución, que han aumentado un 30% en el último año, harán que llenar el depósito se ponga a precio de caviar beluga. De hecho, ya está cerca: en Canarias, sin ir más lejos, un depósito de gasolina de 60 litros cuesta en estos momentos 63 euros, casi siete euros más que hace un año. 

También aquí habría margen para aliviar la subida vía unos impuestos que suponen el 50% del precio de los carburantes. Claro que este mercado tampoco es la repanocha de competitividad, sobre todo en lugares como Canarias, y nos podríamos encontrar con el mismo problema que en el de la electricidad. El Gobierno tiene sobre la mesa dos papas muy calientes y poco tiempo para evitar que las subidas dañen los brotes verdes de la economía. Deberá decidir entre cumplir lo que el PSOE y Podemos prometieron en la oposición o hacer frente a una realidad para la que no valen pancartas ni eslóganes. Bienvenida sea la bajada de impuestos que tanto han denostado y a la que ahora se agarran, aunque solo sea un parche de efectos débiles y pasajeros que no resolverá el problema de fondo. Llegó la hora de dar trigo.  

Indultos: una verdad y muchas mentiras

Sin rodeos: no hay un "conflicto" entre Cataluña y España, como machaconamente repiten el presidente del Gobierno, sus ministros a coro, las cúpulas dirigentes del PSOE y de Podemos y la armada mediática y tuitera. Afirmar tal cosa es una falacia insidiosa que toma por idiotas a unos ciudadanos que nos merecemos que se nos hable con la verdad por delante. Lo que existe es un desafío permanentemente renovado al estado de derecho, a la Constitución y a las leyes por parte de los partidos independentistas catalanes, que representan a menos de la mitad de los ciudadanos de esa comunidad autónoma. No es de recibo que Sánchez pretenda convertir en rehenes de sus ambiciones políticas a los catalanes no independentistas y al resto de los españoles.

Enmascarando la verdad

Esto es así, lo diga Agamenón o su porquero. Conviene aclararlo de entrada para no caer en las trampas del lenguaje con las que los promotores del indulto a los separatistas en prisión intentan enmascarar la realidad. Se puede abundar aún más y recordar que el supuesto "conflicto" no lo ha provocado el estado, o al menos no fue el que encendió la mecha, sino quienes se pusieron por montera las normas comunes de convivencia que, como representantes de ese estado en Cataluña, estaban obligados a respetar y cumplir. 

Por tanto, es igual de intolerable que el presidente del Gobierno insista en otro embuste al que también es tan proclive, intentar convencernos de que todos somos responsables por igual "de lo que pasa en Cataluña". Ni yo, y estoy seguro que como yo la inmensa mayoría de los españoles, nos sentimos concernidos en absoluto por esa responsabilidad que el presidente insiste en echar sobre nuestros hombros para descargarla de los de los verdaderos culpables. 

Fruto del desafío a la Constitución y a las normas emanadas de ella, algunos de esos independentistas protagonizaron hechos gravísimos en 2017 que merecieron severas condenas de prisión por parte del Tribunal Supremo, en un juicio con todas las garantías procesales en el estado de derecho que ellos mismos habían conculcado. En este punto conviene salir al paso de otra de las paparruchas más burdas y repetidas en los últimos tiempos por la galaxia independentista, la que asegura que fueron condenados por sus ideas y no por unos actos ilegales en los que no han cesado de prometer que reincidirán.

 

EP

Una bofetada al estado de derecho

Dos años después, el presidente del Gobierno, que incluso llegó a ver delito de rebelión, prometió que no habría indultos. Pero su desmedida ambición de poder le ha llevado ahora a decir Diego donde antes había dicho digo: Sánchez cruzará hoy la línea roja de la decencia, que impide poner el interés particular por encima del general, cuando el Consejo de Ministros apruebe unos indultos que nunca iba a conceder. Más de una semana llevan él y lo suyos esparciendo patrañas para justificar una medida contraria al parecer del Supremo y de la Fiscalía, que los contumaces beneficiarios no han pedido y que reciben con desprecio y sin arrepentimiento. El engañoso argumento es que los indultos "sacarán materialmente de la cárcel a nueve presos e incorporarán simbólicamente a millones de personas a la convivencia". Son palabras textuales del presidente en el deslucido, innecesario y lamentable acto propagandístico de ayer en Barcelona, en el que Sánchez exhibió de nuevo la vaciedad pomposa de su discurso y en el que los seguidores de los políticos presos le refrescaron la memoria sobre dónde se puede meter sus medidas de gracia. 

Sin duda, la mayor de todas las patrañas es que se "abrirá una nueva vía para el diálogo y la concordia frente al revanchismo", puro humo retórico de la factoría Redondo sin contenido real alguno. A Sánchez le importa una higa poner al Supremo a los pies de los caballos, a pesar de que la "concordia" no aparece ni de lejos en la hoja de ruta del independentismo, sino el sostenella y no enmendalla hasta que consiga la celebración de un referéndum de autodeterminación. Para el estado de derecho la decisión que hoy tomará el Gobierno supondrá bajar los brazos ante un independentismo crecido y desafiante. Sánchez conseguirá a cambio mantenerse dos años más en La Moncloa, su verdadero y único objetivo en toda la farsa, con el apoyo de los mismos que está a punto de indultar. Esta es precisamente la única verdad en la maraña de mentiras y propaganda en la que se ha emboscado el presidente para intentar justificar la humillación política que le infringe al país y que no debe quedar impune en las urnas.     

Todo por la pasta

Hay noticias buenas y no tan buenas sobre los esperados fondos europeos. La UE se ha embarcado en una operación inimaginable hace poco y va a ir soltando en los próximos años la friolera de 750.000 millones de euros de deuda comunitaria para contrarrestar los efectos de la crisis y transformar la economía. Es verdad que las decisiones en la UE no se distinguen por su agilidad, como ha ocurrido en Estados Unidos, y que la cuantía de la inyección está muy lejos de los 1,9 billones de dólares de Biden. Pero ya dice el refrán que nunca es tarde si la espera vale la pena. Esta debe valer, porque solo España podrá obtener hasta 140.000 millones que, gastados con tino y buena mano, pueden ser un potente revulsivo para sacar del atolladero y reorientar correctamente una economía arrasada. 

La clave de las reformas

La segunda buena noticia es que la Comisión Europea ha dado el visto bueno con nota alta al plan español, pendiente ahora de que lo apruebe el Consejo Europeo. España recibirá este año unos 19.000 millones con cargo a los 70.000 millones de transferencias directas condicionadas a reformas; quedan otros 70.000 millones en créditos, a los que por ahora el Gobierno parece no tener intención de recurrir. La partida de este año es unos 7.000 millones inferior a la que se consignó en los presupuestos de 2021, así que habrá que añadir esa cifra a la gigantesca deuda pública. 

A partir de aquí las noticias son menos buenas: Bruselas abre la cartera este año porque algunas de las medidas que exigió ya están en marcha. Cosa diferente podría ocurrir con las entregas de 2022 y años posteriores, sujetas a reformas de gran calado como las de las pensiones, el mercado de trabajo o la fiscalidad. Si no están a tiempo o no reciben el visto bueno se congelará la entrega de más fondos. Apelando a la necesidad de que se basen en el consenso, Bruselas ha hecho como que no le preocupa por ahora que estemos aún casi en mantillas en la negociación. De paso ha advertido de la conveniencia de conservar elementos de la reforma laboral de 2012, tan denostada por Podemos y el PSOE, y que los morados prometieron solemnemente derogar en cuanto llegaran al gobierno. 

Dudas razonables y trifulca política

Hay dudas razonables entre expertos como los de la Fundación para el Estudio de la Economía Aplicada (FEDEA) de que las reformas laboral y de pensiones que baraja el Gobierno sean las adecuadas. Las consideran inconcretas y faltas de ambición, los mismas deficiencias que aprecian en la reforma fiscal, de la que afirman incluso que puede ser contraproducente en estos momentos. Sobre esta última, Bruselas ha dicho además que es insuficiente. A pesar de la buena nota comunitaria que recibe el plan español en su conjunto, la propia FEDEA lo calificó en su momento de "genérico, enunciativo y falto de ambición". 

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También ha reiterado Bruselas que la aplicación del Plan y las reformas que lleva aparejadas deberían tener el máximo respaldo político, algo que a día de hoy ni está ni se le espera. El Gobierno convirtió el documento enviado a la Comisión en una propuesta exclusiva del PSOE tras dejar fuera del debate a las comunidades autónomas, a la oposición e incluso a sus socios de Podemos. Así las cosas, el horno de la política no está para muchos consensos en los próximos meses, máxime si Sánchez perpetra los indultos prometidos y Casado sigue cabalgando la cresta de la ola en las encuestas. 

Transparencia y control, asignaturas pendientes

Hay también dudas razonables sobre otros aspectos del Plan. Una tiene que ver con la transparencia y el rigor que lo deben presidir: en vísperas de que empiece a llegar el dinero, las empresas aún no saben cómo y cuándo podrán acceder a las partidas reservadas para la colaboración público - privada. Además, a diferencia de lo que han hecho otros países, el Gobierno no muestra intención de implantar algún mecanismo  interno de control a través, por ejemplo, de una autoridad independiente. Por lo demás, España no es un buen ejecutor del dinero que llega de Bruselas, algo que si en el pasado podía pasar más o menos desapercibido, en la situación actual sería de una absoluta irresponsabilidad política.

La pregunta es ¿qué puede salir mal? Muchas cosas, que la discordia política malogre la oportunidad, que no seamos capaces de gastarnos el dinero, que la maraña burocrática lo demore aún más o que no salgan las reformas y Bruselas retenga los fondos; puede ocurrir que no se cumplan las vagas previsiones sobre crecimiento y empleo si no se orientan bien las medidas y que, por cálculo político, se beneficie injustamente a unas comunidades en perjuicio de otras o a unos sectores en detrimento de otros, para que al final el objetivo transformador y resiliente quede en otro eslógan propagandístico. Nadie desea eso, pero los mimbres del cesto político invitan más al recelo que a la confianza. Sé que es pedir demasiado, pero la mejor noticia debería ser que, por encima de trifulcas políticas, fuéramos capaces por una vez de señalar en la misma dirección bajo un lema compartido: todo por la pasta. 

España no es país para jóvenes

Al leer este título muchos habrán pensado que tampoco es España país para viejos. Cierto, pero hoy solo nos vamos a ocupar de esa generación joven que, a este paso, habrá que dar por irremediablemente desperdiciada para nuestro futuro como sociedad. Cómo calificar si no que cuatro de cada diez jóvenes españoles de menos de 25 años estén en paro, una cifra escandalosa que, en una región como Canarias, con más del 60% de la juventud en esa situación, se torna trágica. Somos el país de la UE con más jóvenes en paro y liderando la clasificación está Canarias, con un desempleo juvenil igual al de una zona en guerra como Gaza y veinte puntos por encima de un país como Sudáfrica. 

No es una maldición bíblica

Pero esto no es nuevo: a la llegada de Rodríguez Zapatero el paro juvenil en España rondaba el 22% y a la de Rajoy había subido hasta casi el 50%. Al acceder Pedro Sánchez a La Moncloa había descendido al 34% para repuntar de nuevo ahora a casi el 40%. Cierto que en medio se sufrió la crisis financiera y ahora la del coronavirus pero, como es obvio, esas dos situaciones también afectaron a otros países como Alemania, en donde el paro juvenil se sitúa en el 6%, mientras que el español supera en más de veinte puntos la media europea.  

No estamos ante una maldición bíblica ni ante un problema coyuntural, consecuencia de un bache económico que se superará cuando la situación se normalice. Es una lacra estructural, una enquistada rémora crónica del sistema educativo, cada vez más devaluado, y del mercado laboral que ninguno de las decenas de planes que los diferentes gobiernos han impulsado ha conseguido eliminar o al menos atenuar. El caso de Canarias y su Plan Integral de Empleo (PIEC), al que el Gobierno central ha destinado centenares de millones en los últimos años, es el mejor ejemplo de la poca eficacia de ese tipo de medidas para luchar contra el paro en general y el de los jóvenes en particular. 

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A planes contra el paro juvenil no nos gana nadie

Probablemente seamos también el país de la UE que más planes contra el paro juvenil ha puesto en marcha. Así y todo, Yolanda Díaz no ha querido ser menos y acaba de presentar uno más cuando aún sigue vigente el que presentó Sánchez en diciembre de 2018 para el periodo 2019 - 2021. El de ahora cuenta con 5.000 millones de euros y está cargado de tantas y tan buenas y elevadas intenciones como todos los anteriores. Sin embargo, los resultados obtenidos uno tras otro se reflejan fielmente de forma constante en las pavorosas estadísticas oficiales. Y así es muy probable que continuemos, mientras no se afronten con grandes consensos de estado las dos causas principales que provocan este drama social: un sistema educativo que desprecia el esfuerzo y la excelencia igualando a los alumnos por abajo y un juego de relaciones laborales alérgico a la juventud. 

Es ya un tópico advertir de la falta de conexión entre los planes de enseñanza y el mercado de trabajo y que la FP, además de desajustes en la oferta y la demanda de determinadas especialidades, aún es vista como una salida de menor prestigio social que la universidad.  Por otro lado, un tejido empresarial con un fuerte peso de las pymes y los autónomos, tampoco ayuda demasiado a la inserción laboral de los jóvenes si la mayoría de las empresas no tiene interés en prolongar el vínculo laboral con los alumnos en prácticas cuando estas terminan. 

La otra pata del problema es precisamente un marco de relaciones laborales en el que los jóvenes son los actores más vulnerables ante el despido y los más expuestos a la rotación laboral. Añadamos la engorrosa maraña burocrática de la contratación y la consecuente inseguridad jurídica y tendremos las claves principales del drama juvenil de nuestro tiempo: sobrecualificación, precariedad, abuso de la temporalidad y, en resumen, despilfarro de un valiosísimo capital humano, del que ningún país en su sano juicio se atrevería a prescindir como alegremente hace España. 

Un reguero de secuelas económicas y sociales

Al margen de la viabilidad de la economía y de la sostenibilidad de un pilar del estado del bienestar como las pensiones públicas, un paro juvenil como el español tiene otras graves consecuencias sociales que van desde el desánimo ante un futuro en negro a la marginalidad social o la inmersión en la economía sumergida para ir trampeando. Las familias han de asumir gastos extra si la emancipación se pospone por falta de ingresos para una hipoteca o un alquiler; los proyectos personales de vida y tener hijos también se aplazan hasta que la economía doméstica los permitan, influyendo negativamente en la baja tasa de natalidad en un país que envejece a ojos vista. Y de propina, también han de cargar a veces con el estigma de vagos e irresponsables que les endosa una parte de la sociedad de manera generalizada e injusta. En el mejor de los casos, los más afortunados y decididos se van fuera a estudiar y trabajar, muchas veces para no regresar al país que los excluyó sin miramientos de su futuro.  

Ante esta situación hay dos opciones muy claras: una, continuar como hasta ahora, con cada gobierno desmontando lo que hizo el anterior en educación y relaciones laborales y  gastando dinero  público en planes contra el desempleo juvenil de contrastada ineficacia; la otra, ponernos de una vez de acuerdo sobre qué sistema educativo y qué marco de relaciones laborales necesita este país para que los jóvenes encuentren en España el futuro digno que merecen y reclaman y que les debemos como sociedad. 

Carolina Darias y la desgobernanza

Cuando Pedro Sánchez envió a Salvador Illa a hacer las Cataluñas surgieron esperanzas, injustificadas en mi opinión, de que la gestión de la pandemia mejoraría con Carolina Darias al frente de Sanidad. O al menos, que no empeoraría o sería menos errática que lo que había sido con Illa. Darias venía de Administraciones Públicas, ministerio por el que pasó sin dejar huella, y llegaba a su nuevo destino con la aureola de supuesta conocedora de la Administración por dentro. Eso al menos decían quienes veían en su nombramiento el reconocimiento de Pedro Sánchez a los méritos contraídos en la gestión del interés público por parte de "la ministra canaria". 

Recelos cumplidos

Se olvidaban de que esa "gestión" se resumía, a grandes rasgos, en haber sido consejera del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, Delegada del Gobierno en Canarias, presidenta del Parlamento de Canarias, consejera del Gobierno autonómico por unos meses y ministra de Administraciones Públicas. Pero sobre todo olvidaban que Darias no se hacía cargo de una cartera cualquiera, sino de la más difícil y delicada de las veintitantas que forman el muy nutrido Gobierno de Sánchez. Muchos pensamos entonces, y a la vista de la actuación de la ministra nos reafirmamos más si cabe en la idea, que lo que se necesitaba en aquellos momentos para luchar contra el virus era alguien con una muy contrastada experiencia de gestión y conocimientos del mundo sanitario, sin que debiera importar si era o no militante del PSOE. 

Máxime después de haber observado y sufrido en nuestras carnes el fracaso de un filósofo metido a gestor sanitario, que ahora huía a Cataluña sin ni siquiera comparecer ante el Congreso para rendir cuentas de su gestión. Pero como demuestra la experiencia, pregonar que alguien es el candidato ideal para ocupar un puesto de responsabilidad pública no es suficiente para que el deseo se convierta en realidad, lo debe demostrar con el desempeño diario de ese puesto. Y, por desgracia, Darias no ha estado ni está a la altura de quienes solo veían virtudes en ella y ha confirmado con creces los recelos de que su designación tenía mucho más que ver con los juegos de tronos en los partidos que con la imprescindible coordinación con las comunidades autónomas de la lucha contra la pandemia. 

Una gestión que empeora con el paso del tiempo

Sus inicios fueron tan discretos como dubitativos, pero a medida que han ido pasando los meses ha ido a peor la mejoría. Las cosas empezaron a ir de mal en peor cuando, a las puertas del fin del estado de alarma, la ministra juró y perjuró que las comunidades autónomas tenían herramientas legales suficientes para restringir derechos fundamentales si fuera necesario. Las autonomías pidieron que se prolongara el estado de alarma o que se legislara para disponer de amparo jurídico en el caso de que hubiera que imponer de nuevo restricciones de movilidad. Pero ni una cosa ni la otra: Darias repitió el discurso de su jefe en La Moncloa y las comunidades se las tuvieron que arreglar como pudieron. Las sucesivas sentencias de los tribunales superiores de justicia y la del Supremo han demostrado con fundamentos jurídicos lo insostenible de la posición gubernamental que Darias defendía. 

Luego llegó el lío de la segunda dosis de los vacunados menores de 60 años con Astra Zeneca, a los que Darias pretende administrar Pfizer en contra de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento y de numerosos expertos y sociedades científicas. Las razones del empecinamiento de la ministra siguen sin estar claras, aunque supuestamente obedecen a las dificultades de aprovisionamiento del preparado anglo-sueco que Darias no quiere reconocer.

De charco en charco 

La ministra se metió hace unos días en un nuevo charco, cuando pretendió hacer pasar por leyes de obligado cumplimiento los acuerdos de un órgano administrativo como el Consejo Interterritorial del Sistema Sanitario sobre las restricciones para el ocio nocturno, la hostelería y la restauración. Después de otro revolcón judicial a instancias de la Comunidad de Madrid, la ministra no ha tenido más remedio que recular y convertir las normas de "obligado cumplimiento" en meras "recomendaciones" que ha justificado "por la evolución de los datos". A la vista está que reconocer errores no forma parte de su forma de hacer política, más proclive a la prepotencia y la soberbia. 

Y para rematar y a modo de guinda, Darias se ha vuelto a meter en otro lío a propósito de la vacunación de la selección nacional de fútbol a las puertas de la Eurocopa. Por no hablar aquí de que siguen pasando los meses y no se sabe nada a ciencia cierta de la prometida auditoría independiente de la gestión del Gobierno y que llevamos tres años sin que se hayan publicado las actas de las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Sanitario, obligatorio por ley. La transparencia brillando por su ausencia una vez más. 

De la cogobernanza a la desgobernanza

La huella que Darias dejará en Sanidad no será la de la ministra de la cogobernanza, sino la de la desgobernanza y la escasa capacidad de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas. Y no es solo un problema con Madrid, como el Gobierno pretende que creamos, a pesar de que sea cierto que Díaz  Ayuso no deja pasar oportunidad para enfrentarse al Ejecutivo: el desencuentro se extiende a otras comunidades del PP e incluso al País Vasco, en donde gobierna un socio imprescindible de Sánchez. Y me atrevo a asegurar que el disgusto también llega a las regiones socialistas, aunque callen por disciplina de partido. 

Todo esto es más notable aún si tenemos en cuenta que Darias está gestionando la que se supone es la recta final de la pandemia y su papel se reduce a proveer de vacunas a las comunidades autónomas y coordinar con ellas las restricciones que sean menester. Aún así, la ministra no deja pasar un día para presumir de que "la vacunación va como un tiro", apropiándose de un supuesto éxito que, en todo caso, le corresponde mucho más a las comunidades autónomas que a un ministerio más dado en ocasiones a poner palos en las ruedas. Al menos en el haber de Illa hay que apuntar que tuvo más cintura negociadora con las comunidades autónomas cuando peor pintaban las cosas, que la que está teniendo Darias cuando supuestamente empezamos a salir del túnel. 

Muchos se preguntan ahora si Darias será una de las sacrificadas en una posible remodelación del Gobierno en cuanto Sánchez atienda su principal prioridad en estos momentos, que no es otra que indultar a los independentistas catalanes presos. Especulando un poco diría que, si Sánchez la sustituye, reconocerá implícitamente que fue un error nombrarla y el presidente no es de los que reconocen errores. Me atrevería a vaticinar que seguirá en el puesto a pesar de las críticas, ahora que el virus parece en retirada y estará menos expuesta. Y no es descartable que entre los planes de Sánchez esté hacer con ella lo mismo que con Illa y enviarla dentro de dos años a hacer las Canarias como candidata autonómica. Sería un premio a costa de anteponer la fidelidad y la obediencia política a una gestión errática, contradictoria y generadora de disputas con las comunidades autónomas. Hasta el punto de que, comparada con Illa, Darias va a terminar cumpliendo aquello tan antiguo pero a veces tan verdadero de que alguien vendrá que bueno te hará. 

El calambrazo

No les extrañe no haber escuchado estos días a la gente de Podemos y del PSOE, o a sus terminales mediáticas, llamando a rebato contra el nuevo calambrazo eléctrico como hacían cuando estaban en la oposición. La única razón es que ahora gobiernan ellos y quedaría poco aparente arremeter contra lo que uno hace o deja de hacer. Además, entre sus prioridades ya no figura acabar con la pobreza energética que tanto les preocupaba entonces; ahora, su principal objetivo es indultar más pronto que tarde a los independentistas presos para garantizarse seguir en el poder al menos dos años más.

El eterno debate eléctrico

El eterno debate sobre la carestía de la luz se ha encendido de nuevo a raíz de dos hechos recientes, coincidentes pero distintos entre sí. Uno ha sido el brutal incremento en los últimos meses del precio de la energía, hasta el punto de que en mayo había subido el 216% con respecto al mismo mes del año pasado. El encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, debido a la reducción de la oferta, son los responsables de una subida que tiene su correspondiente reflejo en el recibo. Al mismo tiempo, el 1 de junio entró en vigor el nuevo sistema tarifario con tres tramos horarios en los que el consumo se factura a precios diferentes. El más económico es el de la madrugada, lo que en teoría obliga a millones de familias a tener que poner la lavadora a horas intempestivas para que el recibo no les salga más caro que cenar en un restaurante de tres estrellas. 

Son familias de clase media y baja a las que este invento les pilla con la lengua fuera por los efectos de la pandemia sobre las economías domésticas y para las que el Gobierno no ha tenido a bien prever una adaptación paulatina a los nuevos hábitos de consumo que pretende implantar. En lugar de eso, ha guardado en un cajón su discurso contra la pobreza energética y ha abocado a millones de consumidores a adoptar hábitos incompatibles con el descanso y hasta con la dignidad. Incluso las organizaciones de consumidores próximas al Gobierno coinciden en que el nuevo sistema, además de poco práctico y denigrante, encarecerá aún más este servicio básico. 

Una eléctrica pública, la gran idea de Podemos

La respuesta de Podemos ha sido la esperada: exonerar al Gobierno y cargar de nuevo contra el oligopolio de las eléctricas. Para resolver el problema, la brillante idea que se les ha ocurrido no solo es contraproducente sino más vieja que la pana: crear una empresa eléctrica pública que "compita" con los malos de su película. Como iniciativa para combatir el paro entre su gente no está mal, pero hacerla pasar por nueva política no cuela: con ideas de tan comprobada ineficacia demuestran que la que de verdad les pone los dientes largos es la vieja política fracasada y clientelar.

Los del PSOE optan por mostrar buen corazón: sube la luz, es verdad, pero es por nuestro bien; las familias que vean que se les dispara el recibo, deberían estarle eternamente agradecidas porque seremos el primo de Zumosol de la UE en el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Si hace falta trasladamos el dormitorio a la solana y, para animarnos, nos convencemos de que estamos salvando el planeta. Si el Gobierno nos pidiera que nos alumbráramos con velas y quinqués no deberíamos dudar ni un minuto porque sería por una buena causa. Que en este loco planeta llamado España vivan familias con necesidades y problemas concretos y reales, no parece preocupar a un Gobierno que basa la bondad de sus medidas en grandes objetivos medioambientales que se dan de tortas con la realidad. 

Más transparencia y menos dogmatismo 

Si me perdonan la expresión, lo del recibo de la luz en España es de coña marinera: ni antes con el PP ni ahora con la izquierda en el Gobierno nos libramos de que nos frían con un recibo ininteligible y ante el que siempre tenemos la sospecha de que entre eléctricas y gobierno nos roban a cara descubierta. No se niega la necesidad de reducir el uso de unos combustibles fósiles cada vez más escasos y costosos, solo que este tipo de medidas deben modularse de acuerdo a la situación socioeconómica de los afectados e ir acompañadas de la necesaria pedagogía. De otra manera no son percibidas como lo que deberían ser sino como lo que son en realidad: un atraco a millones de familias que ven como su factura eléctrica no para de subir, gobierne quien gobierne, y como una arbitrariedad que se impone como artículo de fe en el que hay que creer porque lo dice el Gobierno. 

El mismo Gobierno que culpa del problema a las eléctricas, mientras pretende ocultar que cerca de dos tercios del recibo son costes regulados como peajes, distribución, políticas energéticas o impuestos. El Gobierno tiene que explicar porqué no reduce esos costes o porqué la Comisión de Mercados y Competencia, la autora intelectual de este sistema tarifario disparatado, siempre descubre los conchabos de las perversas compañías eléctricas cuando el perjuicio ya está hecho; que diga de paso también si piensa hacer algo con las famosas y poco ejemplares puertas giratorias, o piensa esperar a estar en la oposición para exigírselo al gobierno de turno. 

En pocas cosas estamos tan a oscuras en España como en el funcionamiento del mercado eléctrico y en la comprensión del recibo que debemos pagar por un bien de primera necesidad. Si el Gobierno empezara por la transparencia, la ejemplaridad y el encaje de sus medidas con la realidad del país, en lugar de por las imposiciones y la moralina medioambiental bienintencionada, creo que la mayoría aceptaría sin mucha resistencia contribuir según las posibilidades de cada cual a la lucha contra el cambio climático. Pero con discursos grandilocuentes y decisiones tan ajenas a la situación del país, ni siquiera lo necesario y conveniente se convierte en deseable.    

Casado y el reto de la alternativa

Se suele decir a modo de tópico que las elecciones no las gana la oposición sino que las pierde el gobierno. Si lo aplicamos a las próximas elecciones generales en España, previstas para dentro de dos años si no hay adelanto, uno diría que ha habido pocos gobiernos en este país que se hayan esforzado tanto para merecer la derrota como el de Pedro Sánchez. La cuestión es si, llegada la hora de la verdad, la propuesta de alternativa presentada por esa oposición a los electores será lo suficientemente sólida y creíble como para que la victoria no se le escape y el tópico se cumpla una vez más pero a favor del Gobierno. 

Un líder que genera más dudas que certezas

En estos momentos son más las dudas que las certezas de que Pablo Casado sea efectivamente la alternativa de gobierno que toda democracia que funcione razonablemente bien necesita. Porque, de no ser percibida como tal por los electores, es probable que el Gobierno gane unas elecciones que, sin embargo, algunas encuestas ya empiezan a darle por pérdidas. Aunque aún faltan dos años para la cita y las encuestas no son más que la foto de un instante político que aún habrá  que ver si tiene continuidad, lo que estos sondeos estarían indicando es que, a fecha de hoy, hay un creciente número de ciudadanos que se decantarían por una nueva mayoría parlamentaria liderada por el PP. 

Aunque ha ganado enteros, Casado no da aún muestras suficientes de tener plenamente asentado su liderazgo en el partido. Tal vez una de sus mayores debilidades es que los españoles lo ven como un dirigente volátil y escurridizo, al que no es fácil ubicar con algo de precisión en el espectro político: unas veces se les aparece como el inventor del centro de toda la vida y otras asoma en los predios ideológicos próximos a Vox, arañando todos los votos posibles. El suyo es un caso claro de corazón político partido entre la moderación y el extremismo populista de derechas, sabedor de que necesita los votos de ambos lados para tener la oportunidad dentro de dos años de cambiar el colchón de La Moncloa.

Un partido con dos almas y un líder indeciso

Casado mantiene una vela encendida a Dios y otra al diablo y no se atreve a apagar una de ellas por si la necesita para alumbrarse en el camino hacia la presidencia. Hay que admitir que  no lo tiene fácil para decidirse sin generar tensiones en un PP que, como él, también tiene el corazón dividido entre dos almas políticas. Una, más pactista y moderada, está encarnada por gente como Núñez Feijóo y Martínez Almeida; la otra es la de Isabel Díaz Ayuso, la nueva musa del ala derecha del PP tras su aplastante victoria electoral, sobre la que Casado surfea estos días con el viento de los sondeos a favor. 

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Esto le está llevando a tomar algunas decisiones que pueden volverse en su contra si no pondera bien las consecuencias. Una tiene que ver con su probable presencia junto a Vox y a Ciudadanos en la manifestación de Madrid contra los indultos. Se trata de munición de calibre grueso para el Gobierno y la izquierda que, junto a su armada mediática, ya han vuelto a colocar al líder popular en el centro de una nueva foto de Colón. La otra no compensa la anterior sino que la agrava: la recogida de firmas contra las medidas de gracia del Gobierno a los independentistas presos que, además de no tener utilidad práctica, lo aleja de esa centralidad de la que suele presumir. Lo natural es acudir al Parlamento y a otras instituciones y plantear allí todo tipo de iniciativas contra los planes de Sánchez: razones de peso le sobran, al tiempo que trasladaría esta delicada cuestión al escenario institucional apropiado, alejándola de la política callejera. El Congreso es el escenario natural en una democracia para afrontar los retos políticos y la agitación en la calle, que al PP nunca le ha salido bien, es mejor dejarla para las campañas electorales. 

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Pero Casado cabalga sobre la cresta de la ola de las encuestas y necesita el apoyo de Vox en Madrid y en Andalucía. Por eso ha recuperado el discurso duro y combativo, más escorado hacia Santiago Abascal, con el que en octubre del año pasado aseguró solemnemente que rompía relaciones, que hacía esa centralidad de la que a día de hoy vuelve a estar alejado. Estos cambios de humor desconciertan a sus potenciales electores: los moderados, seguramente deseosos de pasarle factura al PSOE y sin la opción de Ciudadanos, recelan de que sus votos conviertan al PP en el caballo de Troya para meter a Vox en el gobierno; por el ala derecha, los partidarios de darle duro a Sánchez y sin descanso, tienen a Vox a su alcance y si Casado les parece demasiado blando no dudarían en preferir el original a la copia. 

La corrupción, el talón de Aquiles que Casado no puede esquivar

Pero, además de renunciar a esta ambigüedad calculada en la que se mueve, Casado no puede despachar los graves casos de corrupción en su partido con un "de ese tema no hablo", escudándose en que son anteriores a su dirección. Lo ocurrido la semana pasada en Ceuta, en donde un grupo de forofos impidió a los periodistas hacer su trabajo, no es una opción que deba repetir si quiere ser la alternativa a Sánchez. Esa posición no se diferencia mucho de la de los dirigentes del PSOE, que relegan a un pasado remoto muy anterior a ellos el caso de los ERES y las condenas a Griñán y Chaves. Cuando se asume la dirección de un partido de gobierno como el PP, también hay que asumir todo su pasado y eso incluye lo negativo y el compromiso de adoptar las medidas para que no se repita.

En resumen, los medios que ya empiezan a hablar de cambio de ciclo político porque algunas encuestas otorgan una indecisa ventaja al PP, no hacen otra cosa que poner en marcha un relato que sirva precisamente para alimentar próximos sondeos. Es incluso un abuso del lenguaje hablar de vuelco político sin que Casado se haya desprendido de su interesada ambigüedad y definido con mucha más precisión su proyecto alternativo para España en los numerosos frentes que el país tiene abiertos en canal, empezando por el territorial. Esa es la tarea y el reto que Casado tiene que superar si pretende abrir una nueva etapa política y que los españoles le ayuden a que el Gobierno pierda las próximas elecciones. 

El futuro ya no es lo que era

Imaginemos por un momento que  ya es 2022 y que no usamos mascarilla, que por fin estamos vacunados, que no hay fallecidos y que los medios no publican el cansino recuento diario. Piensen en la dicha de no escuchar a Fernando Simón diciendo lo contrario de lo que dijo la semana anterior y que Carolina Darias ha logrado vacunarnos a todos con Pfizer. Con todo esto no costará suponer que Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos se han cargado de medallas por su heroica victoria sobre el virus y nos piden a coro que olvidemos el pasado y volvamos al amor, porque si no es a su lado dónde vamos a estar mejor: no es momento de hablar de las prometidas auditorías externas sobre nuestra gestión por disparatada que haya sido - dirán -; es hora de pelillos a la mar y mirar al futuro unidos, como si no hubiera pasado lo que todos sabemos que ha pasado.

Frustrados y decepcionados

Sin que esto suponga renunciar a exigirles que rindan cuentas, podemos empezar a imaginarnos cómo será ese futuro próximo sin pandemia o al menos con ella bajo control, qué ocurrirá con la política, el trabajo, la economía, la educación o la sanidad. No se trata de ser adivinos y ponernos en 2050, para eso ya tenemos a Iván Redondo, tan solo de hacernos una idea del país que nos espera a la vuelta de unos meses si nada se tuerce de nuevo. No hay que recurrir al equipo prospectivo habitual de La Moncloa para imaginar un país dividido, cabreado, empobrecido y cargado de incertidumbres. Así lo refleja el último Eurobarómetro, que sitúa a los españoles entre los europeos más frustrados y decepcionados después de más de un año de pandemia. No saldremos ni más fuertes ni más unidos ni todos juntos, como han prometido durante todo este calvario los falaces eslóganes de la propaganda gubernamental.  

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La economía está anestesiada pero, cuando salga del letargo, le espera una subida de impuestos histórica. El turismo, importante fuente de empleo e  ingresos en lugares como Canarias, se las tendrá que arreglar casi por su cuenta porque ha sido ignorado por el Gobierno en sus ayudas directas, como si sus aportaciones al PIB nacional, un 12% antes de la pandemia, fueran el chocolate del loro. Con todo, el más grave problema económico del país, que no es tanto el desempleo como la estratoférica deuda pública, no merece la atención que su trascendencia requiere y podría seguir creciendo como si no hubiera un mañana ni que pagarla antes o después. 

Habrá muchos más cambios, unos derivados de esta crisis y otros que ya estaban en marcha: los hábitos de consumo seguramente cambiarán condicionados por la seguridad sanitaria y el teletrabajo modificará las relaciones entre empleados y empleadores. El envejecimiento tensionará aún más la maltrecha Seguridad Social sin que se vea con claridad qué ocurrirá con las pensiones; también es probable un incremento del desempleo estructural, debido a la automatización de las tareas y a la imposibilidad de muchos trabajadores de retornar a sus antiguos empleos o acceder a uno nuevo.

La educación pública seguirá en el centro del navajeo político y la sanidad necesitará respiración asistida para superar el estrés de la crisis. La pobreza y la exclusión, que durante la crisis han crecido exponencialmente en comunidades como Canarias y ante la que los políticos han derrochado más demagogia que eficacia y eficiencia, son además el caldo de cultivo de un latente malestar social que podría ir a mayores. 

Un panorama político desolador

El panorama político no desmerece en este cuadro. Quienes se supone que deben liderar la España de la pospandemia y afrontar con rigor esos y otros muchos retos, parecen cada día más alejados de la realidad del país. Lo que se atisba en el horizonte no son medidas ni políticas que favorezcan la adaptación de la sociedad española a la nueva realidad, solo conflictos políticos impostados y decisiones basadas en el interés partidista y contrarias al bien común y al marco constitucional. Se imponen los sentimientos sobre la razón y cada día nos sueltan unas cuantas liebres en las redes para que los demás, incluidos los medios, corramos detrás y nos entretengamos en debates de patio de vecinos mientras ellos se entregan a sus juegos de tronos. 

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Esa tendencia, que no es nueva, se intensificará en el futuro inmediato para vivir en una campaña electoral permanente entre retruécanos, chascarrillos y memes,  reaccionando cada vez más con el corazón o el carné de militante y reservando la cabeza solo para el sombrero, y eso quienes lo usen: como dijo Milan Kundera, estamos dejando de ser "Homo sapiens" para convertirnos en "Homo sentimentalis". No cabe esperar liderazgo, dirección ni confianza, solo cuidadosa puesta en escena, culto a la imagen, mediocridad y retórica vacía. Los medios también cumplirán su cometido de servirnos la diaria papilla indigesta de las tertulias, las informaciones sesgadas y de parte y el fast food político bien caliente y rápido.  

Puede que a algunos ese panorama les parezca demasiado pesimista y hasta catastrofista, pero con las bases de la democracia y la razón arrastradas por los suelos por quienes deberían defenderlas y enaltecerlas cada día, encuentro pocos motivos para imaginar el futuro próximo con menos pesimismo. Si acaso, y por concluir con una nota positiva, hago un ejercicio de voluntarismo y me aferro al hecho de que los españoles hemos conseguido siempre superar las dificultades a pesar de los embates de la Historia y de la oposición de una clase política mostrenca y generalmente atenta solo al disfrute del poder. Quien no se consuela...

Cuando España acaba en Cádiz

En el reciente Día de Canarias, esa jornada que con el tiempo ha devenido en cansino día de la marmota para el autobombo del gobierno autonómico, el presidente canario aseguró que en las islas "cada día estamos mejor que el anterior". Se refería al ritmo de vacunación, que en Canarias se sitúa aún entre los últimos del país con poco más del 18% de la población diana vacunada. No cabe sino alegrarse de que las cosas en este aspecto vayan mejor cada día ya que, en realidad, no es fácil que vayan peor teniendo en cuenta que se está vacunando desde finales de diciembre. 

Optimismo sin fundamento

Todo indica que Ángel Víctor Torres ha sufrido otro de sus habituales ataques de misticismo optimista y se ha esforzado para que olvidemos que, en términos sociales y económicos, si las cosas no van peor es porque ya hay poco recorrido para que empeoren. Por ejemplo, a pesar del pequeño descenso de mayo tenemos aún en las Islas a una de cada cuatro personas en edad de trabajar en paro y en ERTES a casi 80.000. Por no hablar de las dantescas cifras del paro juvenil, la peores de España, que es a su vez el peor país de Europa en desempleo entre los jóvenes. Sobra decir que para que todos esos indicadores se reduzcan de manera significativa, es indispensable que vuelva el turismo, le pese a quien le pese, y reactive el resto de los sectores.  

Torres no deja pasar día sin contarnos sus grandes esperanzas de que el Reino Unido por fin nos levante el sambenito de destino poco recomendable y puedan los británicos venir a ponerse como gambas en nuestras playas y piscinas, sin necesidad de hacer cuarentena a la vuelta. Más realistas que el presidente son los hoteleros, para los que junio está perdido y ya veremos si se salva el resto del verano o hay que esperar que para el invierno la situación haya recuperado una cierta normalidad. De producirse no será, por cierto, gracias al plan para el sector prometido en incontables ocasiones y nunca presentado por la ministra Maroto, mucho más dada a los oráculos incumplidos que a los hechos tangibles.

Millones y más millones

Junto con la vuelta de los turistas, el otro gran mantra del optimismo presidencial canario es el de la toneladas de millones que llegarán de Bruselas y Madrid y con los que podremos atar los perros con chorizos de Teror. Al margen del retraso en la firma del convenio con el Ministerio de Hacienda y de que aún está por ver cómo y cuándo llegarán las ayudas a sus beneficiarios, la gravedad de la situación no se resuelve solo con el maná de unas ayudas que pueden quedarse en pan para hoy y más hambre para mañana. El tejido empresarial y social de las islas necesita ser reconstruido desde la raíz y en esa tarea el Gobierno y el resto de administraciones no se pueden limitar a ser meros repartidores de subvenciones del Gobierno central, sino agentes proactivos que lideren la salida de la crisis sobre nuevas bases.

Si analizamos la situación social el panorama es más desalentador aún y el optimismo artículo de fe. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha calificado de "irrelevantes" los servicios sociales canarios en tanto no son útiles para ayudar a los más castigados. Su diagnóstico coincide con las quejas de las organizaciones no gubernamentales, que llevan meses denunciando que el pomposo Plan de Reactivación Económica y Social no llega a sus teóricos beneficiarios. Sin ir más lejos, Caritas tuvo que atender el año pasado en las Islas a unas 65.000 personas, una cifra que debería encender todas las luces de alarma. La descoordinación entre administraciones, la burocracia y la falta de personal suficiente y cualificado son las causas de que, en lo tocante a servicios sociales, la consejera responsable, Noemi Santana, no haya dejado durante todo este tiempo de presumir muy por encima de sus capacidades reales de predicar y dar trigo.

Transigir para no incordiar a Madrid

Ocurre lo mismo con los menores inmigrantes no acompañados: aún estando su partido presente en el Consejo de Ministros, Santana ha sido incapaz de conseguir que el Gobierno central derive a la Península a parte de ellos. Esa realidad contrasta con la rapidez de  su compañera de partido, la ministra Belarra, para recolocar rápidamente en varias comunidades autónomas a los menores que entraron en Ceuta en la reciente avalancha de inmigrantes impulsada por Marruecos. 

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Esa actitud duele en Canarias, lo mismo que ha dolido la velocidad con la que Sánchez actuó hace poco en Ceuta y el hecho de que nunca tuviera la sensibilidad de acercarse a Arguineguín para comprobar de primera mano las inhumanas condiciones en las que su Gobierno tuvo durante días a casi 3.000 personas. Ahora, con las relaciones hispano - marroquíes echando humo, en Canarias deberíamos empezar a hacernos cruces ante la probabilidad de un nuevo repunte de la inmigración con un Gobierno central al que estas islas le quedan cada vez más alejadas de Cádiz. Será tal vez por eso por lo que los tibios llamamientos de Torres a la solidaridad con Canarias siguen sin escucharse en La Moncloa, en cuya agenda solo figura Cataluña por la letra "C".

Todo estos ejemplos y otros como el desprecio casi sistemático del REF, corroboran la irrelevancia política canaria y la de un Gobierno autonómico silente y sumiso ante los desplantes de Madrid, mientras intenta insuflarle a la población un optimismo que tal vez ni el propio Torres sienta en realidad. Y tendría razón en ser pesimista a la vista de que ser del mismo partido que gobierna en Madrid no ayuda en nada a mejorar la vida de tu gente y además te obliga a callar a pesar del ninguneo de tus compañeros de filas. Pero tratar a los ciudadanos como adultos no es agachar la cabeza y transigir para no incomodar en tu partido: es anteponer el bien común al interés partidista y decirles la verdad por dura que sea, en lugar de escamoteársela bajo un falso optimismo que se da de bruces con la dura realidad.

Astra Zeneca y el miedo

Según la ministra de Sanidad, la vacunación contra el coronavirus en España "va como un tiro". Aparte de que los fríos datos no avalan plenamente una afirmación tan triunfalista, la que ni de lejos va como un tiro es la capacidad de Darias para liderar y coordinar adecuadamente el decisivo proceso de vacunación que permitirá dejar atrás de una vez la crisis. Lo ocurrido con la segunda dosis de Astra Zeneca a los menores de 60 años que recibieron en su día la primera de esa misma marca, ha dejado a la vista de todos lo cogida que está con alfileres la denominada estrategia nacional de vacunación y su acomodo más a intereses políticos que de salud pública.

Sanidad: de bandazo en bandazo

Escasa confianza se puede tener ya a estas alturas en un Ministerio que se ha caracterizado durante toda la pandemia por sus constantes cambios de opinión. En la mente de todos están instrucciones como las del doctor Simón, según las cuales las mascarillas no solo eran innecesarias sino incluso desaconsejables. Los españoles no tardamos en descubrir que todo se reducía a que no había suficientes mascarillas para la población, en gran medida por el descontrol y la falta de previsión gubernamental. 

EFE

El lío que la ministra ha organizado ahora con la segunda dosis de Astra Zeneca tiene la pinta de obedecer a causas similares. Sanidad se escuda en un pequeño e incompleto estudio a unas 600 personas, hecho por un instituto de salud adscrito al propio Ministerio de Darias, para certificar que una segunda dosis con Pfizer no entraña riesgos. Como ha dicho la viróloga del CSIC Margarita del Val, con un estudio tan reducido es imposible conocer si una segunda dosis distinta de la primera tiene efectos adversos "poco frecuentes, infrecuentes o menos que muy infrecuentes". Sugería incluso que, si el problema es la falta de dosis de Astra Zeneca, se retrase el segundo pinchazo hasta que haya suficientes.

Salud pública politizada

Pero Sanidad ha optado por ignorar a la Agencia Europea del Medicamento, el organismo de la UE con autoridad sobre las vacunas y que nunca ha desaconsejado Astra Zeneca como segunda dosis sino que la ha recomendado. Lo mismo que la propia farmacéutica y, sobre todo, lo que pide la inmensa mayoría de los ciudadanos a los que se vacunó con esta marca y que ahora ven como el Gobierno hace todo lo posible para que acepten la de Pfizer: incluso sacar a pasear de nuevo las muertes producidas por trombos en personas vacunadas con la dosis anglosueca y de los que no habíamos vuelto a oír hablar desde hacia semanas. 

Que el Ministerio agite el miedo cuando los ciudadanos piden en masa que se les administre en el segundo pinchazo la misma vacuna que en el primero, probablemente estriba en la imposibilidad de Darias de garantizar la segunda dosis de Astra Zeneca a todos los que la exijan: bien porque no las haya solicitado o bien porque la farmacéutica no esté en disposición de entregar casi siete millones de vacunas antes de que acabe el verano. Esas son las dosis que se necesitan para dispensar el segundo pinchazo a los más de dos millones de menores de 60 años y a los más de cinco millones de entre 60 y 69 inoculados ya con una dosis de ese preparado. En total, unos 7 millones de dosis que deberían estar en España y ser administradas antes de que acabe el verano para que Pedro Sánchez pueda cantar victoria definitiva sobre el virus. 

Por eso Darias se ha puesto nerviosa y ha instando a las comunidades autónomas a que no den la opción de elegir entre Pfizer y Astra Zeneca y que administren la primera por defecto. Para intentar rebajar la presión ha aceptado que quienes prefieran la vacuna anglosueca firmen un consentimiento informado, cuando lo lógico hubiera sido que el consentimiento lo firmaran quienes aceptaran mezclar ambas vacunas. Aparte de que no es de recibo que la Administración haga recaer una decisión de esa naturaleza sobre las espaldas de los ciudadanos y se lave las manos, tengo pocas dudas de que toda esta confusión está directamente relacionada con el riesgo de que la campaña de vacunación se adentre en el otoño y le vuelvan a llover las críticas al Gobierno por su triunfalismo injustificado. 

Vacunación: no hay razones para el triunfalismo

Sin negar ni mucho menos que se ha experimentado un acelerón en las últimas semanas, tener a la población diana vacunada antes de septiembre requiere ir todavía mucho más rápido. En estos momentos el 18% de esa población tiene los dos pinchazos y alrededor del 37% tan solo uno. La media diaria de dosis se sitúa en algo menos de 400.000, por lo que, según cálculos, habría que llegar a unas 465.000 diarias para que se cumplan los objetivos. Lograrlo dependerá en gran medida de que no se produzcan nuevos problemas de suministro, en absoluto descartables a la vista de la experiencia a lo largo del tormentoso proceso de vacunación. 

Si el temor de la ministra es que una demanda excesivamente alta de Astra Zeneca arruine la posibilidad de que el presidente presuma de gestión y se ponga la medalla, debería reconocerlo con humildad y no usarnos una vez más como rehenes de sus estrategias políticas, que poco tienen que ver con la salud y con el consejo experto del que tanto presume este Gobierno para desoírlo cuando no le viene bien a sus planes. Porque ni se me pasa por la cabeza la posibilidad de que la querencia por Pfizer en detrimento de Astra Zeneca tenga algo que ver con la diferencia de precio entre las dos vacunas, mucho más cara la primera que la segunda. En ese improbable caso, que descarto por completo, ya no estaríamos hablando de estrategias políticas a costa de la salud pública sino de algo muchísimo más grave aún.