Sigamos cavando

Es la consigna que hay que mantener a toda costa: seguir agrandando y profundizando el hoyo para poder salir de él antes y mejor. Los datos de la Encuesta de Población Activa que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística confirman que se está haciendo lo correcto. Que no hayamos llegado a los seis millones de parados por apenas 34.000 trabajadores que contra todo pronóstico se empeñaron en conservar su empleo, poco importa. Es, a pesar de todo, la mayor tasa de paro de la historia. Todo un triunfo.

Seguro que al ritmo con el que se destruyeron puestos de trabajo el año pasado tardaremos apenas dos meses en alcanzar la mágica cifra. Si eso no ocurriera siempre se puede endurecer más la reforma laboral y flexibilizar el despido. La patronal se encargará de pedírselo con insistencia al Gobierno y éste, siempre tan atento a las demandas de la sociedad civil, no tardará mucho en concedérselo si es, como en este caso, para crecer y crear empleo.

Si ni así conseguimos alcanzar y superar la sima de los seis millones de parados y los dos millones de hogares con todos sus miembros en paro, de los que nos hemos quedado también al borde, siempre se puede tirar de unos cuantos ERES en la administración pública y en algunas empresas que deseen aprovechar la temporada de rebajas para cuadrar sus cuentas de resultados. 

Al Gobierno no le faltan ideas y arrestos para conseguir que llegue a todos los rincones del planeta la verdadera marca España, caracterizada por las largas e inútiles colas ante las oficinas del paro, ante los pocos comedores sociales que van quedando o ante los contenedores de basura. A su alcance tiene medidas de eficacia bien contrastada como seguir subiendo los impuestos a las clases medias o recortando en gastos superfluos como los de la sanidad, la educación o los servicios sociales básicos. Por cierto, debe desterrar cuanto antes de sus planes la prórroga de la ayuda de 426 euros a los parados que hayan perdido todas las prestaciones. ¡Que se jodan!

Es una advertencia inútil porque estoy convencido de que no lo hará pero, por si acaso, advierto de que ni por la cabeza debería de pasársele poner en marcha alguna medida que permita reanimar una economía en la que aparecen brotes verdes sin parar. ¿Para qué molestarse? Eso malograría el sagrado objetivo del cumplimiento del déficit que, aunque a pesar de todo no lo cumplamos, siempre podemos presumir ante Angela Merkel de que estamos en el buen camino. Anatema es también subirles los impuestos a los más ricos, no vayan a llevarse el dinero a Suiza y luego haya que pedirles por favor que lo regularicen a su entera satisfacción aunque su origen sea más negro que la noche negra.

Que ni se le ocurra dejar de poner dinero del bolsillo de todos los españoles para sanear los bancos, en peligro de herniarse bajo el peso del ladrillo. Y, por supuesto, tampoco debe atreverse a obligarles a aceptar la dación en pago para frenar los desahucios porque eso generaría un mal ejemplo moral que ríete tú de Luis Bárcenas, Urdangarín y compañía.

Lo que el Gobierno debe hacer para que más pronto que tarde lleguemos a los seis millones de parados y subiendo es continuar haciendo lo mismo que hasta ahora: facilitando el despido, deprimiendo el consumo, recortando el estado del bienestar, protegiendo a los bancos, cargando de impuestos a la escuálida clase media y haciendo la vista gorda ante los que los escabullen en Suiza.

Y al mismo tiempo, debe insistir en que esas son las medidas que este año permitirán que la economía española solo se contraiga un insignificante 0,5% y que el FMI diga misa, que ya sabemos que la oxigenada Lagarde y sus economistas de cabecera no suelen dar una en el clavo. No hay alternativa: seguir cavando es lo único que puede y debe hacer este Gobierno para alcanzar el pleno desempleo en España. Ánimo, el objetivo ya está al alcance de la mano.

Mali y el rostro de la guerra

La foto de un soldado francés en Mali cubriéndose la cara con un pañuelo en el que aparece dibujada una calavera ya ha proporcionado a la intervención militar francesa en ese país africano un icono del verdadero rostro de esta nueva guerra. Así como las imágenes del napalm en Vietnam o los abusos en la cárcel irakí de Abu Ghraib se han convertido por derecho propio en imágenes imborrables para la memoria de la intervención estadounidense en aquellos conflictos, la de este militar francés ha levantado ya una ola de críticas en Francia y ha obligado al ejército a reconocer que proyecta una idea equivocada sobre los objetivos de la misión. 

¿Equivocada? Tal vez no tanto. En los últimos días han comenzado a llegar informes de ONGs y de periodistas que se encuentran sobre el terreno – al menos hasta donde los militares les permiten llegar - en los que se narran con mucho detalle las atrocidades que los bandos en conflicto están infligiendo a la población civil de las zonas en las que tropas francesas y africanas se enfrentan a los rebeldes yihadistas. Ejecuciones sumarias, desapariciones, amputaciones, lapidaciones, torturas y violaciones son las más comunes.

Se acusa de estos crímenes tanto a los rebeldes islamistas como a los soldados malienses: los primeros como represalia contra la población civil de la que se sospeche que colabora con las tropas leales al débil gobierno de Bamako y los segundos por la misma razón contra aquellos de los que se cree que pueden estar prestando ayuda o simpatizando con los yihadistas. En esta dinámica bárbara está muy presente también el odio étnico hacia las poblaciones del norte de Mali como los tuaregs, históricamente postergadas y apenas integradas cultural y económicamente en el conjunto del país, a las que también se pretende hacer pagar por su desafección o sus reivindicaciones de independencia.

El panorama no puede ser más complejo e incierto. Francia sigue adelante con su ofensiva militar contra los yihadistas sin más apoyo de momento que unos miles de soldados africanos, en su mayoría mal entrenados y, salvo los de Chad, sin experiencia para la guerra en el desierto. La voluble comunidad internacional parece haber decidido que, por ahora, esta es una guerra que Francia debe librar en solitario o, como mucho, con tibios apoyos logísticos y políticos. Esa soledad está empezando a crear un cierto malestar en París que de momento no se expresa en voz alta, aunque otra cosa puede ocurrir cuando empiecen a llegar los cadáveres de los soldados franceses muertos en Mali.

El reciente ataque a una planta argelina de gas con un saldo de casi 40 muertos ha puesto de manifiesto que Francia no se enfrenta a un ejército convencional sino a una amalgama de grupúsculos terroristas hasta ahora muy heterogénea pero capaz de aparcar sus diferencias para combatir al enemigo común. Además de las víctimas inocentes de esta nueva guerra, lo que más preocupa es que no se conoce hoja de ruta alguna que permita atisbar cuándo y cómo podrá Francia salir del avispero en el que se acaba de meter y si será capaz de hacerlo por sí misma o necesitará algo más que la ayuda de algunos países africanos.

Por ahora, todo apunta a que esta será una guerra larga y dolorosa que obligará al ejército francés a permanecer durante mucho tiempo sobre el terreno aún a riesgo de ser acusado de neocolonial. Paralelamente puede intentar fortalecer y estabilizar el gobierno maliense y entrenar a sus fuerzas armadas para que sean ellos los que tomen el relevo. Cuándo podrá ocurrir eso nadie puede predecirlo en estos momentos y de ahí que se hable ya de una suerte de Afganistán africano en Mali.

En cualquier caso, es mucho lo que está en juego, empezando por los propios intereses franceses que se verían seriamente amenazados por una especie de Estado talibán en la zona. Pero sobre todo está en juego la seguridad no sólo en Francia sino en toda Europa, a pesar de que la Unión Europea y la OTAN han preferido ponerse de perfil y verlas venir. España y Canarias están a unos escasos 2.000 kilómetros del foco del conflicto y su extensión a otros países del Magreb puede tener consecuencias imprevisibles.

La guerra que se está librando en Mali es en buena parte consecuencia de la interesada intervención occidental en Libia. Allí lucharon algunos de los grupos que hoy se enfrentan a las tropas francesas y de allí volvieron cargando en sus pick-up un sofisticado armamento que ahora vuelven a emplear contra Occidente. Pero llorar sobre la leche derramada no servirá para corregir aquellos errores ni, a lo que se ve, para evitar que sean una vez más los inocentes los que muestren al mundo la verdadera cara de la guerra. Como en todas las guerras.

Tiritas contra la corrupción

Una auditoría externa y un pacto anticorrupción es todo lo que está dispuesto a hacer el PP para esclarecer de dónde proceden los 22 millones de euros que su ex tesorero Luis Bárcenas había ocultado en Suiza y si pagó sobresueldos opacos a dirigentes y cargo públicos. Y como guinda anuncia una comparecencia a petición propia de Montoro en el Congreso para que diga que no, que Bárcenas no se benefició de su generosa amnistía fiscal para regularizar la mitad del dinero oculto en Suiza. Decepcionante, por no decir indignante.

Por definición, la auditoría sólo podrá hacerse sobre las cuentas legales del PP pero no sobre la caja B, salvo que en un ataque de transparencia los dirigentes populares se la entreguen a los auditores. Ahora bien: ¿tiene la dirección del PP el libro negro de Bárcenas o lo guarda éste bajo siete llaves para emplearlo como arma de destrucción masiva si no se le busca una salida a su complicada situación ante la Justicia? ¿Y tiene el PP la agenda en la que previsiblemente Bárcenas ha venido anotando cuidadosamente los pagos en negro a dirigentes y cargos públicos del partido, algunos de los cuales ya han empezado a cantar?

No es descabellado suponer que tanto el libro negro como la contabilidad de los pagos en negro estén siendo los instrumentos de un chantaje en toda regla de Bárcenas al propio partido y al Gobierno, lo cual es aún mucho más grave. Por tanto, querer hacer creer que una auditoría pro domo sua es equivalente a arrojar luz y taquígrafos sobre las oscuras cuentas del PP es cuanto menos tomar por tontos a todos los ciudadanos de este país.

La iniciativa busca además proteger a Rajoy y a los marianistas de los embates que le lanzan los que nunca le han perdonado haber perdido el congreso de Valencia. El grupo lo lidera Esperanza Aguirre, que en los últimos días ha simultaneado su nueva profesión de cazatalentos con la de cazacorruptos si de ese modo puede socavar la credibilidad del presidente de su partido y del Gobierno. Aprovechando las revelaciones judiciales sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza, Aguirre se ha preguntado en voz alta para que el mensaje le llegara nítido a Rajoy, cómo es posible que nadie en la dirección del PP supiera lo que estaba ocurriendo con las finanzas populares. Guerra de banderías podríamos llamar a eso y ocurre cuando, como en este caso, el habilidoso responsable de las cuentas amenaza con exponer sus libros de contabilidad a la luz del sol.

Luego está lo del pacto anticorrupción ofrecido por Rajoy a través de su ventrílocua Cospedal. Llega el ofrecimiento cuando más aprieta en el zapato popular la china de su propia corrupción que ahora pretende diluir por la vía de traspasar al resto de las fuerzas políticas – que tampoco están para tirar cohetes en materia de corrupción – sus propias trapisondas. Sordo y ciego hasta ahora ante el clamor ciudadano contra la corrupción, el PP acaba de descubrir la pólvora y ve necesario un pacto político para combatir esta carcoma del sistema democrático. Desde luego hace falta, mejor dicho, era necesario hace mucho tiempo, pero todos los partidos han convertido ese compromiso no en un deseo sincero de luchar contra los corruptos, sino en el medio para debilitar al adversario.

De modo que una auditoría por encargo y un pacto sin contenidos concretos es todo lo que tiene el PP que ofrecer a los escandalizados ciudadanos de este país para intentar lavar su imagen de corrupción y proteger al líder de los ataques de sus rivales en el propio partido. Todo un gobierno legítimo y uno de los dos grandes partidos de este país pueden estar siendo objeto en estos momentos de una operación de chantaje por parte de un corrupto que quiere eludir la cárcel. Sin embargo, quienes tienen la obligación de aclararlo en el Parlamento ante todos los ciudadanos y en sede judicial ante los jueces se comportan más como cómplices que como perseguidores con todas las consecuencias de la corrupción y el chantaje.

La corrupción es cosa de todos

Nos rasgamos las vestiduras y con razón ante casos tan escandalosos como el que estos días rodea las cuentas en Suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas y sus pagos en negro a dirigentes y cargos públicos de ese partido. Nos las hemos rasgado también y con la misma razón ante otros casos malolientes como el de Iñaki Urdangarín, Gürtel, ERES fraudulentos, Pallerols, Palma Arena, Salmón, Faicán, Campeón o Palau. Solo enumerarlos todos nos ocuparía un par de entradas en este blog.

No obstante y aunque el que en estos momentos concentra la atención mediática es el caso Bárcenas, el mismo no deja de ser un episodio más – si bien gravísimo – en la interminable lista de casos de corrupción política de este país. Que el que ahora tiene al PP enfangado hasta las orejas sea el último o al menos uno de los últimos capítulos de esta gangrena democrática que sufre España, depende de la respuesta de los propios partidos políticos pero sobre todo de la respuesta social. 

Un caso de la gravedad del que protagoniza Luis Bárcenas es inadmisible que se despache con frases como “no me consta”, “no me temblará la mano” o “el que la hace que la pague”. El presidente del Gobierno y del partido que gobierna no puede seguir callado un minuto más sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en su propio partido. Rajoy tiene que explicar si está entre los que cobraron sobresueldos en negro y si ha sido chantajeado por el hombre en el que depositó toda su confianza para llevar las finanzas del partido. Él o su ministro de Hacienda deben explicar también con claridad y convicción que la lamentable amnistía fiscal del año pasado no fue el traje a medida que necesitaba Bárcenas para aflorar parte del dinero que había ocultado en Suiza. 

Con todo ser imprescindibles y urgentes esas aclaraciones, no son suficientes. Como presidente del Gobierno tiene la obligación democrática de explicar a todos los españoles qué piensa hacer para combatir la corrupción, qué leyes piensa aprobar o reformar, qué mecanismos piensa poner en marcha para que los corruptos, sean del partido que sean, paguen por sus desmanes en términos políticos y en términos penales. Sin medias tintas, sin ambigüedades ni frases retóricas, sin “y tú más”. Es la hora de que el Gobierno y todos los partidos políticos comprendan que su tibieza cuando no su condescendencia para con la corrupción está minando gravemente los cimientos del sistema democrático asentados sobre la confianza entre representantes y representados, cada día que pasa más deteriorada como ponen de manifiesto las encuestas y sondeos. 

En todos los partidos políticos, la inmensa mayoría de sus cargos públicos y orgánicos son personas honradas que cumplen sus tareas a carta cabal. Si no quieren verse envueltos en la mancha de la sospecha que se extiende ya sobre todas ellas, deben ser las primeras en establecer un cordón sanitario infranqueable para los que acuden a la política con la vista puesta en su enriquecimiento económico. Sólo para empezar hay que eliminar de las listas electorales a los imputados en casos de corrupción aunque luego resulten inocentes: es preferible un inocente alejado de la política que un corrupto aprovechándose de ella y de todos los ciudadanos. 

Estos, por su parte, tienen mucho más poder en sus manos que el que creen tener. En esas manos – en las manos de todos nosotros – está exigir a los partidos políticos auténtica tolerancia cero con la corrupción. Pero una tolerancia cero que debe empezar por nosotros mismos: ni un voto más para los corruptos, ni una vez más aquello de “es un chorizo, pero es nuestro chorizo” porque me dio un puesto de trabajo, me arregló una prestación a la que no tenía derecho, colocó a toda mi familia, etc. Podemos y debemos exigirles a los partidos políticos que combatan la corrupción en todas sus manifestaciones y ellos están obligados a escuchar y a actuar. 

Una sociedad civil atenta a la acción de sus representantes y vigilante en todo momento de que son merecedores de nuestra confianza es el mejor antídoto contra la corrupción. Generalizar y quejarse en bares y tertulias puede servir para desahogarse pero nada cambiará mientras los ciudadanos no seamos plenamente conscientes de nuestro poder para hacer que las cosas cambien o para que sigan empeorando.       

Bárcenas: uno de los nuestros

Luis Bárcenas podría encarnar a pedir de boca el papel de habilidoso contable en un clan de escasos escrúpulos legales y éticos de una película de serie B. El atuendo y el porte le confieren el aire de saber mucho más de lo que dice y de tener mucho más dinero del que aparenta. Es discreto pero adora las vacaciones en lejanos paraísos y el costoso deporte de alta montaña en Suiza. Sobre este país sigue pesando el injusto tópico de que su única aportación a la cultura universal ha sido el reloj de cuco, cuando es mucho más importante su impagable contribución a todos los grandes evasores fiscales que en el mundo han sido, son y serán.

Bárcenas iba con frecuencia a Suiza y  entre ascenso y ascenso al Mont Blanc visitaba algún banco cercano para poner sus ahorrillos a buen recaudo de Hacienda. Con paciencia y tesón acumuló 22 millones de euros fruto de sus desvelos por la solvencia de las cuentas del PP, con las que entró en contacto hace ahora unos 30 años de la mano de Manuel Fraga. Después vinieron el olvidado Hernández Mancha, el irrepetible Aznar y el silencioso Rajoy, que lo elevó a rango de tesorero mayor en 2008. Ya antes había probado suerte como senador y fue entonces cuando el saldo de su cuenta en Suiza experimentó un empuje hacia arriba igual al peso desalojado por su alta responsabilidad en el partido para el que trabajaba.

Con el estallido del caso Gürtel la suerte empezó a cambiar a la velocidad de un alud de nieve y Bárcenas obró con rapidez para desviar una parte de sus bien ganados ahorros a Nueva York confiando en que el juez no fuera capaz de seguirles la pista. Su imputación le costó el puesto de senador y tesorero del PP, aunque él bien que se resistió a dejar la ocupación que tantas satisfacciones personales le había dado. Al descubierto sus huchas de buen ahorrador en Suiza y Estados Unidos, su abogado ha venido a soltar una bomba en el seno del mismísimo Gobierno al afirmar que Bárcenas regularizó el año pasado 10 millones de euros gracias a la amnistía fiscal que Montoro tuvo a bien regalarles a los evasores fiscales de este país.

La pregunta es cómo puede alguien que está imputado regularizar tranquilamente su situación fiscal sin atenerse a las graves consecuencias para el común de los contribuyentes que obrasen como él. De hecho, Hacienda lo niega pero parece posible que la regularización se hiciera a través de una sociedad de la que Bárcenas es el titular o incluso a través de su esposa.

Como las desgracias no vienen solas, también hay indicios de que el montaraz Bárcenas untó muchas voluntades en la cúpula del PP por la vía de sobresueldos en negro a algunos de sus dirigentes y cargos públicos. Nada importante en realidad, sólo pequeños sobres con unos pocos miles de euros que llegaban a la caja B del partido a cambio de adjudicaciones públicas a constructoras, empresas de seguridad o donaciones. Todo muy normal y transparente.

Ahora que Bárcenas se encuentra en el centro del foco judicial y mediático, nadie en el PP parece saber quién es este hombre ni qué es lo que ha estado haciendo todo este tiempo con las cuentas del partido que se nutren de los impuestos que pagamos todos y, al parecer también, de las jugosas contraprestaciones económicas de empresas bien agradecidas.

Sólo un par de voces – Núñez Feijóo y Alfonso Alonso – se han elevado indignadas y han exigido que se llegue hasta el final. El resto se ha puesto de perfil, empezando por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, látigo de las cuentas en Suiza siempre que sus titulares pertenezcan a la familia Pujol o Mas. Asegura que Bárcenas ya no tiene nada que ver con el PP y que sus 22 millones de euros en Suiza son un asunto particular. De dimitir ella misma, después de haberlo prometido si se descubría que alguien de su partido tenía dinero oculto en el país del reloj de cuco, ni hablar.

Rajoy guarda silencio fiel a su papel de Don Tancredo mientras el chapapote de la corrupción anega el corazón mismo de su partido. “Bárcenas no es uno de los nuestros”, dicen casi todos a coro en el PP, olvidando los favores y los desvelos del hombre que tanto ha hecho por las cuentas del partido amén de por las suyas propias. Es la conocida moraleja de las malas películas sobre la mafia: cuando el contable es pillado in fraganti todos aquellos a los que benefició dicen no saber quién es ese señor ni a qué dedicaba sus esfuerzos, aunque al mismo tiempo salen corriendo no vaya a ser que el alud también se los lleve por delante.

AENA estafa a Canarias

A las más de mil familias que viven en las proximidades del aeropuerto de Gran Canaria se les acaban de quedar caras de circunstancias. AENA anuncia ahora que paraliza la construcción de la segunda pista comercial del aeródromo, como mínimo, hasta 2025. La justificación es que las previsiones de tráfico de pasajeros y movimiento de aviones no la hacen necesaria, justo lo contrario que aseguraban hace una década tanto AENA como otras administraciones públicas implicadas frente a las críticas que se le hicieron al proyecto.

Ignoro a qué bola de cristal le ha preguntado para llegar a esa conclusión sobre uno de los pocos aeropuertos españoles rentables, después del despilfarro en aeródromos sin apenas tráfico aéreo que ahora se pretenden vender al mejor postor o las inversiones faraónicas en ampliaciones para muchos innecesarias. Esa política es la que ha llevado al gestor aéreo público a acumular una deuda cercana a los 14.000 millones de euros que este año quiere recortar en un 4%. Es sin duda en ese objetivo en el que hay que encuadrar la decisión de no ejecutar la inversión prevista en Gran Canaria así como la subida de las tasas aéreas que está provocando la caída en el número de operaciones en los aeropuertos del país, entre ellos los canarios.

Con todo y a pesar de las críticas recibidas en su momento, AENA decidió seguir adelante con los faroles y puso en marcha un interminable expediente de expropiación de las viviendas aledañas al aeropuerto afectadas por la ampliación. Ese expediente ha hecho que las familias que allí residen lleven ya doce años luchando en defensa de sus intereses y topándose en incontables ocasiones con la parsimonia cuando no con las pegas y los oscuros recovecos de la Administración. Son innumerables las reuniones que han mantenido con las administraciones locales, insular, regional y estatal para hacer valer sus derechos y varias las manifestaciones y acampadas que han protagonizado para exigir que sus viviendas se valoraran a precios de mercado y no según el valor catastral o que las administraciones resolvieran su reubicación.


Poco a poco sortearon todos los escollos que se les fueron poniendo pero el tiempo seguía pasando y su futuro seguía sin estar completamente despejado. Muchos se arriesgaron a suscribir una hipoteca puente sobre la vivienda que se les iba a expropiar y nadie podía arriesgarse a abrir un negocio o simplemente a realizar obras de reforma en su casa a sabiendas de que más pronto que tarde terminaría derruida para construir la pista.

En definitiva, sus vidas y haciendas cayeron en una suerte de limbo desde que AENA decidió expropiar para ampliar el aeropuerto. Ahora, en su decisión unilateral de no construir la pista, AENA ha tenido a bien prolongar esa incertidumbre al menos otros doce años más. Han hecho bien los vecinos en denunciar haberse convertido en una suerte de patrimonio de AENA que la empresa pública emplea a su conveniencia. Y también están en su derecho de exigir responsabilidades y hasta compensaciones económicas por los perjuicios sufridos durante todo este tiempo.

El futuro y las haciendas de un millar de familiar no pueden quedar sometidos al albur de decisiones políticas extemporáneas y unilaterales sin caer en la inseguridad jurídica en la que un Estado de derecho no puede incurrir. Si el objetivo es ahorrar unos millones de euros para enjugar las deudas de AENA aunque eso suponga aplazar otra década la ampliación del aeropuerto que hasta ahora era primordial y que de la noche a la mañana ha dejado de serlo, que se diga con claridad. Pero al mismo tiempo, debe ofrecerse una solución definitiva y satisfactoria para unos ciudadanos cuyo futuro quedó hipotecado hace doce años y a los que ahora se les pretende doblar la condena.