A las más de mil familias que viven en las proximidades del aeropuerto de Gran Canaria se les acaban de quedar caras de circunstancias. AENA anuncia ahora que paraliza la construcción de la segunda pista comercial del aeródromo, como mínimo, hasta 2025. La justificación es que las previsiones de tráfico de pasajeros y movimiento de aviones no la hacen necesaria, justo lo contrario que aseguraban hace una década tanto AENA como otras administraciones públicas implicadas frente a las críticas que se le hicieron al proyecto.
Ignoro a qué bola de cristal le ha preguntado para llegar a esa conclusión sobre uno de los pocos aeropuertos españoles rentables, después del despilfarro en aeródromos sin apenas tráfico aéreo que ahora se pretenden vender al mejor postor o las inversiones faraónicas en ampliaciones para muchos innecesarias. Esa política es la que ha llevado al gestor aéreo público a acumular una deuda cercana a los 14.000 millones de euros que este año quiere recortar en un 4%. Es sin duda en ese objetivo en el que hay que encuadrar la decisión de no ejecutar la inversión prevista en Gran Canaria así como la subida de las tasas aéreas que está provocando la caída en el número de operaciones en los aeropuertos del país, entre ellos los canarios.
Con todo y a pesar de las críticas recibidas en su momento, AENA decidió seguir adelante con los faroles y puso en marcha un interminable expediente de expropiación de las viviendas aledañas al aeropuerto afectadas por la ampliación. Ese expediente ha hecho que las familias que allí residen lleven ya doce años luchando en defensa de sus intereses y topándose en incontables ocasiones con la parsimonia cuando no con las pegas y los oscuros recovecos de la Administración. Son innumerables las reuniones que han mantenido con las administraciones locales, insular, regional y estatal para hacer valer sus derechos y varias las manifestaciones y acampadas que han protagonizado para exigir que sus viviendas se valoraran a precios de mercado y no según el valor catastral o que las administraciones resolvieran su reubicación.
Poco a poco sortearon todos los escollos que se les fueron poniendo pero el tiempo seguía pasando y su futuro seguía sin estar completamente despejado. Muchos se arriesgaron a suscribir una hipoteca puente sobre la vivienda que se les iba a expropiar y nadie podía arriesgarse a abrir un negocio o simplemente a realizar obras de reforma en su casa a sabiendas de que más pronto que tarde terminaría derruida para construir la pista.
En definitiva, sus vidas y haciendas cayeron en una suerte de limbo desde que AENA decidió expropiar para ampliar el aeropuerto. Ahora, en su decisión unilateral de no construir la pista, AENA ha tenido a bien prolongar esa incertidumbre al menos otros doce años más. Han hecho bien los vecinos en denunciar haberse convertido en una suerte de patrimonio de AENA que la empresa pública emplea a su conveniencia. Y también están en su derecho de exigir responsabilidades y hasta compensaciones económicas por los perjuicios sufridos durante todo este tiempo.
El futuro y las haciendas de un millar de familiar no pueden quedar sometidos al albur de decisiones políticas extemporáneas y unilaterales sin caer en la inseguridad jurídica en la que un Estado de derecho no puede incurrir. Si el objetivo es ahorrar unos millones de euros para enjugar las deudas de AENA aunque eso suponga aplazar otra década la ampliación del aeropuerto que hasta ahora era primordial y que de la noche a la mañana ha dejado de serlo, que se diga con claridad. Pero al mismo tiempo, debe ofrecerse una solución definitiva y satisfactoria para unos ciudadanos cuyo futuro quedó hipotecado hace doce años y a los que ahora se les pretende doblar la condena.
Ignoro a qué bola de cristal le ha preguntado para llegar a esa conclusión sobre uno de los pocos aeropuertos españoles rentables, después del despilfarro en aeródromos sin apenas tráfico aéreo que ahora se pretenden vender al mejor postor o las inversiones faraónicas en ampliaciones para muchos innecesarias. Esa política es la que ha llevado al gestor aéreo público a acumular una deuda cercana a los 14.000 millones de euros que este año quiere recortar en un 4%. Es sin duda en ese objetivo en el que hay que encuadrar la decisión de no ejecutar la inversión prevista en Gran Canaria así como la subida de las tasas aéreas que está provocando la caída en el número de operaciones en los aeropuertos del país, entre ellos los canarios.
Con todo y a pesar de las críticas recibidas en su momento, AENA decidió seguir adelante con los faroles y puso en marcha un interminable expediente de expropiación de las viviendas aledañas al aeropuerto afectadas por la ampliación. Ese expediente ha hecho que las familias que allí residen lleven ya doce años luchando en defensa de sus intereses y topándose en incontables ocasiones con la parsimonia cuando no con las pegas y los oscuros recovecos de la Administración. Son innumerables las reuniones que han mantenido con las administraciones locales, insular, regional y estatal para hacer valer sus derechos y varias las manifestaciones y acampadas que han protagonizado para exigir que sus viviendas se valoraran a precios de mercado y no según el valor catastral o que las administraciones resolvieran su reubicación. Poco a poco sortearon todos los escollos que se les fueron poniendo pero el tiempo seguía pasando y su futuro seguía sin estar completamente despejado. Muchos se arriesgaron a suscribir una hipoteca puente sobre la vivienda que se les iba a expropiar y nadie podía arriesgarse a abrir un negocio o simplemente a realizar obras de reforma en su casa a sabiendas de que más pronto que tarde terminaría derruida para construir la pista.
En definitiva, sus vidas y haciendas cayeron en una suerte de limbo desde que AENA decidió expropiar para ampliar el aeropuerto. Ahora, en su decisión unilateral de no construir la pista, AENA ha tenido a bien prolongar esa incertidumbre al menos otros doce años más. Han hecho bien los vecinos en denunciar haberse convertido en una suerte de patrimonio de AENA que la empresa pública emplea a su conveniencia. Y también están en su derecho de exigir responsabilidades y hasta compensaciones económicas por los perjuicios sufridos durante todo este tiempo.
El futuro y las haciendas de un millar de familiar no pueden quedar sometidos al albur de decisiones políticas extemporáneas y unilaterales sin caer en la inseguridad jurídica en la que un Estado de derecho no puede incurrir. Si el objetivo es ahorrar unos millones de euros para enjugar las deudas de AENA aunque eso suponga aplazar otra década la ampliación del aeropuerto que hasta ahora era primordial y que de la noche a la mañana ha dejado de serlo, que se diga con claridad. Pero al mismo tiempo, debe ofrecerse una solución definitiva y satisfactoria para unos ciudadanos cuyo futuro quedó hipotecado hace doce años y a los que ahora se les pretende doblar la condena.
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