Una auditoría externa y un pacto anticorrupción es todo lo que está dispuesto a hacer el PP para esclarecer de dónde proceden los 22 millones de euros que su ex tesorero Luis Bárcenas había ocultado en Suiza y si pagó sobresueldos opacos a dirigentes y cargo públicos. Y como guinda anuncia una comparecencia a petición propia de Montoro en el Congreso para que diga que no, que Bárcenas no se benefició de su generosa amnistía fiscal para regularizar la mitad del dinero oculto en Suiza. Decepcionante, por no decir indignante.
Por definición, la auditoría sólo podrá hacerse sobre las cuentas legales del PP pero no sobre la caja B, salvo que en un ataque de transparencia los dirigentes populares se la entreguen a los auditores. Ahora bien: ¿tiene la dirección del PP el libro negro de Bárcenas o lo guarda éste bajo siete llaves para emplearlo como arma de destrucción masiva si no se le busca una salida a su complicada situación ante la Justicia? ¿Y tiene el PP la agenda en la que previsiblemente Bárcenas ha venido anotando cuidadosamente los pagos en negro a dirigentes y cargos públicos del partido, algunos de los cuales ya han empezado a cantar?
No es descabellado suponer que tanto el libro negro como la contabilidad de los pagos en negro estén siendo los instrumentos de un chantaje en toda regla de Bárcenas al propio partido y al Gobierno, lo cual es aún mucho más grave. Por tanto, querer hacer creer que una auditoría pro domo sua es equivalente a arrojar luz y taquígrafos sobre las oscuras cuentas del PP es cuanto menos tomar por tontos a todos los ciudadanos de este país.
La iniciativa busca además proteger a Rajoy y a los marianistas de los embates que le lanzan los que nunca le han perdonado haber perdido el congreso de Valencia. El grupo lo lidera Esperanza Aguirre, que en los últimos días ha simultaneado su nueva profesión de cazatalentos con la de cazacorruptos si de ese modo puede socavar la credibilidad del presidente de su partido y del Gobierno. Aprovechando las revelaciones judiciales sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza, Aguirre se ha preguntado en voz alta para que el mensaje le llegara nítido a Rajoy, cómo es posible que nadie en la dirección del PP supiera lo que estaba ocurriendo con las finanzas populares. Guerra de banderías podríamos llamar a eso y ocurre cuando, como en este caso, el habilidoso responsable de las cuentas amenaza con exponer sus libros de contabilidad a la luz del sol.
Luego está lo del pacto anticorrupción ofrecido por Rajoy a través de su ventrílocua Cospedal. Llega el ofrecimiento cuando más aprieta en el zapato popular la china de su propia corrupción que ahora pretende diluir por la vía de traspasar al resto de las fuerzas políticas – que tampoco están para tirar cohetes en materia de corrupción – sus propias trapisondas. Sordo y ciego hasta ahora ante el clamor ciudadano contra la corrupción, el PP acaba de descubrir la pólvora y ve necesario un pacto político para combatir esta carcoma del sistema democrático. Desde luego hace falta, mejor dicho, era necesario hace mucho tiempo, pero todos los partidos han convertido ese compromiso no en un deseo sincero de luchar contra los corruptos, sino en el medio para debilitar al adversario.
De modo que una auditoría por encargo y un pacto sin contenidos concretos es todo lo que tiene el PP que ofrecer a los escandalizados ciudadanos de este país para intentar lavar su imagen de corrupción y proteger al líder de los ataques de sus rivales en el propio partido. Todo un gobierno legítimo y uno de los dos grandes partidos de este país pueden estar siendo objeto en estos momentos de una operación de chantaje por parte de un corrupto que quiere eludir la cárcel. Sin embargo, quienes tienen la obligación de aclararlo en el Parlamento ante todos los ciudadanos y en sede judicial ante los jueces se comportan más como cómplices que como perseguidores con todas las consecuencias de la corrupción y el chantaje.
Por definición, la auditoría sólo podrá hacerse sobre las cuentas legales del PP pero no sobre la caja B, salvo que en un ataque de transparencia los dirigentes populares se la entreguen a los auditores. Ahora bien: ¿tiene la dirección del PP el libro negro de Bárcenas o lo guarda éste bajo siete llaves para emplearlo como arma de destrucción masiva si no se le busca una salida a su complicada situación ante la Justicia? ¿Y tiene el PP la agenda en la que previsiblemente Bárcenas ha venido anotando cuidadosamente los pagos en negro a dirigentes y cargos públicos del partido, algunos de los cuales ya han empezado a cantar?
No es descabellado suponer que tanto el libro negro como la contabilidad de los pagos en negro estén siendo los instrumentos de un chantaje en toda regla de Bárcenas al propio partido y al Gobierno, lo cual es aún mucho más grave. Por tanto, querer hacer creer que una auditoría pro domo sua es equivalente a arrojar luz y taquígrafos sobre las oscuras cuentas del PP es cuanto menos tomar por tontos a todos los ciudadanos de este país.
La iniciativa busca además proteger a Rajoy y a los marianistas de los embates que le lanzan los que nunca le han perdonado haber perdido el congreso de Valencia. El grupo lo lidera Esperanza Aguirre, que en los últimos días ha simultaneado su nueva profesión de cazatalentos con la de cazacorruptos si de ese modo puede socavar la credibilidad del presidente de su partido y del Gobierno. Aprovechando las revelaciones judiciales sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza, Aguirre se ha preguntado en voz alta para que el mensaje le llegara nítido a Rajoy, cómo es posible que nadie en la dirección del PP supiera lo que estaba ocurriendo con las finanzas populares. Guerra de banderías podríamos llamar a eso y ocurre cuando, como en este caso, el habilidoso responsable de las cuentas amenaza con exponer sus libros de contabilidad a la luz del sol.
Luego está lo del pacto anticorrupción ofrecido por Rajoy a través de su ventrílocua Cospedal. Llega el ofrecimiento cuando más aprieta en el zapato popular la china de su propia corrupción que ahora pretende diluir por la vía de traspasar al resto de las fuerzas políticas – que tampoco están para tirar cohetes en materia de corrupción – sus propias trapisondas. Sordo y ciego hasta ahora ante el clamor ciudadano contra la corrupción, el PP acaba de descubrir la pólvora y ve necesario un pacto político para combatir esta carcoma del sistema democrático. Desde luego hace falta, mejor dicho, era necesario hace mucho tiempo, pero todos los partidos han convertido ese compromiso no en un deseo sincero de luchar contra los corruptos, sino en el medio para debilitar al adversario.
De modo que una auditoría por encargo y un pacto sin contenidos concretos es todo lo que tiene el PP que ofrecer a los escandalizados ciudadanos de este país para intentar lavar su imagen de corrupción y proteger al líder de los ataques de sus rivales en el propio partido. Todo un gobierno legítimo y uno de los dos grandes partidos de este país pueden estar siendo objeto en estos momentos de una operación de chantaje por parte de un corrupto que quiere eludir la cárcel. Sin embargo, quienes tienen la obligación de aclararlo en el Parlamento ante todos los ciudadanos y en sede judicial ante los jueces se comportan más como cómplices que como perseguidores con todas las consecuencias de la corrupción y el chantaje.
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