Un plátano no basta

Lo confieso: soy un macaco. Todos los días desayuno un par de plátanos de Canarias y me va estupendamente. Aclaro que no soy ghanés, camerunés ni brasileño y mucho menos futbolista, pero como plátanos igualmente. Si fuera futbolista y alguna cobarde bestia parda emboscada entre la multitud de la grada me lanzara un plátano con la intención de ofenderme, haría como Dani Alves, el futbolista del Barcelona: lo pelaría y me lo comería. Ese orangután – con perdón de los orangutanes – que acudió el otro día al estadio del Villarreal disfrazado de supuesto hincha futbolístico ha conseguido con una acción propia de quien sigue viviendo en la copa de los árboles un movimiento mundial de simpatía con el futbolista brasileño. 

Algunos  futbolistas - no todos -  se han solidarizado con él comiendo un plátano y otro tanto han hecho presidentes de gobierno como el italiano Renzi o jefes de estado como la brasileña Rousseff. Los medios de comunicación de medio mundo recogen estas muestras de rechazo del racismo de manera que, si el mono aullador que le tiró el plátano a Alves ha seguido en la red las consecuencias de su valerosa acción, a esta hora puede que esté pensando en emigrar a la selva de Papúa Nueva Guinea y establecer allí su residencia definitiva. Debería hacerlo, tanto él como otros muchos simios que domingo tras domingo aúllan en los estadios de fútbol, se mofan de los jugadores negros con cánticos racistas y ya encorajinados hasta les tiran plátanos. Sería la solución perfecta pero ese tipo de soluciones no suele ser muy habitual. 

Lo más probable es que otros micos como el de Villarreal reproduzcan el próximo domingo los cánticos racistas en cualquier estadio de fútbol de este país y alguno, envalentonado incluso y en solidaridad con el del domingo pasado, se lleve un racimo entero de plátanos para tirarlos al campo. Comer plátanos como han hecho estos días muchos personajes públicos para expresar su condena del racismo está muy bien pero es a todas luces insuficiente para acabar con esa jauría de mandriles que por desgracia pululan cada semana entre las tribus futbolísticas españolas. Más que plátanos hace faltan leyes y tolerancia cero y de eso estamos casi en pañales. 

Al descerebrado de Villarreal lo localizó el club, le ha quitado el abono y le ha prohibido la entrada de por vida al estadio. Bien está pero sigue siendo insuficiente. En países como Inglaterra la tolerancia con los gritos racistas es más que de cero de bajo cero. Chimpancé cazado coreando gritos ofensivos contra algún jugador por el color de su piel, chimpancé que es detenido y puesto ante un juez. Las estadísticas hablan por sí solas: en dos años se ha reducido en más de la mitad el número de este tipo de ofensas en los estadios de fútbol. En España aún falta mucho para llegar a eso, aquí incluso hay quienes les ríes las gracias a estos cobardes y consideran que sus acciones son meras anécdotas futbolísticas que no merecen que nadie se preocupe por ellas. De esa mentalidad comulgan incluso no pocos futbolistas españoles que a esta hora deberían de estar, como mínimo, exigiendo a quien tiene competencias para ello que legisle, vigile, persiga y extirpe esa lacra de los estadios. 

La responsabilidad de acabar con ese bochorno recae en primer lugar en los propios hinchas, que conocen perfectamente a los descerebrados que domingo a domingo insultan desde el asiento de al lado al futbolista negro del equipo rival, nunca al del equipo de sus colores. Empezar por afearles la conducta sería un primer paso de gigante. Sin embargo, el verdadero paso lo debe dar quien tiene la potestad para ello: el Gobierno y el Parlamento, legislando con dureza y haciendo cumplir la ley a rajatabla. Sin embargo, son otras cosas como los himnos o las banderas las que preocupan de verdad a este Gobierno y no el racismo que campa desde hace años por los estadios españoles. Así que dudo mucho que lleguemos a ver a Mariano Rajoy al menos comiéndose un plátano.

Los tiempos de Rajoy

De Mariano Rajoy puede decirse y con razón que es lento hasta la desesperación cuando se trata de tomar decisiones. Sus hagiógrafos resaltan que es un político que marca bien los tiempos y que no deja que nadie se los imponga. Lo cual no contradice la primera afirmación, una exasperante lentitud capaz de poner de los nervios a propios y extraños. Lo que en cambio no se puede decir en ningún caso es que sea imprevisible y que, mucho antes de tomar una decisión, no se sepa con bastante exactitud cuál va a ser. Eso, si exceptuamos el flagrante incumplimiento de todas y cada una de sus promesas electorales. Ahí sí que estuvo imprevisible, sobre todo para quienes creyeron a pies juntillas sus promesas y votaron al PP.


Ahora bien, si nos remitimos por ejemplo a los papeles de Bárcenas recordaremos que, después de meses negándose a hablar del caso, acudió a rastras un mes de agosto al Congreso a decir lo que todos los españoles ya sospechábamos que diría: yo a ese señor no lo conozco de nada y si lo nombré tesorero del partido fue un error. Casos de lentitud en la toma de decisiones por parte de Rajoy hay a montones, tantos como de previsibilidad en las mismas. El más reciente es la demora en designar candidato al Parlamento Europeo. Todas las quinielas apuntaban desde un primer momento a Arias Cañete, pero Rajoy guardó la decisión en la nevera durante semanas hasta el punto de que fue el último partido en nombrar candidato.


Eso ocurría un 9 de abril y han pasado más de dos semanas para que designara a la sustituta de Arias Cañete. Durante todo ese tiempo, el ministro ha seguido compatibilizando sus dos agendas a pesar de la imagen poco edificante de ver a un miembro del Gobierno simultaneando sus actividades oficiales con declaraciones de marcado tinte electoral, hasta el punto de que ya no era posible diferenciar cuándo hablaba como ministro y cuándo como candidato o cuándo aprovechaba los recursos públicos para lanzar su campaña. 

Desde que se conoció que Arias Cañete se irá a Bruselas después de las elecciones del 25 de mayo se dio por hecho que su sustituta sería la secretaria del ministerio, Isabel García Tejerina, y así ha sido. De nuevo, la previsibilidad más absoluta pero a paso de tortuga.  Erraban quienes especulaban con la posibilidad de que Rajoy aprovechara la marcha de Arias Cañete para acometer una reforma más amplia del Gobierno o, por lo menos, para buscar para Agricultura y Medio Ambiente un ministro o ministra con un perfil político algo menos gris y tecnocrático que el que luce la elegida. Parece demostrado que esperar de Rajoy una crisis de gobierno es esperanza inútil a pesar del evidente desgaste de una buena parte del Ejecutivo. Lo más probable es que aguante con el mismo gabinete hasta la víspera de las elecciones generales del año que viene. Ahora que ya tiene ministra de Agricultura puede Rajoy relajarse y descansar del agotador esfuerzo realizado. 

Por lo demás, García Tejerina es un nuevo ejemplo de las engrasadas puertas giratorias que tan bien comunican la administración pública con la empresa privada y por la que transitan sin problemas altos cargos de este y de anteriores gobiernos. Si Arias Cañete tiene intereses petroleros en la empresa DUCAR, la nueva ministra estuvo ligada profesionalmente a una poderosa compañía de fertilizantes – FERTIBERIA - que, además de haber sido condenada por delito medioambiental en Huelva, tiene entre sus propietarios a un conspicuo donante del PP imputado en el caso Bárcenas. Ella es la responsable ahora de resolver algunas papas calientes que Arias Cañete deja sobre la mesa, entre ellas, la firma del informe de impacto ambiental que determinará si Repsol puede hacer o no prospecciones petrolíferas en Canarias

Se trata de un asunto nada baladí dado el rechazo que el proyecto de la petrolera preferida del Ministerio de Industria genera en el Archipiélago, en donde aún se aguarda con santa paciencia a que Rajoy diga si autoriza o no la celebración de la consulta popular que sobre este asunto solicitaron el parlamento y el gobierno autonómicos hace ya unos cuantos meses. Teniendo en cuenta la pachorra del presidente y la previsibilidad con la que actúa, no es nada improbable que la decisión sobre la consulta la tome cuando Repsol tenga la autorización para buscar petróleo. Puede que sea entonces cuando nos diga oficialmente lo que ya sabemos desde ahora que dirá: que la consulta es ilegal. ¿Apostamos algo?

¡Que la detengan!

Lo de Esperanza Aguirre no es que aburra, es que indigna hasta el estupor y más allá. La señora condesa de Murillo tiene tan asumido su papel de “a mí no hay quien me rechiste” que es incapaz de detener la verborrea prepotente con la que expande sus estupideces por platós de televisión y estudios de radio. Tras su tocata y fuga con unos guindillas de movilidad del ayuntamiento de Madrid por aparcar su coche en un carril bus, la lideresa ha optado por lo que mejor se le da: sostenella y no enmendalla. En lugar de reconocer que metió la pata hasta la cintura, pedir disculpas a los ciudadanos atendiendo a su relevancia pública y hacer propósito de la enmienda, ha optado por una huída hacia adelante que solo puede conducirla al ridículo más lamentable. 


Al final, seguramente todo se resolverá en un juicio de faltas en el que Aguirre puede ser condenada a pagar una multa de 10 a 60 días. Solo en el supuesto poco probable de que su comportamiento sea considerado falta grave podrían caerle de seis meses a un año de prisión que seguramente no serían suficientes para acabar con sus huesos en la trena. Todo este circo que Aguirre ha montado por su soberbia reacción ante el requerimiento de los agentes se lo podría haber ahorrado y de paso ahorrarle también a los ciudadanos el bochorno que supone escuchar a diario a una dirigente política que ha ocupado altos cargos de responsabilidad pública diciendo sandeces sin parar.

Las críticas que ha recibido por su actitud chulesca durante y después del incidente con los agentes municipales no han servido para hacerla recapacitar lo más mínimo. Desprecia que se le exija la ejemplaridad que debe mostrar un representante político y basa su defensa en absurdas acusaciones de machismo, descubriéndose a estas alturas como la ferviente feminista que nunca ha sido ni será. Sabe perfectamente que cualquier otro ciudadano habría sido detenido inmediatamente y puesto a disposición judicial y, seguramente, no por una falta de orden público sino por un delito de desobediencia a la autoridad. Dos cosas completamente distintas que consecuentemente conllevan penas distintas de ser hallado culpable.

A ella en cambio fue a visitarla la Guardia Civil a su domicilio “para aclarar lo sucedido” y se marchó por donde había venido sin llevársela esposada como tal vez debería haber hecho. Pero todo eso a la señora Aguirre le debe de sonar a música celestial y cosas de gañanes que no van con ella. Lo suyo es seguir chuleando a los agentes, negando las evidencias que hasta su compañera de filas y alcaldesa Ana Botella ha tenido que admitir y soltando patujadas para rechifla de tertulias y corrillos de cafetería. ¡Pero qué salá es la Espe! ¡Qué gracia tiene! 

Para que el circo no decaiga ni un minuto y alimentar de este modo los comentarios sobre su gracejo y desparpajo, se permite decir en un pregón taurino la chorrada hasta ahora mayor de su muy extensa colección histórica de chorradas: que aquellos que detestamos la mal llamada “fiesta nacional “somos antiespañoles y queremos la destrucción de España. Solo alguien tan pagada de sí misma como Esperanza Aguirre puede soltar una perla cultivada de ese tamaño y con aroma tan rancio a ultraderecha casposa. Alguien en su entorno político y personal debería de decirle que pare de una vez y deje de tomar por imbéciles y antiespañoles a los que no le reímos sus estupideces y no comulgamos con lo que expele su cerebro mononeuronal. Alguien debería de hacerlo pero no hay esperanza de que alguien lo haga.

Cañete puede con todo

Al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – MAGRAMA para los amigos – se le ve fuerte y rozagante. De pronto sale en un telediario comiéndose un yogur caducado y al día siguiente lo vemos zampándose unos jugosos melocotones de la huerta murciana y poco después probando unos pinchos de recio chorizo castellano en Salamanca. Sin embargo, desde el pasado nueve de abril Miguel Arias Cañete tiene un problema: no se aclara con las agendas del día a día. Ese día salió ante los medios la número dos del PP María Dolores de Cospedal y, en funciones de ventrílocua oficial del premioso dedo de designar de Rajoy, anunció que Arias Cañete sería el esperado candidato popular al Parlamento Europeo. 

Todo fueron parabienes y felicitaciones para el ministro y este, sacando pecho – lo cual tampoco era necesario – tardó solo unas horas en verse ganador y tal vez próximo comisario agrícola europeo. Hasta la candidata socialista, la señora Valenciano, pudo por fin ajustar el punto de mira de sus críticas al PP. Pero lo cierto es que, desde el mismo momento en que el dedo de Rajoy se posó sobre la barba de Arias Cañete, el ministro no da pie con bola con las agendas. El caso es que se levanta por las mañana y confunde la agenda de ministro con la de candidato: cuando acude a un acto para defender las cuotas de jurel se le escapa que cuando sea comisario europeo los pescadores podrán pescar todo el jurel que quieran; en cambio, cuando se pone el traje de faena electoral va y dice que como ministro del ramo hará todo lo que esté en su mano para que España se convierta en una unidad petrolera en lo universal, eso sí, respetando al máximo el medio ambiente. 

Esta esquizofrenia le ha hecho pensar a algunos que Arias Cañete debería dimitir como ministro y dedicarse sólo a sus mítines y promesas, más que nada para no transmitir la poco edificante imagen de que usa dinero del Ministerio para labrarse un futuro venturoso como comisario europeo. Es cierto que la Ley no le obliga a dimitir, lo cual no quiere decir que la Ley esté bien, sino más bien todo lo contrario. En todo caso, si lo hiciera tampoco chocarían los planetas entre sí, ni mucho menos.  La cuestión es por qué Rajoy no lo ha relevado ya de la pesada cartera del MAGRAMA y no se sabe si es debido a que no tiene a nadie a quién poner en su lugar – harto dudoso -, a si es que prepara una crisis de gobierno más amplia o si es el propio Arias Cañete el que quiere aguantar hasta el final como un jabato a pesar del lío con sus agendas paralelas y concomitantes. 

A lo mejor es que tiene expedientes trascendentales que resolver y no puede irse sin haberles echado un garabato al pie. Sólo Rajoy y Dios lo saben y en consecuencia sólo cabe esperar a que el dedo del presidente vuelva a posarse en el elegido para sustituir al ministro con más peso del gabinete, además del más valorado aunque no llegue al 5. Lo cierto es que Arias Cañete no ha entrado con buen pie en la carrera electoral, y no va con segundas. Nada más ser designado candidato sacó la malvada oposición a relucir que había ocultado al Congreso que tiene acciones de una petrolera - DUCAR -  que, además, contrata con la administración pública. Sin duda, sólo en España debe de ocurrir que un ministro de Medio Ambiente tenga intereses en una compañía petrolera y que encima no los declare a la Cámara. 

Se da la circunstancia de que la petrolera de la que es accionista el ministro y candidato posee filiales en Canarias, en donde otra petrolera – Repsol – quiere buscar crudo y hacer ricos a todos los canarios de un taponazo. Por supuesto, se trata también del mismo ministro de cuyo departamento depende en última instancia que Repsol pueda empezar a buscar petróleo en estas islas. Aunque el refrán popular asegura que blanco y en botella suele ser leche, en este caso le da a uno por preguntarse si negro y en barril es petróleo.

Te llegará un carta

Once hermosos millones de euros piensa gastarse la Seguridad Social en informar por correo ordinario a los ciudadanos de este país sobre su futura e hipotética jubilación. Vayan sacando pues del buzón la publicidad del supermercado de la esquina y la propaganda política para las elecciones europeas. La primera tanda está a punto de salir del horno y va destinada a los mayores de 50 años en paro y afiliados o no a la Seguridad Social.

Eso sí, como no hayan cumplido al menos 15 años de cotización olvídense de recibir la buena nueva de la ministra Báñez con las previsiones sobre su futuro cada vez más cercano. De momento no está previsto, aunque no es descartable, que en la carta se adjunte un tarot para que el feliz receptor de la misiva averigüe si volverá a trabajar antes de que pase a la situación de retirado con todos los honores y, en su caso, sepa si la pensión por jubilación le dará para dar la vuelta al mundo dos veces, comer en los restaurantes de los master chefs de turno y dedicar el resto del tiempo al macramé y el yoga.

Que no desespere el resto que hay cartas para todo el mundo. El año que viene – Dios y la Virgen del Rocío mediantes – nuestra ministra de Empleo hará llegar sus efusivas felicitaciones a los mayores de 40 años en paro o con curro. El objetivo es el mismo: advertirles de que se vayan comprando una hucha y guardando unos euros para cuando seamos viejos, porque las cuentas en la Seguridad Social están hechas unos zorros y nadie sabe si para cuando llegue la jubilosa jubilación con la que todos soñamos habrá siquiera pensiones. De momento se descarta en el Ministerio meter en el sobre un hermoso tríptico a todo color sobre los salerosos planes privados de pensiones con los que la banca y las aseguradoras a ella adheridas nos prometen dos futuros venturosos, como mínimo.

Y hasta 2016 tendrán de esperar - ¡paciencia! – los restantes curritos o parados para que el cartero llame a su puerta con la carta del ministerio. Bastará entonces con haber cotizado sólo cinco añitos para ser el afortunado poseedor de una firma de la ministra. En total, más de 17 millones de cartas circulando por toda España en los próximos tres años para regocijo de empleados y parados. Cosa distinta será que en los próximos tres años se pueda hablar en este país de algo que merezca el nombre de pensión por jubilación y no digamos nada dentro de 10, 15 o 20 años. Sobre todo teniendo en cuenta el nuevo y chiripitifláutico sistema para “revalorizar” las pensiones que queda al albur de que la economía vaya al menos regular, de que la caja de la Seguridad Social no siga criando telarañas y, en último extremo, de la santa voluntad del Gobierno de turno.

Pero no queda aquí la cosa que, a lo que se ve, en el ministerio de Báñez se sigue trabajando con ahínco en garantizarnos a todos, si no un trabajo, si por lo menos información a mansalva que nos aligere y aclare el incierto porvenir que nos espera a los que vamos cumpliendo años y echando canas. También va a aprobar el ministerio un nuevo modelo de nómina que especifique con mayor claridad lo que se aporta a la Seguridad Social por parte del empresario. Eso si a Montoro no le da por hacer caso a la gran patronal y cargar sobre los trabajadores dichas aportaciones, que de ese hombre cabe esperar cualquier cosa.

De lo que no hay noticia cierta, aunque sería una buena idea que invitó a la ministra a considerar, es de la conveniencia de regalar también a cada trabajador una lupa de muchos aumentos para que pueda alcanzar a ver el menguante salario que recibe mes a mes. Eso, junto a las cartas que están por llegar, nos daría una idea mucho más aproximada de la cuantía de la pensión si es que tenemos la suerte de cobrar alguna. Y ya puestos propongo incluir en este correo masivo que prepara el ministerio una edición facsímil de los papeles de Bárcenas encuadernada en piel y firmada de su puño y letra. Más que nada para tener algo que dejar en herencia a nuestros hijos.

La Justicia española en la picota

Dos noticias casi simultáneas han vuelto a dejar al sistema judicial español y a determinada clase política con sus vergüenzas a la vista de todo el mundo. Por orden cronológico, la primera de las noticias está fechada en Argentina. Allí, una juez federal de Buenos Aires acaba de admitir a trámite la denuncia presentada contra España por los familiares de cinco republicanos fusilados a manos de leales franquistas en 1937. Los hechos ocurrieron en el que entonces era municipio de San Lorenzo, en la isla de Gran Canaria, y los fusilados fueron el alcalde, el secretario municipal, el jefe de la policía local y dos sindicalistas. Como es fácil de suponer, su delito fue mantenerse leales a la República. 

Afirman los denunciantes que todos ellos fueron torturados antes de ser fusilados y añaden que el hijo de uno de los sindicalistas, un bebé de cuatro meses, murió al ser arrojado violentamente contra una pared durante un registro. Los familiares, parientes directos de las víctimas, prestarán declaración ante la juez bonaerense que en fechas próximas se trasladará a España para conocer de cerca otras causas de represaliados por el franquismo abiertas en su juzgado. 

Para estos denunciantes se abre por fin una vía a la esperanza de que se haga justicia y de que los restos de sus seres queridos, enterrados en una fosa común del cementerio de Las Palmas, sean desenterrados, identificados y entregados a sus familiares para que les den sepultura. No parece mucho pedir pero lo cierto es que el sistema judicial español les ha negado esa posibilidad en reiteradas ocasiones, así que ahora queda en manos de la Justicia argentina satisfacer sus justas demandas, las mismas que la fracasada Ley de Memoria Histórica es incapaz de atender. 


La otra noticia está fechada en Estrasburgo, en donde tiene su sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En una sentencia que como mínimo debería de avergonzar también a las autoridades españolas y al sistema judicial de este país, se condena a España por la orden de expulsión de una treintena de inmigrantes saharauis que habían llegado a Fuerteventura huyendo de la represión de la policía marroquí en El Aaiún.

Afirma la sentencia conocida hoy que España ordenó la expulsión sin haber concluido el examen de la petición de asilo presentada por los inmigrantes a su llegada a España alegando que de ser devueltos al Sahara su vida corría peligro. No lo dice el fallo, aunque es fácil deducirlo, que en el Ministerio del Interior hubo una prisa inusitada por echar del país a treinta posibles activistas saharauis y dar así satisfacción al régimen marroquí. 

La orden de expulsión fue ratificada incluso por los jueces de la Audiencia Nacional, a la que acudió pidiendo medidas cautelares la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Sólo cuando el caso llegó al Tribunal de Estrasburgo la expulsión quedó en suspenso y los saharauis pudieron permanecer en España a la espera de que se resolviera el contencioso. Eso es lo que acaba de ocurrir y el varapalo judicial a nuestro país es de los que debería escocer en lo más profundo de un país democrático.

Asegura el fallo de Estrasburgo que España violó nada menos que tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el número 13 sobre el derecho a un recurso efectivo, el número 2 sobre el derecho a la vida y el número 3 de prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Y remata afirmando que España también se saltó a la torera el artículo 46 del mismo Convenio que “debe garantizar, jurídica y materialmente, el mantenimiento de los demandantes en territorio español hasta que concluya el examen de sus causas”. 

Claro que, bien pensado, qué se puede esperar cuando el portavoz parlamentario del partido en el Gobierno, Alfonso Alonso, afirma que la “Justicia universal sólo crea falsas expectativas y conflictos diplomáticos”. Y es que no hay nada tan tranquilizador para las conciencias de algunos y que menos problemas diplomáticos genere que la paz de los cementerios. 

Bienvenido al Sur, monsieur Hollande

La llegada del socialista Hollande a la presidencia francesa permitió abrigar esperanzas de que un gobierno socialdemócrata en París sería capaz de hacer de contrapeso del austericidio que la canciller Angela Merkel estaba imponiendo en toda Europa. Era el mirlo blanco que se suponía iba a pararle los pies a Berlín para que al menos cediera algún punto en sus políticas de ajustes y recortes a machamartillo que estaban dejando a países como Grecia, Portugal, Irlanda o España hechos unos verdaderos zorros.

Nada de eso ocurrió: Hollande se ha mostrado como un presidente débil, incapaz de hacer valer el supuesto peso de Francia en la Unión Europea y esto ha permitido a Merkel seguir campando a sus anchas en Bruselas y continuar aplicando la misma receta de aceite de ricino a pesar de los desastrosos resultados obtenidos. La puntilla han sido los calamitosos números del socialismo francés en las recientes elecciones municipales con la guinda añadida de un preocupante ascenso de la extrema derecha de Marine Le Pen. La primera decisión del presidente galo fue deshacerse de su primer ministro y nombrar en su lugar a Manuel Valls quien, nada más llegar al cargo, ha presentado un programa de ajustes que ha dejado tiritando a los franceses y a sus propios compañeros de partido, quienes ya temen por los resultados en las elecciones presidenciales de 2017.


El objetivo es ahorrar unos 50.000 millones de euros en gasto público para cumplir con el sacrosanto déficit que le exige Bruselas y para conseguirlo ha tirado del manual del buen austericida dictado por Berlín: se congelan las pensiones y los sueldos de los funcionarios, suben los impuestos de las rentas del trabajo, se recortan los recursos de las administraciones locales y se reducen las cargas laborales de los empresarios del orden de 38.000 millones de euros. Estos, a cambio, dicen que crearán millones de puestos de trabajo a cambio de ese regalo pero no especifican cuándo ni cómo. Eso sí, contentos están porque en el país de la guillotina no se recuerda un recorte igual desde la Revolución Francesa.

Algunos ya han echado cuentas y aseguran que el guillotinazo a las cuentas públicas francesas se reflejará en una caída imparable del Producto Interior Bruto y en un incremento del empleo precario, la pobreza y la exclusión social, tal y como ha ocurrido en España tras la caída del caballo de Zapatero en 2010 y las medidas, agrandadas y agravadas, que luego aplicó Rajoy nada más pisar la alfombra de La Moncloa. Y al igual que el actual presidente español, que engañó a los electores prometiendo lo contrario de lo que luego hizo, también Hollande y su primer ministro Valls impulsan un paquete de recortes que obviamente no figuraba en su programa electoral. Ahora dirán, como Rajoy en España, que “no hay otro remedio” y que se trata de “acometer reformas estructurales para garantizar el crecimiento y el empleo”.

Pero no sólo los franceses sufrirán en sus carnes los efectos de este nuevo ejercicio de austericidio perpetrado ahora por quienes de la noche de a la mañana han pasado de socialistas de toda la vida a neoliberales de nuevo cuño. Francia representa la cuarta parte del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y si su economía se encoge – como es probable que ocurra con estas medidas – la supuesta luz de la salida de la crisis al final del túnel volverá a apagarse por tiempo indefinido en países como España, por no hablar de Grecia o Portugal, en donde ya están a un paso de alumbrarse con velas. Ahora sólo falta que el candidato de Merkel a las elecciones al Parlamento Europeo se convierta en el próximo presidente de la Comisión Europea. Entonces solo cabe concluir con aquello de apaga la luz y vámonos.

Deflacionados

Cuando no es Juana es la hermana o la prima o la prima hermana. Lo cierto es que no salimos de un susto y ya tenemos otro encima. Ahora se llama “deflación” y no se habla de otra cosa en bares, cafeterías, restaurantes, centros de salud y despachos de lotería: 

- ¿Has visto las noticias?
- No ¿qué han dicho?
- ¡Que nos amenaza la deflación! ¡Pero no se lo digas a nadie!
- ¡Qué miedo! ¿Es contagiosa esa enfermedad?
- Parece que sí y el que la contrae tarda años en curarse.
- ¡Ave María Purísima!

También hay preocupación creciente en los altos despachos del Fondo Monetario Internacional, no se vayan a creer. La señora del foulard y el pelo oxigenado conocida como Christine Lagarde ha dicho esta semana que la zona euro y en particular España corren riesgo de padecer deflación. El susto está haciendo que al Gobierno casi no le llegue la camisa al cuerpo y preguntándose si podrá seguir administrándonos el placebo de la recuperación que ya está aquí y llega para quedarse per secula seculorum. Dicen los que saben que la deflación es una patología económica muy grave que se contrae cuando la actividad está más muerta que viva y, como consecuencia, los precios de las cosas se ponen a niveles de rastro dominguero. 

Y ustedes dirán qué tiene eso de malo: si tengo que pagar menos por lo que compro eso que me ahorro. Pues tiene mucho de malo, de verdad y aunque no se lo crean: si los precios bajan nadie compra esperando que bajen más y si nadie compra las empresas no venden y cuando las empresas no venden no invierten y cuando no invierten no contratan y cuando no contratan los salarios bajan más (los de los jefes, no, jamás) y cuando los salarios bajan más nadie compra y cuando nadie compra los precios bajan un poco más y…..vuelta a empezar. 

Y eso no es todo, miren si será grave el problema: cuando nos deflacionamos, como parece que está a punto de ocurrir en España como sigamos así un poco más, nuestras deudas públicas y privadas creecen porque nuestra riqueza disminuye y los tipos de interés que hay que pagar para devolver los créditos que hayamos pedido nunca pueden bajar de cero. De lo que se deduce que quienes único salen beneficiados con la peligrosa deflación que nos amenaza son los ahorradores netos o quienes tengan la renta asegurada por la vía del trabajo o del capital. No cabe incluir en ese capítulo a quienes tienen cuenta en Suiza, aunque en realidad a ellos tampoco les afecta la deflación. 

Los que han estudiado a fondo esta enfermedad desde que se descubrió allá por la Gran Depresión del 29 del siglo pasado aseguran que el mal comienza con un carraspeo en los balances de resultados de las empresas que estas intentan calmar bajando los precios y los salarios y echando gente al paro. Poco a poco el carraspeo se va convirtiendo en una tos seca propia de la falta de dinero que pasado un cierto tiempo afecta a todo el organismo económico humano. Y dicen también que cuando te tumba te cuesta años levantarte de la cama y te puedes pasar hasta dos décadas sin gastarte un euro ni en pipas, como les pasó no hace mucho a los japoneses, aunque ellos gastan yenes, creo. 

Por eso anda estos días tan alterada la señora del foulard y el pelo oxigenado que no para de pedirle al señor de expresión somnolienta que gobierna el Banco Central Europeo que “haga algo”, lo que sea, como por ejemplo bajar más los tipos de interés aunque no sea muy ortodoxo y aunque su jefa de Berlín, guardiana de que la inflación – lo contrario de la deflación para quienes aún no lo hayan pillado – no se le desmande. Aunque italiano, podría por ejemplo irse de jarras por Frankfort y acompañarlas de unas buenas raciones de salchichas y chucrut. Al menos daría ejemplo a tanto español roñoso que se resiste a gastarse un euro con el fin de que el tren de la economía vuelva a pitar y llegue la luz esa del final del túnel que Rajoy y los suyos mantienen encendida a duras penas. Cualquier cosa porque, como cojamos la deflación, ríanse ustedes de la gripe española.

Maniobras petroleras en la oscuridad

Atentos a sus pantallas: el día menos pensado el Boletín Oficial del Estado nos traerá la buena nueva de que Repsol ya cuenta con la bendición del Ministerio de Medio Ambiente para empezar a buscar petróleo en aguas de Canarias. Lo que hace un par de días era sólo un run run que circulaba por las redacciones de los medios de comunicación va camino de convertirse en certeza, probablemente más pronto que tarde. Si tal cosa ocurre – que ocurrirá – puede que nos quedemos sin saber a tiempo qué “información complementaria” le pidió Medio Ambiente a Repsol para ultimar el visto bueno a las prospecciones. Esa documentación parece que se guarda bajo siete llaves en el ministerio de Arias Cañete que, con los deberes hechos, se apresta ahora a emprender el camino de Bruselas después de que su jefe de filas lo haya señalado con el dedo de designar candidatos.


Escama y mucho que Medio Ambiente haya tenido tiempo de estudiar un expediente tan profundo como las prospecciones en el escaso plazo que va desde que le pidió nuevos papeles a Repsol hasta la inminente publicación de la resolución en el BOE. La sospecha se incrementa si se tiene en cuenta que el mismo ministerio tiene incomprensiblemente atrasado otro expediente que afecta al anterior. Se trata del que propone declarar Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) las aguas de Lanzarote y Fuerteventura que, al contrario de sus nueve hermanos de otras partes del país, parece caminar a la velocidad los burros majoreros.


Cuando la opacidad preside las actuaciones de la administración pública en un asunto de la sensibilidad que ha despertado en Canarias la búsqueda y eventual extracción de petróleo con los riesgos sociales, económicos y medioambientales que comporta esa actividad, las sospechas se disparan. Eso no es culpa de quien sospecha sino de quien da pie a la sospecha. Así, se malician ya las organizaciones ecologistas que Repsol movió convenientemente las cuadrículas marinas en las que piensa buscar petróleo con el fin de que no se den de bruces con el área que en su día – cuando Dios quiera – se declare Lugar de Importancia Comunitaria.

Se entiende mejor así que el ministro Arias Cañete haya dicho en el Senado que una cosa – las prospecciones – nada tienen que ver con la otra – el Lugar de Importancia Comunitaria, y que cada cosa lleva su procedimiento y sus plazos. En otras palabras viene a decirle a Brufau y a los que le apoyan sin pestañear, como el PP canario, que estén tranquilos y que el engorro ese del LIC no echará a perder sus planes de sacar petróleo si lo hubiera o hubiese.

No se vayan que aún hay más. Se supone que  Medio Ambiente ya remitió al Tribunal Supremo la información que le reclamó hace unos días sobre el expediente del LIC susodicho a fin de hacerse una idea cabal ante los recursos que contra las prospecciones presentaron varias instituciones canarias. Parece de sentido común que a la vista de esa petición, Medio Ambiente debería de esperar a que el Supremo diga la última palabra antes de darle el permiso definitivo a Repsol. 

Más que nada por evitar que una eventual sentencia contraria a los intereses de Repsol deje al ministro literalmente con el culo al aire. No va a ser así porque – como ya dijo Arias Cañete – los LIC son una cosa y las prospecciones son otra, que no nos enteramos de cómo se hacen estas cosas. De la conveniencia de obligar a Repsol a realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que incluya la documentación que no presentó en el primero y que corrija las deficiencias denunciadas por los científicos, nada de nada. Claro que eso implicaría volverlo a exponer a información pública y el tiempo en el mundo del petróleo es oro negro.

Pero no nos alarmemos: podemos tener la absoluta seguridad de que todo se tramita de modo exquisito y transparente y, por descontado, sobra cualquier consulta “desleal” para que los ciudadanos de estas islas digamos si queremos o no petróleo en nuestras costas. De la transparencia y el rigor del Gobierno es buen ejemplo el hecho de que los representantes de las instituciones canarias recibieran la pasada semana el no por respuesta cuando se personaron en el Ministerio de Industria a consultar el expediente. De propina fueran acusados además de camorristas por el subsecretario de Industria, una de las varias manos derechas del ministro Soria.

Ahora se les ha dado cita para mañana pero tal vez ya sea tarde si, como todo empieza a indicar, el visto bueno a la petrolera por la que Soria se desvive es ya cosa hecha. De todo lo cual se deduce que cada vez falta menos para que en Canarias empecemos a amarrar los perros con chorizos de Teror.

El embrollo catalán

Si alguien tiene una idea de cómo superar el órdago independentista de los nacionalistas catalanes que levante la mano. Cansados ya de este sonsonete interminable desde que Artur Mas, el líder político de la burguesía catalana, se cayó del caballo, abrazó la fe de la independencia y terminó rendido en los brazos de ERC, muchos españoles seguramente apuestan a estas alturas por darles lo que piden, desearles que les vaya bien como “nou Estat d’Europa” y pasar página de una vez para dedicarnos el resto a sobrevivir a la crisis. Claro que esa no es la solución, aunque quién sabe si la será con el tiempo.

Entonces ¿cómo superamos tanto cruce estéril de declaraciones políticas de unos y de otros, tanta lista de supuestos agravios, tanto “no nos comprenden” y tantos “nada hay de lo que hablar si no está en la Ley” como llevamos oyendo desde hace ya demasiado tiempo? Esa es la pregunta. Que la Constitución requiere una reforma es algo en lo que cada vez hay mayor coincidencia, aunque aún no la suficiente como para dar el paso. Qué reforma necesita es en lo que hay aún menos acuerdo. El presidente Rajoy le ha ofrecido esta tarde a los nacionalistas catalanes la posibilidad de que presenten una propuesta de reforma de la Carta Magna que les permita sentirse más cómodos en España. Lo dice, claro está, con la boca pequeña y dorándoles la píldora sobre lo mucho que ama a Cataluña. Incluso se ha permitido alguna frase en catalán y hemos descubierto que, al igual que su egregio mentor José María Aznar, él también habla catalán en la intimidad. 

En realidad, y así lo demuestran sus recelos ante la posibilidad de abrir el melón de la reforma constitucional alegando que no hay consenso político para ello, su ofrecimiento no tiene recorrido alguno. Llega tarde Rajoy después de que la otra parte haya precisamente ignorado la Constitución y el principio de la soberanía nacional para poner en marcha su hoja de ruta hacia la independencia, importándole una higa la legalidad de su propuesta. Por tanto, también cabe dudar de si un ofrecimiento como el que ha hecho hoy Rajoy hubiera servido de algo hace un par de años a la vista del escaso aprecio del nacionalismo catalán más radical por la Carta Magna. 


En cualquier caso, todo ello trae causa no solo del acreditado tancredismo de Rajoy – dejar pasar el tiempo con la esperanza de que los problemas se resuelvan solos –, sino de la situación política de Artur Mas, un valioso rehén político de ERC. El partido que lidera Oriol Junqueras supo aprovechar las torpezas del presidente para ondear las “senyeras” bajo las que imprudentemente se había situado el líder de CiU. A partir de ahí los acontecimientos le han venido rodados a Junqueras: con el gobierno catalán amordazado y más pendiente de la consulta soberanista que de los efectos de la crisis para los ciudadanos de Cataluña, lo ha conducido sin pausa por la senda independentista con la vista puesta en la convocatoria del 9 de noviembre. 

Antes, unos y otros han vuelto a escenificar esta tarde en el Congreso de los Diputados sus ya conocidos y cansinos discursos a propósito esta vez de la petición catalana para que se le traspase la competencia que le permita organizar y convocar referendos “consultivos” y “sin efectos jurídicos”. Puro florilegio retórico superfluo que nadie cree pero que le sirve al nacionalismo catalán para añadir otro argumento a su larga lista de agravios – “Madrid no nos deja decidir “ - y mantener el rumbo fijo hacia la independencia. Lo normal sería que con el rechazo en el Congreso a la pretensión catalana el asunto quedara sobreseído, pero eso no va a ocurrir ni mucho menos. Cómo llegarán al objetivo final Mas y los que le apoyan – que el nacionalismo interesadamente confunden con la totalidad del pueblo catalán – es algo que está por ver y que seguramente veremos en los próximos meses. 

Entre otras opciones cabe un adelanto electoral en Cataluña pero esta vez con claros tintes plebiscitarios que bien puede conducir a una declaración unilateral de independencia de España. Así las cosas, a estas alturas es más que dudoso que se pueda superar este embrollo por los cauces del diálogo político aunque sería lo deseable: el Gobierno central carece de la cintura y la voluntad necesarias y el nacionalismo catalán sólo está dispuesto a escucharse a sí mismo y a hacer oídos sordos a todo lo que no encaje con sus pretensiones. A pesar de todo, no hay otra solución racional a tanta sinrazón política de unos y de otros.   

Aforando, que es gerundio

Ahora que el “caso Urdangarín “ y su infanta consorte anda cuasi olvidado en los medios a la espera de que el juez Castro decida si mantiene o levanta la imputación de la hija del rey, se nos acaba de descolgar el ministro de Justicia anunciando que también la reina y los príncipes de Asturias pasarán a engrosar la ya larga lista de aforados de este país. Si algún día – Dios y el rey no lo quieran – se vieran salpicados por algún escándalo de mayor cuantía podrán declarar desde la Casa Real y con escribano propio a su servicio, como debe ser. ¿Se imaginan a todo un príncipe heredero o una reina madre haciendo el paseíllo en unos juzgados de medio pelo o en el mejor de los casos ante una audiencia?

Los ingenuos bien pensados dirán que no hay relación entre una cosa y la otra pero, a los que tenemos la mala costumbre de pensar torcido, no se nos pasa por alto la posibilidad de que el ministro quiera hacerle un nuevo favor a la monarquía. No debe de haberle parecido suficiente con poner a la fiscalía a fiscalizar todos y cada uno de los pasos del juez Castro en sus investigaciones sobre las andanzas de la infanta. Para ponerle la guinda al regalo, ahora les otorga también el privilegio del aforamiento judicial a su madre y a su hermano ante eventuales catástrofes futuras. El argumento es irrebatible: ¿cómo puede ser que un país tan moderno como España no tenga aforados a su reina y a su heredero del trono? Todo un atraso legal que es necesario corregir de inmediato.

En realidad, la reina y el príncipe sólo vienen a sumarse a la legión de políticos y otros cargos públicos aforados de los que tanto se enorgullece este país, hasta el punto de que constituyen ya uno de los activos más valiosos de la marca España. Es sin duda un signo de modernidad y un ejemplo palpable de que, en efecto, como sentenció el rey en aquel famoso discurso que ya cantan los trovadores patrios por los confines del país y allende nuestras fronteras, la Justicia es igual para todos.

La única diferencia, aunque reconozco que pequeña y sin importancia alguna, es que si a un ciudadano corriente y moliente lo pescan en un renuncio y es imputado tendrá que acudir en persona al juzgado de instrucción correspondiente a prestar declaración ante el juez que le toque en suerte, le guste mucho, poco o nada. Si el pescado es un diputado, un consejero autonómico o un ministro, pongamos por caso y sin ánimo de señalar a nadie, siempre tendrá a su disposición la posibilidad de hacerlo por escrito desde su casa, desde su oficina o desde su apartamento de veraneo en Marbella, lo que le sea más cómodo y relajado.

Y todo ello, faltaba más, ante un juez como es debido, de un tribunal superior, y no ante uno de tantos aspirantes a juez estrella que pululan por los juzgados de instrucción de este país y con los que Ruiz-Gallardón también quiere acabar por la vía rápida. Quien no vea en todo esto un avance imparable hacia la igualdad de los ciudadanos ante la Ley es que está completamente ciego. Y quien saque la conclusión de que para luchar contra la corrupción política habría que empezar por eliminar la anacrónica figura del político aforado o, como poco, restringirla al máximo se equivoca gravemente o es un mal pensado como yo.

El ejemplo de Aguirre

A la vista del tamaño de la bola provocada por el incidente de la lideresa madrileña Esperanza Aguirre con unos agentes de movilidad, va a tener el Rey que emitir un mensaje primaveral extraordinario para recordar aquello de que “la Justicia es igual para todos”. No es que creamos mucho en tal cosa pero a lo mejor le ayuda a Aguirre a decidirse a dimitir de su cargo como presidenta del PP madrileño. Cosas más difíciles se han visto. Ahí tienen por ejemplo a Gran Bretaña, un país por el que Aguirre siente una gran devoción pero en el que no hace mucho dimitió un ministro por falsear una multa de tráfico. O ya puestos, también tenemos a Alemania, en donde gobierna otra lideresa de armas tomar y en donde ya han abandonado el puesto un par de altos cargos del gobierno por un vulgar copia y pega de sus respectivas tesis doctorales. 

De momento, entre sus planes inmediatos no está dimitir, hasta ahí podíamos llegar. Eso no va con ella, aunque ella se lo exija a todos los demás. Con ella va limitarse a pedir disculpas por dejar plantados y sin multa a un par de agentes después de derribar una moto en su fuga y a los que además vitupera y llama machistas tras haber sido pillada in fraganti. Cualquier ciudadano que no sea la condesa de Murillo, ex presidente de la Comunidad de Madrid, ex alcaldesa de Madrid y ex ministra de Educación, entre otros ex, habría sido detenido y conducido al cuartelillo sin miramientos. Y encima se queja del trato recibido por los agentes.

Aguirre no, ella es de otra casta y no está para chorradas como esas. Se hartó – según se versión – de que el agente no acabara de escribir la multa y se fue a su casa llevándose una moto por delante. ¡Menuda es ella como para esperar a que un guindilla del tres al cuarto la empapele en plena Gran Vía madrileña a la vista de todo el mundo, turistas incluidos, y le saquen fotos como si fuera un vulgar ciudadano cualquiera descubierto en un renuncio! Como era de esperar, su edulcorada versión de los hechos ante numerosos testigos no coincide en absoluto con la de los agentes, quienes aseguran que metió la primera y salió quemando embrague al más puro estilo Fernando Alonso sin atender al alto que le habían dado. 

Luego, cómodamente y desde su casa, se dedicó a hablar con todas las radios y televisiones del país para intentar exculparse de su metedura de pata. Que si paró detrás de un taxi para sacar dinero y creía que tenía tiempo antes de que el taxi arrancara, que si una moto de los agentes “estaba muy mal aparcada”, que si los policías no le tienen “simpatía” y por esa la querían multar, etc. Simplezas y excusas que no sólo no la han redimido del patinazo sino que la han convertido en motivo de burla no exenta de cabreo en todas las redes sociales. 

En realidad el asunto no pasaría de simple anécdota para rechifla de internautas, aunque más habitual de lo deseable, si no fuera por la relevancia pública del personaje que la ha protagonizado y, sobre todo, por su inveterada costumbre de repartir lecciones de honradez a diestro y siniestro. Ahora le toca a ella aplicarse la misma medicina que les receta a los demás pero carece de la valentía necesaria para hacerlo. Cuando se va por el mundo repartiendo ética y normas de comportamiento como hace Aguirre hay que estar preparado para ser el primero en dar ejemplo. O como dijo alguien, en la política pasa como en las matemáticas: todo lo que no sea totalmente correcto, está mal.

Rajoy se lo piensa

¿Será hoy? ¿Será mañana? ¿Será el Viernes Santo después del sermón de las Siete Palabras pronunciado por Rouco? ¿Será el último día de plazo poco antes de las 12 de la noche? Sólo el que tiene todo el poder para decidirlo lo sabe. Sólo Rajoy se reserva para cuando estime oportuno y conveniente anunciar el nombre de su candidato a las próximas elecciones europeas. ¿Será Arias Cañete? ¿Será Esperanza Aguirre? ¿Quién será el “elegido” por el dedo “rajoiano” para tan alta misión representativa del país en la lluviosa y fría Bruselas? Es cosa de Rajoy, dicen todos cuando se les pregunta. Y cuando se le pregunta a Rajoy dice, como ha hecho hoy: “no estoy encima del tema”, y se queda tan ancho. 

A mí me da igual, sinceramente. Es más, si Rajoy se despistara y no nombrara candidato a tiempo tampoco me rasgaría las vestiduras por ello. A quien elija, si finalmente elije a alguien, ni me parecerá bien ni me parecerá mal, no es mi problema. Allá se las entiendan los populares con su líder y con sus tiempos que, según sus hagiógrafos, nadie mide como Rajoy. Lo único que digo es que si los más de 36 millones de electores españoles llamados a depositar su voto en las urnas el 25 de mayo se toman la cita electoral con el mismo entusiasmo con el que parece tomársela Rajoy, la abstención merecerá pasar a los anales de la Historia y por supuesto a ese dechado de proezas ridículas que es el Libro Guinnes de los Récords. 

A mí quien de verdad me da pena es Elena Valenciano. Lleva la candidata socialista cerca de un mes como boxeador a ciegas, repartiendo leña sin ver al rival al que desea ardientemente atizarle unos cuantos derechazos en toda la mandíbula a ver si es capaz de tumbarlo en la lona. Como Rajoy no le ponga pronto a un adversario digno de estar a su altura esta mujer se nos desgastará y hasta puede que termine arrojando la toalla a un rincón del ring. ¿Cómo se puede pelear con el aire, con las sombras, con los fantasmas? Es agotador, de eso estoy seguro. 

En el resto de las formaciones políticas tampoco andan demasiado entusiasmados con las elecciones del 25 que todos parecen tomarse como un trámite engorroso que hay pasar cuanto antes. Sin embargo, para muchos analistas serán la prueba de fuego para saber cuánto han desgastado al PP sus políticas de austericidio y si el PSOE es capaz de darle un susto aunque sea más por deméritos ajenos que por méritos propios. 

Y tampoco veo yo en las cafeterías, parques y playas encendidos debates ciudadanos sobre la importancia de estas elecciones, por más que a los partidos se les llene la boca diciendo que son las más importantes y trascendentales desde que el mundo es mundo. No sé, puede ser y puede no ser. Lo que sí sé es que, si en las de 2009 ya costó esfuerzos sobrehumanos conseguir que fueran a votar el 46% de los electores, en las de este año será cosa de titanes alcanzar esa cifra. Entonces la crisis era incipiente y aún no campaba a sus anchas la lideresa de Berlín impartiendo doctrina y administrando aceite de ricino en forma de objetivos de déficit. Ahora la cosa es distinta: de aceite de ricino estamos todos ahítos y los resultados son que nos sigue doliendo la barriga mucho más que entonces. Bruselas y el resto de los países plegaron velas y dejaron hacer a Berlín, las instituciones comunitarias se perdieron entre la niebla de los mercados y a la soberanía nacional se la tragó el tusnami de las reformas y los ajustes. 

Los únicos que han conseguido sacar la cabeza han sido los bancos y las grandes corporaciones mientras al resto se nos siguen prometiendo brotes verdes y luces al final del túnel, entreverados de más reformas y ajustes. No hago proselitismo a favor de la abstención, que cada cual haga lo que crea y quiera. Sólo digo que me lo tendrán que explicar muy bien los candidatos para convencerme de que las cosas van a cambiar y que a partir de ahora la prioridad será rescatar a los ciudadanos. Aunque a lo peor ya es un poco tarde para convencernos por lo que, en lo que a mí respecta, puede tomarse Rajoy todo el tiempo del mundo para anunciarnos la buena nueva de su candidato.

Suárez y el bochorno nacional

Una semana despidiendo a Adolfo Suárez y cantando sus virtudes políticas y su papel clave en la Transición y en el último acto volvemos a dar la nota. En el más que funeral, sahumerio de Estado que ayer se le ofreció en la madrileña catedral de la Almudena volvieron a darse cita políticos de antaño y de hogaño apurando la ya estereotipada imagen de una unidad y un consenso de boquilla. No faltaron presidentes de comunidades autónomas, amplio cuerpo diplomático y hasta un jefe de estado. Nada menos que ese democrático presidente guineano llamado Teodoro Obiang que no quiso perderse el histórico acontecimiento. 

Estaba de paso hacia Bruselas para hablar del español en el Instituto Cervantes por invitación de no se sabe quién, tal vez del bedel, y se dijo que por qué no pasarse por la catedral de la ex metrópoli para saludar a algunos viejos amigos y darse un baño de reconfortante democracia. Y allá que fue, aunque para desconsuelo de los que seguimos de cerca con incansable entusiasmo los avances económicos y sociales en su país no nos han quedado para el recuerdo ni una triste fotografía ni una pobre imagen de este líder mundial saludando al rey o a Rajoy. Una verdadera lástima, de verdad. 

Con todo no fue Obiang el único que protagonizó una de las notas más discordantes de la celebración. Ese mérito le correspondió por derecho propio al cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, otro dechado de tolerancia y virtudes democráticas que, a pesar de haber sido apeado hace poco de la presidencia de la Conferencia Episcopal, no hay forma de bajarlo de un púlpito. 

Desde allí y sin que se sepa tampoco la razón por la que se le ha vuelto a dar vela en ese entierro de Estado, se atrevió el cardenal a agitar los fantasmas del pasado y a advertir sobre los riesgos de que en España volvamos un día de estos a las manos o algo mucho peor. No es improbable que el prelado se encontrara abducido por el espíritu del 75 aniversario del 1 de abril de 1939 que se cumple hoy, cuando, “cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares”

Despreciando la historia sobre el origen de la guerra civil y sobre quienes la iniciaron y se perpetuaron durante cuarenta años en el poder a base de sangre y fuego pero, sobre todo, haciendo un soberano corte de mangas al espíritu del personaje al que se le rendía homenaje, Rouco Varela aventó los temores de aquella contienda  por la que personajes como él parecen tener una malsana añoranza y enterró sin oración ni confesión el espíritu de la Transición y el fin de las dos Españas de las que hablara Machado. 

No contento con adentrarse en un asunto sobre el que mejor debería guardar silencio dado el entusiasmo con el que la Iglesia Católica de la que es alto representante apoyó la “cruzada nacional”, el cardenal remató la faena con la interpretación nada menos que del himno nacional en el órgano de la catedral en todo un funeral de Estado en un país presuntamente aconfesional. Sólo faltó la voz tronante desde el más allá de aquel cardenal fascista llamado Isidro Gomá que, con la guerra civil terminada, pedía a Franco que la contienda no acabara en arreglo o reconciliación sino que llevara las hostilidades hasta obtener la victoria sobre “los rojos” por la punta de la espada. 

En realidad no era necesario, ya está Rouco para recuperar y poner al día su espíritu y su pensamiento. Cabe pensar que si Suárez levantara la cabeza en su fría tumba de Ávila solo podría sentir bochorno y vergüenza de que se utilice su labor al frente del país en los daños más duros de la historia reciente para volver a alimentar el miedo entre los españoles. Tal vez hasta pusiera su epitafio entre interrogantes y se preguntara si la concordia realmente fue posible. 

Montoro presume de Power Point

Montoro y su séquito de secretarios de estado se personaron esta mañana ante los ciudadanos llevando a cuestas una herramienta muy valiosa: el Power Point con el déficit de las comunidades autónomas. Allí presumieron el ministro y los suyos de lo bien que lo han hecho en la contención del déficit las mal financiadas comunidades autónomas. Tanto que en su conjunto sólo se pasaron tres décimas del objetivo fijado para todas ellas. Pero no todas cumplieron, es más, algunas incumplieron de nuevo después de haberlo hecho también en 2012. 

Entre ellas cabe citar a Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia o Castilla – La Mancha. Para las cuatro últimas, en las que gobierna el mismo partido al que Montoro presta sus servicios, tuvo el ministro palabras de comprensión, consuelo y ánimo. “Han hecho un esfuerzo extraordinario para reducir su déficit”, ha venido a decir. De aplicar las previsiones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria pensadas para meter en cintura las cuentas autonómicas más rebeldes, ni una palabra. Es improbable que se hubiera mostrado tan benévolo si en las incumplidoras gobernaran otros que no fueran el PP. 

El buen comportamiento de las que se han ajustado el cinturón en detrimento muchas veces de los servicios públicos lo aprovecha Montoro para sacar pecho y presumir de lo bien que lo está haciendo España, de lo serio que es este país y de lo bien que nos va a ir a partir de ahora que ya tenemos el déficit bajo estrecha vigilancia y los mercados vuelven a confiar en nosotros, el mantra por el que se miden todas las acciones de este Gobierno. 

Olvida, sin embargo, que el esfuerzo en los recortes lo están haciendo casi en solitario las autonomías, que tienen transferidos los servicios públicos básicos pero no tienen con qué atenderlos adecuadamente, y los ayuntamientos. Estos últimos incluso no tuvieron déficit el año pasado sino que encima terminaron en números positivos en 2013 a costa de los servicios más cercanos a sus vecinos. Sin embargo, la Administración General del Estado y la Seguridad Social incumplieron con creces sus propios objetivos, los que Montoro se había reservado para sí y que encima eran los más generosos en la distribución por administraciones. Pues ni con esas consiguió España cerrar el año dentro de los márgenes que le ordenó Bruselas. 

De hecho se pasó una décima y eso sin contar los 4.300 millones de euros de ayudas a la banca, con lo que el déficit total se desviaría cerca de un punto por encima del objetivo marcado por Bruselas. Ahora bien, si se trata de dar lecciones Montoro es el primero y hasta se atreve a descalificar los informes de Caritas sobre la pobreza infantil en España, la segunda más alta de la UE, después de Rumanía. El ministro es, en realidad, un hombre al que le gusta presumir y ponerse medallas, aunque sea con los esfuerzos de otros, con los recortes a los que ha obligado a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas por la vía de los duros ajustes presupuestarios unidos a una financiación autonómica manifiestamente mejorable. 

No tiene argumentos el ministro para sacar pecho con el déficit. Primero, porque el esfuerzo de la Administración General del Estado en comparación con el del resto de las administraciones ha sido claramente insuficiente. En segundo lugar, y no menos importante, porque la caja de la Seguridad Social, con lo que eso supone para pensionistas y parados, continúa en números rojos y a peor irá mientras no haya empleo estable y de calidad suficiente en lugar de extrañas ocurrencias de “tarifas planas” como las anunciadas por Rajoy.

Y en tercer lugar, porque no cabe presumir si después de un año más de ajustes presupuestarios y recortes en servicios públicos resulta que sólo has conseguido rebajar el déficit en tres miserables décimas con respecto a 2012 y eso, tras haberte Bruselas regalado unas décimas para que llegaras más desahogado a la meta. 

Los tozudos hechos evidencian de nuevo que la austeridad a marchas forzadas y caiga quien caiga, sin acompañarla al menos de algún tipo de estímulo de la actividad económica digno de ese nombre, sólo consigue alargar la incertidumbre de los ciudadanos sobre la salida de la crisis y reforzar el temor de que habrá más sacrificios y que volverán a recaer sobre las mismas espaldas. La reforma fiscal progresiva y de tolerancia cero con el fraude, que ayudaría a equilibrar las cuentas públicas, ni está ni se le espera. Lo más que cabe esperar de Montoro es un mal remedo de reforma impositiva en el que, aunque la venda como el no va más de las reformas del mundo mundial, sólo será más de lo mismo. Eso sí, tal cosa no ocurrirá antes de que se acerquen un poco más las elecciones aunque es probable que ya esté preparando el correspondiente Power Point.

¡No vayas a Alemania, Pepe!

Alfredo Landa y Pepe Sacristán protagonizaron allá por los años 70 una película que retrataba con acierto inusual para el cine español de la época las aventuras y desventuras de los emigrantes españoles en el franquismo. Se titulaba ¡Vente a Alemania, Pepe! y su trama transcurre en Peralejo, un tranquilo pueblo aragonés en el que nunca pasa nada. Un día de tantos llega al pueblo para pasar las vacaciones Angelino (Sacristán): conduce un espléndido Mercedes y cuenta maravillas de Alemania y de las alemanas. Pepe (Alfredo Landa) se queda extasiado y decide sacar la vieja maleta de madera de debajo de la cama, meter sus pocas pertenencias en ella y poner rumbo a Múnich. Sus esperanzas de una vida mejor pronto se vieron truncadas: su jornada laboral comenzaba a las cinco de la mañana limpiando cristales y acababa a las 12 de la noche pegando carteles.

Desde que comenzó la crisis económica, muchos “pepes” y “pepas” han seguido el mismo camino que el personaje de Landa. A la vista de que las exportaciones españolas crecían como la espuma gracias a la “competitividad” de nuestros salarios y de que la ministra de Empleo no paraba de alabar las bondades de la “movilidad exterior”, también ellos se colocaron la mochila a la espalda y se fueron a Alemania. Unos tenían trabajo antes de partir y otros lo buscaban al llegar allí y, mientras lo encontraban, los que lo necesitaran podían ir tirando con la ayuda de los servicios sociales alemanes.

Tanta generosidad está a punto de ser cosa del pasado. Merkel, la lideresa europea que más ha hecho por acabar con la siesta y la modorra mediterráneas, va a ponerle puertas a Alemania. La misma que ha impuesto a los países del sur de Europa el aceite de ricino del austericidio consiguiendo que jóvenes españoles, griegos, italianos o portugueses hayan tenido que liar el petate para buscar una oportunidad en sus dominios, les dice ahora que si no encuentran trabajo en un plazo de seis meses tendrán que irse por donde han llegado. Se les retirarán las ayudas del sistema social alemán y, llegado el caso, se les pondrá en la estación o en el aeropuerto para que retornen.

Aunque la medida parece pensada para frenar la llegada de rumanos y búlgaros, afectará por igual a todos aquellos que acudan a Alemania en busca de un trabajo y no lo encuentren en seis meses. Argumenta el gobierno de socialdemócratas – quién lo iba a decir – y socialcristianos, que quiere poner fin al fraude de los servicios sociales alemanes que presuntamente perpetra esta mano de obra llegada de países empobrecidos por la crisis o de otros como Rumanía o Bulgaria, en donde aparte de la pobreza crónica reside una nutrida etnia gitana.

Excusas que encajan mal con el derecho comunitario y con el Tratado de Schengen que consagra la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. No es cierto que el fraude de los servicios sociales alemanes por parte de los inmigrantes sea tan elevado como de forma insidiosa dice el gobierno de Merkel ni es verdad que todos los que van a buscar trabajo hagan uso del sistema. Si lo que le apetecía era cerrarles las puertas de su país a los inmigrantes sin trabajo llegados del Este o del Sur de Europa – ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea, que no inmigrantes - podría haberlo dicho abiertamente o buscarse una coartada más creíble. Por lo demás, resulta irrisorio suponer que un país como Alemania no cuenta con los medios técnicos y humanos suficientes para detectar el fraude y actuar en consecuencia contra el defraudador en lugar de extender las sospechas sobre la totalidad de los parados expulsados de sus países por la crisis y el desempleo. Tal vez crea Merkel que todos los que acuden a Alemania lo hacen por deporte y prefieren trabajar en ese país que en el suyo de origen.

Se anuncia además la medida a menos de dos meses de las elecciones al Parlamento Europeo ante las que los pocos europeístas convencidos que van quedando se desgañitan alabando las ventajas de la Unión Europea y la importancia de ir a votar. No es improbable que el ejemplo de Merkel lo sigan otros países del Norte rico en su afán de construir una Europa de dos velocidades en la que ellos dan lecciones e imponen normas de obligado cumplimiento a los países del sur, condenados así al desempleo y el deterioro de los servicios públicos. Una de las pocas salidas que quedaban era emigrar a países como Alemania. Ahora también se cierra en parte esa vía de escape, salvo que tengas contrato previo o, claro está, salvo que seas un potentado con muchos millones en una cuenta corriente dispuesto a gastártelos en chucrut y cerveza.

El debate imposible

El Parlamento de Canarias acaba de perpetrar otro debate-del-estado-de-la-nacionalidad que seguramente ha dejado exhaustos a quienes lo han protagonizado, por no hablar de quienes por obligación profesional no hemos tenido más remedio que seguirlo hasta el final. Que los medios de comunicación sigan dedicando todos horas de emisión y páginas de prensa a glosar un debate como este es un misterio inexplicable que crece año a año.

La falta de conexión entre los discursos en la cámara y las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos merecería ser estudiada a fondo por politólogos, sociólogos y hasta ingenieros de sonido. Esa ausencia de vinculación entre lo que se dice en el Parlamento y lo que se dice en la calle aleja cada vez más a la segunda del primero sin que nadie parezca con ganas ni ideas de ponerle remedio. En el mismo objetivo de estudio habría que situar también la sordera que preside las intervenciones por parte de los portavoces parlamentarios, de manera que la calle y los representantes políticos no se escuchan entre sí y estos tampoco entre ellos. Y lo llaman debate cuando deberían llamarlo diálogo cuadrafónico de sordos. 

Para empezar, las diez nuevas medidas que anunció el presidente autonómico en un discurso – río y que le llevaron dos horas, se pueden anunciar en 20 minutos al término de cualquier Consejo de Gobierno y dedicarle otros diez a precisar algún detalle. Máxime si mientras las desgranaba a su pausado ritmo, la mayor parte de sus señorías propias y adversarias wasapeaban, tuiteaban o feisbuqueban pero ni miraban ni escuchaban. De hecho, cuando llegó el debate de verdad ninguno de los portavoces apenas se refirió a ellas ni siquiera por equivocación. 

Y es que con discursos escritos de antemano es imposible el debate que tampoco se produce ni siquiera cuando en el cuerpo a cuerpo dialéctico el lenguaje se llena de tópicos y consignas de partido repetidas ad nauseam. Debatir en sentido político es confrontar ideas y puntos de vista. Sin embargo, de lo que en realidad se trata en este tipo de debates es de enfrentar estrategias partidistas y llegados a ese punto que nadie pida confrontación de ideas y mucho menos acuerdos.

El debate de la nacionalidad como el debate de la nación en el Congreso de los Diputados deberían ser, junto al de los presupuestos generales, las dos citas parlamentarias más importantes del año. En consecuencia deberían tener un formato que lo hiciera atractivo e interesante para los ciudadanos a los que supuestamente va dirigido, incluidos los propios parlamentarios. Sin embargo, en España y en Canarias estas citas políticas, tan importantes para los medios como superfluas para los ciudadanos, hace tiempo que han degenerado en una cansina escenificación teatral de posiciones políticas conocidas previamente hasta la saciedad.

Por no hablar del incumplimiento de esas propuestas de resolución en la que tanto ardor ponen los partidos para luego exhibirlas como efímeros triunfos políticos que apenas tardan unas horas en desaparecer en los cajones del olvido. De este modo tan poco estimulante ha concluido un nuevo debate-del-estado-de-la-nacionalidad canaria, cada uno se fue por donde vino y, como dijo el clásico, no hubo nada. Ni siquiera debate.