Hasta las puñetas

Cual pensionistas cabreados con el Gobierno, jueces, fiscales y abogados también saldrán hoy a la calle. La protesta la convocan todas las asociaciones del colectivo, así que no busquen intencionalidad política. Ello no será impedimento para que más pronto que tarde nos enteremos de que algunos partidos pedirán comparecencias de ministros y modificaciones legislativas, se unirán a las protestas y pregonarán que ellos ya habían pedido lo mismo. Mirar para otro lado cuando no interesa pero instrumentalizar las protestas de otros es modus operandi habitual en las fuerzas políticas de este país. Tal y como ha ocurrido con los pensionistas, no me extrañará que ocurra también con las demandas de jueces, fiscales y abogados. Y lo que demandan es que el Gobierno les tenga presentes en sus oraciones presupuestarias. 

No es mucho ni es nueva la petición, en realidad es más vieja que la pana y el hecho de que la sigan planteando demuestra el caso que le han hecho este y los anteriores gobiernos. Y eso que a priori no parece tan complicado mejorar los medios humanos y materiales de la Administración de Justicia y equiparar las retribuciones de sus servidores a los tiempos modernos y a la función capital que desempeñan. Con un poco de voluntad política se mueven unas partidas presupuestarias de sitio y el asunto queda encaminado. El problema gordo llega cuando el llamado estamento judicial tiene el atrevimiento de pedir que se "refuerce la independencia del Poder Judicial" respecto a otros poderes como el Ejecutivo y el de los partidos, por no ir más lejos y sin ánimo de señalar. ¡Con la Iglesia hemos dado, Sancho!

Aquí han tocado sus señorías el meollo del cogollo de cómo se ha ido organizando en España el servicio de la Justicia. Podríamos describirlo imaginando una primera y una segunda planta - juzgados y audiencias - en donde la independencia judicial de poderes injerentes extraños es bastante elevada. Sin embargo, a medida que ascendemos en la escala del entramado - tribunales superiores autonómicos, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Consejo del Poder Judicial o Tribunal Constitucional -  la fe empieza a flaquear y aparecen las dudas existenciales. En cuanto nos ponemos a averiguar si un juez o los miembros de un tribunal son conservadores, progresistas o medio pensionistas, es decir, si han llegado a donde han llegado porque un determinado partido les puso una escalera para que ascendieran y en función de ese empujón van a impartir justicia, los palos del andamio se nos vienen abajo; del mismo modo, si la Fiscalía General del Estado parece a veces poco más que una correa de transmisión de los intereses políticos del Gobierno, hablar de independencia del Poder Judicial es cuando menos un poco forzado. 

Lo anterior no quiere decir que la inmensa mayoría de jueces y fiscales, ya se encuentre en el primero, en el segundo o el tercer nivel, no actúe con rectitud y de acuerdo a derecho, solo que la configuración del sistema abre la puerta a la sospecha cuando esa puerta debería estar firmemente cerrada. Con esta reivindicación me temo mucho que pincharán en hueso los manifestantes de hoy por mucho que estén hasta las puñetas de la situación. No descarto que si insisten en las protestas y cumplen la advertencia de ponerse en huelga el ministro Catalá saque dinero de donde ahora no hay como hizo Montoro con los pensionistas. Para lo de la independencia judicial frente a injerencias indeseables tendrán que armarse de paciencia, ellos y todos los españoles, para desgracia del sistema democrático.

¡Sé fuerte, Cristina!

Que Cristina Cifuentes renuncie a su máster es algo así como si yo renunciara a tener los ojos negros: daría exactamente lo mismo porque no se puede renunciar a lo que no se tiene y, si se tienen cosas como un máster o los ojos negros, tampoco. Por tanto, el renuncio de Cifuentes cae en el absurdo por definición. Mientras la presidenta madrileña no muestre urbi et orbi su trabajo de fin de máster para que todos podamos beneficiarnos de su ciencia infusa, su renuncia es inútil, superflua y gratuita: en otras palabras, no sirve de nada ni resuelve nada. Es cierto que si el máster apareciera sería noticia mundial, aunque por renunciar a él no dejaría Cifuentes de figurar como titular de un máster. Eso sí, salvo que quien único tiene potestad para ello, el Ministerio de Educación, lo anulara por haber sido conseguido de aquella graciosa manera ya conocida. 

De modo que ni con máster ni sin él tienen arreglo los males políticos de Cifuentes, un fantasma político al que se le acaba el aire. Su actitud en toda esta pesadilla tiene un punto pueril y otro soberbio casi a partes iguales. Pueril es negar las evidencias y soberbio insistir en no asumir las consecuencias que se derivan de ser cargo público y mentirle a los ciudadanos. Su renuncia puede que convenza a algunos pocos pero el gesto de ética abnegación llega demasiado tarde y como a la desesperada por parte de alguien en cuya sinceridad ya no es posible confiar. 

Ciefuentes ha mentido con descaro a los madrileños en particular y a los españoles en general, aunque ahora pretende cargar las culpas sobre la Universidad Rey Juan Carlos. Es cierto que sus dirigentes han tardado también lo suyo en espabilar, en tomar medidas y en llevar este asunto a la Fiscalía, pero al menos han hecho algo más que esconderse. Cifuentes no ha hecho nada de eso y cuando un responsable público de su relevancia falta a la verdad como ha hecho ella a lo que hay que renunciar no es al máster sino al cargo. Ahora bien, si se mantiene aferrada a él como una lapa no es sólo por su soberbia política y el convencimiento de que su carrera política ha entrado en barrena. Es también porque el partido en el que milita y el partido con el que gobierna lo permiten. 

El PP porque no quiere dar su brazo a torcer a Ciudadanos obligándola a dimitir y colocando en su lugar a un desconocido segundón a un año de las elecciones. Lo más patético e incomprensible es que cuanto más tiempo pase mayor será el estropicio político para Cifuentes, para Rajoy y para el PP. Y Ciudadanos porque si llevara sus arengas de regeneración ética a la práctica ya habría roto el acuerdo con el PP y habría anunciado su apoyo a la moción de censura que encabeza el PSOE. En su lugar y con el objetivo de quemar a Cifuentes e impedir que un socialista gobierne en Madrid, alarga una función a la que hace días se le acabó el recorrido. Una vez más se impone el postureo y el cálculo electoral de los partidos y de sus líderes en donde debería imperar el interés general de los ciudadanos. Esto por no hablar del dañado prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos y de los estudios de posgrado en España, mayor cuanto más se alargue este docudrama, y en el que ni los partidos ni sus dirigentes parecen reparar lo más mínimo enfrascados como están por ganar poder o por no perderlo.  

Las amistades peligrosas de los sindicatos

En el interminable culebrón catalán pensaba que ya tenía a todos los agentes intervinientes identificados y correctamente clasificados. Que la burguesía catalana de derechas de toda la vida se había echado al monte envuelta en la estelada era algo ya asumido, aunque sonara raro. Lo mismo pasa con Ezquerra Republicana, de histórica tradición poco tolerante con todo lo que suene a español, y con la CUP, la muchachada antisistema dispuesta a reconstruir el mundo desde los cimientos y sin mácula original de ninguna especie. Incluso habíamos aprendido a entender a qué juega En Comú Podem, la franquicia de Pablo Iglesias en Cataluña, con su calculada ambigüedad  de un día con la Constitución ma non troppo y al siguiente con quienes se la pasan por el arco del triunfo. 

Así que habíamos ordenado con una relativa claridad y coherencia a quienes están por la defensa del  orden constitucional y quienes apelan a él cuando les interesa para sus fines y lo burlan si no les conviene. Para lo que no estábamos preparados en absoluto - al menos yo - era para ver a los máximos líderes de UGT y CCOO en Cataluña tomando parte en lugar destacado en una manifestación por la libertad de los "presos políticos", convocada por organizaciones sociales y políticas independentistas. Tales dirigentes han intentado justificar su presencia en esta marcha aduciendo que lo que exigen es que haya gobierno de la Generalitat cuanto antes para que se ocupe de los problemas de los ciudadanos. En ese caso, me temo que se equivocaron por completo de manifestación y fueron a la que no era: en la del domingo en Barcelona lo que se coreó y exigió fue la "libertad de los presos políticos" y de la necesidad de formar gobierno cuanto antes más bien poco se dijo. 

Solo hay que remitirse a lo ocurrido desde las elecciones del 21 de diciembre para darse cuenta de lo mucho que preocupa a los independentistas que aún no haya gobierno, pero eso al parecer no lo saben los dirigentes catalanes de UGT y CCOO. Más allá de Cataluña, los responsables de ambos sindicatos también han intentado explicar lo inexplicable pero las explicaciones siguen siendo cuando menos confusas y poco convincentes. Creo que las dos principales centrales sindicales de este país han cometido un error de bulto que podría tener gravísimas consecuencias. No es de recibo que sus siglas y sus banderas hayan ondeado junto a las de las fuerzas políticas que desde hace meses protagonizan uno de los mayores pulsos antidemocráticos sufridos en España en las últimas cuatro décadas. 

Parecen haber olvidado que algunos de los líderes de esas organizaciones se encuentran en prisión a la espera de juicio, no por sus ideas políticas sino por haberse saltado el ordenamiento jurídico y haber presuntamente cometido delitos tan graves como el de rebelión. Olvidan también cuál es la procedencia del grueso de su financiación y abocan a los trabajadores de este país y de Cataluña en particular al enfrentamiento y la división política. Nada peor podría decirse de dos organizaciones que aún se reclaman de clase pero que se suman a reivindicaciones nacionalistas excluyentes e ilegales. De rebote, su irresponsable presencia en esa manifestación legitima a quienes vulneran la Constitución, de los que se convierten necesariamente en compañeros de viaje. Si la imagen de las centrales sindicales en este país está cuando menos cuestionada socialmente, lo ocurrido con la manifestación independentista del domingo no va a ayudar a mejorarla. Pedir disculpas públicas y comprometerse a no avalar con su presencia comportamientos ilegales y anticonstitucionales es lo menos que podrían hacer sus dirigentes.

Penoso panorama político

Créanme, seguir la actividad política a diario es, en demasiadas ocasiones, como tomar aceite de ricino en ayunas. Día sí y día también una elevada proporción de los representantes políticos justifican el desafecto de los ciudadanos ante la res pública. Frente al consenso, el disenso; frente a la transparencia, la opacidad; frente a la crítica, la represalia; frente a la asunción de responsabilidades, el "y tú, más". No me atrevería a decir que en otros países el problema es similar. Al menos en alguno de ellos los grandes partidos negocian hasta la extenuación para garantizar la estabilidad política o aprobar leyes que redunden en beneficio del interés general. Si alguien es sorprendido haciendo o después de haber hecho algo poco ético, dimite sin que por ello se hunda el mundo ni choquen entre sí los planetas. En España, en cambio, parecemos definitivamente incapacitados para ello.

En nuestro país apenas hay asuntos ya que no formen parte de la bronca diaria. Incluso la unión de los demócratas frente al terrorismo etarra terminó saltando por los aires cuando el PP pretendió obtener rédito electoral de los escarceos negociadores de Zapatero con la banda armada, olvidando interesadamente que Aznar la ha llegado a llamar Movimiento de Liberación Vasco y que también buscó acuerdos con ella. La interminable e insufrible crisis catalana es otro ejemplo de que ni el respeto más elemental al ordenamiento jurídico constitucional consigue unir a todas las fuerzas políticas. En el colmo de la incoherencia, en nuestro país hay partidos que anuncian su voto en contra o a favor de unos presupuestos estatales que ni siquiera conocen, haciendo buena la fe del carbonero.

"Apenas hay asuntos ya que escapen a la bronca política diaria"

Si un cargo público es sorprendido en un renuncio ético- véase el caso de Cristina Cifuentes - lo habitual es que pasen días, semanas y hasta meses de dimes y diretes sin que nadie asuma responsabilidades ni adopte decisiones. Lo más frecuente es el regate corto y encender el ventilador para que la porquería lo inunde todo. Pensiones, educación, o independencia del poder judicial son ejemplos de como, incluso asuntos de un trascendental calado social y político, se convierten en armas arrojadizas y objeto de cálculo electoral. Visión de estado, altura de miras y generosidad política, sin que eso implique renunciar a los respectivos principios programáticos o ideológico, ni están ni se les espera.

Pecaría de injusto si no reconociera que, en el desconcierto general de la política en España, hay un buen número de representantes públicos que desarrollan su labor con esfuerzo y honestidad. No es cierto que todos los políticos sean iguales y que todos busquen solo medrar. Es verdad que dedicarse a la política comporta ventajas económicas vetadas a otras actividades y que los partidos políticos disfrutan de un generoso régimen de subvenciones públicas para su funcionamiento.

De ahí a suponer que quien se dedica a la política lo hace solo por el dinero o la fama es menospreciar a quienes lo hacen con auténtica vocación de servicio público. Ello, a pesar de unas estructuras partidistas en las que sigue sobrando opacidad y hermetismo. Los eslóganes, las asambleas y los encuentros con militantes bien adiestrados no son suficientes para ocultar sus carencias democráticas y sus indigencias ideológicas o programáticas. En ese ambiente se cercena el ascenso de los discrepantes en la cadena de mando y se les condena al ostracismo, sean abnegados servidores públicos o meros aspirantes a la profesión política.

A su escala, la política canaria es un fiel reflejo de la nacional. La renovación de órganos clave para el buen funcionamiento de la vida pública se supedita al juego de tronos partidista y se pospone hasta las calendas griegas. Los viejos asuntos como la adecuación del sistema electoral a la realidad demográfica se empantanan por intereses electorales y los problemas se agravan y se pudren mientras se echa la culpa a Madrid o se encargan estudios y se elaboran planes de todo y para todo. El nivel general de los debates parlamentarios produce grima y el de la oratoria - saber expresarse en público hilvanando con claridad y un poco de elocuencia unas cuantas ideas - apenas está al nivel de un ayuntamiento de pueblo pequeño. Los ciudadanos asistimos hastiados a este espectáculo permanente de mediocridad, mentiras, medias verdades y cálculos políticos. Nos hemos vuelto reacios a creer en nuestros representantes y en sus promesas; votamos cada cuatro años pero desconfiamos de que aquellos a los que entregamos el voto vayan a hacer uso cabal del mismo. 

"El nivel general de los debates parlamentarios produce grima"

Todos estos síntomas muestran un sistema democrático estancado en torno al juego cansino de los intereses de partido y ante el que los ciudadanos - agotados y decepcionados - terminamos encogiéndonos de hombros y borrando los asuntos de la vida pública de nuestras prioridades habituales. Sé que no vivimos en la Grecia antigua y que no podemos dedicarnos sólo a seguir el juego de la política para actuar con conocimiento de causa. Tampoco se trata de eso, sino de no limitarnos a mirar para otro lado y dejar hacer a los políticos, dándolos por imposibles e incorregibles. Si a pesar de sus importantes fallos la democracia sigue siendo el mejor de los sistemas políticos posible, es porque somos los ciudadanos quienes tenemos el poder de poner y de quitar a los responsables de los asuntos públicos. Los intereses de todos, por tanto también los de cada uno de nosotros en particular, merecen al menos que pensemos por un momento en aquella frase de Charles de Gaulle: "La política es algo muy serio para dejarla en manos de los políticos". 

Reforma electoral: última oportunidad

Cuando ya todo parecía perdido para que en esta legislatura se cambiara el sistema electoral canario, esta semana ha renacido una cierta esperanza de que en 2019 los canarios acudamos a unas urnas regidas por un sistema de representación política algo menos desequilibrado que el vigente. Esa luz de optimismo hay que ponerla una vez más en el haber del PP, PSOE, NC y Podemos, los únicos partidos que hasta ahora han venido demostrando verdadero interés en cambiar las actuales reglas de juego por otras que respondan de manera más fiel a la realidad demográfica del Archipiélago. Abandonar el controvertido "colegio de restos" de la anterior propuesta y sustituirlo por una lista regional ha sido un acierto, aunque tampoco es que hayan descubierto la pólvora: la lista regional es una propuesta barajada en numerosas ocasiones que ahora vuelve al tablero de debate, esperemos que con más suerte que en ocasiones anteriores. 

Frente al "colegio de restos", la lista regional tiene la ventaja de la transparencia en tanto los electores pueden conocer de antemano el destino de sus votos. A pesar de que resultaba evidente que en el "colegio de restos" las islas destinatarias de esos sufragios no podían ser otras que Gran Canaria y Tenerife debido a su población, esta era una de las pegas que ponía CC para no sumarse al acuerdo. Ahora desaparece y se sustituye por una lista regional de nueve diputados más otro por Fuerteventura o, de manera alternativa, una lista autonómica de siete escaños más otros tres por Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, en el caso de esta última para compensar su aumento de población. Por lo demás, la lista electoral regional lleva al campo de la representación política el concepto de región, autonomía, nacionalidad o país - como se le quiera llamar. Esta es, a día de hoy, una de las grandes contradicciones de un territorio que se hacer llamar nacionalidad pero que vota en circunscripciones insulares y en el que un verdadero sentimiento de pertenencia a una comunidad compartida sigue siendo - a pesar de las campañas - una asignatura pendiente. Obivamente, la eventual aplicación de estos cambios requiere despejar dudas sobre el número de urnas en las que habría que votar, papeletas o confección de candidaturas, entre otras. En cualquier caso, nada que no se pueda resolver si se quiere con voluntad política y asesoramiento experto. 

Ni la propuesta anterior ni ninguna de las dos conocidas esta semana son la panacea: ni de lejos se acercará con ellas la representación política al principio ideal de "un ciudadano, un voto". Por mucho que insistan interesadamente los detractores de la reforma en asegurar que no hay ningún sistema democrático en el mundo en el que ese principio se cumpla, lo cierto es que nadie ha pedido tal cosa ni aspira a ella. La demanda es mucho más modesta y simple: mejorar un sistema que otorga la misma representación política al 17% de la población que al 83% restante. En una palabra, reivindicar el principio democrático de que los parlamentos representan a personas y no a territorios, sin que eso implique borrar por completo el peso territorial de la representación, como de manera falaz siguen pregonando determinados dirigentes nacionalistas insulares. La nueva propuesta tiene la virtud de romper el tabú de que el sistema electoral canario es irreformable si no se respeta la triple paridad, el mantra al que se sigue aferrando oficialmente la dirección de CC. 

Pero, sobre todo, surte el efecto de poner a los nacionalistas ante el dilema de ser parte de la solución o la causa del problema. Era evidente que ni CC podía confiar en que su mal remedo de propuesta de reforma - 3 diputados más por Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura - fuera aceptada por el resto de los partidos. Lo que tal vez no esperaba es que estos respondieran con una contrapropuesta ante la que no ha tenido más remedio que reconocer avances y que vuelve a colocar la pelota en su tejado. El 30 de abril es la fecha fijada para que responda y la última oportunidad de sumarse a un acuerdo razonable en el que, justo es reconocer, todo el gasto lo han hecho los otros partidos mientras CC arrastraba los pies. 

Tiene ante sí la ocasión de demostrar que no es una fuerza numantina aferrada a soluciones que pudieron tener cierta justificación en los albores de la autonomía pero que, en la actualidad, son indefendibles políticamente. Está en su mano sumarse a la reforma en Canarias y solventar por fin este asunto en su contexto político natural o arriesgarse a que se la hagan en Madrid, en donde puede que ni su cotizado voto presupuestario le valga de mucho.    

Con Alemania hemos topado

Ha escocido lo suyo la decisión de los jueces alemanes sobre Puigdemont. Tengo para mi que tanto el juez del Supremo español, Pablo Llarena, como el Gobierno de Mariano Rajoy ya habían dado por hecho que el ex presidente catalán sería entregado  por la justicia alemana para ser juzgado en nuestro país por rebelión y malversación. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en uno de sus habituales ejercicios de imprudencia, llegó a decir pocas horas antes de que decidieran los jueces alemanes que no "concebía otro escenario que no fuera ese". Pues lo había y a la vista está. Ahora, los jueces alemanes se cuestionan incluso si la malversación de la que se acusa en España a Puigdemont es equivalente a la corrupción que recoge el ordenamiento jurídico alemán. Al parecer no terminan de tener claro si el empleo de dinero público por parte de Puigdemont para financiar un referéndum ilegal es corrupción o no. 

Al menos - eso hay que reconocerles - sí consideran que en la consulta hubo violencia pero entienden que sin la suficiente intensidad para doblegar al Estado. Una pena que Puigdemont y los independentistas no pudieran sacar los tanques a las calles el 1 de octubre para garantizar máxima intensidad y la celebración del referéndum en paz y camaradería republicana. También destacan - y aquí les escuece a los independentistas - que Puigdemont no es un preso político como él y los suyos son tan aficionados a considerarse. Por si el golpe a las expectativas del Gobierno y de la justicia de nuestro país no fue lo suficientemente duro, una lenguaraz ministra alemana de Justicia vino a echar un poco más de sal en la herida defendiendo la decisión de los jueces y provocando un mal disimulado malestar entre Berlín y Madrid. 

El debate jurídico y político se centra ahora en si los jueces alemanes se excedieron en su interpretación de la euroorden española de detención y entrega de Puigdemont. Hay coincidencia entra la mayoría del juristas en que no formaba parte de las atribuciones de la justicia alemana entrar a determinar si la violencia empleada por los independentistas fue o no suficiente y descartar a continuación el delito de rebelión. Su misión consistía en discernir si en el ordenamiento jurídico alemán hay o no un delito equivalente al de rebelión. Ese delito existe y se llama alta traición, castigado con penas más duras que el de rebelión en España. El fallo, por tanto, cuestiona abiertamente la figura de la euroorden en tanto no respeta la competencia jurisdiccional de otro estado  de la UE, tan democrático como el alemán y perfectamente capacitado para enjuiciar los delitos cometidos en su territorio. Ello sin contar con el hecho de que la medida la adopta un tribunal equivalente a una audiencia provincial española frente a todo un Tribunal Supremo de otro país. 

La intensidad de la violencia de la que hablan estos jueces no era cuestión de su incumbencia, en primer lugar porque carecían de los imprescindibles elementos de juicio para adoptar una decisión fundamentada. Ese es un asunto para la controversia judicial ante los tribunales españoles, país en el que presuntamente se cometió el delito. Sea como fuere, el fallo alemán ha venido a dar oxígeno a los independentistas y ha vuelto a dejar con las vergüenzas al aire la inmovilidad política del Gobierno español dentro y fuera de España ante el desafío secesionista catalán. De todos modos, lo que me pregunto es qué decidirían los jueces alemanes de esta historia si las autoridades de un estado federado convocaran un referéndum ilegal y de forma más o menos violenta o pacífica declararan unilateralmente la independencia de la República Federal de Alemania, país en el que, por cierto, los partidos independentistas son ilegales.   

Los niños con los niños y las niñas con las niñas

Imagino que el ex ministro de Educación, José Ignacio Wert, estará a esta hora en su dorado retiro parisino celebrando con champán el fallo del Tribunal Constitucional que valida que los colegios privados de filiación católica reciban dinero público aunque segreguen a sus alumnos por sexo. El fallo, que tumba en su integridad un recurso presentado por el PSOE en 2014, es un espaldarazo en toda regla a su LOMCE. La decisión no solo considera ajustado a la Carta Magna que el dinero de todos financie la educación segregadora por sexos: ademas, respalda la segregación de los alumnos por itinerarios académicos y que la asignatura de Religión sea una alternativa obligatoria. Si contento está Wert no lo está menos su sucesor. Íñigo Méndez de Vigo dice que el Constitucional garantiza con su fallo la "libertad educativa" y a la Iglesia Católica sólo le ha faltado lanzar voladores. Por algo será que un alto tribunal dominado por magistrados conservadores, un Gobierno no menos conservador y una Iglesia de resabios tridentinos están todos tan contentos hoy. 

Quienes consideramos que la escuela no es solo un espacio para el aprendizaje de conocimientos sino de socialización y de formación en valores como el del respeto a la igualdad de género, creemos en cambio que es una muy mala noticia para la educación de este país. Para empezar, porque no hay estudios que avalen con claridad y de forma concluyente que una educación segregada - horrorosa palabra de siniestras resonancias - consiga mejores resultados académicos que la de carácter mixto. Si de algo vale mi propia experiencia que es la inmensamente mayoritaria, diré que siempre estudie en aulas mixtas y no creo que hubiera recibido una mejor formación ni que me hubiera aprovechado más de haberlo hecho solo con chicos. 

En segundo lugar, aunque no menos importante, porque una escuela segregada no refleja la realidad social en la que hombres y mujeres deben convivir y relacionarse en pie de igualdad. No se me ocurre mejor manera de aprender a hacerlo que desde la escuela. Este fallo, ante el que han expresado su desacuerdo cuatro de los doce miembros del TC, es un triunfo por goleada de las tesis del Gobierno y de su contestada LOMCE. Llega, además, justo cuando han saltado por los aires las conversaciones entre las fuerzas políticas para el Pacto de Estado por la Educación, prometido por Rajoy en su discurso de investidura. Con el PSOE, Podemos, los sindicatos y las AMPAS de los centros públicos fuera de la mesa de diálogo por la intransigencia del PP a la hora de destinar más recursos a la educación, la posibilidad de ese pacto parece ahora mismo cuando menos remota mientras la contrarreforma se afianza. Probablemente era esto lo que buscaba el PP, ganar tiempo mareando la perdiz con el pacto a la espera de que el TC validara la LOMCE. Si fue esa la intención hay que admitir que la estrategia le ha quedado bordada. 

En descargo de los magistrados que han votado en contra del recurso del PSOE cabe decir que el artículo 27 de la CE que garantiza la libertad de enseñanza es el ejemplo perfecto de la ambigüedad en tanto abre la puerta a una cosa y a la contraria: a considerar constitucional la subvención pública de centros segregadores como todo lo contrario. Cierto es que ninguna familia tiene obligación de matricular a sus hijos en uno de estos colegios pero, en mi modesta opinión, destinar dinero de todos a subvencionarlos me parece casi una aberración que va en sentido contrario a las realidades sociales del siglo XXI. Quien quiera para sus hijos educación segregada y mediatizada por una confesión religiosa está en su derecho, pero se la debe pagar de su bolsillo, eso es lo que creo. Uno, en su ingenuidad, pensaba que el tiempo de los niños con los niños y las niñas con las niñas estaba felizmente superado y olvidado salvo, por lo que se ve, para la mayoría del Constitucional, para el Gobierno del PP y para la Iglesia Católica. 

Rivera y Rajoy: anverso y reverso

Mariano Rajoy no se pilló los dedos abriendo una lata de berberechos durante sus vacaciones gallegas. Lo que le ha pasado es que le ha caído encima todo el peso de un hasta ahora inexistente trabajo de fin de máster de un efecto político demoledor. De Rajoy ya sabemos que es un político que no siente ni padece, por lo menos en público. Y como a la fuerza ahorcan, este fin de semana no ha tenido más remedio que arropar a la presidenta madrileña para que el destrozo en la convención sevillana del PP no fuera total. Sin embargo, los discursos cuidadosamente preparados del presidente, con los que pretendía lanzar la precampaña para las elecciones de 2019,  han quedado en un muy segundo plano frente a lo que hiciera o dijera Cristina Cifuentes. Y lo que dijo fue lo que ya había dicho un día antes: que no piensa dimitir a pesar de las mentiras, las medias verdades y las contradicciones sobre su máster. Sin embargo, es muy probable que Cifuentes esté ya sentenciada por el propio Rajoy, aunque el presidente hará todo lo posible para no aparecer ante los suyos como el responsable de la caída.

Ese papel se lo deja a Ciudadanos, el reverso de la misma moneda. La formación naranja ha pedido hoy la dimisión de Cifuentes alegando que el PP no ha aceptado la comisión de investigación sobre el máster. Una excusa como otra cualquiera para echar mano de la llamada "solución murciana": que dimita Cifuentes y que el PP ponga a otro u otra en su lugar. El nombre incluso se viene barajando desde hace un par de días, lo cual no es nada casual sino causal: Ángel Garrido, consejero autonómico de Presidencia, secretario del PP madrileño y un perfecto desconocido más allá de su familia y de su entorno político. Es el mal menor para el PP que mantendría así la presidencia de la comunidad madrileña y el apoyo de Ciudadanos, haciendo fracasar la moción de censura del PSOE. 

Que el PP acepte esta salida sería lógico y natural en un partido a la defensiva y en proceso de declive político y electoral más que evidente, con un líder petrificado en su propia inmovilidad. Lo que no debería ser tan lógico y natural es que Ciudadanos, el partido emergente que presume de ser el más regeneracionista del mundo mundial, opte por la componenda y no por poner en práctica su discurso ético. Claro que eso supondría romper definitivamente con el PP en la Asamblea de Madrid y apoyar la moción de censura del PSOE y hasta ahí podríamos llegar: una cosa es predicar y dar consejos y otra muy distinta cumplir tus propios principios favoreciendo si es preciso un gobierno de izquierdas en Madrid. Dime de lo que presumes...

La hora de la política

Se mire como se mire, la decisión de la justicia alemana sobre Puigdemont es un varapalo a la justicia española y, en particular, al juez Llarena del Tribunal Supremo. Los jueces alemanes acaban de poner en libertad al ex presidente catalán y han descartado que, de acuerdo con la legislación de ese país, pueda ser acusado de rebelión - alta traición en Alemania. Argumentan que falta el elemento de la violencia que sí aprecia Llarena en la orden europea de detención y entrega de Puigdemont. El ex presidente podrá ser ahora entregado a España con una limitación trascendental: sólo podrá ser juzgado por malversación, el otro delito del que le acusa la justicia española, pero que, evidentemente, no reviste la gravedad del de rebelión y, en consecuencia, conlleva una pena mucho menor incluso en su versión agravada. 

Se puede dar así la notable paradoja de que la fuga de Puigdemont a Bélgica terminará teniendo premio. Sus compañeros de fatigas que se quedaron en España y afrontan en la cárcel las consecuencias de sus acciones, podrían ser juzgados por rebelión además de por malversación. La misma suerte que Puigdemont podrían tener los cuatro consejeros que huyeron con él, en libertad los cuatro también a la espera de lo que decidan los jueces belgas y escoceses sobre las acusaciones de rebelión que les imputa Llarena. Incluso se abre ahora la posibilidad de que Puigdemont quede habilitado para ser investido presidente de la Generalitat ya que la eventual inhabilitación para cargo público no se produciría hasta que su sentencia por malversación agravada fuera firme. 

Si el juez Llarena fue demasiado lejos acusando al ex presidente de rebelión - que requiere el empleo de la violencia - en lugar de sedición - que no lo requiere -, tal vez no sea lo más relevante. Habría que empezar por comprobar si la legislación alemana prevé la sedición y con qué requisitos, con lo cual la decisión de los jueces alemanes podría haber sido la misma. Doctores tiene el Derecho para descender a esas disquisiciones leguleyas. Lo relevante es que que el fallo alemán pone claramente de manifiesto al menos dos cosas. La primera, que los sistemas judiciales de España y Alemania han actuado según su leal saber y entender a la hora de interpretar la legislación de ambos países. De hecho, la fiscalía alemana ya ha anunciado que recurrirá el fallo al entender que sí se podría acusar a Puigdemont de rebelión en ese país. 

Montar en cólera por la posición de la fiscalía o alegrarse por la de los jueces, como han hecho los independentistas, es simplemente demostrar que la independencia judicial sólo les interesa cuando favorece sus posiciones políticas. Aunque eso no es nada nuevo, como ponen de manifiesto sus hipócritas apelaciones a la Constitución Española o al Tribunal Supremo a pesar del ninguneo y el desprecio con el que reciben sus decisiones. La segunda conclusión, tan importante como la anterior, es que este revés debería ser un aldabonazo para que Mariano Rajoy entienda que un problema político tiene que buscar un camino político, sin que ello implique necesariamente renunciar a la acción judicial. 

Los independentistas, que hoy celebran la libertad de Puigdemont, deberían también asumir un mínimo de cordura y poner fin a esta disparatada comedia que vienen representando desde hace meses con el más completo desprecio hacia los problemas del pueblo en cuya bandera se envuelven de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que seguramente pasará es que Rajoy seguirá dejando que los jueces le hagan su trabajo y los independentistas continuarán disponiendo de munición de sobra para alargar su pulso indefinidamente. La hora de la política sonó hace mucho y nadie la quiso escuchar y de aquella sordera deliberada derivan reveses judiciales como el de ayer. 

Cifuentes debe irse

Supongo que no será precisamente confianza en el sistema académico lo que sientan estos días los miles de alumnos que cursan un máster en España. Si una destacada política presuntamente ha obtenido el suyo sin ni siquiera aparecer por clase, es natural que se pregunten si merece la pena el esfuerzo y el dinero que se exige a unos frente a la manga ancha que se concede a otros. Si la imagen general de la universidad está sufriendo un grave daño con el máster de Cifuentes, la de la Rey Juan Carlos simplemente ha quedado a la altura del betún. 

En cuanto a la imagen de la presidenta madrileña, autoproclamada adalid de la regeneración en el PP, ha pasado a mejor vida al poner de manifiesto que detrás del lema solo había humo. Cifuentes está enrocada en negar las evidencias y en mostrar documentos que nadie le ha pedido. Sin embargo, el trabajo de fin de máster no aparece por ningún sitio y sin él y con el resto de las dudas sobre la mesa, todos los indicios apuntan a un descarado trato de favor. Ella opta en cambio por colocar la carga de la prueba sobre la universidad, haciéndole aún más daño si cabe y pretendiendo presentarse ante la opinión pública como una víctima de la izquierda y de la prensa. Viejo recurso que no cuela a estas alturas y que ni de lejos disipa las dudas sobre su participación en ese supuesto trato de favor. 

De sus presuntas explicaciones de ayer en la Asamblea de Madrid a la que acudió arrastrada por la oposición después de una semana y pico de mutismo absoluto, no se desprende un solo dato que abone su tesis de que todo ha sido legal y real. Más bien al contrario, escuchando sus argumentos se refuerza la idea del trato de favor en aspectos como, por ejemplo, no acudir a clase en un máster que requiere que al menos el 80% de las 600 horas que tiene sean presenciales. Tampoco despejó el cambio de "no presentada" a "notable" en dos asignatura ni por qué se matriculó de un trabajo de fin de máster supuestamente aprobado tres meses antes. Es razonable incluso dudar de que Cifuentes se presentara a alguno de los exámenes del máster. El diario digital elconfidencial.es  revela hoy que nunca llegó a reunirse el tribunal que debía evaluar su trabajo de fin de máster. Extremos que debería aclarar la comisión de investigación creada en la Universidad Rey Juan Carlos solo un día después de que su rector y algunos de sus profesores proclamaran la absoluta legalidad de este asunto. 

Entre los partidos políticos, solo el PP compra la versión de Cifuentes e incluso la ha premiado incluyéndola en el elenco de líderes populares que participarán este fin de semana en la Convención Nacional de Sevilla. El PP es sabedor de que dudar de la versión de Cifuentes y unirse a las sospechas del trato de favor sería un nuevo clavo en el ataúd de la corrupción en el partido y clavarlo justo con quien lo iba a regenerar. El PSOE ha respondido con una moción de censura y Ciudadanos, que apoya el Gobierno de Cifuentes, se ha decantado por la solución mágica: una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. 

No se sabe muy bien si el objetivo es esclarecer los hechos, ganar tiempo o cocer a Cifuentes a fuego lento hasta las elecciones del año que viene. Lo que resulta evidente es que el partido de Rivera gusta mucho más de los discursos rimbombantes sobre ética política que de predicar con el ejemplo. Moción de censura y comisión de investigación no se autoexcluyen y mantener el apoyo a Cifuentes no ayuda mucho a mejorar la confianza ciudadana en los políticos, por mucho que alguno se apellide Rivera y cabalgue en una ola electoral. Por no hablar de devolver la confianza de los estudiantes de posgrado en el sistema académico de este país. 

Presupuestos o elecciones

Aunque no puede excluirse por completo esa hipótesis, sería una afrenta democrática que Mariano Rajoy haya presentado unos presupuestos en el Congreso solo con la intención de recuperar parte del terreno electoral perdido. En particular, con el objetivo de presentarse ante los ciudadanos como un presidente que cumple con la obligación constitucional del Gobierno de presentar unas cuentas públicas y, si son los otros partidos los que no las respaldan, que caiga sobre ellos la responsabilidad última. Responsabilidad, por ejemplo, de que los pensionistas no mejoren su situación, de que no suban los salarios de los empleados públicos o de que no haya dinero para las carreteras canarias. 

En el caso de los pensionistas es llamativo que hasta hace menos de un mes no hubiera un euro para subir las pensiones por encima del 0,25 y de pronto hayan aparecido en la chistera de Montoro casi 5.200 millones de euros con los que calmar a los soliviantados jubilados. Si eso no es magia potagia, no imagino qué puede serlo. Seguramente confía el Gobierno en que, sí por otro acto de magia, el Congreso le aprueba las cuentas habrá conseguido que buena parte de los pensionistas beneficiados tenga presente a Rajoy en sus pensamientos electorales, que buena falta le hace. Y si no es así, que culpen al PSOE o al PNV por haberse cerrado en banda a cualquier acuerdo. 

Me cuesta mucho admitir que un político de acusada tendencia a la inmovilidad como Rajoy, se haya atrevido a dar el paso de presentar estas cuentas sin contar con al menos un leve indicio de que no le supondrán un sonoro revolcón parlamentario. Si no fuera así cabe pensar que el presidente está perdiendo facultades a pasos agigantados y ya ni siquiera actúa como es costumbre en él: quedándose quieto parado. No me extrañaría que sueñe con la posibilidad de que la situación catalana se enderece - a saber cómo - y el PNV baje del monte más pronto que tarde. La formación en Cataluña de un gobierno "viable" que le permita acabar con la aplicación del 155,  sería música celestial a los oídos de Rajoy. Esa opción, no obstante, parece cada vez más remota. La petición de la fiscalía alemana para que Puigdemont sea entregado a España, en donde podría ser condenado a una larga pena por rebelíón, oscurece más si cabe el panorama. Incluso quedándose preso en Alemania, la situación está lejos de despejarse aunque haya que volver a las urnas en Cataluña. 

De manera que, por una suerte de carambola política, el futuro de Rajoy al frente del Gobierno de esta legislatura depende ahora de la suerte que le tengan reservada los jueces alemanes a Puigdemont. Y ni siquiera puede en este caso llamar a Merkel para que le eche un cable, tendrán que lidiar él y su partido con las consecuencias de sus acciones y, sobre todo, de sus inacciones en Cataluña. Eso sí,los efectos los volveremos a pagar los españoles, como de costumbre. Así las cosas, no me explico cómo aún hay quienes defienden que si no hay nuevos presupuestos se prorrogan los de 2017 y aquí no ha pasado nada, se sigue en el Gobierno hasta 2020. Solo proponerlo supone despreciar una regla democrática básica: si como Gobierno no tienes el apoyo de la mayoría para una ley de la importancia de los presupuestos anuales,  no hay más opción que convocar elecciones por mucho que temas que las perderás. Y en el caso de Rajoy, la única opción sería volver a su despacho de registrador de la propiedad y permitir que este país avance.   

Abstinencia y fidelidad

Aunque lo pudiera parecer, el título de este post no es el de un libro de moral católica tridentina, sino parte de los contenidos del manual de Biología y Geología que estudian en varias comunidades autónomas los chicos de 3º de la ESO. Es, por tanto, lo que con propiedad puede considerarse confundir el culo con las témporas, la velocidad con el tocino o las ciencias con las creencias, a elegir. El libro de marras está editado por una editorial católica catalana y, al parecer, se ha colado en las aulas de rondón para regar con su ciencia infusa sobre la sexualidad humana las maleables mentes juveniles a las que va dirigido. De momento, aunque los inspectores educativos lo están sometiendo a un expurgo en toda regla, no han encontrado referencia alguna al onanismo o a la marcha atrás como  métodos apropiados para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Eso sí, muy en tercer lugar aparece el uso del preservativo, sin duda mucho menos eficaz para esa prevención que aguantarse los picores o hacerlo única y exclusivamente con el parejo o la pareja de toda la vida. 

Después de esta sabia lección de biología católica, el libro en el que algunos de nuestros muchachos se preparan para ser ciudadanos de provecho y encontrar un trabajo el día de mañana, hace una apasionante incursión en otros asuntos no menos proclives al análisis biológico desde un punto de vista estrictamente científico. Es el caso del aborto que, según el manual, va de mal en peor en España. Tal es así que nuestro país es el único en Europa en el que el número de interrupciones del embarazo no ha dejado de crecer exponencialmente en los últimos años. Que las cifras que da superen en 18.000 abortos a las que maneja el Ministerio de Sanidad no debe hacernos creer que los autores han inflado los datos, sino que en Sanidad son unos zotes que no saben ni llevar el cálculo como es debido. Llega incluso a afirmar que la causa principal de los abortos es la económica, lo que tampoco aparece por ninguna parte en las estadísticas del Ministerio. 

Tampoco es que importe mucho - deben haber pensado los autores del engendro - toda vez que no es muy probable que alguien se plantee confrontar esas cifras con las oficiales y ver si hay truco. Así que, por qué no mentir y exagerar un poco si eso favorece a la causa. Las autoridades educativas, que se han enterado por la prensa de la presencia de este libro en sus aulas, se afanan ahora dando plazos para cambiar los contenidos del libro o retirarlo de los centros educativos. Después será Sodoma y Gomorra, sin una guía biológico - católica que los oriente en la vida podrán los chicos y chicas retornar al retozo y a la promiscuidad más desenfrenada. ¡Ay, Ripalda, cuánto te siguen añorando algunos! 

El día tonto de Maroto

A falta de ideas, buenas son ocurrencias. Al PP no se le ha ocurrido mejor manera de sortear la negativa del PNV a negociar los Presupuestos del Estado mientras permanezca en vigor el 155 en Cataluña, que pedirle cinco votos prestados "al azar" al PSOE. El autor y difusor de idea tan chiripitifláutica no es otro que el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, del que lo más benevolente que se puede decir es que ha tenido hoy su particular día tonto. Con su genial propuesta, Maroto se ha hecho acreedor por derecho propio y méritos sobrados al Premio Tolete Político del Año. 

Apenas le ha faltado decirle a la dirección del PSOE cómo debería elegir entre los diputados y diputadas socialistas a los cinco llamados a salvar de la quema las barbas políticas de Rajoy. Me permito sugerirle que le plantee hacerlo en combinación con el número de la ONCE, a los chinos o por el infalible sistema de tin marín de do pingüé y a los que les toque que Pedro Sánchez se la bendiga. Y es que tamaña bobada no se había escuchado nunca antes en España, país muy dado a las bobadas especialmente entre sus políticos. 

Todo lo cual no quiere decir que el PNV no esté claramente sobreactuando con este asunto y mezclando churras con merinas. Conviene recordar que si el artículo 155 de la Constitución está en vigor en Cataluña no será por culpa del Gobierno del Estado o, por lo menos, no será única y exclusivamente por su culpa. Algo tendrán que ver, digo yo, los desaforados independentistas catalanes con los que los nacionalistas vascos se muestran ahora tan solidarios. Por tanto, su posición suena a trágala y chantaje: si no les gustan las cuentas que Montoro presenta mañana en el Congreso deberían decirlo claramente y por qué, en lugar de usar la disparatada deriva secesionista catalana como coartada para quién sabe qué objetivos políticos y económicos no confesados. 

Ahora bien, dicho lo anterior, lo que tienen que hacer el PP y el Gobierno de Rajoy es intentar al menos poner algo de su parte para levantar el 155 en Cataluña en lugar de fiar la salida de la situación solo a la acción de jueces y fiscales. Eso y, en paralelo, sentarse a negociar con el PNV y con el resto de fuerzas parlamentarias las cuentas públicas de este año. Uno que es ingenuo por naturaleza considera que es lo que le toca hacer a un Gobierno que está en minoría: conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante sus propuestas en el Congreso de los Diputados. Y por supuesto, si no lo consigue en un asunto del calado de unos presupuestos estatales, convocar elecciones anticipadas a la vista de su fracaso. Lo de buscar votos prestados "al azar" en otras fuerzas políticas para salvar el culo político propio no se le ocurre ni al que asó la manteca, salvo que se llame Javier Maroto y sea dirigente del PP, claro. 

El máster de Cristina es particular

Cristina Cifuentes, de la que algunos habían llegado a sugerir sin causa justificada aparente que estaba llamada a volar tan alto como el charrán, acaba de estrellarse contra su propio máster. Casi una semana después de que el asunto saltara a la opinión pública a través de www.eldiario.es, la presidenta de Madrid no ha dado aún una respuesta convincente que despeje las dudas más que razonables sobre las circunstancias en las que obtuvo un título del que, según los indicios de los que se dispone hasta ahora, no es merecedora.  Cualquier otro político en uno de los llamados países "de nuestro entorno" ya habría dado la cara ante la opinión pública si no tuviera nada que ocultar o habría dimitido si hubiera algo de cierto en la información periodística. 

Como Cristina Cifuentes no ha hecho ninguna de las dos cosas - por el momento se ha limitado a comunicados y vídeos autoexculpatorios - lo que cabe concluir es que su máster en la Universidad Rey Juan Carlos tiene poco de trigo limpio. Hasta la fecha, todo lo que ha hecho la presidenta madrileña es negar las informaciones periodísticas y escudarse en una abundante documentación que, sin embargo, no avalan sus protestas de inocencia. Como ni siquiera ha sido capaz de convencer a Ciudadanos, partido del que depende su continuidad como presidenta de la comunidad autónoma madrileña, hoy ha decidido embarrar el terreno de juego y matar al mensajero: se querella contra los autores de la información periodística, como si eso la exculpara automáticamente de toda mancha y despejara todas las dudas. 

De comparecer ante los medios y responder a las preguntas sobre esas dudas no parece que tenga intención alguna y para hacerlo ante la Asamblea de Madrid se tomará su tiempo ya que no lo hará hasta el 4 de abril, a la vuelta de la Semana Santa. Es difícil pero no imposible que para entonces haya aparecido en algún sitio el trabajo de fin de máster que Cifuentes jura y perjura haber hecho pero que a esta hora más parece el Santo Grial. Más difícil será aún explicar cómo pudo la alumna Cifuentes matricularse para ese trabajo de fin de máster si en dos asignaturas aparecía como "no presentada" y era condición indispensable haber aprobado todas las materias para la matrícula; o por qué se volvió a matricular cuatro meses después de supuestamente haber aprobado el trabajo de fin de máster. 

Aunque no es solo la señora Cifuentes la que tiene que dar aún muchas explicaciones. No le van a la zaga los responsables de la Universidad Rey Juan Carlos que, después de asegurar que todo estaba más claro que el agua clara, al día siguiente anunciaron una investigación interna de la que seguimos sin tener noticias de ninguna clase. El rector y los profesores del máster han dejado al centro académico a los pies de los caballos con una respuesta contradictoria en la que ni siquiera fueron capaces de explicar cómo es que el supuesto error de transcripción de las notas de Cifuentes no se descubrió hasta dos años y pico después de cometido. Añádase a todo lo anterior que los alumnos del máster - que tenía carácter presencial - no recuerdan haber visto jamás por clase a la alumna Cifuentes que, a pesar de todo, saco unos cuantos sobresalientes, y convendrán conmigo en que el asunto está requiriendo del olfato de un Maigret o un Sherlock Holmes. O el asunto se aclara o no habrá más remedio que concluir que el máster de Cifuentes es tan particular que se lo dieron gratia et amore por ser vos quien sois y representar al partido que representáis y no por  méritos académicos en los que, a día de hoy, la presidenta madrileña sigue figurando como no presentada.

Sin palabras para Cataluña

Desde este muy modesto blog insto a los señores académicos de la lengua para que se reúnan con urgencia: es imprescindible que cuanto antes nos provean de nuevas palabras capaces de describir con precisión la situación política catalana. Términos y expresiones como "bochorno", "vergüenza", "ridículo", "esperpento", "majadería" y "desprecio por los principios democráticos más elementales", hace mucho que han sido rebasados con creces por los hechos. Lo que viene ocurriendo en Cataluña desde hace unos años para acá, pero sobre todo desde el último verano, ya no tiene nombre que lo defina. Por ejemplo, no tiene nombre que quienes tan celosos defensores dicen ser de las instituciones catalanas de autogobierno lleven meses actuando con absoluto desprecio hacia ellas.

Tal vez piensan que enredando y obstaculizando el regreso a la normalidad democrática en Cataluña desgastan al Estado y acaparan la atención internacional. Ni una cosa ni la otra: Mariano Rajoy está encantado de la vida con el 155 que le está saliendo mucho mejor de lo que seguramente él mismo pensaba. Por su parte, los jueces y fiscales siguen haciendo su trabajo todos los días y en el ámbito internacional, las piruetas de Puigdemont y de sus seguidores me atrevería a decir que generan más bostezos que interés. El hecho que ha acabado con todos los términos empleados hasta ahora para describir la situación ha sido el pleno express de investidura convocado de prisa y corriendo por Roger Torrent. Al presidente del Parlamento catalán le bastó una ronda telefónica de contactos con los grupos parlamentarios para proponer para la investidura a otro candidato inviable. Eso a Torrent poco le importaba con tal de dar gusto a la estrategia de los partidos independentistas a los que se debe, olvidando su función institucional de garante de los derechos de todos los grupos de la cámara y no sólo los de su cuerda. 

Después de que el juez Llarena de Supremo haya decidido esta tarde enviarlo a prisión por su implicación en el en el 1-O, Jordi Turull  no podrá ser elegido mañana presidente de la Generalitat en una segunda votación. Eso sí, los independentistas ya han hecho de este santo varón un nuevo e irredento mártir al que venerar en el altar de la patria por conquistar. Añadan al martirologio secesionista a la secretaria de Ezquerra Republicana, Marta Rovira, que como el valiente Puigdemont y las heroínas que se fugaron con él, también ha optado hoy por huir de España aunque ella lo llame exiliarse, que suena como más revolucionario y dolorido. Con esta nueva payasada el PdCAT y ERC dejan claro que jamás han tenido intención de desbloquear la situación política sino de complicarla más si cabe y echarle un nuevo pulso al Estado. Aunque la CUP, tan exquisitamente integrista como siempre en su impostado ideario antisistema, les chafó en parte la jugarreta de investir un presidente que estaba a las puertas de la prisión, no creo que les haya importado mucho: ya se les ocurrirá algo en los próximos días que alargue la pesadilla cuanto más mejor. Lo más positivo de las últimas horas es que el reloj se ha puesto en marcha por fin: si en dos meses no hay presidente presentable desde el punto de vista jurídico, habrá que volver a las urnas. Ese escenario puede que no sea tan favorable para quienes hace tiempo decidieron ponerse el mundo por montera para  avasallar aquello para lo que no cesan de pedir respeto: las normas democráticas más elementales.

En este laberíntico contexto, la crisis catalana hace tiempo que se ha convertido en un constante toma y daca exclusivo entre los independentistas y el poder judicial. El Gobierno del Estado, mientras, se limita a jalear a los jueces o a silbar a los independentistas pero siempre desde la barrera, como si esto no estuviera ocurriendo en España sino en un país imaginario y como si la idea fuera mantener el 155 per secula seculorum. En tres meses largos de bloqueo político desde las elecciones del 21-D no se ha atisbado el más mínimo signo de que alguien en algún momento y aunque fuera por error, sugiriera al menos de pasada la posibilidad de plantear algún tipo de solución política a un problema que, ante todo, es político. Total, para qué preocuparse de tal cosa si ya se encargan jueces y fiscales de hacer el trabajo del Gobierno. Si el enredo permanente de los independentistas ya no hay palabra en el diccionario capaz de calificarlo, la complaciente pasividad mostrada por Rajoy durante todos estos meses,  también hace tiempo que dejó de tener nombre.   

Otro debate de la nacionalidad para olvidar

A la vista de la escasa expectación que genera, ignoro las causas por las que todos los años por estas fechas, cuando el común de los mortales solo piensa en la Semana Santa, se empeñan los partidos políticos y el Gobierno de Canarias en celebrar el cansino debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Será por el continente o por el contenido o por los actores o por todo eso a la vez, pero lo cierto es que a cada año que pasa despierta menos interés entre la ciudadanía. Si no fuera por el esfuerzo y el despliegue de los medios de comunicación, en gran medida injustificado a la vista de la trascendencia de la cita, el debate pasaría absolutamente inadvertido en la calle. Apostaría algo a que ni un solo ciudadano de estas islas se inquietaría lo más mínimo si se borrara definitivamente de la agenda parlamentaria. 

Y no digo yo que no se aborden en él los problemas de las islas y hasta se propongan medidas y soluciones. Sin embargo, ocurre que los discursos están tan trillados, los argumentos están tan masticados y las respuestas son tan previsibles, que aquello que se quiere pasar por una cita parlamentaria trascendental apenas llega a la categoría de pequeño divertimento político y periodístico. A lo anterior solo hay que sumarle una oratoria paupérrima y deslavazada para hacer de este debate algo indigerible para la inmensa mayoría de los ciudadanos. 

Lo que escribí sobre el debate del año pasado podría valer perfectamente, frase arriba o frase abajo, para el de este año y seguramente para el que viene por mucho que estemos ya entonces a las puertas de las elecciones. De hecho, hace un año Clavijo estaba en minoría y un año después sigue en la misma situación y dentro de otro nada habrá cambiado a ese respecto. Que eso ocurra no es culpa ni de Clavijo ni de CC sino de la incapacidad del PP y del PSOE para producir un cambio político en Canarias. A nadie pueden engañar ya las jeremiadas y las críticas de socialistas y populares a las filas nacionalistas, toda vez que su único objetivo político parece ser competir por ser la pareja de baile de CC. Tanto da que el PSOE haga ahora de oposición dura cuando hace una semana era oposición blanda o que Antona se ponga bravo en la tribuna pero tierno en los despachos. 

En  este juego permanente de sillas alrededor de las cuales gira la política canaria, el debate apenas si permite a los canarios hacerse una imagen medianamente cabal de la realidad social y económica de las islas. Los discursos políticos son tan sesgados que, frente al "Canarias va bien" de un Gobierno tan poco proclive a la autocrítica como casi todos los gobiernos, tenemos una oposición para la que "nada va bien" y "todo está mal". Como siempre, es muy probable que la virtud esté en el punto medio entre esas dos posiciones extremas. El problema es que nadie en política está dispuesto a reconocer los errores propios ni los aciertos ajenos. Cuando acaben hoy los discursos se presentarán decenas de propuestas de resolución y aquellas que tengan la suerte de ser aprobadas irán directamente a la papelera de reciclaje: nadie más se acordará de ellas. Si al menos, en el debate del año que viene se hiciera balance de las cumplidas e incumplidas empezaríamos a creer de verdad que este es un debate útil para los ciudadanos. Mientras, seguirá siendo cada vez más una cita política irrelevante y bastante superflua. 

Prisión permanente: las víctimas como moneda de cambio

Flaco favor se han hecho esta semana a sí mismas, a la sociedad y a las víctimas de crímenes violentos las fuerzas políticas. Después del inane debate electoralista sobre las pensiones, el bronco pleno sobre la prisión permanente revisable añadió aún más distancia entre los políticos y el mínimo de racionalidad que se les supone. Ante un asunto tan delicado, que merecía un debate calmado y sustentado en argumentos técnicos y jurídicos, lo que se vivió fue un despropósito de principio a fin. Cuando los representantes de la soberanía se comportan con la irresponsabilidad con la que lo hicieron el jueves los españoles, hay un coste ineludible en términos de enfrentamiento social, hartazgo de que los políticos sean incapaces de mirar más allá de sus  intereses electorales más inmediatos y enquistamiento de los problemas. Como poco, faltó el mínimo de cordura exigible a los representantes públicos para haber aplazado el pleno a una fecha en la que las emociones por el caso del pequeño Gabriel no estuvieran tan a flor de piel. 

En lugar de eso, portavoces como los del PSOE y el PP optaron por explotarlo con fines electoralistas sin importarles ni mucho ni poco su nauseabundo proceder. Tan nauseabundo como la publicitada reunión del presidente Rajoy y la presidenta del Congreso con unos cuantos padres de niños asesinados para llevar el agua a su molino prometiéndoles que convencerá a la oposición para que no derogue la pena. Si lamentable y vergonzosa fue la intervención socialista en ese pleno, justo es reconocer también que han sido el PP y el Gobierno los primeros en empujar con todas sus fuerzas el carro del populismo punitivo. Fue el PP quien impulsó la prisión permanente revisable y quien ha llamado a los ciudadanos a firmar contra la derogación. El Gobierno ha cumplido su tarea aprobando una ampliación de los supuestos de aplicación de la pena y haciendo todo esto al calor de crímenes como el de Diana Quer, es decir a golpe puro y duro de titulares a cual más escandaloso. 

Ni en los planes del Gobierno, ni en los del PSOE y Ciudadanos, parece haber estado nunca la conveniencia de serenar el debate y alejarlo de los sentimientos y de las emociones, las peores consejeras imaginable para legislar sobre el alcance de las penas de privación de libertad. A nadie le interesa fundar sus argumentos en razones jurídicos o constitucionales ni en datos estadísticos: por citar solo uno, España es el tercer país por la cola de la UE en número de homicidios pero está en la media de reclusos por esa causa. Claro que, en la era de la posverdad, lo que cuentan no son los datos fríos sino la realidad que yo mismo me fabrique de acuerdo con mis intereses. Así, Ciudadanos ha pasado de hablar de populismo penal a apoyar la prisión permanente pasando entre ambos extremos por un sinfín de cambiantes posiciones según sople el viento de las encuestas. Al PSOE hay que recordarle que recurrió la prisión ante el Constitucional lo que, sin embargo, parece que se le ha olvidado o le importa bien poco por la manera en la que se desempeñó su portavoz en el lamentable pleno sobre este asunto. 

Si no mediara tanto interés meramente partidista, hubiera sido lo más razonable que tanto quien propone y defiende la derogación como quien apoya la pena se hubieran puesto de acuerdo para aguardar por la decisión del Constitucional. Si el Estado cuenta con una institución para, entre otros objetivos, determinar la constitucionalidad de las leyes, no tiene mucho sentido recurrir a él para ignorarlo cuando no interesa esperar por sus decisiones o nos importa un pimiento lo que decida. Se le puede instar a que resuelva con mucha más celeridad cuando están en juego derechos básicos, si no con tanta como la que exhibe cuando se trata de Cataluña, sí al menos de forma que sus decisiones no pierdan toda eficacia por extemporáneas. En resumen, un acuerdo entre las fuerzas políticas para esperar por el Constitucional, para aplazar el pleno o, al menos, para no tirarse el dolor de los familiares de las víctimas a la cabeza buscando rédito político, hubiera sido aplaudido sin reservas por todo los españoles, estén en contra o a favor de la prisión permanente. Han optado en cambio por despreciar una nueva oportunidad para recuperar parte del respeto social que han perdido por culpa de una visión alicorta y egoísta de la política.        

Rien de rien con las pensiones

Nada cabía esperar y nada positivo dio de sí el pleno monográfico sobre las pensiones celebrado en el Congreso al que Rajoy acudió, como es propio en él, arrastrado por las protestas de los pensionistas. Sus señorías podrían haberse ahorrado las molestias y los ciudadanos podríamos habernos ahorrado sus dietas. Confío en que los pensionistas no se hicieran ilusiones de ningún tipo sobre la posibilidad de que Rajoy se aviniera a abrir el monedero porque, en ese caso, a estas horas puede que estén aún subiéndose por las paredes. De todos modos, ya tendrán el sábado oportunidad de volver a reclamar una subida de sus pensiones que Rajoy se niega en banda a conceder. En contra de lo que su propio partido había planteado en la última reunión del Pacto de Toledo, el presidente se opone a una revalorización generalizada de las pensiones de acuerdo con el IPC. Si hace solo una semana el PP abrió la puerta a estudiar alguna fórmula que permita a los pensionistas mejorar un poco sus ingresos, Rajoy les acaba de arrojar un jarro de agua fría por encima. 

A lo más que se ha comprometido es a subir las pensiones mínimas y las de viudedad y a mejorar el trato fiscal de pensionistas y familias. Todo ello si la malvada oposición le aprueba los presupuestos de este año. Así de alicorta es la visión del presidente: todo lo lejos que llega su altura de miras es hasta el límite final de este año. Más allá, el año que viene y los siguientes, son un ignoto insondable para el futuro de las pensiones. La suya es la conocida posición cortoplacista del mal político que sólo piensa en las próximas elecciones y no la del hombre de Estado que piensa en cómo encontrar soluciones para un problema extremadamente complejo. Ante eso, el presidente solo ofrece la fe del carbonero: confíen en mí y en mi política económica y verán lo bien que le irá a los pensionistas habidos y por haber.

Para Rajoy, los casi 20.000 millones de euros que tiene de déficit la Seguridad Social es un problema que se podrá resolver en un par de años con el mantra de la creación de empleo. Que sea precario y mal pagado no le enfría ni le calienta. De la posibilidad de tirar de los impuestos para financiar las pensiones o de sacar las no contributivas del sistema para aligerar la carga, rien de rien. Y menos aún sobre las tarifas planas que drenan recursos al sistema o del fraude de la economía sumergida y sus efectos negativos sobre los ingresos, el verdadero problema de las pensiones presentes y futuras. O le resbalan todos estos aspectos del problema o no se quiere calentar la cabeza pensando en ellos. Lo único que parece preocuparle es salvar el curso aprobando unos presupuestos para cuya presentación ni siquiera fija una fecha clara. Más fe del carbonero que Ciudadanos, que últimamente gira más que el gallo de una veleta, ya se ha ofrecido a comprarle a cambio, eso sí, de que eche una mano fiscal a los pensionistas. Esto sí le parece bien a Rajoy, obviando que los jubilados que pagan IRPF son solo una tercera parte , los que tienen la suerte de que sus ingresos superen los 12.000 euros anuales, el mínimo exento. Al resto, agua y ajo.

Aunque empleara palabros gruesos - el cachondeo con el Pacto de Toledo del que habló la socialista Robles - y frases para los titulares - la empatía que Iglesias le pidió a Rajoy -, tampoco ha estado más atinada la oposición: los merecidos reproches al presidente por su gestión de las pensiones deberían haberse acompañado de propuestas articuladas y coherentes y no de otra sarta de ocurrencias deslavazadas. De manera que vistos y oídos al presidente y a la oposición y aunque nada cabía esperar del debate, la incertidumbre ha subido unos cuantos enteros más: ¿Cobrarán pensiones quienes se jubilen dentro de 5, 10 o 20 años? ¿Serán tan o más raquíticas que las actuales? ¿Cómo se revierte el envejecimiento de la población? ¿Qué debe hacerse para que entre más dinero en la caja de la Seguridad Social? ¿Por qué si se crea empleo la caja sigue en números rojos? ¿Hay vida inteligente en La Moncloa? Por lo visto esta semana en el Congreso, rien de rien.

Ángel Víctor y el pacto de los puertos

Tiene razón Ángel Víctor Torres cuando afirma que hay un pacto entre CC y el PP para repartir determinados cargos públicos. Lo que sorprende es que lo descubra ahora y que lo llame tácito. Que se trata de un pacto claramente explícito ya quedó de manifiesto cuando el PP apoyó los presupuestos autonómicos de este año por más que CC rebajó y ninguneó la mayor parte de sus exigencias, empezando por la reducción del IGIC. El líder del PSOE canario debe haber sido el único que creyó que Antona iba en serio cuando anunciaba una "dura oposición" a Fernando Clavijo. Es lo que los científicos del fútbol llamarían no saber leer el partido y comprender que los aspavientos del líder popular no han sido otra cosa que un trampantojo para incautos y alpiste para la parroquia doméstica. Antona ni quiere ni puede hacer una verdadera oposición a Clavijo porque Rajoy necesita del voto de Ana Oramas en Madrid. A eso se reduce toda la cuestión por más filosofía que se le quiera echar. 

CC y el PP vienen comiendo de un huevo y dejando el cascaron desde que los socialistas fueron expulsados a las tinieblas exteriores en diciembre de 2016. A los hechos y no a las declaraciones de unos y de otros me remito porque - como dice el castizo -, hechos son amores y no buenas razones. La afinidad ideológica y la comunión de intereses hace que se atraigan como los metales al imán por más que CC también reparta mensajes nacionalistas a su parroquia para guardar las apariencias. Claro que, además de no haber sabido leer correctamente el partido, el error de Ángel Víctor puede haber estado en pretender sustituir al PP como pareja de baile de CC para encontrarse ahora nuevamente desairado. 

Después de que un Judas le traicionara la semana pasada, dejándole a los pies de los caballos en la votación para renovar dos puestos en el Consejo Rector de la RTVC, Torres se encontró a las pocas horas con una proposición de ley de CC, PP y ASG para cambiar la ley de la tele pública de la que se enteró por la prensa. Enfurruñado, el lunes se personó en el Parlamento y registró su propia iniciativa sobre el mismo asunto, obviando el hecho de que, salvo milagro, irá a parar por falta de apoyos suficientes a algún olvidado cajón de la cámara. Pero casi no había terminado de registrarla cuando salta a los medios que CC y el PP no sólo pactan qué hacer en la RTVC sino también a quién poner al frente de las autoridades portuarias.

Es aquí en donde el pisotón en el callo de Torres es más doloroso porque el acuerdo interesadamente filtrado se lleva por delante al socialista Luis Ibarra en la Autoridad Portuaria de Las Palmas para colocar en su lugar al popular Juan José Cardona. Pacto para el reparto de cargos lo ha llamado Ángel Víctor Torres, como si esa no fuera la práctica habitual cuando media un acuerdo político en el que lo que se dirime es qué sillones se reparten los firmantes, se llamen estos Fernando, Asier, Ángel Víctor o Childerico. Y no descarten que el acuerdo portuario no incluya a cambio el mutis del PP por el foro en el acuerdo que mantienen los populares con el PSOE, Podemos y NC sobre la reforma del sistema electoral canario, papa caliente que CC no sabe cómo quitarse de encima sin que se note demasiado. 

El enfurruñamiento de Torres le lleva ahora a amenazar con bloquear la renovación de los miembros de la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Diputado del Común que, a este paso, bien haría el Parlamento en declararlos vitalicios y acabar con el guineo. Total, para que lo único que consiguiera rascar el PSOE fuera el premio de consolación del Diputado del Común tampoco debería ser como para que Ángel Víctor se rasgue muchos las vestiduras. Casi ocho meses después de acceder a la secretaría general de los socialistas canarios, Torres dista mucho de dar la sensación de tener bien sujetas las riendas del partido. Su debilidad política se agrava por momentos y puede que no tarden mucho en escucharse voces desde el fondo de la sala subiendo poco a poco de tono, nada nuevo por otro lado en un partido de tradición interna levantisca y revoltosa. Así las cosas, es probable que el camino para aspirar dentro de poco a hacerse con la candidatura a la presidencia del Gobierno - a cuyas primarias ya se apresuró a anunciar que concurrirá - se le haya puesto más cuesta arriba que la subida a la Montaña de Arucas.  

Una legislatura en blanco

Será por Cataluña, será por un Mariano Rajoy más quemado que la pipa de un indio o será por unas fuerzas políticas sin cintura alguna para el acuerdo. Lo cierto es que la legislatura está empezando a pedir a gritos una muerte digna. Los ejemplos de lo que va camino de convertirse en un periodo de completa esterilidad para el país se acumulan. Empezando por la propia Cataluña, en una situación política tan kafkiana como esperpéntica ante la que el Gobierno se limita a esperar que el tiempo y el aburrimiento resuelvan el problema. Y si no fuera así, siempre están a mano los jueces y los fiscales para paliar la falta absoluta de iniciativa política de Rajoy. Tan falto de ideas está el presidente que, para sustituir al ministro de Economía tras su marcha al BCE, solo se le ocurrió llamar al vicepresidente que tiene España en el Banco Europeo de Inversiones. Cambia un cromo por otro y mantiene la infrarrepresentación española en las instituciones comunitarias. No me digan que no es una genialidad la suya. 

Podemos continuar con el renacido debate sobre las pensiones que también ha pillado al Gobierno con el paso cambiado y sin una sola propuesta coherente para responder al reto de garantizar pensiones dignas para los pensionistas actuales y futuros. A ver qué dice mañana Rajoy en su comparecencia parlamentaria sobre este asunto en la que, por aquello de no ser puesto contra las cuerdas de nuevo, el PP se ha negado a que haya propuestas de resolución y perderlas, hasta ahí podríamos llegar. En cualquier caso, mejor será que no se hagan ilusiones de ningún tipo los pensionistas con lo que pueda decir mañana el presidente si no quieren llevarse un nuevo desengaño. Tampoco en esto han estado finas ni serias las demás fuerzas políticas ni los agentes económicos y sociales. Un año llevan reuniéndose los miembros del Pacto de Toledo sobre las pensiones y en ese tiempo no han sido capaces ni de parir un ratón. Ahora, cuando la presión de la calle achucha y los pensionistas asedian las puertas del Congreso, todo el mundo corre y sobreactúa, saca soluciones mágicas de la chistera y calcula cuántos votos de pensionistas puede conseguir. 

Véase también lo que ha pasado con el pacto de estado por la educación, otra de las solemnes promesas de Mariano Rajoy en su investidura, hoy al borde del despeñadero. El PSOE abandonó el y Podemos, que no iba a ser menos de izquierdas que nadie, se fue también argumentando que se lo había pedido la comunidad educativa. Sin desdeñar las razones para el abandono de las conversaciones y la cerrazón del PP para mejorar la inversión educativa, intuyo que también aquí hay buenas dosis de postureo político y deseos de hacerse visibles frente al bloque de la derecha encarnado por el PP y Ciudadanos. El fracaso del pacto por la educación, una reclamación histórica de todos los sectores educativos, es también el fracaso más sangrante de los partidos políticos para ponerse de acuerdo sobre algo tan trascendental para el futuro de un país como su sistema educativo. Aunque no creo que sea ese fracaso el que le quite el sueño a un Rajoy al que se le ve cada vez más mustio, sino las exigencias leoninas de Ciudadanos para aprobar los próximos presupuestos. 

Para los populares y sobre todo para Rajoy, es vital sacar adelante las cuentas de este año. Para eso no sólo tendrán que sortear las barreras que les pone Albert Rivera sino a los remolones del PNV que se niegan a negociar las cuentas con el 155 en vigor en Cataluña. Sin embargo, oposiciones más altas han caído y si el PP consigue convencer a vascos y a naranjitos - a los canarios ya los tiene en el bote - Rajoy podrá respirar y aspirar a agotar la legislatura. De lo contrario sería de obligado cumplimiento político un adelanto electoral que abra una nueva legislatura capaz de sacar a España de la petrificación actual. Sería una locura que no nos podemos permitir tirar dos años más con presupuestos prorrogados, sin nueva financiación autonómica, sin solución para las pensiones y con el sistema educativo cosido con alfileres, por citar solo algunas asignaturas pendientes y sin mencionar la crisis catalana. Si el Gobierno no gobierna y la oposición está más atenta a las encuestas que a los problemas del país, no hay otra solución que ir a las urnas y que decidan los ciudadanos.