Supongo que no será precisamente confianza en el sistema académico lo que sientan estos días los miles de alumnos que cursan un máster en España. Si una destacada política presuntamente ha obtenido el suyo sin ni siquiera aparecer por clase, es natural que se pregunten si merece la pena el esfuerzo y el dinero que se exige a unos frente a la manga ancha que se concede a otros. Si la imagen general de la universidad está sufriendo un grave daño con el máster de Cifuentes, la de la Rey Juan Carlos simplemente ha quedado a la altura del betún.
En cuanto a la imagen de la presidenta madrileña, autoproclamada adalid de la regeneración en el PP, ha pasado a mejor vida al poner de manifiesto que detrás del lema solo había humo. Cifuentes está enrocada en negar las evidencias y en mostrar documentos que nadie le ha pedido. Sin embargo, el trabajo de fin de máster no aparece por ningún sitio y sin él y con el resto de las dudas sobre la mesa, todos los indicios apuntan a un descarado trato de favor. Ella opta en cambio por colocar la carga de la prueba sobre la universidad, haciéndole aún más daño si cabe y pretendiendo presentarse ante la opinión pública como una víctima de la izquierda y de la prensa. Viejo recurso que no cuela a estas alturas y que ni de lejos disipa las dudas sobre su participación en ese supuesto trato de favor.
De sus presuntas explicaciones de ayer en la Asamblea de Madrid a la que acudió arrastrada por la oposición después de una semana y pico de mutismo absoluto, no se desprende un solo dato que abone su tesis de que todo ha sido legal y real. Más bien al contrario, escuchando sus argumentos se refuerza la idea del trato de favor en aspectos como, por ejemplo, no acudir a clase en un máster que requiere que al menos el 80% de las 600 horas que tiene sean presenciales. Tampoco despejó el cambio de "no presentada" a "notable" en dos asignatura ni por qué se matriculó de un trabajo de fin de máster supuestamente aprobado tres meses antes. Es razonable incluso dudar de que Cifuentes se presentara a alguno de los exámenes del máster. El diario digital elconfidencial.es revela hoy que nunca llegó a reunirse el tribunal que debía evaluar su trabajo de fin de máster. Extremos que debería aclarar la comisión de investigación creada en la Universidad Rey Juan Carlos solo un día después de que su rector y algunos de sus profesores proclamaran la absoluta legalidad de este asunto.
Entre los partidos políticos, solo el PP compra la versión de Cifuentes e incluso la ha premiado incluyéndola en el elenco de líderes populares que participarán este fin de semana en la Convención Nacional de Sevilla. El PP es sabedor de que dudar de la versión de Cifuentes y unirse a las sospechas del trato de favor sería un nuevo clavo en el ataúd de la corrupción en el partido y clavarlo justo con quien lo iba a regenerar. El PSOE ha respondido con una moción de censura y Ciudadanos, que apoya el Gobierno de Cifuentes, se ha decantado por la solución mágica: una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
No se sabe muy bien si el objetivo es esclarecer los hechos, ganar tiempo o cocer a Cifuentes a fuego lento hasta las elecciones del año que viene. Lo que resulta evidente es que el partido de Rivera gusta mucho más de los discursos rimbombantes sobre ética política que de predicar con el ejemplo. Moción de censura y comisión de investigación no se autoexcluyen y mantener el apoyo a Cifuentes no ayuda mucho a mejorar la confianza ciudadana en los políticos, por mucho que alguno se apellide Rivera y cabalgue en una ola electoral. Por no hablar de devolver la confianza de los estudiantes de posgrado en el sistema académico de este país.
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