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Reforma electoral: última oportunidad

Cuando ya todo parecía perdido para que en esta legislatura se cambiara el sistema electoral canario, esta semana ha renacido una cierta esperanza de que en 2019 los canarios acudamos a unas urnas regidas por un sistema de representación política algo menos desequilibrado que el vigente. Esa luz de optimismo hay que ponerla una vez más en el haber del PP, PSOE, NC y Podemos, los únicos partidos que hasta ahora han venido demostrando verdadero interés en cambiar las actuales reglas de juego por otras que respondan de manera más fiel a la realidad demográfica del Archipiélago. Abandonar el controvertido "colegio de restos" de la anterior propuesta y sustituirlo por una lista regional ha sido un acierto, aunque tampoco es que hayan descubierto la pólvora: la lista regional es una propuesta barajada en numerosas ocasiones que ahora vuelve al tablero de debate, esperemos que con más suerte que en ocasiones anteriores. 

Frente al "colegio de restos", la lista regional tiene la ventaja de la transparencia en tanto los electores pueden conocer de antemano el destino de sus votos. A pesar de que resultaba evidente que en el "colegio de restos" las islas destinatarias de esos sufragios no podían ser otras que Gran Canaria y Tenerife debido a su población, esta era una de las pegas que ponía CC para no sumarse al acuerdo. Ahora desaparece y se sustituye por una lista regional de nueve diputados más otro por Fuerteventura o, de manera alternativa, una lista autonómica de siete escaños más otros tres por Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, en el caso de esta última para compensar su aumento de población. Por lo demás, la lista electoral regional lleva al campo de la representación política el concepto de región, autonomía, nacionalidad o país - como se le quiera llamar. Esta es, a día de hoy, una de las grandes contradicciones de un territorio que se hacer llamar nacionalidad pero que vota en circunscripciones insulares y en el que un verdadero sentimiento de pertenencia a una comunidad compartida sigue siendo - a pesar de las campañas - una asignatura pendiente. Obivamente, la eventual aplicación de estos cambios requiere despejar dudas sobre el número de urnas en las que habría que votar, papeletas o confección de candidaturas, entre otras. En cualquier caso, nada que no se pueda resolver si se quiere con voluntad política y asesoramiento experto. 


Ni la propuesta anterior ni ninguna de las dos conocidas esta semana son la panacea: ni de lejos se acercará con ellas la representación política al principio ideal de "un ciudadano, un voto". Por mucho que insistan interesadamente los detractores de la reforma en asegurar que no hay ningún sistema democrático en el mundo en el que ese principio se cumpla, lo cierto es que nadie ha pedido tal cosa ni aspira a ella. La demanda es mucho más modesta y simple: mejorar un sistema que otorga la misma representación política al 17% de la población que al 83% restante. En una palabra, reivindicar el principio democrático de que los parlamentos representan a personas y no a territorios, sin que eso implique borrar por completo el peso territorial de la representación, como de manera falaz siguen pregonando determinados dirigentes nacionalistas insulares. La nueva propuesta tiene la virtud de romper el tabú de que el sistema electoral canario es irreformable si no se respeta la triple paridad, el mantra al que se sigue aferrando oficialmente la dirección de CC. 

Pero, sobre todo, surte el efecto de poner a los nacionalistas ante el dilema de ser parte de la solución o la causa del problema. Era evidente que ni CC podía confiar en que su mal remedo de propuesta de reforma - 3 diputados más por Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura - fuera aceptada por el resto de los partidos. Lo que tal vez no esperaba es que estos respondieran con una contrapropuesta ante la que no ha tenido más remedio que reconocer avances y que vuelve a colocar la pelota en su tejado. El 30 de abril es la fecha fijada para que responda y la última oportunidad de sumarse a un acuerdo razonable en el que, justo es reconocer, todo el gasto lo han hecho los otros partidos mientras CC arrastraba los pies. 

Tiene ante sí la ocasión de demostrar que no es una fuerza numantina aferrada a soluciones que pudieron tener cierta justificación en los albores de la autonomía pero que, en la actualidad, son indefendibles políticamente. Está en su mano sumarse a la reforma en Canarias y solventar por fin este asunto en su contexto político natural o arriesgarse a que se la hagan en Madrid, en donde puede que ni su cotizado voto presupuestario le valga de mucho.    

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