"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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20 de febrero de 2017

Nóos y el sentido común

A raíz de la sentencia del viernes sobre el caso Nóos venimos sufriendo un intenso chaparrón de frases hechas sobre la Justicia a cual más banal: “la Justicia es igual para todos”, “sentencia ejemplarizante”, “sentencia ejemplar”, “nadie está por encima de la ley” y  un interminable rosario de tópicos que, en realidad, parecen un ejercicio de autoconvencimiento ante las probables dudas de quienes los pronuncian. ¿No se supone que en un estado democrático y de derecho la Justicia es igual para todos? ¿No es de suyo que en un estado de esas características todas las sentencias son ejemplares y ejemplarizantes? ¿A qué viene entonces subrayar tanto lo que se supone obvio? ¿Es que acaso había dudas de que la Justicia no trataría igual que al resto de los ciudadanos a los que se sentaron en el banquillo de los acusados por la trama Nóos? Si es así se debería confesar abiertamente en lugar de repetir hasta la náusea ese latiguillo huero.

De la misma banalidad obvia participa también esa otra matraquilla de que las sentencias judiciales sólo se pueden respetar y acatar. En tal obviedad parece esconderse, no obstante, una especie de miedo arcano a criticar las decisiones judiciales como si quienes las dictan estuvieran tocados por el don de la infalibilidad papal. Claro que hay que respetarlas y acatarlas y, también, recurrirlas si hay instancias superiores a las que acudir y, por supuesto, someterlas a la crítica social.

Pero vayamos por partes: para poder concluir si la sentencia del caso Noos ha demostrado que “la Justicia es igual para todos” habría que compararla con otros casos similares. El ejemplo más reciente es el fallo judicial relacionado con la rama valenciana de la trama Gürtel en el que los jueces fueron bastante más duros con los acusados que la Audiencia de Palma con Urdangarín, Torres y la infanta Cristina. Al esposo de la infanta se le han aplicado algunas técnicas penales atenuantes del delito previstas en el Código Penal que han permitido dejar en menos de un tercio la pena de 19,5 años que pedía para él la fiscalía.

Por lo demás, es notable que Urdangarín reciba menos pena que su socio Diego Torres, al que le caen 8 años de prisión – el fiscal pedía 16 - a pesar de que con su nombre y su figura es muy poco probable que hubiera conseguido un solo euro de las administraciones  públicas. En otras palabras, es revelador que quien urdió la trama y  obtuvo la mayor parte de los beneficios ilícitos valiéndose de su parentesco con la Casa Real sea tratado con más benevolencia penal que quien solo fue un socio en segundo plano. 

Y llegamos a la infanta, absuelta de toda culpa y multada con 265.000 euros al considerársela responsable civil a título lucrativo de los negocios de su marido de los que ella, por supuesto, no fue consciente en ningún momento. Si en las penas impuestas a Urdangarín y a Torres pierde la fiscalía, en la absolución de la infanta el fiscal Horrach obtiene un triunfo en toda regla después de batirse el cobre junto a la abogacía del Estado para evitar que Cristina de Borbón pisara siquiera los juzgados de Palma. La esencia del fallo respecto a la hermana del rey es que no se ha podido probar que fuera consciente del delito de fraude fiscal del que la acusó Manos Limpias y por el que pedía 8 años de prisión para ella.

Teniendo en cuenta que, en contra de su forma habitual de actuar, la fiscalía y la abogacía del Estado evitaron a toda costa acusar a la infanta lo esperable era la absolución. Ahora bien, que no haya pruebas contra ella y que no la acuse la fiscalía, no despeja lo que deduce el sentido común: es del todo imposible que alguien como la infanta no fuera plenamente consciente de las actividades ilícitas de su marido siendo como era socia al 50% de una de sus empresas tapadera.

Si la evidente benevolencia del fallo del caso Nóos tiene más que ver con quienes son los principales acusados que con los hechos que se han juzgado en la Audiencia de Palma es algo de lo que tampoco hay pruebas y por tanto no cabe condena. Aún así, el sentido común también dice que los nombres y la relevancia social y política no es ajena  en absoluto al contenido de esta sentencia. 

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