Entre britos y pitas

El pacto que gobierna actualmente en el cabildo de Gran Canaria nació con fórceps y puede acabar autoestrangulado por una de sus tres partes contratantes, la que representa Podemos. Con sólo cuatro consejeros, en estos momentos hay al menos tres posiciones distintas sobre lo que debe pasar a raíz de que uno de ellos, el vicepresidente segundo Juan Manuel Brito, fuera expulsado del partido. Así, tenemos la fracción partidaria de que se le envíe a las tinieblas de los no adscritos, a la que lo apoya y al propio Brito que no ve inconveniente en seguir siendo miembro del gobierno insular. Todo un récord de posiciones para una fuerza política que prometió a los ciudadanos que no actuaría como los partidos de la casta y que sólo se pelearía por el interés general y no por los sillones.

El pacto nació forzado porque la dirección de Podemos nunca aceptó de buen grado que Brito ganara las primarias como candidato al cabildo. A partir de ahí se le ha sometido a un marcaje inmisericorde en el que no han faltado denuncias judiciales por hechos muy graves que han terminado archivadas, acusaciones de nepotismo y, lo penúltimo, que amañó las primarias para hacerse con la candidatura. A la vista de que ninguno de esos intentos ha conseguido que renunciara al acta, el argumento para expulsarlo de Podemos ha venido a ser que Brito se ha convertido en una suerte de verso libre que desoye las directrices políticas del partido por el que se presentó a las elecciones.

Brito y su entorno, sin embargo, tampoco han permanecido pasivos ante las andanadas que han recibido periódicamente durante estos casi dos años de mandato. Amén de contraatacar con otra acusación de amaño electoral en primarias a la secretaria general Mery Pita, ha propiciado el desembarco en Gran Canaria de una formación como Sí Se Puede, de la que Podemos recela como del fuego a pesar de que compartieron cartel electoral en varias instituciones de Tenerife. Una vez fuera de Podemos, la dirección le pide a Brito que entregue el acta y, en su defecto, al presidente Antonio Morales que lo destituya de sus responsabilidades y lo envíe al grupo de los no adscritos.

A Morales, al que el pacto con Podemos no le ha acarreado más que disgustos y sinsabores, le ha caído en las manos una de esas papas calientes de las que los políticos buscan librarse a toda costa. Para ello le ha pasado la responsabilidad a unos servicios jurídicos que, si aplican la ley correctamente, sólo pueden darle la razón a Podemos y dictaminar que Brito tiene que convertirse en no adscrito. No me cabe duda de que Morales lo sabe y lo que no entiendo es por qué – por mucho que le pese – se sigue escudando detrás de los abogados y no adopta ya una decisión que más pronto o más tarde será ineludible. A partir de ahí, será su responsabilidad política que Brito conserve sus actuales tareas de gobierno sin retribución de ningún tipo, tal y como establece la norma para los cargos publicos expulsados del partido por el que concurrieron a las elecciones.

Si se toman la molestia de recapitular lo dicho hasta hora, notarán que ni por un momento las razones para este rebumbio político están relacionadas con la gestión de los intereses generales por parte de Brito. Ni siquiera la dirección de Podemos la ha cuestionado y mucho menos Nueva Canarias y el PSOE, las otras dos partes contratantes. Sólo la oposición, pero es de suyo y casi no cuenta. De manera que lo que se ventila aquí no es una discrepancia sobre la gestión de Brito sino un enfrentamiento personal y político en el que, a punto de llegar al ecuador del mandato, el interés general de los grancanarios sigue relegado a un muy segundo plano.