A media noche, como los ladrones y los fantasmas, se personó en los estudios de la radio televisión pública valenciana la comisión liquidadora y ordenó parar. Se limitaban a cumplir las instrucciones emanadas desde el poder político, el mismo que ha mangoneado a placer y conciencia un medio público de comunicación a mayor gloria de sus fregados económicos y sus chanchullos políticos; el mismo que, después de dar la orden de cerrar la radio y la tele, puso cobardemente tierra de por medio para esquivar las protestas de los trabajadores; el mismo que elude asumir cualquier responsabilidad política por una desastrosa gestión de dos décadas que ha colocado a la radio televisión pública de la comunidad autónoma con 1.200 millones de euros en deudas y, ahora, a cerca de 2.000 trabajadores en la calle.
Los trabajadores (presentadores, cámaras, redactores, técnicos, etc.) han resistido heroicamente durante horas, hasta el último momento, ese en el que la policía ha entrado en la sede de un medio de comunicación para asegurarse del fin de las emisiones. Y no, la escena no se ha producido en una lejana república bananera gobernada por algún dictador corrupto con guayabera y sombrero tejano. Ha ocurrido en la democrática España, en donde se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información. Ese derecho ha recibido hoy un duro golpe como ocurre siempre que cierra un medio de comunicación que, en este caso, se da la circunstancia agravante de que era el único de carácter público de esa comunidad autónoma, el único llamado a defender y fomentar los intereses y la identidad de los valencianos.
Claro que ya sabemos que el concepto de lo público que tiene el partido político que gobierna en Valencia y en España no es mejor que el que tiene de la sanidad o de la educación. Sacan pecho los que hablan de “chiringuitos” para referirse a las radios y televisiones autonómicas en los territorios en los que no gobiernan los suyos. Sin embargo, callan con cobardía cuando son las radios y las televisiones gestionadas por ellos durante décadas las que presentan situaciones económicas insostenibles que, como ha ocurrido hoy en Valencia, se saldan por las bravas, con nocturnidad y alevosía.
El Gobierno valenciano pudo recurrir la sentencia que anulaba el ERE, pero no lo hizo; pudo también buscar una salida negociada y mucho menos traumática con los trabajadores, dispuestos a rebajarse los sueldos a cambio de salvar todos los puestos de trabajo posibles. Ni siquiera lo intentó porque la consigna era desde el minuto uno, cuando se puso en marcha el expediente de regulación de empleo, el cierre sin discusiones.
Seguramente estarán satisfechos pero se han cubierto de indignidad, por el modo en el que han gestionado un medio público y por las maneras con las que lo han liquidado. Aunque resulte paradójico dada su situación, los verdaderos triunfadores de esta lucha desigual son los profesionales de la radio televisión pública valenciana; ellos han resistido hasta el último momento a pie de cámara y micrófono y no serán precisamente los que pasen a la historia como los que apretaron el botón de fundido a negro. Ese dudoso honor les corresponderá para siempre a los políticos con nombre, apellidos y afiliación ideológica pública que se han ocultado en las sombras de la noche para acallar la voz de un medio de comunicación.
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