Cerca de dos centenares de personas luchan desde ayer a brazo partido contra una mancha de fuel en la costa sureste de la isla de Gran Canaria. La materia negruzca y viscosa llegó a alcanzar un kilómetro de largo por unos 20 metros de ancho y tocó la costa del municipio de Agüimes arrastrada por las corrientes marinas. La Guardia Civil ha tomado muestras para averiguar el origen del vertido, aunque no hace falta ser un Sherlock Holmes para sospechar que detrás está alguno de los numerosos barcos que transitan por la zona. El área afectada es una reserva de gran riqueza marina que, según los expertos, se verá seriamente dañada y uno de los lugares predilectos de los buceadores de la isla. De hecho, ellos fueron los primeros en dar la voz de alarma y en ponerse a recoger la porquería que llegaba flotando a la orilla.
La limpieza del litoral afectado llevará al menos unos diez días, según las previsiones de los especialistas, que achacan el problema a una deficiente vigilancia de los barcos que surcan esas aguas y a una total descoordinación entre las administraciones públicas. Se corre incluso el peligro de que la mancha de piche se desplace hacia el sur y afecte a la zona turística por excelencia de Gran Canaria, dibujando una estampa que a buen seguro inmortalizarán los turistas con sus cámaras.
Lo de hoy es piche sobre piche: el pasado mes de abril dos playas del sur de la isla, El Águila y Castillo del Romeral, sufrieron también la visita del fuel obligando a cerrarlas al baño y a trabajar durante días para limpiarlas. De las investigaciones abiertas para esclarecer el origen y castigar a los culpables aún no se sabe una palabra y cabe suponer que con el vertido de ayer tarde pasará otro tanto. La Capitanía Marítima de Las Palmas, dependiente del Ministerio de Fomento y de la que a su vez depende la seguridad del tráfico de barcos por las aguas de esta zona, tampoco ha dado aún ningún tipo de explicación sobre lo qué está haciendo o piensa hacer para dar con el responsable de lo ocurrido.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Canarias, muda una vez más, se ha limitado a decir que la investigación es responsabilidad de la Guardia Civil y con eso se ha dado por satisfecha. Mientras, al Gobierno de Canarias se le ha reprochado la pachorra con la que activó el plan de contingencias por contaminación marina y éste se defiende diciendo dos cosas claramente contradictorias entre sí: por un lado, que el asunto es competencia del Gobierno central ya que se trata de un caso de contaminación marina que corresponde afrontar a la Demarcación de Costas y, por otro, que debía ser el ayuntamiento de Agüimes el que combatiera el vertido al no ser este de la suficiente gravedad como para que se ocupara de él la comunidad autónoma.
Dicho en otras palabras, unos por otros y el piche sin limpiar, salvo en el caso del ayuntamiento afectado que con su personal y con los voluntarios que enseguida se sumaron se pusieron inmediatamente manos a la obra arriesgando incluso su seguridad al trabajar sin mascarillas para evitar las emanaciones del pegajoso piche ya solidificado. Si esto ocurre con una mancha relativamente pequeña de fuel y esta es la respuesta de las administraciones públicas supuestamente competentes, no quiere uno ni imaginarse el tamaño del desastre tras un vertido grave en las prospecciones y eventual extracción de petróleo que Repsol se propone realizar en los próximos meses en aguas de Lanzarote y Fuerteventura.
Lo de hoy pone de manifiesto que los protocolos de actuación, los planes de contingencia y los sacrosantos informes de impacto ambiental son pura filfa cuando hay que afrontar la oscura y maloliente realidad del piche flotando en el agua, matando la vida y embadurnando las costas. Debería de servir de lección para todos, pero sobre todo para quienes alaban las ventajas del petróleo y sus riquezas infinitas y menosprecian alegremente sus riesgos.
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