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Revolcón portuario

De histórica, con todas las letras y todo el merecimiento, cabe calificar la derrota parlamentaria sufrida hoy por el Gobierno a propósito de la reforma de la estiba portuaria. El real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el 24 de febrero para dar cumplimiento a la sentencia de la justicia comunitaria que liberaliza la actividad ha quedado derogado después de que el PSOE y Unidos Podemos votaran en contra y de que Ciudadanos reculara en el último minuto y se abstuviera. Ya ha llovido lo suyo desde que el gobierno no se quedaba colgado de la brocha y sin decreto ley como le ha ocurrido hoy a Rajoy. Concretamente desde el año 1979 no pasaba nada igual y miren que se han aprobado cosas por la vía del real decreto durante esos casi 40 años.

Tal vez demasiadas, sobre todo en los periodos en los que el partido en el poder ha abusado de su mayoría absoluta y se ha dedicado a gobernar  por esa vía para ahorrarse engorros parlamentarios. No hay que irse muy lejos para encontrar uno de esos periodos de decreto y mando, en concreto el que va de 2011 a 2015, en el que casualmente también presidía el Gobierno Mariano Rajoy. Claro que ahora las cosas son muy distintas y cuando no se tiene mayoría absoluta como ocurre en la actualidad es mucho mejor acudir a la cámara con los deberes hechos que intentar pasar el examen con algún juego de manos de última hora para despistar a unos y a otros.


Lo intentó in extremis ayer tarde el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al ofrecer a los estibadores prejubilaciones a los 50 años con el 70% del sueldo que pagaríamos todos los españoles ya que las empresas no tardaron en ponerse de perfil. Pero ni por esas convenció a los estibadores, perfectamente conscientes de que pueden paralizar el país si se lo proponen, ni logró atraerse los votos suficientes de la oposición para que el decreto viera la luz. Claro que, de haberse aprobado, mañana habría empezado en este país una huelga portuaria de costosísimas consecuencias económicas. La derrota parlamentaria del Gobierno, además de poner de manifiesto lo mal que se lleva Rajoy con su situación política minoritaria, ha librado de momento al país de una huelga que seguramente hubiera costado mucho más que esa multa de 134.000 euros diarios que Bruselas nos impondrá a todos los españoles por no aplicar la sentencia comunitaria.

La cuestión es qué hacer ahora, después de que todo haya vuelto al punto de partida, sin decreto y sin negociaciones entre empresas, gobierno y trabajadores, una vez que el Ejecutivo se tomó la irresponsable libertad de ausentarse de la mesa de negociación. Pues eso es precisamente lo que hay que hacer de inmediato: sentarse las tres partes a negociar un acuerdo asumible por todos que encaje en lo que establece la legislación comunitaria que necesariamente debe aplicar España.

Lo que no valen son huídas hacia adelante como la que ha protagonizado Fomento para intentar pasar por buena una norma rechazada por los trabajadores, argumentando que la sentencia no dejaba margen a la negociación. Tampoco es de recibo que las empresas pretendan sacar provecho de la sentencia abogando por la liberalización y la precarización de unas tareas que requieren formación, seguridad y experiencia, con la excusa de reducir costes. 

Y, del mismo modo, tampoco es tolerable que los estibadores se atrincheren detrás  de una situación laboral a todas luces privilegiada, cerrada y hasta hereditaria que no tiene parangón en ninguna otra actividad económica: todos tendrán que ceder para encontrar la cuadratura del círculo en este asunto. Mientras, el Gobierno, en lugar de andar amagando con acortar la legislatura como está haciendo hoy tras este revolcón parlamentario,  lo que debería hacer es tomar de una vez buena nota de que gobernar en minoría no quiere decir que los demás partidos estén obligados a extenderle un cheque en blanco para que lo gaste a su antojo.    

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