¡Suéltame, pasado!

Ando algo confuso sobre si es buena, mala o mediopensionistas la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que viene a garantizar – dicen los titulares de prensa – el “derecho del olvido”. Lo que sea exactamente ese derecho es algo que los expertos juristas que han analizado la sentencia no se atreven a definir o, por lo menos, no coinciden en la definición. A bote pronto se presenta como el derecho de cualquier cristiano a que desaparezcan de Internet sus pecados de antaño, fueran justificados o no. 

La sentencia, fruto de un largo peregrinaje judicial de un abogado gallego, es un varapalo para los buscadores y especialmente para el más grande y poderoso de todos, Google, que asegura estar “decepcionado” con el fallo. Tranquilos que ya se le pasará, aunque al otro lado del charco, allá por Estados Unidos en donde Google tiene su casa madre, el fallo judicial no ha gustado. Por allí son menos exquisitos con la privacidad y este tipo de tisiquis misquis europeos no les entra en la cabeza. 

Aunque no crean, que a este lado del Atlántico no faltan tampoco expertos para los que la sentencia es una soberana bobada. Es cierto que a raíz de esta decisión, un particular descontento con lo que de él se cuenta en la Red podrá dirigirse al buscador de turno, Google por ejemplo, y pedirle que elimine todos los vínculos que enlacen con su persona. Google amablemente estudiará la petición y le tendrá que responder en un plazo máximo de 10 días. Si el peticionario no recibe una respuesta satisfactoria puede recurrir a la Agencia de Protección de Datos para que en su nombre le consiga el “olvido perpetuo” en las redes. De no hacerlo la sanción que le podría caer puede alcanzar los 600.000 euros, una cantidad que como cualquiera puede deducir haría que se tambalearan los cimientos del consejo de administración de Google. 

Claro que las pegas vienen apenas que uno cae en la cuenta de que, aún borrando el buscador nuestros enlaces comprometedores, las cosas feas que uno hiciera en el pasado o en las que se viera envuelto seguirán ahí, exactamente en las páginas web que las publicaron en su momento y con las que el buscador enlazaba. Alguien con tiempo y alguna pista podría encontrarnos sin grandes dificultades y volver a sacar a relucir nuestras vergüenzas. Y es que borrar de un plumazo esas citas se me antoja aún mucho más difícil por no decir imposible que conseguir que Google o Yahoo accedan a olvidarse de nosotros. A lo que cabe añadir que ese derecho al olvido que se proclama en esta sentencia puede chocar con otro derecho no menos fundamental, el derecho a la información. 

¿Se imaginan a un narcotraficante reclamando y consiguiendo su derecho al olvido en la Red para poderse presentar limpio como una patena a unas elecciones? Por otro lado, cabe  preguntarse si el mismo derecho al olvido no cabe ejercerlo también sobre, por ejemplo, los periódicos que han publicado informaciones que nos afectan negativamente y que han quedado negro sobre blanco para la posteridad. Y es sólo uno de los muchos ejemplos que podríamos poner aquí. Está claro que esta sentencia, para unos insuficiente y para otros un hito judicial, antepone el derecho a la privacidad al de la información y no tengo nada claro que eso sea bueno siempre y en todos los casos. 

Mientras lo pienso me quedo con la opinión de algunos expertos que me parece de lo más sensata. Desde su punto de vista haríamos bien en ir implantando en los colegios una asignatura de educación digital para que los chavales aprendan a gestionar su propia privacidad y sepan que no se puede ir por la vida dándole cuartos al pregonero y aireando las respectivas miserias y virtudes ante los ojos morbosos de medio mundo. Por ese camino muchos van a terminar a las puertas de Google gritando aquello que decía Les Luthiers: ¡suéltame, pasado!

El fichero de los tontos

El Gobierno sigue trabajando para hacernos a todos la vida más feliz y placentera. Su último gran logro es la próxima creación de un megafichero al que irán a parar las cuentas corrientes de 34 millones de españoles. Dice que el loable objetivo de la medida es luchar contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Elevados propósitos, vive Dios, si no fuera por varias pegas de escasa importancia que me permito enumerar sin ánimo de ser exhaustivo. 

La primera: Hacienda ya tiene en sus ficheros todas nuestras cuentas y conoce lo que ingresamos, sacamos o transferimos. Otra cosa es que luego vigile a unos más que a otros y tenga que venir el Gran Montoro a ofrecer una amnistía fiscal a los que se lo llevaron crudo a Suiza. Ahí tienen al pobre juez Ruz, cada día más desmejorado, intentando averiguar quién es la “persona políticamente expuesta” a la que se le han descubierto seis cuentas corrientes en Suiza, casualmente en el mismo banco en el que guardaba los magros ahorros de su trabajo Luis Bárcenas del Gran Poder. Se admiten apuestas.  Se me escapa por tanto la necesidad de otro megafichero similar como no sea para otros fines adicionales a los que asegura perseguir. 

Al macrofichero que está preparando el Gobierno podrán acceder jueces y fiscales y en principio no me parece mal si media una investigación judicial sobre el titular de la cuenta fichada. Lo que ya pasa de castaño oscuro es que también puedan husmear en nuestras cuentas la policía y hasta los espías de sombrero y gabardina del CNI y que el control judicial de ese acceso no haya quedado meridianamente establecido. 

Les cuento: la Ley antiblanqueo establece que sólo podrá accederse a las cuentas de los ciudadanos si hay una autorización expresa de un juez o un fiscal. Sin embargo, el reglamento que desarrolla la ley desdibuja ese requisito y abre resquicios para un uso inadecuado de la información financiera de millones de ciudadanos de este país. El riesgo de filtraciones interesadas con fines torticeros y tráfico de datos es demasiado elevado como para ignorarlo, pero eso es lo que parece estar dispuesto a hacer el Gobierno dándole la razón al conde de Romanones y a su célebre frase de “hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos”. Aquí hay que recordar que la Ley se aprobó en tiempos de Zapatero y el reglamento lo acaba de aprobar el Gobierno del PP, con lo que el sentido de la frase cobra toda su vigencia. 

Ahora llegamos a la más interesante y a la pega de más peso contra el megafichero de marras. Los bancos españoles están obligados a volcar en ese supercalifragilísico almacén informático las cuentas corrientes de sus sucursales en España pero no ocurre lo mismo con las que tengan en el extranjero, que se libran. Hasta Montoro sabe que no defrauda y blanquea quien quiere sino quien puede. La gran rapiña de capitales y el fraude no se ventila en este país sino en los paraísos fiscales, en los que varios bancos españoles tienen bien asentados sus reales para clientes “vip” con pocas ganas de hacer amistados con la Hacienda pública española. 

Claro que de haber obligado a los bancos a incluir en el fichero las cuentas en el extranjero, esos delicados clientes habrían huido espantados a Suiza y entonces sí que tendríamos que abrir una sección especial de la Audiencia Nacional en el país del cuco y el chocolate para controlar la llegada y salida de maletines. Ahora,  les invito a que vuelvan a leer el título de este post y reflexionen sobre él.

Un asesinato y mil disparates

El asesinato de la popular Isabel Carrasco en León ha supuesto una verdadera sacudida en la bostezante campaña para las elecciones europeas. Nada más conocer que la presidenta de la diputación leonesa y del PP en la provincia había caído abatida a tiros en lo que parece un caso claro de venganza personal, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas suspendió sus actos de campaña y se sumó a la condena del crimen y a las muestras de solidaridad con la víctima, con sus compañeros y con su partido. Como en tantas otras ocasiones dieron la nota algunas fuerzas como Bildu, que decidió continuar pidiendo el voto como si nada hubiera pasado. 

En una línea similar tuvo que dar la nota un tal Pablo Iglesias, candidato de Podemos. Aunque medio a regañadientes se avino también a suspender los actos de campaña de su candidatura, no se privó en cambio de hacer una reflexión en voz alta por la que le ha caído un más que merecido chaparrón de críticas. Puede que sea un lumbrera como profesor de Ciencias Políticas, pero su demagógico y populista llamamiento a reflexionar sobre la razón por la que los partidos políticos no suspenden sus actos cuando un desahuciado se tira de un balcón o un parado se quita la vida nos lo retrata como alguien con menos sensibilidad humana que un mejillón, aunque haya pretendido demostrar todo lo contrario. En realidad, sus palabras se califican solas y no merecen más comentario que el del desprecio ante alguien que equipara asesinato a suicidio y mete en un mismo saco un asesinato por venganza y uno de los efectos más terribles de la crisis. Allá él y sus seguidores con lo que dicen. 


Un asesinato siempre será un asesinato más allá de la personalidad de la víctima, de su pasado, de lo que haya hecho o dejado de hacer. En otras palabras, nadie merece ser asesinado a tiros ni de ningún otro modo por muy ruin que a algunos les pueda parecer su comportamiento en vida. Por eso, también se gana la repulsa más contundente el descerebrado comentario de una concejala socialista gallega que se ha visto obligada a dimitir después de no privarse de asegurar en las redes que “quien siembra vientos recoge tempestades”, en alusión a la política leonesa asesinada.


Del mismo modo, vincular el asesinato con un enrarecido clima social de acoso a los políticos como consecuencia de la crisis – tal y como hacen hoy algunos editoriales de periódicos de la derecha despreciando las evidencias que circunscriben lo ocurrido al ámbito de la venganza personal – es otro despropósito más de los muchos que cabría mencionar en relación con lo ocurrido ayer en León y un intento deleznable de intentar rentabilizar políticamente un hecho terrible. Si perdemos de vista que bajo ninguna circunstancia y en ningún caso tiene justificación acabar con una vida humana de forma fría y premeditada, habremos renunciado al valor más elemental que debe caracterizar a cualquier sociedad civilizada.

En paralelo, con el cuerpo sin vida de la política leonesa aún sobre el asfalto, comenzó a circular por las redes sociales una riada de repugnante basura trufada de insultos y descalificaciones contra la víctima. Desde la caverna mediática, una de sus más conspicuas representantes no se anduvo con rodeos a la hora de vincular el asesinato con los escraches. De forma mucho más cobarde, sin dar la cara ni identificarse, otros muchos aplaudieron el asesinato y hasta elaboraron una lista de otros cuantos políticos que en su opinión también deberían caer abatidos. 

Este tipo de actitudes cobardes y difusoras de odio y mala baba que las redes sociales amparan, facilitan y multiplican se está convirtiendo en un verdadero problema moral y de orden público que va siendo hora de perseguir y castigar de manera ejemplar. Las sobrevaloradas redes sociales no pueden continuar siendo el parapeto tras el que se esconden estos despreciables francotiradores del insulto, detritus morales que, emboscados en nombres supuestos porque su cobardía les impide dar la cara, son capaces sin embargo de anegar de bochorno y vergüenza a todo un país.

Un molesto jarrón chino

¡Vaya por Dios! Con lo mal que le iba ahora al PSOE en las encuestas para esas elecciones europeas que el 83% de los españoles ni sabe cuándo son y les cae encima a Valenciano y a Rubalcaba todo un jarrón chino llamado Felipe González. El hombre que se aburría como una ostra en los consejos de administración de Gas Natural de los que cobraba la minucia de 126.000 euros brutos por bostezar y echar la siesta, le acaba de abrir un boquete a la campaña socialista de proporciones siderales. Justo cuando Valenciano y los suyos se esfuerzan un día sí y otro también en marcar diferencias con el PP y pregonar que si ganan las elecciones volverán ipso facto las mieles de antaño, va el ex presidente y se descuelga con la ocurrencia de que “si el país lo necesita” no vería con malos ojos un gobierno de concentración entre populares y socialistas al modo merkeliano alemán.

Al menos en esta ocasión han estado rápidos Rubalcaba y Valenciano al rechazar sin medias tintas esa posibilidad, mientras en las filas populares es probable que se anden frotando las manos de satisfacción al comprobar cómo sus principales contrincantes se bastan y sobran ellos solitos para perder las elecciones. La idea de Felipe González, además de suponer un palo en las ruedas de la campaña socialista, denota también un cierto temor ante el ascenso de otras fuerzas políticas que podrían poner en un serio apuro el sacrosanto bipartidismo político de este país. Pero, sobre todo, pone de manifiesto que al ex presidente pactar con el partido campeón de los recortes, los ajustes y las reformas estructurales no le supone el más mínimo cargo de conciencia política.

Es una lástima que en la entrevista en la que el ex presidente soltó su perla no profundizara un poco más la periodista en los objetivos de esa Grossen Koalition que González ve con tan buenos ojos. Cabe preguntarse si se trataría de que el PP se pasara con armas y bagajes a las filas de la socialdemocracia o si sería el PSOE el que abrazaría definitivamente el himno neoliberal, algunas de cuyas estrofas más conocidas ya entonó con buena voz Rodríguez Zapatero en su momento. A la espera de que González nos aclare esa duda existencial en cuanto tenga un hueco en su apretada agenda, me cuesta trabajo imaginarme cómo se sentirán hoy los militantes y votantes del PSOE.

Me pregunto qué se les habrá pasado por la cabeza al ver que eso es todo lo que tiene que ofrecer un referente de su partido como Felipe González a un país con 6 millones de parados y unas tasas de pobreza y exclusión social galopantes gracias en gran medida a las políticas del partido con el que ahora no ve mal formar un gobierno de concentración. Muchos seguro que se estarán planteando si no será mejor irse el día de las elecciones al campo o a la playa en lugar de ir a votar por Valenciano. Para que luego digan los socialistas de Aznar y de su obsesión por hacerle la Pascua a Rajoy siempre que se le presenta la oportunidad. Aquí, tanto PP como PSOE tienen que sufrir a sus respectivos jarrones chinos y en ambos casos coincidir al menos en aquello que al parecer dijo una vez Adenauer y que una vez más hay que traer a colación: “Hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido”. 

Bring back our girls!

Hay hechos ante los que es mucho más fácil reaccionar con las entrañas que con la razón. El secuestro en el norte de Nigeria de cerca de 300 jóvenes a manos de una secta bárbara cuyo líder amenaza con venderlas como esclavas sexuales es uno de ellos. A pesar de todo vamos a intentar analizarlo desde la razón y no desde el deseo de venganza que en estos casos pugna con fuerza por imponerse. Del secuestro hace ya casi un mes y los más pesimistas dudan de la posibilidad de que las jóvenes puedan volver sanas y salvas con sus familias angustiadas. En realidad, nadie sabe muy bien en dónde están, sólo se sabe que fueron secuestradas en una ciudad del norte del país, una zona en manos de grupúsculos yihadistas que aspiran a extender la ley islámica por toda la región. 

El grupo que se atribuye el secuestro de las jóvenes se hace llamar Boko Haram, una expresión del idioma local hausa que viene a significar algo así como “la educación occidental es pecado”, lo que por sí solo representa toda una declaración de intenciones sobre el papel que debe desempeñar la mujer en su repugnante sociedad ideal. Mientras llega el momento de implantarla a sangre y fuego, la mujer sólo merece para estos bárbaros la consideración de objeto con el que negociar y chantajear para alcanzar sus fines. 

Además de lo intrincado y extenso del territorio, junto con su carácter fronterizo, una de las principales dificultades para dar con las jóvenes y rescatarlas de las garras de sus captores lo constituye el hecho de que ni siquiera Boko Haram es un grupo uniforme y bien identificado, sino más bien una constelación de grupúsculos que actúan a su libre albedrío sembrando el terror en la zona bajo su control. 

El Gobierno del país africano más poblado y con mayores desigualdades a pesar de la riqueza del petróleo,  ha demostrado una vergonzosa falta de determinación ante el secuestro. Esto ocurre, además, en un país en el que el secuestro es casi una industria tan fructífera como la del petróleo. Según analistas internacionales, en Nigeria se perpetran el 25% de los raptos mundiales. Amnistía Internacional ha denunciado que avisó a las autoridades nigerianas de que Boko Haram estaba preparando un ataque a la ciudad en la que fueron secuestradas las jóvenes. Sin embargo – dice AI – el Gobierno parece que se lo tomó con calma y cuando actuó ya era demasiado tarde: las jóvenes habían desaparecido hacia un calvario del que puede que no salgan con vida y si lo consiguen seguro que no será indemnes. 

A propósito de estos hechos, las ONGs que trabajan en Nigeria han recordado estos días que son frecuentes los secuestros de mujeres que el cabo del tiempo y con suerte son encontradas embarazadas o con recién nacidos. Para mayor escarnio, la pasividad del gobierno nigeriano se combinó con una suerte de arrogancia estúpida al rechazar la cooperación internacional que le ofreció Estados Unidos y otros países para rescatar a las jóvenes. Sólo cuando el caso llegó en tromba a las redes sociales de todo el mundo y numerosos responsables públicos empezaron a hacer llamamientos para salvar a las jóvenes se atrevió a aceptar el apoyo internacional. Si cuando se produjo el secuestro las posibilidades de encontrar a las jóvenes no eran muchas, después de todo el tiempo transcurrido son casi nulas. 

El secuestro de estas chicas, además de originar una ola mundial de solidaridad y exigencias de que se actúe para acabar con él, pone también sobre la mesa el peligro que puede suponer para esa región que el país con más población del continente se desestabilice políticamente y termine convertido en otro estado fallido. El rapto de las chicas ha sido en realidad un episodio más de la dinámica acción – reacción que protagonizan el Gobierno y los yihadistas después de que el Ejército detuviera hace unos meses a las esposas de varios terroristas y ante su política de represión sin contemplaciones en las zonas del norte de predominio musulmán. El norte del país sufre un abandono secularizado por parte de las autoridades de Lagos y en ese caldo de cultivo echan sus raíces estos grupos que asesinan, secuestran y atemorizan a la población con la aplicación de la “sharía” si se le ocurre acudir a las autoridades para denunciar sus tropelías. 

El mundo entero clama para que vuelvan “nuestras chicas” y hay que seguir presionando para conseguirlo. Sin embargo, el mundo entero y sobre todo África también necesitan evitar que un país como Nigeria pueda terminar en manos de iluminados fanáticos como los de Boko Haram y otros similares.     

Europa no nos pone

Que más de la mitad de los españoles en edad de votar no sepa cuándo se celebrarán las próximas elecciones al Parlamento Europeo es un dato más que elocuente del interés que despiertan estos comicios en la calle. Es uno de los muchos datos que arroja el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público hoy que ponen de manifiesto que para millones de españoles escuchar hablar de “asuntos europeos” y salir corriendo es todo uno. Ahí va otro: entre los que ya tienen claro que no irán a votar cuando demonios quiera que sean las elecciones, más los que se lo están pensando sumados a los que no contestan, nos encontramos con que la abstención se puede encaramar también a la mitad del electorado, cuatro puntos más que en las elecciones de 2009. 

Y eso en el supuesto de que ande fina la encuesta del CIS, que ha ganado fama de pronosticar una participación mucho mayor de la que se produce en realidad el día de las elecciones. Un ejemplo lo encontramos en la convocatoria de hace cinco años cuando aventuró que votaría el 75% del electorado y votó apenas el 45%, el nivel de participación más bajo desde que se celebraron las primeras elecciones europeas en España allá por 1989. Los partidos políticos, principalmente el PSOE y el PP, fingen como que les preocupa mucho que los ciudadanos se queden en caso el día de las elecciones cuando, en realidad, una alta abstención les beneficia aunque en paralelo salgan castigados en intención de voto, como también pone de relieve la encuesta del CIS. 

En otras palabras: que aumente la abstención no beneficia a los partidos pequeños que tienen que luchar con uñas y dientes para abrirse un hueco en el debate público que monopoliza el bipartidismo de los dos grandes. Es un dato muy importante a tener en cuenta a la hora de decidir lo que hacer o a quién votar el día de las elecciones. 

En lugar de cruzarse chascarrillos electorales como vienen haciendo desde hace semanas para pescar abstencionistas recalcitrantes o en potencia, lo que deberían hacer el PP y PSOE es público reconocimiento de sus pecados y sincero propósito de la enmienda. Pero no se ve que eso vaya a ocurrir hasta el punto que de momento siguen sin ponerse de acuerdo para que sus candidatos estrella – Valenciano y Cañete – se enfrenten cara a cara en un debate televisado. Se conforman con protagonizar una campaña en clave doméstica sabedores – y no les falta razón – de que los que vayan a votar usarán las mismas claves para inclinarse por uno, por otro o por ninguno. 

Sin embargo, es cuando menos frustrante no escuchar de estos candidatos una sola idea sobre esta Unión Europea y su destino en lo universal, una estructura construida desde el tejado hacia abajo y a la que aún no terminamos de ponerle los cimientos de los ciudadanos. Siendo benevolentes, cabe decir que la voz y las opiniones de esa ciudadanía a la que se convoca ahora siguen teniendo un peso demasiado exiguo para la superestructura comunitaria que a menudo la ignora o la menosprecia. Un repaso a las medidas que han ido adoptando organismos comunitarios como la Comisión o el Consejo Europeo a lo largo de esta crisis nos podría dar la medida exacta de lo que importa en Bruselas lo que piensan los ciudadanos, mientras el Parlamento Europeo asiste impotente a lo que se cuece en otras cocinas distintas a la suya, supuestamente la depositaria de la soberanía de esa ficticia ciudadanía europea. Atenazado además por las presiones de los poderosos grupos de intereses económicos que pululan por sus pasillos, la Eurocámara parece querer compensar su desairado papel en los grandes asuntos de la Unión entregándose a una verborrea normativa sobre lo humano y lo divino con la que no son pocas las ocasiones en las que genera más irritación que reconocimiento.

La gran novedad es que, por primera vez, los electores que se molesten en acudir a las urnas podrán elegir al presidente de la Comisión Europea, aunque será una elección indirecta que al final quedará de nuevo supeditada al juego de sillas y de intereses que preside el Consejo Europeo en el que se sientan los presidentes de Gobierno y jefes de estado, los que de verdad cortan la mayor parte del bacalao en esta Unión Europea de nuestros dolores de cabeza. En los grandes partidos europeos, por las filas populares aspira a presidir la Comisión un señor luxemburgués llamado Jean Claude Junker, que durante sus lagos años al frente del “Eurogrupo” no ha dejado pasar un día sin que exigiera reformas, ajustes y sacrificios de los ciudadanos. Es a todos los efectos el candidato de la nueva Dama de Hierro que gobierna Europa con mano firme desde Berlín y si sale elegido presidente no cabe la más mínima duda de que actuará como su ventrílocuo. Enfrente tenemos a un alemán llamado Martin Schulz que milita en el Partido Socialdemócrata de su país, a la sazón miembro de la gran coalición de gobierno de la susodicha Dama de Hierro y por lo tanto copartícipe de las mismas políticas o muy parecidas. 

A partir de ahí encontramos una constelación de fuerzas políticas y el preocupante ascenso de arrogantes partidos populistas, xenófobos y filonazis en Francia, Reino Unido, Italia, Hungría, Dinamarca, Suecia, Grecia u Holanda. Son fuerzas que se mueven entre el euroescepticismo y la eurofobia y que han sabido conectar con la masa de ciudadanos hastiados de la música monocorde y cancina que emiten desde el comienzo de la crisis Bruselas y sus instituciones. Por suerte, el mensaje antieuropeo de esas fuerzas no ha calado en España aunque no es del todo improbable que lo haga de continuar los principales partidos de este país sin ofrecer a los ciudadano propuestas movilizadoras en lugar de otra interminable ración de “y tú más”. Así las cosas y en resumen, a quién le puede extrañar a estas alturas que en torno a 18 millones de españoles, la mitad de los que tienen derecho a votar, ni siquiera se hayan interesado en saber cuándo son las elecciones. Está claro que la actual Unión Europea no nos pone, o mejor dicho, cada vez nos pone menos. 

Incendio petrolero en el Senado

Ni los más viejos del lugar recuerdan una mañana tan movida como la de hoy en el Senado. Una cámara presidida por el bostezo se despertó esta mañana con una sacudida en todo regla que a punto estuvo de causarles un shock de consecuencias imprevisibles a sus señorías, especialmente a las del PP. Se debatía una moción de colmillo retorcido presentada por el PSOE en la que pedía al Gobierno de Rajoy, lisa y llanamente, que se paralicen temporalmente las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. La iniciativa era una copia literal de la resolución aprobada recientemente por unanimidad en el Parlamento de Baleares y su objetivo no era otro que poner a los senadores del PP ante la tesitura de votar lo mismo en la cámara alta o desdecirse y oponerse. 

Llegaba, además, después de que el propio presidente Rajoy se comprometiera hace una semana con su homólogo canario, Paulino Rivero, a estudiar la posibilidad de la moratoria temporal de los sondeos, algo que los populares canarios se apresuraron a calificar de disparate. La sorpresa saltó cuando el senador Palacios, portavoz de los populares en la comisión de Industria, anunció que su grupo estaba dispuesto a negociar una enmienda transaccional con el PSOE que pasaría precisamente por paralizar las prospecciones. 

Empezó entonces una agitada mañana de negociaciones entre los grupos en la que no faltaron ataques de pánico y peticiones de llamadas urgentes al ministro Soria – de viaje en Nueva York - por parte de los senadores canarios del PP para que apagara el incendio petrolero que acababa de declararse en el Senado. Las lenguas de doble filo cuentan que los senadores populares de Canarias, fervientes defensores de la riqueza que supondrá el petróleo, amenazaron con romper la disciplina de voto si se les obligaba a votar a favor de la enmienda socialista: “nuestra honra está en juego y de aquí no me muevo”, cuentan que dijeron. 

Hasta el secretario de Estado con las Cortes, José Luis Ayllón, un hombre que depende directamente de Mariano Rajoy, acudió con la manguera al Senado a intentar enfriar los ánimos y poner paz en las filas populares, con los de Baleares enrocados en la oposición al petróleo para no quedar desairados ante sus electores y ciudadanos y los de Canarias atrincherados en el no a la propuesta socialista para no tener que desdecirse de todo lo que han dicho hasta ahora a favor de las prospecciones. El incendio se consiguió sofocar a primera hora de la tarde sobre la campana cuando ya el pleno del Senado llegaba a su fin y había que votar. Sin embargo no se extinguió, ni mucho menos. 

Aunque al final se impuso la doctrina de Industria y la moción del PSOE fue derrotada por amplia mayoría para alivio de los representantes canarios, cuatro senadores del PP por Baleares rompieron la baraja y votaron a favor de la paralización de las catas. Alegan que, por encima de la pertenencia a un determinado partido político y de la uniformidad a la hora de apretar el botón de votar, están los intereses generales de su comunidad autónoma y ocurre que esos intereses y el petróleo no se llevan bien. 

Si no fuera porque todos se sientan juntos en la misma zona del Senado nadie diría que estos senadores y sus compañeros de Canarias militan en el mismo partido. Los primeros se muestran orgullosos de haber defendido su oposición irreductible al petróleo por encima de adscripciones políticas y los segundos de todo lo contrario, o más bien, de no haberle hecho un feo al presidente de su partido en las Islas y casualmente ministro de Industria. 

Ahora bien, se equivocan el Gobierno y el PP si dan el incendio por controlado y extinguido tanto en Baleares como en Canarias. Allí porque la indisciplina de los senadores populares refuerza la oposición al petróleo ya de por sí unánime y cerrada empezando por la del presidente Bauzá, del PP, que no se ha cortado lo más mínimo a la hora de felicitar a los senadores díscolos de su partido; aquí, porque aún deben dilucidarse cuestiones nada menores como el informe del ministerio de Medio Ambiente sobre el estudio de impacto ambiental de Repsol, acusado de incompleto y deficiente, y el fallo del Tribunal Supremo por los recursos de las instituciones canarias. Así que el último manguerazo tardará en llegar por más que haya quien piense que ya puede llevarse el camión de bomberos.

Algo que ocultar

El actual Gobierno de España va camino de convertirse en el que más habla de transparencia pero en el que menos la pone en práctica. No es sólo que siga sin dar explicaciones convincentes a propósito de los sobresueldos y los sobres a secas que presuntamente han percibido el propio presidente, la vicepresidenta y destacados cargos de la dirección popular. Por no hablar de la caja B que el PP tenía en todas y cada una de las comunidades autónomas y provincias españolas a las que se refirió el ex tesorero Luis Bárcenas en su última declaración ante el juez Ruz. De ese asunto y del resto de las derivadas del “caso Gürtel” y de los “papeles de Bárcenas” seguimos los españoles esperando respuestas convincentes y no silencios cuando menos clamorosos.

En la comisión del Congreso en el que diversos expertos han expuesto sus puntos de vista sobre las medidas para atacar la lacra de la corrupción, el Fiscal General del Estado llegó a decir que no hay ni leyes ni medios en este país para luchar con éxito contra este problema que cada día preocupa más a los ciudadanos y los aleja paulatinamente del estamento político. El Gobierno ni se ha inmutado y no se ha escuchado al ministro Ruiz – Gallardón anunciar ningún plan ni ningún proyecto de ley de los que tan entusiasta es para afrontar la situación. Lo realmente sarcástico es pretender hacernos creer que de esa comisión saldrán medidas para hacer verdaderamente transparente la gestión de los poderes públicos.

En realidad la opacidad con la que se comporta el Gobierno no sólo tiene que ver con los flagrantes casos de corrupción que corroen la vida política de este país. Se extiende también a otros ámbitos como el de la inmigración irregular. El último caso lo acabamos de vivir en Canarias en donde el ministerio del Interior ha prohibido a una treintena de jueces y fiscales que visiten el Centro de Internamiento de Extranjeros ubicado en la antigua prisión de Barranco Seco. Es la segunda vez que Interior prohíbe la visita y lo hace de nuevo sin dar la más mínima explicación y aludiendo a unos supuestos informes que no revela y que desaconsejan la autorización: porque lo digo yo y punto, cabe concluir.

La visita a ese centro de internamiento de inmigrantes estaba programada en el marco del Foro de Derechos Humanos e Inmigración que desde hace unos años se celebra en Gran Canaria organizado por el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias. En el encuentro se darán cita fiscales y magristrados de toda España que entre sus actividades pretendían conocer de cerca la realidad de unas instalaciones de esas características y las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes. Sin embargo, al ministerio del Interior estos representantes judiciales no le deben parecer personas fiables y de confianza sino peligrosos activistas antisistema y por segundo año consecutivo ha optado por negarles la entrada al centro.

Esto ocurre, además, cuando le llueven las críticas desde todos los ámbitos por la cuestionable actuación en muchos casos de las fuerzas de seguridad en Ceuta y Melilla y por las deportaciones sumarias a Marruecos de los inmigrantes que consiguen saltar la valla. Incluso podríamos traer aquí el tirón de orejas de la ONU a España por dejar a los inmigrantes irregulares sin asistencia sanitaria – otra violación de los derechos humanos – y la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a nuestro país por intentar expulsar de prisa y corriendo a una treintena de saharauis que pidieron protección española frente a la persecución de la policía marroquí.


Las sospechas de que se están violando los derechos humanos y la propia legislación española en lugares como Ceuta y Melilla las responde Interior con una calculada ambigüedad sobre los límites que deben respetar los agentes y, sobre todo, con la opacidad y la tergiversación de los hechos, como ocurrió en febrero con los fallecidos que intentaban llegar nadando a Ceuta. La mano dura parece ser la consigna en el ministerio de Fernández Díaz para afrontar el fenómeno migratorio aunque al mismo tiempo se le llene la boca hablando de pobreza, miseria, vida mejor y mafias que trafican con seres humanos sin decir una palabra sobre el maltrato que reciben de la Gendarmería marroquí los inmigrantes devueltos en caliente al país vecino.

Por lo que se deduce, a esa oposición de mano dura con los inmigrantes irregulares y vulneración de derechos humanos básicos se une también una política de puertas cerradas a lo que ocurre en los centros de internamiento como el de Gran Canaria. Cabe pensar que alguien que no tuviera nada que ocultar y quisiera ser de verdad transparente hubiera abierto esas puertas de par en par a los jueces y fiscales. Por tanto, la pregunta que corresponde hacerse es qué tiene que ocultar el ministerio del Interior y por qué.

La crisis sigue igual

Se me escapa la razón de tanto interés en los medios de comunicación por hacerse eco de las previsiones económicas de primavera de la Unión Europea para los países de la zona euro. La única explicación puede ser que es lunes y no hay nada más potable que llevar a las ediciones digitales, toda vez que la precampaña para las elecciones del 25 de mayo despiertan menos interés entre los ciudadanos que un partido de la liga tailandesa de fútbol. Esas previsiones las ha desgranado esta mañana un señor estonio con bigote llamado Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea y a la sazón comisario interino de economía en sustitución de Olli Rehn, este témpano finlandés al que ya nos habíamos acostumbrado. 

A estas alturas de la crisis y con la experiencia atesorada después de tanto vaticinio fallido, creer en las previsiones económicas para el año que viene o el próximo, sean de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional o del Gobierno español requieren de dosis de fe similares o superiores a las que se necesitan para creer en los augurios de Octavio Aceves o en los del rey y su aseveración de que “España está en el buen camino”, pongamos por caso. Que venga ahora la Comisión Europea a confirmar o corregir al alza o a la baja las optimistas previsiones macroeconómicas del Gobierno de Mariano Rajoy es algo que me deja absolutamente frío e indiferente. 



Ni me creo que la economía vaya a crecer tanto como dice el Gobierno ni que el paro vaya a bajar lo que establecen sus pronósticos. Por tanto, que Bruselas haya dicho hoy que la economía española crecerá este año una décima menos de lo que pronostica el Gobierno y que el paro en nuestro país seguirá siendo el más alto de la Unión Europea es algo que ni me sorprende ni me escandaliza. Es cierto que esas previsiones son un jarro de agua fría sobre la recuperación que a toda costa nos pretende vender Rajoy en plena precampaña electoral pero no lo es menos que una décima arriba o abajo del PIB no es algo  para saltar de alegría o para rasgarse las vestiduras. Podemos decir que la economía sigue en situación de encefalograma plano y que la supuesta recuperación, de existir, tardará años en llegar a quienes han hecho y siguen haciendo los sacrificios en forma de pérdidas de derechos, salarios, pensiones o empleo. Yo al menos hace tiempo que dejé de creer en los brotes verdes y en la luz al final del túnel y como yo creo que piensa una gran mayoría de ciudadanos. 

Por tanto, los 600.000 puestos de trabajo que el ministro de Guindos asegura que creará la economía española en los próximos dos años me los creeré cuando los vea uno detrás de otro, aunque de lograr tamaño éxito simplemente volveríamos al paro que teníamos cuando el PP llegó al Gobierno: todo un avance, como ven. Que Rajoy tiene un problema, como poco, sí es evidente. Más allá de las previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea que hoy ocupan espacio en todos los medios de comunicación y en las que se advierte también de que la deuda pública continuará criando michelines, Bruselas sigue en sus trece de exigir el cumplimiento del déficit y advierte de que como al presidente español se le ocurra cumplir por una vez una de sus promesas – rebajar el IRPF – volveremos a pasarnos de déficit, con lo que eso puede suponer de más recortes, reformas estructurales y ajustes. Nada nuevo bajo el achicharrante sol de esta crisis: austeridad sobre austeridad y de postre austeridad. 

En realidad, tampoco espero nada de esa reforma fiscal. Estoy convencido de que una hipotética reducción del impuesto de la renta la compensará el Gobierno con un nuevo hachazo fiscal en otro lado, por ejemplo en la tributación sobre la vivienda, que podría llegar a dispararse. Nadie regala euros a noventa céntimos en tiempos de estrecheces y menos cuando la recaudación fiscal en este país seguirá siendo de las más bajas de la Unión Europea mientras no se afronte con valentía el fraude que campa por sus respetos – cifrado por algunas organizaciones en 80.000 millones de euros - y se acometa una reforma fiscal progresiva de verdad en lugar de un mal zurcido como el que parece estar preparando el ministro Montoro para cuando pasen las elecciones. 

Por tanto y en resumen, en cuanto me hablan de previsiones macroeconómicas me acuerdo de aquella frase según la cual un economista – y esto es aplicable al Gobierno, a la Comisión Europea o al FMI - es el que te explica mañana porque fallaron las previsiones que hizo hoy. Así que lo único que de momento se puede asegurar con garantías es que la crisis sigue igual.

Mercedes Sosa: "Las manos de mi madre"

Pocas canciones tan hermosas y adecuadas para un día como el de hoy como esta de Mercedes Sosa.


¡Felicidades a todas las madres!


Serrat: "Para la libertad"

Hoy, Día Mundial de la Libertad de Expresión, me viene a la mente este hermoso poema de Miguel Hernández en la interpretación de Joan Manuel Serrat. En un día como el de hoy hay que volver a recordar aquello de: "Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia". Va por los más de 10.000 periodistas españoles despedidos desde el inicio de la crisis económica. 



Putin avanza

Paso a paso y bocado a bocado, el zar Putin se está haciendo con el control de las regiones orientales de Ucrania y trayendo a la memoria histórica  la anexión hitleriana de los Sudetes y su filosofía del "espacio vital". Primero fue la descarada anexión de Crimea y a raíz de ella han surgido como hongos prorrusos en otros lugares del este de un país que mengua por momentos. Ni el más ingenuo de los observadores puede negar a estas alturas que todos estos movimientos filorusos están orquestados, financiados y dirigidos desde Moscú por el zar del Kremlin, obsesionado con el sueño de hacer renacer de sus cenizas la grandeza del imperio soviético. 

En un desesperado intento de salvaguardar la integridad territorial, el débil gobierno de Kiev ha lanzado en las últimas horas una ofensiva militar sobre las zonas rebeldes que ya empieza a cobrarse las primeras vidas humanas. El ataque ha generado una inmediata escalada verbal en Moscú en donde se exige a Ucrania que ponga fin a las acciones militares al tiempo que se da por muerta la vía pacífica para resolver el conflicto. Y mientras, sus aguerridos muchachos mantienen secuestrados a varios observadores internacionales de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) sin que el Kremlin mueva un dedo para liberarlos. Todo muy previsible. 

Que Ucrania tiene esta batalla perdida de antemano parece fuera de toda duda, por mucho que pretenda al menos salvar su honor y no quedar ante la comunidad internacional como un cobarde que ni siquiera movió un dedo para defender su territorio. Otra cosa bien distinta es que a esa entelequia que conocemos como comunidad internacional le importe en realidad lo más mínimo la posibilidad nada descabellada de que Ucrania entera termine bajo el control de Putin. Los hechos y los datos apuntan a que los intereses económicos primarán al final sobre la necesidad de hacer respetar a Putin algo tan esencial como la integridad territorial y la soberanía de otro estado. 

Claro que, como ya hemos contado en otro post anterior sobre este conflicto, ni la Unión Europea ni Estados Unidos tienen la suficiente autoridad moral para exigir de otros el cumplimiento de los más elementales principios del Derecho Internacional que ellos se han saltado alegremente a la torera cuando lo han creído conveniente, en contra incluso de la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Basta recordar la invasión de Irak para sacarle los colores a quienes exigen ahora mano dura con Rusia. 

Es Estados Unidos quien más presiona para endurecer las sanciones económicas contra Rusia mientras en la Unión Europea, con el conflicto casi a sus puertas, se tiemplan gaitas. Lógico si tenemos en cuenta que los intercambios comerciales entre los países de la Unión y Rusia suman 370.000 millones de dólares al año. Pero no veamos en las presiones de Estados Unidos para que se endurezcan las sanciones a Putin solo un ataque de respeto a la legalidad internacional. Para qué negarlo: a Obama y a su país le vendría bien arrinconar política y económicamente al gigante ruso y poner contra las cuerdas al zar de Moscú. Si en la labor cuenta con el respaldo de la Unión Europea mejor que mejor. 

En Bruselas, en cambio, la tibieza manda y Alemania, el país que supuestamente lidera la Unión, es uno de los más tibios. El gran número de empresas alemanas con intereses en Rusia disuade a la canciller Merkel, que hoy se entrevista precisamente con Obama, de ir demasiado lejos en las sanciones contra Moscú. Si acaso el bloqueo de las cuentas en el extranjero de algunos jerarcas próximos a Putin como se acordó en los últimos días y poco más. Meras cosquillas. 

De fondo está al mismo tiempo el riesgo de quedarse sin el gas ruso que llega a la Unión a través de Ucrania y cuya llave Putin amenaza con cerrar en un mes si Kiev no paga lo que le debe, que no se lo podrá pagar a menos que Bruselas se rasque el bolsillo y pague en su lugar. Si la intervención militar de la OTAN en defensa de Ucrania también está descartada para evitar una conflagración de dimensiones mundiales y consecuencias imprevisibles, sólo queda la vía de sanciones económicas que de verdad hagan recapacitar a Moscú y obliguen a Putin a sacar las manos de Ucrania. 

Salvo que sea Estados Unidos el que abra la marcha apretándole las clavijas a Putin y que la Unión Europea le siga la estela, la vía de las sanciones parece tener hoy por hoy muy poco recorrido dados los poderosos intereses económicos presentes. Así, mientras en Washington y en Bruselas continúan discutiendo si son galgos o podencos y poniendo sus respectivos intereses por encima del Derecho Internacional, Putin avanza.

Si el rey lo dice…

Acaba de asegurar el rey que la economía española “va en la buena dirección” aunque aún le queda un “largo camino”. Lástima que no precisara un poco más y aclarara hacia dónde nos conduce ese “largo camino” que aún nos queda por delante pero, si el rey lo dice, quién soy yo para contradecir su visionario augurio. En mi condición de súbdito de Su Majestad sólo confío en que en ese largo camino no se tropiece la economía con un elefante y vuelva a descarrilar. Eso no sería capaz de soportarlo este país y tal vez ni la monarquía propiamente dicha.

Se ve que el rey le vuelve a coger el gusto de ir por el mundo cantando las virtudes del país en el que reina, ahora que sus males físicos parecen levemente superados y los políticos están momentáneamente aparcados a la espera de noticias judiciales. Esto que ha dicho el rey lo ha dicho en inglés y en Omán, tierra petrolera de promisión de inversiones en España en donde sus pares los jeques de turno estarán más que encantados de saber que al otro lado del mundo hay un país que un día profesó la fe de Alá y que ahora ansía una nueva invasión musulmana a bordo de jets privados y coches de lujo. Es comprensible, por tanto, que Juan Carlos les dore un poco la píldora de la situación real de España a los mandamases y empresarios omaníes: por la pasta, todo vale y está justificado. 

En realidad, probablemente se limita a decir por esos mundos de Dios lo que el Gobierno español le sugiere que diga: que ya llega el día de la redención de nuestros pecados por vivir por encima de nuestras posibilidades y es solo cosa de dos o tres calendarios como mucho para que en España vuelvan las oscuras golondrinas de tu balcón los nidos a colgar. Lo diré en voz baja para que quede entre nosotros: tengo para mí que el Gobierno le ha contagiado al rey el peligrosísimo optimismo antropológico que sufría Zapatero hace unos años cuando aseguraba que España era la envidia del mundo mundial y nuestros bancos los más potables del hemisferio occidental y parte del oriental. 

No sé si serán las elecciones que vienen dentro de un mes o de las que vienen el año próximo, pero de un tiempo a esta parte veo al presidente Rajoy a sus ministros como flotando en una nube rosa desde la que no paran de enviarnos luminosos rayos de esperanza. Ahí tienen ustedes a todo un ministro de Economía prometiéndonos 600.000 puestos de trabajo en dos años que ríete tú de la pareja Alfonso Guerra – Felipe González en sus buenos tiempos. Y ahí tienen al ministerio que pastorea Fátima Báñez enviándonos prodigiosos datos de empleo desde su propia nube estadística. Por eso es lamentable que haya tanto aguafiestas empeñado en insistir en que, en lugar de estarse creando empleo, se está destruyendo día a día; o en decir que el poco que se crea es precario y gracias al descenso de la población activa, o sea, los que han emigrado más los que han retornado a sus países de origen más los que ya ni se preocupan de buscar curro a sabiendas que no lo van a encontrar y sólo confían en sacarse la Bonoloto.

Es una pena y una tragedia que los sindicatos de este país hayan salido hoy a las calles para pedir empleo de calidad y el fin de los recortes en los servicios públicos y para advertir de que con precariedad laboral, paro y pobreza no saldremos de la crisis ni en dos ni en tres ni en veinte calendarios por mucho que Rajoy, Guindos y Arias Cañete se confabulen para hacernos ver otra cosa. Renuentes a sumarse al orfeón del optimismo que dirige el Gobierno insisten en ver la botella medio vacía cuando es evidente que está medio llena y subiendo. Con tanto mal rollo y tanto pesimismo no hay economía que se recupere, que hasta se le quitan a uno las ganas de ir a tomarse unas cañas para celebrar los datos de la última EPA. Por eso creo que tiene razón el rey cuando dice que a España “aún queda un largo camino” y es, sin duda, el que hay que recorrer hasta que cenizos como los sindicatos y la oposición se rindan ante la evidencia de que España está “en la buena dirección”. Y si el rey lo dice…

Muerte asquerosa


El hombre de la foto se llamaba Clayton Lockett y ha muerto en una prisión de Oklahoma (EEUU) cuarenta y cinco minutos después de que sus verdugos le suministraran una inyección letal. Sin embargo, no murió debido al veneno con el que el sistema penal estadounidense quería castigarle por el crimen del que fue encontrado culpable. Esos tres cuartos de hora se los pasó jadeando en una agonía interminable hasta que los muy pulcros responsables del penal ordenaron detener la ejecución. Al final murió pero de infarto mientras los testigos, supuestamente horrorizados, contemplaban el espectáculo de la muerte que se desarrollaba en vivo y en directo ante sus ojos.

Ahora, el estado de Oklahoma ha abierto una investigación para averiguar porque la inyección no cumplió la función de matar para la que fue pensada. Desde su tumba el muerto seguramente se lo agradecerá eternamente tanto a sus chapuceros verdugos como al gobernador del estado que firmó la orden de ejecución. Y sobre todo, a un sistema penal que coloca al Estado y a sus servidores al mismo nivel moral que el de los reos condenados a muerte.

Más allá de las numerosísimas consideraciones éticas y morales que cabría hacer sobre una pena tan bárbara como ésta, hay pruebas irrefutables sobre la ejecución de inocentes a través de los variados métodos legales de matar que emplea el país más poderoso del mundo que no duda, al mismo tiempo, en emplear la fuerza para imponer su sistema de valores allá donde se tercie.


Amnistía Internacional lleva décadas denunciando que el dinero, la raza y el lugar en el que se ha cometido el crimen son factores muchos más determinantes para enfrentarse a la pena capital que las circunstancias concretas de los hechos. Según esta misma organización, solo una de cada cien personas detenidas en Estados Unidos por asesinato es ejecutada. El resto son exoneradas y puestas en libertad, en muchos casos horas antes de que se les amarre a una silla eléctrica, se les ahorque o se les inyecte una combinación letal de venenos menos chapucera de la que se usó esta semana para acabar con la vida Clayton.


La pena de muerte en Estados Unidos es una especie de ruleta rusa en la que el racismo juega un papel decisivo. La propia Corte Suprema de Estados Unidos ha llegado a admitir que cuando alguien mata a una persona blanca es cuatro veces más probable que sea condenado a muerte en comparación con una que acabe con la vida de un negro o un latino. De hecho, la pena de muerte casi nunca llega a aplicarse si la víctima es latina. Los que defienden la Ley del Talión argumentan que de este modo se repara el daño causado a los familiares de la víctima. A la vista de estos datos parece evidente que no todas las familias merecen el mismo resarcimiento que las de las víctimas blancas. Sin contar con el hecho de que los medios de comunicación suelen olvidar por completo a las familias de las víctimas y centrarse únicamente en el criminal.

Desde luego, que otros países también apliquen la pena de muerte – cada vez menos - no puede ser ningún consuelo ni un argumento para mantenerla en los que aún la incluyen en su legislación, caso de EEUU. No es cierto tampoco que la mayoría de los grupos religiosos apoyen la ejecución de los reos: desde los judíos a los católicos pasando por los protestantes, los bautistas, episcopalianos o presbiterianos, la mayoría la tachan de acto inmoral. Y para quienes en el colmo del cinismo consideran que es más barato para el erario público ejecutar a un reo que mantenerlo preso el resto de su vida, los datos de Aministía Internacional también demuestran todo lo contrario.

Sólo queda la supuesta gran baza de que la pena de muerte previene el crimen. A la vista está que no, o de lo contrario los crímenes habrían disminuido drásticamente en un país que aplica la pena de muerte desde su fundación. Así las cosas, sólo cabe la perplejidad ante el empecinamiento del país más poderoso del mundo, el adalid mundial de la democracia y las libertades que cuenta con poderosos medios para prevenir el crimen - estricto control de las armas de fuego para empezar - en seguir aplicando una pena bárbara, inhumana, repugnante y viciada de racismo por los cuatro costados.

Un plátano no basta

Lo confieso: soy un macaco. Todos los días desayuno un par de plátanos de Canarias y me va estupendamente. Aclaro que no soy ghanés, camerunés ni brasileño y mucho menos futbolista, pero como plátanos igualmente. Si fuera futbolista y alguna cobarde bestia parda emboscada entre la multitud de la grada me lanzara un plátano con la intención de ofenderme, haría como Dani Alves, el futbolista del Barcelona: lo pelaría y me lo comería. Ese orangután – con perdón de los orangutanes – que acudió el otro día al estadio del Villarreal disfrazado de supuesto hincha futbolístico ha conseguido con una acción propia de quien sigue viviendo en la copa de los árboles un movimiento mundial de simpatía con el futbolista brasileño. 

Algunos  futbolistas - no todos -  se han solidarizado con él comiendo un plátano y otro tanto han hecho presidentes de gobierno como el italiano Renzi o jefes de estado como la brasileña Rousseff. Los medios de comunicación de medio mundo recogen estas muestras de rechazo del racismo de manera que, si el mono aullador que le tiró el plátano a Alves ha seguido en la red las consecuencias de su valerosa acción, a esta hora puede que esté pensando en emigrar a la selva de Papúa Nueva Guinea y establecer allí su residencia definitiva. Debería hacerlo, tanto él como otros muchos simios que domingo tras domingo aúllan en los estadios de fútbol, se mofan de los jugadores negros con cánticos racistas y ya encorajinados hasta les tiran plátanos. Sería la solución perfecta pero ese tipo de soluciones no suele ser muy habitual. 

Lo más probable es que otros micos como el de Villarreal reproduzcan el próximo domingo los cánticos racistas en cualquier estadio de fútbol de este país y alguno, envalentonado incluso y en solidaridad con el del domingo pasado, se lleve un racimo entero de plátanos para tirarlos al campo. Comer plátanos como han hecho estos días muchos personajes públicos para expresar su condena del racismo está muy bien pero es a todas luces insuficiente para acabar con esa jauría de mandriles que por desgracia pululan cada semana entre las tribus futbolísticas españolas. Más que plátanos hace faltan leyes y tolerancia cero y de eso estamos casi en pañales. 

Al descerebrado de Villarreal lo localizó el club, le ha quitado el abono y le ha prohibido la entrada de por vida al estadio. Bien está pero sigue siendo insuficiente. En países como Inglaterra la tolerancia con los gritos racistas es más que de cero de bajo cero. Chimpancé cazado coreando gritos ofensivos contra algún jugador por el color de su piel, chimpancé que es detenido y puesto ante un juez. Las estadísticas hablan por sí solas: en dos años se ha reducido en más de la mitad el número de este tipo de ofensas en los estadios de fútbol. En España aún falta mucho para llegar a eso, aquí incluso hay quienes les ríes las gracias a estos cobardes y consideran que sus acciones son meras anécdotas futbolísticas que no merecen que nadie se preocupe por ellas. De esa mentalidad comulgan incluso no pocos futbolistas españoles que a esta hora deberían de estar, como mínimo, exigiendo a quien tiene competencias para ello que legisle, vigile, persiga y extirpe esa lacra de los estadios. 

La responsabilidad de acabar con ese bochorno recae en primer lugar en los propios hinchas, que conocen perfectamente a los descerebrados que domingo a domingo insultan desde el asiento de al lado al futbolista negro del equipo rival, nunca al del equipo de sus colores. Empezar por afearles la conducta sería un primer paso de gigante. Sin embargo, el verdadero paso lo debe dar quien tiene la potestad para ello: el Gobierno y el Parlamento, legislando con dureza y haciendo cumplir la ley a rajatabla. Sin embargo, son otras cosas como los himnos o las banderas las que preocupan de verdad a este Gobierno y no el racismo que campa desde hace años por los estadios españoles. Así que dudo mucho que lleguemos a ver a Mariano Rajoy al menos comiéndose un plátano.

Los tiempos de Rajoy

De Mariano Rajoy puede decirse y con razón que es lento hasta la desesperación cuando se trata de tomar decisiones. Sus hagiógrafos resaltan que es un político que marca bien los tiempos y que no deja que nadie se los imponga. Lo cual no contradice la primera afirmación, una exasperante lentitud capaz de poner de los nervios a propios y extraños. Lo que en cambio no se puede decir en ningún caso es que sea imprevisible y que, mucho antes de tomar una decisión, no se sepa con bastante exactitud cuál va a ser. Eso, si exceptuamos el flagrante incumplimiento de todas y cada una de sus promesas electorales. Ahí sí que estuvo imprevisible, sobre todo para quienes creyeron a pies juntillas sus promesas y votaron al PP.


Ahora bien, si nos remitimos por ejemplo a los papeles de Bárcenas recordaremos que, después de meses negándose a hablar del caso, acudió a rastras un mes de agosto al Congreso a decir lo que todos los españoles ya sospechábamos que diría: yo a ese señor no lo conozco de nada y si lo nombré tesorero del partido fue un error. Casos de lentitud en la toma de decisiones por parte de Rajoy hay a montones, tantos como de previsibilidad en las mismas. El más reciente es la demora en designar candidato al Parlamento Europeo. Todas las quinielas apuntaban desde un primer momento a Arias Cañete, pero Rajoy guardó la decisión en la nevera durante semanas hasta el punto de que fue el último partido en nombrar candidato.


Eso ocurría un 9 de abril y han pasado más de dos semanas para que designara a la sustituta de Arias Cañete. Durante todo ese tiempo, el ministro ha seguido compatibilizando sus dos agendas a pesar de la imagen poco edificante de ver a un miembro del Gobierno simultaneando sus actividades oficiales con declaraciones de marcado tinte electoral, hasta el punto de que ya no era posible diferenciar cuándo hablaba como ministro y cuándo como candidato o cuándo aprovechaba los recursos públicos para lanzar su campaña. 

Desde que se conoció que Arias Cañete se irá a Bruselas después de las elecciones del 25 de mayo se dio por hecho que su sustituta sería la secretaria del ministerio, Isabel García Tejerina, y así ha sido. De nuevo, la previsibilidad más absoluta pero a paso de tortuga.  Erraban quienes especulaban con la posibilidad de que Rajoy aprovechara la marcha de Arias Cañete para acometer una reforma más amplia del Gobierno o, por lo menos, para buscar para Agricultura y Medio Ambiente un ministro o ministra con un perfil político algo menos gris y tecnocrático que el que luce la elegida. Parece demostrado que esperar de Rajoy una crisis de gobierno es esperanza inútil a pesar del evidente desgaste de una buena parte del Ejecutivo. Lo más probable es que aguante con el mismo gabinete hasta la víspera de las elecciones generales del año que viene. Ahora que ya tiene ministra de Agricultura puede Rajoy relajarse y descansar del agotador esfuerzo realizado. 

Por lo demás, García Tejerina es un nuevo ejemplo de las engrasadas puertas giratorias que tan bien comunican la administración pública con la empresa privada y por la que transitan sin problemas altos cargos de este y de anteriores gobiernos. Si Arias Cañete tiene intereses petroleros en la empresa DUCAR, la nueva ministra estuvo ligada profesionalmente a una poderosa compañía de fertilizantes – FERTIBERIA - que, además de haber sido condenada por delito medioambiental en Huelva, tiene entre sus propietarios a un conspicuo donante del PP imputado en el caso Bárcenas. Ella es la responsable ahora de resolver algunas papas calientes que Arias Cañete deja sobre la mesa, entre ellas, la firma del informe de impacto ambiental que determinará si Repsol puede hacer o no prospecciones petrolíferas en Canarias

Se trata de un asunto nada baladí dado el rechazo que el proyecto de la petrolera preferida del Ministerio de Industria genera en el Archipiélago, en donde aún se aguarda con santa paciencia a que Rajoy diga si autoriza o no la celebración de la consulta popular que sobre este asunto solicitaron el parlamento y el gobierno autonómicos hace ya unos cuantos meses. Teniendo en cuenta la pachorra del presidente y la previsibilidad con la que actúa, no es nada improbable que la decisión sobre la consulta la tome cuando Repsol tenga la autorización para buscar petróleo. Puede que sea entonces cuando nos diga oficialmente lo que ya sabemos desde ahora que dirá: que la consulta es ilegal. ¿Apostamos algo?

¡Que la detengan!

Lo de Esperanza Aguirre no es que aburra, es que indigna hasta el estupor y más allá. La señora condesa de Murillo tiene tan asumido su papel de “a mí no hay quien me rechiste” que es incapaz de detener la verborrea prepotente con la que expande sus estupideces por platós de televisión y estudios de radio. Tras su tocata y fuga con unos guindillas de movilidad del ayuntamiento de Madrid por aparcar su coche en un carril bus, la lideresa ha optado por lo que mejor se le da: sostenella y no enmendalla. En lugar de reconocer que metió la pata hasta la cintura, pedir disculpas a los ciudadanos atendiendo a su relevancia pública y hacer propósito de la enmienda, ha optado por una huída hacia adelante que solo puede conducirla al ridículo más lamentable. 


Al final, seguramente todo se resolverá en un juicio de faltas en el que Aguirre puede ser condenada a pagar una multa de 10 a 60 días. Solo en el supuesto poco probable de que su comportamiento sea considerado falta grave podrían caerle de seis meses a un año de prisión que seguramente no serían suficientes para acabar con sus huesos en la trena. Todo este circo que Aguirre ha montado por su soberbia reacción ante el requerimiento de los agentes se lo podría haber ahorrado y de paso ahorrarle también a los ciudadanos el bochorno que supone escuchar a diario a una dirigente política que ha ocupado altos cargos de responsabilidad pública diciendo sandeces sin parar.

Las críticas que ha recibido por su actitud chulesca durante y después del incidente con los agentes municipales no han servido para hacerla recapacitar lo más mínimo. Desprecia que se le exija la ejemplaridad que debe mostrar un representante político y basa su defensa en absurdas acusaciones de machismo, descubriéndose a estas alturas como la ferviente feminista que nunca ha sido ni será. Sabe perfectamente que cualquier otro ciudadano habría sido detenido inmediatamente y puesto a disposición judicial y, seguramente, no por una falta de orden público sino por un delito de desobediencia a la autoridad. Dos cosas completamente distintas que consecuentemente conllevan penas distintas de ser hallado culpable.

A ella en cambio fue a visitarla la Guardia Civil a su domicilio “para aclarar lo sucedido” y se marchó por donde había venido sin llevársela esposada como tal vez debería haber hecho. Pero todo eso a la señora Aguirre le debe de sonar a música celestial y cosas de gañanes que no van con ella. Lo suyo es seguir chuleando a los agentes, negando las evidencias que hasta su compañera de filas y alcaldesa Ana Botella ha tenido que admitir y soltando patujadas para rechifla de tertulias y corrillos de cafetería. ¡Pero qué salá es la Espe! ¡Qué gracia tiene! 

Para que el circo no decaiga ni un minuto y alimentar de este modo los comentarios sobre su gracejo y desparpajo, se permite decir en un pregón taurino la chorrada hasta ahora mayor de su muy extensa colección histórica de chorradas: que aquellos que detestamos la mal llamada “fiesta nacional “somos antiespañoles y queremos la destrucción de España. Solo alguien tan pagada de sí misma como Esperanza Aguirre puede soltar una perla cultivada de ese tamaño y con aroma tan rancio a ultraderecha casposa. Alguien en su entorno político y personal debería de decirle que pare de una vez y deje de tomar por imbéciles y antiespañoles a los que no le reímos sus estupideces y no comulgamos con lo que expele su cerebro mononeuronal. Alguien debería de hacerlo pero no hay esperanza de que alguien lo haga.

Cañete puede con todo

Al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – MAGRAMA para los amigos – se le ve fuerte y rozagante. De pronto sale en un telediario comiéndose un yogur caducado y al día siguiente lo vemos zampándose unos jugosos melocotones de la huerta murciana y poco después probando unos pinchos de recio chorizo castellano en Salamanca. Sin embargo, desde el pasado nueve de abril Miguel Arias Cañete tiene un problema: no se aclara con las agendas del día a día. Ese día salió ante los medios la número dos del PP María Dolores de Cospedal y, en funciones de ventrílocua oficial del premioso dedo de designar de Rajoy, anunció que Arias Cañete sería el esperado candidato popular al Parlamento Europeo. 

Todo fueron parabienes y felicitaciones para el ministro y este, sacando pecho – lo cual tampoco era necesario – tardó solo unas horas en verse ganador y tal vez próximo comisario agrícola europeo. Hasta la candidata socialista, la señora Valenciano, pudo por fin ajustar el punto de mira de sus críticas al PP. Pero lo cierto es que, desde el mismo momento en que el dedo de Rajoy se posó sobre la barba de Arias Cañete, el ministro no da pie con bola con las agendas. El caso es que se levanta por las mañana y confunde la agenda de ministro con la de candidato: cuando acude a un acto para defender las cuotas de jurel se le escapa que cuando sea comisario europeo los pescadores podrán pescar todo el jurel que quieran; en cambio, cuando se pone el traje de faena electoral va y dice que como ministro del ramo hará todo lo que esté en su mano para que España se convierta en una unidad petrolera en lo universal, eso sí, respetando al máximo el medio ambiente. 

Esta esquizofrenia le ha hecho pensar a algunos que Arias Cañete debería dimitir como ministro y dedicarse sólo a sus mítines y promesas, más que nada para no transmitir la poco edificante imagen de que usa dinero del Ministerio para labrarse un futuro venturoso como comisario europeo. Es cierto que la Ley no le obliga a dimitir, lo cual no quiere decir que la Ley esté bien, sino más bien todo lo contrario. En todo caso, si lo hiciera tampoco chocarían los planetas entre sí, ni mucho menos.  La cuestión es por qué Rajoy no lo ha relevado ya de la pesada cartera del MAGRAMA y no se sabe si es debido a que no tiene a nadie a quién poner en su lugar – harto dudoso -, a si es que prepara una crisis de gobierno más amplia o si es el propio Arias Cañete el que quiere aguantar hasta el final como un jabato a pesar del lío con sus agendas paralelas y concomitantes. 

A lo mejor es que tiene expedientes trascendentales que resolver y no puede irse sin haberles echado un garabato al pie. Sólo Rajoy y Dios lo saben y en consecuencia sólo cabe esperar a que el dedo del presidente vuelva a posarse en el elegido para sustituir al ministro con más peso del gabinete, además del más valorado aunque no llegue al 5. Lo cierto es que Arias Cañete no ha entrado con buen pie en la carrera electoral, y no va con segundas. Nada más ser designado candidato sacó la malvada oposición a relucir que había ocultado al Congreso que tiene acciones de una petrolera - DUCAR -  que, además, contrata con la administración pública. Sin duda, sólo en España debe de ocurrir que un ministro de Medio Ambiente tenga intereses en una compañía petrolera y que encima no los declare a la Cámara. 

Se da la circunstancia de que la petrolera de la que es accionista el ministro y candidato posee filiales en Canarias, en donde otra petrolera – Repsol – quiere buscar crudo y hacer ricos a todos los canarios de un taponazo. Por supuesto, se trata también del mismo ministro de cuyo departamento depende en última instancia que Repsol pueda empezar a buscar petróleo en estas islas. Aunque el refrán popular asegura que blanco y en botella suele ser leche, en este caso le da a uno por preguntarse si negro y en barril es petróleo.