Rey a la carrera

Al menos por esta vez habrá que eliminar del refranero aquello de que “las cosas de palacio van despacio”. En esta ocasión van como una exhalación: ayer abdicó el rey, esta mañana se reunió el Consejo de Ministros y aprobó la ley de sucesión, esta tarde la ha admitido el Congreso y en un plis plas – cosa de un par de semanas, como mucho – estará lista y aprobada por las dos cámaras que conforman las Cortes Españolas, Congreso y Senado, con el previsible apoyo de 9 de cada 10 diputados. Tal es así que para el 18 de junio se anuncia ya oficialmente la solemne proclamación del Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, como Felipe VI de España. También habrá que eliminar del refranero que “las prisas no son buenas consejeras” aunque en esta ocasión tienen un claro objetivo: cerrar cuanto antes el proceso antes de que se extienda y cuaje el debate entre monarquía y república.

Quienes creían que ese era un debate finiquitado se deben de haber llevado un buen chasco. Unas 20.000 personas se dieron cita ayer tarde en la madrileña Puerta del Sol, además de en otras ciudades españolas, para reclamar la celebración de un referéndum en el que los españoles decidan el modelo de Estado que prefieren, monarquía parlamentaria o república. Bien es cierto que un referéndum de esas características en estos momentos sería absolutamente ilegal y sólo con una reforma constitucional podría tener amparo. Sin embargo, lo que se desprende de la inusitada rapidez con la que el Gobierno, el PSOE y la Casa Real quieren dar carpetazo a la sucesión en la corona, es un intento evidente de que el debate muera más pronto que tarde. A pesar de la lógica sorpresa inicial, ahora caemos en la cuenta de que el proceso estaba atado y bien atado de principio a fin: el guión quedó escrito y detallado desde el momento en el que el rey decidió abdicar la corona y se lo comunicó a Rajoy y a Rubalcaba, que en lugar de abandonar la secretaría general del PSOE al día siguiente del batacazo en las europeas, decidió quedarse un poco más para controlar a los republicanos tapados que hay en su partido no vayan a votar cosas raras.

Tanta es la prisa que le han imprimido a la sucesión de Juan Carlos que la ley enviada hoy al Congreso ni siquiera dice nada sobre la asignación presupuestaria que recibirá o el papel institucional que desempeñará – si es que debe desempeñar alguno - el todavía rey cuando deje de serlo. ¿rey en la sombra? ¿rey consejero? ¿rey asesor? ¿rey sin cartera? Por no saber no sabemos si se le llamará oficialmente “rey padre”, “rey abdicado”, “rey emérito”, “rey jubilado” o Conde de Barcelona, que es lo más probable. Aunque sin duda esa es una cuestión menor, no lo es tanto la que se refiere a la posibilidad de que el rey pase también a ser aforado – uno más – una vez y pierda la inviolabilidad de la que aún goza. Estos asuntos, nada baladíes y sobre los que la Constitución no dice absolutamente nada porque nadie en estos casi 40 años de reinado se ha molestado en prever que los reyes, por mucho que reinen por la gracia de Dios no son eternos y hasta puede que abdiquen, han quedado para mejor ocasión.

Sin llegar a plantear la conveniencia de aprovechar el momento histórico para decidir entre monarquía y república, un asunto que Rajoy despachó hoy con un displicente “planteen una reforma de la Constitución”, sí son muchas las voces que entienden que esta es una buena oportunidad para acometer esa reforma constitucional de la que todo el mundo habla desde hace tiempo y de la que todo el mundo es partidario, pero para la cual nadie se atreve a dar el primer paso alegando falta de consenso. Se trataría de buscar salida a problemas como las tensiones con Cataluña y su desafió soberanista, una de las primeras pruebas de fuego a la que tendrá que enfrentarse Felipe VI apenas se estrene en el trono, amén de gestionar la corrupción que merodea la Casa Real y recuperar el crédito perdido de la monarquía.

A esa posibilidad Rajoy ha vuelto a responder esta mañana lo mismo: “el que quiere estado federal que plantee una reforma constitucional pero que me explique primero qué diferencia hay entre lo que tenemos y el federalismo”. De oficio a Rajoy nunca se le pasará por la cabeza reformar la Constitución, ni siquiera en un momento histórico como el actual en el que se empieza a hablar de la necesidad de una segunda transición en España tras la abdicación de Juan Carlos y con una Constitución a la que cada vez se le ven más los costurones a medida que va cumpliendo años. Al presidente lo único que le preocupa es que la aprobación de la ley sucesoria en las Cortes se haga sin sobresaltos y que el 18 de junio podamos todos los españoles disfrutar como niños con zapatos nuevos de un acto de la pompa propia de toda una solemne e histórica proclamación real. Ese día se habrán acabado las prisas y el mundo nos mirará con envidia.

Irse por la puerta trasera

Los trovadores de las redes cantan desde esta mañana con sus vihuelas digitales las bondades del rey que se va y las maravillas del que ocupará su lugar más pronto que tarde. La hagiografía se desborda y el providencialismo histórico lo inunda todo a su paso. Se marcha “el rey que trajo la democracia a España”, como si el éxito de un proceso de esas características pudiera atribuírsele a una sola persona, por relevante que sea el cargo que ocupe, en lugar de a un conjunto amplio y complejo de factores históricos y de agentes sociales, políticos y económicos. Sin embargo, a esta hora seguimos sin conocer oficialmente las causas de la abdicación, aunque éstas estén en la mente de todos. La única que esbozó en su mensaje leído de hoy en el que no hubo una sola frase de autocrítica es que “una nueva generación se abre paso con energía” y hay que dejarle sitio. 

Se refiere, por supuesto, a su hijo, que peina ya canas a sus 46 años de edad – esa parece que es la edad a la que el rey considera que las nuevas generaciones deben pasar a la primera línea - y que ha visto cómo ha ido pasando el tiempo mientras el titular del trono insistía en cumplir la máxima de que ningún rey español abdica sino que muere en la cama con la corona bien ceñida sobre las sienes. La última vez que expresó ese propósito fue con motivo del discurso de Navidad el pasado diciembre en donde subrayó su determinación de continuar al frente de la monarquía española y por ende de la Jefatura del Estado. 

Pero, como digo, las causas de su marcha están en la mente y en el pensamiento de todos los ciudadanos que esta mañana se enteraban incrédulos de que el rey hace las maletas y le cede el paso a su heredero por la gracia de Dios. Su deteriorado estado de salud seguramente ha sido una de ellas, aunque no creo que haya sido la determinante, ni mucho menos. Es seguro que han pesado más otros motivos, especialmente los escándalos de corrupción de su hija y de su yerno ante los que el monarca contemporizó hasta que fue demasiado tarde y que han llevado a la institución monárquica a sus niveles de popularidad más baja desde que “el rey nos trajo la democracia”. 

Únase a ese “dejar pasar, dejar hacer” en el entorno familiar sus propias irresponsabilidades en forma de cacerías de elefantes y la opacidad con la que se ha conducido la Casa Real hasta hace bien poco en el manejo del dinero público en plena crisis económica. Todo ello ha merecido las críticas y la indignación de una buena parte de la ciudadanía de este país que, por primera vez desde el ascenso de Juan Carlos al trono, rompió el tabú y empezó a preguntarse en voz alta “para qué sirve un rey”. En realidad, la monarquía también es copartícipe y corresponsable del deterioro de la calidad democrática en España, sólo que hasta ahora la continuidad de la institución estaba bien guarecida bajo el paraguas del bipartidismo que también acaba de entrar en barrena tras las elecciones europeas de hace unos días. 

En todo caso, decisiones de este calado no se toman una aburrida tarde de domingo frente al televisor: se meditan con tiempo, se adoptan y cuando está todo preparado para la sucesión y llega la fecha elegida, se comunican públicamente. Eso ha ocurrido hoy y ya mañana se reunirá con carácter extraordinario el Consejo de Ministros para aceptar la abdicación y enviar al Congreso la Ley Orgánica que garantizará la sucesión en “un clima de normalidad y estabilidad”, según Rajoy. Claro que la celeridad con la que el Gobierno y la propia Casa Real quieren pasar página y dejarlo todo atado y bien atado en las manos del futuro Felipe VI no ha evitado que resurja con fuerza el debate entre monarquía y república. 

Basta echar un vistazo a las redes sociales o a lo que han dicho fuerzas políticas como IU o el partido de moda, Podemos, sobre la necesidad de abrir un nuevo periodo constituyente y dar a los españoles la oportunidad de elegir entre monarquía o república, una oportunidad que se le hurtó a los ciudadanos de este país en la Constitución de 1978.

Está por ver el recorrido de ese debate y si – como se aventuran a asegurar algunos, tal vez con excesivo optimismo republicano – las próximas elecciones autonómicas y generales podrían arrojar una mayoría política partidaria de la república. A expensas del alcance de ese debate, el heredero asumirá la Jefatura del Estado no sólo en el peor momento de popularidad de la monarquía sino en el peor momento económico, social y político del país desde hace 40 años y en un episodio inédito de tensiones territoriales, que tienen su expresión más exacerbada en Cataluña. Esa es la herencia envenenada que recibe el heredero del trono, que tal vez se esté preguntando las razones de que la abdicación no se produjera hace unos años cuando el “juancarlismo” arrasaba en todas las encuestas de opinión y su padre y él mismo eran admirados y vitoreados en todas partes, al contrario de lo que ocurre en la actualidad, y en los medios de comunicación nadie se atrevía a poner una nota negativa sobre la Casa Real. 

En el balance final, los indiscutibles servicios que Juan Carlos de Borbón ha prestado a la democracia española se han visto seriamente empañados en el último tramo de su reinado, particularmente el que coincide con la crisis económica durante la que los españoles han venido exigiendo sin éxito transparencia y ejemplaridad a sus representantes públicos. El rey se va ahora por la puerta trasera y no por la principal del palacio, en un intento casi desesperado de salvar la monarquía de sus detractores y de una sociedad de uñas con el poder político del que la institución real forma parte y de cuyo desprestigio no es ajena en absoluto.      

Bofetada petrolera

Se puede golpear de muchos modos y con muchas herramientas distintas: manos, piedras, palos, porras, etc. Luego están las decisiones políticas falsamente revestidas de decisiones administrativas regladas que golpean con más contundencia si cabe porque no afectan sólo a una persona o a unas cuantas, sino a toda una sociedad. Del segundo tipo de golpes es la decisión anunciada esta tarde por Ministerio de Medio Ambiente que da luz verde a REPSOL para que inicie prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. No por esperada la decisión, mediatizada sin duda por las presiones del ministerio de Industria y éste a su vez por la propia compañía de la que el ministro canario Soria es habitual portavoz y defensor, es menos dolorosa. 

Y no sólo por las fechas en las que se ha comunicado, pasadas las elecciones al Parlamento Europeo, en la víspera de la celebración del Día de Canarias y el mismo día en el que la mayoría absoluta del PP rechazó en el Congreso paralizar los sondeos para abrir un diálogo con las comunidades autónomas afectadas por este asunto, Baleares, Canarias y Valencia. Sin olvidarnos, además y sobre todo, del fallo que el Tribunal Supremo debe emitir el próximo 10 de junio ante el recurso del Cabildo de Fuerteventura contra la autorización a Repsol. Duele por las fechas elegidas pero, sobre todo, porque el Gobierno del Estado ha ignorado olímpicamente el sentir de una parte muy importante de la sociedad canaria y de varias instituciones insulares y autonómicas, opuestas a los sondeos. 

Así, la petición del Parlamento de Canarias y del Gobierno de Canarias para que los ciudadanos de las Islas se pronuncien en un referédum sobre las prospecciones sólo ha recibido el silencio oficial como respuesta por parte del Ejecutivo de Rajoy. Al mismo tiempo, las irregularidades y deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por REPSOL que denunciaron organizaciones ecologistas y científicos de reconocido prestigio no se han tenido en cuenta. Es más: la información adicional que el propio Ministerio de Medio Ambiente pidió a REPSOL para completar su Estudio de Impacto Ambiental apenas ha podido ser estudiada por las instituciones canarias y se le ha hurtado a los ciudadanos, que tenían derecho a conocerla y a presentar alegaciones antes de que se tomara la decisión anunciada esta tarde. 

Por otro lado, el expediente para declarar las aguas de Lanzarote y Fuerteventura Lugar de Importancia Comunitaria sigue guardado en un cajón de Medio Ambiente sin que se sepa cómo les afectan los trabajos petrolíferos autorizados hoy. Por el contrario, otros nueve expedientes similares en otros lugares de España se encuentran en un estado muy avanzado de tramitación, algo que el Ministerio no ha sido capaz de explicar con claridad, tal vez porque no puede o porque tiene mucho que ocultar. Por no hablar de la nueva directiva comunitaria que endurece los requisitos medioambientales para las actividades petrolíferas y que casualmente España aún no ha integrado en la legislación nacional. Tal vez ahora, con el permiso a REPSOL resuelto, no tarde mucho en hacerlo. 

Duele también esta decisión porque pone de manifiesto la escasa fiabilidad de las promesas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando en una reciente entrevista con su homólogo canario, Paulino Rivero, se comprometió a estudiar la paralización de los sondeos hasta alcanzar un acuerdo con las autonomías afectadas. Ahora, sus promesas se las ha vuelto a llevar el viento, aunque a eso ya estamos bastante acostumbrados los españoles en general y los canarios en particular. 

Así pues, REPSOL puede empezar cuando a quiera pinchar en los fondos marinos próximos a Lanzarote y Fuerteventura en busca del oro negro que, de haberlo, hará felices a sus accionistas. A los canarios, en cambio, los aboca a posibles daños irreparables para la rica biodiversidad y el medio ambiente de las Islas, pone en peligro la desalación de agua de la que se abastecen en un altísimo porcentaje las islas más cercanas a los sondeos y arriesga a un desastre a la principal actividad económica de este archipiélago, el turismo. A cambio, apenas recibirán alguna migaja en forma de puestos de trabajo indirectos y, por supuesto, ningún beneficio directo de un posible hallazgo de petróleo en sus aguas, del que sólo se beneficiará en primera y última instancia una empresa privada que cuenta a su favor con el inquebrantable respaldo del Gobierno. 

El Ministerio de Medio Ambiente asegura que la autorización anunciada hoy sólo será válida para los sondeos y que para extraer el posible petróleo hará falta un nuevo estudio de impacto ambiental. Ignora el parecer de muchos científicos que se han cansado de advertir de que los sondeos no son inocuos por más que se les quiera enmascarar como simples trabajos de investigación. Que el propio Ministerio admite que los sondeos no son seguros al cien por cien lo demuestran las “medidas preventivas y correctoras” que, según la autorización, REPSOL debe cumplir durante estos trabajos. Afirma también Medio Ambiente que, hasta ahora, ninguna de las prospecciones realizadas en España han tenido repercusiones negativas para el entorno. Hace bien en precisar lo de “hasta ahora” y ojalá que las de Canarias no sean la excepción, aunque nada garantiza ya que no lo puedan ser. 

Con todo, la más llamativa de las medidas que debe adoptar REPSOL es la que establece que la compañía informará puntualmente en su página web del desarrollo de las prospecciones para que “todos los interesados puedan tener información actualizada del proyecto y seguir su evolución en tiempo real”. Lo que equivale exactamente a poner la zorra a cuidar las gallinas, sólo que en este caso las gallinas son el medio ambiente, la biodiversidad, el abastecimiento de agua de la población y la industria turística. Ahora, la zorra ya tiene la puerta abierta.

El problema es del plasma

El PP ganó las elecciones del domingo y punto, no se hable más. Si acaso habrá que echarle un vistazo a la comunicación para “recuperar la confianza” de los 2,5 millones de electores que no votaron por Arias Cañete el pasado domingo. Del PSOE y su imperiosa necesidad de renovación se podrá decir todo lo que se quiera. Sin embargo, al menos asistimos desde el lunes a un intenso debate interno aunque por el momento sólo gire en torno a nombres y procedimientos y no en torno a ideas. En el PP, en cambio, todo es una balsa de aceite, aquí no ha pasado nada.

Solo la lideresa Esperanza Aguirre aprovechó el retroceso electoral de su partido para hacer lo que más le gusta: meterle el dedo en el ojo a Rajoy. “Hay que acometer cambios en el partido y en el Gobierno y hay que hacer una profunda reflexión sobre estos resultados”, vino a decir un día después de los comicios. Se puede sentar a esperar que alguien como Rajoy – el hombre que espera a que el tiempo tome las decisiones por él - haga algo de lo que le pide. El presidente del partido y del Gobierno solo “entiende” que “mucha gente” no haya votado al PP por las “duras medidas” que se ha visto obligado a tomar. Pero tranquilos que seguiremos trabajando para que nos vuelvan a votar los que no lo hicieron el domingo. 

Que el PP achaque su pérdida de votos y escaños en el Parlamento Europeo a la “abstención” es poco creíble en un electorado tan fiel y tan poco propenso a picar de partido en partido como el de los populares. Adónde se fueron esos votos es algo que tendrá que analizar el PP si lo considera oportuno porque, si bien es cierto que muchos no se ejercieron, puede que otros muchos optaran por otros partidos como UPyD y su habilidad para ocupar el espacio de centro al que Rajoy y los suyos han renunciado alegremente. En todo caso, esa abstención revelaría que el dicharachero y deslenguado Arias Cañete – “el mejor candidato posible”, según Rajoy – no era tan bueno como nos querían hacer creer en la campaña. Eso sin contar la posibilidad de que un buen número de electores optara por huir de un candidato que con una sola frase fue capaz de arruinar una campaña ya de por sí poco atractiva para los ciudadanos. 

De hecho, a Rajoy se le presenta un nuevo problema, conseguir que Arias Cañete sea comisario europeo después de los exiguos 16 escaños que su partido aporta a la bolsa de eurodiputados del Partido Popular Europeo. Preguntado hoy el comisario europeo en potencia por la posibilidad de hacerse con un puesto en el próximo ejecutivo comunitario, Arias Cañete respondió con un revelador “pregúntenle a Rajoy”, lo que confirma algo que todos sabíamos, que el dedo del presidente quita, pone y, en este caso, propone. Cosa distinta es que le hagan caso en Bruselas. 

Con todo, la aparente balsa de aceite en la que navega el PP después de las europeas no puede ocultar el sudor frío que seguramente recorre esta semana la espina dorsal de un partido al que, además de cargar con la culpa de los recortes y las reformas a mayor gloria de Merkel y los mercados, le siguen acosando los casos de corrupción por los cuatro costados. El diario El Mundo se encargó ayer de extrapolar los resultados del domingo a las generales del año que viene y los resultados son espeluznantes para el PP. Con los datos de las europeas en la mano, el PP perdería 48 escaños en el Congreso y sería barrido en sus grandes feudos de Madrid – en donde ya fue superado por Podemos el pasado domingo – Valencia y Murcia. La pérdida de votos sería significativa en el resto de las autonomías hasta el punto de que en ninguna mejoraría sus resultados de 2011 y sólo en unas pocas conseguiría mantenerse. 

Bien es verdad que el comportamiento de los electores no es necesariamente idéntico en unas europeas y en unas legislativas y a eso se aferran estos días los dirigentes populares para restarle importancia a la pérdida de 2,5 millones de votos el domingo. Sin embargo, sí pueden estar indicando una tendencia de por dónde pueden ir las cosas en la cita de las generales y esto es muy improbable que el PP no lo haya valorado a puerta cerrada. Claro que al PSOE aún le iría peor si trasladamos los datos de las europeas a las generales, pero en las filas socialistas al menos han abierto el melón de la renovación mientras en el PP se mantienen prietas las filas y se limitan las causas del descenso a problemas de comunicación. 

Cómo van a resolver esos problemas sólo los populares lo saben pero es de suponer que tendrá que ocurrírseles algo más original que sacar a Rajoy del plasma e impedirle a Carlos Floriano y a Dolores de Cospedal que den ruedas de prensa. Aunque podría ser un buen comienzo.

Cuando cuesta tanto decir adiós

Ha llegado la hora del adiós a la política para Alfredo Pérez Rubalcaba. El hombre que fue ministro dos veces con Felipe González y otras dos con José Luis Rodríguez Zapatero y que ha convertido la cosa pública en su profesión, cree llegado el momento de retirarse del mundanal ruido de la política que en los últimos tiempos sólo le ha proporcionado disgustos. Le ha costado lo suyo, la verdad sea dicha. Cuando su partido se estrelló ante el PP en las elecciones generales de 2011 muchos pensaron que era el momento de hacer las maletas y así se lo sugirieron abiertamente. Él no: él, lejos de favorecer una urgente renovación a fondo de su partido y permitir que entrara aire fresco e ideas nuevas en sus anquilosadas estructuras para hacer frente al gobierno del PP que se nos venía encima como un huracán de recortes y reformas, se presentó a un Congreso del PSOE en Sevilla y se hizo por la mínima con la secretaría general que había abandonado el derrotado Rodríguez Zapatero. 

Desoyó entonces el resultado nítido de las urnas y estas le han vuelto a pasar factura en las europeas del pasado domingo con un nuevo y sonado revolcón. Es el fruto de más de dos años de oposición en los que los ciudadanos no han percibido apenas nada que les permitiera volver a confiar en el PSOE como fuerza política capaz de hacerle frente al austericidio que con entusiasmo digno de mejor causa acometió Rajoy nada más desalojar a Zapatero de La Moncloa. Dos años y medio en los que lo único digno de mención en la vida del PSOE y de su papel de principal partido de la oposición ha sido el anuncio de unas primarias abiertas para elegir candidato a La Moncloa de las que Rubalcaba ni siquiera excluyó la posibilidad de presentarse y que ahora vuelven a quedar en un segundo plano. Tal vez aspiraba a repetir el desastre de 2011 o tal vez ocurre que es uno de tantos políticos como hay en España que desconocen el significado de expresiones como “adiós”, “me voy”, “lo dejo”, “tiro la toalla”, “mi tiempo ha pasado”, “hay que renovarse o morir”, etc. 

Ahora, con el PSOE fané y descangallado, anuncia la celebración de un congreso extraordinario en julio. Lo primero que ha conseguido con su anuncio es cabrear a los aspirantes a las primarias, hasta ahora en respetuoso silencio a la espera de que los electores emitieran su veredicto en las urnas, pero a partir de ahora en una lucha sin cuartel por la secretaría general y por la candidatura a La Moncloa. A esa lucha todo indica que acaba de apuntarse el vasco Patxi López que, tal vez contagiado por la marcha de Rubalcaba, también ha mirado los votos obtenidos el domingo por su partido y ha decidido abandonar la secretaría de los socialistas vascos y convocar un congreso. Puede que no sea el último o, mejor dicho, quizá no debería de ser el último en dar ese paso en otras comunidades autónomas en donde el PSOE también retrocedió.

Se malician muchos de los aspirantes y no se ocultan para decirlo que detrás de la retirada de Rubalcaba y su convocatoria de un cónclave socialista extraordinario hay truco y hasta sucesión atada y bien atada: celebremos primero el congreso para elegir nuevo secretario general y de las primarias abiertas a la ciudadanía para elegir candidato en las generales del año que viene ya hablaremos cuando toque, en todo caso, después del verano. La medida estrella para abrir el partido a la participación de militantes y ciudadanos en general queda así postergada en aras de la elección de una nueva dirección apadrinada por la que ahora dice adiós con mucha pena y escasa gloria. Respecto a la sucesión, todas las miradas están puestas en la presidenta andaluza, Susana Díaz, avalada por los excelentes resultados del PSOE andaluz en la cita del pasado domingo.

Si ese es todo su aval y sólo se trata de cambiar a Rubalcaba por Díaz y no de abrir el partido a la sociedad, elaborar una alternativa política convincente y volver a conectar con los ciudadanos que le han dado la espalda al PSOE en las tres últimas citas electorales, es mejor que se ahorren el esfuerzo y los quebraderos de cabeza y sigan como hasta ahora, camino de la irrelevancia política más absoluta. 

Se asombran en el PSOE del ascenso de una fuerza como Podemos, el partido del momento y ya veremos si algo más, a la que seguramente se habrán ido muchos votos socialistas amén de no pocos de IU. En realidad no hay mucho de lo que asombrarse: Podemos es en gran parte el fruto de un desencanto y una decepción, el que siente un buen número de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, ante la esclerotizada forma de hacer política de los partidos tradicionales como el PSOE. Que los socialistas vuelvan a aspirar a gobernar este país algún día dependerá en gran medida de que sus responsables sean capaces de comprender algo tan evidente y aprenderse la lección.

Victoria pírrica

Por primera vez y sin que sirva de precedente, todos los grandes medios de comunicación a ambos lados del espectro político español coinciden en la valoración de los resultados en las elecciones de ayer al Parlamento Europeo: el bipartidismo se desmorona en las urnas. Es casi imposible encontrar argumentos paliativos que permitan hacer una lectura más positiva para el PP y el PSOE. Bien es verdad que el primero gana al PSOE, pero lo hace por una diferencia de tan sólo dos escaños y después de perder ocho con respecto a 2009 y dos millones y medio de votos entre aquellas elecciones y las de ayer. Arias Cañete no estaba anoche para muchas fiestas ni para frases supuestamente ocurrentes y, junto a la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, despachó la comparecencia ante los medios con cara de susto y con un detalle marca de la casa: sin aceptar preguntas de los periodistas. La suya ha sido una victoria pírrica y lo sabe. 

En el PSOE lo que ha habido ha sido debacle, una más: nueve diputados menos que en 2009 y otros dos millones y medio de votos que han huido de sus candidatos. Si eso es todo lo que es capaz de conseguir después de tres años con la derecha aplicando con puntos y comas el manual merkeliano de la austeridad, es que el PSOE tiene un grave problema que debe gestionar de inmediato. De que acierte con las soluciones dependerá que pueda aspirar de nuevo a ser alternativa de poder. Bien fuera porque su margen de maniobra se encogió debido a la presión de los perversos mercados o porque su impronta política no demostró muchas luces para afrontar la situación económica, lo cierto es que el PSOE ha vuelto a pagar en las urnas la ausencia de una verdadera propuesta alternativa a la que enarbola la derecha. De promesas mitineras y de “y tú más” está más que hastiado el electorado. 

Los verdaderos ganadores

La consecuencia directa de la entrada en barrena del bipartidismo, que en conjunto pierde el 30% de los votos, es la constelación de fuerzas políticas que ascienden tras las elecciones de ayer y que con un nivel de abstención menos elevado tal vez habrían obtenido aún mejores resultados. Capítulo aparte merece Podemos, una derivación del 15M y la influencia catódica que ha colocado cinco diputados en Estrasburgo en su primera cita con las urnas. Su éxito arrollador hay que entenderlo en clave de desafecto hacia los partidos tradicionales y probablemente por el voto de muchos jóvenes que ayer tuvieron la oportunidad de ejercer este derecho por primera vez. No obstante, el recorrido político de la formación que lidera Pablo Iglesias es aún una gran incógnita que sólo empezarán a despejar las dos citas electorales del año que viene. 

Por lo demás, suben IU, que le roba votos al PSOE por su izquierda, y UPyD, que se los roba a socialistas y populares. Forma también parte de la ecuación política que deberá resolver este país el año que viene si los resultados registrados ayer en las elecciones europeas se reflejarán en mayor o menor medida en las autonómicas, locales y generales de 2015. El tiempo y las urnas lo dirán pero, por lo pronto, lo ocurrido ayer es el más severo toque de atención que han recibido PP y PSOE en toda la etapa democrática. 

Salvo en los índices de abstención, las encuestas fallaron una vez más: ninguna vaticinó una sangría tan acusada del bipartidismo ni el ascenso espectacular de Podemos. Puede que la causa haya que buscarla en la inmensa bolsa de voto indeciso y potencialmente abstencionista predominante hasta ayer mismo. De hecho fue la abstención, una vez más, la gran vencedora de estas elecciones con una participación prácticamente calcada a la de 2009. Si aún había alguna duda, la baja participación de ayer vuelve a poner de manifiesto el desinterés ciudadano por los asuntos europeos, agravado esta vez por una pobre campaña electoral desarrollada en clave estrictamente nacional y encima arruinada por unas declaraciones machistas del candidato popular. 

La excepción de la baja concurrencia de ayer a las urnas la encontramos en Cataluña, en donde la participación aumentó con respecto a 2009 y los electores, embarcados por Artur Mas en el debate soberanista, han preferido el original a la copia y le han dado el triunfo a ERC. CiU queda como segunda fuerza y se desploman PP y PSC-PSOE. El presidente catalán es desde ayer un poco más si cabe rehén de ERC. 

Menos Europa

En otros países de la UE, el cataclismo llegó de Francia en donde, como auguraban las encuestas, la ultraderecha racista y patriotera del Frente Nacional se llevó la cuarta parte de los votos y hundió al socialismo gobernante en la tercera posición. En el Reino Unido fue también partido eurófobo y xenófobo, el UKIP, el que obtuvo el respaldo mayor y en Alemania, en donde el partido de Merkel perdió apoyos y subieron algo los socialdemócratas con los que gobierna, se cuela otra fuerza política antieuropea. En el extremo opuesto, los griegos, más que hartos de la troika y de sus salvajes imposiciones, optaron por la izquierda radical y relegaron también a un segundo plano a los partidos tradicionales. 

Con todo, el próximo Parlamento Europeo seguirá dominado por los populares con los socialistas en segundo lugar, aunque ambos también han perdido apoyos en el conjunto de la UE con respecto a 2009. Jean Claude Junker, el candidato de Merkel a presidir la Comisión Europea, garantiza que no habrá grandes cambios en la política económica en los próximos cinco años. Lo que tendrá mucho más complicado garantizar es que las ascendentes fuerzas ultraderechistas que ocuparán escaño en Estrasburgo agraven la decadencia de una Unión Europea incapaz ya de ilusionar a millones de ciudadanos del viejo continente. La abstención en el conjunto de los países miembros fue ligeramente inferior a la de 2009 y, por ahora, con eso parecen darse por satisfechos en Bruselas en una lectura alicorta y falta de ambición sobre los retos que la Unión debería estar afrontando desde el inicio de esta crisis.

En España, mientras, los grandes partidos se lamen las heridas del más espectacular descalabro electoral que ambos han sufrido desde el inicio de la democracia. Los ciudadanos les han dado la espalda de forma clamorosa y no va a serles nada fácil volver a conquistarlos. Con todo, tal vez es pronto aún para dar por muerto el bipartidismo predominante y su sustitución por un sistema multipartidista en España, pero el primer aviso ha sonado alto y claro. 

Francia descarrila

No es que Jean Marie Le Pen, el fundador e inspirador ideológico del francés Frente Nacional, confíe en el “Sr. Ebola” para acabar con el “problema” de los inmigrantes en tres meses. Tampoco es que el gran Nicolás Sarkozy – en sentido figurado lo de grande, claro – abogue por congelar el Tratado de Schengen que consagra la libre circulación de personas en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. No es siquiera que el nuevo y flamante primer ministro francés, Manuel Valls, saque pecho en un mitin socialista en Barcelona, la tierra de sus ancestros familiares, y diga que en Francia su gobierno “no hace política de austeridad como en España”, después de rebanarle 50.000 millones de euros al gasto público galo. 

Es todo eso y mucho más que eso. Es, por ejemplo, el ridículo mundial que supone gastarse 15.000 millones de euros en comprar la friolera de 2.000 vagones de tren nuevecitos que, sin embargo, tienen un pequeño problema: no caben en más de mil estaciones del país, demasiado antiguas y demasiado estrechas para recibirlos como se merecen, al son de la campanilla, y despedirlos adecuadamente a golpe de silbato y banderazos. A los españoles, tan acostumbrados a tener aeropuertos sin aviones, bibliotecas sin libros, auditorios sin público y estaciones de AVE por las que no circula ningún tren, este tipo de noticias apenas nos sorprenden. Es más, hasta puede que nos regocijemos levemente al comprobar como en todos lados cuecen habas, que no íbamos a ser sólo los incompetentes del sur los que nos tengamos que llevar todos los palos y las mofas y sufrir como castigo todos los recortes habidos y por haber. 

Pero ¿cómo puede pasar una cosa así en Francia, la revolucionaria y douce France? A mí no me pregunten pero me malicio que alguien se tomó unos burdeos o unos coñacs de más el día que dibujó sobre el papel el ancho de los vagones y mandó el encargo a la fábrica constructora sin antes cerciorarse de si coincidía con el de las estaciones. O pensó que por unos centímetros de más o de menos tampoco iba a pasar nada: ya se ajustaría el vagón a la vía o la vía al vagón, nada en definitiva que no se pudiera solucionar con otros 15.000 millones de euros del erario público. Eso, o que el tren se dé la vuelta antes de entrar en la estación y deje a los pasajeros unos metros más allá para que estiren las piernas y respiren aire puro. 

En cualquier caso no creo que esta monumental pifia ferroviaria, que ha provocado el asombro y la rechifla de medio mundo, desemboque en una nueva revolución francesa o en otro mayo del 68, que se derrumbe la torre Eiffel, que se jubile Aznavour, que dimita Hollande o que Valls, que ahora se tendrá que gastar otros 50 millones para arreglar este descarrilamiento, tenga que hacer las maletas y tomar el primer tren que pase cerca del Elíseo. Eso sí, sospecho que rodarán cabezas o deberían de hacerlo si Francia no ha dejado de ser un país serio, que todo puede ser. 

La ministra de Ecología, después de ponerse azul, blanca y roja tras conocer la noticia a través de un periódico llamado El Pato Encadenado – para más escarnio –, ha pedido responsabilidades. Un alto cargo del ministerio de Transportes ha empezado a engrasar la guillotina y ha encargado una sesuda investigación interna para saber quién fue el/la lumbreras que ideó, encargó y pagó tanto vagón de vía estrecha. Por su parte, los responsables de las empresas públicas que gestionan la red ferroviaria francesa (RFF) y los trenes (SNCF) ya se han calado la gorra de jefes de estación para llevar a sus respectivas locomotoras a vía muerta y evitar ser arrollados. Se sospecha que fue la descoordinación entre ambas empresas públicas la que ha generado esta ridícula situación que tiene a los franceses abochornados, algo nada fácil de conseguir en el país de la grandeur. ¡Señores pasajeros, próxima estación: la Bastilla!

Enredados en las redes

Dejémonos de medias tintas: los mensajes insultantes, injuriantes u ofensivos en razón del sexo, el color de la piel, el credo religioso o la ideología política son igual de intolerables tanto fuera como dentro de las redes sociales. Corresponde a las fuerzas de seguridad y a la Justicia perseguirlos y castigarlos sea cual sea el soporte que se use para su difusión. Con un matiz importante: difundirlos a través de las redes sociales, que por su propia naturaleza son abiertas y tienen la capacidad de propalarlos a velocidad de vértigo, debe ser un agravante de las penas que ya se prevén en la legislación para este tipo de comportamientos. Lo que no es de recibo es que el Gobierno pretenda aprovechar la alarma social que han generado los mensajes de odio y de incitación a la violencia para aplicarle una nueva vuelta de tuerca al ya manoseado Código Penal y volver a modificarlo a golpe de titulares y declaraciones políticas interesadas. 

No quisiera uno ser mal pensado, pero a veces se tiene la sensación de que al Gobierno sólo le preocupan estos comportamientos cuando se ve directamente afectado. Pilar Manjón, la presidenta de una de las asociaciones de víctimas del terrorismo que nunca ha ocultado su desacuerdo con el Gobierno, ha sido literalmente machacada en las redes sociales sin que nadie hiciera nada por evitarlo. La hoy candidata socialista al Parlamento Europeo, Elena Valenciano, canceló su cuenta en Twitter harta de recibir insultos contra ella y su familia. Nadie tampoco puso entonces el grito en el cielo ni se rasgó las vestiduras ni pregonó que había que endurecer el Código Penal para castigar a los violentos. Podrían citarse aquí unos cuantos casos más muy similares. 

Ahora ocurre todo lo contrario: a raíz de la riada de basura que anegó las redes tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, el ministro del Interior sí ve la necesidad imperiosa y urgente de modificar y endurecer el Código Penal e incita al ministerio de Justicia y al Fiscal General del Estado para que actúen. Por lo demás, se han disparado también las detenciones de internautas por hacer comentarios ofensivos o incitar a la violencia a través de las redes, como si estuviéramos ante un fenómeno nuevo y desconocido. 

Puede que no lo sea, pero esa actitud de Interior huele a doble vara de medir en función de quién es la persona agraviada o amenazada. La inmensa mayoría de los juristas de los que he tenido la oportunidad de leer sus opiniones a raíz de la basura que circuló por la red tras el asesinato de Isabel Carrasco o de la final de baloncesto que perdió el Real Madrid, coinciden en que la legislación actual se basta y sobra para sancionar debidamente estos comportamientos reprobables de tantos pigmeos intelectuales que por desgracia pululan por las redes sociales, y que me perdonen los pigmeos. 

Coinciden también algunos expertos en que, puestos a cambiar o modificar algunos aspectos del Código Penal, tal vez debería pensarse en corresponsabilizar penalmente a determinados prestadores de servicios en Internet. Hablo sobre todo de Twitter y Facebook, sobre los que apenas recae responsabilidad alguna cuando sus usuarios difunden esos deleznables mensajes a través de sus cuentas. Identificar los perfiles de los usuarios y expulsar de la red a los cobardes que se esconden tras el anonimato para injuriar, justificar la violencia e incitar a practicarla debería ser una de sus responsabilidades. A ella cabe añadir mostrarse mucho más ágil en el bloqueo de cuentas con contenido racista y violento y en la eliminación de esos mensajes para evitar en tanto sea posible su propagación. 

Por tanto, piénsese más en las lagunas legales que impiden perseguir y castigar de forma adecuada los abominables comportamientos en la red de los violentos – afortunadamente minoritarios, no lo olvidemos – y menos en aprovechar el río revuelto para buscar la manera de silenciar las críticas contra el Gobierno por la vía de Código Penal, tentación autoritaria a la que este Gobierno y en particular su ministro de Interior parecen muy proclives. Calíbrese bien dónde acaba el derecho a la libertad de expresión y donde empieza el acto delictivo y aplíquese la ley vigente en todo su rigor salvaguardando el primero y castigando el segundo con ejemplaridad y sin contemplaciones. En otras palabras, un Estado de derecho tiene que afrontar este tipo de repulsivos comportamientos en las redes sociales con prudencia, rigor, cabeza fría y cero de hipocresía política.

Seis días de mayo

Si alguien mete la pata hasta la cintura y a pesar de la presión para que la saque tarda seis días en hacerlo, cabe concluir que no la ha sacado de muy buen grado. El candidato popular Arias Cañete se retrató como un benevolente y paternalista machista cuando alardeó de su superioridad intelectual tras el debate con la candidata socialista Elena Valenciano. Eso fue el viernes de la semana pasada, un día después del primer y único cara a cara entre ambos en televisión. El debate – ya lo hemos comentado aquí – nos mostró a un Cañete nervioso e inseguro, aferrado al argumentario de la herencia recibida, y a una Valenciano que tampoco despertó pasiones. Y ahí acabó el debate, dentro de los platós y fuera, porque en los mítines ambos se han dedicado con ahínco al principio del “y tú más”. 

Pero por encima de ese discurso cansino y rallado, desde entonces hasta esta mañana toda la campaña ha girado en torno al improperio machista pronunciado al día siguiente en otra televisión por el candidato popular. Seis días ha estado Arias Cañete eludiendo a los periodistas que le preguntaban si pensaba pedir disculpas y cancelando entrevistas ya pactadas, parapetado mientras detrás de la prensa amiga, los columnistas de guardia, el partido y el Gobierno que se han encargado de dibujárnoslo como un santo varón, dechado de virtudes y feminista de pro. 

Hoy, por fin, se ha rendido pero ha sabido escoger bien el sitio para entonar el mea culpa: la cadena COPE, en donde sabía a ciencia cierta que no le harían preguntas incómodas y encontraría ánimo y comprensión. En todo caso han sido unas disculpas manifiestamente mejorables y no sólo porque haya dejado pasar seis días para pedirlas. También porque las ha matizado cuanto ha podido alegando en su defensa una larga trayectoria de respeto a las mujeres y porque para justificar el tiempo transcurrido no se le ha ocurrido nada mejor que asegurar que “no esperaba que se levantara tanto revuelo” ¿Y qué esperaba? ¿Qué le riéramos la ocurrencia y alabáramos su comprensión para con una pobre mujer desvalida a la que hizo todo lo posible por evitarle el mal trago de someterla a su superioridad intelectual? 

No sé y nadie puede saberlo cuánto le costará en votos su penoso comentario machista y los seis días que ha dejado pasar para agachar la cabeza y pedir disculpas a medias. Lo que es seguro es que no le saldrá completamente gratis y puede que pase mucho tiempo antes de que se olvide su sonado patinazo. Si como es previsible es propuesto para comisario europeo, se tendrá que ver de nuevo en la tesitura de hacer frente a las críticas que sin duda recibirá de otros eurodiputados cuando tenga que pasar el examen en el Parlamento Europeo. 

Se equivocan Arias Cañete y el PP si creen que su machista salida de tono es un asunto doméstico que no ha trascendido las fronteras españolas. Numerosos medios de comunicación internacionales – y no sólo de izquierdas – han criticado sus palabras y han recordado a un italiano llamado Rocco Buttiglione, que quedó a las puertas de ser comisario europeo por sus hirientes comentarios sobre la homosexualidad y por asegurar que el papel de la mujer en la familia es el de tener hijos y ser protegida por un hombre que la cuide. 

Además, con su penoso comentario carca el candidato popular le ha dado a los socialistas, incluidos los de otros países de la UE, un filón electoral que ni en sus mejores sueños podía imaginar el PSOE y, aunque también está por ver el reflejo en las urnas de esa baza inesperada, no es probable que sea muy importante. En el fondo estoy por pensar que a ambos partidos les ha venido muy bien la polémica machista para ocultar ante los ciudadanos la pobreza intelectual y política de sus respectivas propuestas para esta Unión Europea que nos toca tan de cerca pero que los ciudadanos seguimos viendo tan sorda y lejana de nuestras preocupaciones. 

Era poco lo que esperábamos de esta campaña de perfil bajo que está a punto de terminar. Sin embargo, después de estos seis días de mayo enredados en una polémica que Arias Cañete pudo haber zanjado pidiendo disculpas sinceras y sin medias tintas el mismo día en el que hizo sus lamentables comentarios, la sensación de desconcierto, desinterés y hastío es si cabe mayor que el primer día. A pesar de todo es necesario recordar una vez más que votar es un derecho democrático, el fundamental, y los ciudadanos no deberíamos renunciar alegremente a ejercerlo sin antes sopesar las diferentes opciones en juego. Por fortuna, el abanico político en el que elegir no se agota en los dos partidos hasta ahora mayoritarios.     

Un lío universal

La contrarreforma judicial del Gobierno se ha llevado por delante la llamada Justicia Universal que ya había sufrido un severo correctivo en tiempos de Zapatero. El cambio en la ley lo impulsó hace poco de prisa y corriendo el PP y no el Gobierno propiamente dicho. La diferencia parece baladí pero no lo es en absoluto: al presentarse como proposición de ley y no como proyecto de ley se eliminan engorrosos informes precepticos del Consejo de Estado y otros organismos, se acortan de forma sustancial los plazos de tramitación y, por último, la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado hace el resto. Pero fue tanta la prisa que se dio el PP en sacar adelante su iniciativa y evitarle quebraderos diplomáticos al Gobierno que por el camino se dejó algunas puertas muy importantes abiertas. 

Por ella se están largando a sus casas los narcotraficantes apresados por la policía española en aguas internacionales cargados hasta los topes de hachís, cocaína y otras sustancias. Desde que entró en vigor la ley los jueces españoles se han visto obligados a poner en libertad a 43 presos que habían sido detenidos a bordo de embarcaciones repletas de droga. Como las limitaciones impuestas por la reforma popular excluyen de la acción judicial los barcos apresados en los que no viajen españoles, que no tengan bandera española o de los que no se pueda acreditar que viajen a España, los magistrados de la Audiencia Nacional que llevan estos asuntos se ven en la obligación de abrirles las puertas de la cárcel de par en par. 

Como es fácil imaginar, la policía, los agentes de vigilancia aduanera y, sobre todo, las asociaciones que llevan décadas luchando contra las drogas y contra las mafias que trafican con ellas rebosan de satisfacción. Todo el esfuerzo, todas las campañas y todas las horas, semanas, meses y años de investigación policial tirados por la borda porque el Gobierno no quiere conflictos diplomáticos, en frase para enmarcar del portavoz popular Alfonso Alonso. También aplauden con las orejas las policías de otros países que a partir de ahora puede que dejen de compartir información con sus colegas españoles a la vista de que estos sólo podrán sentarse en la costa a ver pasar los barcos con los alijos. Pero para contentas, las redes de narcotraficantes que se podrán tumbar en cubierta a tomar el sol y navegar plácidamente a la vista de la policía española. Lo único que tendrán que cuidar es no meterse en aguas españolas y asunto zanjado.

Así las cosas, el lío en la Audiencia Nacional es de época: los fiscales les piden a los jueces que procesen a los narcotraficantes y estos responden que la ley no lo permite y que se lo pidan al Gobierno. Este calla y mira para otro lado y, que se sepa, aún nadie ha movido un dedo para cerrar ese portón por el que a este paso las cárceles españolas van a ver reducida drásticamente la población reclusa. 

En paralelo, algunos jueces desoyen la letra y el espíritu de la reforma y continúan adelante con sus investigaciones sobre genocidios y crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que acaba de decidir el juez Pedraz respecto al genocidio maya en Guatemala que causó un cuarto de millón de muertos y al asalto de la embajada española en aquel país centroamericano que se saldó con 36 víctimas mortales. Entiende el magistrado que estamos ante un caso de terrorismo y ahí sí que no puede llegar el largo brazo del PP y del Gobierno para impedirle que continúe la investigación. 

Desde mi punto de vista hace bien y lo mismo deberían hacer otros jueces que se encuentren ante casos similares si el Gobierno no rectifica, que probablemente no lo hará: buscar la manera de sortear una reforma que responde sólo a intereses políticos y comerciales y que aparta a España de un concepto de la Justicia ampliamente aceptado a escala internacional, aquel que establece que para la persecución de los crímenes no puede haber fronteras que valgan.

El falso mantra de la recuperación

Alardea el Gobierno de recuperación económica. Lo dicen de la mañana a la noche sus ministros y lo pregonan los candidatos y cargos públicos del PP: la recuperación ya está aquí, ya estamos creciendo y creando empleo, pronto habremos dejado atrás la crisis y volveremos a ser la envidia del mundo. Parecen convencidos en el Gobierno y en el partido que lo apoya de que si repiten muchas veces el mismo y cansino estribillo los ciudadanos terminaremos comulgando con sus ruedas de molino y creyéndonos lo que, como mucho, no es más que una leve y precaria mejoría de las grandes cifras macroeconómicas. 

Sin embargo, las pequeñas cifras, esas que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos y con sus economías de andar por casa, las que hablan del bienestar social y económico de un país apenas interesan ni se mencionan en los grandes discursos políticos. Cuando se trata de poner sobre la mesa la pobreza, la exclusión social, la miseria de los pensionistas, los efectos de los copagos sanitarios, el recorte de las becas, los hachazos a la dependencia o los desahucios los pregoneros de la recuperación económica enmudecen o sufren un súbito ataque de amnesia. Hay, por tanto, que recordarles que el país está muy lejos de ser esa España de color de rosa que ellos nos dibujan. Es más, hay que sacar a relucir cuantas veces sea necesario que no sólo no nos estamos acercando al paraíso en la tierra que nos quieren endosar sino alejándonos de él a pasos de gigante. 

De esa realidad que los ministros y cargos del PP no mencionan nunca en sus discursos acabamos de conocer un nuevo dato que pulveriza su falso optimismo sobre la recuperación económica. Lo ha hecho público hoy el Banco de España, nada sospechoso de ser una institución antigubernamental o antisistema, y asegura que el año pasado 50.000 familias perdieron sus viviendas a manos de los bancos, un 11% más que el año anterior. Del total, casi 39.000 eran viviendas habituales de familias que hoy puede que estén malviviendo en casa de sus parientes, el verdadero amortiguador social de esta crisis ante la saña con la que se ha empleado el Gobierno en poner contra la espada y la pared los servicios sociales. No faltarán tampoco las que se hayan ido con sus cosas a pasar sus días bajo un puente y a vivir de la ayuda de ONGs como Caritas o Cruz Roja, a las que la sociedad española nunca les podrá agradecer lo suficiente que estén haciendo el ímprobo esfuerzo de paliar con sus menguantes recursos la dejación del Gobierno de sus responsabilidades para con los más desfavorecidos por la crisis. 

Es significativo que cada vez más familias que no pueden hacer frente a la hipoteca entreguen la vivienda sin oponer resistencia alguna al desalojo, como pone de manifiesto el descenso del número de lanzamientos en los que intervino la policía. El dato sugiere que son cada vez más las familias que han arrojado la toalla y ya ni siquiera tienen fuerzas para seguir luchando por sus casas ante el desamparo institucional y político que padecen. La aceptación por parte de los bancos de la dación en pago para hacer frente a la deuda sigue siendo anecdótica y las solicitudes de familias en apuros que desean renegociar la deuda son despachadas con una negativa en la mayor parte de los casos. 

Las tímidas medidas con las que el Gobierno pretendió detener la indignación social por los desahucios se han revelado insuficientes y aquel brindis al sol llamado “Código de buenas prácticas” es puro papel mojado sin apenas incidencia positiva sobre las familias con serias dificultades para pagar las cuotas mensuales de su hipoteca. Claro que todo esto se preveía y se le advirtió al Gobierno que, sin embargo, respondió con una gran capacidad para doblar la cerviz ante los sacrosantos intereses de los bancos y sus prácticas abusivas en forma de cláusulas suelo o desmesurados intereses de mora. Así, no dudó en salir en tromba a tumbar por la vía constitucional el decreto andaluz para expropiar el uso de la vivienda a los bancos cuando la familia hipotecada no puede hacer frente a las cuotas. 

Mientras, el llamado “banco malo” sigue especulando con los pisos de las entidades financieras intervenidas cuando su obligación social es ponerlos en el mercado a precios asequibles para las familias desahuciadas o en riesgo de desahucio. Con estas cifras en la mano es casi un insulto a la inteligencia alardear de recuperación económica. Una mentira no se convierte en verdad aunque se repita mil veces y la recuperación económica a día de hoy es una mentira. Y de las gordas.

El debate del buen machista

A un hombretón como Arias Cañete, al que no es capaz de detener ni un yogur caducado, menos lo iba a parar una señora como Elena Valenciano. Ocurre sin embargo que él es un caballero a la antigua usanza, considerado con las señoras, y hace todo lo que esté en sus manos para no dejarlas mal en público. Por eso se guarda su incuestionable superioridad intelectual para no avasallarlas y evitar así aparecer a ojos de los demás como un machista recalcitrante. Y así va estos días por esos pagos de España, pidiendo el voto con una mano y repartiendo superioridad intelectual con la otra. Ahora bien ¿machista él? ¡Qué va, en absoluto! 

Lo demostró anoche, en el debate electoral con la intelectualmente inferior señora Valenciano, a la que le leyó la biblia en verso de la herencia socialista. Que hoy solo se hable en las redes sociales y en los medios del benevolente machismo de Arias Cañete con su oponente política es una muestra elocuente de la profundidad de ese debate televisivo que solo vieron los que no tuvieron más remedio o los demasiado perezosos como para usar el mando y cambiar de canal. 

Ni a posta cabía esperar un debate en el que se debatiera menos de verdad:  tenso, encorsetado, falto de empatía con los telespectadores, el cara a cara de anoche fue uno de los peores debates políticos que uno ha tenido la desgracia de ver en televisión. Con el candidato popular parapetado en sus papeles y gráficos sobre la herencia del malacabeza Zapatero y la socialista sacando a relucir una y otra vez los efectos de las recortes y reformas del malvado Rajoy, los poco avisados debieron de pensar que las elecciones que se celebran el 25 de mayo no son las del Parlamento Europeo sino las del Congreso de los Diputados. 

Eso sí, ninguno de los dos se atrevió a tocar el ascua ardiendo de la corrupción, seguramente porque a los dos les quema casi por igual, ni hubo referencia a alguna a Cataluña, como si esa comunidad autónoma ya se hubiera independizado de España. Por desgracia, es lo que tienen los fraudulentos debates amañados entre los propios partidos políticos como este, que algunos de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos se quedan de común acuerdo en el tintero para que los candidatos no se hagan demasiada sangre en el teatrillo de la refriega política. 

Miren por donde, pero lo cierto es que en el debate previo celebrado en Bruselas entre los principales candidatos a presidir la Comisión Europea - un ejemplo de debate ágil y ameno en el que no quedaron palos importantes que tocar – sí se habló largo y tendido sobre Cataluña y Escocia y hasta sobre corrupción. España fue uno de los países más mencionados, aunque por desgracia, en pocas ocasiones para bien. Visto lo cual hasta podríamos parafrasear a Unamuno y decir aquello de ¡que debatan ellos! Parece evidente que asuntos como la corrupción política o el futuro de Cataluña son sólo tabú para los candidatos españoles que hacen como que esas cosas no van con ellos ni con las preocupaciones ciudadanas por más que estemos hablando de la Unión Europea. 

Si lo que buscaban anoche Arias Cañete y Valenciano era movilizar a sus respectivas parroquias electorales ya pueden irse desengañando. Un debate tan plano e impostado puede que haya conseguido incluso lo contrario de lo que pretendía: desmovilizar a los electores que, cargados de buena voluntad, esperaban tal vez asistir a algo más que al enésimo capítulo del “y tú más” entre los dos principales candidatos. Al final sólo se han quedado con el machismo condescendiente y paternalista de Arias Cañete y la manifiestamente mejorable capacidad de convicción de Elena Valenciano.

¡Suéltame, pasado!

Ando algo confuso sobre si es buena, mala o mediopensionistas la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que viene a garantizar – dicen los titulares de prensa – el “derecho del olvido”. Lo que sea exactamente ese derecho es algo que los expertos juristas que han analizado la sentencia no se atreven a definir o, por lo menos, no coinciden en la definición. A bote pronto se presenta como el derecho de cualquier cristiano a que desaparezcan de Internet sus pecados de antaño, fueran justificados o no. 

La sentencia, fruto de un largo peregrinaje judicial de un abogado gallego, es un varapalo para los buscadores y especialmente para el más grande y poderoso de todos, Google, que asegura estar “decepcionado” con el fallo. Tranquilos que ya se le pasará, aunque al otro lado del charco, allá por Estados Unidos en donde Google tiene su casa madre, el fallo judicial no ha gustado. Por allí son menos exquisitos con la privacidad y este tipo de tisiquis misquis europeos no les entra en la cabeza. 

Aunque no crean, que a este lado del Atlántico no faltan tampoco expertos para los que la sentencia es una soberana bobada. Es cierto que a raíz de esta decisión, un particular descontento con lo que de él se cuenta en la Red podrá dirigirse al buscador de turno, Google por ejemplo, y pedirle que elimine todos los vínculos que enlacen con su persona. Google amablemente estudiará la petición y le tendrá que responder en un plazo máximo de 10 días. Si el peticionario no recibe una respuesta satisfactoria puede recurrir a la Agencia de Protección de Datos para que en su nombre le consiga el “olvido perpetuo” en las redes. De no hacerlo la sanción que le podría caer puede alcanzar los 600.000 euros, una cantidad que como cualquiera puede deducir haría que se tambalearan los cimientos del consejo de administración de Google. 

Claro que las pegas vienen apenas que uno cae en la cuenta de que, aún borrando el buscador nuestros enlaces comprometedores, las cosas feas que uno hiciera en el pasado o en las que se viera envuelto seguirán ahí, exactamente en las páginas web que las publicaron en su momento y con las que el buscador enlazaba. Alguien con tiempo y alguna pista podría encontrarnos sin grandes dificultades y volver a sacar a relucir nuestras vergüenzas. Y es que borrar de un plumazo esas citas se me antoja aún mucho más difícil por no decir imposible que conseguir que Google o Yahoo accedan a olvidarse de nosotros. A lo que cabe añadir que ese derecho al olvido que se proclama en esta sentencia puede chocar con otro derecho no menos fundamental, el derecho a la información. 

¿Se imaginan a un narcotraficante reclamando y consiguiendo su derecho al olvido en la Red para poderse presentar limpio como una patena a unas elecciones? Por otro lado, cabe  preguntarse si el mismo derecho al olvido no cabe ejercerlo también sobre, por ejemplo, los periódicos que han publicado informaciones que nos afectan negativamente y que han quedado negro sobre blanco para la posteridad. Y es sólo uno de los muchos ejemplos que podríamos poner aquí. Está claro que esta sentencia, para unos insuficiente y para otros un hito judicial, antepone el derecho a la privacidad al de la información y no tengo nada claro que eso sea bueno siempre y en todos los casos. 

Mientras lo pienso me quedo con la opinión de algunos expertos que me parece de lo más sensata. Desde su punto de vista haríamos bien en ir implantando en los colegios una asignatura de educación digital para que los chavales aprendan a gestionar su propia privacidad y sepan que no se puede ir por la vida dándole cuartos al pregonero y aireando las respectivas miserias y virtudes ante los ojos morbosos de medio mundo. Por ese camino muchos van a terminar a las puertas de Google gritando aquello que decía Les Luthiers: ¡suéltame, pasado!

El fichero de los tontos

El Gobierno sigue trabajando para hacernos a todos la vida más feliz y placentera. Su último gran logro es la próxima creación de un megafichero al que irán a parar las cuentas corrientes de 34 millones de españoles. Dice que el loable objetivo de la medida es luchar contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Elevados propósitos, vive Dios, si no fuera por varias pegas de escasa importancia que me permito enumerar sin ánimo de ser exhaustivo. 

La primera: Hacienda ya tiene en sus ficheros todas nuestras cuentas y conoce lo que ingresamos, sacamos o transferimos. Otra cosa es que luego vigile a unos más que a otros y tenga que venir el Gran Montoro a ofrecer una amnistía fiscal a los que se lo llevaron crudo a Suiza. Ahí tienen al pobre juez Ruz, cada día más desmejorado, intentando averiguar quién es la “persona políticamente expuesta” a la que se le han descubierto seis cuentas corrientes en Suiza, casualmente en el mismo banco en el que guardaba los magros ahorros de su trabajo Luis Bárcenas del Gran Poder. Se admiten apuestas.  Se me escapa por tanto la necesidad de otro megafichero similar como no sea para otros fines adicionales a los que asegura perseguir. 

Al macrofichero que está preparando el Gobierno podrán acceder jueces y fiscales y en principio no me parece mal si media una investigación judicial sobre el titular de la cuenta fichada. Lo que ya pasa de castaño oscuro es que también puedan husmear en nuestras cuentas la policía y hasta los espías de sombrero y gabardina del CNI y que el control judicial de ese acceso no haya quedado meridianamente establecido. 

Les cuento: la Ley antiblanqueo establece que sólo podrá accederse a las cuentas de los ciudadanos si hay una autorización expresa de un juez o un fiscal. Sin embargo, el reglamento que desarrolla la ley desdibuja ese requisito y abre resquicios para un uso inadecuado de la información financiera de millones de ciudadanos de este país. El riesgo de filtraciones interesadas con fines torticeros y tráfico de datos es demasiado elevado como para ignorarlo, pero eso es lo que parece estar dispuesto a hacer el Gobierno dándole la razón al conde de Romanones y a su célebre frase de “hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos”. Aquí hay que recordar que la Ley se aprobó en tiempos de Zapatero y el reglamento lo acaba de aprobar el Gobierno del PP, con lo que el sentido de la frase cobra toda su vigencia. 

Ahora llegamos a la más interesante y a la pega de más peso contra el megafichero de marras. Los bancos españoles están obligados a volcar en ese supercalifragilísico almacén informático las cuentas corrientes de sus sucursales en España pero no ocurre lo mismo con las que tengan en el extranjero, que se libran. Hasta Montoro sabe que no defrauda y blanquea quien quiere sino quien puede. La gran rapiña de capitales y el fraude no se ventila en este país sino en los paraísos fiscales, en los que varios bancos españoles tienen bien asentados sus reales para clientes “vip” con pocas ganas de hacer amistados con la Hacienda pública española. 

Claro que de haber obligado a los bancos a incluir en el fichero las cuentas en el extranjero, esos delicados clientes habrían huido espantados a Suiza y entonces sí que tendríamos que abrir una sección especial de la Audiencia Nacional en el país del cuco y el chocolate para controlar la llegada y salida de maletines. Ahora,  les invito a que vuelvan a leer el título de este post y reflexionen sobre él.

Un asesinato y mil disparates

El asesinato de la popular Isabel Carrasco en León ha supuesto una verdadera sacudida en la bostezante campaña para las elecciones europeas. Nada más conocer que la presidenta de la diputación leonesa y del PP en la provincia había caído abatida a tiros en lo que parece un caso claro de venganza personal, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas suspendió sus actos de campaña y se sumó a la condena del crimen y a las muestras de solidaridad con la víctima, con sus compañeros y con su partido. Como en tantas otras ocasiones dieron la nota algunas fuerzas como Bildu, que decidió continuar pidiendo el voto como si nada hubiera pasado. 

En una línea similar tuvo que dar la nota un tal Pablo Iglesias, candidato de Podemos. Aunque medio a regañadientes se avino también a suspender los actos de campaña de su candidatura, no se privó en cambio de hacer una reflexión en voz alta por la que le ha caído un más que merecido chaparrón de críticas. Puede que sea un lumbrera como profesor de Ciencias Políticas, pero su demagógico y populista llamamiento a reflexionar sobre la razón por la que los partidos políticos no suspenden sus actos cuando un desahuciado se tira de un balcón o un parado se quita la vida nos lo retrata como alguien con menos sensibilidad humana que un mejillón, aunque haya pretendido demostrar todo lo contrario. En realidad, sus palabras se califican solas y no merecen más comentario que el del desprecio ante alguien que equipara asesinato a suicidio y mete en un mismo saco un asesinato por venganza y uno de los efectos más terribles de la crisis. Allá él y sus seguidores con lo que dicen. 

Un asesinato siempre será un asesinato más allá de la personalidad de la víctima, de su pasado, de lo que haya hecho o dejado de hacer. En otras palabras, nadie merece ser asesinado a tiros ni de ningún otro modo por muy ruin que a algunos les pueda parecer su comportamiento en vida. Por eso, también se gana la repulsa más contundente el descerebrado comentario de una concejala socialista gallega que se ha visto obligada a dimitir después de no privarse de asegurar en las redes que “quien siembra vientos recoge tempestades”, en alusión a la política leonesa asesinada.

Del mismo modo, vincular el asesinato con un enrarecido clima social de acoso a los políticos como consecuencia de la crisis – tal y como hacen hoy algunos editoriales de periódicos de la derecha despreciando las evidencias que circunscriben lo ocurrido al ámbito de la venganza personal – es otro despropósito más de los muchos que cabría mencionar en relación con lo ocurrido ayer en León y un intento deleznable de intentar rentabilizar políticamente un hecho terrible. Si perdemos de vista que bajo ninguna circunstancia y en ningún caso tiene justificación acabar con una vida humana de forma fría y premeditada, habremos renunciado al valor más elemental que debe caracterizar a cualquier sociedad civilizada.

En paralelo, con el cuerpo sin vida de la política leonesa aún sobre el asfalto, comenzó a circular por las redes sociales una riada de repugnante basura trufada de insultos y descalificaciones contra la víctima. Desde la caverna mediática, una de sus más conspicuas representantes no se anduvo con rodeos a la hora de vincular el asesinato con los escraches. De forma mucho más cobarde, sin dar la cara ni identificarse, otros muchos aplaudieron el asesinato y hasta elaboraron una lista de otros cuantos políticos que en su opinión también deberían caer abatidos. 

Este tipo de actitudes cobardes y difusoras de odio y mala baba que las redes sociales amparan, facilitan y multiplican se está convirtiendo en un verdadero problema moral y de orden público que va siendo hora de perseguir y castigar de manera ejemplar. Las sobrevaloradas redes sociales no pueden continuar siendo el parapeto tras el que se esconden estos despreciables francotiradores del insulto, detritus morales que, emboscados en nombres supuestos porque su cobardía les impide dar la cara, son capaces sin embargo de anegar de bochorno y vergüenza a todo un país.

Un molesto jarrón chino

¡Vaya por Dios! Con lo mal que le iba ahora al PSOE en las encuestas para esas elecciones europeas que el 83% de los españoles ni sabe cuándo son y les cae encima a Valenciano y a Rubalcaba todo un jarrón chino llamado Felipe González. El hombre que se aburría como una ostra en los consejos de administración de Gas Natural de los que cobraba la minucia de 126.000 euros brutos por bostezar y echar la siesta, le acaba de abrir un boquete a la campaña socialista de proporciones siderales. Justo cuando Valenciano y los suyos se esfuerzan un día sí y otro también en marcar diferencias con el PP y pregonar que si ganan las elecciones volverán ipso facto las mieles de antaño, va el ex presidente y se descuelga con la ocurrencia de que “si el país lo necesita” no vería con malos ojos un gobierno de concentración entre populares y socialistas al modo merkeliano alemán.

Al menos en esta ocasión han estado rápidos Rubalcaba y Valenciano al rechazar sin medias tintas esa posibilidad, mientras en las filas populares es probable que se anden frotando las manos de satisfacción al comprobar cómo sus principales contrincantes se bastan y sobran ellos solitos para perder las elecciones. La idea de Felipe González, además de suponer un palo en las ruedas de la campaña socialista, denota también un cierto temor ante el ascenso de otras fuerzas políticas que podrían poner en un serio apuro el sacrosanto bipartidismo político de este país. Pero, sobre todo, pone de manifiesto que al ex presidente pactar con el partido campeón de los recortes, los ajustes y las reformas estructurales no le supone el más mínimo cargo de conciencia política.

Es una lástima que en la entrevista en la que el ex presidente soltó su perla no profundizara un poco más la periodista en los objetivos de esa Grossen Koalition que González ve con tan buenos ojos. Cabe preguntarse si se trataría de que el PP se pasara con armas y bagajes a las filas de la socialdemocracia o si sería el PSOE el que abrazaría definitivamente el himno neoliberal, algunas de cuyas estrofas más conocidas ya entonó con buena voz Rodríguez Zapatero en su momento. A la espera de que González nos aclare esa duda existencial en cuanto tenga un hueco en su apretada agenda, me cuesta trabajo imaginarme cómo se sentirán hoy los militantes y votantes del PSOE.

Me pregunto qué se les habrá pasado por la cabeza al ver que eso es todo lo que tiene que ofrecer un referente de su partido como Felipe González a un país con 6 millones de parados y unas tasas de pobreza y exclusión social galopantes gracias en gran medida a las políticas del partido con el que ahora no ve mal formar un gobierno de concentración. Muchos seguro que se estarán planteando si no será mejor irse el día de las elecciones al campo o a la playa en lugar de ir a votar por Valenciano. Para que luego digan los socialistas de Aznar y de su obsesión por hacerle la Pascua a Rajoy siempre que se le presenta la oportunidad. Aquí, tanto PP como PSOE tienen que sufrir a sus respectivos jarrones chinos y en ambos casos coincidir al menos en aquello que al parecer dijo una vez Adenauer y que una vez más hay que traer a colación: “Hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido”.