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Bofetada petrolera

Se puede golpear de muchos modos y con muchas herramientas distintas: manos, piedras, palos, porras, etc. Luego están las decisiones políticas falsamente revestidas de decisiones administrativas regladas que golpean con más contundencia si cabe porque no afectan sólo a una persona o a unas cuantas, sino a toda una sociedad. Del segundo tipo de golpes es la decisión anunciada esta tarde por Ministerio de Medio Ambiente que da luz verde a REPSOL para que inicie prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. No por esperada la decisión, mediatizada sin duda por las presiones del ministerio de Industria y éste a su vez por la propia compañía de la que el ministro canario Soria es habitual portavoz y defensor, es menos dolorosa. 

Y no sólo por las fechas en las que se ha comunicado, pasadas las elecciones al Parlamento Europeo, en la víspera de la celebración del Día de Canarias y el mismo día en el que la mayoría absoluta del PP rechazó en el Congreso paralizar los sondeos para abrir un diálogo con las comunidades autónomas afectadas por este asunto, Baleares, Canarias y Valencia. Sin olvidarnos, además y sobre todo, del fallo que el Tribunal Supremo debe emitir el próximo 10 de junio ante el recurso del Cabildo de Fuerteventura contra la autorización a Repsol. Duele por las fechas elegidas pero, sobre todo, porque el Gobierno del Estado ha ignorado olímpicamente el sentir de una parte muy importante de la sociedad canaria y de varias instituciones insulares y autonómicas, opuestas a los sondeos. 

Así, la petición del Parlamento de Canarias y del Gobierno de Canarias para que los ciudadanos de las Islas se pronuncien en un referédum sobre las prospecciones sólo ha recibido el silencio oficial como respuesta por parte del Ejecutivo de Rajoy. Al mismo tiempo, las irregularidades y deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por REPSOL que denunciaron organizaciones ecologistas y científicos de reconocido prestigio no se han tenido en cuenta. Es más: la información adicional que el propio Ministerio de Medio Ambiente pidió a REPSOL para completar su Estudio de Impacto Ambiental apenas ha podido ser estudiada por las instituciones canarias y se le ha hurtado a los ciudadanos, que tenían derecho a conocerla y a presentar alegaciones antes de que se tomara la decisión anunciada esta tarde

Por otro lado, el expediente para declarar las aguas de Lanzarote y Fuerteventura Lugar de Importancia Comunitaria sigue guardado en un cajón de Medio Ambiente sin que se sepa cómo les afectan los trabajos petrolíferos autorizados hoy. Por el contrario, otros nueve expedientes similares en otros lugares de España se encuentran en un estado muy avanzado de tramitación, algo que el Ministerio no ha sido capaz de explicar con claridad, tal vez porque no puede o porque tiene mucho que ocultar. Por no hablar de la nueva directiva comunitaria que endurece los requisitos medioambientales para las actividades petrolíferas y que casualmente España aún no ha integrado en la legislación nacional. Tal vez ahora, con el permiso a REPSOL resuelto, no tarde mucho en hacerlo. 

Duele también esta decisión porque pone de manifiesto la escasa fiabilidad de las promesas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando en una reciente entrevista con su homólogo canario, Paulino Rivero, se comprometió a estudiar la paralización de los sondeos hasta alcanzar un acuerdo con las autonomías afectadas. Ahora, sus promesas se las ha vuelto a llevar el viento, aunque a eso ya estamos bastante acostumbrados los españoles en general y los canarios en particular. 

Así pues, REPSOL puede empezar cuando a quiera pinchar en los fondos marinos próximos a Lanzarote y Fuerteventura en busca del oro negro que, de haberlo, hará felices a sus accionistas. A los canarios, en cambio, los aboca a posibles daños irreparables para la rica biodiversidad y el medio ambiente de las Islas, pone en peligro la desalación de agua de la que se abastecen en un altísimo porcentaje las islas más cercanas a los sondeos y arriesga a un desastre a la principal actividad económica de este archipiélago, el turismo. A cambio, apenas recibirán alguna migaja en forma de puestos de trabajo indirectos y, por supuesto, ningún beneficio directo de un posible hallazgo de petróleo en sus aguas, del que sólo se beneficiará en primera y última instancia una empresa privada que cuenta a su favor con el inquebrantable respaldo del Gobierno. 

El Ministerio de Medio Ambiente asegura que la autorización anunciada hoy sólo será válida para los sondeos y que para extraer el posible petróleo hará falta un nuevo estudio de impacto ambiental. Ignora el parecer de muchos científicos que se han cansado de advertir de que los sondeos no son inocuos por más que se les quiera enmascarar como simples trabajos de investigación. Que el propio Ministerio admite que los sondeos no son seguros al cien por cien lo demuestran las “medidas preventivas y correctoras” que, según la autorización, REPSOL debe cumplir durante estos trabajos. Afirma también Medio Ambiente que, hasta ahora, ninguna de las prospecciones realizadas en España han tenido repercusiones negativas para el entorno. Hace bien en precisar lo de “hasta ahora” y ojalá que las de Canarias no sean la excepción, aunque nada garantiza ya que no lo puedan ser

Con todo, la más llamativa de las medidas que debe adoptar REPSOL es la que establece que la compañía informará puntualmente en su página web del desarrollo de las prospecciones para que “todos los interesados puedan tener información actualizada del proyecto y seguir su evolución en tiempo real”. Lo que equivale exactamente a poner la zorra a cuidar las gallinas, sólo que en este caso las gallinas son el medio ambiente, la biodiversidad, el abastecimiento de agua de la población y la industria turística. Ahora, la zorra ya tiene la puerta abierta.

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