Alardea el Gobierno de recuperación económica. Lo dicen de la mañana a la noche sus ministros y lo pregonan los candidatos y cargos públicos del PP: la recuperación ya está aquí, ya estamos creciendo y creando empleo, pronto habremos dejado atrás la crisis y volveremos a ser la envidia del mundo. Parecen convencidos en el Gobierno y en el partido que lo apoya de que si repiten muchas veces el mismo y cansino estribillo los ciudadanos terminaremos comulgando con sus ruedas de molino y creyéndonos lo que, como mucho, no es más que una leve y precaria mejoría de las grandes cifras macroeconómicas.
Sin embargo, las pequeñas cifras, esas que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos y con sus economías de andar por casa, las que hablan del bienestar social y económico de un país apenas interesan ni se mencionan en los grandes discursos políticos. Cuando se trata de poner sobre la mesa la pobreza, la exclusión social, la miseria de los pensionistas, los efectos de los copagos sanitarios, el recorte de las becas, los hachazos a la dependencia o los desahucios los pregoneros de la recuperación económica enmudecen o sufren un súbito ataque de amnesia. Hay, por tanto, que recordarles que el país está muy lejos de ser esa España de color de rosa que ellos nos dibujan. Es más, hay que sacar a relucir cuantas veces sea necesario que no sólo no nos estamos acercando al paraíso en la tierra que nos quieren endosar sino alejándonos de él a pasos de gigante.
De esa realidad que los ministros y cargos del PP no mencionan nunca en sus discursos acabamos de conocer un nuevo dato que pulveriza su falso optimismo sobre la recuperación económica. Lo ha hecho público hoy el Banco de España, nada sospechoso de ser una institución antigubernamental o antisistema, y asegura que el año pasado 50.000 familias perdieron sus viviendas a manos de los bancos, un 11% más que el año anterior. Del total, casi 39.000 eran viviendas habituales de familias que hoy puede que estén malviviendo en casa de sus parientes, el verdadero amortiguador social de esta crisis ante la saña con la que se ha empleado el Gobierno en poner contra la espada y la pared los servicios sociales. No faltarán tampoco las que se hayan ido con sus cosas a pasar sus días bajo un puente y a vivir de la ayuda de ONGs como Caritas o Cruz Roja, a las que la sociedad española nunca les podrá agradecer lo suficiente que estén haciendo el ímprobo esfuerzo de paliar con sus menguantes recursos la dejación del Gobierno de sus responsabilidades para con los más desfavorecidos por la crisis.
Es significativo que cada vez más familias que no pueden hacer frente a la hipoteca entreguen la vivienda sin oponer resistencia alguna al desalojo, como pone de manifiesto el descenso del número de lanzamientos en los que intervino la policía. El dato sugiere que son cada vez más las familias que han arrojado la toalla y ya ni siquiera tienen fuerzas para seguir luchando por sus casas ante el desamparo institucional y político que padecen. La aceptación por parte de los bancos de la dación en pago para hacer frente a la deuda sigue siendo anecdótica y las solicitudes de familias en apuros que desean renegociar la deuda son despachadas con una negativa en la mayor parte de los casos.
Las tímidas medidas con las que el Gobierno pretendió detener la indignación social por los desahucios se han revelado insuficientes y aquel brindis al sol llamado “Código de buenas prácticas” es puro papel mojado sin apenas incidencia positiva sobre las familias con serias dificultades para pagar las cuotas mensuales de su hipoteca. Claro que todo esto se preveía y se le advirtió al Gobierno que, sin embargo, respondió con una gran capacidad para doblar la cerviz ante los sacrosantos intereses de los bancos y sus prácticas abusivas en forma de cláusulas suelo o desmesurados intereses de mora. Así, no dudó en salir en tromba a tumbar por la vía constitucional el decreto andaluz para expropiar el uso de la vivienda a los bancos cuando la familia hipotecada no puede hacer frente a las cuotas.
Mientras, el llamado “banco malo” sigue especulando con los pisos de las entidades financieras intervenidas cuando su obligación social es ponerlos en el mercado a precios asequibles para las familias desahuciadas o en riesgo de desahucio. Con estas cifras en la mano es casi un insulto a la inteligencia alardear de recuperación económica. Una mentira no se convierte en verdad aunque se repita mil veces y la recuperación económica a día de hoy es una mentira. Y de las gordas.
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