Reforma abortada

Como buen gallego que es, Rajoy sabe muy bien cuando se aproxima temporal y no conviene hacerse a la mar. Desde su atalaya de La Moncloa el presidente ha oteado el horizonte y parece haber llegado a la conclusión de que no está el oleaje para muchas audacias: las negras orejas del lobo de las urnas se atisban ya en el horizonte del calendario y no es el momento de soliviantar más al electorado, incluido el suyo. Varios hechos vienen a confirmar esta percepción. Después de iniciar el curso político dándose un breve garbeo con Angela Merkel por el Camino de Santiago y pedirle algún cargo para los suyos en la Unión Europea, Rajoy dijo aquello de que la economía española ha dejado atrás los “brotes verdes” y ya “tiene raíces vigorosas”. 

Nada más sobre economía ha dicho el presidente y ninguna “reforma estructural” de calado aparece de momento en su agenda de aquí a las elecciones de mayo y a las generales de noviembre. Parece que, por ahora, se acabaron los viernes de dolor en los que el Consejo de Ministros salía a “reforma estructural” – vulgo recortes - por reunión. Y da igual que las pidan el Fondo Monetario Internacional, la UE o la OCDE, organismos a los que no urgen en absoluto los periodos electorales sino la obligación de presionar a los gobiernos de turno para que hagan los “deberes” que exigen “los mercados”. Ahora que la prima de riesgo duerme la siesta, la respuesta ante esas demandas de más reformas es el silencio o, en el mejor de los casos, que ya se han hecho y “están dando buenos resultados”. 

El acento de la gestión de aquí a las elecciones quiere ponerlo ahora el Gobierno en la regeneración, esa palabra con la que todos se llenan últimamente la boca y que a fuerza de uso y abuso acabará por convertirse en un slogan vacío de contenido como no se pase de una vez de la teoría a la práctica y se deje de marear la perdiz. 

Tres años después de llegar a La Moncloa y cuando soplan vientos electorales poco propicios para el PP, a Rajoy le han entrado las prisas por regenerar la democracia. Sin embargo, la propuesta estrella de esa regeneración, la elección directa de alcaldes, ha quedado de momento aparcada dado el rechazo unánime de la oposición a tragar con una rueda de molino pensada por los populares para salvar de la quema algunas de sus plazas fuertes. Seguir adelante con ella en solitario y contra viento y marea habría sido un desprecio al más mínimo consenso en asunto de tanta enjundia y, sobre todo, una decisión que se da de bruces con la regeneración política que el PP dice defender al menos de boquilla. Salvo improbable acuerdo con el PSOE, que insiste en no negociar sobre este asunto antes de las elecciones, tendrán que arreglárselas como puedan los alcaldes populares y de otras formaciones que ven peligrar en las encuestas su continuidad en el puesto. 

Otra reforma estrella del Gobierno y mucho más polémica si cabe que la anterior, la del aborto, lleva también camino de ir a parar a un cajón del despacho del ministro Gallardón a la espera de tiempos más propicios. Todo hace indicar que Rajoy no dará luz verde a una modificación de la Ley del Aborto que la sociedad no demandaba y que retrotrae la cuestión a los tiempos del franquismo al criminaliza a las mujeres y desandar todo el camino andado hasta ahora. Además de las críticas unánimes a la reforma por parte del resto del arco parlamentario, de organizaciones profesionales relacionadas con la sanidad o la justicia y de una inmensa mayoría de la sociedad que no ve la necesidad de esa modificación pensada en último extremo para satisfacer a la Conferencia Episcopal y a los sectores más rancios de la derecha española, en su mismo partido son numerosas las voces que le han pedido que la retire o que la suavice para consensuarla con la oposición. 

A Gallardón, que en julio aseguró muy convencido que la reforma se aprobaría en el Consejo de Ministros antes de que terminara septiembre, se le acaba el tiempo para ver su gran sueño legislativo cumplido. En algunos foros se especula ya con la posibilidad de su dimisión si finalmente Rajoy decide que no toca reabrir en las Cortes y en la calle el debate sobre un asunto de alta sensibilidad social y política coincidiendo con la precampaña y la campaña electoral que tenemos casi a las puertas. En los cálculos electorales del presidente seguramente pesa mucho más el riesgo de perder cientos de miles de votos que a un ministro de Justicia. O como diría un marinero paisano de Rajoy: no salgas de puerto si las nubes no corren con el viento. 

Petroleando

De nuevo se preparan en Canarias manifestaciones de protesta contra las prospecciones petrolíferas que Repsol se propone iniciar en noviembre en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Este fin de semana se reúnen en Gran Canaria las organizaciones ecologistas de las islas y el próximo lo harán en Fuerteventura las de otros puntos del país en donde también hay proyectados sondeos. En ambos casos el objetivo es intentar detenerlos por la vía de la presión social a la espera de lo que ocurra en las vías administrativa y judicial, además de en la consulta popular que se prevé llevar a cabo antes de finales de noviembre. 

Hasta el momento son tres los recursos de alzada presentados contra la resolución del 13 de agosto – no es casual que fuera en plena canícula y con todo el mundo de vacaciones – en la que el Ministerio de Industria dio el visto bueno a la petrolera de Brufau para que empiece a perforar el lecho marino en busca de oro negro. El primero en presentar recurso fue el Gobierno de Canarias, que no arroja la toalla en su lucha contra un proyecto impuesto a golpe de decreto por el ministro Soria sin consenso social ni político previo alguno. En las últimas horas han seguido sus pasos los ecologistas de Greempeace y los de WWF. Piden también que el expediente se retrotraiga al principio y que se someta a análisis y a información pública la documentación aportada por la petrolera y que – según los recurrentes – no figuraba en la declaración de impacto ambiental. 

Como ya hay experiencia contrastada sobre el modus operandi de Industria en este asunto, Gobierno canario y ecologistas dan por descontado que la respuesta será negativa. El siguiente paso será entonces acudir a la Audiencia Nacional con un nuevo recurso que, en este caso, pedirá expresamente la paralización cautelar de los sondeos hasta que se entre en el fondo de la cuestión.

Casi al mismo tiempo conocíamos esta semana una respuesta del todavía comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea a un europarlamentario que le había preguntado por escrito sobre el cumplimiento por parte de España de la directiva comunitaria sobre informes de impacto ambiental. En su contestación, el comisario asegura que, ”por la información de la que dispone”, la tramitación ha sido acorde con la normativa de la UE. Los partidarios del petróleo han interpretado inmediatamente que Bruselas cierra la puerta a las quejas canarias y han obviado que lo único que ha dicho el comisario – que ya está haciendo las maletas - es transmitir la información que le había hecho llegar el Gobierno español pero sin entrar en el meollo de la cuestión. 

Por tanto, a priori no cabe hablar de portazo de Bruselas a las quejas de Canarias, máxime cuando en la reciente sentencia del Supremo que avaló la convalidación del decreto con el que el ministro Soria resucitó las prospecciones en Canarias, dos de los tres magistrados de la Sala emitieron sendos votos particulares en los que advertían de que el asunto debería elevarse al Tribunal Europeo de Justicia para que dictamine al respecto. 

De todos estos detalles, por cierto, se olvida sospechosamente un reciente editorial de EL PAÍS que carga las tintas contra el Gobierno de Canarias por su rechazo de las prospecciones, una posición que según diversas encuestas es compartida por una buena parte de la sociedad canaria que el periódico de PRISA ignora soberanamente. Ni una palabra hay tampoco en ese editorial sobre la falta de diálogo del titular de Industria con las autoridades de las islas desde que en 2012 reactivó un asunto que Zapatero había aparcado ante la falta de consenso en Canarias y ni una línea se incluye sobre la doble vara de medir del PP con su rechazo al petróleo en Baleares y su apoyo en Canarias. 

Pero como no hay dos sin tres, hoy nos hemos enterado de que el Ministerio de Medio Ambiente acaba de sacar a información pública los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que pretenden crearse en aguas de Lanzarote y Fuerteventura por su rica biodiversidad marina para incorporarlos a la Red Natura 2000. No es casualidad que la decisión se haya tomado poco después de que Industria autorizara a Repsol a iniciar sus trabajos petrolíferos a escasos 10 kilómetros de la zona que ahora se pretende proteger. De hecho, el expediente de este LIC lo había guardado con primor en un cajón el ahora comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, cuando era ministro de Medio Ambiente. 

Mientras, fueron saliendo a información pública los LIC de otros nueve lugares de toda España en donde, claro está, no había prospecciones de por medio. Únicamente ese Ministerio y quienes solo ven en el petróleo un futuro venturoso – para Repsol – y ningún riesgo para Canarias, son capaces de negar la evidencia y sostener al mismo tiempo que los sondeos y el LIC pueden convivir sin problemas a pesar de encontrarse tan cerca entre sí. Cabe preguntarse entonces por qué no se sacó antes a información pública – de hecho, el expediente debía de estar concluido en 2013 – el LIC canario como ocurrió con los otros nueve. ¿Hubiera podido aprobar el Ministerio de Medio Ambiente una declaración de impacto ambiental favorable a los intereses de Repsol con un LIC que casi se solapa con el área de los sondeos? Blanco y en botella en este caso es petróleo.

La cartera de Cañete

Arias Cañete ya tiene cartera, ahora que acaba de empezar el curso escolar. Se lo pensó mejor el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, y le acaba de entregar la de Energía y Cambio Climático después de haber pensado en adjudicarle la de Innovación e Investigación, algo que había puesto a los científicos de la UE a dar saltos de alegría. Lo siento por ellos. Cabe sospechar que después de examinarlo a conciencia hace un par de días, el conservador luxemburgués Junker llegó a la conclusión de que a Cañete le viene mejor una responsabilidad en la nueva Comisión Europea más acorde con su perfil empresarial y sobre, todo, con sus intereses. 

El que fuera ministro de Medio Ambiente con Mariano Rajoy hasta la víspera de las elecciones europeas por la tarde, fue también presidente de la petrolera DUCAR hasta unos meses después de entrar a formar parte del Gobierno. Entonces lo dejó, pero conserva más de 85.000 acciones de la compañía, según él mismo ha reconocido en su declaración de bienes. Entre otros negocios, DUCAR tiene gasolineras flotantes en el Estrecho que son verdaderas bombas de relojería para el medio ambiente. Y por si alguien lo ha olvidado, también dejó listo para la firma el informe de impacto ambiental favorable a las denostadas prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas de Canarias, con cuya rúbrica prácticamente se estrenó en el cargo su sucesora, Isabel García Tejerina. 

Sin duda, para Junker deben de ser méritos más que suficientes para que Cañete asuma sin condicionantes particulares o empresariales de ningún tipo ni incompatibilidad alguna, una cartera de la trascendencia de la política energética de la Unión Europea y la lucha contra el cambio climático. La única tarea que le ha puesto antes de entregarle el maletín es que les explique a los eurodiputados en qué consiste eso de la “superioridad intelectual” de los hombres con respecto a las mujeres que se le escapó en la campaña electoral. Como el nuevo comisario es hombre con sobrados recursos intelectuales y dialécticos no es probable que suspenda ese examen en la Eurocámara.

Ahora son las organizaciones ecologistas las que aplauden entusiasmadas el nombramiento, convencidas de que con el nuevo titular de Energía y Cambio Climático Bruselas va a impulsar por fin de verdad las energías renovables y luchar sin tregua contra el calentamiento global del planeta. Si se lo propone puede que hasta acabe con el agujero de la capa de ozono. Solo hay que echarle un vistazo a las decisiones políticas adoptadas en esta materia por el Gobierno del que el nuevo comisario era miembro hasta hace apenas unos meses para hacerse una idea de lo acertado del nombramiento: por citar sólo una, ahí están los 1.700 millones de euros que con la excusa del déficit de tarifa se les han recortado con carácter retroactivo a las energías limpias de este país por la vía de la supresión de las primas, algo que sólo ha provocado una decena de denuncias de empresas internacionales contra España. 

Por tanto, todos contentos, incluido el Gobierno de Rajoy, que saca pecho y habla del “alto nivel” de la cartera de Arias Cañete. Es verdad que no se trata de un cargo de relumbrón en el anillo económico de seguridad del que se ha rodeado Junker para seguir aplicando a diestro y siniestro la austeridad que le impone su jefa de Berlín, pero tampoco se puede ser tan ambicioso y pedirlo todo – cartera de peso y encima presidencia del Eurogrupo - a cambio de unos cuantos y escasos recortes en servicios públicos y una simple mariscada en Santiago de Compostela. 

Habida cuenta de que la cola para obtener carteras en la Comisión no ha parado de crecer desde que a Bruselas le dio por expandirse como el big bang en todas las direcciones y de que incluso hay que inventarlas y duplicarlas con nombres distintos para dar satisfacción a la creciente demanda, bien nos podemos dar los españoles con la de Energía y Cambio Climático en los dientes. Y por el peso que a todas luces pierde España en la nueva Comisión tras la salida del vicepresidente y comisario de Competitividad, Joaquín Almunia, no hay que preocuparse: Arias Cañete se basta y sobra para compensarlo con creces. 

De Botín a Mas pasando por Rajoy

No seré yo quien se sume con una loa al obituario nacional por la muerte de Emilio Botín. Nada tengo en su contra como persona y nada a favor como banquero. Ni me detendré en sus aciertos ni comentaré sus errores, que supongo que de todo hubo. Tampoco volveré sobre la responsabilidad de la banca y de los banqueros, incluido el desaparecido hoy, en la crisis financiera que con el tiempo ha devenido en la crisis política y social que sufrimos los ciudadanos de a pie. En esa crisis, Botín y el Santander también tienen su parte correspondiente de responsabilidad. Creo simplemente que cumplió con su cometido y mantuvo alto el pabellón de la familia de banqueros más famosa de España. 

El banco seguirá en buenas manos ya que, como establecen los preceptos de todo clan familiar que se precie, ahora es muy probable que lo herede su hija Ana Patricia. La continuidad de la saga está garantizada por tanto. Así que, quienes quieran escribir una tesis doctoral sobre la obra, vida y milagros de Emilio Botín, sólo tienen que echar un vistazo a las ediciones digitales de los principales medios y encontrarán material en abundancia. Particularmente les recomiendo EL PAÍS, en donde no había un despliegue igual por el fallecimiento de un prócer nacional desde que murió Adolfo Suárez. 

Me inspira más desde el punto de vista político el choque de trenes que se avecina en Cataluña. En la Diada de mañana sonará el que puede ser el último silbato de advertencia antes de la colisión y, mientras tanto, los personajes de este drama político permanecen inmutables en medio de la vía. Personaje principal es Mariano Rajoy, quien asegura que ya están previstas todas las medidas necesarias para que la consulta soberanista de noviembre no se celebre. Pero no las dice, con lo cual caben todo tipo de especulaciones. ¿Se incluye entre esas medidas la suspensión de la autonomía catalana si a pesar de todo la Generalitat continúa adelante? No lo sabemos pero no es descartable. 

Enfrente, Artur Mas se enfrenta al callejón en el que él mismo se metió y que ahora tiene cada vez más estrecha la salida. ¿Qué hará si el Constitucional, como es previsible, suspende la consulta? ¿Seguirá adelante con los faroles? ¿Frenará en seco? ¿Convocará elecciones anticipadas de carácter plebiscitario? ¿Pactará con el PSC – PSOE y romperá con una ERC cada vez más montaraz que llama ya abiertamente a la desobediencia civil si no hay consulta? Difícil es saberlo aunque uno supone que tendrá un plan B si el A no sale. 

En realidad, si separamos el polvo de la paja y el cruce diario de declaraciones redundantes entre Madrid y Barcelona, prácticamente nada ha cambiado desde que el presidente catalán decidió tomar el camino de en medio. Nada, salvo la confesión de fraude fiscal de Jordi Pujol con la que seguramente Artur Mas no contaba. El mea culpa del símbolo del nacionalismo catalán de las últimas tres décadas ha caído como un baldón sobre las aspiraciones soberanistas del que Mas y los suyos han intentado escabullirse aunque sin éxito alguno dadas las dimensiones de la desvergüenza del clan Pujol. 

Por lo demás y en el terreno estrictamente político, las posturas siguen tan enfrentadas como desde el primer momento y nada hace prever que variarán un ápice en los escasos dos meses que quedan para la consulta. Rajoy dice que todas las medidas legales están listas y con eso se da por satisfecho, como si sólo estuviéramos ante un asunto de leguleyos y no ante un desafío político de verdadero órdago. Mas, por su parte, reitera a diario el mantra del derecho a decidir que ningún ordenamiento jurídico internacional reconoce, pero que él ha convertido en el lema central de su proyecto soberanista más allá de todo miramiento a la Constitución y a las leyes. 

Uno no puede menos que comparar la situación catalana con la escocesa en donde, en 8 días y con las fuerzas muy igualadas, se votará entre continuar formando parte del Reino Unido o independizarse. Al margen de las diferencias entre los ordenamientos jurídicos británico y español, en donde se aprecia más la divergencia entre ambos casos es en el plano político. Para empezar el referéndum escocés está autorizado por el parlamento británico y el Gobierno de Su Majestad se ha volcado estos días con ofertas de mayor autogobierno a los independentistas escoceses. Hasta ha llegado a colocar la bandera escocesa en el tejado del 10 de Downing Street, la sede del primer ministro, como señal de aprecio y deseo de continuar juntos y ha instado a los municipios del resto del reino a hacer lo mismo. ¿Se imaginan la bandera catalana ondeando en lo alto de La Moncloa? Yo tampoco. 

Hace sólo unos meses, el fallecido Emilio Botín aseguró ante los accionistas del Santander que la “independencia de Cataluña es ilegal” y “no se va a producir puesto que no interesa ni a los catalanes ni al resto de los españoles”. Rajoy no lo hubiera dicho mejor.

No hay cama pa tanta gente

Un mes sí y el siguiente también, Canarias sigue batiendo récords en la llegada de turistas extranjeros a tostarse en las playas de las islas. Volvió a ocurrir el pasado mes de agosto, cuando el número de visitantes llegados allende nuestras fronteras volvió a rondar el millón, un 12,7% más que en el mismo mes del año pasado. Sólo en lo que llevamos de 2014 ya han visitado Canarias más de 7,5 millones de turistas, más del 12% que en los ocho primeros meses de 2013. En paralelo aumenta el gasto global de los turistas que visitan Canaria, aunque más porque crece su número de manera que parece imparable que por que se rasquen más el bolsillo en el destino. Aunque en esto no se ponen muy de acuerdo los expertos, la mayoría coincide en que al menos la mitad del desembolso para pasar una semana de vacaciones en Canarias se hace en origen y no en el lugar elegido para descansar. Al mismo tiempo, son recurrentes las críticas de pequeños y medianos comerciantes y de dueños de restaurantes, cafeterías y otros negocios ligados al sector servicios ante el auge del “todo incluido” al que se apuntan muchos establecimientos hoteleros de las Islas. 

Con este sistema, el visitante se queda durante toda su estancia en el hotel y en él termina haciendo la mayor parte del gasto. Al hotelero le viene bien porque tiene ocupadas las habitaciones pero a los negocios relacionados con el turismo le causa un daño irreparable en ventas y, a la postre, repercute negativamente en el empleo. Claro que, para animar a los turistas a abandonar la piscina del hotel y darse un garbeo por las islas, es imprescindible ampliar y diversificar la oferta complementaria a la de sol y playa. 

Aunque mucho se ha avanzado en este terreno, parece evidente que aún queda bastante por hacer. El objetivo del turismo de calidad, un viejo mantra del que todos se olvidan cuando la situación económica viene mal dada y hay que presentar buenas cifras de ocupación hotelera, no debería abandonarse a las primeras de cambio y tendría que seguir constituyendo la meta de hoteleros y autoridades relacionadas con el sector. Porque, por mucho que nos deslumbren las cifras de visitantes, mejor sería tal vez que no vinieran tantos pero que gastaran más en las Islas. Y ya puestos, uno se pregunta por la incapacidad histórica del empresariado local para contar con touroperador y línea aérea de capital canario que puje por quedarse al menos con una parte del pastel que se llevan los grandes monstruos de un sector que mueve anualmente decenas de miles de millones de euros. 

Sin embargo, para críticas las que reciben casi a diario los hoteleros por no reflejar en los datos del empleo las excelentes cifras en la llegada de visitantes. Ellos se defienden alegando que contratan todo lo que pueden y que no es de recibo que se les exija que resuelvan por sí solos las altas tasas de paro que, a pesar de esas deslumbrantes estadísticas turísticas, sigue sufriendo Canarias. Uno, en cambio, sospecha que algo más podrían hacer. Hay abundantes testimonios que hablan de plantillas insuficientes para atender hoteles con ocupaciones cercanas al 100% y de largas jornadas laborales para paliar la falta de personal. Todo ello repercute en la calidad del servicio que reciben los visitantes y eso es algo que los hoteleros deberían de cuidar porque un cliente satisfecho es un cliente que repite. 

Los turistas son los protagonistas de uno de los negocios más grandes del mundo pero también de los más frágiles: basta un volcán que entra en erupción en Islandia, una revolución política en algún destino competidor, una crisis económica en Alemania o el hundimiento de la libra británica por la independencia de Escocia para que se queden en casa o elijan otro destino más barato. Por no hablar del riesgo de que reviente un pozo de petróleo – Dios y Soria no lo quieran – para que no volvamos a verlos por aquí en unos cuantos años y entonces ríete tu de las cifras de paro. Por tanto, es vital para lugares como Canarias atenderlos con esmero al menos mientras siga siendo nuestra principal industria y eso parece que no tiene visos de cambiar ni siquiera a largo plazo.

Esto incluye también el respeto al medio ambiente y al entorno natural, lo que supone no alicatar las laderas y montes de las islas con bungalows u hoteles de cuatro o cinco estrellas a mayor gloria de empresarios ávidos de hacer caja a toda prisa. No vayamos a acabar con la gallina de los huevos de oro de la economía canaria con la excusa de buscar cama pa tanta gente.

Alcaldada

Regenerar es el mantra elegido por el Gobierno del PP para darnos la brasa hasta las elecciones de mayo. La influencia de Podemos debe de ser ya que, si no, no se entiende la súbita caída del caballo de los populares que han tenido tres años para acometer una regeneración política amplia y consensuada y sólo la sacan a relucir cuando se acercan las elecciones. Bienvenida sería si se cumplieran varios requisitos previos, entre ellos, que de una vez por todas Mariano Rajoy dijera todo lo que sabe sobre el “caso Bárcenas”. Ya es llamativo que el partido cuyo ex tesorero se encuentra en la cárcel por ocultar dinero en Suiza se apunte ahora al carro de la regeneración. 

Al mismo tiempo, si de verdad quieren el PP y el Gobierno regenerar la vida política, deberían decir con claridad  lo que se proponen ofrecer al resto de las fuerzas políticas y acallar las dudas sobre la tentación de embarcarse en reformas de calado apoyándose sólo en la mayoría absoluta de la que usan y abusan en el Congreso. Y por último, para que la propuesta fuera creíble, debería abrirse a asuntos que de momento no aparecen en la agenda regeneradora ni de los populares ni del PSOE – dicho sea de paso -, caso de las listas electorales abiertas o la corrección del perverso sistema electoral español que, por ejemplo, castiga a los partidos que concurren en todo el país a favor de los que lo hacen en un solo territorio. Sólo un dato lo pone de manifiesto: en las elecciones generales de 2011 que llevaron al PP a La Moncloa y le dieron mayoría absoluta en el Congreso, IU obtuvo 600.000 votos más que CiU pero cinco diputados menos.

Sin embargo, la propuesta estrella del PP es la elección directa de los alcaldes por parte de los ciudadanos, una cuestión que no figura precisamente entre las principales reclamaciones sociales de regeneración política y a la que el PSOE se resiste por el momento alegando que no es el momento procesal oportuno, aunque ya veremos cuánto tiempo le dura la resistencia. La propuesta, cuya letra pequeña el PP sigue sin desvelar, llega a pocos meses de unas elecciones municipales en las que según las encuestas los populares podrían perder plazas locales muy importantes. En otras palabras, tiene trampa porque huele a apaño para salvar los muebles con un cambio de la ley electoral ad hoc.

El PP defiende que la elección directa de alcaldes regenera la vida política, acerca la administración a los ciudadanos y evita la corrupción. Suenan bien estos argumentos pero tienen poca consistencia: que un alcalde gobierne mediante pactos con otras fuerzas o con mayoría absoluta no implica necesariamente más o menos corrupción. De hecho, puede pensarse que los pactos son mejor cortafuego de la corrupción que las mayorías absolutas en tanto los socios de gobierno se vigilan y fiscalizan más entre ellos que cuando gobierna un solo partido. Lo de la regeneración y la cercanía a los ciudadanos son razones de poco peso ya que no es la composición de la mayoría de gobierno de un ayuntamiento sino las políticas municipales y hasta el talante del alcalde y de los concejales las que hacen más cercana o lejana la administración municipal al ciudadano. 

Lo poco que se sabe de la propuesta popular que parece guardada bajo siete llaves es que para ser alcalde bastaría con el 40% de los votos o una diferencia sobre el segundo más votado del 5%. Nada ha dicho en cambio el PP sobre cómo conseguiría ese alcalde gobernar un municipio si solo representa a la minoría mayoritaria. Tampoco ha dicho qué encaje constitucional tendría el hecho de que la mayoría de los ciudadanos haya votado por otras fuerzas políticas que sumadas sí representan a la mayor parte del cuerpo electoral. ¿Habrá una segunda vuelta para resolver esa situación? ¿Qué partidos de los que concurrieron a la primera podrían presentarse a la segunda? ¿Se permitirían alianzas electorales entre ellos en una segunda vuelta? ¿Se le adjudicarán al candidato más votado la mitad de los concejales para que tenga mayoría absoluta saltándose incluso el principio de representación proporcional? ¿Se mantendrá la moción de censura? 

A la espera de concreción sobre estos y otros interrogantes, lo más que se puede decir en estos momentos es que el PP, al igual que el resto de las fuerzas políticas, tampoco ha predicado hasta ahora con el ejemplo y cuando se le ha presentado la oportunidad no ha dudado en aliarse con el enemigo para desbancar al partido en el gobierno municipal aunque sea el más votado. Lo que no se entiende – o se entiende demasiado bien – es que ahora nos quiera regenerar de un plumazo dándole dos meses de plazo a la oposición para ponerse de acuerdo sobre la elección de alcaldes y no sobre un amplio y profundo cambio normativo que de verdad merezca el nombre de regeneración política. ¿Y qué hará si no hay consenso? ¿Retirará o cambiará la propuesta o seguirá adelante con los faroles por el bien de nuestra degenerada democracia? Lo veremos.   

Justicia a remolque

A los jueces españoles, a menudo tan vilipendiados, habría que levantarles un monumento en alguna plaza de este país. Por lo menos a aquellos que han tenido la valentía de cuestionarse algunas leyes manifiestamente injustas. De no haber sido por su negativa a aplicarlas sin ponerlas en duda las cosas hoy serían aún peores para muchas familias españolas. Estoy hablando de los desahucios y de los dos varapalos consecutivos que el Tribunal Europeo de Justicia le ha propinado a nuestro país por mantener una legislación hipotecaria obsoleta y pensada para satisfacer sólo a una de las dos partes de cualquier contrato, en este caso a los bancos. Todos tenemos en la memoria el fallo del alto tribunal Europeo a instancias de un juez español contra las leyes hipotecarias españolas que obligó al Gobierno de Rajoy a modificar la normativa. 

Por desgracia y a pesar de la propaganda con la que se vendió la medida, lo que salió de la modificación no ha servido para detener el drama de los desahucios en este país del que, a pesar de que ya no se habla tanto en los medios de comunicación, sigue siendo una realidad cotidiana para muchas familias que después de perder el trabajo han terminado también perdiendo sus casas. Para comprobarlo basta con echar un vistazo a las estadísticas que periódicamente publica el Consejo del Poder Judicial, según el cual, sólo en los tres primeros meses de esta año se han registrado en España casi 18.500 lanzamientos de viviendas y locales, un 7% más que en el trimestre anterior. 

Las peticiones de las plataformas antidesahucio para que se incluyera en la nueva normativa la dación en pago de la deuda, tal y como ocurre en otros países, fueron ignoradas por el Gobierno y los bancos siguieron desahuciando a pesar de que eso significara engordar aún más su volumen de pisos y lastrar sus balances. En Andalucía y Canarias se intentó poner coto al problema con una normativa de expropiación temporal del uso de la vivienda para que las familias en dificultades no fueran lanzadas a la calle por las entidades financieras. Apenas aprobada la suya por el gobierno de la Junta de Andalucía, La Moncloa la llevó al Tribunal Constitucional y pidió su suspensión automática. En Canarias, en donde se quiso copiar el modelo andaluz pero en donde no existe la posibilidad del decreto ley, los cambios se eternizaron al hacerse necesario modificar la ley autonómica de vivienda para incluir medidas que protegieran a las familias en apuros frente a los desahucios y lanzamientos judiciales. 

El Gobierno de Rajoy ha venido presumiendo de que con las medidas aprobadas tras la primera sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Justicia, la legislación hipotecaria se había adaptado a la realidad social y se había dado respuesta al drama de los desahucios. Ma non troppo. Otra sentencia del mismo tribunal, dictada también a instancias de otro juez español y ésta mucho más reciente, ha vuelto a dejar a nuestro país y a su gobierno con las vergüenzas al aire y ha puesto de manifiesto que la modificación anterior se había quedado corta por injusta para con los más débiles. 

Dice el fallo, conocido a mediados de julio, que la legislación sigue siendo injusta porque no se le permite al desahuciado recurrir a una segunda instancia judicial cuando se desestime su oposición a un lanzamiento. Por el contrario, si quien perdía el pleito en la primera instancia era el banco sí podía apelar a una segunda instancia, así de equitativa era la norma. Ahora, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un nuevo cambio normativo, esta vez a través de la Ley Concursal y no de la Ley de Enjuiciamiento Civil como plantea el tribunal europeo, que pone en pie de igualdad a acreedores y deudores: ambos tendrán una segunda instancia si en la primera no ven satisfecha su posición. 

Y uno se pregunta: ¿no cayeron en la cuenta de ese trato injustamente desigual las lumbreras que elaboraron el primer cambio de la normativa? Seguramente lo sabían pero prefirieron hacer la vista gorda a mayor gloria de los bancos con la esperanza de que los jueces siguieran aplicando la ley como hasta ahora y ninguno elevara sus dudas al Tribunal Europeo de Justicia. Se equivocaron y volvieron a poner en evidencia cuál es la vara de medir que se usa en España cuando se trata de elegir entre los que tienen y los que no tienen, a quienes hay que rescatar y a quienes hay que dejar en la calle.

¿Qué hay de lo mío?

Va a tener Mariano Rajoy que invitar a Angela Merkel a otro paseo por el Camino de Santiago seguido de mariscada y albariño si quiere colocar a los suyos en algunos de los puestos clave que acaban de ponerse en almoneda en Bruselas tras las elecciones europeas de mayo. Se las prometía muy felices el presidente español después de conseguir el apoyo de la canciller para que su ministro de Economía, Luis de Guindos, se convirtiera en el nuevo presidente del Eurogrupo. La única pega es que el puesto está ocupado hasta el año que viene y su actual inquilino, el también ministro de economía holandés, no parece dispuesto a levantarse de él para cedérselo al hombre de Rajoy. 

Se llama Jeroen Dijsselbloem – prueben a pronunciarlo sin trabucarse – y ha dicho que no se apartará de su amado cargo antes del verano de 2015, cuando expira su mandato, ni con agua caliente. A los que esperan para moverle la silla, Guindos entre ellos, les ha dicho que será dentro de un año cuando decida si se vuelve a presentar o no, así que lo mejor es que vayan guardando la cola. No contento con dejar de momento al ministro español compuesto y sin cargo europeo de relumbrón, el tal Jeroen le ha mandado un recado que estaría cargado de mucha razón si no fuera porque debería de aplicárselo también a sí mismo:“deberíamos hablar menos del empleo de los políticos y más del empleo de los jóvenes”, ha dicho. 

Mirándolo por el lado positivo y conociendo a Rajoy, hay que admitir que al presidente español le viene muy bien que su ministro de economía no se le vaya antes del verano del año que viene a presidir el Eurogrupo, aunque siempre podría simultanear ambos cargos como hace el holandés sin cortarse un pelo. En caso contrario tendría que enfrentarse al tremendo esfuerzo que le supondría pensar en quién pone en su lugar. ¿Se acuerdan ustedes cuántas semanas estuvo Rajoy deshojando la margarita primero para nombrar candidato y luego para sustituir a Arias Cañete en Agricultura – el único miembro del gabinete que ha cambiado en tres años de legislatura - y cuánto tiempo pasó el entonces ministro simultaneando el cargo oficial con la candidatura al Parlamento Europeo hasta el punto de no saber cuándo actuaba como ministro y cuándo como candidato? 

El ex ministro de la manteca colorá que presumía de consumir yogures caducados también estaba hasta hoy en expectativa de destino en la Unión Europea. Nadie en sus cabales pensó en ningún momento que alguien como él, con su superioridad intelectual, iba a integrarse como uno más en la tropa de más de 700 europarlamentarios y someterse sin protestar a la torre de Babel de la eurocámara. Él y quien ordenó que se fuera a Bruselas con el dedo de designar, aspiraban a mucho más. Concretamente, a que se encargara de una cartera del área económica en la nueva Comisión Europea en la que, a pesar de contar con un montón de puestos vacantes, también hay largas colas para ocupar alguno de ellos. Ahora parece que Arias Cañete no da la talla, al menos en altura, para convertirse en comisario económico con toda la barba. 

El presidente electo de la Comisión, Jean Claude Junker, - otro que se agarró durante años a la presidencia del Eurogrupo gracias a la bendición de su mentora Merkel - parece que lo ve más ocupándose de la Investigación y la Innovación. De hecho, en ese puesto lo ha colocado Junker en un borrador con los miembros del nuevo gobierno comunitario que hoy ha revelado el Financial Times. ¿Arias Cañete de comisario de Investigación e Innovación mientras le dan la cartera de Agricultura a un irlandés, que seguramente ni siquiera sabe lo que es la manteca colorá? Pues sí, como lo han leído: esa será su responsabilidad, lo que pone de manifiesto la importancia que le da el presidente de la Comisión a esos dos asuntos que, en manos de Arias Cañete, sin duda convertirán a la UE en la primera potencial del mundo mundial en ambos terrenos muy por delante de EEUU o Japón. Será por la superioridad intelectual, suponemos. Ángela, por favor, arregla esto. 

La OCDE descubre la pólvora

No es verdad que fueran los chinos los inventores de la pólvora. Eso no es más que un mito que no se ajusta a la realidad histórica. La pólvora la acaba de inventar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe sobre perspectivas de empleo presentado hoy. Tan alta institución que, junto a otras de similar alcurnia como el Fondo Monetario Internacional guardan celosas el Santo Grial con las esencias del neoliberalismo, asegura que bajar demasiado los salarios retrasa la salida de la crisis económica. La razón es que hasta los que tienen trabajo pasan miserias y caen en la pobreza porque, además, han de pechar con la creciente presión fiscal, los recortes y los repagos varios. O dicho en otras palabras, que no les llega el salario para consumir con el entusiasmo al que están llamados para que la rueda del capitalismo pueda seguir girando hasta la siguiente crisis cíclica y vuelta a empezar. 

De verdad, nunca se nos habría ocurrido llegar a una conclusión tan sagaz como la que hoy ha dado a conocer la OCDE. La única pega es que quien ahora descubre que los bajos salarios son un lastre para la salida de la crisis es la misma institución que lleva años exigiendo moderación salarial contra viento y marea. La receta ha sido asumida con fervor por los grandes empresarios y reflejada negro sobre blanco en la reforma laboral española con la que el Gobierno del PP tuvo a bien iniciar esta legislatura de nuestros recortes. 

Todo lo que sobre moderación salarial para ganar competitividad pedía la OCDE, el FMI o la Comisión Europea – los mercados, para entendernos – era inmediatamente asumido y aplicado sin miramientos ni análisis alguno de los efectos perversos que el recorte salarial terminaría generando más pronto que tarde, como está quedando de manifiesto con los afortunados asalariados que han pasado a engrosar las estadísticas de la pobreza y la exclusión social. 

Gracias a los recortes salariales por la vía de cortocircuitar la negociación colectiva, abaratar el despido y precarizar el empleo, ganó España competitividad pero, a la vista de los últimos datos sobre nuestras exportaciones, el efecto ha sido más bien pasajero y flor de un par de días en lugar de las raíces vigorosas de las que acaba de presumir Rajoy. Ningún país puede salir de un hoyo económico como en el que cayó España recortando a mansalva la participación de los trabajadores en la renta nacional mientras ha crecido sin parar la de las grandes empresas. Puede que durante algún tiempo le vendamos más tomates, berenjenas y pepinos que nuestros competidores a alemanes y franceses, pero a medio plazo si el consumo interno no carbura de nada nos vale exportar un poco más. 

Esta caída del caballo de la OCDE y su sorprendente descubrimiento de que salarios bajos equivalen a extender los efectos de la crisis incluso a aquellos que están llamados a tirar del consumo, ponen de manifiesto que empresarios y Gobierno se pasaron de frenada con sus políticas de ajuste salarial y precarizacion loboral a todo trapo. Es la pescadilla que se muerde la cola y eso es algo que no hace falta que nos lo diga ni la sapientísima OCDE ni la bruja Lola: si el consumo no tira las empresas no venden y si las empresas no venden echan más trabajadores a la calle y si hay más paro el consumo se enfría aún más y si el consumo se enfría aún más los bancos guardan el dinero bajo siete llaves. Es la lógica del capitalismo y no hay más vueltas que darle, salvo que el conjunto de la sociedad se decida algún día a apostar por un sistema económico que no fíe su estabilidad al consumo compulsivo y superfluo de bienes y servicios prescindibles y opte por preservar el medio ambiente y los recursos finitos del planeta para las futuras generaciones. 

Pero mientras eso no ocurra – y solo podría ocurrir a muy largo plazo -, una situación económica empantanada como la actual comporta que el Estado no recaude los suficientes impuestos y si el Estado no recauda los impuestos que necesita tiene que endeudarse aún más y hacer más recortes en servicios públicos para cumplir el sagrado déficit y si hay que hacer más recortes y endeudarse más…¿sigo? De todos modos estoy convencido de que este genial descubrimiento sobre la política de salarios que acaba de hacer la OCDE, por un oído le entrará y por otro le saldrá a la gran patronal y al Gobierno que hace tiempo ya han aprendido a escuchar solo lo que les interesa. Hasta puede que Montoro nos recuerde aquello de que los salarios en España “están subiendo moderadamente”. En cuanto a la OCDE, le alabo su perspicacia y genialidad y desde aquí apoyo entusiasmado su candidatura al próximo Premio Nobel de Economía. Es lo menos que se merece, además del agradecimiento eterno de los pobres asalariados españoles.       

Empezamos bien

Eso que, más por convencionalismo periodístico que por otra cosa, se ha dado en llamar nuevo curso político ha arrancado hoy en la práctica con traca de altura en el Congreso de los Diputados. Sin necesidad de ayudarse de su ya famoso Power Point, el ministro Montoro se ha despachado a gusto contra el ex molt honorable Pujol por habérselo llevado crudo durante más de treinta años a paraísos fiscales. No digo yo que no le asista la razón a Montoro cuando arremete como un astado contra el ex presidente catalán, sólo que no se le notó la misma bravura ni la misma preocupación ética y moral cuando le tocó hablar de las cuentas en Suiza de Bárcenas, algo al menos tan feo como lo que ha hecho el patriarca de los Pujol. 

Sin embargo, más allá de afear la conducta pujoliana, poco más de enjundia dijo el ministro. Que Pujol no se acogió a la graciosa amnistía fiscal que el propio Montoro organizó en 2012 a mayor gloria de los defraudadores patrios es algo que ya sabíamos de puño y letra del propio ex presidente catalán. Mientras, lo de que Hacienda llevaba mucho tiempo investigando de dónde sacaba para tanto como destacaba la honorable familia de Pujol, especialmente su hijo mayor con sus casas de 3,5 millones de euros en Pedralbes y su colección de coches de lujo comprados a precio de saldo, es algo que a estas alturas no parece fácil de creer. 

Más bien ha ocurrido que Hacienda – que seguimos sin ser todos – ha mirado durante décadas para otro lado no fuera a ocurrir que una de las estrellas de la añorada Transición se nos pusiera hosco como en el episodio aquel de Banca Catalana y señalara con el dedo de acusar al Madrid de todos los males catalanes, que es lo que precisamente acaba de hacer el Gobierno de la Generaliltat nada más digerir la filípica montoriana de esta mañana. Se ve que determinadas reacciones políticas no cambian con los años y mucho menos con las abrumadoras evidencias por él propio Pujol reconocidas de que durante años defraudó al fisco, a los catalanes y a los españoles en general. 

Ya metido en faena, no dejó pasar Montoro la ocasión de tirarle algunos mandobles al heredero político de Pujol, el muy honorable Artur Mas, y a la consulta soberanista catalana que se nos viene encima como un tren de mercancías salvo que a punto de la colisión frene el convoy aún a riesgo de que descarrile el gobierno de la Generalitat y tengan que saltar todos por la ventanilla de socorro. 

Un Montoro muy crecido también ha presumido hoy de lo bien que va la lucha contra el fraude fiscal en este país de nuestros pufos: 5.500 millones de euros en los primeros seis meses del año ha ingresado el fisco por ese concepto. La única pega – como se han apresurado a recordar los siempre incómodos técnicos de Hacienda – es que esa cantidad es prácticamente la misma que se recaudó en el primer semestre del año pasado y del anterior. Todo ello en un contexto en el que, debido a la crisis, la economía sumergida no ha hecho sino engordar. ¿De qué presume entonces Montoro si, además, el presupuesto destinado a la Agencia Tributaria se ha recortado, como casi todo lo que sea público, y si las grandes empresas, en donde se acumulan las grandes bolsas de fraude en este país, siguen pagando mucho menos impuestos de los que deberían? 

Aunque para presumidos ahí tenemos al mismísimo Rajoy, entregado en este nuevo curso político a las metáforas vegetales y viendo “raíces vigorosas” en la economía española aunque la mayoría de los españolas más bien perciba hojas secas. Entre ellas la del empleo, que hoy le ha dado un mal día al Gobierno después de subir en más de 8.000 personas en agosto y caer las afiliaciones a la Seguridad Social en más de 97.000. Y aún puede que confíe Rajoy en que acabará la legislatura con menos parados de los que había cuando la comenzó, va ya para tres años. Tres años de política económica culminados con la rendición completa y definitiva ante el austericidio merkeliano, escenificada por el propio Rajoy y la canciller alemana a los pies del patrón Santiago y cierra España. 

A la vista de que la economía ya tiene “raíces vigorosas” y de que las hojas del calendario caen cada vez rápido, me huelo que el Gobierno va a dejar de torturarnos todos los viernes con nuevas “reformas estructurales” y se va a pasar de inmediato al campo de la “regeneración democrática” de la que aspira a convertirse en campeón universal. Ya le ha dado un plazo de dos meses a la oposición para que acepte que un alcalde pueda gobernar en un ayuntamiento aunque sólo represente a la minoría mayoritaria de los electores. La incógnita es si aparcará la propuesta – cuya letra pequeña se resiste a explicar - o seguirá adelante con los faroles si la oposición le dice nones al apaño electoral y de casi imposible encaje constitucional con el que se quieren cambiar las reglas del juego democrático a menos de un año de las elecciones para salvar de la quema algunas plazas políticas de mucho relumbrón. Continuará…

Cerrado por vacaciones

Como indica el título de la entrada, esto no es un adiós sino un hasta pronto. Bajo la persiana del blog, en principio hasta septiembre, no sin antes agradecerles sinceramente el seguimiento y los comentarios a los posts que he ido publicando. Lamento muy de veras no quedarme para glosar mañana como se merece el balance que hará Rajoy de su Tercer Año Triunfal en La Moncloa o para comentar las andanzas y desventuras de Jordi Pujol, Luis Bárcenas o los Duques de Palma, entre otros especímenes de nuestra fauna política y judicial. 

En todo caso, me atrevo a adelantarme al balance de Rajoy convencido de que lo que diga no afectará a los cimientos del país ni acaparará grandes titulares durante mucho tiempo. O mucho me equivoco o de su balance de mañana sólo cabe esperar grandes dosis de triunfalismo económico y ni un solo gramo de autocrítica. Hablará seguramente de que “hoy España es un país serio”, de que “gracias a este Gobierno se evitó el rescate” o de que “la economía española ya crece y crea empleo”. Desistan de que aluda ni por asomo a la pobreza y la exclusión social, a las iniciativas retrógradas como la de la reforma del aborto y la LOMCE, a los recortes en los servicios públicos, a lo que nos está costando salvar a los bancos o a la calidad más bien mísera de los puestos de trabajo que se están creando en España a mayor gloria de la competitividad y los beneficios de las grandes empresas. 

No me cabe la más mínima duda de que sacará pecho con la reforma fiscal que le ha preparado Montoro y que mañana prevé aprobar el último Consejo de Ministros de este curso político. Dejará caer la falacia de que beneficia a los que menos tienen y a las clases medias, pero no dirá una palabra de que grandes empresas y grandes fortunas siguen defraudando anualmente miles de millones de euros a Hacienda mientras Montoro juega con el Power Point. Asegurará también que, a pesar de que la previsión de crecimiento económico no pasa de ser un desiderátum y si no se produce no habrá objetivo de déficit que valga, España cumplirá con sus compromisos porque – ya saben – “España es un país serio”. Cómo lo cumplirá llegado el caso si las cosas se tuercen, no hace falta decirlo: con nuevos recortes en servicios y en salarios de empleados públicos, para empezar. 

Ante el tsunami catalán de noviembre se mantendrá en sus casillas de que la consulta es ilegal y de ahí no se moverá un milímetro ni para encontrar una salida ni para decir cómo lo evitará por más que se acerque la hora de la verdad. Será el discurso de quien seguramente se prepara para iniciar con esta comparecencia la campaña electoral para las autonómicas y generales del año que viene. Una comparecencia que se va a producir, miren ustedes por dónde, casi un año después de que  Rajoy fuera arrastrado al Congreso de los Diputados para hablar del caso Bárcenas, un asunto que le perseguirá per secula seculorum por mucho que pretenda escapar por el garaje o esconderse tras un plasma. 

Un año después de aquella comparecencia para autoexculparse y reconocer al mismo tiempo que fue un error confiar en él, el juez Ruz ha concluido la instrucción del “caso Gurtel” y ha imputado a Bárcenas, al Bigotes, a Correa y otros cuarenta y pico bandoleros más de la cueva de Alí Baba y los millones en Suiza. No esperen que de esto diga una palabra mañana Rajoy y si alguien le pregunta responderá lo de siempre. Aquí pueden elegir la respuesta que más les guste entre estas tres opciones: “todo es falso salvo algunas cosas que están ahí”, “sobre lo que usted me pregunta tengo que decirle que no tengo nada que decirle” y “eso no toca en esta rueda de prensa”. 

Pero les prometo una cosa: si mañana Rajoy desmiente lo que he escrito hoy volveré y rectificaré. Si no es así, ¡buen verano y hasta septiembre!

De Mas a menos

Lo sé, reconozco que es un juego de palabras algo facilón pero ya me explicarán ustedes que más se puede decir de una reunión que, a pesar de durar dos horas y media, no sirvió absolutamente para nada. Hablo del encuentro que, anunciado a bombo y platillo desde hace semanas, mantuvieron esta mañana en La Moncloa Mariano Rajoy y Artur Mas. El primero ni siquiera habla catalán en la intimidad y el segundo cada vez habla menos español. Así las cosas, a nadie le puede extrañar que el resultado haya sido literalmente cero. Mariano Rajoy fue a la reunión a hablar de sus cosas y Artur Mas hizo exactamente lo mismo. 

El primero, después de pedir la colaboración de Mas en asuntos económicos, le volvió a espetar que la consulta soberanista es inconstitucional y no se va a celebrar. Mas hizo como que no oyó e insistió una vez más en lo de la consulta no sin antes presentarle a Rajoy un plan de infraestructuras que el Estado debe financiar en Cataluña. ¿Alguien entiende algo? Yo desde luego no: ¿si Mas quiere separar a Cataluña de España dónde encaja que le pida dinero a Rajoy para hacer carreteras? De manera que, acabado el “cordial” encuentro Mas se fue por su lado a hacer sus valoraciones en la sede que la Generalitat tiene en la metrópoli madrileña. La Moncloa, por su parte, despachó el esperado encuentro con una nota en la que, por más que uno la lee y la relee, no encuentra nada que no supiéramos hasta esta mañana. Ah, eso sí: han quedado en seguir dialogando, de lo cual nos alegramos sobremanera. 

A renglón seguido de hablar Mas para explicar que después de ciento cincuenta minutos de diálogo de sordos las cosas seguían exactamente igual que antes, hablaron una tras otra las fuerzas políticas catalanas. Tampoco aquí se esperaba cambio alguno de posición sino más bien lo contrario: cada uno repitió como si de una grabación rayada se tratara sus respectivos argumentos a favor y en contra de que los catalanes voten a favor o en contra de la independencia el próximo 9 de noviembre. ¿Qué ha cambiado pues desde esta mañana en este cansino asunto del soberanismo catalán que acapara esfuerzos, tiempo y energías en un país con prioridades mucho más perentorias? Tentado estoy de decir que absolutamente nada, que el diálogo de sordos sigue siendo la norma y que a este paso tenemos servido un espectacular choque de trenes a la vuelta del verano. 

Mientras Rajoy no salga de sus casillas y Mas de las suyas, mientras no se encuentre la manera de evitar el descarrilamiento sea por esa reforma de la Constitución que el PSOE propone pero que no define con claridad, sea por otra vía, que sigan hablando Rajoy y el presidente catalán sólo nos conducirá a la melancolía y al encontronazo inevitable. Algo sí ha cambiado, no obstante: la fortaleza y la autoridad moral que pudiera tener el nacionalismo de Artur Mas para reclamar la independencia se ha esfumado en buena parte entre los millones de euros ocultos por el ex muy honorable Pujol en paraísos fiscales durante más de tres décadas. 

Poner al factótum del nacionalismo catalán en la calle, dejarlo sin oficina, sin pensión, sin secretarias, sin coche oficial y hasta sin tratamiento de “muy honorable”, difícilmente servirá para apagar el incendio que su desvergonzado comportamiento fiscal ha provocado. Por más que intente Mas alejarse de las llamas y por más “compasión y dolor” que sienta por su “padre político”, el escándalo del dinero de Pujol no declarado a Hacienda no es ni de lejos un asunto privado y familiar. Con ese argumento no va Mas a ninguna parte ni convence a nadie y lo peor es que, todo lo que es en política el actual presidente catalán se lo debe, por mucho que ahora le pese reconocerlo, al que probablemente sea uno de los mayores delincuentes fiscales habidos en la historia reciente de España y de Cataluña. 

¿Cómo cree Mas que puede desligarse de esa herencia indeleble ? Puede hacer todas las frases retóricas que quiera, puede decir que su fuerza no proviene de Pujol sino de los catalanes pero nada de esto le servirá para librarse de la mancha que hoy contamina su proyecto soberanista. Hoy, con la alargada sombra de un corrupto confeso como Pujol oscureciendo el panorama político catalán, por no hablar de los vástagos pujolistas y sus trapisondas con el dinero público, Mas empieza a oler a producto político caducado y averiado, el mismo olor que desprende desde hace unos días su mentor y guía. 

Tiempos reales

Desconozco si es casual o causal pero lo cierto es que al rey Felipe VI no le podía venir mejor que Jordi Pujol confesara sus cuentas ocultas en el extranjero para entregarse a una suerte de catarsis de transparencia en la Zarzuela y aledaños. A más abundamiento, el mismo día del real anuncio entra en la cárcel por corrupción Jaume Matas, otro ex ministro y ex presidente autonómico, y un día después el juez Ruz cierra la instrucción del “caso Gürtel” y pone negro sobre blanco el nombre de los ilustres cuarenta y cinco imputados que se sentarán en el banquillo y entre los que figuran personajes patrios tan respetables como Luis Bárcenas o el Bigotes. 

En medio, como digo, Felipe VI anuncia que prohibirá a los miembros de la familia real trabajar para empresas privadas y encargará una auditoría externa sobre las cuentas de La Zarzuela. Saca pecho el Jefe del Estado y pone tierra de por medio ante la corrupción que anega el mundo de la política y de la que no escapa ni un ex honorable sinvergüenza fiscal como Jordi Pujol. Con su decisión de prohibir a los miembros de la familia real trabajar para la empresa privada le saca los colores a su egregio padre, al que siempre se tuvo como el mejor embajador de las empresas españolas por esos mundos de Dios. 

Si había que negociar un contrato multimillonario para una empresa española con un jeque saudí el encargado de realizar los contactos pertinentes no solían ser el presidente del Gobierno o el ministro del ramo o las empresas interesadas, sino el rey conseguidor, quien realizaba estas gestiones de alto nivel por puro y desinteresado amor a sus súbditos. Y estos eran los “negocios” de los que teníamos conocimiento los españoles, ya que de los otros nada o casi nada hemos sabido nunca y no parece que lo sepamos pronto salvo que a Felipe VI le de otro ataque de transparencia un día de estos. Lo que cabe preguntarse es si piensa seguir los pasos de su padre o se aplicará su propia prohibición y se limitará a la representación institucional más allá de nuestras fronteras, dejando que el Gobierno y las empresas hagan el trabajo que les corresponde.

No menos llamativa es la evidencia en la que el anuncio del rey deja al PP, que se opuso hasta el final con uñas y dientes a incluir a la Casa Real en su timorata Ley de Transparencia que al final tuvo que sacar adelante en solitario, como tantas otras en esta legislatura. Sólo la presión de todos los grupos de la oposición y de la opinión pública, alarmada por los casos de corrupción que afectaban al entorno familiar del titular de la Corona, le hizo entrar en razón pero sólo un poquito, lo justo para no molestar y la institución monárquica también se incluyó en la ley. Las decisiones ahora anunciadas por el nuevo rey van más allá de lo que la propia ley establece para la Casa Real y ponen de manifiesto que hay partidos políticos a los que la luz del día les molesta en los ojos y prefieren vivir con las ventanas y las puertas bien cerradas aunque huela a podrido a miles de kilómetros. 

Por lo demás, el ejercicio de transparencia que ahora anuncia Felipe VI con el claro propósito de intentar recuperar parte del prestigio y el respeto perdidos por la monarquía española debido a la mala cabeza de su padre y a los negocios sucios de su hermana Cristina y su cuñado Urdangarín, también tiene un evidente fin preventivo. Además de sacar a orear en qué se gasta la Corona el dinero que año tras año le entregamos los españoles, el rey quiere evitar que, cuando sus hijas crezcan, se echen novio y se casen, vuelvan a asistir los españoles a la deplorable imagen de yernos practicando los cien metros libres para huir de la prensa e infantas haciéndose pasar por tontas del bote ante un juez. 

Ahora bien: ya que tanta transparencia quiere imprimirle a su reinado, también podría el nuevo rey aclararnos qué sabía de los negocios del duque que corría y de la implicación en ellos de la hermana infanta que no sabía nada de nada de las causas por la que corría aquel. Ya puestos, que nos diga también si en su condición de príncipe heredero pudo hacer algo para evitar el trinque que se había organizado ante sus mismísimas barbas o prefirió dejar pasar y dejar hacer, tal y como hizo su padre. Para una declaración de ese tipo no es necesario que espere a que cualquier día de estos nos volvamos a despertar los ciudadanos con la noticia de que otro político español atesoraba un potosí en algún paraíso fiscal. Hoy mismo es buena ocasión.

Traca (casi) final

Estaba yo a punto de agenciarme la toalla y las gafas de sol para tomarme un pequeño respiro en esto de glosar la actualidad patria, cuando han vuelto a saltar todas las alarmas. Está visto que a algunos no se les puede dejar solos porque a las primeras de cambio hacen de su capa un sayo y de su herencia una cuenta corriente en alguno de esos numerosos paraísos fiscales que quedan por el mundo a la espera de que un Sarkozy futurista reinvente el capitalismo. Hablo – ya lo habrán captado – del honorable Jordi Pujol que, compungido y arrepentido, acaba de confesar que en más de treinta años no ha tenido ni un momento de sosiego para regularizar ante Hacienda el dinero que – según él - le dejó su padre en uno de esos paraísos al que sólo van los que tienen dinero que poner a salvo. 

Es normal que esto le ocurra a un hombre con una agenda tan cargada como la de Pujol, que lo mismo tenía que negociar acuerdos de gobierno con Aznar para garantizar la estabilidad política del país que llevar las riendas catalanas hacia el soberanismo final. En esas condiciones de estrés y corre que te corre, cómo iba a sacar tiempo para presentarse en la oficina de Hacienda más cercana y explicarle al funcionario de turno que él también tenía una cuenta en Suiza o en Andorra sin ir más lejos, como cualquier hijo de vecino que se precie. Así que no hagamos leña del árbol caído y perdonemos su involuntario olvido, seguro que no lo hizo con ánimo de defraudar al fisco ni cosa parecida. 

Eso es impensable en alguien que siempre se ha caracterizado por exigir ejemplaridad ciudadana, que reclamó una agencia tributaria para Cataluña y que puso de modo aquello de “España nos roba” mientras él ocultaba su dinero al fisco común tal vez porque el origen no era precisamente inmaculado. Pero insisto: si sus propias lecciones de moralidad no se las aplicó a sí mismo sólo fue por falta de tiempo y no de voluntad. Sospecho que con las prisas tampoco se acordó Pujol de explicar en su explosiva nota del pasado viernes cuánto dinero le legó su padre que en paz descanse y en gloria esté o quiénes de su familia han regularizado su situación con Hacienda gracias a la comprensiva amnistía fiscal de Montoro. Y no es la menor de las lagunas de su nota la que hace referencia al origen real del dinero oculto. Una despechada ex nuera de Pujol ha dicho hoy que de herencia paterna nada de nada, que el dinero procede de las comisiones amasadas por adjudicaciones públicas durante los más de 20 años que el honorable presidió la Generalitat. 

A todas esas dudas deberán contestar él, su esposa y sus vástagos, algunos de los cuales también se han caracterizado en los últimos tiempos por ser unos hábiles gestores del dinero de los demás en su propio beneficio como es notorio en los casos judiciales que tienen abiertos. Y aquí todo apunta a que han sido esas investigaciones judiciales las que estaban cerca de destapar que el patriarca tenía dinero en algún paraíso fiscal que no había sido detectado por Hacienda – el día que Hacienda detecte uno de estos fraudes millonarios me hago monje budista - y Pujol no ha tenido más remedio que tirar de su propia manta y quedarse con todas sus vergüenzas fiscales al aire para proteger a la familia. 

En su vertiente política, el mea culpa del ya poco honorable Pujol echa por tierra otro de los mitos de la Transición y la imagen de político de estado de la que se hacían lenguas sus admiradores y hasta sus detractores. Pero lo que de verdad queda contra las cuerdas es el proceso soberanista catalán del que Pujol era el buque insignia y la inspiración hasta el día mismo de su confesión. Los partidos que apoyan el referéndum se apresuran ahora para establecer un amplio cortafuego que aleje de ellos y de sus planes las llamas provocadas por el descarado y vergonzoso comportamiento de Pujol, al que quieren expulsar del partido que fundó y retirarle los privilegios y emolumentos de los que aún disfruta. Empeño vano, me temo, cuando quien se presentó ante los ciudadanos como el adalid de la honradez y la virtud y casi como el padre de la moderna Cataluña resultó ser sólo un sivergüenza, eso sí, muy honorable.

PSOE:¿cambiando o continuando?

No soy muy amante del gerundio, esa forma verbal del español de la que con frecuencia se abusa o emplea de modo incorrecto. Los socialistas, en cambio, no le tienen miedo y han elegido precisamente, no un gerundio sino tres, como lema de su congreso extraordinario de este fin de semana: “Cambiando…cambiando el PSOE…cambiando España”. Se me ocurre que en lugar de elegir “cambiando” como lema y leit motiv del cónclave también pudieron haber optado por algo menos progresivo y más contundente y definitivo, por ejemplo, “cambiamos” o “hemos cambiado”. Mas no le metamos prisa a Pedro Sánchez y los suyos: aún tienen por delante una dura tarea antes de encontrar el oasis en el que saciar su sed de votos y en el que también quieren beber hasta dejarlo seco otras fuerzas como Podemos. 

Sin duda, el congreso será un punto de inflexión en ese camino y de su éxito o fracaso dependerá que el oasis se acerque o se aleje como un espejismo en el horizonte. Lo primero que tendrá que conseguir Sánchez es una ejecutiva integradora y que cuente con amplio respaldo de los delegados. El primero de los nombres lo anunció hoy mismo el propio Sánchez al designar a César Luena como nuevo secretario de organización, que a todos los efectos será su número dos en la dirección. Luena es un desconocido dirigente riojano del que en principio sólo cabe decir que se le reconoce el valor, como a los soldados en la mili. Es probable que Carmen Chacón, derrotada en Sevilla, y Patxi López, dimisionario del PSOE vasco, pasen a formar parte también del núcleo duro de este PSOE en cambio progresivo. 

Sea cual sea la composición, los nombres y el perfil de esa ejecutiva, una de sus primeras tareas será determinar qué ocurrirá con las primarias abiertas para elegir al candidato socialista a La Moncloa previstas para noviembre. Si bien los barones no ven con malos ojos retrasarlas, tal y como ha sugerido con claridad el nuevo secretario general, no todo el mundo en el partido opina lo mismo y exige que se celebren en la fecha acordada y comprometida. Desde luego, mal empezaría este PSOE cambiante si lo primero que hace es cambiar sus propios compromisos por un mero cálculo electoral. Que Sánchez recibirá parabienes y felicitaciones de los barones tras ser aclamado nuevo secretario general sobra decirlo. Mucho más interés tendrá saber si aprovechará el congreso para iniciar la carrera rumbo a La Moncloa o si llegado el caso opta por la temida bicefalia de ingrato recuerdo para el PSOE y le cede el paso a Susana Díaz, con la que parece consultar todas sus decisiones importantes a pesar de haber pedido autonomía para dirigir el partido. 

Por lo demás, este congreso carece de contenidos programáticos dignos de mención, salvo algunas ponencias de relleno para pasar la tarde del sábado charlando entre camaradas. Y es ahí en donde, en mi profana opinión, flaquea con claridad un encuentro que, visto desde fuera, parece pensado más para elevar a Sánchez a los altares que para lanzar dos mensajes claros y contundentes a militantes y ciudadanos. A los primeros tendría que explicarles Sánchez cómo va a renovar el partido, cómo se va a canalizar la participación desde las bases a la cúpula y cómo va a hacer para que las ventanas y las puertas no vuelvan a cerrarse después de este fin de semana y del ejemplar proceso de primarias que lo han llevado a la máxima responsabilidad en el PSOE.

A los ciudadanos tendría que decirles que el PSOE renacerá de sus cenizas con una propuesta política que se diferenciará con claridad del neoliberalismo rampante y que será capaz de hacer viable el magullado estado del bienestar, santo y seña de identidad de la hoy alicaída socialdemocracia que purga sus propios errores. El gesto de ordenar a los eurodiputados socialistas españoles que votaran en contra de Junker como presidente de la Comisión Europea, no suple ni de lejos la alarmante falta de ideas políticas alternativas que exhibe Sánchez por mucho que se esté en contra de todo lo que representa el político luxemburgués. Dado que Sánchez apenas ha dicho nada hasta el momento sobre el futuro del partido o sobre el futuro de la socialdemocracia en España, cabe plantearse esta pregunta: ¿cambiando o continuando?

Hacer el ridículo es gratis

Alberto Ruiz-Gallardón debería de estar a esta hora firmando su renuncia como Notario Mayor del Reino después del varapalo que acaba de propinarle el Tribunal Supremo a la reforma express de la Justicia Universal. Por unanimidad, los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo acaban de enmendarle la plana con todas las de la ley a la Audiencia Nacional y de rebote al ministro de Justicia, al Gobierno del que forma parte y al partido al que pertenece. Los magistrados respaldan por unanimidad el parecer de la fiscalía contra la excarcelación de más de medio centenar de presuntos narcotraficantes pescados in franganti en alta mar. Esto obligará ahora a la Audiencia Nacional a ordenar su detención después de haber permitido que salieran en libertad según su sabia interpretación de la renovada Justicia Universal aprobada de prisa y corriendo en las Cortes. 

Alegaba la fiscalía y comparten sus puntos de vista los magistrados del Supremo, que los convenios internacionales de los que España es signataria le impiden mirar para otro lado en la lucha contra el narcotráfico por más que los presuntos responsables sean detenidos en aguas internacionales, que el barco no tenga bandera española o que la droga no tenga como destino nuestro país. Nada nuevo por otro lado: ese mismo argumento lo habían sostenido, por ejemplo, los sindicatos policiales y las organizaciones de atención a la drogadicción, además de numerosos jueces de todo el mundo. Todos se llevaron las manos a la cabeza alarmados ante la alegría con la que el Gobierno español hacia dejación de sus obligaciones internacionales de perseguir el tráfico de drogas. De manera que también los jueces de la Audiencia que dieron carta de naturaleza a tamaña chapuza jurídica deberían de plantearse la posibilidad de dedicarse a otra cosa. Ridículo no, lo siguiente: bochorno nacional e internacional. 

Todo este sainete trae causa de la celeridad con la que se afrontó la cuasi extirpación de la Justicia Universal en España por parte del PP. Al Gobierno español se le metió el susto en el cuerpo cuando los chinos se pusieron como tales y le reprocharon que un juez español hubiera dictado orden de detención contra varios dirigentes de Pekín por el genocidio en el Tíbet. Sin pensárselo dos veces encargó al PP una reforma urgente de la Justicia Universal que dejara a los jueces españoles atados de pies y manos para perseguir ese tipo de crímenes. De esta manera, la reforma se pudo hacer por la vía de la proposición de ley y no del proyecto de ley, lo que acortó los plazos al evitarse trámites como el informe del Consejo de Estado y otras innecesarias pérdidas de tiempo: había que cambiar la ley cuanto antes para calmar a los chinos. 

En la operación “reforma legal de la Justicia Universal a mayor gloria de las relaciones comerciales con China y Estados Unidos”, cayeron las violaciones de derechos humanos en el Sahara o en Guatemala y la investigación sobre el asesinato a manos estadounidenses del cámara José Couso, entre otras causas. Pronunció entonces el portavoz popular, Alfonso Alonso, una frase que pasará a la posteridad como ejemplo de lo que le preocupan a este señor y a su partido los derechos humanos y su defensa: “La Justicia Universal despierta falsas expectativas y sólo crea quebraderos diplomáticos”. El Gobierno chino no tardó en agradecer el gesto a España y aseguró que ahora sí podemos hacer negocios sin que ningún juez nos esté tocando las narices. 

Claro que, de paso, también se beneficiaron de este disparate los narcotraficantes que, de la noche a la mañana, vieron abiertas las puertas de las prisiones en donde esperaban juicio. Teniendo en cuenta que muchos de ellos son extranjeros y probablemente ya hayan puesto pies en polvorosa, tengo un gran interés por saber cuántos podrá detener de nuevo la policía para ponerlos otra vez a buen recaudo.

Mas no debería limitarse el Supremo a tumbar la excarcelación de narcotraficantes sino dar un paso más: tumbar toda la reforma en su conjunto por cuanto también vulnera convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por España. A ver si así el Notario Mayor del Reino, que con tanta abnegación defiende valores como el de la vida, recibe por fin el mensaje de que jugar y hacer el ridículo en todo el mundo con algo tan sagrado como la Justicia y los derechos humanos no le puede salir gratis.

Ser banquero en España

No se dejen engañar: ser banquero en España tiene menos riesgo que tumbarse en el sofá a hacer la siesta mientras en La 2 ponen un documental de leones. Salvo que uno se escape del plasma y nos dé un bocado, nada hay que temer. Banquero puede ser cualquiera y a las pruebas judiciales me remito. Ni siquiera es necesario parecer honrado, basta con decir que lo es. Cualquiera puede abrir un banco y darle la forma que más le guste: piramidal y tonto el último o porticado con columnas de mármol y escudos heráldicos en el frontis. De puertas adentro apenas ninguno se diferencia del resto, todos se dedican a lo mismo, a barrer para casa. 

Un suponer: uno abre una caja de ahorros y de buenas a primeras se le hacen los ojos chiribitas ante las grúas y las altas torres de hormigón que empiezan a nublar los despejados cielos del país. Rápidamente concluye: aquí hay negocio. Sin pensárselo dos veces se lanza a dar créditos a tontas y a locas, sin exigir garantías de devolución y con propinas para los muebles, la tele y el coche. De paso engoa a unos cuantos miles de jubilados y niños de pecho con unas irresistibles participaciones preferentes y a fin de año presenta unos resultados que son la envidia del rey Midas. 

Un día cualquiera empieza a soplar un viento amenazador que en poco tiempo se convierte en huracán y las grúas y andamios empiezan a venirse abajo en cascada. Las altas torres se quedan a medio construir y el banco o la caja del cuento empiezan a acumular créditos impagados y pisos que nadie quiere o puede comprar. Se reúne entonces el consejo de administración y pide calma al tiempo que aprueba una subida del sueldo y las pensiones de los directivos por si la cosa se pone muy fea y hay que salir de naja. En el peor de los casos – calculan con mucha perspicacia – siempre nos quedará el comprensivo gobierno de turno para sacarnos del lío si en lugar de un banco nos quedamos con un queso lleno de agujeros. 

Dicho y hecho: las cosas empeoraron de tal manera y los números rojos alcanzaron un rojo tan intenso que el caritativo gobierno salió en defensa del sagrado sistema financiero y echó sobre la espalda de los españoles un “generoso” préstamo de 100.000 millones de euros de la “troika” para limpiar la porquería acumulada bajo las alfombras de los lujosos salones en los que se reunía el consejo de administración. Luego, cuando ya los había apuntalado con dinero público, los puso en venta al mejor postor y alardeó de lo bien que lo estaba haciendo y de la confianza que volvía a tener el mundo mundial en el sistema financiero del país. 

Apliquen este cuento a la realidad más actual y verán que coincide casi punto por punto. Los españoles acabamos de perder la nada despreciable cifra de 11.000 millones de euros – casi lo mismo que nos cercenó el año pasado el Gobierno en educación y sanidad - para salvar a Catalunya Bank del batacazo que merecía por la mala gestión de sus directivos. Entre ellos figuraba el que fuera vicepresidente del gobierno y ministro de Defensa, Narcis Serra, y cuarenta más - ¿a qué me suena lo de los cuarenta? - que con los rojos números ya sobre la mesa se subió el sueldo por encima de los 800.000 euros anuales. 

El Gobierno se la ha vendido ahora al BBVA por apenas 1.000 millones de euros no sin antes haberla apuntalado con 12.000 millones de todos nosotros. Y esto es solo una pequeña parte del dinero público que ha utilizado el Gobierno para tapar los agujeros bancarios en este país, unos 60.000 millones de euros según algunos cálculos sin contar los avales del Estado para que los pobrecitos pudieran emitir deuda. De esa cantidad apenas hemos recuperado el 4% y gracias: de los más de 22.000 millones de euros que pusimos a escote para que no cayera Bankia no veremos un euro y de los bancos nacionalizados que aún quedan por sacar a subasta es posible que tampoco veamos nada. Todos ellos, por cierto, han seguido desahuciando a familias sin recursos para pagar la hipoteca y nadie desde el Gobierno les ha dicho nunca zape. 

Dicen algunos que el capitalismo no puede funcionar sin un sistema financiero saneado y puede que no les falte algo de razón. No dicen, sin embargo, que el saneamiento del banco o la caja en cuestión tengamos que pagarlo los contribuyentes con nuestro dinero para luego regalárselo envuelto en papel de colores al que haga la oferta más generosa, que siempre estará muy por debajo de lo que nos ha costado el estropicio y las alegrías de otros. Sí estoy seguro de una cosa: son los bancos los que no podrían vivir sin un sistema económico y político como el de España, en donde ser mal banquero y llevárselo crudo no sólo no se castiga sino que tiene premio y reintegro.