Brasil pierde el Mundial

Dentro de unas 48 horas millones de personas en todo el planeta se sentarán frente a sus televisores para ver el partido inicial del Mundial de Fútbol 2014 de Brasil entre la “canarinha” y Croacia. Sin embargo, tanto mañana como durante el resto del torneo, la atención no sólo va a estar centrada en lo que ocurra en los 12 estadios de fútbol repartidos por otras tantas ciudades brasileñas sino también en las calles de esas ciudades. El Mundial de Fútbol, que deja a su paso un imponente reguero de millones en forma de infraestructuras deportivas, derechos de televisión, publicidad o primas a jugadores estrella, ha sido sin embargo recibido de uñas por una buena parte de la población brasileña. Las encuestas aseguran que poco más de un tercio de los ciudadanos de ese gigantesco país creen que la celebración del torneo de los torneos futbolísticos será positiva para Brasil, por mucho que la presidenta Rousseff se empeñe en intentar convencer de lo contrario.

Este inesperado desafecto por el fútbol en el país más futbolero del mundo tiene sin embargo su reflejo más palpable en las calles de ciudades como Sao Paulo, la mayor urbe brasileña, en donde desde hace un año se suceden las huelgas y las manifestaciones de protesta contra los desorbitados gastos económicos que le supondrán el evento a un país en el que la desigualdad en el reparto de la riqueza sigue siendo la nota social más característica de la realidad diaria y en el que la sanidad, la educación, los transportes públicos y la seguridad ciudadana siguen dejando mucho que desear para millones de brasileños. Nada que ver esa realidad con las postales de Copacabana y las puestas de sol a ritmo de bossa nova.

Estas protestas, reprimidas con dureza por la policía hasta el punto de que Amnistía Internacional ha tenido que terciar y pedir al gobierno brasileño que evite la tentación de aplicar a los manifestantes la ley antiterrorista, dejan al descubierto la verdadera realidad social de un país aclamado en los foros económicos internacionales y en los grandes medios de comunicación de todo el mundo como una de las revelaciones de la economía emergente junto a Rusia, India o China. Es cierto que el Brasil de Lula da Silva y de su sucesora Rousseff, que se juega en este Mundial su reelección el próximo octubre, ha progresado socialmente en los últimos años y millones de brasileños han conseguido salir de la pobreza. Pero no ha sido suficiente y las carencias de todo tipo siguen a la orden del día como reflejan varios datos estadísticos que casi hablan por sí solos y que desmienten el “milagro brasileño”.

Brasil, considerada la séptima potencia económica mundial, ocupa sin embargo el puesto número ochenta y cinco en el índice de desarrollo humano, tiene 13 millones de analfabetos y cada año registra 50.000 asesinatos para 54 millones de habitantes. A pesar de los incrementos salariales de los últimos años, sólo en Río de Janeiro, que en 2016 acogerá las Olimpiadas, hay más de mil favelas en donde campa a sus anchas el tráfico de drogas y la consecuente inseguridad. Una idea cabal de la desigualdad de rentas entre los brasileños la refleja el dato de que el 10% más rico del país se queda con casi el 42% de la riqueza nacional mientras el 40% más pobre apenas accede al 13%.

Con estas cifras a la vista y teniendo en cuenta que el gobierno gastará unos 11.000 millones dólares en infraestructuras deportivas, algunas de las cuales  ni siquiera se han terminado para el inicio del campeonato, no es difícil comprender la razón del rechazo masivo de los brasileños a un evento que de deportivo tiene lo justo y que le supondrá nuevos pingües beneficios a la corrupta FIFA. Todo ello mientras la sanidad, la educación, los transportes o la seguridad sufren todo tipo de penurias por falta de recursos públicos. Puede que la “canarinha” gane el Mundial de Fútbol pero el de las calles brasileñas y el de la imagen de un país en ascenso económico imparable ya lo ha perdido Brasil por goleada.

Es la comunicación, estúpido

El PP tiene un problema: la comunicación. La comunicación – la mala comunicación, se entiende – fue la justificación de los pésimos resultados electorales obtenidos por Arias Cañete en las europeas del 25 de mayo en donde el PP perdió 2,6 millones de votos y 8 escaños en la eurocámara. “Es un problema de comunicación que analizaremos y corregiremos”, dijo al día siguiente María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido. Ahora, los populares vuelven a echar mano del mismo argumento para intentar encontrarle una explicación a que decenas de miles de ciudadanos salieran el pasado sábado a la calle en toda Canarias contra las prospecciones petrolíferas. “No hemos sabido comunicar bien”, ha dicho en esta ocasión el subsecretario de Estado de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento. 

Algún otro dirigente popular se ha permitido incluso insinuar que los manifestantes estaban mal informados sobre las ventajas y la inocuidad de las prospecciones y extracciones petrolíferas y que acudieron a manifestarse dejándose llevar más por el corazón y las consignas que por la cabeza. Si hubieran usado ésta y no aquellas hubieran caído con facilidad en la cuenta de que unos sondeos petrolíferos a escasos kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura y la consecuente extracción de petróleo apenas representan riesgo alguno para nada ni para nadie y a cambio podríamos empezar a contar los días que faltan para que el oro negro se convierta en amarillo y todos nademos en la abundancia. 

Puede que el PP tenga un problema de comunicación pero no es el principal problema que tiene, al menos con respecto al petróleo. El suyo en este asunto es un problema tanto de forma como de fondo. Las formas no han sido precisamente versallescas: nada más ser nombrado ministro, José Manuel Soria autorizó las prospecciones sin encomendarse ni a Dios ni al diablo aunque – eso sí – perfecto sabedor de la sensibilidad que el asunto despertaba en Canarias. A partir de ahí han seguido casi dos años y medio de enrocamiento a favor del petróleo en los que el ministro y su ministerio ha desoído con contumacia las críticas de las autoridades canarias, de las organizaciones ecologistas, de un importante número de prestigiosos científicos y de una creciente parte de la ciudadanía. 

Su estilo constante y reiterado ha sido el de “yo tengo razón” y “ustedes no” y su inamovible toma de posición a favor del negocio de una empresa privada y de sus accionistas ha ido encendiendo los ánimos y sumando más y más adhesiones de ciudadanos que en un primer momento dudaban o apoyaban los sondeos y que ahora respaldan sin medias tintas la causa contra el petróleo. Todo un logro digno de mejor causa. 

En cuanto al fondo, las vaporosas y demagógicas promesas sobre los puestos de trabajo y la riqueza que una industria petrolera generaría en las islas nunca se han concretado en nada, sencillamente porque es imposible garantizar tal cosa si el negocio se lo entregas envuelto en papel de colores y adornado con un lazo al consejo de administración de una petrolera privada. Ésta, a cambio de quedarse con el beneficio, puede echar a perder durante décadas el medio ambiente, poner en peligro la desalación de agua y acabar con el negocio turístico. 

En paralelo, la tormentosa y como poco cuestionable tramitación del Estudio de Impacto Ambiental ahora bendecido por el Ministerio de Medio Ambiente, no ha hecho sino acrecentar la sospecha social y política de que más que ante un trámite administrativo reglado y transparente estamos ante una decisión estrictamente política. Con expectación esperamos cuál es la valoración que hace ese mismo ministerio de los sondeos en Baleares. 

Las multitudinarias manifestaciones del sábado en toda Canarias han supuesto un antes y un después en la oposición al petróleo en las islas y han dejado patente que, más allá de la guerra de cifras, una gran parte de los ciudadanos de este archipiélago no se fían de cantos de sirena sobre empleo y riqueza y prefieren preservar su medio ambiente y el sector económico que desde hace décadas tira del carro de la economía canaria. También ha quedado clara en estas protestas la apuesta por el desarrollo ambicioso de las energías renovables en las que Canarias puede presumir de ser una potencial mundial, algo por cierto, de lo que debe tomar buena nota cuanto antes el Gobierno canario. 

Así las cosas, cabe concluir que en el Ministerio de Industria, además de un problema con las formas y con el fondo, hay otro mucho más grave si cabe: ser ciego, sordo e insensible ante el rechazo social y político y continuar adelante con un proyecto impulsado a mayor gloria de una empresa privada. Las elecciones autonómicas y generales están a la vuelta de la esquina y no es nada improbable que la cerrada defensa que ha hecho el PP del petróleo en Canarias y su oposición en Baleares termine pasándole factura en las urnas como ya vaticinan algunas encuestas. Uno se pregunta cómo piensa afrontar el PP ese riesgo y la respuesta cae por su propio peso: con la comunicación, estúpido.

El futuro no es el petróleo

Puede que el petróleo sea el futuro durante algunas décadas más, eso nadie lo sabe con certeza porque, para empezar, los países poseedores de bolsas de crudo suelen mentir u ocultar sus reservas. En todo caso, lo que sí es seguro es que se trata de un combustible no sólo contaminante sino finito, es decir, no renovable. Los expertos vaticinan que la calidad del crudo decrecerá y los costes de su extracción aumentarán hasta el punto de que a los grandes oligopolios mundiales que lo controlan ya no les será rentable continuar explotándolo. De hecho, las principales compañías petroleras transnacionales empiezan a reorientar sus líneas de negocios hacia el gas – otro combustible fósil, finito y peligroso – y hacia las renovables. 

La autorización hace una semana a Repsol para hacer sondeos petrolíferos en Canarias ha generado un clima social cada vez más opuesto a que el negocio de una empresa privada, que ni siquiera es mayoritariamente de capital español, ponga en riesgo el abastecimiento de agua potable, su rico medio ambiente y el turismo, su principal industria y fuente de ingresos. El estilo de ordeno y mando con la que se ha conducido el Ministerio de Industria y su titular José Manuel Soria en este asunto no ha contribuido precisamente a calmar los ánimos y buscar algún punto de encuentro con las autoridades canarias. 

Las irregularidades, lagunas y deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental elaborado por Repsol y denunciadas sin éxito alguno por esas mismas autoridades y, sobre todo, por reconocidos científicos y al que se presentaron más de 11.000 alegaciones, ha extendido la sospecha de que la autorización administrativa a la petrolera estaba decidida mucho antes de iniciarse el expediente. Que la resolución se diera a conocer además en la víspera del Día de Canarias, pasadas las elecciones europeas y antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre los recursos presentados por las instituciones canarias, no ha hecho sino exacerbar el malestar social y llegar a la conclusión de que la fecha fue cuidadosamente elegida tal vez con ese propósito. 

Al mismo tiempo, los dirigentes del PP mantienen un doble discurso para oponerse al petróleo en Baleares y apoyarlo en Canarias. Se basan en peregrinos argumentos sobre mares abiertos y cerrados que ningún científico puede avalar: un eventual derrame de crudo tendría las mismas catastróficas consecuencias en ambos lugares. Por lo demás, las vagas promesas de empleo y riqueza por un eventual hallazgo de petróleo es algo que casi nadie cree a estas alturas por el carácter privado de la explotación y por la composición del accionariado de la compañía beneficiada por los desvelos de Industria. A las inconcretas promesas de bienestar y empleo gracias al petróleo debe anteponerse el abastecimiento de agua de la población, la conservación medioambiental y el turismo, todos ellos valores en sí más rentables social, económica y ambientalmente. 

Con el apoyo expreso del Gobierno de Canarias y de la práctica totalidad de las fuerzas políticas – salvo el PP – y sociales del Archipiélago, mañana por la tarde tendrán lugar concentraciones de protesta en todas las islas. Todos tienen el convencimiento, y seguramente no les falta razón, de que, a expensas de lo que decida la próxima semana el Tribunal Supremo, sólo la movilización social será capaz de detener los planes de Repsol. Más allá de que las concentraciones de mañana deben servir para canalizar la legítima oposición de la sociedad canaria al petróleo, no debería el Gobierno de Canarias dejar pasar la oportunidad de hacer autocrítica y preguntarse por las razones de que los dos concursos eólicos convocados en las islas hayan terminado en fiasco. Es cierto que, para colmo de males, el ministerio que dirige José Manuel Soria acaba de consumar el fin de las primas a las renovables, lo que implica cambiar las reglas del juego en medio del partido para las inversiones en este sector. 

Pero ello no es obstáculo ni excusa para que no se analicen las causas de que las renovables en uno de los territorios con sol y viento para dar y regalar – por no hablar de otras fuentes de energías limpias y renovables – tengan una de las penetraciones más bajas de todo el país de este tipo de energías. Después de analizadas se requieren medidas que permitan a las islas depender cada vez menos del contaminante, caro y finito petróleo. Y esas medidas no pasan, por ejemplo, por fomentar el uso del gas como se desprende de los planes actuales del Gobierno. Pasan por acometer con imaginación y ambición el desarrollo de las renovables en Canarias. O dicho de otra manera, el debate social, político y económico tiene que dejar atrás la disyuntiva petróleo sí frente a petróleo no y centrarse en petróleo no, renovables sí. Ellas sí son el verdadero futuro.     

Mario ya sonríe

Los que siguen este blog saben que uno de mis personajes europeos favoritos es Olli Rehn, el comisario de economía que llegó del frío finlandés dispuesto a apretarnos el cinturón y a fe que lo está consiguiendo. Otra cosa son las consecuencias del ajuste, pero eso a Rehn no le inmuta lo más mínimo como hemos visto esta misma semana. De mi colección de grandes figuras de la Unión Europea forma parte también Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Este llegó a ese puesto procedente del sur, de la soleada y cálida Italia, después de pasar por bancos de tanto prestigio como Goldman Sachs, una entidad que tiene el alto honor de haber asesorado al Gobierno griego de cómo ocultar el déficit público del país con las consecuencias que no hace falta recordar aquí. Pecados de juventud, supongo, como la privatización de un buen número de empresas públicas italianas a su paso por el gobierno de su país. 

Lo cierto es que desde que se hizo cargo del BCE, con sede en Frankfurt, al italiano Draghi se le contagió el espíritu alemán de hierro contra la inflación y hasta hoy mismo ha estado resistiendo como un jabato ante las reiteradas peticiones para que bajara los tipos de interés en la eurozona y fomentara el crédito a familias y empresas. Hoy ha dado el paso, por fin, y lo ha hecho con mejor cara que en comparecencias públicas anteriores, en las que mostraba un permanente aspecto de haber dormido mal y hasta de haber tenido pesadillas. La responsabilidad del cargo debe de ser pero sobre todo el riesgo de enrabietar a la jefa Merkel. Este hombre, que habla para su camisa aunque lo que dice se expande como la pólvora y causa de inmediato convulsiones bursátiles y taquicardias en los mercados, se ha atrevido hoy a bajar los tipos de interés en la eurozona del 0.25% al 0.10%.


No contento con eso, ha puesto fin a la sinrazón económica de que los bancos guarden su dinero en el BCE a cambio de una jugosa remuneración, mientras si a usted se le ocurre pedir un crédito al director de la sucursal se lo tienen que llevar a urgencias con un ataque imparable de risa. Ahora tendrán que pagar el 0.10% por tenerlo en el BCE por lo que en teoría se espera que lo muevan y lo presten, que para eso se supone que sirve el dinero, para regar la economía y que salgan algunos brotes verdes de verdad y no de los que vende Rajoy. Y ha hecho más Draghi en su comparecencia de hoy: ha anunciado que hay 400.000 millones de euros en el BCE esperando a que los bancos los pidan y los destinen al crédito aunque con condiciones: nada de aprovechar las ventajas que ofrece el BCE para destinar ese pastón a las hipotecas o a la compra de deuda pública. 

Estos ingredientes forman parte de la receta que se le venían pidiendo al hombre de las ojeras desde hacía mucho tiempo y que hoy se ha atrevido a anunciar. Cosa distinta será cuándo comenzará el remedio a hacer efecto, si es que ya no es demasiado tarde para salvar al enfermo, y con qué intensidad se apreciará la recuperación del moribundo. Para los que tengan una hipoteca a interés variable sin cláusula suelo, la bajada de los tipos de interés no creo que les dé para brindar con champán la próxima Navidad. El Euribor – el índice de referencia en los préstamos hipotecarios - están ya tan bajo que es poco probable que baje mucho más a pesar del recorte de los tipos de interés del BCE. 

Que los bancos tengan que pagar por el dinero que tienen en el BCE y prestarlo a las familias y las empresas no implica que de golpe se vayan a formar colas a las puertas de las sucursales si los intereses y el resto de condiciones siguen haciendo el crédito inaccesible para la mayoría. Y lo mismo cabe decir en principio de la lluvia de millones con la que Draghi quiere engrasar la reseca maquinaria crediticia mientras los bancos sigan sacando ladrillos hasta ahora desconocidos y otras porquerías de debajo de sus alfombras, un proceso que no parece tener final. 

No digo yo que no sean buenas las intenciones y las medidas anunciadas hoy por Draghi, pero se debieron de tomar hace mucho tiempo y no esperar a que, por falta de crédito y por las condiciones leoninas impuestas por los bancos a quienes los solicitan, miles de empresas hayan cerrado y mandado a sus empleados al paro. Que estas medidas contribuyan a alejar el fantasma de la deflación es algo que ni me enfría ni me calienta demasiado, aunque ese sea el objetivo último siempre y cuando la inflación no pase del 2%, en cuyo caso Merkel montaría una buena zapatiesta y a Draghi le volverían a salir las ojeras. 

Aquí en España, con cerca de 6 millones de parados, ya estamos bastante deflacionados con unos salarios de miseria y unos precios catatónicos por la congelación del consumo, como para que la deflación famosa nos importe gran cosa. De momento y a la espera de los resultados de la pócima anunciada hoy, disfrutemos de ver a Mario sonriendo al menos por una vez..

Y Bruselas con el mazo dando

Permítanme que hoy no me ocupe de los avatares de la realeza española y que no me sume al coro de voces blancas que cantan las alabanzas del rey que se va y del que llegará más pronto que tarde. Me apetece oxigenarme un poco del aire cargado de los aposentos reales y de sus pesados cortinajes bordados con flores de lis y ocuparme del nuevo repaso que le acaba de dar la Comisión Europea a España. Bien es verdad que en la capital comunitaria son siempre muy considerados y han desarrollado un lenguaje incomprensible para la inmensa mayoría de los mortales que ya es objeto de sesudos estudios y tesis doctorales. Se trata de decir lo que se quiere decir pero sin dar la sensación de que se dice lo que se está diciendo, no sé si me explico. 

La noticia apenas ha sido destacada en los medios de comunicación españoles, ensimismados estos días en saber qué piensa la portera del edificio del director o el camarero del bar de cañas sobre la abdicación de Juan Carlos. No obstante, les prometo que tiene enjundia. La Comisión Europea, a la que apenas le quedan un par de telediarios, le ha “recomendado a España” algunas cosas que, en su conjunto, conforman una enmienda a la totalidad de los planes de Rajoy de bajarnos los impuestos ahora que en cosa de unos pocos meses tendremos que volver a pasar un par de veces por las urnas. Un verdadero jarro de agua fría es lo que ha echado el comisario europeo del negociado económico sobre las promesas de Rajoy de hacernos a todos felices en cuanto suenen las campanadas de Noche Vieja de 2014.

Dice el helado comisario en cuestión, el finlandés Olli Rehn, que no está el horno para rebajas de impuestos en España - advierto que estoy traduciendo al cristiano lo que Rehn dijo en su abstrusa forma de hablar. Muy educadamente recomienda que se suba el IVA – Rajoy, erre que erre, ha vuelto a decir que no - y que se reduzcan las cotizaciones de los salarios más bajos. Sugiere también – siempre tan educado – que conviene darle un nuevo toque a la baja a los salarios de los trabajadores españoles, no vaya a ser que creamos más de la cuenta en la “recuperación” que proclama Rajoy mañana, tarde y noche y se nos ocurra echar a perder los brotes verdes con salarios de directivo de gran corporación. 

Sigo traduciendo y aguantando la risa: al mismo tiempo le da otro tirón de orejas a Rajoy – siempre en sentido figurado, claro – y le afea que España sea la campeona de la desigualdad de rentas de la Unión Europea. Aquí me detengo un momento: tengo la sensación de que a Rehn se le fue la pinza con esta última “recomendación” en relación con la anterior. ¿Cómo se puede pedir que bajen más los salarios y al mismo tiempo reprochar que España sea líder de la champions league en desigualdad de rentas? ¿No es eso pedir una cosa y su contraria? Para mí sí, aunque no me sorprendo lo más mínimo a estas alturas de la función de esa esquizofrenia que aflige a comisarios europeos como el de Economía. 

También nos “recomienda” que se eliminen las deducciones “ineficientes” del impuesto de sociedades que pagan las empresas, ese que Rajoy promete rebajar sólo un poquito para que siga pareciendo que las compañías pagan mucho más de lo que realmente pagan. Lo mismo pide el comisario para las deducciones del IRPF, que nos permiten descontarnos alguna cosilla en nuestra ansiada cita anual con Hacienda, a la que las familias de este país aportan 50 veces más que las grandes corporaciones según un reciente informe de Intermon Oxfam.  Probablemente haya sido un lápsus perdonable en un cerebro tan brillante como el de Rehen, pero de meterle mano de una vez a la juerga fiscal de este país, uno de los menos que recauda de la UE, y acabar con el fraude y la evasión por los que se esfuman unos 80.000 millones de euros al año, no dijo una palabra el circunspecto comisario. Otra vez será.

Con estas “recomendaciones” sobre la mesa, a esta hora me imagino a Montoro con el lápiz bien afilado sumando y restando a ver si le salen las cuentas y puede bajarnos algún impuesto, aunque sea el de los bingos, sin que se le descuadre el sagrado déficit que Bruselas vigila con extremado celo. A un lado de la mesa probablemente tendrá la reforma fiscal que nos ha ido contando en jugosas y apasionantes entregas y que puede que no tenga más remedio que tirar a la papelera si no quiere aparecer como un rebelde fiscal ante Bruselas. 

Allí, en la capital comunitaria, en donde debe de haber un cortocircuito de las redes de comunicación y aún no se han enterado del ascenso de la ultraderecha en las pasadas elecciones europeas, siguen pensando que nada ha cambiado y que toca seguir pidiendo austeridad hasta el fin bíblico de los tiempos, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Pues que sigan dando con el mazo en el mismo sitio y dentro de cinco años, cuando nos digan los candidatos lo importante que es la UE para todos nosotros, volvemos a hablar.

Rey a la carrera

Al menos por esta vez habrá que eliminar del refranero aquello de que “las cosas de palacio van despacio”. En esta ocasión van como una exhalación: ayer abdicó el rey, esta mañana se reunió el Consejo de Ministros y aprobó la ley de sucesión, esta tarde la ha admitido el Congreso y en un plis plas – cosa de un par de semanas, como mucho – estará lista y aprobada por las dos cámaras que conforman las Cortes Españolas, Congreso y Senado, con el previsible apoyo de 9 de cada 10 diputados. Tal es así que para el 18 de junio se anuncia ya oficialmente la solemne proclamación del Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, como Felipe VI de España. También habrá que eliminar del refranero que “las prisas no son buenas consejeras” aunque en esta ocasión tienen un claro objetivo: cerrar cuanto antes el proceso antes de que se extienda y cuaje el debate entre monarquía y república.

Quienes creían que ese era un debate finiquitado se deben de haber llevado un buen chasco. Unas 20.000 personas se dieron cita ayer tarde en la madrileña Puerta del Sol, además de en otras ciudades españolas, para reclamar la celebración de un referéndum en el que los españoles decidan el modelo de Estado que prefieren, monarquía parlamentaria o república. Bien es cierto que un referéndum de esas características en estos momentos sería absolutamente ilegal y sólo con una reforma constitucional podría tener amparo. Sin embargo, lo que se desprende de la inusitada rapidez con la que el Gobierno, el PSOE y la Casa Real quieren dar carpetazo a la sucesión en la corona, es un intento evidente de que el debate muera más pronto que tarde. A pesar de la lógica sorpresa inicial, ahora caemos en la cuenta de que el proceso estaba atado y bien atado de principio a fin: el guión quedó escrito y detallado desde el momento en el que el rey decidió abdicar la corona y se lo comunicó a Rajoy y a Rubalcaba, que en lugar de abandonar la secretaría general del PSOE al día siguiente del batacazo en las europeas, decidió quedarse un poco más para controlar a los republicanos tapados que hay en su partido no vayan a votar cosas raras.

Tanta es la prisa que le han imprimido a la sucesión de Juan Carlos que la ley enviada hoy al Congreso ni siquiera dice nada sobre la asignación presupuestaria que recibirá o el papel institucional que desempeñará – si es que debe desempeñar alguno - el todavía rey cuando deje de serlo. ¿rey en la sombra? ¿rey consejero? ¿rey asesor? ¿rey sin cartera? Por no saber no sabemos si se le llamará oficialmente “rey padre”, “rey abdicado”, “rey emérito”, “rey jubilado” o Conde de Barcelona, que es lo más probable. Aunque sin duda esa es una cuestión menor, no lo es tanto la que se refiere a la posibilidad de que el rey pase también a ser aforado – uno más – una vez y pierda la inviolabilidad de la que aún goza. Estos asuntos, nada baladíes y sobre los que la Constitución no dice absolutamente nada porque nadie en estos casi 40 años de reinado se ha molestado en prever que los reyes, por mucho que reinen por la gracia de Dios no son eternos y hasta puede que abdiquen, han quedado para mejor ocasión.

Sin llegar a plantear la conveniencia de aprovechar el momento histórico para decidir entre monarquía y república, un asunto que Rajoy despachó hoy con un displicente “planteen una reforma de la Constitución”, sí son muchas las voces que entienden que esta es una buena oportunidad para acometer esa reforma constitucional de la que todo el mundo habla desde hace tiempo y de la que todo el mundo es partidario, pero para la cual nadie se atreve a dar el primer paso alegando falta de consenso. Se trataría de buscar salida a problemas como las tensiones con Cataluña y su desafió soberanista, una de las primeras pruebas de fuego a la que tendrá que enfrentarse Felipe VI apenas se estrene en el trono, amén de gestionar la corrupción que merodea la Casa Real y recuperar el crédito perdido de la monarquía.

A esa posibilidad Rajoy ha vuelto a responder esta mañana lo mismo: “el que quiere estado federal que plantee una reforma constitucional pero que me explique primero qué diferencia hay entre lo que tenemos y el federalismo”. De oficio a Rajoy nunca se le pasará por la cabeza reformar la Constitución, ni siquiera en un momento histórico como el actual en el que se empieza a hablar de la necesidad de una segunda transición en España tras la abdicación de Juan Carlos y con una Constitución a la que cada vez se le ven más los costurones a medida que va cumpliendo años. Al presidente lo único que le preocupa es que la aprobación de la ley sucesoria en las Cortes se haga sin sobresaltos y que el 18 de junio podamos todos los españoles disfrutar como niños con zapatos nuevos de un acto de la pompa propia de toda una solemne e histórica proclamación real. Ese día se habrán acabado las prisas y el mundo nos mirará con envidia.

Irse por la puerta trasera

Los trovadores de las redes cantan desde esta mañana con sus vihuelas digitales las bondades del rey que se va y las maravillas del que ocupará su lugar más pronto que tarde. La hagiografía se desborda y el providencialismo histórico lo inunda todo a su paso. Se marcha “el rey que trajo la democracia a España”, como si el éxito de un proceso de esas características pudiera atribuírsele a una sola persona, por relevante que sea el cargo que ocupe, en lugar de a un conjunto amplio y complejo de factores históricos y de agentes sociales, políticos y económicos. Sin embargo, a esta hora seguimos sin conocer oficialmente las causas de la abdicación, aunque éstas estén en la mente de todos. La única que esbozó en su mensaje leído de hoy en el que no hubo una sola frase de autocrítica es que “una nueva generación se abre paso con energía” y hay que dejarle sitio. 

Se refiere, por supuesto, a su hijo, que peina ya canas a sus 46 años de edad – esa parece que es la edad a la que el rey considera que las nuevas generaciones deben pasar a la primera línea - y que ha visto cómo ha ido pasando el tiempo mientras el titular del trono insistía en cumplir la máxima de que ningún rey español abdica sino que muere en la cama con la corona bien ceñida sobre las sienes. La última vez que expresó ese propósito fue con motivo del discurso de Navidad el pasado diciembre en donde subrayó su determinación de continuar al frente de la monarquía española y por ende de la Jefatura del Estado. 

Pero, como digo, las causas de su marcha están en la mente y en el pensamiento de todos los ciudadanos que esta mañana se enteraban incrédulos de que el rey hace las maletas y le cede el paso a su heredero por la gracia de Dios. Su deteriorado estado de salud seguramente ha sido una de ellas, aunque no creo que haya sido la determinante, ni mucho menos. Es seguro que han pesado más otros motivos, especialmente los escándalos de corrupción de su hija y de su yerno ante los que el monarca contemporizó hasta que fue demasiado tarde y que han llevado a la institución monárquica a sus niveles de popularidad más baja desde que “el rey nos trajo la democracia”. 

Únase a ese “dejar pasar, dejar hacer” en el entorno familiar sus propias irresponsabilidades en forma de cacerías de elefantes y la opacidad con la que se ha conducido la Casa Real hasta hace bien poco en el manejo del dinero público en plena crisis económica. Todo ello ha merecido las críticas y la indignación de una buena parte de la ciudadanía de este país que, por primera vez desde el ascenso de Juan Carlos al trono, rompió el tabú y empezó a preguntarse en voz alta “para qué sirve un rey”. En realidad, la monarquía también es copartícipe y corresponsable del deterioro de la calidad democrática en España, sólo que hasta ahora la continuidad de la institución estaba bien guarecida bajo el paraguas del bipartidismo que también acaba de entrar en barrena tras las elecciones europeas de hace unos días. 

En todo caso, decisiones de este calado no se toman una aburrida tarde de domingo frente al televisor: se meditan con tiempo, se adoptan y cuando está todo preparado para la sucesión y llega la fecha elegida, se comunican públicamente. Eso ha ocurrido hoy y ya mañana se reunirá con carácter extraordinario el Consejo de Ministros para aceptar la abdicación y enviar al Congreso la Ley Orgánica que garantizará la sucesión en “un clima de normalidad y estabilidad”, según Rajoy. Claro que la celeridad con la que el Gobierno y la propia Casa Real quieren pasar página y dejarlo todo atado y bien atado en las manos del futuro Felipe VI no ha evitado que resurja con fuerza el debate entre monarquía y república. 

Basta echar un vistazo a las redes sociales o a lo que han dicho fuerzas políticas como IU o el partido de moda, Podemos, sobre la necesidad de abrir un nuevo periodo constituyente y dar a los españoles la oportunidad de elegir entre monarquía o república, una oportunidad que se le hurtó a los ciudadanos de este país en la Constitución de 1978.

Está por ver el recorrido de ese debate y si – como se aventuran a asegurar algunos, tal vez con excesivo optimismo republicano – las próximas elecciones autonómicas y generales podrían arrojar una mayoría política partidaria de la república. A expensas del alcance de ese debate, el heredero asumirá la Jefatura del Estado no sólo en el peor momento de popularidad de la monarquía sino en el peor momento económico, social y político del país desde hace 40 años y en un episodio inédito de tensiones territoriales, que tienen su expresión más exacerbada en Cataluña. Esa es la herencia envenenada que recibe el heredero del trono, que tal vez se esté preguntando las razones de que la abdicación no se produjera hace unos años cuando el “juancarlismo” arrasaba en todas las encuestas de opinión y su padre y él mismo eran admirados y vitoreados en todas partes, al contrario de lo que ocurre en la actualidad, y en los medios de comunicación nadie se atrevía a poner una nota negativa sobre la Casa Real. 

En el balance final, los indiscutibles servicios que Juan Carlos de Borbón ha prestado a la democracia española se han visto seriamente empañados en el último tramo de su reinado, particularmente el que coincide con la crisis económica durante la que los españoles han venido exigiendo sin éxito transparencia y ejemplaridad a sus representantes públicos. El rey se va ahora por la puerta trasera y no por la principal del palacio, en un intento casi desesperado de salvar la monarquía de sus detractores y de una sociedad de uñas con el poder político del que la institución real forma parte y de cuyo desprestigio no es ajena en absoluto.      

Bofetada petrolera

Se puede golpear de muchos modos y con muchas herramientas distintas: manos, piedras, palos, porras, etc. Luego están las decisiones políticas falsamente revestidas de decisiones administrativas regladas que golpean con más contundencia si cabe porque no afectan sólo a una persona o a unas cuantas, sino a toda una sociedad. Del segundo tipo de golpes es la decisión anunciada esta tarde por Ministerio de Medio Ambiente que da luz verde a REPSOL para que inicie prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. No por esperada la decisión, mediatizada sin duda por las presiones del ministerio de Industria y éste a su vez por la propia compañía de la que el ministro canario Soria es habitual portavoz y defensor, es menos dolorosa. 

Y no sólo por las fechas en las que se ha comunicado, pasadas las elecciones al Parlamento Europeo, en la víspera de la celebración del Día de Canarias y el mismo día en el que la mayoría absoluta del PP rechazó en el Congreso paralizar los sondeos para abrir un diálogo con las comunidades autónomas afectadas por este asunto, Baleares, Canarias y Valencia. Sin olvidarnos, además y sobre todo, del fallo que el Tribunal Supremo debe emitir el próximo 10 de junio ante el recurso del Cabildo de Fuerteventura contra la autorización a Repsol. Duele por las fechas elegidas pero, sobre todo, porque el Gobierno del Estado ha ignorado olímpicamente el sentir de una parte muy importante de la sociedad canaria y de varias instituciones insulares y autonómicas, opuestas a los sondeos. 

Así, la petición del Parlamento de Canarias y del Gobierno de Canarias para que los ciudadanos de las Islas se pronuncien en un referédum sobre las prospecciones sólo ha recibido el silencio oficial como respuesta por parte del Ejecutivo de Rajoy. Al mismo tiempo, las irregularidades y deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por REPSOL que denunciaron organizaciones ecologistas y científicos de reconocido prestigio no se han tenido en cuenta. Es más: la información adicional que el propio Ministerio de Medio Ambiente pidió a REPSOL para completar su Estudio de Impacto Ambiental apenas ha podido ser estudiada por las instituciones canarias y se le ha hurtado a los ciudadanos, que tenían derecho a conocerla y a presentar alegaciones antes de que se tomara la decisión anunciada esta tarde. 

Por otro lado, el expediente para declarar las aguas de Lanzarote y Fuerteventura Lugar de Importancia Comunitaria sigue guardado en un cajón de Medio Ambiente sin que se sepa cómo les afectan los trabajos petrolíferos autorizados hoy. Por el contrario, otros nueve expedientes similares en otros lugares de España se encuentran en un estado muy avanzado de tramitación, algo que el Ministerio no ha sido capaz de explicar con claridad, tal vez porque no puede o porque tiene mucho que ocultar. Por no hablar de la nueva directiva comunitaria que endurece los requisitos medioambientales para las actividades petrolíferas y que casualmente España aún no ha integrado en la legislación nacional. Tal vez ahora, con el permiso a REPSOL resuelto, no tarde mucho en hacerlo. 

Duele también esta decisión porque pone de manifiesto la escasa fiabilidad de las promesas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando en una reciente entrevista con su homólogo canario, Paulino Rivero, se comprometió a estudiar la paralización de los sondeos hasta alcanzar un acuerdo con las autonomías afectadas. Ahora, sus promesas se las ha vuelto a llevar el viento, aunque a eso ya estamos bastante acostumbrados los españoles en general y los canarios en particular. 

Así pues, REPSOL puede empezar cuando a quiera pinchar en los fondos marinos próximos a Lanzarote y Fuerteventura en busca del oro negro que, de haberlo, hará felices a sus accionistas. A los canarios, en cambio, los aboca a posibles daños irreparables para la rica biodiversidad y el medio ambiente de las Islas, pone en peligro la desalación de agua de la que se abastecen en un altísimo porcentaje las islas más cercanas a los sondeos y arriesga a un desastre a la principal actividad económica de este archipiélago, el turismo. A cambio, apenas recibirán alguna migaja en forma de puestos de trabajo indirectos y, por supuesto, ningún beneficio directo de un posible hallazgo de petróleo en sus aguas, del que sólo se beneficiará en primera y última instancia una empresa privada que cuenta a su favor con el inquebrantable respaldo del Gobierno. 

El Ministerio de Medio Ambiente asegura que la autorización anunciada hoy sólo será válida para los sondeos y que para extraer el posible petróleo hará falta un nuevo estudio de impacto ambiental. Ignora el parecer de muchos científicos que se han cansado de advertir de que los sondeos no son inocuos por más que se les quiera enmascarar como simples trabajos de investigación. Que el propio Ministerio admite que los sondeos no son seguros al cien por cien lo demuestran las “medidas preventivas y correctoras” que, según la autorización, REPSOL debe cumplir durante estos trabajos. Afirma también Medio Ambiente que, hasta ahora, ninguna de las prospecciones realizadas en España han tenido repercusiones negativas para el entorno. Hace bien en precisar lo de “hasta ahora” y ojalá que las de Canarias no sean la excepción, aunque nada garantiza ya que no lo puedan ser. 

Con todo, la más llamativa de las medidas que debe adoptar REPSOL es la que establece que la compañía informará puntualmente en su página web del desarrollo de las prospecciones para que “todos los interesados puedan tener información actualizada del proyecto y seguir su evolución en tiempo real”. Lo que equivale exactamente a poner la zorra a cuidar las gallinas, sólo que en este caso las gallinas son el medio ambiente, la biodiversidad, el abastecimiento de agua de la población y la industria turística. Ahora, la zorra ya tiene la puerta abierta.

El problema es del plasma

El PP ganó las elecciones del domingo y punto, no se hable más. Si acaso habrá que echarle un vistazo a la comunicación para “recuperar la confianza” de los 2,5 millones de electores que no votaron por Arias Cañete el pasado domingo. Del PSOE y su imperiosa necesidad de renovación se podrá decir todo lo que se quiera. Sin embargo, al menos asistimos desde el lunes a un intenso debate interno aunque por el momento sólo gire en torno a nombres y procedimientos y no en torno a ideas. En el PP, en cambio, todo es una balsa de aceite, aquí no ha pasado nada.

Solo la lideresa Esperanza Aguirre aprovechó el retroceso electoral de su partido para hacer lo que más le gusta: meterle el dedo en el ojo a Rajoy. “Hay que acometer cambios en el partido y en el Gobierno y hay que hacer una profunda reflexión sobre estos resultados”, vino a decir un día después de los comicios. Se puede sentar a esperar que alguien como Rajoy – el hombre que espera a que el tiempo tome las decisiones por él - haga algo de lo que le pide. El presidente del partido y del Gobierno solo “entiende” que “mucha gente” no haya votado al PP por las “duras medidas” que se ha visto obligado a tomar. Pero tranquilos que seguiremos trabajando para que nos vuelvan a votar los que no lo hicieron el domingo. 

Que el PP achaque su pérdida de votos y escaños en el Parlamento Europeo a la “abstención” es poco creíble en un electorado tan fiel y tan poco propenso a picar de partido en partido como el de los populares. Adónde se fueron esos votos es algo que tendrá que analizar el PP si lo considera oportuno porque, si bien es cierto que muchos no se ejercieron, puede que otros muchos optaran por otros partidos como UPyD y su habilidad para ocupar el espacio de centro al que Rajoy y los suyos han renunciado alegremente. En todo caso, esa abstención revelaría que el dicharachero y deslenguado Arias Cañete – “el mejor candidato posible”, según Rajoy – no era tan bueno como nos querían hacer creer en la campaña. Eso sin contar la posibilidad de que un buen número de electores optara por huir de un candidato que con una sola frase fue capaz de arruinar una campaña ya de por sí poco atractiva para los ciudadanos. 

De hecho, a Rajoy se le presenta un nuevo problema, conseguir que Arias Cañete sea comisario europeo después de los exiguos 16 escaños que su partido aporta a la bolsa de eurodiputados del Partido Popular Europeo. Preguntado hoy el comisario europeo en potencia por la posibilidad de hacerse con un puesto en el próximo ejecutivo comunitario, Arias Cañete respondió con un revelador “pregúntenle a Rajoy”, lo que confirma algo que todos sabíamos, que el dedo del presidente quita, pone y, en este caso, propone. Cosa distinta es que le hagan caso en Bruselas. 

Con todo, la aparente balsa de aceite en la que navega el PP después de las europeas no puede ocultar el sudor frío que seguramente recorre esta semana la espina dorsal de un partido al que, además de cargar con la culpa de los recortes y las reformas a mayor gloria de Merkel y los mercados, le siguen acosando los casos de corrupción por los cuatro costados. El diario El Mundo se encargó ayer de extrapolar los resultados del domingo a las generales del año que viene y los resultados son espeluznantes para el PP. Con los datos de las europeas en la mano, el PP perdería 48 escaños en el Congreso y sería barrido en sus grandes feudos de Madrid – en donde ya fue superado por Podemos el pasado domingo – Valencia y Murcia. La pérdida de votos sería significativa en el resto de las autonomías hasta el punto de que en ninguna mejoraría sus resultados de 2011 y sólo en unas pocas conseguiría mantenerse. 

Bien es verdad que el comportamiento de los electores no es necesariamente idéntico en unas europeas y en unas legislativas y a eso se aferran estos días los dirigentes populares para restarle importancia a la pérdida de 2,5 millones de votos el domingo. Sin embargo, sí pueden estar indicando una tendencia de por dónde pueden ir las cosas en la cita de las generales y esto es muy improbable que el PP no lo haya valorado a puerta cerrada. Claro que al PSOE aún le iría peor si trasladamos los datos de las europeas a las generales, pero en las filas socialistas al menos han abierto el melón de la renovación mientras en el PP se mantienen prietas las filas y se limitan las causas del descenso a problemas de comunicación. 

Cómo van a resolver esos problemas sólo los populares lo saben pero es de suponer que tendrá que ocurrírseles algo más original que sacar a Rajoy del plasma e impedirle a Carlos Floriano y a Dolores de Cospedal que den ruedas de prensa. Aunque podría ser un buen comienzo.

Cuando cuesta tanto decir adiós

Ha llegado la hora del adiós a la política para Alfredo Pérez Rubalcaba. El hombre que fue ministro dos veces con Felipe González y otras dos con José Luis Rodríguez Zapatero y que ha convertido la cosa pública en su profesión, cree llegado el momento de retirarse del mundanal ruido de la política que en los últimos tiempos sólo le ha proporcionado disgustos. Le ha costado lo suyo, la verdad sea dicha. Cuando su partido se estrelló ante el PP en las elecciones generales de 2011 muchos pensaron que era el momento de hacer las maletas y así se lo sugirieron abiertamente. Él no: él, lejos de favorecer una urgente renovación a fondo de su partido y permitir que entrara aire fresco e ideas nuevas en sus anquilosadas estructuras para hacer frente al gobierno del PP que se nos venía encima como un huracán de recortes y reformas, se presentó a un Congreso del PSOE en Sevilla y se hizo por la mínima con la secretaría general que había abandonado el derrotado Rodríguez Zapatero. 

Desoyó entonces el resultado nítido de las urnas y estas le han vuelto a pasar factura en las europeas del pasado domingo con un nuevo y sonado revolcón. Es el fruto de más de dos años de oposición en los que los ciudadanos no han percibido apenas nada que les permitiera volver a confiar en el PSOE como fuerza política capaz de hacerle frente al austericidio que con entusiasmo digno de mejor causa acometió Rajoy nada más desalojar a Zapatero de La Moncloa. Dos años y medio en los que lo único digno de mención en la vida del PSOE y de su papel de principal partido de la oposición ha sido el anuncio de unas primarias abiertas para elegir candidato a La Moncloa de las que Rubalcaba ni siquiera excluyó la posibilidad de presentarse y que ahora vuelven a quedar en un segundo plano. Tal vez aspiraba a repetir el desastre de 2011 o tal vez ocurre que es uno de tantos políticos como hay en España que desconocen el significado de expresiones como “adiós”, “me voy”, “lo dejo”, “tiro la toalla”, “mi tiempo ha pasado”, “hay que renovarse o morir”, etc. 

Ahora, con el PSOE fané y descangallado, anuncia la celebración de un congreso extraordinario en julio. Lo primero que ha conseguido con su anuncio es cabrear a los aspirantes a las primarias, hasta ahora en respetuoso silencio a la espera de que los electores emitieran su veredicto en las urnas, pero a partir de ahora en una lucha sin cuartel por la secretaría general y por la candidatura a La Moncloa. A esa lucha todo indica que acaba de apuntarse el vasco Patxi López que, tal vez contagiado por la marcha de Rubalcaba, también ha mirado los votos obtenidos el domingo por su partido y ha decidido abandonar la secretaría de los socialistas vascos y convocar un congreso. Puede que no sea el último o, mejor dicho, quizá no debería de ser el último en dar ese paso en otras comunidades autónomas en donde el PSOE también retrocedió.

Se malician muchos de los aspirantes y no se ocultan para decirlo que detrás de la retirada de Rubalcaba y su convocatoria de un cónclave socialista extraordinario hay truco y hasta sucesión atada y bien atada: celebremos primero el congreso para elegir nuevo secretario general y de las primarias abiertas a la ciudadanía para elegir candidato en las generales del año que viene ya hablaremos cuando toque, en todo caso, después del verano. La medida estrella para abrir el partido a la participación de militantes y ciudadanos en general queda así postergada en aras de la elección de una nueva dirección apadrinada por la que ahora dice adiós con mucha pena y escasa gloria. Respecto a la sucesión, todas las miradas están puestas en la presidenta andaluza, Susana Díaz, avalada por los excelentes resultados del PSOE andaluz en la cita del pasado domingo.

Si ese es todo su aval y sólo se trata de cambiar a Rubalcaba por Díaz y no de abrir el partido a la sociedad, elaborar una alternativa política convincente y volver a conectar con los ciudadanos que le han dado la espalda al PSOE en las tres últimas citas electorales, es mejor que se ahorren el esfuerzo y los quebraderos de cabeza y sigan como hasta ahora, camino de la irrelevancia política más absoluta. 

Se asombran en el PSOE del ascenso de una fuerza como Podemos, el partido del momento y ya veremos si algo más, a la que seguramente se habrán ido muchos votos socialistas amén de no pocos de IU. En realidad no hay mucho de lo que asombrarse: Podemos es en gran parte el fruto de un desencanto y una decepción, el que siente un buen número de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, ante la esclerotizada forma de hacer política de los partidos tradicionales como el PSOE. Que los socialistas vuelvan a aspirar a gobernar este país algún día dependerá en gran medida de que sus responsables sean capaces de comprender algo tan evidente y aprenderse la lección.

Victoria pírrica

Por primera vez y sin que sirva de precedente, todos los grandes medios de comunicación a ambos lados del espectro político español coinciden en la valoración de los resultados en las elecciones de ayer al Parlamento Europeo: el bipartidismo se desmorona en las urnas. Es casi imposible encontrar argumentos paliativos que permitan hacer una lectura más positiva para el PP y el PSOE. Bien es verdad que el primero gana al PSOE, pero lo hace por una diferencia de tan sólo dos escaños y después de perder ocho con respecto a 2009 y dos millones y medio de votos entre aquellas elecciones y las de ayer. Arias Cañete no estaba anoche para muchas fiestas ni para frases supuestamente ocurrentes y, junto a la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, despachó la comparecencia ante los medios con cara de susto y con un detalle marca de la casa: sin aceptar preguntas de los periodistas. La suya ha sido una victoria pírrica y lo sabe. 

En el PSOE lo que ha habido ha sido debacle, una más: nueve diputados menos que en 2009 y otros dos millones y medio de votos que han huido de sus candidatos. Si eso es todo lo que es capaz de conseguir después de tres años con la derecha aplicando con puntos y comas el manual merkeliano de la austeridad, es que el PSOE tiene un grave problema que debe gestionar de inmediato. De que acierte con las soluciones dependerá que pueda aspirar de nuevo a ser alternativa de poder. Bien fuera porque su margen de maniobra se encogió debido a la presión de los perversos mercados o porque su impronta política no demostró muchas luces para afrontar la situación económica, lo cierto es que el PSOE ha vuelto a pagar en las urnas la ausencia de una verdadera propuesta alternativa a la que enarbola la derecha. De promesas mitineras y de “y tú más” está más que hastiado el electorado. 

Los verdaderos ganadores

La consecuencia directa de la entrada en barrena del bipartidismo, que en conjunto pierde el 30% de los votos, es la constelación de fuerzas políticas que ascienden tras las elecciones de ayer y que con un nivel de abstención menos elevado tal vez habrían obtenido aún mejores resultados. Capítulo aparte merece Podemos, una derivación del 15M y la influencia catódica que ha colocado cinco diputados en Estrasburgo en su primera cita con las urnas. Su éxito arrollador hay que entenderlo en clave de desafecto hacia los partidos tradicionales y probablemente por el voto de muchos jóvenes que ayer tuvieron la oportunidad de ejercer este derecho por primera vez. No obstante, el recorrido político de la formación que lidera Pablo Iglesias es aún una gran incógnita que sólo empezarán a despejar las dos citas electorales del año que viene. 

Por lo demás, suben IU, que le roba votos al PSOE por su izquierda, y UPyD, que se los roba a socialistas y populares. Forma también parte de la ecuación política que deberá resolver este país el año que viene si los resultados registrados ayer en las elecciones europeas se reflejarán en mayor o menor medida en las autonómicas, locales y generales de 2015. El tiempo y las urnas lo dirán pero, por lo pronto, lo ocurrido ayer es el más severo toque de atención que han recibido PP y PSOE en toda la etapa democrática. 

Salvo en los índices de abstención, las encuestas fallaron una vez más: ninguna vaticinó una sangría tan acusada del bipartidismo ni el ascenso espectacular de Podemos. Puede que la causa haya que buscarla en la inmensa bolsa de voto indeciso y potencialmente abstencionista predominante hasta ayer mismo. De hecho fue la abstención, una vez más, la gran vencedora de estas elecciones con una participación prácticamente calcada a la de 2009. Si aún había alguna duda, la baja participación de ayer vuelve a poner de manifiesto el desinterés ciudadano por los asuntos europeos, agravado esta vez por una pobre campaña electoral desarrollada en clave estrictamente nacional y encima arruinada por unas declaraciones machistas del candidato popular. 

La excepción de la baja concurrencia de ayer a las urnas la encontramos en Cataluña, en donde la participación aumentó con respecto a 2009 y los electores, embarcados por Artur Mas en el debate soberanista, han preferido el original a la copia y le han dado el triunfo a ERC. CiU queda como segunda fuerza y se desploman PP y PSC-PSOE. El presidente catalán es desde ayer un poco más si cabe rehén de ERC. 

Menos Europa

En otros países de la UE, el cataclismo llegó de Francia en donde, como auguraban las encuestas, la ultraderecha racista y patriotera del Frente Nacional se llevó la cuarta parte de los votos y hundió al socialismo gobernante en la tercera posición. En el Reino Unido fue también partido eurófobo y xenófobo, el UKIP, el que obtuvo el respaldo mayor y en Alemania, en donde el partido de Merkel perdió apoyos y subieron algo los socialdemócratas con los que gobierna, se cuela otra fuerza política antieuropea. En el extremo opuesto, los griegos, más que hartos de la troika y de sus salvajes imposiciones, optaron por la izquierda radical y relegaron también a un segundo plano a los partidos tradicionales. 

Con todo, el próximo Parlamento Europeo seguirá dominado por los populares con los socialistas en segundo lugar, aunque ambos también han perdido apoyos en el conjunto de la UE con respecto a 2009. Jean Claude Junker, el candidato de Merkel a presidir la Comisión Europea, garantiza que no habrá grandes cambios en la política económica en los próximos cinco años. Lo que tendrá mucho más complicado garantizar es que las ascendentes fuerzas ultraderechistas que ocuparán escaño en Estrasburgo agraven la decadencia de una Unión Europea incapaz ya de ilusionar a millones de ciudadanos del viejo continente. La abstención en el conjunto de los países miembros fue ligeramente inferior a la de 2009 y, por ahora, con eso parecen darse por satisfechos en Bruselas en una lectura alicorta y falta de ambición sobre los retos que la Unión debería estar afrontando desde el inicio de esta crisis.

En España, mientras, los grandes partidos se lamen las heridas del más espectacular descalabro electoral que ambos han sufrido desde el inicio de la democracia. Los ciudadanos les han dado la espalda de forma clamorosa y no va a serles nada fácil volver a conquistarlos. Con todo, tal vez es pronto aún para dar por muerto el bipartidismo predominante y su sustitución por un sistema multipartidista en España, pero el primer aviso ha sonado alto y claro. 

Francia descarrila

No es que Jean Marie Le Pen, el fundador e inspirador ideológico del francés Frente Nacional, confíe en el “Sr. Ebola” para acabar con el “problema” de los inmigrantes en tres meses. Tampoco es que el gran Nicolás Sarkozy – en sentido figurado lo de grande, claro – abogue por congelar el Tratado de Schengen que consagra la libre circulación de personas en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. No es siquiera que el nuevo y flamante primer ministro francés, Manuel Valls, saque pecho en un mitin socialista en Barcelona, la tierra de sus ancestros familiares, y diga que en Francia su gobierno “no hace política de austeridad como en España”, después de rebanarle 50.000 millones de euros al gasto público galo. 

Es todo eso y mucho más que eso. Es, por ejemplo, el ridículo mundial que supone gastarse 15.000 millones de euros en comprar la friolera de 2.000 vagones de tren nuevecitos que, sin embargo, tienen un pequeño problema: no caben en más de mil estaciones del país, demasiado antiguas y demasiado estrechas para recibirlos como se merecen, al son de la campanilla, y despedirlos adecuadamente a golpe de silbato y banderazos. A los españoles, tan acostumbrados a tener aeropuertos sin aviones, bibliotecas sin libros, auditorios sin público y estaciones de AVE por las que no circula ningún tren, este tipo de noticias apenas nos sorprenden. Es más, hasta puede que nos regocijemos levemente al comprobar como en todos lados cuecen habas, que no íbamos a ser sólo los incompetentes del sur los que nos tengamos que llevar todos los palos y las mofas y sufrir como castigo todos los recortes habidos y por haber. 

Pero ¿cómo puede pasar una cosa así en Francia, la revolucionaria y douce France? A mí no me pregunten pero me malicio que alguien se tomó unos burdeos o unos coñacs de más el día que dibujó sobre el papel el ancho de los vagones y mandó el encargo a la fábrica constructora sin antes cerciorarse de si coincidía con el de las estaciones. O pensó que por unos centímetros de más o de menos tampoco iba a pasar nada: ya se ajustaría el vagón a la vía o la vía al vagón, nada en definitiva que no se pudiera solucionar con otros 15.000 millones de euros del erario público. Eso, o que el tren se dé la vuelta antes de entrar en la estación y deje a los pasajeros unos metros más allá para que estiren las piernas y respiren aire puro. 

En cualquier caso no creo que esta monumental pifia ferroviaria, que ha provocado el asombro y la rechifla de medio mundo, desemboque en una nueva revolución francesa o en otro mayo del 68, que se derrumbe la torre Eiffel, que se jubile Aznavour, que dimita Hollande o que Valls, que ahora se tendrá que gastar otros 50 millones para arreglar este descarrilamiento, tenga que hacer las maletas y tomar el primer tren que pase cerca del Elíseo. Eso sí, sospecho que rodarán cabezas o deberían de hacerlo si Francia no ha dejado de ser un país serio, que todo puede ser. 

La ministra de Ecología, después de ponerse azul, blanca y roja tras conocer la noticia a través de un periódico llamado El Pato Encadenado – para más escarnio –, ha pedido responsabilidades. Un alto cargo del ministerio de Transportes ha empezado a engrasar la guillotina y ha encargado una sesuda investigación interna para saber quién fue el/la lumbreras que ideó, encargó y pagó tanto vagón de vía estrecha. Por su parte, los responsables de las empresas públicas que gestionan la red ferroviaria francesa (RFF) y los trenes (SNCF) ya se han calado la gorra de jefes de estación para llevar a sus respectivas locomotoras a vía muerta y evitar ser arrollados. Se sospecha que fue la descoordinación entre ambas empresas públicas la que ha generado esta ridícula situación que tiene a los franceses abochornados, algo nada fácil de conseguir en el país de la grandeur. ¡Señores pasajeros, próxima estación: la Bastilla!

Enredados en las redes

Dejémonos de medias tintas: los mensajes insultantes, injuriantes u ofensivos en razón del sexo, el color de la piel, el credo religioso o la ideología política son igual de intolerables tanto fuera como dentro de las redes sociales. Corresponde a las fuerzas de seguridad y a la Justicia perseguirlos y castigarlos sea cual sea el soporte que se use para su difusión. Con un matiz importante: difundirlos a través de las redes sociales, que por su propia naturaleza son abiertas y tienen la capacidad de propalarlos a velocidad de vértigo, debe ser un agravante de las penas que ya se prevén en la legislación para este tipo de comportamientos. Lo que no es de recibo es que el Gobierno pretenda aprovechar la alarma social que han generado los mensajes de odio y de incitación a la violencia para aplicarle una nueva vuelta de tuerca al ya manoseado Código Penal y volver a modificarlo a golpe de titulares y declaraciones políticas interesadas. 

No quisiera uno ser mal pensado, pero a veces se tiene la sensación de que al Gobierno sólo le preocupan estos comportamientos cuando se ve directamente afectado. Pilar Manjón, la presidenta de una de las asociaciones de víctimas del terrorismo que nunca ha ocultado su desacuerdo con el Gobierno, ha sido literalmente machacada en las redes sociales sin que nadie hiciera nada por evitarlo. La hoy candidata socialista al Parlamento Europeo, Elena Valenciano, canceló su cuenta en Twitter harta de recibir insultos contra ella y su familia. Nadie tampoco puso entonces el grito en el cielo ni se rasgó las vestiduras ni pregonó que había que endurecer el Código Penal para castigar a los violentos. Podrían citarse aquí unos cuantos casos más muy similares. 

Ahora ocurre todo lo contrario: a raíz de la riada de basura que anegó las redes tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, el ministro del Interior sí ve la necesidad imperiosa y urgente de modificar y endurecer el Código Penal e incita al ministerio de Justicia y al Fiscal General del Estado para que actúen. Por lo demás, se han disparado también las detenciones de internautas por hacer comentarios ofensivos o incitar a la violencia a través de las redes, como si estuviéramos ante un fenómeno nuevo y desconocido. 

Puede que no lo sea, pero esa actitud de Interior huele a doble vara de medir en función de quién es la persona agraviada o amenazada. La inmensa mayoría de los juristas de los que he tenido la oportunidad de leer sus opiniones a raíz de la basura que circuló por la red tras el asesinato de Isabel Carrasco o de la final de baloncesto que perdió el Real Madrid, coinciden en que la legislación actual se basta y sobra para sancionar debidamente estos comportamientos reprobables de tantos pigmeos intelectuales que por desgracia pululan por las redes sociales, y que me perdonen los pigmeos. 

Coinciden también algunos expertos en que, puestos a cambiar o modificar algunos aspectos del Código Penal, tal vez debería pensarse en corresponsabilizar penalmente a determinados prestadores de servicios en Internet. Hablo sobre todo de Twitter y Facebook, sobre los que apenas recae responsabilidad alguna cuando sus usuarios difunden esos deleznables mensajes a través de sus cuentas. Identificar los perfiles de los usuarios y expulsar de la red a los cobardes que se esconden tras el anonimato para injuriar, justificar la violencia e incitar a practicarla debería ser una de sus responsabilidades. A ella cabe añadir mostrarse mucho más ágil en el bloqueo de cuentas con contenido racista y violento y en la eliminación de esos mensajes para evitar en tanto sea posible su propagación. 

Por tanto, piénsese más en las lagunas legales que impiden perseguir y castigar de forma adecuada los abominables comportamientos en la red de los violentos – afortunadamente minoritarios, no lo olvidemos – y menos en aprovechar el río revuelto para buscar la manera de silenciar las críticas contra el Gobierno por la vía de Código Penal, tentación autoritaria a la que este Gobierno y en particular su ministro de Interior parecen muy proclives. Calíbrese bien dónde acaba el derecho a la libertad de expresión y donde empieza el acto delictivo y aplíquese la ley vigente en todo su rigor salvaguardando el primero y castigando el segundo con ejemplaridad y sin contemplaciones. En otras palabras, un Estado de derecho tiene que afrontar este tipo de repulsivos comportamientos en las redes sociales con prudencia, rigor, cabeza fría y cero de hipocresía política.

Seis días de mayo

Si alguien mete la pata hasta la cintura y a pesar de la presión para que la saque tarda seis días en hacerlo, cabe concluir que no la ha sacado de muy buen grado. El candidato popular Arias Cañete se retrató como un benevolente y paternalista machista cuando alardeó de su superioridad intelectual tras el debate con la candidata socialista Elena Valenciano. Eso fue el viernes de la semana pasada, un día después del primer y único cara a cara entre ambos en televisión. El debate – ya lo hemos comentado aquí – nos mostró a un Cañete nervioso e inseguro, aferrado al argumentario de la herencia recibida, y a una Valenciano que tampoco despertó pasiones. Y ahí acabó el debate, dentro de los platós y fuera, porque en los mítines ambos se han dedicado con ahínco al principio del “y tú más”. 

Pero por encima de ese discurso cansino y rallado, desde entonces hasta esta mañana toda la campaña ha girado en torno al improperio machista pronunciado al día siguiente en otra televisión por el candidato popular. Seis días ha estado Arias Cañete eludiendo a los periodistas que le preguntaban si pensaba pedir disculpas y cancelando entrevistas ya pactadas, parapetado mientras detrás de la prensa amiga, los columnistas de guardia, el partido y el Gobierno que se han encargado de dibujárnoslo como un santo varón, dechado de virtudes y feminista de pro. 

Hoy, por fin, se ha rendido pero ha sabido escoger bien el sitio para entonar el mea culpa: la cadena COPE, en donde sabía a ciencia cierta que no le harían preguntas incómodas y encontraría ánimo y comprensión. En todo caso han sido unas disculpas manifiestamente mejorables y no sólo porque haya dejado pasar seis días para pedirlas. También porque las ha matizado cuanto ha podido alegando en su defensa una larga trayectoria de respeto a las mujeres y porque para justificar el tiempo transcurrido no se le ha ocurrido nada mejor que asegurar que “no esperaba que se levantara tanto revuelo” ¿Y qué esperaba? ¿Qué le riéramos la ocurrencia y alabáramos su comprensión para con una pobre mujer desvalida a la que hizo todo lo posible por evitarle el mal trago de someterla a su superioridad intelectual? 

No sé y nadie puede saberlo cuánto le costará en votos su penoso comentario machista y los seis días que ha dejado pasar para agachar la cabeza y pedir disculpas a medias. Lo que es seguro es que no le saldrá completamente gratis y puede que pase mucho tiempo antes de que se olvide su sonado patinazo. Si como es previsible es propuesto para comisario europeo, se tendrá que ver de nuevo en la tesitura de hacer frente a las críticas que sin duda recibirá de otros eurodiputados cuando tenga que pasar el examen en el Parlamento Europeo. 

Se equivocan Arias Cañete y el PP si creen que su machista salida de tono es un asunto doméstico que no ha trascendido las fronteras españolas. Numerosos medios de comunicación internacionales – y no sólo de izquierdas – han criticado sus palabras y han recordado a un italiano llamado Rocco Buttiglione, que quedó a las puertas de ser comisario europeo por sus hirientes comentarios sobre la homosexualidad y por asegurar que el papel de la mujer en la familia es el de tener hijos y ser protegida por un hombre que la cuide. 

Además, con su penoso comentario carca el candidato popular le ha dado a los socialistas, incluidos los de otros países de la UE, un filón electoral que ni en sus mejores sueños podía imaginar el PSOE y, aunque también está por ver el reflejo en las urnas de esa baza inesperada, no es probable que sea muy importante. En el fondo estoy por pensar que a ambos partidos les ha venido muy bien la polémica machista para ocultar ante los ciudadanos la pobreza intelectual y política de sus respectivas propuestas para esta Unión Europea que nos toca tan de cerca pero que los ciudadanos seguimos viendo tan sorda y lejana de nuestras preocupaciones. 

Era poco lo que esperábamos de esta campaña de perfil bajo que está a punto de terminar. Sin embargo, después de estos seis días de mayo enredados en una polémica que Arias Cañete pudo haber zanjado pidiendo disculpas sinceras y sin medias tintas el mismo día en el que hizo sus lamentables comentarios, la sensación de desconcierto, desinterés y hastío es si cabe mayor que el primer día. A pesar de todo es necesario recordar una vez más que votar es un derecho democrático, el fundamental, y los ciudadanos no deberíamos renunciar alegremente a ejercerlo sin antes sopesar las diferentes opciones en juego. Por fortuna, el abanico político en el que elegir no se agota en los dos partidos hasta ahora mayoritarios.     

Un lío universal

La contrarreforma judicial del Gobierno se ha llevado por delante la llamada Justicia Universal que ya había sufrido un severo correctivo en tiempos de Zapatero. El cambio en la ley lo impulsó hace poco de prisa y corriendo el PP y no el Gobierno propiamente dicho. La diferencia parece baladí pero no lo es en absoluto: al presentarse como proposición de ley y no como proyecto de ley se eliminan engorrosos informes precepticos del Consejo de Estado y otros organismos, se acortan de forma sustancial los plazos de tramitación y, por último, la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado hace el resto. Pero fue tanta la prisa que se dio el PP en sacar adelante su iniciativa y evitarle quebraderos diplomáticos al Gobierno que por el camino se dejó algunas puertas muy importantes abiertas. 

Por ella se están largando a sus casas los narcotraficantes apresados por la policía española en aguas internacionales cargados hasta los topes de hachís, cocaína y otras sustancias. Desde que entró en vigor la ley los jueces españoles se han visto obligados a poner en libertad a 43 presos que habían sido detenidos a bordo de embarcaciones repletas de droga. Como las limitaciones impuestas por la reforma popular excluyen de la acción judicial los barcos apresados en los que no viajen españoles, que no tengan bandera española o de los que no se pueda acreditar que viajen a España, los magistrados de la Audiencia Nacional que llevan estos asuntos se ven en la obligación de abrirles las puertas de la cárcel de par en par. 

Como es fácil imaginar, la policía, los agentes de vigilancia aduanera y, sobre todo, las asociaciones que llevan décadas luchando contra las drogas y contra las mafias que trafican con ellas rebosan de satisfacción. Todo el esfuerzo, todas las campañas y todas las horas, semanas, meses y años de investigación policial tirados por la borda porque el Gobierno no quiere conflictos diplomáticos, en frase para enmarcar del portavoz popular Alfonso Alonso. También aplauden con las orejas las policías de otros países que a partir de ahora puede que dejen de compartir información con sus colegas españoles a la vista de que estos sólo podrán sentarse en la costa a ver pasar los barcos con los alijos. Pero para contentas, las redes de narcotraficantes que se podrán tumbar en cubierta a tomar el sol y navegar plácidamente a la vista de la policía española. Lo único que tendrán que cuidar es no meterse en aguas españolas y asunto zanjado.

Así las cosas, el lío en la Audiencia Nacional es de época: los fiscales les piden a los jueces que procesen a los narcotraficantes y estos responden que la ley no lo permite y que se lo pidan al Gobierno. Este calla y mira para otro lado y, que se sepa, aún nadie ha movido un dedo para cerrar ese portón por el que a este paso las cárceles españolas van a ver reducida drásticamente la población reclusa. 

En paralelo, algunos jueces desoyen la letra y el espíritu de la reforma y continúan adelante con sus investigaciones sobre genocidios y crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que acaba de decidir el juez Pedraz respecto al genocidio maya en Guatemala que causó un cuarto de millón de muertos y al asalto de la embajada española en aquel país centroamericano que se saldó con 36 víctimas mortales. Entiende el magistrado que estamos ante un caso de terrorismo y ahí sí que no puede llegar el largo brazo del PP y del Gobierno para impedirle que continúe la investigación. 

Desde mi punto de vista hace bien y lo mismo deberían hacer otros jueces que se encuentren ante casos similares si el Gobierno no rectifica, que probablemente no lo hará: buscar la manera de sortear una reforma que responde sólo a intereses políticos y comerciales y que aparta a España de un concepto de la Justicia ampliamente aceptado a escala internacional, aquel que establece que para la persecución de los crímenes no puede haber fronteras que valgan.

El falso mantra de la recuperación

Alardea el Gobierno de recuperación económica. Lo dicen de la mañana a la noche sus ministros y lo pregonan los candidatos y cargos públicos del PP: la recuperación ya está aquí, ya estamos creciendo y creando empleo, pronto habremos dejado atrás la crisis y volveremos a ser la envidia del mundo. Parecen convencidos en el Gobierno y en el partido que lo apoya de que si repiten muchas veces el mismo y cansino estribillo los ciudadanos terminaremos comulgando con sus ruedas de molino y creyéndonos lo que, como mucho, no es más que una leve y precaria mejoría de las grandes cifras macroeconómicas. 

Sin embargo, las pequeñas cifras, esas que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos y con sus economías de andar por casa, las que hablan del bienestar social y económico de un país apenas interesan ni se mencionan en los grandes discursos políticos. Cuando se trata de poner sobre la mesa la pobreza, la exclusión social, la miseria de los pensionistas, los efectos de los copagos sanitarios, el recorte de las becas, los hachazos a la dependencia o los desahucios los pregoneros de la recuperación económica enmudecen o sufren un súbito ataque de amnesia. Hay, por tanto, que recordarles que el país está muy lejos de ser esa España de color de rosa que ellos nos dibujan. Es más, hay que sacar a relucir cuantas veces sea necesario que no sólo no nos estamos acercando al paraíso en la tierra que nos quieren endosar sino alejándonos de él a pasos de gigante. 

De esa realidad que los ministros y cargos del PP no mencionan nunca en sus discursos acabamos de conocer un nuevo dato que pulveriza su falso optimismo sobre la recuperación económica. Lo ha hecho público hoy el Banco de España, nada sospechoso de ser una institución antigubernamental o antisistema, y asegura que el año pasado 50.000 familias perdieron sus viviendas a manos de los bancos, un 11% más que el año anterior. Del total, casi 39.000 eran viviendas habituales de familias que hoy puede que estén malviviendo en casa de sus parientes, el verdadero amortiguador social de esta crisis ante la saña con la que se ha empleado el Gobierno en poner contra la espada y la pared los servicios sociales. No faltarán tampoco las que se hayan ido con sus cosas a pasar sus días bajo un puente y a vivir de la ayuda de ONGs como Caritas o Cruz Roja, a las que la sociedad española nunca les podrá agradecer lo suficiente que estén haciendo el ímprobo esfuerzo de paliar con sus menguantes recursos la dejación del Gobierno de sus responsabilidades para con los más desfavorecidos por la crisis. 

Es significativo que cada vez más familias que no pueden hacer frente a la hipoteca entreguen la vivienda sin oponer resistencia alguna al desalojo, como pone de manifiesto el descenso del número de lanzamientos en los que intervino la policía. El dato sugiere que son cada vez más las familias que han arrojado la toalla y ya ni siquiera tienen fuerzas para seguir luchando por sus casas ante el desamparo institucional y político que padecen. La aceptación por parte de los bancos de la dación en pago para hacer frente a la deuda sigue siendo anecdótica y las solicitudes de familias en apuros que desean renegociar la deuda son despachadas con una negativa en la mayor parte de los casos. 

Las tímidas medidas con las que el Gobierno pretendió detener la indignación social por los desahucios se han revelado insuficientes y aquel brindis al sol llamado “Código de buenas prácticas” es puro papel mojado sin apenas incidencia positiva sobre las familias con serias dificultades para pagar las cuotas mensuales de su hipoteca. Claro que todo esto se preveía y se le advirtió al Gobierno que, sin embargo, respondió con una gran capacidad para doblar la cerviz ante los sacrosantos intereses de los bancos y sus prácticas abusivas en forma de cláusulas suelo o desmesurados intereses de mora. Así, no dudó en salir en tromba a tumbar por la vía constitucional el decreto andaluz para expropiar el uso de la vivienda a los bancos cuando la familia hipotecada no puede hacer frente a las cuotas. 

Mientras, el llamado “banco malo” sigue especulando con los pisos de las entidades financieras intervenidas cuando su obligación social es ponerlos en el mercado a precios asequibles para las familias desahuciadas o en riesgo de desahucio. Con estas cifras en la mano es casi un insulto a la inteligencia alardear de recuperación económica. Una mentira no se convierte en verdad aunque se repita mil veces y la recuperación económica a día de hoy es una mentira. Y de las gordas.