La Transición descansa en paz

Cantadas y alabadas ad nauseam las innegables virtudes políticas del pilotaje de Adolfo Suárez al frente de la Transición, conviene esbozar unas líneas sobre las reacciones ante su muerte. En primer lugar tenemos al rey. Su obituario del presidente fallecido careció de la emoción que cabía esperar de alguien que tuvo muy buen ojo para poner en el de Cebreros todas las esperanzas de que la Corona saliera airosa del dilema político sobrevenido tras la muerte de Franco. Rutinario y sin brillo, el monarca despachó el trámite con algunos lugares comunes dignos de una ocasión mucho menos propicia para renovar la alicaída confianza de los españoles en la institución monárquica como la que se le presentaba. Otra oportunidad perdida. 

Es casi un secreto a voces que fue precisamente la retirada de la confianza real la que abocó a Suárez a presentar la dimisión, acosado además por su propio partido, la oposición, la prensa, ETA, la Iglesia y los militares. El que sea capaz de aguantar tanta presión junta sería un superhéroe y Suárez, a pesar de toda su demostrada sagacidad política, no llegaba a tanto ni era tanto lo que se le exigía. 

Sigamos por el presidente del Gobierno: Mariano Rajoy nos deleitó con otra de sus plúmbeas intervenciones oficiales de las que los ciudadanos ya estamos curados de espanto. No se sabía muy bien si estaba despidiendo al que muchos consideran no sin exageración “el artífice de la democracia en España” o adelantándonos alguna espesa previsión económica a las que tan aficionado se ha vuelto en los últimos tiempos. Gris y falto de vibración política no tuvo empacho ni rubor, sin embargo, en patrimonializar para su partido y su Gobierno el espíritu de consenso y diálogo que caracterizaron la Transición conducida por Suárez. 


No le han ido a la saga otros dirigentes del PP y varios miembros de su gobierno. Mención especial merece el titular de Exteriores, García Margallo, convencido de que si Suárez se tuviera que enfrentar al desafío catalán haría exactamente lo mismo que está haciendo Rajoy, es decir, ni pestañearía, como Don Tancredo. Pero ya se sabe que una de las grandes ventajas de la ficción histórica es que los muertos no opinan y los hechos nunca podrán contradecir tus afirmaciones. 

A propósito, mención singular merece el presidente Artur Mas, que se materializó ante la capilla ardiente de Suárez para lanzarle a la cara de Rajoy la figura dialogante y de consenso del presidente de cuerpo presente a escasos metros suyos. Tampoco podían faltar en la obligada visita a la capilla ardiente viejas glorias de la UCD, dispuestas también a soltar alguna lágrima de cocodrilo. Allí se dieron cita, por ejemplo, todo un Miguel Rodríguez y Herrero de Miñón o todo un Landelino Lavilla, dispuestos a canonizar al mismo presidente muerto que con gran éxito habían contribuido a crucificar en vida: ¡Al suelo, que vienen los nuestros! se coreaba en las filas de la UCD cuando el partido ya se había convertido en una espectacular bola de fuegos artificiales con democristianos, socialdemócratas y franquistas demócratas de-toda-la vida saltando por los aires y buscando cada uno mejor acomodo político.

Para la historia de estos días en los que hemos revivido el blanco y negro y los puros humeando en el Congreso de los Diputados, quedará también la imagen de los tres ex presidentes vivos de riguroso luto oficial. González, Aznar y Zapatero apenas se pueden ver entre sí pero tocaba escenificar unidad aunque ésta fuera sólo flor de unas horas. La misma unidad que reclamaban al paso del cortejo fúnebre con los restos de Suárez abandonando para siempre la Carrera de San Jerónimo los ciudadanos que se agolpaban en las aceras y gritaban ¡Vivas! y ¡Presidente! Puede que muchos de ellos - los más creciditos, sobre todo -  le pagaran en su día a Suárez con la misma moneda con la que los británicos le pagaron a Churchill después de vencer a los alemanes en la II Guerra Mundial, es decir, dándole la espalda cuando puso en pie aquella aventura imposible que se llamó CDS. 

Con todo, se palpaba en el ambiente una petición expresa a los partidos políticos para que antepongan el interés general al partidista y recuperen el espíritu de concordia de la Transición que estos días ha sobrevolado la política española. Dudo que el mensaje haya llegado a oídos de quienes al menos deberían intentarlo, de manera que ese espíritu por unos días revivido seguramente descansa en paz a esta hora bajo una losa de la catedral de Ávila y sin riesgo de que se despierte de nuevo.

Silvio Rodríguez: "Óleo de mujer con sombrero"

El agravamiento de la enfermedad de Adolfo Suárez me ha traído a la memoria muchas canciones que conformaron la banda sonora de la Transición española: Joan Manuel Serrat, Hilario Camacho, Luis Eduardo Aute, Jarcha, Labordeta, La Bullonera, Lluis Llach, Raimon, Rosa León, Paco Ibáñez, Víctor Manuel, Carlos Cano, Ana Belén, Cecilia, Javier Krahe y muchos más. Entre ellos siempre ocupó un lugar muy destacado un cubano, muchas de cuyas canciones ni siquiera comprendíamos aunque las cantábamos a todas horas.....



Suárez: en la hora del adiós

Recuerdo el paso de Adolfo Suárez por la política con algo de nostalgia por una época clave en la historia reciente de este país en la que, los que empezábamos entonces a llegar a la universidad, nos metíamos de coz y de hoz en el debate público y pontificábamos sobre lo que estaba mal – casi todo – y lo que estaba bien – casi nada. Esa nostalgia se agranda un poco más si cabe si comparamos la politización de entonces – en el mejor sentido del término – con la abulia política de hoy entre amplias capas de la sociedad. Entonces se entremezclaban sentimientos encontrados entre la necesidad de dar pasos mucho más largos hacia un país democrático, culto, plural y participativo con el miedo a que una excesiva aceleración del proceso sacara de sus guaridas a los fantasmas del pasado. 

Ese miedo cobró todo su vigor el 23F, apenas un mes después de que Suárez abandonara la presidencia del Gobierno. Muchos temimos entonces que lo poco que había avanzado la democracia en España volvería a quedar aplastado bajo las pesadas botas militares. Afortunadamente no fue así a pesar de que, en medio de una crisis política que volvió a poner en duda la gobernabilidad del país, Adolfo Suárez había presentado su dimisión como presidente del Gobierno. No le sobraban razones para hacerlo con un partido que había saltado pero los aires pero, en cualquier caso, seguro que muchas menos que las que otros tienen en la actualidad para seguir su ejemplo. 

Le sucedió durante unos meses Leopoldo Calvo Sotelo – ya fallecido – y llegó después el triunfo arrollador del PSOE y del felipismo. Podía decirse que lo peor había pasado, que la democracia empezaba a consolidarse en un país que no la conocía desde hacía casi medio siglo, toda una rareza en Europa. Con la llegada del PSOE al poder concluyó ese agitado periodo de la historia de España que todos ya conocemos como Transición. Uno de los más complicados de cuantos ha vivido este país en el último medio siglo, incluida la actual crisis económica y sus consecuencias en forma de paro, pobreza, exclusión, recortes y leyes que, en algunos casos, amenazan con hacernos viajar en el tiempo a etapas anteriores incluso a las que protagonizó Suárez al frente de la vida pública española. 

Suárez, con sus luces y sus sombras y con su pasado vinculado a los estertores del franquismo, llenó el espacio público durante cinco años decisivos para España, los que van de 1976 como presidente preconstitucional a 1981, fecha de su dimisión, atosigado por los conflictos en su partido, la oposición, las críticas de la prensa, la presión de los militares y la Iglesia y hasta la pérdida de confianza del Rey. A partir de ahí comenzó su declive político con aquel proyecto imposible llamado Centro Democrático y Social que fue incapaz de resucitar de sus cenizas a la extinta UCD. 

Como presidente dio un paso de gigante para acabar con las “dos Españas” al legalizar al PCE de Santiago Carrillo, una de las causas probables de lo ocurrido el 23F, y que ya puso entonces a los cuarteles en estado de alerta máxima y a muchos españoles con el corazón en un puño. Ese paso hizo posible también una Constitución de amplio respaldo y que, a pesar de sus achaques y desajustes y de su necesidad imperiosa de reformas, aún sigue cumpliendo mal que bien la función para la que fue pensada: hacer de España un estado social y democrático de Derecho.

Ese modelo de Estado está hoy amenazado por quienes pretenden convertir buena parte de los avances que la Carta Magna ha hecho posibles en coto de intereses privados. Podrá discutirse legítimamente todo lo que se quiera sobre si no tuvo entonces el pueblo español la opción de elegir entre Monarquía o República,  pero no es cuestionable el papel decisivo desempeñado por la Constitución en la vida de los españoles. 

Por lo demás y después de las primeras elecciones democráticas en décadas, Suárez afrontó desde la presidencia del Gobierno una grave crisis económica, si no tan profunda como la actual, sí de la suficiente potencia como para generar un clima de protestas laborales y tensiones sociales inéditas desde hacía décadas. Los Pactos de la Moncloa impulsados con tenacidad por Suárez consiguieron calmar y dar salida a aquella situación, no sin ácidas críticas desde la izquierda extrema – aún con fuerza aunque dispersa - a los partidos y sindicatos que suscribieron los acuerdos, entre ellos el propio PCE. 


Ahora bien: este es un país de gusto inmoderado por la hagiografía de todo tipo, incluida la política. En la hora en la que el primer presidente de la democracia española ha dicho adiós sin acordarse siquiera de la decisiva etapa que protagonizó al frente del país, se suceden las alabanzas y se exacerban las virtudes. Como cualquier otro ser humano, Suárez cometió errores políticos, pero su enumeración depende del color del cristal con el que se mire su paso por la política. Así, para unos, el mayor de todos fue la puesta en marcha de un estado cuasi federal con 17 autonomías que no había ni hay forma de financiar adecuadamente y que cuatro décadas después amenaza de nuevo con romper sus costuras. Para otros nunca se desprendió de su pasado franquista y para los de más allá, entre ellos los militares, fue un traidor al antiguo régimen que nunca debió haber legalizado los partidos políticos y convocar elecciones democráticas.


Las figuras providenciales en política hace tiempo que están desacreditadas por la Historia. Los procesos de cambio nunca son obra de una sola persona por visionaria o valiente que sea, sino el fruto de la conjunción de factores, agentes y circunstancias diversas y a menudo contrapuestos. Es seguro que Suárez no habría conducido a buen puerto la transición española contra las resistencias franquistas sin el apoyo de la Corona y de las fuerzas políticas y sociales pero, sobre todo, sin el respaldo de los ciudadanos. Con él al frente, todos ellos fueron partícipes de ese paso histórico de una dictadura decadente a un régimen de libertades, todo lo imperfecto que se quiera, pero democrático.

A nadie dejó indiferente la figura de este hombre singular, algo seco y estirado en su sobriedad castellana, pero con una capacidad de diálogo y consenso que ya la quisiéramos para los tiempos actuales de mayorías apisonadoras y oídos sordos al clamor social. Por eso, hoy más que nunca, cobra toda su vigencia una frase suya pronunciada en el Congreso de los Diputados en una fecha tan lejana como octubre de 1977: “La Constitución y el marco legal de los derechos y libertades públicas no deben constituir el logro de un partido, sino la plataforma básica de convivencia”. Algunos deberían de tomar buena nota.

Botella no llega a fin de mes

El sueldo ya no da para café con leche
Aclaro: no es que la políglota alcaldesa de Madrid tenga intención de dimitir y así tener tiempo para acudir con sus compis Soraya y María Dolores a las procesiones de Semana Santa o tomarse a cup of café con leche en la Plaza Mayor. Es mucho peor que eso: ¡se ha bajado el sueldo! Atorníllense bien al suelo porque vienen curvas: a partir de ya, Ana Botella va a cobrar 1.987 euros brutos menos al año. Exactamente va a pasar de cobrar 101.998 euros anuales a tan solo 100.000. Una rebaja salarial de ese calibre no la veíamos en España desde que Montoro dijo que los salarios estaban “creciendo moderadamente”.

Echo mano de la calculadora y me salen unas cuentas de vértigo. El sueldo de la alcaldesa más retuiteada de España se reduce exactamente en 166 euros mensuales. Me pregunto alarmado cómo va a hacer frente esta mujer a los gastos de la casa, a la luz, el teléfono y el agua con un marido en paro y los hijos en el pelotón de los “ni ni”, cobrando esa miseria de mileurista que va a cobrar a partir de ahora. 

Pero no crean que la cosa queda aquí: tiene la alcaldesa un plan entre manos para recortarle también los sueldos a los concejales madrileños, sobre todo los de la oposición y particularmente a aquellos que más le critican su escaso dominio de la lengua de Shakespeare o le afean asuntos como la huelga de basuras, el Madrid Arena, las subidas de impuestos y los recortes de todo tipo.

Aunque, debido a su carácter de natural benévolo, no parece que tenga intención de convertirlos también en mileuristas hasta el año que viene. Es probable que quiera darles tiempo suficiente con el fin de que vayan ahorrando para cuando lleguen las vacas flacas. De momento no hay noticias en la Villa y Corte de que se esté planteando la alcaldesa suprimir al menos una parte pequeñita de su nutrida legión de asesores digitales con sueldos anuales que van de los 40.000 a los 70.000 euros ni la tropa de secretarias, ayudantes de secretarias, ayudantes de las ayudantes de secretarias, chóferes y otros puestos de necesidad ineludible en un ayuntamiento como el que se honra en presidir.

Ella sí, para dar ejemplo, ha decidido que cobrará 2.000 euros menos al año para quedarse con esa miseria limosnera de 100.000. Menos mal que conservará todos sus trienios como alta funcionaria de la administración pública porque, de lo contrario, tardando estaban ya los madrileños en organizar una rifa para echarle una mano y ayudar a esta pobre familia a llegar a fin de mes. Cualquier cosa menos permitir que siga aumentando la pobreza y la exclusión social.

Putin y cierra Ucrania

“Crimea es tierra santa”, ha dicho hoy en el Kremlin el zar Vladimir Putin. No lo ha dicho a caballo alanceando ucranios sino con traje y corbata, ante un atril y en presencia de un buen número de dirigentes políticos rusos que, por supuesto, aplaudieron entusiasmados. En cualquier caso, el disfraz es lo de menos. Lo que importa es la justificación para quedarse con la península ucrania de Crimea y en este punto hay que reconocer que el argumento es irrebatible. Para eso y no para otra cosa, para que los descarriados rusos que se habían quedado dentro de las fronteras de la infiel Ucrania volvieran al regazo de la Gran Madre Rusia se organizó el referéndum del domingo en el que no es imposible que votaran algunos muertos de la II Guerra Mundial. Y con ese fin se enviaron también a la zona tropas rusas no identificadas, – todo un hallazgo de Putin –, no fuera a ocurrir que alguien se equivocara y no votara lo correcto en el referéndum. 

Los que supusieron que después de los reñidos resultados de las votaciones del domingo – 97% de votos a favor de la unión con Rusia – Crimea se convertiría en una especie de nuevo estado satélite bajo la órbita rusa se equivocaron de medio a medio. Ni dos días ha tardado el zar en dar gusto a sus fieles hermanos de Crimea y hoy mismo ha firmado el decreto por el que convierte esa región y la de Sebastopol en nuevas provincias del renaciente imperio ruso. Ahora tendrá que ratificarlo la Duma y el Tribunal Constitucional, más que nada por guardar las apariencias de que Rusia es un país democrático no porque vayan a poner pega alguna. 

Mientras el zar Vladimir Putin maniobraba a placer aprovechando el río revuelto de la crisis política en Ucrania y añadía a su corona la gema de la descarriada tierra del príncipe Vladimiro, – ¡qué coincidencias tiene a veces la historia! –, ¿qué ha hecho eso que convencionalmente llamamos la “comunidad internacional”? Pues, básicamente, reunirse y hablar por teléfono. A decir verdad, no está EEUU o la propia UE como para dar demasiadas lecciones de respeto al derecho internacional a nadie, incluida Rusia, después de lo ocurrido con Kosovo, Irak, Afganistán o Libia, por sólo citar unos pocos ejemplos relativamente recientes. Putin se lo ha recordado hoy y ese argumento es casi tan inapelable como el de la “tierra santa”. 

Eso sí, a Obama, por ejemplo, no se le puede negar que ha hablado hasta por los codos sobre la crisis en Ucrania y no menos cabe decir de la lideresa europea Merkel. Ésta última hasta se permitió amenazar con duras sanciones a Rusia si continuaba adelante con el referéndum anexionista. Las sanciones en cuestión se concretaron en Bruselas con la congelación de algunas cuentas corrientes de altos dirigentes rusos y algo similar ha hecho Obama. También está previsto aislar a Rusia de los grandes foros económicos internacionales como el G8, que no están los grandes líderes del planeta para salir en la foto con alguien como el sátrapa de Moscú comiendo ucranios a dos carrillos. ¡Tiembla, Vladimir! 

De embargo de armas a Rusia, por ejemplo, nada de nada, y no es probable que se llegue a ese extremo con la todopoderosa industria militar en el punto de mira. De echarle una mano militar al débil gobierno provisional de Ucrania tampoco se habla, aunque de estas cosas más bien se suele hablar poco o nada. Lo que sí parece bastante probable es que la necesite: después de perder Crimea - y veremos aún sin derramamiento de sangre - nadie puede garantizar que, tras hacer la digestión de esa península, el zar de Moscú vaya ahora a por nuevos territorios del este de Ucrania. De hecho, en algunos de ellos ya hay manifestaciones “espontáneas” pidiendo un referéndum como el del domingo. Al final, todo dependerá de si San Jorge y el príncipe Vladimiro – tanto el antiguo como el actual - consideran que también son tierra santa. En ese caso, la suerte está echada.

El gobierno de los expertos

Que los expertos en esto, en lo otro y en lo de más allá digan qué es lo que deben hacer los responsables políticos se ha convertido en una costumbre cada día más arraigada en ministerios y comunidades autónomas de este país. Si hay que reformar las pensiones para que los pensionistas cobren menos a fin de mes se convoca un comité de expertos que digan lo que necesitamos hacer; si de lo que se trata es de reformar la administración pública, se elige un sanedrín de sabios qué aconsejen lo más conveniente, es decir, suprimir o privatizar empresas públicas y descargar la administración de tanto parásito; cuando la cuestión a resolver es si hacemos como que bajamos los impuestos cuando en realidad tenemos intención de subirlos llamamos a unos cuantos catedráticos de universidad y le endilgamos la tarea de decirnos cómo debemos hacerlo sin que se note demasiado. 

Así, los expertos van colonizando áreas cada vez mayores de la administración pública en donde se supone que hay responsables políticos con legiones de asesores “de confianza” en los asuntos de sus competencias y a los que se aparta de las tareas por la que se supone que les pagamos sus sueldos los ciudadanos. Los expertos que analizan y proponen al Gobierno toda suerte de reformas en asuntos de tanto calado como las pensiones o los impuestos se convierten de este modo en la coartada perfecta de los responsables políticos para tomar medidas impopulares: ¡Ah! – proclaman -, no hemos hecho más que limitarnos a poner en práctica las recomendaciones de los expertos que para eso han estudiado y saben de lo que hablan. 

Cuando en los informes de los expertos hay votos discrepantes se ignoran y se subrayan sólo los puntos de vista que coinciden con el del responsable político que en último extremo tiene que tomar la decisión. Por supuesto, la transparencia en la elección de quiénes deben ser los expertos que conformen esos comités que parecen gobernarnos en la sombra es de lo más opaca y solo cuando empezamos a escarbar un poco nos encontramos que en un alto porcentaje coinciden plenamente o en su gran mayoría con los planteamientos ideológicos de quien les encarga el trabajo. Así ocurrió, por ejemplo, con el comité de sabios que elaboró la propuesta para la reforma del sistema de pensiones, plagado de representantes de financieras con intereses en planes privados de pensiones. 

Y seguro que no es una casualidad sino todo lo contrario que la propuesta de reforma fiscal que los expertos le han entregado hace unos días a Cristóbal Montoro y que está cosechando muchos más pitos que aplausos vaya en la misma línea de la que elaboró el año pasado la Fundación FAES del PP: reducir el número de tramos del IRPF, bajar el tipo máximo por debajo del 50%, recortar el impuesto de sociedades y eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. En cuanto al IVA, el comité de Montoro habla de subir varios productos del 10% al 21% y FAES recordaba que hay recorrido para subir ese impuesto aunque sin precisar porcentajes. 

Montoro bien podría habernos ahorrado a sus expertos y el circo mediático que lo ha rodeado y echar mano del informe de FAES porque, salvo error u omisión, en poco se diferenciara la reforma fiscal que finalmente apruebe el PP para dorarnos la píldora con una supuesta rebaja de impuestos en año electoral que en realidad será una nueva vuelta de tuerca sobre las rentas del trabajo y un nuevo regalo fiscal para los más ricos. De la promesa de Rajoy de bajar realmente los impuestos después de subirlos nada más llegar a La Moncloa, incumpliendo así su palabra de darle un respiro a las acogotadas clases medias de este país, mejor ni hablamos. Ya lo han hecho por nosotros los neutrales e inmanculados expertos seleccionados por Montoro, todo un catedrático de Hacienda Pública como el señor Lagares que ha presidido su comité de sabios pero que, a lo que se ve, de impuestos no debe saber ni jota.

El avión que voló

Cuarenta barcos y otros tantos aviones de una docena de países además de satélites y radares de medio mundo llevan casi una semana buscando el avión de Malasia que desapareció en la madrugada del sábado con 239 personas a bordo sin dejar rastro. Y nunca mejor dicho, porque nadie se explica lo ocurrido aunque cada cual tiene varias hipótesis. Asombrado, el mundo se pregunta cómo puede desaparecer un gigante de 60 metros de largo, más de 18 de alto y cerca de 160 toneladas de peso y no dejar tras de sí una mínima señal que permita localizarlo y averiguar qué ocurrió con él. 

Hasta ahora y en medio de una confusión total y de la desesperación de los pasajeros, en su mayoría chinos, se han ido descartando una tras otra todas las posibles causas de lo ocurrido. El atentado terrorista fue la primera causa que a muchos se les pasó por la cabeza, máxime tras conocerse que dos pasajeros viajaron con pasaportes falsos. Esa posibilidad no tardó mucho en ser descartada y, a partir de ahí, todo han sido palos de ciego con el Gobierno de Malasia en estado de perplejidad y el chino presionando para que no se abandone la busca. 

Pero ¿dónde buscar, si los satélites espía de la propia China y de otros países no han detectado nada y lo mismo les ha ocurrido a los barcos y aviones que rastrean sin descanso un área próxima a los 200 kilómetros cuadrados? Del mismo modo que la teoría del atentado terrorista, también han ido cayendo las esperanzas depositadas en objetos avistados en el mar y la última que ha entrado en cuarentena es la posibilidad de que el aparato continuara volando cuatro o cinco horas más después de que se perdiera la comunicación con él. Volando pero ¿hacia dónde? ¿cambió de ruta? ¿por qué?

En este clima de incertidumbre sobre la suerte del avión y de sus pasajeros, a nadie le extraña que afloren las teorías más pintorescas como que fue absorbido por una misteriosa fuerza desconocida o que pudo aterrizar en la selva y está oculto en un hangar a resguardo del alcance de los satélites, lo que parece mucho suponer con la sofisticada tecnología que emplean en la actualidad las grandes potencias para espiarse mutuamente. Del mismo modo es sorprendente que algunos teléfonos móviles de los pasajeros den tono algo que, según los expertos, sería del todo imposible si el aparato se encontrase bajo el agua. 

Desde luego, no es esta la primera vez que desaparece un avión en pleno vuelo sobre el mar pero sí la primera en la que pasa tanto tiempo sin tener la más mínima pista de su paradero y su suerte. A todos nos ha venido a la mente estos días lo ocurrido con un avión de Air France que el año 2009 volaba de Brasil a Francia y que cayó al mar poco tiempo después de despegar. En aquella ocasión los primeros restos fueron localizados cinco días después y en esta ocasión ya superamos ese plazo con creces. Y lo que es más importante, los pilotos del avión francés emitieron un “myday” antes de estrellarse, algo que no ha ocurrido en este caso y ni siquiera las llamadas cajas negras han emitido señal alguna. 

Por lo demás, el aparato de las líneas aéreas de Malasia desaparecido, un Boeing 777 que había pasado con éxito una revisión hacia solo diez días, es un modelo diseñado para largos recorridos y catalogado como seguro ya que a lo largo de sus casi 30 años de vida sólo ha registrado unos 60 incidentes. Atentado terrorista, sabotaje, fallo estructural, técnico o humano, lo cierto es que estamos ante la desaparición más misteriosa en la historia de la aviación comercial moderna. Por ahora y mientras continúa la búsqueda, lo único que tenemos son las últimas palabras del piloto del avión desaparecido: “Todo bien, buenas noches”.

Francisco, año primero

Mañana hará un año desde que el argentino Jorge Bergoglio entró como cardenal en un cónclave vaticano de intenso regusto medieval y salió de él proclamado papa. Se asomó al balcón de la basílica de San Pedro y, en lugar de impartir la bendición urbi et orbi, pidió a los congregados que rezaran por él. Se permitió incluso bromear sobre su procedencia lejana en lo que podría interpretarse incluso como un suave tirón de orejas a una curia vaticana endogámica que llevaba siglos eligiendo papas italianos o de países cercanos. Se autobautizó como Francisco en recuerdo del santo de Asís y esa fue su primera declaración de intenciones. Tanto su elección como su talante sorprendieron entonces a creyentes y a no creyentes pero pusieron también en guardia a los sectores más conservadores de la Iglesia católica. 


En doce meses, el papa Francisco ha puesto patas arriba la doctrina tradicional del catolicismo en asuntos como las causas de la crisis económica, la inmigración, el papel de la mujer en la Iglesia, el divorcio o la teología de la liberación anatemizada por sus antecesores. Se ha permitido también intervenir en el santa santorum de las cuentas del Vaticano, un terreno que hasta ahora también parecía inmune e indiferente por completo al nombre de quien ocupara la silla de San Pedro. Sin embargo, en otras cuestiones no menos importantes como los gravísimos escándalos de pederastia en el seno de la Iglesia se ha mostrado mucho menos locuaz y “revolucionario”. Puede ser que comparta la posición de buena parte de la curia sobre este escabroso asunto, partidaria de tapar los abusos y correr un tupido velo sobre ellos, o puede ser que prefiere ir con mucho tiento en una cuestión tan delicada. El tiempo lo dirá.


Sin entrar a debatir ahora la escasa vigencia en los tiempos actuales de una institución de oscuros orígenes medievales como el papado, ni creyentes católicos ni no creyentes han podido permanecer indiferentes ante la novedosa figura de un papa que, además de expresar en voz alta lo mismo que millones de personas en el mundo, por primera vez no parece un ser caído del cielo: concede entrevistas a los medios de comunicación, elude los coches oficiales y blindados y no se detiene en detalles de coquetería como el color de las zapatillas. 

Ahora bien, el complejo mundo con el que el papa Francisco tiene que lidiar vive a velocidad de vértigo y está ya poco acostumbrado a esperar demasiado para que las promesas y las buenas intenciones se conviertan en realidad. Después de un año refrescando el viciado ambiente en el que se encontraba inmersa la Iglesia católica, el papa Francisco debería empezar a pasar a los hechos concretos. Al menos en aquellos ámbitos en los que posee capacidad de decisión si no absoluta si al menos muy amplia. Que la resistencia de la vieja guardia es enconada nadie lo duda pero corre el riesgo si no lo hace de defraudar a sus fieles y a quienes, sin serlo, también ven en él a un líder moral de proyección global que puede contribuir a avanzar hacia un mundo algo mejor. 

Los escándalos de pederastia, las sanciones que aún pesan sobre los teólogos de la liberación, el aborto, el divorcio o el papel de la mujer en puestos eclesiásticos de responsabilidad son cuestiones que requieren no sólo intenciones sino sobre todo definición y acciones. Sin duda, nadie mejor que el propio papa Francisco debe conocer el significado del famoso versículo 7:15-20 del Evangelio según San Mateo: “Por sus obras los conoceréis”.

Diez años y una obsesión

Poco cabe añadir a lo que se ha dicho y escrito en los últimos días a propósito de la conmemoración de los diez años transcurridos desde los atentados del 11M en Madrid, más allá de expresar el máximo respeto y solidaridad para con los familiares de las víctimas mortales y para con los heridos en aquella masacre. Sin embargo, por terrible que resulte, una década después de la matanza en los trenes de cercanías hay aún sectores sociales y políticos de este país que no tienen reparos en continuar alimentando la teoría de la conspiración para explicar la autoría de los atentados.

Lo hemos comprobado en los últimos días en determinados artículos de opinión en algunos de los medios que dieron pábulo a esa descabellada teoría desde el minuto uno de la tragedia y que, aún hoy, parecen seguir con credulidad digna de mejor causa líderes políticos como María Dolores de Cospedal. En una estudiada posición de ambigüedad, la número dos del PP vino a decir un día antes de celebrarse este nuevo aniversario de los atentados que nunca se puede cerrar la puerta a “nuevos datos” que permitan esclarecer lo ocurrido.

Es admirable la falta de respeto que algunos dirigentes políticos muestran ante las decisiones judiciales adversas a sus intereses para centrarse en los hechos y en las pruebas y la facilidad con la que aplauden en cambio cuando les son favorables. Un proceso judicial y una vista oral desarrolladas con todas las garantías procesales para los acusados y una sentencia condenatoria ejemplar no son para estos sectores y dirigentes políticos argumentos suficientes para hacerles desistir de la idea de que, detrás de los atentados, maniobró una mano negra aliada con ETA que conspiró para torcer el resultado de las urnas y arrebatarle al Gobierno saliente el triunfo que ya daba por descontado.

Aquel mismo día, fruto de la torpeza de un Ejecutivo empeñado en ocultar la realidad a los ciudadanos para que los hechos no le pasaran factura en las elecciones, nació la teoría de la conspiración. La alimentó el propio Gobierno en sus inicios y la ha venido apoyando sin muchos escrúpulos durante todos estos años el PP y otros sectores de la derecha española cuando el testigo pasó a los medios de comunicación que la siguen sosteniendo. Hasta hoy mismo, sin ir más lejos, aunque afortunadamente con fuerza muy decreciente y esperemos que terminal.

Así, la instrucción del caso, la evaluación de las pruebas y la vista oral tuvieron que desarrollarse en medio de un clima enrarecido, sembrado de bulos malintencionados y de una inusitada presión mediática sobre el tribunal que, a pesar de todo, dictó una sentencia que nadie ha podido rebatir por mucho que lo hayan intentado y lo sigan intentando aún.

Y en medio las víctimas y sus familiares, a las que no ha habido reparo en utilizar políticamente durante todos estos años e incluso en clasificarlas en función de si comulgaban más o menos con ruedas de molino y, según ese criterio, atenderlas mejor o peor, como si creer más o menos en la conspiración fuera aval y requisito imprescindible para recibir el trato que cualquier víctima de una tragedia de aquellas dimensiones requiere y merece.

Ignoro si es un problema congénito de la sociedad española pero lo cierto es que, diez años después de los atentados, no puede seguir el país abierto en canal cada vez que llegan estas fechas porque algunos sectores políticos continúen resistiéndose a aceptar los hechos tal y como fueron y se juzgaron y no como tal vez les hubiera gustado que fueran. El primer paso para acabar con esa obsesión que dura ya una década lo han dado las asociaciones de víctimas que en esta ocasión y por primera vez han conmemorado conjuntamente el aniversario, aunque sus respectivos planteamientos sigan estando distantes. Sería muy saludable para la vida de este país que quienes aún se empeñan en propalar dudas sobre lo ocurrido una fría y trágica mañana de marzo de 2004 en Madrid siguieran su ejemplo.

¡Resiste, Luis!

A Luis Bárcenas no le gusta la cárcel. No se lo reprochemos porque, yo al menos, no conozco a nadie que le guste. Desde que está entre rejas vive el hombre sin vivir en él, aislado del mundo y sin poder hacer la vida a la que estaba acostumbrado. Ya no viaja a Suiza a hacer ingresos bancarios y su amor por el esquí lo tiene aparcado quién sabe por cuánto tiempo. Tampoco tiene ya mando en plaza en Génova, 13, no recibe a empresarios con abultados sobres en el maletín ni los reparte personalmente a sus jefes y compañeros políticos. 

Su situación empieza a ser tan desesperada que hasta la economía doméstica se ha resentido y hace poco tuvo que pedirle al juez que le dejase mover algún dinerillo de sus cuentas para que su familia pudiera hacer la compra en el súper. Se ve que el finiquito en diferido de Cospedal se ha agotado más pronto de lo previsto y no hay más remedio que tirar de los ahorros, que no deben de ser muchos a pesar de una vida de trabajo honrado. Ante este dramático escenario  Bárcenas se ha armado de valor y ha escrito una carta de su puño y letra – para que no haya duda sobre la autoría – al juez Ruz. Le pide por cuarta vez que le permita irse a casa y le promete que será bueno, que no se fugará y que no destruirá pruebas sobre el trapicheo de los sobres. A cambio le ofrece más documentación, toda la que el juez quiera y necesite sobre la financiación irregular del PP. Está dispuesto incluso a presentarse mañana y tarde en el juzgado y si el juez así lo dispusiera no tendría inconveniente en acudir de madrugada también. 

Verdaderamente da lástima la situación personal de este hombre, tratado como un apestado por los suyos que ni siquiera se atreven desde hace tiempo a pronunciar su nombre en público, que no saben quién es cuando se les pregunta por él, que juran que nunca lo han visto y muchos menos que haya militado en su partido. Por eso es incomprensible la dureza del alma del juez que una tras otra ha denegado todas las peticiones de libertad de alguien de su probidad moral y ética. ¿Cómo puede el magistrado sospechar siquiera que, en cuanto pusiera los pies fuera de la prisión, Luis Bárcenas iba a tomar las de Villadiego y largarse de España dejando abandonada a su suerte a su desconsolada y desvalida familia? 

¿A dónde iba a ir? ¿En qué lugar del mundo se iba a ocultar este pobre de solemnidad, sin medios para escapar de la Justicia durante mucho tiempo? Pero sobre todo ¿cómo iba a hacerles un feo como ese a sus amigos del PP, con los que tantos buenos y provechosos ratos y experiencias he compartido durante todos los años en los que tuvo el honor de que se le encomendara la llave de la caja fuerte del partido? 

Y sobre la posibilidad de destrucción de pruebas, el jamás haría tal cosa. El juez sabe que Bárcenas siempre he mostrado la máxima disposición a colaborar con la Justicia y que, si hubiera querido, muchas de esas pruebas habrían sido destruidas hace mucho tiempo. Por tanto no debe demorar ni un minuto más la libertad de este honrado y ejemplar ciudadano que sufre injusta prisión mientras su familia pasa miserias y en el que nos miramos todos los españoles como en un espejo. ¡Resiste, Luis! y mientras el juez decide, reflexiona sobre aquello que dijo Gandhi: “los grilletes de oro son mucho peores que los de hierro”.     

Y Putin cogió su fusil

Envalentonado ante la inanidad de la UE y de EEUU, el zar del Kremlin está a punto de merendarse un buen bocado de la vecina Ucrania. Eso para empezar, porque nadie puede descartar que se quede con hambre y quiera más. En Ucrania, un gobierno corrupto aunque salido de las urnas es desplazado del poder por una revolución popular que pide cambios y, sobre todo, mucha más proximidad a la Unión Europea y mucha menos a Rusia. El presidente del gobierno toma las de Villadiego cuando se ve perdido e incluso con su vida en serio riesgo. Luego reaparece en la vecina Rusia bajo la protección y las bendiciones del nuevo zar de Moscú. Atrás ha dejado un reguero de muertes de confusa autoría y un país al borde de la guerra civil. 

Las calles de Kiev se pueblan de ultranacionalistas neonazis que imponen su ley a sangre y fuego mientras un extraño gobierno provisional deambula sin rumbo ni programa definido pidiendo apoyos a su causa. Aprovechando el río revuelto de la situación, Putin empieza a mover hábilmente sus hilos y lo hace allí en donde sabe que su megalomanía imperialista encontrará más apoyos: Crimea. En esa península de fuerte componente proruso (60% de la población) empiezan a producirse inquietantes movimientos militares que no se sabe a ciencia cierta si son del ejército ruso, de paramilitares prorusos o de ambos. Probablemente lo tercero pero para el caso es lo mismo. 

Lo cierto es que poco a poco se van haciendo con el control de la región y arrinconando al ejército ucranio, pequeño y con material de desguace procedente de la era soviética. La chispa parece a punto de saltar por momentos mientras presidentes de gobierno y jefes de Estado, ministros de exteriores y altos representantes van de acá para allá, celebran reuniones urgentes, hacen serias advertencias al zar y quedan en volver a reunirse con urgencia. Pero el primer paso se ha dado ya, nadie lo ha parado, y el segundo no tarda en llegar: el parlamento regional de Crimea aprueba su anexión a Rusia y convoca un referéndum sobre la marcha cuyo resultado está cantado de antemano: quienes osen pedir el voto en contra de la anexión y a favor de la integridad de las fronteras de Ucrania, caso de los tártaros o los propios ucranios, lo pueden pasar muy mal. 

En ese inestable punto está la situación en estos momentos, pendiente solo de que la fuerza de los hechos y no del derecho consume y culmine la estrategia rusa. Probablemente no necesitará Putin disparar ni un solo tiro habida cuenta la escasa entidad de las advertencias de eso que algunos se siguen empeñando en llamar “comunidad internacional”, como si tal cosa no fuera una mera entelequia. Sobre la debilidad de la ONU mejor corramos un tupido velo y sobre el timorato Obama lo más que se puede decir es que lleva días colgado del teléfono para convencer al zar de que deje las manos quietas. El resultado de sus esfuerzos está a la vista: cero. 

Lo mismo ocurre con la presunta Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad – es evidente que el nombre del cargo y el cargo mismo le quedan demasiado grandes a la señora Ashton – que a lo más que ha llegado es a ofrecerle 11.000 millones de euros a ese extraño gobierno provisional de Ucrania como si fuera eso precisamente lo que más necesita en estos momentos. De imponer sanciones serias y contundentes a Rusia sólo vaguedades que no llevan a ninguna parte mientras, desde Moscú, el zar amenaza con hundir el dólar y con cerrarle el grifo del gas a Ucrania y, de paso, a media Europa. 

Con estos actores el desenlace del guión parece bastante claro: el zar se quedará con Crimea después de pasarse todo el derecho internacional por el arco del triunfo mientras Obama y la UE, más pendientes de sus cuitas internas que de esta flagrante violación de fronteras, esconden la cabeza bajo el ala.

Toma el dinero y corre (a África)

No ganamos para disgustos. Con la tasa de paro más alta de España a un sector del empresariado canario no se le ocurrió hace unos meses otra cosa que proponerle al comisario europeo Joaquín Almunia que permitiera que una parte de los beneficios de la Reserva de Inversiones pueda materializarse en África. Almunia, seguramente cogido con el pie cambiado, no dijo ni sí, ni no, ni todo lo contrario, salvo que lo estudiaría. Fue suficiente para que el presidente de la patronal de Las Palmas proclamara a los cuatro vientos que el número dos de la Comisión Europea “ve con buenos ojos” que parte del dinero que se ahorran en impuestos los empresarios de las Islas a cambio de reinvertirlo en ellas se vaya al continente vecino. 

Y estalló la polémica y el debate: el Gobierno de Canarias rechazó de plano la posibilidad, la casi totalidad de los partidos políticos y otros sectores empresariales canarios también y la reacción de los sindicatos ya se la pueden imaginar. Todos recordaron algo que se caía por su propio peso: que la Reserva para Inversiones, uno de los instrumentos más potentes del Régimen Económico y Fiscal de las Islas, fue diseñada pensando en que lo que deja de percibir la Hacienda Pública vía impuestos se destine a la generación de riqueza y empleo en Canarias. Destinarla a inversiones en África, en el hipotético y dudoso caso de que Hacienda y Bruselas lo admitieran, sería simple y llanamente desnaturalizarla y tal vez abocarla a su desaparición. La polémica pasó y cuando suponíamos que a nadie se le iba a ocurrir ponerla de nuevo sobre la mesa, va el PP de Canarias y lo hace. 


Lo hizo hace unos días su secretario en Canarias, Asier Antona. Asegura que permitirles a los empresarios canarios que inviertan entre el 30 y el 40% de la dotación de la RIC en África “haría más atractivo este instrumento”. Cabe pensar que el señor Antona ve poco atractivo que un empresario canario pueda evitarse pagar a Hacienda por sus beneficios a cambio de reinvertir lo no pagado en su tierra generando riqueza y empleo en ella. Habría que preguntarle a un empresario madrileño, vasco o catalán si verían poco atractiva la posibilidad que tienen sus colegas de Canarias.

En realidad, la propuesta del PP no hace sino respaldar y poner de relieve el escaso patriotismo – llámenlo amor por su tierra, si quieren - de un cierto sector del empresariado canario que llora permanentemente por las esquinas clamando por subvenciones y privilegios de todo tipo pero que no muestra el más mínimo reparo en llevarse sus beneficios a otro lado aunque en su tierra se sufra la mayor tasa de paro de España. Para que las empresas canarias se internacionalicen y exporten sus productos al exterior ya existe la Deducción por Inversiones con beneficios fiscales mucho más potentes en las islas que los del resto del territorio nacional y que evitan la deslocalización de las empresas, de manera que los descuentos fiscales reviertan en Canarias.

Al PP ese instrumento no le parece suficientemente atractivo y apuesta por una fórmula que abre incluso la puerta a que grandes empresas de la Península usen Canarias como mero puente para aprovechar las ventajas de la RIC en África pero sin apenas crear riqueza en las islas. Sin contar con las dificultades que tendría España para controlar la legalidad de esas inversiones en países en donde la hacienda pública deja mucho que desear.

Es cierto que la RIC es un opaco instrumento generador de reiterados conflictos entre Hacienda y los empresarios y que los millones que se han acumulado en ella no parecen haber contribuido demasiado a rebajar las cifras de paro en Canarias a pesar de la machacona insistencia con la que se ha pedido que se amplíen las posibilidades de reinvertirlos en diferentes sectores de la actividad económica de las Islas. Sin embargo, de cómo resolver esas deficiencias no habla la propuesta del PP ni de cómo hacer que realmente la RIC genere riqueza y empleo en Canarias que es en donde se obtienen los beneficios no tributados a Hacienda, no en África.

Aunque es sabido que que el dinero no conoce de fronteras ni de patrias ni de sensibilidad alguna con los problemas sociales, esta iniciativa va demasiado lejos y constituye incluso una falta de respeto a los más de 300.000 parados que hay en Canarias y a los ciudadanos que pagan sus impuestos en este país.

Historia de un recurso o cómo hacer un pan como unas tortas

Mientras los gobiernos canario y central negociaban sus diferencias sobre la ley turística de las islas, el ministro del ramo, José Manuel Soria, amagaba un fin de semana tras otro con llevar la norma al Tribunal Constitucional. Con esa presión sobre sus cabezas negociaban los representantes de ambos gobiernos, cada día más convencidos de que pasara lo que pasara la ley acabaría en el Alto Tribunal. Así, a medida que se acercaba el final del plazo que ambas administraciones se habían dado para evitar la judicialización de esa ley, resultaba cada vez más evidente que el recurso no sería tanto el fruto de una abnegada defensa de los principios constitucionales o las directivas comunitarias, sino una manera de ponerle un buen palo en las ruedas a la necesidad de modernizar la planta alojativa más obsoleta.

En ese objetivo contó el ministro con la inestimable colaboración del cabildo de Gran Canaria que, presto a seguir la estrategia de su jefe de filas, intentó derivar el contencioso hacia el manido terreno del pleito insular. No le fueron a la saga los empresarios grancanarios, los turísticos entre ellos, que también clamaban por el recurso si la ley no se adaptaba a sus demandas. Sin que acabara el plazo para la negociación y justo una semana después de que el Gobierno canario anunciara que pediría autorización para celebrar una consulta sobre las prospecciones petrolíferas, llegó la réplica de Soria: habrá recurso de inconstitucionalidad.

Hecho el anuncio que muchos daban por seguro desde hacia tiempo, el Consejo de Ministros lo estudió y autorizó y apenas tres días más tarde se presentó en el Constitucional. Las prisas y las carreras de última hora debieron de ser la causa de que, en el escrito ante el Constitucional, la Abogacía del Estado cometiera el histórico error garrafal que expertos constitucionalistas y en derecho urbanístico coinciden en apuntar. Porque seguramente esta es la primera vez en la que un Gobierno pide en un recurso de inconstitucionalidad justo lo contrario de lo que buscaba. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido, porque al solicitar expresamente que se suspenda la aplicación de los preceptos de la ley que permiten la construcción de hoteles y apartamentos de cinco estrellas, los únicos que no están vinculados a la renovación de la planta alojativa, lo que ha hecho es blindar que todo lo que se construya tendrá que partir de la rehabilitación. Es lo que se llama popularmente hacer un pan como unas tortas.

La primera interpretación que del recurso hizo el ministerio de Turismo aseguraba que, una vez admitido a trámite el escrito, se abría la puerta a la construcción de todo tipo de establecimientos turísticos en suelo calificado para ese uso. Dos días después, esa interpretación empezó a agrietarse y el propio Ministerio reconoció que no sabía qué efectos tendría el recurso y, lo que es más asombroso, anunció que el Gobierno “se reuniría con los servicios jurídicos del Tribunal Constitucional y la Abogacía del Estado” para aclararles que “el espíritu del recurso” es que se puedan levantar hoteles de cualquier categoría sin vinculación con la rehabilitación.

En otras palabras: “señores magistrados del Constitucional, disculpen, patinamos y lo que queríamos decir con el recurso no es lo que dice el recurso; sean buenos y comprensivos y no tengan en cuenta la letra del escrito sino el espíritu que la inspira”. Claro que, mientras los magistrados del Constitucional deciden si se atienen a la letra o toman en consideración las “aclaraciones sobre el espíritu” de la misma, los inversores empiezan a guardar el dinero en la caja fuerte y a paralizar las inversiones previstas. Es lo que se llama incertidumbre e inseguridad jurídica, los dos principales enemigos de cualquier inversión capitalista. Los empresarios turísticos que antes querían recurso ahora lloran sobre la leche derramada y los que se oponían a judicializar la ley le exigen al Gobierno que retire tamaña chapuza ante la espantada de los inversores. ¿Cómo arreglará ahora Soria el desaguisado?  Continuará…

Montoro tiene un problema

Al ministro Montoro le ha caído hoy la del pulpo y un marrón del que aún no se sabe muy bien cómo saldrá: podría tener que devolver unos 13.000 millones de euros que le pueden hacer un boquete de considerables dimensiones en las cuentas públicas y a los ciudadanos uno más grande aún en nuestros bolsillos. Dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el llamado “céntimo sanitario” que se aplica en España desde 2002, cuando gobernaba Aznar y España iba bien, es una suerte de aberración fiscal. Dice también que se ha venido aplicado de mala fe porque en reiteradas ocasiones Bruselas había advertido al Gobierno español de que el impuesto de marras vulneraba el derecho comunitario y hasta le abrió un expediente a nuestro país por ese motivo. 

Como quien oye llover, España lo siguió aplicando hasta el año pasado cuando, atisbando el revés judicial que se avecinaba, lo incluyó en los impuestos sobre hidrocarburos, algo que debió de haber hecho desde un primer momento. Primero fue la administración central la que lo aplicó y después, con la llegada de la crisis, se fueron animando las comunidades autónomas de todos los signos políticos con el visto bueno del Gobierno central. Sólo cuatro, entre ellas Canarias por su régimen fiscal diferenciado, no sucumbieron a la tentación de obtener unos millones de recaudación extra a costa del bolsillo de los consumidores con la excusa de destinarlos a costear la sanidad pública, algo que está por ver si hacían o no.

Esa es la parte que el Tribunal rechaza: no se puede establecer un impuesto sobre los hidrocarburos si su recaudación no guarda alguna relación específica con ellos. Lo cierto es que no faltan argumentos en contra y a favor de que se cobre un impuesto sobre los combustibles para destinarlo a financiar un servicio público como la sanidad. Los que lo rechazan coinciden con la sentencia conocida hoy y consideran injusto que transportistas o taxistas tengan que contribuir en mayor cuantía que otros ciudadanos al sostenimiento de servicios públicos como el de la sanidad. 

Los que lo apoyan subrayan, por ejemplo, que contribuye a que todos los ciudadanos podamos disfrutar, con el permiso de Ana Mato, de una sanidad pública de calidad. Y añaden que la polución o los accidentes de tráfico también generan importantes gastos en los servicios sanitarios. 

En cualquier caso, la sentencia es firme y obliga expresamente a España a devolver el dinero indebidamente recaudado con este sistema, unos 13.000 millones de euros. Es ahí en donde empieza ahora el problema. Las comunidades autónomas ya hablan de pasarle la factura a Montoro y el ministro minimiza los daños y asegura que no será tanto, como mucho unos 4.000 millones. Ya veremos cuánto es porque hay que tener en cuenta que un impuesto indebidamente cobrado prescribe a los cuatro años y, sobre todo, que Hacienda seguramente pedirá hasta el certificado de buena conducta a quienes osen solicitar que se les devuelva el dinero sisado con el famoso céntimo sanitario.

Es verdad que Montoro tiene un problema pero, como tenga que devolver los 13.000 millones de euros, los españoles vamos a tener más de uno.

Los mercados bien, gracias

Soy Rajoy, el que esta mañana se presentó en el Congreso y mandó a parar la crisis: se acabó, no más crisis, lo peor ha pasado. Y todo gracias a mí, aunque en mi natural modestia me esté mal decirlo. Toca ahora crecer, ya somos un país en el que se puede confiar, en el que los inversores invierten a manos llenas y al que las grandes agencias de calificación le suben la nota de la fiabilidad. Ya podemos cantar victoria, ya no vemos una débil y parpadeante luz al final del túnel. Ahora lo que vemos es una luz cegadora y llena de esperanza que nos guiará por la senda de la recuperación definitiva hasta la victoria (electoral) final. Las cifras macroeconómicas son espectaculares, se nos empieza a considerar “la segunda Alemania” y eso son palabras más que mayores. 

Nuestras reformas funcionan y dan resultados, a la vista están. Eso no quita para que mantengamos el pulso, la hoja de ruta, porque aún queda mucho por hacer para que este país haga honor de verdad a la marca España. Y lo haremos, no les quepa la menor duda. Cogimos un país endeudado y al borde del rescate y lo hemos puesto de nuevo en pie. Hoy nos aplauden los grandes inversores, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que son los que saben. Es verdad que aún nos piden más esfuerzos, reformas y recortes. En eso estamos, porque necesitamos consolidar este extraordinario milagro de sacar al país de su peor crisis y hacerlo en solo dos años, casualmente los que yo llevó al frente del Gobierno que Dios y los electores guarden mucho tiempo.

Y para que vean que aprecio los sacrificios de los españoles, me voy a permitir dos pequeños regalos, nada importante ni ostentoso. Voy a permitir que las empresas que empleen nuevos trabajadores con contrato fijo puedan disfrutar de una tarifa plana de 100 euros en la Seguridad Social. Puede que esto anime a muchas empresas a despedir a sus actuales trabajadores y contratar otros nuevos para ahorrarse unos euros en la Seguridad Social, pero a mí me maquillan de lo lindo las cifras del paro. Puede también que se me descuadre aún más la caja de la Seguridad Social pero ya se le ocurrirá algo a Fátima para solucionarlo. 

También me voy a permitir un pequeño regalo fiscal ahora que tengo algunas urgencias electorales: el mínimo exento de pagar el IRPF subirá a 12.000 euros, lo que seguro alegrará a unos 12 millones de españoles. Es verdad que cuando subí los impuestos después de prometer que los bajaría le apliqué la subida a todo el mundo y ahora la rebaja sólo beneficiará a una parte de los damnificados y dejará la presión fiscal por encima del nivel en el que la encontré cuando llegué a La Moncloa. Espero al menos que los que se van a beneficiar aprecien el gesto y me tengan presente en sus oraciones y, sobre todo, en las urnas. Con eso me conformo.

Me reprocha la insaciable oposición que he ocultado que tenemos un millón de parados más desde que estoy en La Moncloa y escamoteo la caída continua de la población activa, que la reforma laboral ha sido la herramienta perfecta para la destrucción de empleo, que he abaratado los salarios, me he cargado la clase media y ni siquiera he mencionado el fracaso clamoroso de la reforma eléctrica o que los bancos siguen guardando el crédito bajo siete llaves después de todo el dinero público que hemos metido en ellos. 

Me critican que no haya aludido a que España es el segundo país con más desigualdades sociales de la Unión Europea, que crezca la pobreza y la exclusión social, que la corrupción campe a sus anchas en mi propio partido y que mis ministros de Educación, Sanidad o Justicia trabajen con prisa y sin pausa para demoler la educación y la sanidad pública, cargarse el consenso social sobre el aborto y poner barreras económicas para acceder a la Justicia.

La verdad, creo que todo es falso salvo algunas cosas que están ahí. Aunque, en realidad, yo de esos asuntos no entiendo y por tanto no opino, así que se las dejo a mis ministros en los que confío plenamente. A mí lo que me ponen son Merkel y las grandes cifras macroeconómicas y por eso hoy puedo lanzar un mensaje claro y contundente de esperanza a la sociedad española: los mercados bien, gracias.     

Marruecos tiene la culpa

La portavoz del PP canario ha encontrado la perfecta explicación para justificar el apoyo inamovible de su partido en las Islas y el de su jefe de filas, José Manuel Soria, a las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Para María Australia Navarro, la razón no es otra que el hecho de que Marruecos también lo está buscando y – cabe concluir – si lo encuentra antes que nosotros se beneficiará de él y los canarios habremos perdido una oportunidad histórica de amarrar los perros bardinos con los chorizos de Teror que nos prometió hace unos meses el presidente de REPSOL.

La portavoz popular ignora el parecer de los geólogos quienes aseguran que, de existir petróleo en esas aguas, se acumularía en bolsas diferentes. También pasa por alto que, hasta ahora al menos, los intentos de Marruecos para encontrar crudo en sus aguas han resultado infructuosos y que el propio ministro Soria – travestido en los últimos tiempos de portavoz de REPSOL - ha reconocido que las posibilidades de encontrarlo en aguas canarias es del 20%. Estos argumentos no parecen tener suficiente peso para que el PP canario reconsidere su obsesiva pasión petrolera digna de un fin mucho más elevado que el de hacer oposición al Gobierno de Canarias y desdeñar el parecer de la mayoría de la población de las islas a la que, encima, se le piensa negar la posibilidad de pronunciarse en referéndum sobre este asunto.

Así que, en la línea de sostenella y no enmendalla, Navarro ha intentando explicar de este modo tan poco convincente las razones por las que su partido - suponemos que es el mismo - hace piña con el resto de la sociedad en Baleares y Valencia contra los sondeos, mientras en Canarias es la única fuerza política que los apoya sin plantearse la más mínima duda sobre los efectos de un vertido en el turismo, el medio ambiente y el abastecimiento de agua potabilizada. Sostener y defender que hay que hacer prospecciones en Canarias porque el vecino de enfrente también las hace y no pararse ni por un momento a considerar el riesgo para la principal fuente de riqueza de este archipiélago y para su población es cuanto menos irresponsable, por no decir suicida.

Todo hace indicar que las multitudinarias manifestaciones del fin de semana en Baleares y Castellón contra las prospecciones en el Mediterráneo, apoyadas en ambos casos por el PP, han vuelto a coger a los populares canarios con el pie cambiado. Aunque si algo debe de haber descalabrado por completo la línea de flotación del argumentario del PP canario son las declaraciones de nada más y nada menos que el responsable de Estudios y Programas del partido. Vino a decir Esteban González Pons, hombre de mucho peso en la dirección nacional del PP, que probablemente haya petróleo en el Golfo de Valencia. Sin embargo, a diferencia de la insistencia con la que sus correligionarios de Canarias reiteran que hay que saber por lo menos si hay petróleo en aguas de estas islas, González Pons ni siquiera desea confirmar la sospecha porque si efectivamente se descubre crudo en esa zona del Mediterráneo alguien querrá explotarlo y entonces “adiós al turismo”

Según esa vara de medir, cabe concluir que sólo en el Golfo de Valencia hay riesgo de vertidos y, por tanto, hay que parar las prospecciones como sea y salvaguardar el turismo y el medio ambiente. La misma curiosa vara de medir de los populares establece al mismo tiempo que en Canarias los sondeos son una actividad sanísima y exenta de riesgos de cualquier tipo para nuestro principal sector económico, para el rico ecosistema marino y para el abastecimiento de agua de la población. Eso sí, si se produjera un vertido – Dios no lo quiera – siempre tendríamos a mano a Marruecos para echarle la culpa.

Kit dijo no (lo sé)

Un monumento con una calculadora en la mano merece como poco el periodista que a buen seguro tuvo que dedicar gran parte de la tarde de ayer a contar los “no lo sé”, “no lo recuerdo”, “no lo sabía”, “no tengo conocimiento” y “no me consta” que pronunció la infanta en su histórica declaración del pasado día 8 ante el juez Castro. En total 550 evasivas a preguntas claras y directas del juez, de las que cuatrocientas fueron “no lo sé”, que colocan a toda una alta ejecutiva de una señera entidad financiera de mucho ringo rango a la misma altura que la mítica tonta del bote.

Tengo para mí que lo que sufrió la infanta el día de autos fue un violento ataque de amnesia que le impidió acordarse de nada que pudiera relacionarla con los negocios de su esposo, de los que por supuesto nunca habla con él en casa. De vulgaridades como el dinero sólo se habla en casa de quienes no lo tienen o les escasea, pero no en el domicilio de una familia modelo como la que forman ella, su marido, sus niños y demás parientes reales. 

Cristina no sabe qué es Aizoon, no sabe a qué se dedicaba, no presidió ninguna junta universal del chiringuito, no sabe quién entraba y salía en las oficinas de la empresa a la que su marido desviaba el dinero que le sacaba a las administraciones públicas a pesar de que, casualmente, estaban en su propio domicilio. ¿Aizoon, dice usted? Me suena a desodorante, señoría. 

Cristina no sabe nada de cuentas ni de impuestos, eso lo deja en manos de sus asesores en los que confía tanto como en su confiable esposo que por algo la llama Kit cuando no hablan de negocios, que es casi nunca. ¿Cómo no vas a confiar en alguien que te llama Kit? Y Nóos, señoría, me suena a chocolatina y ni idea de sí existía una empresa con ese nombre y si tenía alguna relación con el desodorante Aizoon. ¿Y dice usted que yo tenía el 50% del tal desodorante? Mejor le pregunta a mi marido porque yo tengo que confiar ciegamente en alguien que me llama Kit y, la verdad, no me acuerdo de nada. 

Cristina, como buena ama de casa y mamá responsable sólo se ocupaba “de los niños”, de sus deberes y sus médicos, pero “no recuerdo” haberle cargado a Aizoon la compra de unos simpáticos libros de Harry Potter o la nómina de un animador para el cumpleaños de uno de ellos. ¿Clases de merengue con cargo a Aizoon, dice? No me acuerdo y tampoco si las recibió mi marido. 

Y es que de “los gastos” se encargaba su marido, aunque Cristina tal vez quiso decir “de los ingresos”. Igual, en medio del ataque de amnesia que sufría confundió una cosa con la otra, algo muy comprensible. Tampoco sabía que su padre, por casualidad el rey, le había pedido a su esposo que se alejara de la caja pública porque ella, con su progenitor tampoco “habla de negocios” ¡qué grosería!. Eso sí, como buena y cumplidora hija le devolverá en cuanto la situación económica mejore y crezcan los brotes verdes que anuncia Rajoy el préstamo de 1,2 millones de euros -¿o donación? - que le hizo su padre para la compra de Pedralbes. 

-Ahora en serio, señora: ¿actuaba usted como una especie de escudo fiscal de su marido para espantar a Hacienda? 
-¡Pero qué dice usted, señoría! ¡Nunca hubiese aceptado que se me hubiera utilizado como escudo fiscal, nunca, no me consta y casi me ofende señoría! Y sepa, además, que aunque mi marido me llame Kit yo no me llamo Cristina y no soy infanta. ¡Habrase visto! ¡Hasta ahí podíamos llegar!

Venezuela se tensa

Venezuela está de nuevo en el ojo del huracán pero ahora con las tornas al menos algo cambiadas, con la oposición en las calles protestando por la inseguridad, la carestía y el desabastecimiento y el chavismo a la defensiva. La situación se está tornando explosiva, mientras aumenta por días el número de muertos en las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El presidente, que gobierna con plenos poderes por acuerdo de la Asamblea Nacional, toma la deriva de la radicalización y si hace solos unos días amenazó con sacar el ejército a la calle, eso es justamente lo que acaba de hacer en el Estado Táchira, en la frontera con Colombia. 

Allí ya patrullan las tanquetas de los militares intentando refrenar las protestas que se extienden como reguero de pólvora por todo el país. Maduro está en horas bajas y lo sabe. Su retórica grandilocuente para consumo del oficialismo más fiel, su cansino discurso contra Estados Unidos y el “golpe de Estado en curso”, parece encontrar dificultades hasta para convencer a los suyos que, como el resto de los ciudadanos, también sufren la escasez de productos básicos, las colas interminables ante los supermercados para obtener harina para las arepas y los precios desorbitados, con una inflación rondando el 60%, una de las más altas del mundo. 

Es cierto que la oposición está en la calle pero se adivinan grietas entre las formaciones políticas que la integran. Enrique Capriles, el último candidato opositor a Maduro ante el que perdió por un escaso margen de diferencia, ha cedido terreno ante Leopoldo López, que con su gesto perfectamente estudiado de entregarse a la policía por su presunta implicación en las manifestaciones que le costaron la vida a tres manifestantes, ha conseguido centrar sobre él todas las miradas de los venezolanos y de la comunidad internacional.

Y sobre todo, ha conseguido reactivar las esperanzas de la ciudadanía que no comulga con el chavismo representado a trancas y barrancas por su heredero designado Nicolás Maduro. Capriles ha pasado a representar un discurso reiterativo y poco eficaz frente al chavismo y López es la sabia nueva y una retórica reividincativa fresca que ha conseguido poner a Maduro en estado de guardia. Con mucho tiento y el máximo respeto tendrá la gubernamental justicia venezolana que gestionar su arresto si quiere evitar caldear aún más los ánimos entre sus seguidores. 

Lo que vaya a dar de sí y hasta dónde llegará esta revuelta en las calles venezolanas nadie puede preverlo. Lo deseable y, sin duda, lo mejor para evitar una deriva de consecuencias imprevisibles en Venezuela, sería el diálogo y el acuerdo entre gobierno y oposición. Es en realidad lo que demanda el país: acuerdo y colaboración para hacer frente a problemas como el de la gravísima inseguridad pública, los precios astronómicos y el desabastecimiento. Desde luego, no es sacando militares a las calles como se resuelven esos problemas ni como se respeta la libertad de expresión y la imprescindible separación de poderes. Frente a las protestas, diálogo y soluciones, nunca fuerza bruta. 

Consejos para tener cuenta en Suiza

Ya me hubiera gustado, ya. Pero no, yo no tengo una cuenta en Suiza, se pueden quedar tranquilos Montoro y Rajoy. Nunca he sido alcalde ni tan siquiera de mi casa y mucho menos he tenido un banco de inversiones, aunque ya me advirtió mi madre de que con el periodismo nunca podría ser una persona de provecho. Tendría que haberle hecho caso, pero ya es tarde. Lo mínimo que se exige para abrir una cuenta en Suiza y acumular en ella uno, dos o veintidós millones de euros – para empezar - es ser alcalde de algún pueblo como Valdemoro que, como todos saben, cae por donde Pinto. Claro que si se es tesorero del PP las posibilidades de que la cuenta o cuentas crezcan y engorden con salud son infinitamente mayores.

El proceso para tener una cuenta en Suiza es muy sencillo siempre y cuando se cumpla el principal requisito, además del de ser alcalde, senador, tesorero o empresario: tener dinero que queramos ocultar de la codiciosa vista del fisco. Si esa condición indispensable se cumple, solo es necesario darse un salto cualquier fin de semana al país del chocolate con leche con la excusa del esquí y abrir una cuenta en alguno de los numerosos chiringuitos financieros que allí hay. Por los trámites en la frontera no hay motivo de preocupación, basta con poner cara de tener el hígado forrado para que nos dejen entrar sin ponernos restricción alguna sobre la sagrada libre circulación de euros. Hecho el trámite regresa uno a España con cara de satisfacción y alivio, como el que se ha quitado un peso de encima, y continúa con su ejemplar vida pública de probo adalid del interés general. 

Entre viaje y viaje a Suiza mueve uno algunos hilos políticos para ascender en la pirámide del poder y en pocos años se puede pasar de alcalde de Valdemoro a secretario del partido gobernante en la comunidad autónoma de uno y, de ahí a consejero autonómico de algo sustancioso y con presupuesto que gastar, no hay más que un paso. Hacemos otro viaje a Suiza, movemos unos cuantos hilos más y damos el salto al Senado. La cosa va muy bien pero, como en la cámara alta no hay mucho que hacer, podemos dedicar una buena parte de nuestro tiempo a despotricar en las tertulias del tea party castizo contra esa izquierda menesterosa que llevaba a España por el camino de la ruina, y menos mal que hemos llegado nosotros para salvarla y etc., etc.

Sin un día – Dios no quiera que llegue nunca ese momento – un juez aburrido descubre en una investigación de rutina nuestro secreto suizo y se lo comunica a las autoridades de nuestro país, lo primero y más importante es reaccionar con absoluta normalidad. Como la presión mediática y política para que nos expliquemos será insoportable durante mucho tiempo, habrá que tener algunas respuestas preparadas y ensayadas de antemano. Lo primero es tener redactado un comunicado en el que dejemos bien claro que todo es mentira, “salvo algunas cosas que están ahí”, sin más precisiones.

Ni por la cabeza debe pasarnos dimitir: además de poner en cuestión nuestra inocencia le haríamos un daño irreparable a la marca España que, como es sabido en todo el mundo, tiene entre sus principales atractivos que este es un país en el que la Constitución y las leyes prohíben dimitir a un político pillado con las manos en la masa. Al mismo tiempo, si nos atracan los periodistas responderemos que siempre hemos pagado nuestros impuestos religiosamente y que el dinero suizo es fruto de nuestro abnegado y honrado trabajo en el sector privado.

No debemos nunca olvidar este mantra elemental, nos pregunten lo que nos pregunten los periodistas, los adversarios políticos, el fiscal o el juez, llegado el caso. En definitiva, todo se reduce a aplicar a rajatabla aquella sabia máxima del jefe de filas: ser fuerte y resistir. Ya ven que no es tan complicado tener cuenta en Suiza. ¡Cómo me arrepiento de no haberle hecho caso a mi madre!

El lobby del cemento

Menos de una semana después de que el Gobierno de Canarias anunciara su intención de pedir autorización al Ejecutivo central para celebrar una consulta popular sobre el petróleo, el ministro José Manuel Soria anunció que la Ley de Turismo de Canarias tendrá que pasar por el filtro del Tribunal Constitucional. Resulta difícil no ver una relación directa entre los dos anuncios: el ministro, cogido a contrapié por la inesperada petición del Gobierno de Canarias, respondió de inmediato con un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley que solo rechaza una parte del empresariado de Gran Canaria y su cabildo, gobernado casualmente por el PP, y que ha hecho lo imposible por presentar el asunto como un nuevo episodio del pleito insular. 

El anuncio del recurso se produce, además, cuando las negociaciones entre los dos gobiernos, el autonómico y el central, para evitar la judicialización de la norma aún no han concluido y cuando había indicios de que el acuerdo era posible. Soria ha preferido no darle una oportunidad a la negociación y ha optado por impulsar un recurso que puede abrir un escenario de máxima incertidumbre entre los inversores y congelar los cerca de 2.000 millones de euros que las principales entidades financieras del país se han comprometido a poner sobre la mesa para acometer la urgente rehabilitación de la planta alojativa canaria más obsoleta. 

De hecho, muchas de las inversiones ya en marcha pueden enfrentarse a una situación por completo imprevista si el Gobierno central, además de recurrir la ley, solicita también la suspensión cautelar de su aplicación. Por no hablar de la avalancha de peticiones de licencia para construir hoteles de cuatro estrellas que podrían presentarse al día siguiente de la suspensión. De modo que los argumentos esgrimidos por el ministro para justificar el recurso – facilitar la inversión que, a su juicio, la ley obstaculiza – pueden terminar volviéndose completamente en contra de ese objetivo. 

Afirma el ministro que la Ley de Turismo de Canarias es inconstitucional y vulnera la normativa comunitaria de liberalización de servicios. Ignora una vez más que la ley no impide construir nuevos hoteles de cuatro estrellas, como demandan los empresarios grancanarios y el cabildo de la Isla, siempre y cuando se vinculen a la renovación. Lo que sí prohíbe es consumir más suelo del que ya se ha destinado de manera desenfrenada a la construcción de  hoteles y apartamentos, como pretenden los empresarios bajo el argumento de que los establecimientos de cuatro estrellas tienen una fuerte demanda turística. 

Sin embargo, es precisamente ahora cuando descubren una relación entre las cuatro estrellas y el número de turistas – por lo demás discutible - y no cuando se volcaron en levantar complejos de apartamentos y bungalows, muchos de los cuales ofrecen una penosa imagen del destino turístico. La ley ni impide ni obstaculiza ni coarta la inversión, solo la orienta hacia un objetivo concreto y plausible: la rehabilitación de una planta hotelera que necesita remozarse desde hace años y que una vez tras otra se ha venido posponiendo. 

Seguramente, aquellos que si pudieran alicatarían las laderas y montañas de las islas con adefesios urbanísticos para atraer turistas estarán de enhorabuena con este recurso que, por otro lado, se veía venir desde hacía meses dado el entusiasmo con el que se han empleado contra la ley los empresarios amigos del cemento y el cabildo de Gran Canaria.

El propio Soria había amagado y presionado con el recurso desde el instante mismo en que ambos gobiernos se sentaron a una mesa para intentar salvar sus diferencias. El anuncio de que la ley irá al Constitucional demuestra que Soria nunca ha querido ni creído en ese acuerdo y que su objetivo ha sido siempre tumbar una norma que juega en contra de intereses económicos demasiado poderosos como para no ser tenidos en cuenta.