El gobierno de los expertos

Que los expertos en esto, en lo otro y en lo de más allá digan qué es lo que deben hacer los responsables políticos se ha convertido en una costumbre cada día más arraigada en ministerios y comunidades autónomas de este país. Si hay que reformar las pensiones para que los pensionistas cobren menos a fin de mes se convoca un comité de expertos que digan lo que necesitamos hacer; si de lo que se trata es de reformar la administración pública, se elige un sanedrín de sabios qué aconsejen lo más conveniente, es decir, suprimir o privatizar empresas públicas y descargar la administración de tanto parásito; cuando la cuestión a resolver es si hacemos como que bajamos los impuestos cuando en realidad tenemos intención de subirlos llamamos a unos cuantos catedráticos de universidad y le endilgamos la tarea de decirnos cómo debemos hacerlo sin que se note demasiado. 

Así, los expertos van colonizando áreas cada vez mayores de la administración pública en donde se supone que hay responsables políticos con legiones de asesores “de confianza” en los asuntos de sus competencias y a los que se aparta de las tareas por la que se supone que les pagamos sus sueldos los ciudadanos. Los expertos que analizan y proponen al Gobierno toda suerte de reformas en asuntos de tanto calado como las pensiones o los impuestos se convierten de este modo en la coartada perfecta de los responsables políticos para tomar medidas impopulares: ¡Ah! – proclaman -, no hemos hecho más que limitarnos a poner en práctica las recomendaciones de los expertos que para eso han estudiado y saben de lo que hablan. 

Cuando en los informes de los expertos hay votos discrepantes se ignoran y se subrayan sólo los puntos de vista que coinciden con el del responsable político que en último extremo tiene que tomar la decisión. Por supuesto, la transparencia en la elección de quiénes deben ser los expertos que conformen esos comités que parecen gobernarnos en la sombra es de lo más opaca y solo cuando empezamos a escarbar un poco nos encontramos que en un alto porcentaje coinciden plenamente o en su gran mayoría con los planteamientos ideológicos de quien les encarga el trabajo. Así ocurrió, por ejemplo, con el comité de sabios que elaboró la propuesta para la reforma del sistema de pensiones, plagado de representantes de financieras con intereses en planes privados de pensiones. 

Y seguro que no es una casualidad sino todo lo contrario que la propuesta de reforma fiscal que los expertos le han entregado hace unos días a Cristóbal Montoro y que está cosechando muchos más pitos que aplausos vaya en la misma línea de la que elaboró el año pasado la Fundación FAES del PP: reducir el número de tramos del IRPF, bajar el tipo máximo por debajo del 50%, recortar el impuesto de sociedades y eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. En cuanto al IVA, el comité de Montoro habla de subir varios productos del 10% al 21% y FAES recordaba que hay recorrido para subir ese impuesto aunque sin precisar porcentajes. 

Montoro bien podría habernos ahorrado a sus expertos y el circo mediático que lo ha rodeado y echar mano del informe de FAES porque, salvo error u omisión, en poco se diferenciara la reforma fiscal que finalmente apruebe el PP para dorarnos la píldora con una supuesta rebaja de impuestos en año electoral que en realidad será una nueva vuelta de tuerca sobre las rentas del trabajo y un nuevo regalo fiscal para los más ricos. De la promesa de Rajoy de bajar realmente los impuestos después de subirlos nada más llegar a La Moncloa, incumpliendo así su palabra de darle un respiro a las acogotadas clases medias de este país, mejor ni hablamos. Ya lo han hecho por nosotros los neutrales e inmanculados expertos seleccionados por Montoro, todo un catedrático de Hacienda Pública como el señor Lagares que ha presidido su comité de sabios pero que, a lo que se ve, de impuestos no debe saber ni jota.