Vende estos días el Gobierno el hallazgo de la Garantía de Empleo Juvenil como si la hubiera inventado él. En su esencia, el invento consiste en que los empresarios que contraten con carácter indefinido a un “ni-ni” – ni trabaja ni estudia – de entre 16 y 24 años tendrán una bonificación de 300 euros durante seis meses. El otro requisito es que la contratación tiene que suponer un aumento de plantilla. Y pare usted de contar: sobre las condiciones de trabajo del joven nada dice la medida ni sobre qué ocurrirá a los seis meses y un día. En teoría – y seguramente en la práctica en no pocos casos – cuando acabe el periodo de la bonificación el empresario podrá poner al “ni-ni” de patitas en la calle sin obligación de devolver un solo euro. Y respecto a que la contratación deba suponer un aumento de la plantilla y no una sustitución de unos trabajadores por otros tampoco queda suficientemente sellada la posibilidad de saltarse el requisito.
Al plan destina el Gobierno 1.800 millones de euros que pone de forma íntegra la Unión Europea y que salen de los 6.000 millones que Bruselas acordó destinar al drama del paro juvenil, un dineral teniendo en cuenta que en nuestro país “sólo” están en paro seis de cada diez jóvenes. En comunidades autónomas como Canarias la situación es aún más dramática, con una tasa de paro juvenil que ronda el 70%.
Por lo demás, la medida entró en vigor este mismo lunes con un supuesto registro telemático en el que deben inscribirse los “ni-ni” en busca de empleo y el Gobierno se compromete a hacerles una oferta en el plazo máximo de cuatro meses. Sin embargo, la confusión sobre el dichoso registro y el desconocimiento de los detalles de la medida en las comunidades autónomas, a las que se hace partícipes del plan sin haberlo negociado ni consensuado con ellas, ha llevado a que estas alturas de la semana persista el galimatías.
Varias consideraciones hay que hacer sobre este plan, además de las ya señaladas. La primera es que llega demasiado tarde: el drama del paro entre los jóvenes no es cosa del mes pasado ni siquiera del año pasado, sino desde los albores de la crisis económica cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Nada se hizo entonces para remediarlo y cuando al fin se decidieron en Bruselas a destinar fondos a este asunto las tasas de desempleo juvenil ya se encontraban por las nubes. En segundo lugar, 6.000 millones de euros para combatir más de un 22% de paro entre los jóvenes europeos suena más a dádiva graciosa que a medida de choque para reducir drásticamente esa tasa.
En tercer lugar, se pregunta uno y no encuentra respuesta al hecho de que los jóvenes de entre 25 y 30 años queden fuera de la medida como si no sufrieran las mismas penurias y dificultades para encontrar trabajo que sus colegas de menor edad. Cuando se le ha preguntado por esto al Ejecutivo ha respondido pasando la pelota al tejado de las autonomías a las que se insta a poner el dinero necesario para atender a ese segmento de jóvenes “ni-ni”. Esto después de haber recortado a conciencia los fondos destinados a las políticas activas de empleo como ha ocurrido en el caso de Canarias.
En cuarto lugar llama la atención la creación de ese extraño registro telemático en el que deben inscribirse los jóvenes en busca de trabajo. ¿Qué tienen de malo las oficinas de empleo de este país? ¿O es que vamos a sacar de las estadísticas del paro a los jóvenes que se inscriban en el registro y así maquillar un poquito más las cifras? Alguien debería explicarlo.
Pero más allá de todas estas consideraciones hay una aún más importante: la eficacia de este tipo de medidas para reducir el desempleo. Ningún empresario contratará a nadie, sea ni-ni o mayor de 55 años, si no ve verdaderos signos de recuperación económica y esos signos, por mucho que Rajoy y los suyos los vean por todas las esquinas, siguen siendo como poco débiles y confusos. Subvenciones y bonificaciones de todo tipo para reducir el paro ha adoptado decenas este gobierno en los últimos tres años y la tozuda realidad demuestra que apenas han tenido eficacia alguna, al menos conocida.
¿Alguien podría explicarnos la efectividad que ha tenido, por ejemplo, la famosa “tarifa plana” de los 100 euros a la Seguridad Social? ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado gracias a ella? ¿Cuál es la calidad de los contratos suscritos bajo esa bonificación? ¿Cuánto dinero ha dejado de ingresar la Caja de la Seguridad Social gracias a tanta bonificación y subvención a los empresarios para que sean buenos y contraten? En otras palabras, no son medidas puntuales de corte asistencial como estas y tantas otras aprobadas por el Gobierno y cuyos resultados efectivos nunca nos cuentan, las que van a reducir el número jóvenes parados en España. Lo que se necesita es incrementar en lugar de recortar la inversión pública en educación y en formación y acompañar esas medidas de acciones de largo recorrido en apoyo del empleo juvenil. Mientras no se afronte el problema desde esas premisas básicas, España seguirá perdiendo savia nueva a través de la vergonzosa “movilidad exterior”.
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