La Audiencia Nacional acaba de eximir a AENA de cualquier responsabilidad patrimonial por el caos que provocaron sus controladores durante el puente de la Inmaculada de 2010. En la sentencia publicada ayer se argumenta que el plante de los trabajadores de gestor aeroportuario español fue grave pero imprevisible y de imposible planificación para cualquier empresa; no fue una huelga anunciada y convocada por los cauces legales sino una protesta salvaje que afectó a unos 300.000 pasajeros y causó pérdidas millonarias a agencias de viaje, compañías aéreas, touroperadores y hoteleros.
Dice la sentencia que resultaría paradójico condenar a la empresa contra la que iba dirigida la protesta y, en consecuencia, la exime de responsabilidad patrimonial como si los controladores no cobraran sus sueldos de AENA. Los daños que sufrieron y los perjuicios que padecieron los pasajeros y los sectores económicos implicados no encuentran así consideración alguna en este fallo que parece asimilar lo ocurrido a un temporal de nieve o a cualquier otra causa de fuerza mayor que impidiera que el tráfico aéreo se desarrollara con normalidad.
Sin duda, la sentencia habrá sido recibida con un suspiro de alivio en el Ministerio de Fomento y en AENA, una empresa ahogada en números rojos y en proceso de privatización. No es probable que a los centenares de miles de pasajeros que se quedaron tirados en los aeropuertos y a las empresas que se vieron afectadas les satisfaga la decisión judicial contra la que ni siquiera cabe recurso. Sus derechos como consumidores y sus intereses como empresarios se ignoran como se han ignorado en otras ocasiones similares a aquella.
Sin embargo, el hecho de que sea de muy difícil cuantificar y detallar el daño económico y moral causado no debería traducirse en resignación y encogimiento de hombros. La Audiencia podría haber empezado por unificar en un solo proceso las miles de reclamaciones dispersas por numerosos juzgados en los que se han producido varios fallos contradictorios entre sí. Ha preferido en cambio ignorar ese caos jurídico y dictar un fallo que, paradójicamente, a quien único satisface es a AENA y a los causantes del problema.
La imprevisible protesta salvaje y desmesurada de los controladores de la que habla el fallo judicial no lo fue tanto si recordamos que AENA y sus empleados llevaban meses de enfrentamientos a propósito del número de horas de trabajo. De hecho, en algún que otro aeropuerto ya se habían producido plantes similares al que, ampliado y agravado, se produjo durante el inicio del puente de la Inmaculada. El mismo día en el que los controladores alegaron una falsa enfermedad colectiva para no acudir a sus puestos de trabajo, sus representantes y la opinión pública esperaban un decreto del Consejo de Ministros estableciendo el número de horas máximas que debían trabajar en las torres de control. La protesta se mascaba en el ambiente y al final llegó con las consecuencias conocidas para los pasajeros, la militarización de las torres de control, el cierre del espacio aéreo y la primera declaración en democracia del estado de alarma nacional.
Pues bien, a pesar de esos antecedentes, el fallo de la Audiencia Nacional no sólo exime a AENA de asumir los daños patrimoniales causados por sus propios trabajadores sino que condena indirectamente a los ciudadanos, que no han tenido arte ni parte en lo sucedido, a asumir los costes de los platos rotos por otros. Por eso, el desalentador mensaje que envía este fallo es que de poco sirven las quejas, protestas y reclamaciones por el incumplimiento de los compromisos adquiridos si al final cabe la posibilidad de alegar imprevisibilidad, fuerza mayor o cualquier otra justificación.
Después de esta sentencia queda aún abierta la vía penal contra los responsables de aquel caos aéreo. Es de esperar que alguna sanción recaiga sobre ellos para resarcir al menos en parte a los miles de ciudadanos atrapados en un conflicto con el que no tenían nada que ver y con cuyas consecuencias no se les puede cargar como acaba de hacer la Audiencia Nacional.
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