Enfrascados en los asuntos domésticos como están, los medios de comunicación españoles apenas han resaltado una noticia que puede traer consecuencias trascendentales para encontrar una salida justa al viejo conflicto del Sahara Occidental que, casi cuarenta años después, continúa en punto muerto.
Me refiero a la petición que el lunes hará EEUU al Consejo de Seguridad de la ONU para que la Misión de Naciones Unidas en ese territorio (MINURSO) asuma competencias sobre derechos humanos en la zona y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Se trata de la única misión de las muchas que la ONU tiene repartidas por el mundo que no posee esas competencias en un territorio en el que las denuncias de violaciones de derechos humanos han sido tan reiteradas como ignoradas.
La tenaz negativa del país ocupante, Marruecos, con el inestimable apoyo de Francia y de España, temerosos de poner en riesgo sus respectivos intereses económicos en el reino alaui, explican que los soldados de la MINURSO se encuentren en el territorio en calidad de meros testigos mudos e impotentes de lo que allí ocurre.
La propuesta norteamericana ha puesto a Marruecos en estado casi de alarma nacional: de inmediato ha comenzado a desarrollar una febril actividad diplomática para intentar detener el golpe y hasta ha suspendido unas maniobras conjuntas con EEUU. Esa propuesta, que se votará a finales de la próxima semana, ya ha sido entregada al llamado Grupo de Países Amigos del Sahara Occidental entre los que se encuentran, por paradójico que resulte, Francia y España. Cabría pensar que con amigos como estos, apenas necesita el pueblo saharaui enemigos. Pero, ironías al margen, la iniciativa obligará a Francia a retratarse ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que tiene derecho a veto. Si Hollande se pone de parte de Marruecos, como hace prever su reciente alabanza durante una visita a Rabat de la autonomía que el Gobierno alaui quiere imponer en el Sahara, demostrará que le importan más los negocios franceses en el Magreb que los derechos humanos en el territorio ilegalmente ocupado.
España, a la que la ONU sigue considerando potencia administradora del Sahara mientras no se resuelva la descolonización pendiente, tiene también una oportunidad de oro para acabar con la ambigüedad que ha presidido su política en la zona, siempre mucho más atenta a no enfadar al “primo” marroquí que a cumplir sus responsabilidades como antiguo país colonizador del territorio.
Sin entrar en las razones que han llevado a EEUU a plantear esta iniciativa, su éxito o su fracaso determinarán que Marruecos pueda seguir vulnerando impunemente los derechos humanos en el territorio ocupado al tiempo que mantiene el status quo político mediante una promesa de autonomía que rechazan los saharauis. Aunque no es el riesgo de verse acusado por la ONU de violar los derechos humanos lo que más asusta al gobierno marroquí.
Su preocupación nace de que, después de este movimiento de ficha, pueda producirse otro que suponga la celebración del temido referéndum de autodeterminación que permita a los saharauis decidir sobre su futuro, la única salida ajustada al derecho internacional para resolver el conflicto. Ello pondría en serio peligro poder continuar explotando en exclusivo provecho propio los ricos recursos naturales del Sahara, de ahí el nerviosismo que cunde estos días en Rabat.
No obstante, la solución del conflicto sigue donde siempre ha estado: en el tejado de la ONU y, particularmente, en el de Francia y España, víctimas voluntarias e interesadas durante décadas del chantaje marroquí apenas se les ocurriera alzar la voz para afearle la ilegal ocupación saharaui y la vulneración de los derechos humanos. Aunque hay que reconocer que no son muchas las esperanzas, confiemos en que en esta ocasión la llamada comunidad internacional pase de las palabras a los hechos y al menos acabe de una vez con la impunidad marroquí en el Sahara Occidental.
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