Escrache a la democracia

No han caído en terreno baldío las mal disimuladas advertencias de la banca al PP y al Gobierno para que fueran “prudentes” en la ley antidesahucios. Para comprobarlo no hay más que echar un vistazo al texto que los populares han pergueñado uniendo su insuficiente decreto y la Iniciativa Legislativa Popular sobre este asunto. Cualquier parecido con la realidad entre lo que pidieron un millón y medio de ciudadanos y lo que se recoge en la propuesta de los populares es mera casualidad.

Las principales demandas de las plataformas antidesahucio eran la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda con el banco, la paralización de las ejecuciones hipotecarias en curso y los alquileres sociales. Nada de esto se ha recogido en el texto que finalmente se convertirá en ley y entrará en vigor más pronto que tarde. Las enmiendas con las aportaciones de la oposición y que además hacían suyas las peticiones de la ILP tampoco se han tenido en cuenta, salvo algunos pequeños detalles para proyectar la idea de que el PP ha buscado el consenso y ha aceptado propuestas del resto de los partidos políticos.

Es dudoso incluso que esta nueva ley con la que el PP y el Gobierno aseguran que van a detener el drama de los desahucios del que acusan al PSOE, cumpla con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideró abusiva  la legislación hipotecaria española. Como era de esperar ante su cerrazón y su temor ante la reacción de la banca a cuyo saneamiento contribuimos todos los ciudadanos, el PP se ha quedado completamente solo defendiendo un texto que, sin duda, supondrá una salida en falso del grave problema social que para miles de familias representa la pérdida de sus viviendas debido a la crisis.

Su actitud refleja una profunda insensibilidad social y una preocupante incapacidad para la negociación y el acuerdo, algo que por otro lado no es nada nuevo habida cuenta la ristra de decretos ley que acumula desde su llegada al Gobierno sobre asuntos de profundo calado social, político y económico. Negociar y consensuar no es algo que caracterice a este Gobierno por mucho que sea esa la imagen que quiere dar de sí mismo; se le da mucho mejor amenazar, multar y llamar nazis a quienes protagonicen escraches a políticos, forma de protesta sin duda antidemocrática y peligrosa, pero que posiciones como las que defiende el PP en materia de desahucios ayudan a alimentar.

Tampoco le gustan al Gobierno y al PP la iniciativa de la Junta de Andalucía para frenar los desahucios que, a pesar de las dudas sobre su legalidad respecto de la cual no se ponen de acuerdo los propios expertos en Derecho, representa al menos una propuesta original y ambiciosa que tiene la virtud de no plegarse ante el dictado de los bancos y sus sagrados intereses. Una ley antidesahucios mucho más generosa y justa para con los afectados por las hipotecas habría sido posible si el PP y el Gobierno no hubiesen preferido escrachar la ILP y las propuestas de la oposición para no molestar a la banca que, una vez más, gana la batalla.