Las bajas cotas de audiencia cosechadas por el último mensaje navideño del Rey ponen de manifiesto el creciente alejamiento entre la Corona y buena parte del pueblo español. El fenómeno es claramente extrapolable al conjunto de la llamada clase política, como también evidencian de forma reiterada los sondeos de opinión. Para una gran mayoría de los españoles, ni la Corona ni los poderes públicos han sido capaces de ponerse a la altura de las graves circunstancias que vive el país.
En el caso de la Corona, las causas de la desafección hay que buscarlas en el comportamiento del propio monarca y en el de su entorno familiar. Su cacería secreta en África con posterior propósito de la enmienda, sus declaraciones animando a los españoles a salir de la crisis “con un cuchillo en la boca” y la corrupción en la que está inmerso su yerno – por sólo citar tres factores determinantes de la pérdida de estima que le dispensan los españoles - configuran un annus horribilis para él y para la institución que encarna.
Ninguno de estos asuntos mereció al menos un par de frases en su último mensaje navideño, nada que sonara a autocrítica sobre su propia responsabilidad se escuchó de sus labios. Su apelación a la unidad y al esfuerzo de todos para superar esta situación, sonó hueca y cansina, como si la inmensa mayoría de los ciudadanos no estuviera ya hasta la coronilla de esfuerzos, recortes y sacrificios.
También sus alusiones a los que “intentan dividir”, contestadas agriamente desde Cataluña, han dado la imagen de un rey incapaz de descender de su palacio a las cabañas del paro, la exclusión social, los desahucios, el empobrecimiento de los pensionistas, el deterioro y la privatización de los servicios públicos, en resumen, a la realidad pura y dolorosa del país del que es el Jefe del Estado.
Todo en su mensaje ha sonado como contado desde muy lejos y de oídas, incapaz por tanto de conectar con una ciudadanía harta ya de golpecitos de ánimo en la espalda mientras sufre las embestidas feroces de un Gobierno que, aprovechando la crisis, está haciendo tabla rasa de todo lo que tanto tiempo y esfuerzo ha costado poner en pie. Una realidad ante la que el Rey no puede limitarse a ser un mero libre oyente.
Era previsible. Una vez que la Justicia cerró la vía penal y abrió la civil para depurar responsabilidades en el accidente del avión de Spanair que se estrelló el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas con el resultado de 154 víctimas mortales y 18 heridos, la aseguradora de la compañía ya desaparecida no ha tardado en ofrecer un acuerdo extrajudicial de indemnización a toda luces raquítico. En total, MAPFRE ofrece a los familiares de las víctimas 12,7 millones de euros de indemnización, lo que equivale a una media de menos de 80.000 euros por cada fallecido, exceptuando los miembros de la tripulación que disponían de su propio seguro.
Se da la circunstancia de que la póliza que Spanair tenía contratada con MAPFRE asciende a 1.500 millones de euros, así que no es difícil concluir que la aseguradora busca lisa y llanamente hacer un gran negocio a costa del dolor de los familiares y de la delicada situación por la que atraviesan muchos de ellos. El baremo para calcular la indemnización, que la Asociación de Víctimas ya ha rechazado por ofensiva, ha sido el que se aplica a un accidente de tráfico y no a una gran tragedia como aquella, la mayor en la historia de la aviación en nuestro país en los últimos veinticinco años.
La generosidad de la aseguradora con los familiares de las víctimas tiene una contrapartida bien clara: deberán renunciar para siempre a cualquier tipo de acción penal o civil contra Spanair, SAS, la propia MAPFRE, McDonnell Douglas, Boeing, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y Aviación Civil, así como contra cualquier otra entidad que pudiera ser hallada responsable del siniestro. Se escuda en que un proceso por la vía civil, que los familiares ya han emprendido en un juzgado de lo mercantil de Barcelona, sería muy largo y obligaría a los afectados a abonar las injustas tasas judiciales de Ruiz-Gallardón. Ya en junio del año pasado, antes de que se cerrara la vía penal, MAPFRE había ofrecido un acuerdo extrajudicial similar a las familias que sólo unas pocas aceptaron.
La Asociación de Víctimas, que siempre ha tenido a gala resaltar que su objetivo en este largo proceso no era la compensación económica sino esclarecer lo ocurrido para que no se repita, vive aún con profunda decepción que la Justicia haya sido incapaz de establecer responsabilidades penales en relación con la catástrofe después de cuatro años de estéril investigación judicial. Cerrado el cauce penal se les ha obligado a recurrir al civil en donde están ahora puestas sus últimas esperanzas de que no se les vuelva a decepcionar.
El hecho de que la vida humana no pueda ser apreciada en términos económicos no impide que sean compensados con justicia por los daños y quebrantos de todo tipo que aquel accidente les ha generado. Sabemos que no es más que la imperfecta justicia humana y ninguna indemnización por elevada que sea podrá devolverles a sus seres queridos. Sin embargo, desgraciadamente es la única a la que les queda apelar frente a la oferta de una compañía aseguradora a la que sólo parece preocuparle su cuenta de resultados.
Me pasé el viernes escudriñando el cielo en busca de señales apocalípticas y no ocurrió nada. Por la noche constaté descorazonado que todo continuaba igual. Sin ir más lejos, Rajoy seguía en la Moncloa afilando las tijeras y preparando el balance de su primer año de gobierno, que comunicará urbi et orbe en fecha tan apropiada y oportuna como la del Día de los Santos Inocentes.
En Ferraz seguía también Alfredo Pérez Rubalcaba unido con poxipol al sillón; Artur Mas había resistido la tentación de proclamar la independencia para ver a Cataluña convertida en nuevo Estado de Europa al menos por unas horas; Alberto Ruiz Gallardón y José Ignacio Wert seguían en sus puestos de vigías de Occidente; Merkel seguía siendo la irreductible heroína del déficit y ningún banquero había ido a la cárcel: el mundo giraba con aparente normalidad y el orden natural de las cosas no se había alterado lo más mínimo.
Pensé entonces que tal vez los mayas la pifiaron al sacar los cálculos sobre el fin del mundo, error natural en una época en la que no existía lacasio y había que contar con los dedos o con palotes. ¿Y si no era el 21 sino el 22 cuando nos teníamos que ir todos a tomar viento? No sólo los mayas se pueden equivocar: a banqueros, políticos, jueces, abogados, periodistas y futbolistas les pasa todos los días. ¿Y qué me dicen de los augurios sobre la crisis que hicieron no pocos economistas, esos expertos que te explican mañana la razón de que no se cumplan hoy las previsiones que hicieron ayer?
Así que me pasé también todo el 22 buscando signos de que el mundo tenía las horas contadas pero tampoco ocurrió nada significativo: un año más el mundo y los bombos de la lotería giraron acompasadamente al son del guineo de los niños de San Ildefonso y ni siquiera pillé un reintegro, señal inequívoca de que mi suerte – mala – seguía siendo la misma que la del año anterior y el anterior y el anterior…..¿Cómo se va acabar el mundo sin que yo haya pescado al menos una terminación de la lotería? Sencillamente, no puede ser – me dije - y corrí a comprar un número para los rascaos.
No me explico lo ocurrido, no sé si los mayas se llevaron una o dos de más o de menos, si estaba nublado a la hora de sumar ciclos lunares o si los expertos que interpretaron sus profecías habían consumido más peyote del que es recomendable para no padecer alucinaciones divinas. Lo cierto es que, a día de hoy, el mundo sigue su agitado curso, que cantaba Graciela, y esa es una mala noticia, entre otros, para Díaz Ferrán, que no podrá librarse de tener que cenar turrón amargo, y para Urdangarín, obligado a vivir una solitaria velada sin más compañía tal vez que la del Gaitero, el pobre.
Superado el susto, he llegado a la conclusión de que el taponazo mundial no será el fruto de ninguna remota profecía sino la consecuencia de una predicción matemática de los mercados que los economistas nos explicaran con todo lujo de detalles cuando estemos criando malvas. Mientras ese momento llega les deseo...
El Gobierno de Portugal ha colgado un cartel bien visible y escrito con grandes caracteres en el que puede leerse “País en venta”. La venta incluye todas las joyas de la corona, o de la República, si lo prefieren. El lote comprende desde la compañía aérea de bandera, la TAP – única aerolínea nacional – hasta los aeropuertos, las compañías eléctricas – ya adquiridas por dos empresas estatales chinas -, las participaciones públicas en la petrolera GALP, astilleros, los trenes de mercancías, varios bancos, Correos y Telégrafos, la televisión pública y, en definitiva, todo aquello con lo que se pueda hacer caja aunque sea a precios de saldo.
Esta furia vendedora de las empresas públicas portuguesas al mejor postor es el resultado del rescate de 78.000 millones de euros solicitado a la famosa troika – FMI, UE y BCE - por el Gobierno del socialista José Socrates para evitar la bancarrota del país. Bancarrota que, de todos modos y gracias a los recortes de todo tipo aplicados por los conservadores de Passos Coelho en el poder, Portugal está sufriendo ya en términos de dramático empobrecimiento social y económico del conjunto de la población.
Con el objetivo de hacer caja para cumplir con las generosas condiciones de la troika a cambio del rescate, el Gobierno ha incrementado la jornada laboral en media hora, ha recortado las vacaciones de 25 a 22 días, ha eliminado la paga de Navidad, ha alargado la edad de jubilación, ha aprobado una brutal subida de impuestos que en la práctica supondrá que los trabajadores portugueses tendrán que dedicar el salario de todo un mes para poder pagarlos y ha eliminado los días libres con los que se premiaba a los funcionarios más diligentes. Y de propina, tiene sobre la mesa rebajar de 20 a 12 días las indemnizaciones por despido.
Como era de suponer, aunque esto ni al Gobierno ni a la troika de marras parece importarles lo más mínimo, la economía se contrae a pasos agigantados con caídas anuales del 3% del PIB, un paro en el 16% y una reducción del consumo del 2%. Ni siquiera una sociedad más bien introvertida y acostumbrada a sufrir como la portuguesa ha podido resistir tantos golpes y miles de personas se han echado a las calles para protestar.
Por su parte, los sindicatos ya han convocado dos huelgas generales en menos de un año y hasta en el partido del Gobierno hay voces críticas con una política de recortes a mansalva, contraproducente e injusta, que mete al país en un túnel sin salida ni brotes verdes de ningún tipo. Todo hace indicar que sólo un estallido social en toda regla podrá parar esta locura y obligar a buscar alternativas - que las hay - a unas políticas que, a la vista están en Grecia y en la misma España, son absolutamente erróneas. La cuestión es que, como en Grecia y como está ocurriendo también en España aún sin haber pedido el rescate integral aunque sí el bancario, ya no son los portugueses y sus representantes quienes tienen en sus manos las riendas del país. Al pedir el rescate se las entregaron con todas las consecuencias a los hombres de negro y nada de lo que digan o hagan los ciudadanos de a pie es tenido en cuenta.
La gente y sus sufrimientos no importan lo más mínimo, son daños colaterales despreciables que no deben estorbar el objetivo final: vender Portugal y a los portugueses atados de pies y manos a los mercados. La situación es tan grave que Portugal ni siquiera enviará el próximo año representante al Festival de Eurovisión para ahorrarse costes. A decir verdad, ni falta que le hace y, siempre y a pesar de los pesares, ni la troika podrá arrebatarles el fado, ese género musical tan bello y tan adecuado para describir la intensa saudade que sufren hoy los portugueses.
Seamos serios. A un señor llamado Gonzalo Moliner no le hace gracia viajar en clase turista y prefiere la business, supongo que como la inmensa mayoría de los ciudadanos que pudiera permitirse pagárla. Pero Gonzalo Moliner no es un ciudadano de a pie, sino el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, cargos en los que sustituyó a un viajero empedernido por cuenta del erario público llamado Carlos Dívar.
Aquellos viajes pagados a escote por los ciudadanos y aquellos caribeños fines de semana terminaron por costarle el cargo. Después de aquel bochornoso episodio se decidió que los gastos del presidente y de los vocales del CGPJ fueran examinados con lupa y controlados al céntimo, de manera que al señor Moliner se le obliga a viajar en clase turista lo que, a su juicio, no da una buena imagen de la Justicia. Como si la imagen de tan egregia señora se labrara en función de la clase en la que viajen sus más encumbrados representantes institucionales a los que el común de los mortales apenas tiene el honor de conocer.
Ítem más: sus señorías los senadores y diputados volarán siempre en clase preferente, salvo que la compañía aérea no disponga de otra opción. En caso de viajar en tren, lo harán en clase Club o similar. Así consta en el documento de rige los desplazamientos de las delegaciones oficiales de las Cortes Generales pero en el que – miren por dónde – no se detallan los costes. Secreto de Estado debe ser.
Es cierto, y así lo han subrayado varios grupos parlamentarios, que el Congreso y el Senado tienen acuerdos de colaboración con las compañías aéreas que permiten a sus señorías viajar en preferente en la medida en la que esa opción les permite más flexibilidad y disponibilidad para cambiar un vuelo. Ahora bien, eso no puede significar que deban optar siempre por la clase preferente y que las Cortes prefieran esa opción a la clase turista y, encima, no digan lo que nos cuesta la preferencia a los ciudadanos.
Todo esto no ocurre en un país idílico llamado Jauja en el que la miel brota de los árboles sino en la España de los recortes nuestros de cada día en la que los gestos tienen un gran valor. Lo que daña la imagen de la Justicia – ya bastante maleada – no es que su máximo representante institucional viaje en clase turista sino que se queje por ello.
Y lo que daña la imagen de los representantes públicos – que tampoco pasan por sus mejores momentos – no es que tengan que viajar en preferente si no hay otra alternativa, sino que usen esa opción por defecto y además oculten a los ciudadanos cuánto nos cuesta la preferencia. Y es que, como la caridad, el respeto bien entendido siempre empieza por uno mismo.
La Delegación del Gobierno en Canarias parece haber adoptado la técnica del cuentagotas para informar de la tragedia de una patera la semana pasada en aguas de Lanzarote. El balance – un fallecido, siete desaparecidos y 17 supervivientes -es lo suficientemente grave como para esperar de la Administración competente en la materia una información clara y completa de lo ocurrido.
La primera versión oficial se emitió más de doce horas después de los hechos. En ella, la Delegación aludía a un “desafortunado accidente” y admitía que entre la patrullera y la barquilla de los inmigrantes sehabía producido un“contacto”, sin especificar con claridad quién y cómo lo habíaprovocado.
Al mismo tiempo comenzaron a circular toda suerte de especulaciones y rumores, entre ellos, que el patrón de la patera se había lanzado al mar para no ser detenidoy la embarcación había quedado sin control hasta chocar contra la patrullera de la Guardia Civil que había salido a su encuentro. Se recordó también que el cabo que patroneaba la patrullera de la benemérita era el mismo que en 2008 estaba al mando de una lancha de la Guardia Civil que encalló en una baja de la Isla de Tenerife, lo que le costó un expediente y la correspondiente sanción.
Sin embargo, no fue hasta que el diario EL PAÍS, citando fuentes de la propia Guardia Civil, informó ayer de que la patrullera había sufrido una avería que la dejó sin gobierno y provocó el choque contra la patera, cuando la Delegación se apresuró a emitir una nueva nota oficial en la que admite que se produjo la colisión entre ambas embarcaciones. Además de que cuesta creer que la Delegación del Gobierno no dispusiera de esa información el mismo día de los hechos, a nadie se le escapa que entre el simple “contacto” y una “colisión” o “choque” hay una diferencia de intensidad notable.
Al mismo tiempo, y en contra de lo que aseguran los supervivientes, la Delegación y la Guardia Civil aseguran que la patrullera ni se dirigió a gran velocidad hacia la barquilla ni llevaba las luces apagadas. Se argumenta en cambio que la patrullera, debido a la avería que sufría, no pudo maniobrar para esquivar a la patera que se estrelló contra ella . Tampoco queda claro si se cumplió el protocolo de aplicación en estos casos y se dio aviso a Salvamento Marítimo para que socorriera a los inmigrantes desde el momento en el que se tuvo conocimiento de que una patera se acercaba a las costas de la isla. Según ha informado la Cadena SER, el aviso a Salvamento Marítimo sólo se produjo después del choque entre barquilla y patrullera a pesar de que desde primera hora de la tarde del día anterior se tenían noticias de la llegada de la embarcación de los inmigrantes y que ésta fue detectada en los radares del SIVE unas dos horas antes del fatal encuentro.
Por tanto, son varias las preguntas que no tienen aún respuesta clara: ¿chocó la patera contra la patrullera u ocurrió el revés? ¿llevaba o no la patrullera las luces encendidas y se acercó despacio a la patera o pasó como dicen los supervivientes? ¿se avisó a Salvamento Marítimo a tiempo o sólo cuando ya se había producido la colisión? ¿era esta la primera avería que sufría esta patrullera o ya había tenido otras antes? ¿por qué iban en la patrullera sólo cuatro agentes cuando se trata de una embarcación con capacidad para once o doce? ¿tenía el agente al mando de la patrullera la pericia y las capacidades suficientes para el puesto?
Es de suponer que la investigación judicial en marcha aclarará todos estos extremos. Ello no impide que la Delegación del Gobierno se apresure a ofrecer un relato completo y pormenorizado de los hechos sin esperar a que le madruguen los medios de comunicación. Por justicia para con las víctimas de la tragedia y por respeto al buen nombre y a la brillante labor de la Guardia Civilante el fenómeno de la inmigración.
También los científicos e ivestigadores de este país van a salir mañana por unas horas de sus laboratorios y se van a echar a las calles para protestar contra los recortes en los presupuestos destinados a investigación y desarrollo, eso que hoy conocemos como I+D y a lo que se le ha añadido un "i" minúscula para aludir a la innovación. Sobre lo que significa en realidad esa "i" y para qué se usa en nuestro país, pueden echar un vistazo a este artículo que lo aclara a la perfección:"El fracaso de la investigación no permite cambiar el modelo productivo".
La cuestión es que, desde hace tres años, los presupuestos estatales y, como un reflejo de ellos, los autonómicos, vienen recortando sin piedad las partidas destinadas a la investigación. Esa política ha hecho que en nuestro país el porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica a ese fin haya evolucionado en sentido contrario a como lo ha hecho en el conjunto de la Unión Europea y la OCDE. De tal manera que, lejos de abandonar los vagones de cola de la investigación, cada vez estamos más atrás.
En términos humanos, esa realidad se traduce en "fuga de cerebros", investigadores y científico de una gran capacidad que han hecho las maletas para ofrecer su conocimientos a países en los que se valora y apoya desde las instancias públicas y desde la empresa privada la investigación científica. Junto a ellos se han ido también - y otros muchos no tendrán más remedio que seguir sus pasos - muchos jóvenes universitarios que, acabada su formación, ambicionan emprender una carrera como investigadores. Maltratados por la burocracia, apenas reconocidos socialmente y luchando siempre contra las miserias económicas con las que tienen que desarrollar su labor, muchos tiran la toalla y los que son más capaces de resistir a las adversidades ponen tierra de por medio.
En términos económicos y como dice el artículo citado más arriba, esa pérdida de capital humano en el mundo de la investigación se traduce en un país condenado a ser colonizado científica y tecnológicamente por aquellos otros países que sí ven en el dinero que destinan a Investigación y Desarrollo una inversión a medio y largo plazo y no un gasto superflúo, como parece ocurrir en España. Esa realidad contribuye poderosamente a perpetuar en nuestro país un modelo económico en el que el sector servicios, de escaso valor añadido, seguirá ostentando un peso descomunal frente a las actividades relacionadas con la sociedad del conocimiento.
De nada deberíamos sorprendernos porque, al fin y al cabo, los brutales recortes que sufre la investigación científica en nuestro país no son otra cosa que la continuidad lógica de los que se aplican también en la enseñanza obligatoria y universitaria. Con un gobierno como el anterior y el actual, empeñados en darle al desarrollo y la modernización del país varias décadas hacia atrás, no tardaremos mucho en llegar a los inicios del siglo XX y exclamar con Miguel de Unamuno aquello de ¡Que inventen ellos!
Las
lágrimas de dolor que hemos visto derramar al presidente de los
Estados Unidos y a las familias de las víctimas inocentes de una
nueva matanza en una escuela de Conneticut no bastan para poner fin a
la locura de las armas que reina en ese país. Son comprensibles,
humanas y reconfortantes para mitigar el dolor causado, pero no
sirven para atacar las causas últimas de una tragedia que se repite
con demasiada regularidad en un país en el que hay casi tantas armas
como habitantes.
Esas
causas van desde el feroz individualismo de la sociedad
norteamericana a su miedo incomprensible para quienes vemos la
tragedia desde lejos a un gobierno despótico, sin olvidarnos del
gran negocio que el acceso a las armas representa para la poderosa
industria que las fábrica y a cuyos intereses responden muchos
políticos tanto demócratas como republicanos y representa la
estúpida Asociación Nacional del Rifle.
El
derecho a poseer armas – reconocido en la propia Constitución -
está tan arraigado en los genes de la sociedad norteamericana que
cualquier intento de al menos restringir el acceso es tildado sin
falta y como poco de antiamericano,
uno de los insultos políticos más duros que puede dirigirse contra
un estadounidense. Miles de personas mueren todos los años en
Estados Unidos víctimas de homicidios, asesinatos y suicidios
gracias a la proliferación de armas de todo tipo en cuyo uso muchos
padres no dudan en familiarizar a sus hijos desde muy temprana edad.
Las
galerías de tiro y las ferias de armas son algo tan común en ese
país como en Europa los mercadillos de frutas y verduras o los
rastrillos: se exponen, se prueban, se rebajan y se venden como otra
mercancía cualquiera sin más exigencia legal que mostrar el carné
de conducir. Las armas – normalmente más de una – suelen
colocarse en cualquier lugar del domicilio, en un cajón de la
cocina, en la mesilla de noche, detrás de la puerta, al alcance de
cualquier miembro de la familia, incluidos menores con graves
problemas psicológicos o de sociabilidad como el autor de la masacre
del viernes.
En
definitiva, nada que no se haya vivido una y otra vez sin que nadie
se haya atrevido a ponerle coto. Sólo el presidente Bill Clinton se
atrevió en su día a restringir el acceso a las armas de asalto con
una suerte de moratoria que concluyó en 2004. Aquella iniciativa
recibió invectivas de todo tipo y pasó a la historia con más pena
que gloria.
Ahora,
Barak Obama ha dicho en dos ocasiones en menos de dos días que “hay
que hacer algo” para acabar con esta locura. No ha dicho
exactamente qué es lo que piensa hacer pero al menos abre una puerta
a la esperanza de que no se repitan los horrores del viernes. Falta
por saber si será capaz de resistir a las presiones en su contra de
quienes prefieren derramar lágrimas de cocodrilo ante estas
reiteradas tragedias y no hacer nada para evitarlas.
Ahí los tenemos de
nuevo: los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea osando
hollar las alfombras comunitarias en las que ha pisado la canciller alemana Angela
Merkel. Nueva cumbre europea en Bruselas para escenificar una vez más
y ad nauseam la
pleitesía a las políticas de masoquismo fiscal que impone Berlín.
¡Eureka! gritó en griego un comisario europeo – da lo mismo cuál –
cuando hace un par de días se alcanzó un acuerdo para crear un
supervisor bancario único de los países de la zona euro al que
podrán adherirse
otros
países de la Unión que lo deseen.
Dado que se trata de que el
todopoderoso – con permiso de Alemania – Banco Central Europeo
meta aún más las narices en las cuentas de los sistemas financieros
nacionales, el Reino Unido, Suecia y la República Checa ya han dicho
no, gracias. No podrán hacer lo mismo los países del euro como
España en donde el citado supervisor controlará el 90% del sistema
financiero, de lo que cabe concluir que el Banco de España puede ir
empezando a preparar los papeles para convertirse en una fundación
benéfica o similar.
Con todo, de las 6.000 entidades financieras que
hay en la Unión Europea, el mencionado supervisor sólo controlará
unas 150, todas aquellas que superen los 30.000 millones de euros en
activos. Entre las que no controlará estarán las más de 400 cajas
de ahorro alemanas que, aunque no alcanzan por separado ese límite,
suman todas juntas en torno al billón de euros, algo así como el
Producto Interior Bruto de España.
¿Y eso por qué? Pues porque
Merkel no quiere, sencillamente y no se hable más. Buena es ella
para permitir que anden otros husmeando en las cuentas de sus cajas
de ahorro, de las que se sospecha que están también atiborradas de
activos tóxicos y no vaya a ser que se vea obligada a liquidarlas o
a pedir un rescate, menuda vergüenza tendría que pasar.
Logrado este triunfo, la insaciable Merkel acaba de propinarle otro
bofetón a las tímidas esperanzas de países como España de crear
un fondo para financiar la prestación por desempleo ahora que las cuentas de la Seguridad Social se colorean de rojo intenso gracias a la reforma laboral.
Nein,ha
dicho Merkel y, no lo ha dicho pero seguro que lo ha pensado, que
se las apañen solos esos haraganes del sur que sólo piensan en
vacaciones y puentes. Como considera que el plan en cuestión sería
un pozo sin fondo, ha propuesto una suerte de rescate de parados
consistente en que, quien quiera dinero para hacer frente al pago por
desempleo, que firme contratos
bilaterales con
Bruselas y apechugue con las inevitables condiciones derivadas –
vulgo más recortes a mansalva. Tras lo cual ha aparecido en la tele
Mariano Rajoy ataviado con bufanda al cuello y ha dicho que “en una
negociación nunca se puede obtener el cien por cien” -, salvo que
seas Merkel, claro.
Pero una cosa es obtener el cien por cien y otra
bien distinta es no obtener nada de nada y eso exactamente es lo que
ha conseguido Rajoy a pesar de ser un aventajado alumno merkeliano:
un
palo y ni un brote verde de zanahoria. Así se construye la Europa de
nuestros días, la ganadora del Premio Nobel de la Paz: con Merkel über alles y el resto unter Merkel.
Fue en diciembre de 2011
y desde entonces no se ha movido ni un segundo. Sólo así cabe
explicar que, 12 meses después, siga escudándose en la herencia
recibida del gobierno socialista para justificar la cada día más
deteriorada situación económica, social y política del país.
Parece como si durante el último año las previsiones económicas no
hubiesen empeorado y no haya continuado aumentando el paro y, lo que
es peor, con perspectivas de seguir haciéndolo hasta no se sabe
cuándo a pesar de la panacea de la reforma laboral.
También parece como si
no hubiese sido el gobierno que Rajoy preside el que ha recortado en
sanidad y educación, el que ha mentido a los jubilados con la
revalorización de las pensiones o el que ha subido los impuestos,
medidas todas ellas – hay que recordarlo una vez más – que
prometió que nunca aplicaría. Tampoco debe de haber sido su
Gobierno el que pidió el rescate millonario de la banca que
pagaremos a escote todos los ciudadanos ni el que lleva un año
mareando la perdiz del rescate integral del país. Nada de todo eso
se le debe achacar a Rajoy y a su Gobierno sino a la herencia
socialista – que existe, de eso no hay duda – o a que “no hay
otra alternativa”.
Los primeros y decididos
pasos para la privatización de servicios públicos esenciales como
la sanidad, el copago farmacéutico que ya se extiende a los
hospitales y al transporte sanitario, los paños calientes ante el
drama de los desahucios, las injustas tasas judiciales, la privatización del
Registro Civil, el endurecimiento del Código Penal con claros visos
de inconstitucionalidad, la retrógrada reforma educativa y el
agravamiento de las tensiones con Cataluña a propósito de la
financiación autonómica o la inmersión lingüística son culpa tan
sólo de la “herencia socialista” y no de quien las ha aprobado y
puesto en práctica. El corolario de todas esas acciones y medidas
fruto de la “herencia recibida”, según la falaz justificación
de Rajoy, es un país empobrecido y atenazado por la incertidumbre y
el miedo al que, para mayor escarnio, se le toma el pelo con los
alucinógenos brotes verdes.
Lo
cierto es que también al PSOE se le ha parado el reloj, incluso
mucho antes que a Rajoy. Desde que en las últimas elecciones locales
vio como su esfumaba buena parte de su poder y lo perdía casi por
completo en las generales de 2011 y en las autonómicas de este año,
su reloj también se ha quedado como petrificado e incapaz de ponerse en hora con las demandas y preocupaciones de la
sociedad. Los socialistas llevan también más de año y medio
esperando el milagro de que su reloj vuelva a andar solo. O
no saben o no quieren o no pueden ponerlo en manos de los relojeros
adecuados para que resuelvan la avería, simplemente esperan que obre
el prodigio.
También tenemos los relojes - de lujo - de los Urdangarín, Díaz Ferrán, políticos corruptos y directivos bancarios trincones que, no sólo no se han parado, sino que van muy adelantados desde hace mucho tiempo sin que nadie, salvo los jueces, sea capaz de ponerlos en la hora correcta
El
único reloj que parece ir en hora en este país es el de los
ciudadanos, que viven agobiados el día a día de la crisis y a cada
minuto que pasa sienten que se acaba el tiempo para evitar que el que
se pare definitivamente sea el reloj del país.
Incertidumbre es la única
palabra para definir la situación política venezolana. Con Chávez
recuperándose en un hospital de La Habana de su cuarta operación
quirúrgica – exitosa, según el Gobierno venezolano – la gran
pregunta que se hace todo el mundo fuera y dentro del país es si sobrevivirá el chavismo en el caso de que el presidente electo en octubre no supere la enfermedad. Por su carisma y su peculiar estilo político de ordeno y mano,
parece una contradicción en sus propios términos hablar de chavismo
sin
Chávez al timón. Sin embargo, es
una interrogante a la que en última instancia sólo podrá
responder, llegado el caso, el pueblo venezolano.
Si
Chávez no toma posesión de su cargo el próximo diez de enero o
fallece después antes de agotar su mandato habrá que convocar
nuevas elecciones. Que el propio Chávez haya hablado por primer vez
de su sucesión antes de partir rumbo a Cuba para una nueva operación
es una señal inequívoca de que su estado de salud ha empeorado.
Como todo líder populista con ribetes autoritarios que se precie –
y Chávez es un ejemplo paradigmático – el presidente ha ungido
para la sucesión a su mano derecha, el vicepresidente y ministro de
Exteriores Nicolás Maduro, al que suele llamar “el autobusero
Nicolás”.
Surgido
de las clases populares, Maduro ha sido un fiel chavista y
ha jurado seguirlo siendo hasta “más allá de
la muerte”. La fidelidad de Maduro no está pues en duda, aunque
falta por saber si entre otros dirigentes del chavismo
como
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional,la
designación a dedo del sucesor es acogida con el mismo grado de
acatamiento a los deseos del líder.
Al
menos a corto plazo parece probable que, tanto si Hugo Chávez supera
la enfermedad como si no, unas eventuales elecciones volverían a
darle el triunfo a su revolución bolivariana. Tanto si vuelve y toma
posesión pero no concluye el mandato como si no llega a tomar
posesión, la fuerte carga emocional que rodea a su figura
carismática entre los venezolanos que le otorgaron su confianza en
octubre se vería corregida y aumentada ante su eventual
desaparición. Ese hecho podría ser un factor determinante para que
el chavismo
continuara
rigiendo los destinos de Venezuela a través del delfín Maduro.
Junto
a los avances sociales que los sucesivos gobiernos de Chávez han
supuesto para millones de venezolanos, el otro factor decisivo para
despejar las incógnitas sobre la supervivencia de un chavismo
sin
Chávez es la propia oposición al presidente encabezada por
Capriles. Éste, a pesar de sus avances en las elecciones de octubre,
aúnno ha sido capaz de convencer a la mayoría de los ciudadanos de
que no volverán los tiempos corruptos de los gobiernos prechavistas.
En cualquier caso, deberán ser en última instancia los venezolanos
los que despejen la incógnita y el futuro de Venezuela.
La muerte de Antonio
Cubillo cierra definitivamente una capítulo de la historia reciente
de Canarias que abarca más de medio siglo. En realidad, esa etapa
empezó a cerrarse cuando el líder independentista regresó a
Canarias desde su exilio en Argelia a mediado de la década de los
ochenta y después de haber sufrido un atentado urdido por el
Gobierno español de la época - certificado como crimen de Estado
por la propia Justicia española - que minó seriamente su salud.
A partir de entonces la
estrella de Cubillo empezó a declinar y su papel en la política
canaria, desde la que pretendió impulsar su proyecto de una Canarias
libre, independiente y socialista, sólo encontró una respuesta
apenas testimonial en la sociedad de las Islas. Los tiempos habían
cambiado y fueron otros los que aprovecharon el filón del
independentismo y el difuso sentimiento de identidad singular entre
algunas capas de la población para convertirlo en nacionalismo
posibilista y sacarle rédito político.
Sin embargo, los
esfuerzos incansables que casi en solitario había realizado Cubillo
para colocar la descolonización de Canarias en la agenda de la OUA y la ONU no dieron el fruto
que él esperaba. Las razones son múltiples y complejas pero tal vez
haya que buscarlas en el hecho de que el genuino independentismo que
él decía representar nunca contó con más respaldo social que el
que le proporcionaron algunos grupos de profesionales, estudiantes y
trabajadores concienciados políticamente. Una sociedad aún
predominantemente agraria y atrasada en todos los órdenes como
era la Canarias de entonces, unida a una insensata campaña de
atentados con bomba, no era el terreno más propicio para que
germinaran las ideas que Cubillo proclamaba desde Radio Canarias
Libre.
Para comprobar que la
figura de Cubillo, como la de cualquier ser humano, está plagada de
luces y de sombras y de que sigue generando controversias aún
después de muerto, incluso entre quienes compartieron sus ideales,
sólo basta echar una ojeada a lo que se ha escrito en la red y en
algunos medios tras conocer la noticia de su fallecimiento: hay desde
quienes piden para él homenajes y monumentos hasta quienes
consideran que el fundador del MPAIAC no pasó de ser un personaje
menor imbuido de una idea utópica por irrealizable y descabellada
del futuro de Canarias. Una cosa sí le reconocen todos porque es
de justicia: nunca renegó del independentismo. Utópica, idealista,
irreal o ilusoria, lo cierto es que pocos pueden hoy presumir de una
trayectoria política tan coherente como la suya. Ese tal vez sea su
legado más duradero.