Sorpresa sin sorpasso

Hay mucha queja y lamento hoy en las redes sociales. Mucha gente está disgustada y perpleja por el hecho de que casi ocho millones de españoles decidieran ayer otorgar su confianza al Partido Popular, exponente máximo de la corrupción política en España, reforzando con 14 escaños más la mayoría minoritaria de 123 diputados que había obtenido en diciembre. Se adivinan detrás de esos lamentos otras dolencias, las producidas por unos resultados que ningún sondeo electoral predijo ni por aproximación. Todos, desde los más ideologizados a los teóricamente más profesionales y neutrales, pronosticaron el sorpasso dando por hecho que la alianza de circunstancias entre Izquierda Unida y Podemos se llevaría por delante como un tsunami al PSOE tanto en votos como en escaños. No fue así y eso ha desconcertado a todo el mundo, empezando naturalmente por quienes votaron sorpasso ayer. Además de no ser una actitud muy democrática, no radica el problema en culpar a los ciudadanos de haberse inclinado mayoritariamente por el PP. En democracia, si la competencia entre los partidos se desarrolla en buena lid y en igualdad de condiciones todos los votos son igualmente democráticos y útiles, independientemente de quién los reciba. 

Nos podrá disgustar el apoyo que recibe un partido que ha hecho méritos sobrados para pasar una larga temporada en la oposición  hasta que se regenere de verdad y no sólo de boquilla, que eso no restará ni un ápice de legitimidad democrática a los votos que recibe. Lo que no quita para que el fenómeno por el que un partido corrupto no sólo no pierde apoyos en España sino que incluso los puede aumentar, sea digno de análisis sociológico y político para determinar si este es un problema específico de la marca España y de la escasa cultura cívica y política de sus ciudadanos o pasa también en nuestro entorno geográfico y político. 

De lo que se trata  es de establecer las causas por las que los ciudadanos han reforzado la posición del PP y de su líder Rajoy para formar gobierno y de por qué no se produjo el sorpasso con el que soñaban muchos, empezando por los dirigentes de Izquierda Unida y Podemos. La propia actitud de esos dirigentes durante la pasada legislatura es la clave de la respuesta: han sido ellos y sólo ellos los principales responsables del triunfo ampliado del PP y de su propio fracaso; ellos, que tuvieron en sus manos la posibilidad de un gobierno de cambio  y lo sacrificaron con estrépito en el altar del tacticismo y la frivolidad política. 

Estaban convencidos de que si provocaban otras elecciones barrerían del mapa al PSOE y se convertirían en la segunda fuerza política del país y puede que en la primera. Hicieron sus cálculos y creyeron que juntos serían invencibles y lo que se ha demostrado es que se han dejado casi un mllón de votos por el camino desde el 20 de diciembre. Soñaban con someter al PSOE a su férula e imponerle todos los trágalas que les parecieran bien, a la vista de la ansiedad con la que el líder socialista Pedro Sánchez tocaba en todas las puertas para procurarse apoyos a su fracasada investidura como presidente del Gobierno.

Al final, provocaron con sus aspavientos y postureos, sus cambios de humor y sus propuestas desmesuradas un efecto pendular en el electorado que ha terminado por reforzar al que se suponía debería haber sido su principal adversario. Estúpido error de bulto en la formación política con más polítólogos por metro cuadrado de este país. Ahora se lamen en silencio las heridas y apenas sí son capaces de hablar de fracaso ni de ofrecer dimisiones, ellos que se las piden a todo el mundo en todo momento y en todo lugar. Su timonel pone cara apesadumbrada, él que se creyó el nuevo Maquiavelo, y se excusa en la campaña del miedo de la que acusa al PP pero que tan buenos resultados le estaba dando en las encuestas sin que se le oyera quejarse mucho.

Tampoco se oyen voces que hablen de dimisión en el PSOE o en Ciudadanos, a pesar de que ambos han cosechado resultados manifiestamente mejorables. En el PSOE parecen darse con un canto en los dientes por haber salido medianamente vivos del sorpasso y obvian que han perdido cinco escaños con respecto al 20 de diciembre, lo que vuelve a convertir sus resultados en los peores del socialismo español desde el inicio de la democracia. Sánchez se limita a culpar a Unidos Podemos de sus males pero no se le oye tampoco una palabra de autocrítica sobre su liderazgo y sobre la ausencia de propuestas políticas con capacidad para ilusionar a tantos votantes de izquierda no populista que llevan años huérfanos de un referente político en el que confiar. 

De Ciudadanos sólo cabe decir que su líder, Albert Rivera, es uno de los que más razones tenía anoche para haberse ido a su casa después de haber perdido 8 escaños con respecto a diciembre que han ido a reforzar el triunfo del PP. Rivera culpa de sus males a la ley Electoral y tampoco hace autocrítica de su propio liderazgo ni de la ambigüedad ideológica de muchas de sus propuestas políticas.

Estos son los mimbres con los que ahora habrá que intentar formar gobierno y evitar unas terceras elecciones en un año, algo que la economía de este país no resistiría y sus instituciones políticas tampoco. Los primeros indicios no auguran nada bueno: vuelven los vetos personales, si es que alguna vez habían desaparecido, y esa es sin duda la peor manera de empezar a hacer las cosas. Los ciudadanos han votado este domingo y, más allá de lo que nos guste o disguste la decisión mayoritaria, lo democrático es aceptar el resultado y exigir a quien tiene en sus manos la llave de la gobernabilidad que  la emplee en ese fin y no en beneficio de su interés personal y partidista.  

Brexit: good bye y good luck

Jugar con fuego...y quemarse

El primer ministro británico jugo con el fuego del populismo y se ha quemado, aunque eso es lo de menos. Lo grave es que acaba de meter a su país y a la Unión Europea en una hoguera de la que no será posible salir sin graves quemaduras. Honra a Cameron que haya anunciado su dimisión después de que la mayoría de sus paisanos votaran ayer lo contrario de lo que les había pedido, que el país permaneciera en la Unión Europea. Pero nada más, no saquemos los pies del tiesto y empecemos ahora a pontificar sobre lo demócrata que es el primer ministro del Reino Unido y lo cumplidor que es de sus promesas. 

Cameron convocó el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea porque electoralmente le interesaba restarle votos a su principal adversario en las últimas elecciones británicas, el xenófobo y eurófobo UKIP (Partido por la Independencia del Reino Unido, por sus siglas en inglés) del no menos xenófobo  y eurófobo Nigel Farage. Envuelto en la Unión Jack se fue a Bruselas y pidió prebendas varias para el Reino Unido que consiguió sin esforzarse demasiado: básicamente obtener todos los beneficios del club comunitario sin responsabilizarse de ninguna de las obligaciones del resto de los socios. La jugada le salió bien porque los supuestos líderes europeos se dejaron chantajear a placer y le dieron al británico todo lo que pidió y una palmadita en la espalda de eterna amistad y comprensión. 

Con el triunfo conseguido se fue al Reino Unido y empezó a hacer campaña a favor de la permanencia en la Unión Europea. Pero ya era demasiado tarde, los demonios se habían desatado y en las generaciones de británicos que aún añoran el te de las cinco y a la reina Victoria se despertó el recuerdo del viejo imperio y se convirtió en mantra el peligro de los inmigrantes que acuden a Albión a quitarle el trabajo a los ingleses de toda la vida. Eso, unido a datos manipulados por los partidarios del brexit sobre lo que el Reino Unido aporta a la Unión Europea y lo que recibe de ésta, hizo el resto para que el país tomara la peor de las decisiones posibles, democrática pero desastrosa. 

El demonio del nacionalismo 

Dice la experiencia histórica que los demonios nacionalistas desatados son muy difíciles de controlar y eso es lo que le ha pasado a Cameron, que su jugada maestra se ha vuelto en su contra,  en contra de su país y en contra de un proyecto tejido con paciencia durante décadas y aún lleno de rotos y descosidos, el de una Europa unida en la que no haya más guerras y en la que se pueda aspirar a conformar una comunidad de países que, salvaguardando su diversidad, compartan un mismo ideario político, económico y social. 

Todo eso ha estallado en mil pedazos con la decisión británica de ayer, fruto de un calculo electoral de un político mediocre que hoy no ha tenido más remedio que reconocer su fracaso a los cuatro vientos. Deja un Reino Unido dividido por la mitad y ante una situación económica cuando menos cargada de incertidumbres de las que nadie sabe cómo salir porque se da la casualidad de que quienes habían pedido brexit nunca han dicho cuál era su hoja de ruta si ganaba esa opción. En lo económico, la salida de la Unión Europea pasará factura a las dos orillas del Canal de la Mancha y aunque está por ver a cuál de las dos con mayor intensidad, en cualquier caso será muy alta. 

Un Reino Unido más desunido que nunca

En lo político, del Reino Unido actual y centenario podemos pasar al Reino desintegrado: los nacionalistas escoceses, partidarios de quedarse en la Unión Europea, ya ponen sobre la mesa un nuevo referéndum para independizarse definitivamente de Londres. ¿Se lo concederá el democrático Cameron o quien sea su sustituto como primer ministro? En Irlanda del Norte se plantea ya otro referéndum de unión con la República de Irlanda y continuar de este modo en la Unión Europea. Sólo quedarían leales a la corona de su graciosa majestad la Inglaterra profunda favorable a rescatar las viejas esencias nacionales (también en Londres se impuso el no al brexit) y la vieja e insignificante Gales. 

Pero la decisión ya está tomada y, como el propio Cameron dijo en la recta final de la campaña para el referéndum de ayer, es irreversible. Londres y Bruselas tendrán que gestionar ahora este brexit y está por ver cómo lo harán. Nunca antes se ha vivido una situación como esta en la Unión Europea y en ningún tratado comunitario está escrito cómo se sale del club, algo que a lo mejor tendrían que ir pensando en enmendar a la vista de que los eurófobos franceses, holandeses, alemanes y demás ya piden lo mismo que pidieron y han obtenido los eurófobos ingleses: que sus países salgan de la Unión Europea y el último que cierre la puerta. 

Adiós y buena suerte, Reino Unido. 

De las negociaciones para la desconexión británica habrá que estar muy pendientes porque existe el riesgo cierto de que Bruselas, tal vez con el argumento de no agravar las consecuencias del brexit, pretenda permitir que los británicos sigan gozando de las mismas ventajas que el resto de los ciudadanos y países comunitarios aún habiendo abandonado el club. Sería una traición en toda regla y motivo más que suficiente para que quienes incluso pensamos que aún hay tiempo de que la Unión Europea enderece el rumbo pidamos su disolución inmediata o nuestra salida. 

Si los británicos han decidido mayoritariamente irse deben asumir las consecuencias que la decisión comporta: han dejado de pertenecer a la Unión Europea y por tanto son ciudadanos extracomunitarios y como tal deben ser tratados. Bruselas no puede caer en la tentación de los paños calientes ni en las componendas, sino aplicar la prolija legislación comunitaria que con tanto celo suele invocar en otros casos. Cuidado con dar a los europeos continentales gato por liebre porque podría tener consecuencias demoledoras para este proyecto manifiestamente mejorable.

No se trata de revancha sino de que los europeos que aún pensamos que es posible un proyecto político común, podamos continuar trabajando por él sin más interferencias de quien sólo ha buscado desde el minuto uno de su acceso al club su exclusivo beneficio. A los insolidarios se les aparta de nuestro camino y como mucho se les dice good bye y good luck, adiós y buena suerte.    

¿El día del brexit?

Votan hoy los británicos en referéndum si se van o se quedan en la Unión Europea. En el resto de los países del viejo continente se contiene la respiración, especialmente en aquello como España con potentes intereses económicos patrios en la pérfida Albión y en la propia piel de toro. Yo, por mi parte, ando con el corazón a dos bandos, o para ser más preciso, me debato entre lo que me dicta la razón y lo que me piden las visceras. 

Mirándolo desde el punto de vista más razonable del que soy capaz, la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría implicar un punto de no retorno en el cada día más deteriorado proyecto europeo. No obstante, si alguien sabe a estas alturas qué significa eso exactamente le agradecería que me lo explicara. Sea como fuere, si ya el proyecto hace aguas por todas partes, la marcha de los británicos lo dejaría a punto del hundimiento definitivo. 

Es el peso de la economía británica, es lo que la Unión Europea exporta a Gran Bretaña, es la seguridad y es la privilegiada relación del Reino Unido con los Estados Unidos. Son también  los turistas británicos que visitan el sur de Europa, que compran casas, que gastan dinero en restaurantes y que se quedan a vivir aquí aunque nunca terminen de aprender el idioma ni muestren excesivo interés por aprenderlo. Es o puede ser el fin del libre tránsito de personas y mercancías entre el Reino Unido y el continente, es, en definitiva, un obús en la línea de flotación de la vieja y desnortada Europa y de sus ajados sueños de unidad y prosperidad, reducidos hoy sólo a la prosperidad de unos pocos y a la pobreza y a la exclusión social de unos muchos. 

Así pues, analizando el asunto desde la perspectiva de la razón me gustaría que los británicos votaran hoy que quieren seguir siendo miembros de la Unión Europea. Eso les permitiría, por ejemplo, seguir viniendo a España a someterse a intervenciones quirúrgicas con cargo a la seguridad social española que la del Reino Unido no les paga. Si permanecen en la Unión Europea es más que probable que se eviten una devaluación de la libra que encarecería sus viajes al extranjero o les obligaría a ajustarse el cinturón y mirar por los peniques a la hora de ponerse tibios de cerveza de  barril durante sus vacaciones. 

Pero, qué quieren, también las visceras quieren dejarse oír y dicen con fuerza que ya están hartas del gimoteo y la permanente petulancia británica para con la Unión Europea, esa añoranza polvorienta por las viejas glorias del imperio victoriano, ese continúo descontento con lo que se decide en Bruselas sobre su comercio, sobre su medio ambiente, sobre el dinero que tienen que aportar y el que reciben a cambio. 

Es una monserga tan cansina y persistente y tan extendida en el tiempo que por no oírla uno estaría encantado de que se fueran de una santa vez y nos dejaran a los demás en paz. De hecho, el referéndum de hoy no es otra cosa que el fruto del chantaje al que el primer ministro Cameron sometió a la Unión Europea y que esta gustosa aceptó: "Esto es lo que quiero y además lo voy a someter a referéndum".

Se lo dieron pero al parecer, o no ha sido suficiente para que una clara mayoría de británicos esté por la labor de quedarse, o Cameron es incapaz de venderle a sus propios paisanos lo que le ha arrancado a los timoratos líderes europeos. Lo que ha conseguido en cambio es agitar el peligroso discurso xenófobo contra los inmigrantes, indigno de un país de la tradición y la cultura del Reino Unido, tierra de emigrantes a otros muchos países de todo el mundo en donde han dejado su impronta pero también su arrogancia y su a veces ridículo complejo de superioridad. 

 Dicen las encuestas que el brexit perderá por la mínima y eso salvará a Cameron del incendio que él mismo encendió con su populismo inconsciente. No por su bien, sino por el de los propios británicos y por el del conjunto de los europeos, espero que hoy termine triunfando la razón sobre el estómago.  

Grabando, grabando

¿Qué hace el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, el magistrado Daniel de Alfonso, explicándole al ministro del Interior del Gobierno de España, Jorge Fernández Díaz, las pesquisas en las que está trabajando sobre posibles irregularidades en partidos como Ezquerra Republicana de Cataluña o Convergencia Democrática? 

¿Qué relación jerárquica existe entre de Alfonso y Fernández para que esa reunión se celebre y para que el primero le transmita al segundo información que no puede ni debe transmitirle más que al Parlamento de Cataluña, del que depende la Oficina Antifraude? ¿Quién graba, por orden de quién y con qué fines graba? ¿Quién filtra las grabaciones a un medio de comunicación, por qué ahora y con qué fines?

¿Con qué fines ha usado Fernández Díaz la información que le facilitó de Alfonso en esa reunión conocida ahora a través de las grabaciones reveladas por el diario Público? ¿Las utilizó de algún modo o pensó utilizarlas contra políticos catalanes como Oriol Junqueras o Artur Mas? 

¿Además de las conversaciones recogidas en la grabación que ahora ha salido a la luz, se han producido nuevos encuentros "informativos" entre Daniel de Alfonso y Fernández Díaz y, en su caso, cuantos y de qué han hablado? ¿Le ha vuelto el primero de ellos a transmitir al segundo información que sólo puede y debe transmitir al Parlamento de Cataluña? 

¿Estaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al corriente de esa reunión de su ministro del Interior con el cargo público catalán como dice Fernández Díaz en la grabación difundida? Es más: ¿pudo haber sido el propio Mariano Rajoy el que encargara a su ministro del Interior que buscara la manera de encontrar argumentos con los que poner contra las cuerdas y quién sabe si ante los jueces a Junqueras, Más y otros políticos catalanes desafectos e independentistas?

¿Es creíble que Mariano Rajoy argumente que no sabía nada de esas reuniones y achaque todo el asunto a una maniobra política para causarle daño al PP a menos de una semana para las elecciones?

¿Es igualmente creíble que sea el propio ministro del Interior en funciones el que anuncie una investigación para esclarecer lo ocurrido? ¿Se va a investigar el ministro a sí mismo? ¿No sería mucho más adecuado que pidiera comparecer inmediatamente ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones que se le exigieran?

¿Son tan redomadamente cínicos en el PP como para creer que pueden desviar la atención sobre este grave caso de presunta utilización política de los medios del Estado con fines inconfesables agarrándose como loros al argumento de que lo grave es que se grabara la conversación y no el contenido de la misma? 

Estas son sólo algunas de las preguntas que sugiere este nuevo escándalo que salpica - una vez más - al PP en plena campaña electoral. No hay duda - y es lógico -  de que esa es la causa por la que el resto de formaciones no se lo ha pensado dos veces para pedir dimisiones y ceses a mansalva. 

No obstante, primero y cuanto antes deben ir despejando todas estas cuestiones los directamente concernidos para, en función de sus explicaciones, determinar si el asunto es un montaje y, si no lo es, decidir si se arregla sólo con dimisiones y ceses o si es necesario incluso subir un escalón y poner el caso en manos judiciales. Cuanto más tiempo tarden en ofrecer las explicaciones que deben a los ciudadanos más se instalará en nosotros el convencimiento de que todo lo publicado es verdadero. 

Incongruencias electorales

Resulta que en España está prohibido publicar encuestas de intención de voto cinco días antes de unas elecciones. Se preguntarán ustedes por qué España es también diferente en esto si en todos los países democráticos de nuestro entorno se publican sondeos a pie de urna incluso el mismo día de las elecciones, tanto cuando abren los colegios electorales como cuando están a punto de cerrar.

Pues no, en España no es así. Aquí bajamos la persiana de los sondeos cuando aún falta una semana bien contada para acudir a las urnas porque el legislador decidió en su día que su publicación puede influir sobre el influenciable voto de los ingenuos y poco avisados ciudadanos. Pero se les escapó un detalle no menor, precisamente. Si el argumento para no publicar encuestas electorales después de esa fecha es que puede influenciar en la decisión de los ciudadanos, cómo puede explicarse en cambio que no se prohíba también y al mismo tiempo la campaña electoral propiamente dicha. 


Cabría pensar que esta última no es utilizada por los partidos políticos que concurren a unas elecciones para influenciar en el voto de los ciudadanos sino para que estos se prenden de la oratoria y el palmito de los candidatos. Lo cual, sobre decirlo, es absolutamente absurdo. 

Como absurda es a estas alturas la bobada de la jornada de reflexión del día previo a las elecciones, una institución que pudo tener cierto sentido en los inicios de la etapa democrática hace 40 años, cuando los españoles acababan de salir de una dictadura de la misma duración y lo de los partidos políticos y las urnas les olía aún a una inmensa mayoría de ciudadanos a cuerno muy quemado. 

En la actualidad nada de eso tiene sentido ni utilidad. Si los españoles somo un pueblo maduro democráticamente hablando carece de toda lógica y sentido que no se puedan publicar sondeos electorales en cualquier momento que los medios o quienes sean decidan encargarlos y pagarlos; como carece de sentido esa jornada de reflexión pensada más bien para párvulos políticos y no para ciudadanos conscientes y responsables. 

Antiguallas que, por cierto, no he escuchado a ninguno de los partidos emergentes decir que van a suprimir si gobiernan. Puede que en este aspecto como en tantos otros sean mucho menos emergentes y menos innovadores de lo que presumen. Puede que en el fondo también compartan con sus hermanos mayores la misma idea de que los ciudadanos no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones sin que nos lleven de la mano y nos tutelen en todo momento. O puede que eso sea precisamente lo que les asusta, que tomemos nuestra decisiones sin contar con ellos. 

El voto útil

Andan algunos enfrascados estos días en el voto útil y el voto inútil en las elecciones del domingo. Es el caso de Rajoy, para el que todo lo que no sea votar al PP es un voto inútil. Este modo de expresarse de un político tan mediocre como el aspirante a seguir al frente de este país es indignante. 

En democracia no hay votos inútiles, otra cosa es que contribuyan en poco, mucho o nada a que el partido por el que se vota alcance el poder o se quede muy cerca que, en definitiva, de eso y no de otra cosa se trata. Los ciudadanos votan pensando en la utilidad de su voto, es cierto, pero también en las ideas y propuestas del partido por el que votan. 

El peso de cada factor en la decisión final es muy aleatorio. De todo modos, su voto es siempre es tan útil desde la perspectiva del sentido último de la democracia aunque fuera el único que se contabilizara en favor de esa opción política. Piensa Rajoy que votar es un mero ejercicio dominical que se ejerce cada cuatro años - o cada seis meses como en este caso - y  que a los electores les da lo mismo ocho que ochenta votar por Juana que por la hermana. Esa es la lamentable estima en la que este hombre tiene a la democracia y a los ciudadanos que la ejercen libremente. 

Lo verdaderamente útil para la democracia de este país sería que Rajoy desapareciera definitivamente de la escena política. Con creces ha demostrado no sólo su estatura de pigmeo en los asuntos de estado, su sospechosa supuesta ignorancia de los casos de corrupción que anegan su partido, el seguidismo entusiasta de las políticas más dañinas para la cohesión social, sus redomadas mentiras políticas y su monocorde y cansino discurso de gris funcionario: o yo el caos. 

Eso por no entrar ahora a analizar la utilidad de una campaña electoral como la presente en la que, a falta de argumentos más convincentes, los líderes políticos llevan días enredando sobre pactos que no firmarán y partidos a los que no apoyarán. Mientras, el país de a pie sobrevive como puede a tanta nulidad política y a tanta falta de espíritu constructivo.   

Nunca digas nunca jamás

Atentos a sus pantallas: los principales medios de comunicación publicarán mañana sondeos electorales que no harán sino confirmar lo que han venido augurando hasta ahora con machacona insistencia y lo que hace poco más de una semana vaticinó la encuesta con mayor número de entrevistas que se realiza en España, la del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Todas coinciden en que la coalición Unidos Podemos y el empuje de sus confluencias varias hará realidad el famoso "sorpasso" y superará de largo en votos y en escaños al PSOE. Por la derecha, el PP podría mejorar ligeramente los resultados del 20 de diciembre y Ciudadanos repetir unos datos muy similares a los de hace seis meses.

En consecuencia, el panorama que dibujan estas encuestas es que en la noche del 26 de junio es muy probable que nos encontremos con dos bloques políticos casi simétricos y una posible situación de enquistamiento muy similar a la que produjeron las urnas el 20 de diciembre. Si las encuestas aciertan - por lo pronto son todas coincidentes - los españoles volveremos a requerir de los partidos políticos cintura política y capacidad de acuerdo para alcanzar un pacto de gobierno que necesariamente tendrá que pasar por renunciar a líneas rojas y a vetos personales como los que malograron el acuerdo en la reciente y fracasada legislatura. 

Sin embargo, lo que las declaraciones de los líderes y el debate televisivo de hace unos días nos está mostrando es que esos líderes siguen despreciando olímpicamente el sentido del voto de los ciudadanos y siguen enrocados en sus posiciones de campanario. Rajoy y el PP sólo hablan de "gran coalición" y de que gobierne el partido más votado, como si todo lo demás no fuera legal o democrático. La corrupción que salpica al menos por omisión al propio Rajoy es asunto que no parece ir con el cansino líder popular y su apego al cargo son factores que influyen negativamente en posibles acuerdos de gobierno.

Ciudadanos ha vuelto precisamente a marcar como línea roja un acuerdo que implique hacer presidente a Rajoy e incluso a su número dos Soraya Sáenz de Santamaría. En el PSOE, su líder nominal y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, insiste en que no hará presidente a nadie del PP "nunca y en ningún caso"; otra cosa es lo que piensen sus barones, que de momento no ocultan su rechazo casi visceral a la posibilidad de que el PSOE haga presidente al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Éste se viste ahora con piel de cordero pero bien saben en el PSOE que es un lobo que viene a por ellos y que a poco que se despisten los engullirá como ya ha hecho con una Izquierda Unida, autosacrificada en el altar de los resultados electorales después de años atravesando el duro desierto de ser fuerza política residual.

Esos son los mimbres con los que caminamos hacia el 26 de junio y con los que no resultará nada sencillo alcanzar los acuerdos de gobierno que este país está necesitando desde hace muchos meses. La posibilidad de unas terceras elecciones generales en apenas un año no es por desgracia  un escenario tan improbable y los propios líderes políticos parecen filtrear de nuevo con esa hipótesis sin importarles lo más mínimo el hastío ciudadanos con ellos y con sus partidos. Juegan con fuego y nos podemos quemar todos.  

Bofetada sin manos

Hay bofetadas sin manos más sonoras, dolorosas y ejemplarizantes que las de toda la vida. Una de esa clase se la acaba de propinar la ONG Médicos Sin Fronteras a la Unión Europea y a todos sus países miembros, los que van quedando al menos. Les ha dicho que no quiere su dinero mientras no cambie su penosa, lamentable e ilegal política migratoria con la que los supuestos líder es europeos se tapan las vergüenzas para presumir de ser los más solidarios del mundo mundial.

 A la vista de cómo se ha comportado con los refugiados y solicitantes de asilo esta Europa egoísta y cicatera, uno no puede menos que aplaudir (esta vez con las manos y hasta con las orejas) la decisión de Médicos sin Fronteras. No son precisamente sus miembros unos pardillos ni unos recién llegados al trabajo en pro de los que peor lo pasan y a los voluntarios de la organización que murieron atendiendo en África a los enfermos de ébola me remito.

Su gesto tiene un enorme valor simbólico que es preciso subrayar. En primer lugar deja en evidencia la insensibilidad con  la que la Unión Europea - marchito Premio Nobel de la Paz - y sus países miembros se han tomado el drama humanitario de los refugiados, el más grave desde la Segunda Guerra mundial. Pero lo más ejemplarizante de la decisión de Médicos sin Fronteras es que deja con las vergüenzas al aire a los fariseos que creen que entregando dinero a las ONGs para que asuman las responsabilidades que les corresponden a ellos se cubre el expediente y hasta se puede presumir en los foros internacionales de solidaridad con los pobrecitos sirios que huyen de la guerra en su país. Sonora y contundente bofetada en una cara muy dura, la de una Unión Europea en caída libre y puede que irreversible. 

Patrioterismo

Hoy mismo quiero retomar la actividad en el blog y lo quiero hacer con una muy breve reflexión sobre el patrioterismo, cosa muy distinta del patriotismo. 

Viene a cuento porque, a propósito de la visita que el primer ministro británico, David Cameron, ha realizado hoy a Gibraltar, algunos líderes políticos españoles no han dudado en sacar a pasear su más rancio patrioterismo aprovechando, además, que estamos en campaña electoral. Sacar a relucir las esencias y viejas reivindicaciones patrias siempre es una tentación casi irresistible en épocas de marcado celo político como el actual. 

A algunos les ha faltado el filo de un cuchillo para cuadrarse en el primer tiempo del saludo y entonar "montañas nevadas, banderas al viento". Son los que le echan la culpa de nuestros problemas a la pérfida Albión y al mismo tiempo critican a Nicolás Maduro por hacer lo mismo con el "imperialismo yanqui y sus lacayos". Los mismos también que buscan que seamos como el necio que mira el dedo y no como el sabio que mira la luna.  

Como decíamos hace dos años

Pues sí, he decidido volver; he decidido retomar este blog que dejé hace ya tanto tiempo sin dar explicaciones, la verdad. Pido disculpas por ello. 

No prometo nada, ni frecuencia ni periodicidad ni extensión,sólo la intención de recuperar este espacio que tantas satisfacciones me producía y que tanto me ayudaba a ordenar mis ideas sobre tantos asuntos de tan variada índole. Se preguntarán entonces qué razón había razón para abandonar. La había: falta de tiempo debido a la sobrecarga de trabajo fue la principal. También habría que mencionar un cierto cansancio y la dificultad diaria de encontrar un asunto del suficiente interés que comentar y hacerlo con un mínimo nivel de rigor.

Lo primero que va a cambiar en esta segunda etapa del blog será la extensión de las entradas. Por norma general serán muy cortas, casi aforismos, y siempre (o casi siempre) relacionadas con los asuntos de la actualidad que más me interesan (economía, sociedad, política en su más amplio sentido) 

Por lo demás, cuando me apetezca abordaré otros asuntos o colgaré otros contenidos relacionados fundamentalmente con la música. Quiero tener un blog libre de ataduras y que me apetezca actualizarlo lo más frecuentemente posible, no quiero algo que me obligue a escribir tantas líneas a diario tenga o no deseos de hacerlo o asunto de interés sobre el que escribir. 

¡Allá vamos, pues! ¡Gracias de antemano!

Costa noroeste de Gran Canaria

Houston, tenemos dos problemas

Explicar los intríngulis de la política en Canarias requiere de un sobreesfuerzo didáctico del que no sé si seré capaz. Al menos voy a intentarlo. Andaban amigablemente unidos el PSOE y CC con su pacto en el Gobierno autonómico cuando, de buenas a primeras, el matrimonio empieza aparentemente a resquebrajarse. En realidad no ha sido de buenas a primeras, sino a partir de las primarias de los socialistas isleños que dieron la candidatura a la presidencia de la comunidad autónoma a la diputada Patricia Hernández. Casi en paralelo, los nacionalistas canarios se embarcaron también en su propio proceso de primarias, algo más modesto que el de sus socios de gobierno por cuanto se ciñeron a los órganos de dirección del partido en lugar de tener carácter abierto urbi et orbi como las del PSOE. 

Ello no impidió que volaran las navajas en ambos partidos y que se produjeran cortes políticos profundos que siguen sin cicatrizar y que amenazan con infectarse y gangrenarse. En el PSOE, la candidata no perdió un minuto para pedir a la dirección federal de su partido que readmitiera a los consejeros del cabildo de La Palma, expulsados a las tinieblas exteriores del socialismo por haberse atrevido a romper el acuerdo de gobierno con CC y pactar con el PP. Nada que no haya ocurrido una y cien veces en tantos y tantos sitios. 

En el cálculo de la candidata Hernández está el miedo a que la expulsión de sus compañeros de La Palma le haga perder votos en esa isla. Pesan más, sin embargo, las ganas no confesadas abiertamente de hacerse con el control del partido para mejor proveer mediante la vía de calzar por el secretario general del PSOE en las islas, José Miguel Pérez, acérrimo enemigo de la readmisión de los expulsados si no abjuran de sus pecados políticos. Pérez siempre ha dejado claro que la readmisión de los ex camaradas palmeros sin arrepentimiento y propósito de la enmienda sólo se producirá por encima de su cadáver político, lo que incluye abandonar la secretaría general del PSOE canario, con el consiguiente congreso extraordinario, y hasta la vicepresidencia del Gobierno autonómico de la que se ocupa merced al pacto regional. Espero que me hayan podido seguir hasta aquí. 


En Coalición Canaria, las tensiones que generó la elección de Fernando Clavijo como candidato a la presidencia autonómica parecían haber amainado hasta que un juez imputó al candidato por delitos como prevaricación, malversación o tráfico de influencias durante su gestión como alcalde de La Laguna. La posibilidad de que tengan que cambiar de caballo electoral en plena carrera hacia las urnas si el juez mantiene la imputación ha puesto muy de los nervios a sus más entusiastas seguidores en CC. Al mismo tiempo es probable que haya provocado también un recóndito hormigueo de satisfacción entre quienes apoyaron para esa candidatura al actual presidente autonómico, Paulino Rivero, y perdieron. Y viene siendo aproximadamente en este punto en donde se entrecruzan estas dos tragedias griegas. 

Los partidarios de Clavijo, muy fuertes en La Palma, aprovechan como excusa las maniobras de la candidata socialista en favor de sus ex compañeros en el Cabildo de esa isla para exigir sangre: si son readmitidos como militantes, el PSOE dejará de ser un partido fiable para futuros pactos, por lo que convendría soltar lastre cuanto antes y reorientar la brújula para remar con viento y gaviotas en las velas hacia viejos y conocidos horizontes políticos en los pactos que habrán de cerrarse tras las próximas elecciones. 

Dicho de otro modo, el supuesto enfado por la posible readmisión en el PSOE de los díscolos consejeros del cabildo de La Palma no pasa de ser un mero postureo para meter el dedo en el ojo a los partidarios de Rivero y debilitar sus posibles opciones de sustituir a Clavijo en caso de que este decida renunciar a su candidatura si continúa imputado. En resumen, detrás de la farsa del honor mancillado si el PSOE readmite a sus consejeros de La Palma, lo único que hay en realidad es una batalla por el control interno y la elaboración de las listas electorales en los dos partidos políticos que cogobiernan en Canarias. Que eso desestabilice la acción del Ejecutivo no parece ser la mayor de las preocupaciones de quienes se entregan con tanto entusiasmo a estos juegos de salón, por lo demás muy habituales cada vez que la campana toca a urnas. Espero que lo hayan entendido y, si no, no se preocupen: yo tampoco termino de entenderlo

Yo no soy Rajoy

Esto no es España y yo no soy Rajoy. Si el presidente del Gobierno hubiera comenzado así su intervención parlamentaria de hoy sobre la corrupción habría resultado mucho más creíble. En cambio optó una vez más por negar la mayor al afirmar que la corrupción en España no es un problema generalizado para decir a renglón seguido que el gusto por el trinque de lo público forma parte de la condición humana universal. Ya saben cuál es su teoría: cuánta mayor sea la corrupción del mundo mundial menos le toca a su partido. Al presidente le molesta que los medios de comunicación dediquen tanto espacio, tiempo y esfuerzo a contar los casos de corrupción y cree que eso fomenta a los “salvapatrias de la escoba”, alusión implícita al líder de Podemos que hoy debe de haberse embolsado unos miles de votos más. De todos modos hay que reconocer que en esto es muy coherente el presidente con su propia forma de actuar a lo largo de todos estos años: Rajoy está convencido de que la mejor forma de luchar contra la corrupción es no hablar de ella en absoluto y, a ser posible, ni mencionar siquiera los nombre de los corruptos. 

Forzado por las circunstancias, como casi todo lo que hace, Rajoy acudió hoy al Congreso a presentar una vez más las medidas contra la corrupción que ya anunció en febrero del año pasado y aún no ha puesto en marcha a pesar de la mayoría absoluta de la que dispone y, cuando la oposición lo acorraló, echó mano del socorrido y popular “y tú más”. Debate estéril el de hoy en el Congreso porque ni el presidente del Gobierno muestra signos de voluntad real de luchar contra la corrosión del sistema democrático ni el todavía principal partido de la oposición, atrapado también en las redes de sus propios escándalos, aprovechó la debilidad de Rajoy para cantarle con mucha mayor contundencia las verdades del barquero. 

Todo esto apenas unas horas después de que Rajoy dejara caer por fin a su ministra de Sanidad para que no le estropeara la comparecencia de esta mañana. Sólo lo consiguió en parte porque la oposición se la mentó en reiteradas ocasiones, aunque le costó lo suyo que el presidente la llamara por su nombre ya bien avanzado el debate. Cuando lo hizo fue para echarle un capote al decir que Mato ignoraba que estuviera cometiendo un delito, con lo que olvida Rajoy algo tan elemental como que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En este punto debo confesar que mi absoluto escepticismo ante la capacidad de Rajoy y los suyos de predicar con el ejemplo cuando hablan de corrupción me llevó ayer a escribir que no creía que Ana Mato terminara dimitiendo. 

Al final lo hizo, aunque siempre me quedará la duda de lo que habría ocurrido si Rajoy no hubiera tenido que comparecer precisamente hoy en el Congreso para hablar de corrupción. Me inclino a pensar que si el juez Ruz se hubiera demorado unos días en hacer público el auto en el que señala a Mato como beneficiaria de los regalos de una trama corrupta, la ministra habría terminado la legislatura con el mismo apoyo que Rajoy le ha venido mostrando en todo momento. Por otro lado, del hecho de que el juez Ruz también considere al PP responsable a título lucrativo de la red Gürtel nada dijo hoy Rajoy. Es más, cuando el presidente habla de la corrupción en su partido lo hace en pasado y no en presente, como si Gürtel, Bárcenas, Matas, Mato, Fabra, tarjetas opacas de Caja Madrid o Púnica fueran asuntos ya cerrados y el PP hubiera adoptado medidas para que no se repitan. 

Después del debate de hoy ha quedado patente que este Gobierno y su presidente están completamente incapacitados para liderar la lucha contra la corrupción. Si unimos ese hecho a la falta de iniciativa para resolver la cuestión catalana que Rajoy con su inmovilismo ha contribuido a enquistar y a una supuesta recuperación económica que ningún español de a pie aprecia por ningún lado, sólo cabe concluir que el presidente ha entrado en tiempo de descuento. Él y su gobierno han perdido toda credibilidad política y carecen de impulso suficiente para llevar esta legislatura hasta noviembre del año que viene sin agravar más los problemas del país. Un país que se llama España y cuyo presidente de gobierno se llama Mariano Rajoy, aunque él pretenda hacernos creer otra cosa. 

Mato y la mala suerte de Rajoy

Apelando a la superstición popular cabe pensar que si a Rajoy lo hubiera mirado un tuerto tendría más suerte. Lo debe de haber mirado un ciego, o tal vez es un ciego el que lo guía por el proceloso mar de la corrupción en su partido. Ha ocurrido que, cada vez que pretendía convencernos de que la economía española es una locomotora desbocada y que ya hemos dejado atrás hace tiempo el final del túnel, le estallaba en los bajos una bomba lapa que hacía saltar por los aires su discurso y ponía de nuevo en el primer plano de la opinión pública otro escándalo de corrupción relacionado con su partido. 

Sólo así se entiende que un día antes de comparecer en el Congreso de los Diputados para volver a colocarnos el discurso huero de la lucha contra la corrupción, el juez Ruz haya escrito en un auto que su ministra de Sanidad, Ana Mato, se lucró de las relaciones de su ex marido con la trama Gürtel. A esta hora de la tarde Mato sigue en su puesto y mañana por la mañana, cuando Rajoy suba a la tribuna de oradores del Congreso para hablar de corrupción, es muy probable que ella también esté allí, sentada en el banco azul, aplaudiendo a rabiar las cosas que diga aquel al que le seguirá debiendo el puesto. A esta mujer incombustible, a la que Rajoy no ha dejado caer aunque ha tenido razones más que sobradas para hacerlo, no se le ha movido nunca un pelo a pesar de las evidencias de que las fiestas de cumpleaños de sus hijos, los regalos caros y los viajes que hizo por esos mundos de Dios los pagó la trama Gürtel. Ni siquiera cuando declaró que nunca había visto un Jaguar en su garaje le entró la risa floja ni se puso colorada. También tuvo una oportunidad de oro para dimitir cuando alarmó a medio país con su nefasta gestión política de la crisis del ébola pero, por desgracia, la dejó pasar igualmente. 

Como, salvo sorpresa, dejará pasar la que le señala sin ambages la puerta de la calle después de que Ruz la haya señalado hoy como beneficiaria de los tejemanejes de la Gürtel con su ex marido. También es probable que Rajoy deje pasar una nueva oportunidad de predicar con el ejemplo y destituir a su ministra, algo que debió haber hecho hace tiempo y con lo que tal vez hoy tendría algo más de credibilidad cuando pontifica contra la corrupción. En su lugar acudirá mañana al Congreso a prometer medidas que ya ha prometido en al menos dos o tres ocasiones desde que llegó a La Moncloa y que nunca ha puesto en práctica. La razón no me la pregunten pero tampoco es difícil adivinarla. Sea cual sea, que después de tres años en La Moncloa y a menos de uno para las próximas elecciones generales sigo haciendo las mismas promesas de lucha contra la corrupción no dice nada bueno ni positivo a favor de su supuesta voluntad de regeneración política, más bien todo lo contrario. 

Es cierto que Mato no ha sido acusada de formar parte directa de la trama Gürtel, aunque eso no le evitará seguramente tener que sentarse en el banquillo de los acusados como responsable civil junto a personajes tan respetables y honorables como Francisco Correa. En su condición de “partícipe a título lucrativo” de la trama corrupta – que así se llama la figura jurídica a la que recurre el juez Ruz - la todavía ministra tendrá que devolver una cantidad de dinero que se determinará en el juicio pero que puede rondar los 55.000 euros. 

Ahora bien, que el juez no la señale como acusada sino “sólo” como beneficiaria directa de la Gürtel sería razón más que suficiente en cualquier país serio – esa expresión con la que Rajoy se llena la boca allá donde va y cada vez que puede – para dimitir inmediatamente o para que quien la puso en el cargo la destituya sin excesivos miramientos y sin perder un segundo. Puede que me equivoque, pero soy de la opinión de que ninguna de las dos cosas ocurrirá y Mato seguirá siendo ministra de Sanidad mientras Rajoy sea presidente del Gobierno. Lo cual no será impedimento alguno para que el jefe del Ejecutivo presuma mañana ante los diputados de todo lo que ha hecho y de todo lo que hará para acabar con la corrupción. Me temo que a lo más que llegará mañana será a apuntar con el dedo acusador y mirar a la bancada de la oposición mientras evita poner los ojos en el banco azul, no vaya a ser que la presencia en él de Ana Mato le siga dando mala suerte.

Pedro contra Sánchez

Hace poco más de tres años, por más señas un 2 de septiembre de 2011, José Luis Rodríguez Zapatero estaba a punto de abandonar La Moncloa en manos del regenerador, reformador y prometedor Rajoy. La crisis de caballo asolaba España y los mercados financieros acechaban agazapados a la espera de asestar el golpe definitivo: el rescate financiero. Torres no tan altas como Irlanda, Grecia y Portugal habían caído y era sólo cuestión de tiempo que también cayera España. La situación de pánico llevó al PP y al PSOE a urdir una reforma constitucional que cogió a la oposición con el pie cambiado y a los españoles despistados y volviendo de vacaciones. En un pleno del Congreso que pasará a los anales del parlamentarismo español como un ejemplo de lo que es legislar de espaldas a los ciudadanos, los dos grandes partidos votaron a favor de limitar el techo de gasto de las administraciones públicas españolas a lo que gustara ordenar la Comisión Europea y priorizar el pago de la deuda pública. 

Con las prisas para cerrar el acuerdo, a Pérez Rubalcaba y a Rajoy se les olvidó garantizar de algún modo en el texto constitucional reformado que la sanidad, la educación y las políticas sociales seguirían contando con financiación suficiente. Entre los diputados que votaron a favor del acuerdo estaba Sánchez, representante por Madrid, que incluso se congratuló en Twitter de la hazaña de haber reformado la Carta Magna por la vía oscura, sin consenso con la oposición y sin consultar a los españoles en un referéndum, como era de rigor. Con su voto y con el de sus compañeros más los del PP, el PSOE le hizo entrega solemne a Rajoy de las tijeras con las que, nada más pisar La Moncloa, el nuevo presidente afrontó con entusiasmo la tarea de podar a fondo el estado del bienestar que tantos esfuerzos había costado construir y cuya tarea ya había iniciado con algo de timidez, eso sí, Rodríguez Zapatero. 

Poco tiempo después Alfredo Pérez Rubalcaba y el PSOE se llevaron el revolcón electoral de sus vidas y los socialistas se adentraron en una travesía del desierto a la que aún no le ven la salida. Buscándola han dado con el que consideran su mirlo blanco, de nombre Pedro, que hace solo unas horas acaba de renegar del Sánchez que en 2011 dijo sí a los mercados y la reforma de la Constitución de acuerdo con el PP. Pedro quiere ahora borrar su pasado y anuncia que, si gobierna, volverá a reformar la Constitución para enmendar el “error” de Sánchez. Por lo pronto ya se ha adherido a una iniciativa de lzquierda Plural y del Grupo Mixto que piden eso precisamente, aunque las posibilidades de que prospere son tantas como las que tiene el equipo de mi pueblo de ganar la Liga de Campeones. 

Pero Pedro no se achanta y en su cruzada contra Sánchez dice que desfacerá el entuerto de hace tres años aunque, eso sí, quiere dejar claro que él asume la necesidad de controlar el déficit público y la obligación de pagar la deuda. Lo que quiere hacer – dice – es blindar en la Carta Magna la financiación suficiente de los servicios públicos básicos. El PP y el Gobierno, alérgicos a cualquier cambio constitucional que no de gusto a los mercados como aquel de 2011, no han tardado en echarle las manos al cuello y llamarlo “populista” y, sin que sirva de precedente, no les falta un puntito de razón. A Pedro parece que le pueden por momentos los mensajes llamativos y las apariciones en televisión, incluidos los programas de cotilleo. O lo frenan sus asesores o puede llegar a sentir la tentación de dejarse barba y coleta. 

Por lo demás, que Pedro consiga su objetivo y rompa definitivamente con Sánchez no depende sólo de él sino de que obtenga la mayoría parlamentaria suficiente, algo que se vende demasiado caro en estos tiempos de máxima incertidumbre política. Si la improbable conjunción de los astros le brindara algún día la posibilidad de dar el paso, no debe olvidarse de algo muy importante: a los españoles nos gustaría poder decir algo al respecto de esa reforma y no ser de nuevo simples convidados de piedra como ya ocurrió en 2011. Porque, con todo, ese fue el peor de los errores de Sánchez y los suyos y que Pedro dice ahora querer enmendar.

Petróleo: una encuesta clarificadora

Los ciudadanos de Canarias se quedaron ayer con las ganas de expresar en las urnas lo que opinan de las prospecciones que Repsol realiza en aguas de las islas desde hace una semana. La consulta convocada por el Gobierno de la comunidad autónoma fue abortada por el Ejecutivo central mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional que la suspendió temporalmente hasta que decida sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, la macroencuesta alternativa encargada por el Gobierno canario a las dos universidades de las Islas y cuyos datos hemos conocido hoy ha venido a poner negro sobre blanco el mismo o parecido resultado que probablemente habrían arrojado las urnas: una aplastante mayoría de ciudadanos en contra de unos sondeos que ven peligrosos para el medio ambiente del Archipiélago. (Pinche aquí para consultar la encuesta )

Por espigar sólo unos pocos datos, tres de cada cuatro canarios se oponen a las prospecciones, una oposición que es más acusada en las islas más próximas al lugar en el que Repsol busca gas o petróleo desde el lunes pasado. En la inmensa mayoría, la razón argumentada por quienes se oponen es el riesgo que estos trabajos representan para el medio ambiente. Por el contrario, el 15% que apoya la actividad de Repsol en las aguas canarias aduce la creación de empleo que se generaría. Aunque minoritario, es llamativo este argumento por cuanto, a fecha de hoy, ni Repsol ni el Ministerio de Industria que apadrina el proyecto han sido capaces de precisar con una cierta aproximación cuántos puestos de trabajos se han creado en la fase exploratoria ya iniciada ni cuántos se crearían en el supuesto de que se encontrara gas o petróleo y la multinacional decidiera extraerlo y comercializarlo en su beneficio, que no en el de los canarios. 

A lo más que han llegado unos y otros es a hablar de “oportunidades de empleo”, signifique eso lo que signifique. Por lo demás, a fecha de hoy, tampoco hay ningún compromiso firme de que las islas participarán de algún modo en los beneficios que Repsol obtenga de la eventual extracción de petróleo. Es revelador también el apoyo que refleja la encuesta a la posición del Gobierno de Canarias en este controvertido asunto, a menudo tildada de “politizada” por el Gobierno del Estado y por el PP canario: siete de cada diez encuestados creen que debe continuar oponiéndose institucionalmente a los planes de la petrolera y del Ministerio.
La encuesta se ha hecho sobre una muestra de 2.700 entrevistas en todas las islas, superior incluso a la que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas para todo el país. Estima un margen de error del 2% y ha sido realizada con el respaldo académico y técnicos de las dos universidades canarias, lo que la aleja de cualquier tentación de considerarla amañada políticamente. En realidad, el resultado no debería de ser una sorpresa demasiado grande para nadie: bastaba echar un vistazo a la participación en las protestas públicas celebradas en los últimos meses en las islas o a lo que se opina en las redes sociales sobre este asunto para predecir que la gran mayoría de la sociedad canaria rechaza de plano estos sondeos. 

Sin duda, quienes siguen considerando que la industria petrolera es inocua para el medio ambiente y que dejará beneficios sin cuento en las islas van a seguir defendiendo estas prospecciones contra viento y marea. En su derecho están pero ahora al menos ya saben que su posición es claramente minoritaria. Con todo, la cuestión de fondo ahora es saber si el titular del Ministerio de Industria, José Manuel Soria, tiene algo que decirles a los siete de cada diez paisanos suyos que rechazan un proyecto en el que ha puesto todo su empeño personal y político.

¿Les dirá que están equivocados de medio a medio y repetirá que la industria petrolera será la solución para todos los problemas de Canarias, que es compatible con el turismo y no representa riesgo alguno para el medio ambiente? ¿Les dirá que han sido manipulados por el “politizado” Gobierno autonómico para que se opongan a los sondeos como si los ciudadanos no fueran capaces de pensar y decidir por sí mismos? ¿Les dirá que no se ha sabido explicar bien? ¿Les dirá que las catas de Repsol continuarán adelante a pesar de lo que opine la mayoría de los canarios? ¿Cree y respeta el ministro la opinión mayoritaria de los ciudadanos aunque ésta no se exprese en las urnas en las que su Gobierno no les permitió expresarse? Estamos esperando las respuestas. 

Las prospecciones bajo la lupa de Bruselas

Es demasiado pronto para presumir que Bruselas será la que termine paralizando los sondeos petrolíferos de Repsol en Canarias por el incumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria. Sin embargo, el hecho de que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea haya confirmado hoy que ha pedido más información al Gobierno español sobre este asunto puede ser un paso decisivo en esa dirección. Las autoridades comunitarias han terminado atendiendo las reiteradas quejas de las instituciones canarias, las organizaciones ecologistas y varias fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo sobre la vulneración de la normativa europea por parte de España en la concesión de los permisos para que Repsol pudiera empezar a buscar petróleo en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. 

Las quejas se refieren principalmente al retraso que sufrió la aprobación del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de esas aguas, un expediente convenientemente retrasado por el hoy comisario Arias Cañete y resuelto por su sucesora en el Ministerio de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuando la multinacional petrolera ya contaba con todas las bendiciones de Industria para buscar petróleo. Las denuncias también señalan que el Gobierno recortó el área afectada por el LIC para que no se solapara con la de las catas petroleras.  Por lo demás, el anuncio hecho hoy por la Dirección General de Medio es un severo varapalo al Gobierno, al PP y a la propia compañía, empeñados en defender la impoluta legalidad del expediente y el escrupuloso respeto a la normativa medioambiental europea. En más de una ocasión los populares han presumido de que Bruselas había cerrado definitivamente cualquier investigación sobre la tramitación de un expediente tildado por las instituciones canarias de poco transparente y por las organizaciones ecologistas y numerosos científicos de incompleto e insuficiente. Al margen de lo que se decida finalmente y a falta de saber qué información trasladará el Gobierno español a Bruselas, después del anuncio de hoy es evidente que en absoluto han dado carpetazo las autoridades comunitarias a  esta cuestión. 

Esta petición de datos al Gobierno español sobre las prospecciones autorizadas a Repsol llega justo a dos días del 23N, la fecha que habían elegido el Gobierno de Canarias para que los ciudadanos pudieran expresar libremente su opinión sobre la conveniencia de buscar y en su caso extraer petróleo en unas aguas de extraordinaria riqueza natural y a escasos kilómetros de playas por las que pasan cada año millones de turistas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy y en particular su ministro de Industria, cerrados en banda a cualquier alternativa que no pase por facilitarle las cosas a Repsol y poner incluso la Armada a la entera disposición de intereses privados, cercenaron de cuajo la posibilidad de conocer esa opinión cuando elevaron el asunto al Constitucional y éste paralizó cautelarmente la consulta. 

Las autoridades canarias acataron sin demora la decisión del alto tribunal y automáticamente suspendieron la consulta, al contrario de lo que ocurrió en Cataluña con el 9N, convertido en “proceso participativo” después de una decisión similar del Constitucional. Sin embargo, la doble vara de medir del Gobierno central en uno y en otro caso queda en evidencia cuando para aplacar la situación en Cataluña el presidente anuncia una visita para “explicarse mejor” y en Canarias manda a la Armada para arrollar a los ecologistas contrarios a los sondeos. 

La vicepresidenta catalana, Joanna Ortega, decía esta semana tras conocer la decisión de la Fiscalía de querellarse contra la Generalitat por el 9N que esa denuncia “aleja un poco más a Cataluña de España". Canarias ya está geográficamente muy alejada del resto de España por una distancia de más de 2.000 kilómetros, una distancia mucho mayor si consideramos que la brecha política entre las Islas y Madrid no ha parado de crecer desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa hacer ahora tres años

El desprecio y la tozudez empleados para imponer a toda costa un proyecto petrolero privado mientras lo rechaza en Baleares con los mismos argumentos que no considera válidos en Canarias, la tramitación de un oscuro expediente medioambiental que ahora es objeto de investigación por parte de Bruselas y la escasa sensibilidad democrática para escuchar lo que opinan los ciudadanos sobre un asunto trascendental, han ido cavando un foso tan profundo entre las Islas y el Gobierno del Estado que, como en Cataluña, también puede terminar siendo infranqueable. 

Un año más con Rajoy

No me sorprende lo más mínimo el perfil bajo que han adoptado hoy el Gobierno y el PP para celebrar el tercer año triunfal desde la llegada de Rajoy a La Moncloa un 20 de noviembre 2011 con aplastante mayoría absoluta. El propio Rajoy se ha ido a Santiago a hacer balance y tal vez a postrarse a los pies del Santo Patrón para que lo ilumine sobre cómo salir del atolladero político catalán, cómo capear la corrupción campante que acosa a su partido, cómo hacer para que la recuperación económica sea algo tangible para los ciudadanos de a pie y cómo remontar en las encuestas electorales y evitar que Pablo Iglesias se le suba a las barbas el año que viene. Demasiadas peticiones para un santo, por muy patrón de España que sea y por mucha fe que se tenga en él. 

Los pocos representantes del PP y del Gobierno que hoy se han atrevido a hacer balance no han sido capaces de ofrecer nada que no hayan ofrecido e incumplido reiteradamente a lo largo de estos tres años. Escuchar al ministro Montoro decir por enésima vez que España “está saliendo de la crisis” y al portavoz Alfonso Alonso hablar de “regeneración política” produce una mezcla de hastío e incredulidad que invitan a desconectar automáticamente. Resumir en pocas líneas lo que han supuesto para los españoles estos tres años es tarea mucho más sencilla de lo que pudiera parecer a primera vista: paro, pobreza, pérdida de derechos, corrupción y marasmo político. Es normal, por tanto, que no estén las cosas en Génova y en La Moncloa para muchas celebraciones ni para tirar cohetes. 

En el plano económico, el Gobierno ha vuelto a presumir de haber librado a España del rescate olvidando una vez más la generosa inyección pública a los bancos para salvarlos de la irresponsable gestión de sus directivos. Mientras, las pequeñas y medianas empresas siguen muriendo de inanición crediticia y echan más empleados a la calle. Saca pecho el Gobierno con las cifras del paro pero esconde que estamos casi igual o peor que al comienzo de la legislatura si tenemos en cuenta que hay medio millón de afiliados menos a la Seguridad Social, muchos de ellos buscándose la vida en el extranjero. La reforma laboral ha deprimido los salarios hasta el punto de que la mismísima Comisión Europea le ha dado un sonoro tirón de orejas a Rajoy y a los suyos. En paralelo se han disparado los índices de pobreza y exclusión social, incluyendo a los niños, mientras el Gobierno ha asistido prácticamente impasible o limitándose a parchear el drama social de los desahucios y la monumental estafa de las preferentes. 

El mantra del cumplimiento del objetivo de déficit ha dañado severamente los servicios públicos y la reforma fiscal ha profundizado en la falta de progresividad del sistema después de amnistiar con todos los honores a los defraudadores y hacer dejación del deber de perseguir el fraude. Los incorregibles tics centralistas del PP han abortado la imperiosa reforma del sistema de financiación autonómico prolongando situaciones de agravio comparativo con territorios como Canarias, que para colmo de males se han extendido también a los Presupuestos Generales del Estado de estos tres años de legislatura. El PP ha usado su mayoría absoluta como una suerte de patente de corso para ignorar el diálogo y el consenso con el resto de las fuerzas parlamentarias e imponer sus políticas sin miramientos ni contemplaciones. Un caso flagrante de esa falta de sensibilidad política es la imposición por las bravas y hasta manu militari de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Sólo cuando le ha interesado electoralmente, como ocurrió con la retirada de la Ley del Aborto, ha apelado hipócritamente al acuerdo. Con Rajoy en La Moncloa el “desafío catalán” no ha hecho sino agravarse y enconarse: inmovilismo, desdén y ley han sido sus únicos argumentos ante un órdago del que ha preferido no saber nada hasta que ya ha empezado a ser demasiado tarde para encontrar una salida a un problema que cada vez tiene menos de jurídico. 

En el pantanoso y maloliente terreno de la corrupción, seguimos esperando tres años después por las medidas de regeneración política que anunció Rajoy, la mayoría de las cuales se han quedado por el camino como tantas otras cosas que prometió para luego hacer justo lo contrario. En lugar de impulsar una verdadera batalla política y jurídica contra los corruptos, tal y como exigen unos ciudadanos asqueados de los continuos escándalos y la barra libre con la que se ha robado y gastado el dinero público, el PP y el Gobierno con su presidente al frente han preferido durante todo este tiempo aplicarse a fondo en defenderlos, justificarlos, esconderlos o no nombrarlos. Y cuando ya no había más remedio ante las evidencias, pedir perdón y darse por satisfecho. Eso siempre y cuando los cogidos en falta sean los suyos y no los del rival político: en ese caso no ha dudado en recurrir al “y tú más”, del que tanto han abusado también en el PSOE, y a pedir que rueden cabezas. 

Se comprende que ante semejante balance el PP y el Gobierno hayan preferido pasar hoy de puntillas sobre los tres años de Rajoy en La Moncloa. Tengo para mí que a estas alturas les preocupan mucho menos las consecuencias de sus políticas a lo largo de este trienio que la posibilidad de que estén inaugurando su último año en el poder.

A los Héroes de Sandía

Viento en popa a toda máquina, no surcan el mar sino vuelan las lanchas de la Invencible Armada. En lontananza se atisban ya grandes y veloces embarcaciones tripuladas por peligrosos piratas pertenecientes a la conocida banda de Greempeace. Son los tales bucaneros – reconocibles por una bandera en la que para desorientar a sus perseguidores han sustituido la calavera y las tibias por un gran arco iris - feroces y atrevidos asaltantes de pacíficos barcos cuya única y desinteresada misión es dar a conocer urbi et orbi la buena nueva del petróleo. Hay que impedirles como sea que se salgan con la suya y allá que van las valerosas lanchas de la Armada a abordarlas antes de que sea demasiado tarde.

Ya se oye el rugir de sus motores a todo trapo, ya se acercan veloces a ellas, ya las tienen al alcance de proa, les pasan por encima y echan al agua a una de las piratas que se parte una pierna y magullan a un par de ellos más, ya los arrollan y dispersan: la victoria es suya, ¡honor y gloria! En los anales de la guerra naval no se había vuelto a ver tanto valor y arrojo desde Salamina, Lepanto y Trafalgar. Los héroes de Sandía, como ya se les conoce en los confines del Universo por el nombre de la cuadrícula petrolera en la que se produjo el histórico e inolvidable enfrentamiento entre fuerzas tan desiguales, han cumplido con arrojo y valentía las órdenes de la superioridad: proteger el interés de una empresa petrolera transmutado por obra y gracia de los mandos políticos en interés general del país, mantener el orden público y poner en retirada a los aviesos piratas. 

Pero que nadie baje la guardia, la victoria aún no es completa. Aunque las piráticas lanchas quedaron casi para el desguace y sus ocupantes noqueados y desperdigados en medio de la Mar Océana, no hay que fiarse lo más mínimo de las oscuras y traidoras intenciones por las que son conocidos en el mundo entero. Aún tienen capacidad de reacción y en cualquier momento pueden volver a las andadas y atacar de nuevo al inocente barco que sólo quiere buscar – y encontrar – petróleo. Se impone por tanto impedirles que se muevan de donde están y, para ello, nada mejor que empurarlos también por la vía administrativa después de atropellarlos por la vía militar. 


Hay que retener en el puerto el barco del que partieron las lanchas de la bandera del arco iris e imponerles un aval de 50.000 euros. Eso para empezar. Al mismo tiempo que se les mantiene amarrados a puerto y bajo estrecha vigilancia se les abre un expediente administrativo de no te menees y se les advierte con claridad y contundencia de que, como sean encontrados culpables de entorpecer el libre tráfico marítimo, el libre tráfico ferroviario y hasta el libre tráfico espacial se les caerá el pelo, la barba, el parche en el ojo, el loro y hasta la pata de palo: una multa de hasta 300.000 euros de nada, para que aprendan y no vuelvan a molestar en la vida a quien sólo quiere buscar – y encontrar – petróleo y hacernos a todos ricos y felices. 

De momento y mientras paguen, no será necesario recurrir a medidas más drásticas como castigar a cada uno de ellos con cien azotes con un látigo de siete puntas en la cubierta de la nave pirata o colgar a los cabecillas del palo mayor para que sirvan de escarmiento a los demás. Una vez hecho todo esto y ahora que los fibusteros de Greempeace han sido derrotados y maniatados y que el interés general está a salvo, no perdamos ni un minuto en rendir el merecido homenaje a los defensores de la ley, el orden y el petróleo: rotulemos calles, plazas, auditorios y aeropuertos con sus nombres, erijamos estatuas, incluyamos la hazaña en los libros escolares y cantemos himnos marciales en honor de los Héroes de Sandía. Pero, sobre todo, honremos como se merecen a quienes desde el puente de mando y en situación tan comprometida han hecho posible con su clarividencia y decisión esta imborrable y gloriosa página de nuestra Historia. 

Transparencia opaca

A pesar de sus golpes de pecho y de sus propósitos de la enmienda, ni el PP ni el PSOE parecen haber entendido cuál es eso que en tiempos se llamaba el “sentir de la calle” sobre la corrupción y la falta de transparencia con la que se gasta y malgasta el dinero público. Los viajes del ex senador Monago a Canarias, que siguen sin aclararse ni justificarse en tiempo y forma, abrieron el debate sobre la opacidad que reina en el uso que hacen sus señorías de los recursos públicos para sus desplazamientos. Parecía que lo ocurrido con el presidente extremeño y su amor por Canarias iba a servir para que por fin se pusiera fin al despropósito que supone que sus señorías puedan recorrer la piel de toro y archipiélagos aledaños con cargo al erario sin dar cuenta a nadie sobre el objetivo último de sus andanzas. 

El acuerdo que han cerrado hoy en el Congreso el PP y el PSOE y que se extenderá también al Senado es una de esas nuevas promesas de regeneración que al final quedan en nada o en casi nada. Y es que cuando se trata de preservar los viejos y malos hábitos enquistados en el modus operandi de la política nacional desde la etapa de la Transición, apenas se aprecian diferencias entre los dos grandes partidos nacionales. Hoy han vuelto a dar muestra de ello con un acuerdo sobre el control de los viajes de los parlamentarios que, en la práctica, deja las cosas prácticamente igual de opacas que hasta ahora. 

Del control quedan exentos los viajes de ida y vuelta que hagan sus señorías desde sus respectivos lugares de residencia a Madrid. Tampoco hay cambios con respecto a los viajes de las delegaciones oficiales del Congreso y el Senado, controlados por las propias cámaras. La novedad, si es que puede llamarse así a lo acordado hoy, se refiere a los viajes calificados de “políticos”, es decir, aquellos que senadores y diputados hacen por razón de su responsabilidad como representantes democráticamente elegidos. Para este tipo de viajes se acuerda que sean los propios partidos los que controlen a sus parlamentarios avalando sus desplazamientos en el plazo máximo de 15 días. Si no lo hicieran, el diputado o senador en cuestión tendría que devolver la cuantía del viaje. En un gesto tan inútil como teatral, el Congreso y el Senado publicarán cada tres meses en sus respectivas webs el número de viajes políticos de sus señorías. Será, en todo caso, una relación en bruto sin detallar quiénes viajaron ni a qué grupos parlamentarios pertenecen, con lo cual nos quedamos prácticamente como estábamos.

Este acuerdo, que ni con benevolencia podría calificarse de mínimos, no es muy del agrado del presidente del Congreso, Jesús Posada, un hombre al que parece gustarle que sus diputados hagan de su capa un sayo con los recursos de todos y si alguien quiere controlarlos que sean en todo caso sus partidos. Por si no fuera suficiente,  tampoco se distingue entre viajes relacionados con la actividad en el Congreso o el Senado de los que tienen que ver con la asistencia a mitines, congresos o fiestas y ágapes partidistas. Simplemente se considera que los segundos son la “extensión lógica” de los primeros – como dice el PSOE – y se les incluye en la lista de desplazamientos sufragados con dinero de todos los ciudadanos. 

De este modo pagamos de nuestro bolsillo no solo sus sueldos, sino que los senadores y diputados puedan también participar en actos partidistas fuera de sus territorios que deberían abonarse, en todo caso, por los respectivos partidos. De publicar las agendas políticas de los parlamentarios ni hablar; de que se especifique en las webs de las cámaras quién viaja, a dónde y para qué, mucho menos. Según dicen los firmantes del acuerdo hay que proteger la discreción de esos viajes cuando sea necesario, aunque en realidad lo único que protegen es su discrecionalidad, que no es lo mismo. Y aún sostiene el PSOE que con este acuerdo no se repetirá un caso como el de Monago y su puente aéreo con Canarias. Sinceramente, ante el amaño de transparencia que han cerrado hoy socialistas y populares sólo cabe concluir que para este viaje no hacían falta alforjas.   

Todo por Repsol

Las imágenes que acompañan este post han dado la vuelta al mundo este fin de semana. No es para menos: no todos los días se ve a la Armada de un país democrático embistiendo con sus lanchas a las de una organización ecologista como Greempeace. Eso ha ocurrido en España, más exactamente a escasas millas marítimas de Lanzarote y Fuerteventura. Fruto de la embestida a todo trapo de las lanchas militares es una activista italiana con una pierna rota y evacuada a un hospital y otros dos colaboradores de Greempeace con magulladuras de diversa consideración. Mejor no hacer especulaciones pero, a la vista del ardor con el que parecen emplearse los militares en esas imágenes, es incluso una suerte que no estemos ante un escenario muchísimo peor.

El delito de los activistas fue llamar la atención internacional sobre el inminente inicio de las prospecciones petrolíferas autorizadas a la multinacional Repsol por el Gobierno de España, un proyecto que cuenta con el rechazo de una buena parte de la sociedad canaria, de seis de los siete cabildos insulares, del Gobierno de la Comunidad Autónoma y de todos los ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura, las islas más próximas a los sondeos. Como es tradición en Greempeace, el objetivo de esta protesta no era otro que el de colocar una pancarta en contra del petróleo y hacer una pintada en el casco del barco. Subir a bordo puede que estuviera entre sus planes pero no parece tarea fácil a la vista de la altura del monstruo marino con el que Repsol quiere perforar las aguas canarias en busca de oro negro. 

Que la actuación de la Armada fue como poco desproporcionada es algo que sólo alguien que no quiera ver las imágenes difundidas en la red este fin de semana puede negar. Alegar, como hace el Gobierno español, que los ecologistas cometieron una ilegalidad al penetrar en una zona de exclusión marítima reservada a los pinchazos petroleros de Repsol, no se compadece con la dureza que muestran las imágenes. En todo caso, por muy ilegal que fuera a ojos del Gobierno, la protesta ecologista fue en todo momento pacifica y de forma pacífica pudo haberse desactivado también. La testosterona mostrada por los miembros de la Armada o por quien dio las órdenes de arrollar las lanchas de los ecologistas estaba por completo fuera de lugar. 

Es público y notorio que a este Gobierno las protestas ciudadanas le causan sarpullidos y hace todo lo que puede para impedirlas policial y judicialmente. Sin embargo, ha ido demasiado lejos convirtiendo a la Armada de la noche a la mañana en defensora de los intereses privados de una multinacional petrolera mientras los armadores de los pesqueros españoles que afrontan la piratería en el Índico y otros lugares tienen que pagarse la seguridad de su bolsillo. 

Confiemos en que más pronto que tarde el ministro de Defensa, Pedro Morenés, comparezca en el Congreso y en el Senado y dé alguna explicación plausible de la sobreactuación de los militares en un asunto que a todas luces les viene demasiado grande. Que explique por qué envió la Armada a desbaratar una protesta ecologista y diga a quién se le ocurrió la idea de abordar sus lanchas por las bravas. Que no se olvide de aclararnos para qué está la Guardia Civil del Mar y si no habría sido mucho más adecuado que fuera ella la que, en todo caso, controlara las acciones de protesta de los ecologistas. Acto seguido debería hacer pública el ministro la destitución del mando militar responsable del desaguisado del otro día en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. 

A la espera de esas explicaciones, lo que de momento ha conseguido el Gobierno español con la desmesurada actuación de la Armada en este incidente es precisamente lo que Greempeace deseaba por más que no consiguiera colocar su pancarta o hacer sus pintadas: difundir por todo el mundo cómo se las gasta el gobierno de un país como España y de qué herramientas echa mano cuando se trata de acallar las protestas contra la imposición de sus políticas a mayor gloria de determinados intereses privados.