El suelo de todos

Un territorio pequeño y fragmentado como Canarias, caracterizado además por valores ambientales únicos en el mundo, requiere una gestión del suelo capaz de compatibilizar con exquisito equilibrio lo público y lo privado. El enconado debate que sigue suscitando el proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno de Canarias y que esta semana inicia su trámite en el parlamento autonómico, con partidarios entuasiastas y críticos irreductibles, es un buen ejemplo de los intereses en liza y de lo que nos jugamos los canarios en este envite: nada más y nada menos que hasta dónde pueden llegar los intereses privados en esta materia y hasta dónde los públicos.

Gobierno, oposición y agentes económicos y sociales comparten el objetivo de podar la maraña normativa sobre el suelo con el fin de agilizar los procedimientos administrativos y no demorar sine die proyectos de cuantiosas inversiones, supuestamente generadores de riqueza y puestos de trabajo. Las discrepancias surgen desde el momento en el que se intentan identificar las causas del problema y las soluciones para resolverlo.  Los detractores achacan al Gobierno demasiada prisa a la hora de impulsar un proyecto que hubiera requerido de un análisis previo mucho más profundo sobre el suelo y su vinculación con la economía canaria, así como de un esfuerzo mucho mayor de pedagogía para que los ciudadanos podamos tener suficientes elementos de juicio sobre un asunto vital para el futuro de estas islas.

Por desgracia, a fecha de hoy sigue predominando por parte de todos – detractores y favorables al proyecto de ley - el trazo grueso y la consigna antes que el análisis reposado de un  problema muy complejo y la búsqueda consensuada de soluciones. Culpar a la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) se ha convertido casi en un tópico entre quienes defienden la iniciativa gubernamental y abogan por la desaparición de este organismo al que culpan de lento, ineficaz y superfluo. De esa crítica a la COTMAC participa el propio Gobierno de Canarias, decidido a descargarla de las funciones que ahora tiene encomendadas para que sean los ayuntamientos los que puedan desarrollar su propio planeamiento urbanístico si más controles medioambientales y de legalidad que los que en su caso establezcan los tribunales de justicia.

Es cierto que CC y el PSOE han sellado un acuerdo para que la COTMAC o el órgano que la sustituya en la nueva ley se ocupe al menos de la llamada evaluación estratégica ambiental. Sin embargo, causa inquietud que la responsabilidad primera y última sobre el planeamiento urbanístico quede en manos de ayuntamientos que en su inmensa mayoría carecen de los mínimos medios técnicos y humanos para ejercerla. Si llamativo resulta que la Comunidad Autónoma abdique sus competencias en instituciones que difícilmente las podrán desempeñar salvo que se dote a la ley de una adecuada ficha financiera, no lo es menos la posibilidad que se reserva el Gobierno de suspender el planeamiento bajo el amparo del interés general, algo que la ley debería precisar con el máximo cuidado para cerrar la puerta a cualquier posibilidad de especulación.

En ese mismo sentido, autorizar usos complementarios en suelo rústico con el argumento de mejorar las rentas del sector primario puede tener un efecto perverso si no se delimita bien el alcance de la medida: que lo complementario se convierta en principal y lo principal – la ganadería y la agricultura – en secundario. Del mismo modo es imprescindible que quede meridianamente claro que la principal joya de la corona de esta tierra, sus espacios naturales, no pueden albergar usos incompatibles con sus valores culturales, ambientales y paisajísticos.

El Gobierno, que presume de lo participativa que ha sido la ley, tiene tiempo aún de hacer un nuevo esfuerzo para que la norma que quiere que el Parlamento apruebe antes de que acabe el año cuente con el máximo consenso. En caso de que no fuera posible, debería plantearse la posibilidad de retirarla y acordar un nuevo plazo para lograrlo, por más que la demora decepcione a determinados intereses económicos que aguardan ansiosos y que ya empiezan a revolverse contra los cambios que podrían introducirse en el trámite parlamentario. Un cambio legal del calado y la trascendencia que se propone, bien merece el esfuerzo de buscar el mayor respaldo social y político posible sobre lo que se puede y no se puede hacer en el suelo de todos los canarios.  

Justicia en entredicho

Los miles de jueces españoles que a diario instruyen causas y dictan autos y sentencias de acuerdo a las leyes, no se merecen respirar el hedor que emana estos días de la Audiencia Provincial de Las Palmas a propósito del “Albagate”. Ya sufren suficientes estrecheces materiales y humanas y una cierta desconfianza social en su labor, como para verse además enfangados por un escándalo que crece y se agrava a medida que se conocen nuevos y truculentos detalles. En beneficio de su imagen y de la imprescindible confianza en la Justicia que imparten, entendida como columna maestra de cualquier estado de derecho que se precie, se tendría que haber actuado hace tiempo por parte de quien tiene la potestad de hacerlo y sin embargo apenas ha movido un dedo.

Hablo de los responsables del Consejo del Poder Judicial que, a pesar de llamarse pomposamente a sí mismos “gobierno de los jueces”, sigue mostrando una pasividad cercana a la connivencia o cuando menos al corporativismo más rancio que cabría esperar a estas alturas del siglo XXI. Como ciudadano de a pie siento una mezcla de asombro, vergüenza, indignación e indefensión al comprobar que, el hecho de que un juez sea grabado en su despacho por un empresario al que investiga y con el que trama la manera de perjudicar la carrera política de una magistrada rival en beneficio de un determinado y conocido político, sólo ha merecido de momento la apertura de un inofensivo expediente previo por parte del citado Consejo.

Mi estupefacción va en aumento cuando se revela además que el juez en cuestión también ha grabado conversaciones con colegas suyos e incluso sesiones judiciales, y el mismo Consejo tampoco mueve un músculo ni hace siquiera sea un amago de apartarlo cautelarmente de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos por vía penal y disciplinaria. En las conversaciones conocidas estos días a través de los medios, aparece incluso el presidente de la Audiencia Nacional supuestamente escuchando la petición de favores por parte del  empresario de marras sujeto a investigación judicial por un fraude fiscal millonario y que ahora ha decidido hacerse pasar por la víctima del escándalo.

Es cuando menos insólito que todo un presidente de la Audiencia Nacional se haya limitado a emitir una tímido desmentido de que esa reunión tuviera lugar y no haya presentado aún una querella criminal contra el empresario. En las grabaciones del escándalo figuran otros jueces, empresarios, políticos y hasta periodistas que pasaban por allí pero nada de eso le parece lo suficientemente grave al Consejo del Poder Judicial para salir de la bochornosa pasividad de la que hace gala ante este caso.

¿Es que acaso no tenemos derecho los ciudadanos a  que se nos diga con meridiana claridad que no es cierto que en la Audiencia de Las Palmas se intercambian favores judiciales y políticos como en una suerte de mercado persa? ¿Es que no aportamos con nuestros impuestos al sostenimiento de la Justicia o no podemos exigir equidad y respeto a las leyes por parte de quienes tienen la responsabilidad constitucional de hacerlas cumplir además de cumplirlas los primeros y de manera ejemplar?

No se trata de rasgarse las vestidura ni de caerse de un guindo a estas alturas: no es un secreto para nadie que la Justicia en España dista mucho de parecerse a la tópica imagen de la diosa con los ojos vendados, la espada y la balanza en equilibrio perfecto; con poca memoria que hagamos recordaremos todos cómo se han torcido sus renglones cuando se han cruzado en su camino intereses políticos o económicos. 

Puede que sean precisamente esos intereses los que estén detrás de su pasmosa indiferencia ante el “Albagate” pero, sean cuales sean las razones, queda seriamente en entredicho la utilidad de un órgano como el Consejo del Poder Judicial controlado por intereses políticos. Si limitarse a mirar para otro lado es todo lo que está dispuesto a hacer, creo que su abultado presupuesto estaría mucho mejor empleado en agilizar la administración de Justicia y en mejorar las carencias de todo tipo a las que se enfrentan calladamente a diario miles de jueces de este país para impartir justicia con rigor, equidad e imparcialidad.

Mariano Gatopardo Rajoy

Se lo pensó, le dio largas a la decisión y por fin lo cuadró, supongo que a su gusto: el que hemos conocido esta tarde es el gobierno de Rajoy y entiéndase la frase de manera literal porque sólo de él es la potestad de nombrarlo pero, ante todo, porque los indicios apuntan a que apenas ha consultado su composición con nadie. ¿Cómo definirlo? ¿Qué esperar de él? ¿Es el instrumento apropiado para que Rajoy consiga llegar a acuerdos con la oposición sobre presupuestos, educación, pensiones, financiación autonómica, Cataluña, por citar sólo unos pocos, los más urgentes tal vez? ¿Es el gobierno que va a hacer que la legislatura no muera con el año o un poco más allá o va a ser el parapeto que protegerá sin tocarle ni una coma la reforma laboral o que se sentará a esperar a que los demás pacten con él en lugar de impulsar el diálogo y el acuerdo?

¡Viva la renovación!

Echando un vistazo a los nombres de los que repiten y de los nuevos, discrepo de quienes sostienen que tratándose de Mariano Rajoy no cabía esperar sorpresas. ¿Cómo cabe interpretar que Cristóbal Montoro, el ministro de la amnistía fiscal, el que no ha dudado en vilipendiar al mundo de la cultura y usar la Agencia Tributaria con fines partidistas y el que ha sido incapaz de reformar el sistema de financiación autonómico, por mencionar sólo unos pocos ejemplos de su desastrosa gestión, siga formando parte del gobierno?  Si no es una sorpresa – desagradable - que uno de los ministros más desgatados siga en el puesto que venga Rajoy y lo explique.

  

Que María Dolores de Cospedal, la del “despido en diferido” de Bárcenas, haya sido galardonada en la pedrea con el Ministerio de Defensa sólo puede interpretarse como un premio de Rajoy a su fiel escudera en el PP por las innumerables veces en las que ha ejercido de dique de contención para que la marea de la corrupción no llegara a la presidencia del partido y del Gobierno. Nada que no fuera desprenderse de él podía hacer Mariano Rajoy con el denostado y peligroso Jorge Fernández Díaz, al que sustituye en Interior el que fuera alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, un hombre con amplia experiencia en mandar en la policía municipal.

De Guindos hereda a Soria, Catalá hace guardia en el Constitucional y Báñez vigila las pensiones

Que Soraya Saénz de Santamaría seguiría como vicepresidenta era seguro, pero Rajoy también sorprenda encargándole Administraciones Territoriales y poniendo la portavocía en manos de Íñigo Méndez de Vigo, que continúa en Educación. Su perfil político, contrapuesto al del nefasto José Ignacio Wert, no es el menos malo para alcanzar el pacto por la educación que Rajoy prometió en su investidura, aunque tendrá que hacer gala de no poca mano izquierda. De Guindos, otro fijo en las quinielas, sigue en Economía y añade la cartera de Industria, que hereda de su amigo José Manuel Soria a pesar del escándalo que supuso su intento de enchufarlo de tapadillo en el Banco Mundial. Negociar con Bruselas y resolver los desaguisados que dejó su antecesor no son tarea menor.

Se saca Rajoy de la manga el nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Sociedad Digital – que siempre queda muy moderno -  adjudicado a Álvaro Nadal, responsable de la oficina económica de Moncloa. Para Fomento Rajoy ha elegido al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, del que lo único que puede decirse de momento es que será el segundo Íñigo del nuevo gobierno.  A Exteriores, de donde sale un lenguaraz y metepatas José Manuel García – Margallo, va un desconocido diplomático de carrera llamado Alfonso Dastis, mientras que en Sanidad y Asuntos Sociales Rajoy coloca a una ministra catalana, Dolors Montserrat, en un claro guiño antisoberanista.

García Tejerina, ministra sin apenas proyección política, sigue ocupándose del medio ambiente, la agricultura y la pesca y Rafael Catalá sigue al timón de Justicia, con la vista puesta en Cataluña por lo que pueda pasar en los próximos meses. También sigue Fátima Báñez, la ministra de la reforma laboral, a la que ahora se le suma la obligación de buscar un nuevo pacto de estado que garantice el sistema de pensiones. Como en el caso de Montoro, Rajoy mantiene a una ministra con la que se ha precarizado el mercado laboral hasta límites inimaginables y con la que la hucha de las pensiones ha empezado a criar telarañas sin que haya movido un dedo para revertir la situación.

¿Por sus hechos los conoceréis? 

Es natural que, minutos después de conocer lo que Rajoy ha ideado en su retiro gallego, lo que haya sobre la mesa en estos momentos sean sólo preguntas. Las respuestas irán llegando con el tiempo y las primeras no tardaremos en conocerlas, en cuanto este gobierno y la oposición se sienten a negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado con ajuste de 5.500 millones de euros por orden de Bruselas. Ese será el primer test para averiguar cuán flexibles son las cinturas políticas, empezando por las del propio Rajoy y sus ministros, y continuando por las de un PSOE en la situación más comprometida en la que se ha encontrado a lo largo de su historia reciente: ser oposición y, al mismo tiempo, no darle motivos a Rajoy para adelantar unas elecciones al menos hasta que no empiece a salir del hoyo de sus crisis interna.

A bote pronto y a expensas de que los hechos me quiten o me den la razón, veo en este gobierno escasas posibilidades de que sea el que necesita la realidad política actual del país. Con Montoro, Guindos, Báñez o Catalá en el gobierno, creo que a Rajoy le ha salido hoy la vena lampedusiana y nos ha querido vender un gran cambio de gobierno para que en realidad no cambie nada o que, como mucho, cambie lo menos posible. Y en eso sí que Rajoy no ha sorprendido a nadie. 

Pacto con calzador

El que dijo aquello de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra no tuvo en cuenta a los políticos: estos, tal vez para mantenerse agarrados a la brocha, tropiezan cuantas veces haga falta por más que las evidencias empíricas aconsejen cambiar de estrategia. El caso del pacto en cascada en el que llevan dos legislaturas empeñados CC y el PSOE es un ejemplo de manual de la reinsidencia en el error. En la pasada legislatura ya generó no pocos dolores de cabeza cuando el PSOE y el PP en el cabildo de La Palma se aliaron para dejar en la oposición a CC. Aquello provocó un desgarro en los socialistas palmeros con expulsiones y gestoras de por medio y puso al pacto regional contra las cuerdas.

Sin embargo, lo ocurrido entonces apenas fue nada comparado con lo que viene ocurriendo con ese mismo acuerdo, reeditado al comienzo de la presente legislatura por los mismos socios aunque con diferentes protagonistas estampando sus firmas al pie. La obligación de aplicarlo en pedanías, ayuntamientos chicos, medianos y grandes, además de en los cabildos en donde CC y PSOE sumen mayorías absolutas, se ha vuelto a revelar como una fuente permanente de inestabilildad y distracciones que estas islas no se pueden permitir. Desde el día siguiente a la firma han menudeado los incumplimientos y en la mayoría de los casos ha sido el PSOE el damnificado: CC se ha saltado el acuerdo en cascada en La Laguna, el Puerto de la Cruz o Arico, por citar sólo algunos casos. En el cabildo de Lanzarote los socialistas tuvieron que esperar a que se les pasara el cabreo que les causaron determinadas decisiones del nacionalista Sanginés para poder acceder al gobierno insular.

Cuando a los socialistas se le ocurrió tomar rehenes en el ayuntamiento herreño de La Frontera, CC les conminó severamente a arrojar las armas y salir con las manos en alto y les vetó como socios de gobierno en el cabildo herreño. La lista es más larga pero con estos ejemplos es suficiente. El penúltimo episodio de lo inútil y dañino que resulta el pacto en cascada para la estabilidad del gobierno autonómico se ha producido en Granadilla, en donde CC ha desalojado al PSOE de la alcaldía y los nacionalistas aún no han aplicado las medidas disciplinarias a las que se habían comprometido. De lo ocurrido en Granadilla ha pasado más de un mes pero los efectos perduran en un pacto que los socios mantienen con alfileres.

Después de la interesada rumorología que circuló la semana pasada sobre una posible moción de censura contra el Gobierno canario o sobre un gobierno alternativo de populares y nacionalistas, CC y PSOE decidieron el sábado que lo mejor para las islas era mantener el acuerdo y, para ello, no se les ocurrió una idea mejor que volver a comprometerse a revertir los incumplimientos del dichoso pacto en cascada. En la práctica, eso supone moción de censura en Puerto de la Cruz o dimisión de la alcaldesa de Arico para que gobierne el PSOE en ambos lugares.

Cualquiera, salvo los socios del pacto, podía adivinar cuál iba a ser la reacción de los concejales nacionalistas afectados por esa decisión: colocarse a la defensiva y advertir de que sólo acatarán lo que decidan los respectivos comités locales de CC por mucho que se les ponga en el disparadero de la expulsón. De manera que, intentando apagar el fuego en el pacto regional, los socios están dispuestos ahora a provocar un incendio de inestabilidad municipal en donde, en la mayorías de las ocasiones, priman las simpatías o las antipatías personales por encima de las siglas o, en el mejor de los casos, es imposible que cogobiernen partidos que se disputan los mismos electores.

Solo de esperpéntica se me ocurre calificar la posibilidad de que el acuerdo entre socialistas y nacionalistas vuelva a encallar – si es que en algún momento ha desencallado – porque un determinado grupo de concejales en un determinado ayuntamiento se niega a presentar una moción de censura. Si tal cosa ocurriera, CC y PSOE deberán explicar a todos los canarios si para ellos es más importante el color político de  determinado ayuntamiento que la sanidad, la educacón, el empleo o los servicios sociales. Si de verdad los socios creen que su acuerdo político es el mejor para Canarias - que seguramente lo es - deberían demostrarlo enterrando de una vez el nocivo pacto en cascada y centrándose única y exclusivamente en la que debe ser su principal obligación: dar respuesta a las necesidades y problemas de todos los canarios.   

Rajoy ya no tiene prisa

El hombre que, dedo en alto, más nos ha dado la brasa este año con la urgencia de que España tuviera un gobierno “que gobierne” mientras no hacia nada para lograrlo, ha sufrido un repentino aunque no inesperado ataque de pachorra. Un minuto después de conseguir la investidura por la que suspiraba, Rajoy anunció que no habría gobierno hasta el jueves y acabó de un plumazo con todas las cábalas al respecto. No es que el retraso vaya a empeorar más el paro o que Bruselas nos exija recortes añadidos; se trata de que este gesto sin aparente trascendencia evidencia una vez más que en Rajoy lo que importa no es lo que dice sino lo que hace. Por eso, cuando dice que quiere pactar con el PSOE y con Ciudadanos los grandes asuntos,  deberíamos pensar que su objetivo real es pactar lo mínimo imprescindible para que la legislatura y su gobierno no naufraguen a las primeras de cambio.

Que nadie espere, empezando por el PSOE, que con Rajoy en La Moncloa se va a derogar la reforma laboral, se va a llegar a un gran consenso sobre las pensiones o se va a alcanzar un pacto por la educación. Si se consiguen aprobar los presupuestos del año que viene y, con suerte, los del siguiente antes de volver a las urnas ya sería todo un éxito. Es Rajoy, no lo olvidemos, el que tiene en sus manos la posibilidad de adelantar las elecciones en cuanto le interese al PP o en cuanto la oposición pretenda laminar las reformas aprobadas en la feliz legislatura de la mayoría absoluta en la que las críticas entraban por un oído y salían por el otro.

Sobre ese gobierno que Rajoy anunciará urbi et orbi el  jueves hay quinielas para todos los gustos pero todas coinciden en que debe combinar la capacidad de diálogo con la defensa de las reformas que Rajoy considera su mejor legado a este país. Por echarle un cable, le sugiero que prescinda sin dudarlo del actual minitro del Interior, un verdadero peligro para la democracia. La misma suerte debería correr Montoro, un peligro en este caso para nuestros bolsillos, aunque las grandes fortunas y los grandes evasores fiscales le estarán eternamente agradecidas.

García Margallo y Morenés se merecen el despido fulminante por incompetentes, bocazas y metepatas y destino idéntico debería recaer sobre Luis de Guindos, quien ya debió haber sido despedido sin contemplaciones cuando intentó enchufar a su amigo José Manuel Soria en el Banco Mundial. Como cabía esperar, Méndez de Vigo ha pasado sin pena ni gloria por Educación, un ministerio que requiere a alguien de un perfil opuesto al sectarismo del que hizo gala José Ignacio Wert. Con la educación, la sanidad y los servicios sociales en manos de las comunidades autónomas, hacen falta ministros que tiendan puentes y reconduzcan las relaciones con quienes deben gestionar el día a día de estos servicios esenciales.

Para Empleo hace falta alguien que crea menos en los milagros para resolver el problema de la precariedad laboral y el de las pensiones, así que Fátima Báñez debería quedar fuera del Ejecutivo con el agradecimiento patronal por los servicios prestados. Industria necesita a alguien que no sepa dónde está Panamá y que se lleve bien con las eléctricas y para Justicia le hace falta un ministro que se pase el día en el Constitucional empepalando a los soberanistas catalanes, una tarea para la que podría seguir contando con Rafael Catalá; otra cosa es que quiera hablar de algo que no sean penas y leyes con los catalanes y  acometer un cambio en la administración de justicia y en el poder judicial, pero no recuerdo que sobre eso dijera nada Rajoy en su discurso de investidura.

Pero como dice Soraya Sáenz de Santamaría, la única que parece tener todos los boletos para seguir en el gobierno, no nos merendemos la cena y esperemos a que Rajoy se lo termine de pensar con toda la pachorra de la que ahora hace gala después de meter prisa todo el año para conseguir la investidura de la que ya disfruta. En cualquier caso, que nadie espere sorpresas de Rajoy porque sería como pedirle que dejara de ser él mismo y que por una vez hiciera lo que dice pero eso, además de no poder ser, es imposible.

Pedro Sánchez, mártir

Entre las muchas virtudes que adornan a Pedro Sánchez no figura la autocrítica. Llegó a la secretaría general aupado por las primarias y cuando el PSOE perdía votos a manos llenas. Algo más de dos años después, lejos de reducirse, la hemorragia no ha hecho más que crecer como ponen de manifiesto los resultados del 20D y del 26J y como habría vuelto a ocurrir si se hubieran celebrado unas terceras elecciones en diciembre.  Aunque los deplorables resultados que el PSOE obtuvo en las recientes elecciones de finales de septiembre en el País Vasco y Galicia merecían un análisis de las causas del fracaso y de las medidas para reconducir la situación, la ejecutiva socialista que entonces lideraba Sánchez se abstuvo de esa tarea imprescindible en cualquier partido que se precie.

Su objetivo fue siempre alcanzar un acuerdo de gobierno con Podemos y Ciudadanos que sólo era posible en su imaginación, por más que no salieran ni las cuentas numéricas ni las políticas. Esa irresponsable tozudez es en gran parte la culpable de que su partido se encuentre ahora dividido, desnortado y desconcertado como hacía décadas no ocurría. Renunciar el pasado sábado a su escaño para evitar abstenerse en la investidura de Rajoy fue lo mejor que pudo hacer. Esa decisión le honra por cuanto concuerda fielmente con sus planteamientos políticos; sin embargo, su problema sigue radicando en que esos planteamientos y los datos de la realidad política están reñidos entre sí.

Esto está llevando a Sánchez a empezar a ver gigantes y enemigos en donde sólo hay molinos de viento y ovejas. Sus declaraciones de anoche en televisión culpando a las grandes empresas del IBEX y a determinados grupos editoriales de trabajar para hacer imposible un gobierno del PSOE con Podemos, nos ofrecen la figura de un político aferrado a cualquier argumento, por indemostrable que resulte, para sostenella y no enmendalla. No obstante, la guinda de esa entrevista ha sido considerar un error haber llamado “populista” a Podemos, lo que denota una absoluta ingenuidad por su parte en  el mejor de los casos o, en el peor, una supina ignorancia política.

Sánchez, al que los dirigentes, militantes y simpatizantes de Podemos y una parte importante de los del PSOE parecen a punto de convertir en mártir irredento de una causa imposible, se apresta ahora a subirse a su coche y a recorrer España para “recuperar” el partido con el apoyo de los militantes. Si por él y por los que piensan como él hubiera sido, a estas horas ya tendríamos convocadas nuevas elecciones generales y ya podríamos ir descontando una nueva victoria más abultada aún del PP, una nueva hecatombe del PSOE en las urnas y el ansiado “sorpasso” por el que suspira Podemos.

Todo esto por no hablar del cabreo ciudadano y del desprestigio de una clase política incapaz durante más de diez meses de la más mínima transacción para ocuparse de los intereses generales. Pero eso a Sánchez ni antes ni ahora parece haberle importado demasiado, ni siquiera en una situación como la actual en la que su partido tiene ante sí un escenario político dantesco en el que lo que menos necesita es añadir a sus muchos frentes abiertos uno nuevo: el mesianismo salvador. 

Hernando o la fe del converso

Francamente, no me hubiera gustado lo más mínimo encontrarme hoy en la piel del portavoz socialista encargado de dar la réplica al discurso de investidura de Mariano Rajoy. El papelón de Antonio Hernando ha sido de los que marcan un antes y un después y pocos políticos en activo se hubieran atrevido a subir hoy a la tribuna de oradores del Congreso para hacer lo que él ha hecho: anunciar la abstención de su partido para permitir la investidura del líder popular después de lo dicho y hecho en los últimos meses. 

No es que no sea eso lo que toca hacer en estos momentos, como he escrito y argumentado varias veces; tampoco es que Hernando haya estado rematadamente mal,  flojo o poco incisivo o que no haya metido el dedo en la llaga y en las carencias políticas del candidato a seguir en La Moncloa. Todo lo contrario, anunció una oposición dura y constructiva, se permitió enumerar una lista de reformas que el PSOE impulsará, atacó por donde más le podía doler a Rajoy, puso en evidencia los efectos de sus políticas sociales y económicas y no le perdonó los casos de corrupción que anegan al PP. En su afán por encontrar un hueco por el que el PSOE pudiera sacar hoy la cabeza y tomar resuello, repartió sus mandobles entre Rajoy y Pablo Iglesias, intentando a la desesperada achicar espacios políticos para evitar que Podemos le robe el santo y seña de la verdadera y genuina oposición al gobierno en minoría del PP. 

El problema de Hernando y del PSOE es que su discurso, aún siendo prácticamente calcado del que pronunció en agosto con ocasión de la fracasada investidura de Rajoy, no conducirá a la misma consecuencia sino a otra de efectos bien distintos. Si entonces y hasta el otro día la máxima de Hernando era "no es no" a Rajoy, hoy ha sido "abstención" por el bien de España, aunque los argumentos de fondo en agosto y ahora hayan sido los mismos. Hernándo fue fiel escudero de Pedro Sánchez hasta poco antes de que el ex secretario general sufriera lo que algunos insisten en calificar de golpe de mano con la dimisión de la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva socialista y el tormentoso Comité Federal del 1 de octubre. 

Defendió la posición de Sánchez y en su nombre negoció y mantuvo contactos con Podemos y con Ciudadanos; era lo que ahora se conoce como un "sanchista" y, seguramente por eso, su ex jefe de filas ni siquiera se levantó esta mañana de su escaño para aplaudir cuando terminó su primera intervención, como hizo buena parte de la bancada socialista. Sin embargo, la caída en  desgracia de Pedro Sánchez no conllevó que Hernando abandonara también la portavocía socialista en el Congreso, en la que fue ratificado por la comisión gestora que sí sustituyó al portavoz en el Senado. 

Se me escapan las razones por las que Hernando merece la confianza de la gestora para continuar siendo el portavoz del PSOE, un cargo de una enorme proyección política. Puede ser que no encuentre a otro más capacitado para esa responsabilidad; sin embargo, sus contorsiones y contradicciones de hoy para justificar lo que en agosto era de todo punto inviable - la abstención -  desacreditan el discurso de la responsabilidad y el sentido de estado al que apela ahora el PSOE para justificar la nueva posición. Y no entraré en ese debate semántico un tanto absurdo y pueril sobre si abstenerse es o no apoyar; abstenerse es, literalmente y en términos políticos, "no participar en algo a que se tiene derecho".

Me parece muy bien que la izquierda infantil de este país, la misma que impidió un gobierno progresista por el que ahora se da golpes de pecho, entienda que lo que el PSOE va a hacer el sábado es una traición en toda regla. No obstante, sus críticas de hoy al PSOE y las correspondientes réplicas de Hernando han convertido la investidura de Rajoy en un cómodo trámite parlamentario en el que el candidato se permite bromas y chascarrillos mientras sus rivales se tiran de los pelos. Salvo que se demuestre lo contrario de manera razonada y no meramente emocional, me sigue pareciendo que abstenerse es lo más sensato para los intereses del país y para el propio PSOE. Ahora bien, designar a un converso a la abstención de última hora como Hernando para defender esa postura ante la sociedad española, ha sido un error de principiante que no creo que hubiera costado mucho evitar. 

Porque yo lo valgo

En síntesis muy apretada, Mariano Rajoy se ha subido esta tarde a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y ha pedido el apoyo de la cámara por la única y exclusiva razón de que él lo vale y, además, se lo merece. Sus logros en materia de crecimiento económico y creación de empleo, incluso con un gobierno en funciones como el que lleva presidiendo desde hace casi un año, son a su juicio aval más que suficiente para que los diputados le otorguen la confianza por cuatro años más. Eso por no hablar de las medidas que ha ido tomando durante todo este tiempo contra la corrupción y de lo dialogante que ha sido siempre para consensuar los grandes asuntos de estado como la reforma laboral o educativa. Un diálogo y un consenso que ahora se ofrece a convertir en la piedra filosofal de su gobierno siempre y cuando - eso sí - no se pongan en peligro el sacrosanto cumplimiento del objetivo de déficit o una reforma laboral que, según Rajoy, va camino de convertirse en la octava maravilla del mundo por su capacidad inusitada de crear puestos de trabajo como quien hace churros. 

Su receta para resolver el problema catalán es también novedosa y consiste en no moverse ni un milímetro de donde siempre se han mantenido él y su partido, es decir, ley, después ley y en tercer lugar ley. Eso sí, como Rajoy anda ahora haciendo de la necesidad virtud, ofrece a los levantiscos soberanistas catalanes atención a sus problemas, todo un avance. A la vista del buen resultado que le ha terminado dando haber hecho lo mismo de presidente en funciones mientras la izquierda se peleaba entre sí, igual va y le da resultado con Cataluña no mover un dedo para resolver el llamado desafío secesionista. Tal vez por eso ni mencionó, siquiera sea de pasada, la necesidad de acometer de una vez por todas una profunda reforma constitucional que sólo el PP no parece ver y a la que se le va a pasar el arroz como no se aborde, por ejemplo y para empezar, el encaje territorial del Estado.

Pero Rajoy no estaba esta tarde para grandes debates políticos; de hecho se permitió el lujo de obviar su programa de gobierno alegando que ya lo explicó en agosto y ya, si eso. Del mismo modo también nos ahorró enumerar la interminable lista de medidas que su partido ha aprobado para luchar contra la corrupción y las que está dispuesto a seguir aprobando hasta que no quede un corrupto sobre la faz de la tierra. Lo que Rajoy quería dejar claro esta tarde - y hay que reconocer que lo ha conseguido - es que sin él al frente de España el país ya se habría ido a tomar viento porque él y su partido son la única opción política "sensata", como se han encargado de demostrar los ciudadanos en las últimas contiendas electorales. 

Ahora bien, en aras del bien superior del interés general y acorde con su talla de gran estadista. Rajoy ofrece pactos sobre educación, pensiones y financiación autonómica. Al respecto de esto último hasta se ha ofrecido - generoso que es él - a convocar una conferencia de presidentes autonómicos en el Senado, noticia que sin duda habrá llenado de alegría a Fernando Clavijo. Pero Rajoy no ofrece diálogo a tontas y a locas sino que pide a cambio estabilidad porque, deben tener claro los de la oposición, que no es el PP sino ellos los que no quieren unas nuevas elecciones; así que mejor no provoquen al presidente in pectore ni le den demasiados dolores de cabeza intentando laminar las reformas que con tanto entusiasmo aprobó en su etapa de mayoría absoluta, porque no tardaría ni un minuto en firmar el decreto convocando nuevas elecciones. 

Este es el Rajoy, inamovible en sus planteamientos y tan previsible como siempre, ante el que los diputados socialistas están llamados a abstenerse el próximo sábado para que revalide el cargo que nunca mereció y menos merece aún; un político al que le cuesta Dios y ayuda reconocer que ya no goza de mayoría absoluta y que ofrece diálogo y consenso al resto de los partidos con evidente desgana y disgusto cuando debería ser su obligación. Es comprensible que en las filas del PSOE apoyar a Rajoy se vea como un acto contra natura política, aunque ese sacrificio debería ser, además de un servicio al interés general, la oportunidad para aprender una lección: lo que va a pasar el sábado en el Congreso no es otra cosa que la consecuencia de la desunión de la izquierda de este país. 

Venezuela o la eterna crisis

Y nos quejamos en España de llevar más de 300 días sin gobierno en plenitud de funciones. En Venezuela llevan también desde diciembre del año pasado con una crisis política e institucional de dimensiones infinitamente mayores que la nuestra y que, lejos de acercarse a su desenlace, parece acercarse más bien a su nudo gordiano. Cuando en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 la oposición puso fin a casi dos décadas de chavismo con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, se abrió para Venezuela un panorama político en el que muchos vieron al alcance de la mano el fin de la promiscuidad entre los poderes del Estado, la vuelta de los productos de primera necesidad a las estanterías de los supermercados y la recuperación de una economía por los suelos. 

Pero los opositores, con algunos de sus líderes como Leopoldo López aún entre rejas, erraron los cálculos al suponer que Nicolás Maduro, el heredero político de Chávez, sería desalojado sin grandes complicaciones del palacio presidencial de Miraflores. Para conseguirlo y después de perder un tiempo más que considerable dándole vueltas a cuál era la mejor opción, eligieron  poner en marcha un complejo proceso político que debería haber desembocado antes de que acabe este año en la convocatoria de un referéndum revocatorio en el que los venezolanos pudieran decidir si desean que Maduro continúe o no siendo el presidente del país hasta las próximas elecciones presidenciales previstas para 2019.

Su gozo en un pozo porque, después de poner todo tipo de trabas e impedimentos para cumplir con los requisitos de la consulta, el poder electoral, controlado por el chavismo, ha suspendido todo el proceso haciendo materialmente imposible que la votación se celebre antes del próximo año. En la práctica eso supone la continuidad o no de Maduro al frente del Gobierno y la celebración o no de nuevas elecciones que la oposición, obviamente, confía en ganar. 

La galopante crisis económica y el enroque del chavismo han marcado el clima político de este año, ahora exacerbado tras la decisión de las autoridades electorales. La oposición no ha dudado en hablar de golpe de estado y ha dado por rotos los débiles puentes de diálogo con el Gobierno para desbloquear la situación. Es cierto que la discreta mediación del papa Francisco con el propio Maduro  ha conseguido en las últimas horas que oposición y oficialismo hayan aceptado sentarse a negociar el próximo domingo en isla Margarita. No hay muchas esperanzas, pero cualquier acercamiento que se produzca, por débil y poco significativo que pueda ser, siempre sería bienvenido en un contexto político de creciente polarización entre chavistas y antichavistas. 

Muestra de esa tensión en aumento es la llamada a "tomar Venezuela" que ha hecho para mañana la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a la oposición. Se trata de protestas callejeras en todo el país en una nueva demostración de fuerza con la que la oposición pretende revertir la decisión de las autoridades electorales sobre el revocatorio. Ante estas protestas ha corrido el bulo de que la oposición pretende llegar al palacio de Miraflores y ocuparlo aprovechando que Nicolás Maduro se encuentra de viaje en el extranjero. 

Sería un gravísimo error en el que la oposición no puede caer si quiere que su causa siga contando con el apoyo y el respeto internacional de quienes apuestan por una salida pacífica y democrática a la interminable crisis política, institucional y económica por la que atraviesa el pueblo venezolano. No es aventurado suponer que el oficialismo, que ya ha demostrado con creces el concepto que tiene de la separación de poderes y del respeto que profesan sus seguidores ante los derechos y las libertades de quienes no piensan y actúan como ellos, aprovechará el más mínimo incidente para atrincherarse en su posición numantina y acusar a la oposición de golpista y "lacaya de los intereses imperialistas", como le gusta calificarla a Maduro a toda hora. 

Sólo una salida de esta situación por cauces pacíficos y democráticos es garantía de que Venezuela recupere un régimen democrático digno de ese nombre, ponga en pie una economía ruinosa y mejore la vida de millones de venezolanos para los que casi dos décadas de chavismo han sido más que suficientes.  

Agua, ajo y Rajoy

Como se esperaba, el Comité Federal del PSOE decidió este domingo con el 60% de los votos a favor y el 40% en contra que los diputados socialistas se abstengan para permitir la formación de un gobierno presidido por Mariano Rajoy. Las dos primeras consecuencias de esa decisión son que se evitan las terceras elecciones en un año y se desbloquea una situación de estancamiento político que duraba ya más de 300 días. Hasta aquí lo hechos objetivos, a partir de aquí las interpretaciones y las opiniones. Tan respetables son los puntos de vista de quienes han considerado que el PSOE no está en condiciones de concurrir a unas nuevas elecciones dentro de un par de meses, como los de quienes entienden que no hay razón para tenerle miedo a las urnas y permitir por ello que siga gobernando un partido que rebosa corrupción por los cuatro costados y que es el responsable de los peores ataques que ha sufrido el estado del bienestar en este país. 

Ese respeto por una y otra posición ha presidido el Comité de ayer en el que, al contrario de lo que ocurrió en el del día 1, se pudieron escuchar los argumentos de todos y se votó con el resultado conocido. Si difícil ha sido tomar la decisión, desde mi punto de vista la menos mala y la más sensata para el país y para el propio PSOE, no menos lo será gestionar esa abstención cuando llegue el momento. Los socialistas catalanes hacen amagos de romper la disciplina de voto arguyendo su difícil situación política en esa comunidad autónoma y amenazando incluso con cortar sus vínculos con el PSOE. 

No parece de recibo que Iceta y los suyos se escuden en argumentos territoriales para eludir el cumplimiento de un acuerdo democrático adoptado por todo un Comité Federal, máximo órgano decisorio entre congresos del partido del que forman parte los socialistas catalanes. El mismo razonamiento se puede aplicar a los diputados que han anunciado su intención de desobedecer el acuerdo de ayer: a unos y a otros se les podría recordar también que no hay ningún imperativo legal que les obligue a aferrarse al acta de diputados si no están de acuerdo con lo que democráticamente se decide en los órganos del partido por el que concurrieron a las elecciones del 26 de junio pasado. 

Más allá de las filas socialistas, el izquierdismo infantil continúa dándose farisaicos golpes de pecho y acusando al PSOE de haberse prostituido políticamente. Eso sí, sus análisis de la realidad se suelen reducir a los 140 caracteres que permite Twitter y se distinguen sobre todo por las frases supuestamente ocurrentes y listas para encabezar titulares en los medios de comunicación. "Estamos ante el nacimiento de la Gran Coalición", tuiteó Pablo Iglesias ayer nada más conocer la decisión del Comité Federal y su  profundo pensamiento se convirtió rápidamente en titular destacado en todos los medios. 

Sin embargo, ni en sus mensajes de los últimos días en las redes sociales ni en los de sus compañeros de filas hay uno solo que suene, siquiera sea de forma lejana, a autocrítica. A lo que se ve, en este país nadie es perfecto políticamente hablando salvo Podemos y quienes desde un enfermizo izquierdismo infantil pretenden ahora culpar a otros - aunque también tengan su parte de culpa - de sus propios errores estratégicos y sus delirios de grandeza. Todo lo cual va a permitir que Rajoy siga siendo presidente del gobierno sin haber movido un dedo para merecerlo. 

Nunca he creído que la historia se repita pero sí estoy convencido de que cuando se desprecia y olvida, el riesgo de cometer los mismos errores del pasado es muy elevado. Por desgracia, la izquierda española se ha caracterizado históricamente por su cainismo y por sus divisiones frente a una derecha cohesionada, compacta y con un electorado fiel frente a la volatilidad de los votantes progresistas. Para comprobarlo podríamos remontarnos a la II República o, mucho más cerca, a la "pinza" de Anguita y Aznar sobre el hoy denostado Felipe González.

En un escenario político que ha dado un vuelco espectacular con la aparición de nuevas fuerzas, pareciera que se hiciera realidad aquel viejo dicho de que la peor cuña es la del mismo árbol y la izquierda volviera otra vez por sus fueros: a enfrentarse y pelearse entre sí y a intentar comerse mutuamente el terreno político en lugar de salvar sus diferencias y unir sus fuerzas para arrebatárselo a una derecha que, ante la división de sus contrincantes, se frota las manos al ver que, lejos de disminuir, sus expectativas crecen y engordan. Mientras los análisis de la realidad se reduzcan a unos cuantos mensajes en las redes sociales sin el mínimo asomo de autocrítica y mientras la izquierda siga huérfana de líderes capaces de mirar más allá de sus respectivos ombligos, será imposible superar la maldición del cainismo y acometer los cambios transformadores que esta sociedad necesita y reclama. Hasta entonces, agua, ajo y Rajoy.     

El PSOE ante su Rubicón

Este post no va de romanos pero sí del Rubicón que según todos los indicios va a cruzar el PSOE el próximo domingo con un jefe de circunstancias y unas legiones fanés y descangalladas. Es una línea de no retorno que marcará durante muchos años el futuro de este partido si, como se prevé, la decisión es encontrar algún tipo de subterfugio abstencionista que facilite la investidura de Rajoy como presidente del gobierno. Si es eso lo que ocurre, el PSOE habrá hecho lo que debía pero no tanto porque deba hacerlo por el bien del interés general y mucho menos porque quiera, sino porque la alternativa, unas nuevas elecciones sin líder y con la militancia revolucionada, es aún más dantesca si cabe. 

La opción de posibilitar que Rajoy permanezca en La Moncloa le permite al PSOE un respiro temporal para intentar recomponer sus fuerzas, aunque eso va a llevar mucho tiempo y esfuerzo y le va a provocar algunas heridas difíciles de curar. Puede que yo todavía sea demasiado joven y aún no haya visto los suficientes burros volando, pero me sorprende el ardor y la saña con que se ataca y vilipendia desde cierta izquierda la probable abstención socialista ante Rajoy. Pensando mal pareciera que esas voces que claman a toda hora desde las redes sociales y otros cenáculos contra la abstención prefirieran ver al PSOE completamente hundido en las urnas y a Pablo Iglesias exhibiendo la cabeza de Pedro Sánchez ensartada en una lanza a las puertas del Congreso. Son las mismas voces, me temo, que aplauden que una universidad se convierta en un reducto fascista y que el inspirador moral de esa tropelía la califique de "sano ejercicio democrático".

Y hay que recordarlo una vez más porque se les olvida enseguida, que son las mismas voces que deliberadamente callan que si en estos momentos no hay un gobierno de izquierdas en España, se lo deben agradecer al amado líder a pesar de que su cálculo de sorpasso le saliera literalmente por la culata. Con sus vetos y sus líneas rojas, su "cal viva" y sus "manos manchadas de sangre", estos enfermos de izquierdismo infantil han contribuido más que ninguna otra fuerza política de este país a que Mariano Rajoy tenga la continuidad en La Moncloa al alcance de la mano sin haber hecho otra cosa que sentarse y esperar fumando. Al final, la desmesurada ambición de poder de Pablo Iglesias y de quienes ven en él la reencarnación de Robespierre - "la guillotina es la madre de la democracia", Iglesias dixit -  han convertido a Rajoy en el claro vencedor de esta batalla política estratégica sin moverse un ápice de sus posiciones y a pesar de estar de corrupción hasta las orejas. 

A cada uno lo suyo y el PSOE también es corresponsable de su debacle actual como ya he comentado en varias ocasiones. Sánchez pudo y no quiso venderle muy cara la abstención del PSOE a Rajoy. Su "no es no" también estaba trufado de izquierdismo infantil y de una clarísima carencia de realismo político: cuando ni las cuentas políticas ni las aritméticas suman es suicida insistir en darse contra la misma pared una y otra vez, condenando a tu partido a una crisis de caballo de la que no se recuperará en años y sumiendo a tu país en una interinidad política interminable. Hoy Sánchez ya sólo es un diputado que, ironías de la política, puede verse en la tesitura de tener que abstenerse para contribuir a hacer presidente a Rajoy o entregar su acta de diputado. 

El PSOE ya no está en disposición de pedir nada a cambio de su abstención y casi me atrevería a agregar que se encuentra extraordinariamente agradecido a Rajoy por no imponerle las condiciones con las que había amagado en un primer momento en un claro intento de chantaje político. Y aquellos que ven en la abstención del PSOE la segunda traición más grave de la Historia después de que Bruto, haciendo honor a su nombre, acuchillara a Julio César por el bien de la República, deben ejercitarse mucho más en la autocrítica y dejar de una vez por todas de llorar sobre la leche por ellos mismos derramada.   

Ahora las banderas

Esta semana se ha cumplido un mes desde que CC presentó una moción de censura contra el alcalde socialista de Granadilla. La convulsión que la iniciativa provocó en el pacto con el PSOE aún no se ha resuelto: un mes dedicado a elucubrar sobre si se rompe o no el acuerdo y aún seguimos sin saber con certeza si ocurrirá una cosa o la otra. En esas estábamos cuando acaba de encenderse otro de esos debates de campanario que no avanza ni medio metro en la dirección de buscar soluciones a los auténticos problemas de las islas que, por repetidos una y otra vez y presentes en la mente de todos, no es necesario recordar. 

Hablo de la decisión de algunos ayuntamientos y cabildos canarios de izar el  próximo sábado la bandera tricolor canaria con las siete estrellas verdes, que el MPAIAC de Antonio Cubillo proclamó "bandera nacional canaria" hace ahora algo más de medio siglo. Ante todo, vaya por delante el respeto a quienes entienden que esa enseña es más representativa del sentir político de la ciudadanía de este archipiélago que la que se recoge en el Estatuto de Autonomía. No obstante, me permito dudar de que este asunto figure entre las primeras veinte preocupaciones de los canarios, siendo generosos. 

Dicho lo cual, no veo en los máximos responsables de las instituciones que han decidido izar la tricolor "estelada", como la ha llamado algún periódico despistado y confundido, un peligro inminente de que la semana que viene se nos pueden descolgar con un referéndum soberanista que ríete tú de Artur Mas, Oriol Junqueras y compañía. Estoy seguro de que ni Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, ni Pedro Sanginés, su homólogo de Lanzarote, o el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, van a abrir con su decisión y las de los gobierno locales respectivos la vía a la independencia para convertir a las islas en un "nuevo Estado europeo". 

Más bien creo que a quienes impulsan y defienden ese tipo de iniciativas les puede una cierta añoranza de tiempos pasados en los que la palabra "nacionalismo" tenía mucha más sustancia ideológica que en la posmodernidad desnortada en la que nos encontramos actualmente. Los cambios políticos y sociales de las últimas décadas han hecho que la bandera de las siete estrellas verdes haya ido perdiendo buena parta de sus connotaciones estrictamente independentistas para convertirse en algo parecido a una seña de identidad colectiva, que lo mismo puede ondearse en un partido de fútbol, en una fiesta popular o en una manifestación sindical 

Por ello, en un mundo globalizado en el que las decisiones que de verdad importan cada vez están menos en manos de los gobiernos "nacionales" y más en las de las grandes empresas transnacionales, este tipo de debates sobre banderas tienen incluso un punto anacrónico que no debería llevarnos a dedicarle demasiado tiempo y energías. Eso no quiere decir que no haya que defender la singularidad frente a la uniformidad que se nos intenta imponer a diario pero hacerlo conscientes de que las fronteras y las banderas, aunque parezca que resisten y hasta que se reconstruyen, están inexorablemente llamadas a difuminarse en el horizonte de la Historia.

El izado el próximo sábado de la tricolor estrellada canaria habría quedado en un nostálgico gesto político si la Delegación del Gobierno en Canarias se hubiera resistido a la tentación de pedirle a un juez la suspensión cautelar del acto. Ha sido hacerlo y encender un debate artificial que jamas hubiera existido si, simplemente, se hubiera limitado a remitir una carta a las instituciones en cuestión recordando cuáles son las enseñas institucionales y constitucionales que deben ondear en las instituciones oficiales. 

De hecho, algunas de estas instituciones ya habían aclarado que no es su intención sustituir alguna de las banderas oficiales por la de las siete estrellas verdes, con lo cual la reacción de la Delegación del Gobierno es cuando menos gratuita y desproporcionada, máxime cuando el propio delegado reconoce la escasa vinculación actual de la estrellada con el sentir independentistas canario. Leyendo las explicaciones que ha dado el delegado sobre este asunto, me he sentido de pronto transportado al País Vasco o a Cataluña y a los ayuntamientos o diputaciones gobernados por la izquierda abertzale o por los soberanistas, en donde un día sí y al siguiente también se desobedecían y aún se desobedecen las leyes sobre símbolos oficiales y se quemaban banderas nacionales. 

¿Es eso lo que quiere evitar el delegado en Canarias, impedir que prenda de nuevo un sentimiento independentista en las islas con actos como el del sábado? Nunca ha ocurrido en las islas nada parecido a lo del País Vasco y Cataluña  y es muy poco probable que llegue a ocurrir, aunque creo que la mejor manera de evitarlo no es haciendo de un grano una montaña. Tenía mucha razón Groucho Marx cuando dijo o escribió - tanto da - que "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar los remedios equivocados". El de la bandera es un buen ejemplo. 

Fascismo en la universidad

Me apena y me preocupa a partes iguales la relativa indiferencia con la que las redes sociales han reaccionado ante los que considero graves hechos ocurridos esta mañana en la Universidad Autónoma de Madrid. Preocupa aún más el número de mensajes que justifican y aplauden que un grupo de cobardes encapuchados y con la cara tapada impidieran con gritos e insultos un acto universitario en el que iban a participar el ex presidente Felipe González y el presidente de PRISA, Juan Luis Cebrián, y que al final tuvo que suspenderse. Si esto ocurre en unas redes que se inundan de miles de mensajes ante la última tontería que ha dicho o hecho el futbolista de moda, sobra cualquier comentario o calificativo sobre el uso mayoritario que se está haciendo de ellas. 

Pero la preocupación va en aumento al comprobar que el asunto tampoco merece una atención singular en la mayoría de las principales cabeceras digitales que se reclaman de izquierdas. Sólo EL PAÍS, EL MUNDO y ABC cuentan lo ocurrido en lugar destacado. Parecería - y eso si es más alarmante todavía - que sólo los medios de centro derecha - llamémoslos así por convención - se atreven a salir en defensa del derecho a la libertad de expresión que como a cualquier otro ciudadano asiste a Felipe González y a Juan Luis Cebrián.

Puede que algunos piensen que exagero y que lo ocurrido esta mañana en la Autónoma madrileña no deja de ser un episodio aislado al que no hay que darle mayor importancia. Discrepo: en primer lugar porque no es un hecho tan aislado como se quiere hacer ver y, en el caso de que lo fuera, ello no es razón suficiente para ignorarlo o relativizarlo hasta el punto de hacerlo pasar por una mera "protesta estudiantil", como lo ha calificado ya el líder de Podemos. El hecho de que el boicot haya tenido lugar en una universidad, un espacio en el que ha de primar la tolerancia y el intercambio de ideas sobre la base del respeto a quien no piensa igual, lo hace especialmente repudiable y condenable. 

Sería muy grave que el penoso espectáculo de hoy haya sido orquestado políticamente aunque, por desgracia, la tibieza con la que Pablo Iglesias lo ha interpretado, calificándolo de "protesta estudiantil", no ayudan a despejar las sospechas. Se impone por tanto que el líder de Podemos condene en toda regla lo ocurrido en lugar de jugar al despiste y a la ambigüedad. No valen medias tintas ni responder a la acusación del PSOE con más acusaciones, sobre todo por parte de alguien que procede precisamente del mundo universitario como Iglesias y muchos de sus correligionarios de la cúpula de Podemos. 

Puede que no gane muchos amigos ni muchos "me gusta" con este post, pero creo que convertir una universidad en un reducto fascista en el que es imposible confrontar las ideas, incluso con aquellos con los que no coincidimos en nada, es un hecho que debería preocuparnos mucho más como sociedad de lo que lo ha hecho éste y otros no tan lejanos en el tiempo. Callar o mirar para otro lado no ayuda a erradicar estos comportamientos deleznables del ámbito universitario ni del conjunto de la sociedad. En esto, como en tantas otras facetas de la vida, la prevención del mal es mucho más efectiva que su cura. 

Aunque parece que son de un pastor protestante alemán llamado Martin Niemüller, siempre se han atribuido al poeta y dramaturgo Bertold Brecht unos versos que advierten con crudeza de las consecuencias del silencio y la indiferencia de la sociedad ante comportamientos fascistas como los de hoy en la Autónoma de Madrid. Salvando las distancias históricas, no está de más recordarlos y tenerlos siempre presentes en un país en el que costó cuarenta años y mucho dolor y represión recuperar, entro otros, el derecho a la libertad de expresión. ¿O es que ya se nos ha olvidado?

"Primero apresaron a los comunistas, y no dije nada porque yo no era un comunista. / Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada porque yo no era un judío. / Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era ni obrero ni sindicalista. / Luego se llevaron a los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. / Hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde."

No diga Bankia, diga estafa

Iniciaba el post de ayer afirmando que en un país normal o mediopensionista dimitiría la cúpula del partido en el gobierno y el propio gobierno si un corrupto como Francisco Correa dijera en sede judicial que se pasaba más tiempo en la sede de ese partido que en su despacho. También en ese mismo país, que por desgracia no es España, haría tiempo que se habrían depurado responsabilidades penales por la macroestafa de la salida a bolsa de Bankia. Lejos de ocurrir tal cosa, la Audiencia Nacional continúa la instrucción a paso de tortuga y, a lo que se ve, insensible, ciega y sorda ante las escandalosas revelaciones que acaban de salir a la luz sobre este caso.

Hasta ahora sabíamos con certeza que las cuentas que Bankia presentó podían ser cualquier cosa menos reales. Eso hizo que la cotización del monstruo con pies de barro se desplomara en cuanto se descubrió el engaño y que miles de accionistas y de tenedores de participaciones preferentes perdieran gran parte el dinero invertido. Contar el calvario que les está suponiendo recuperar una parte del mismo nos llevaría demasiado tiempo y espacio; baste con decir que no se lo han puesto fácil ni el Gobierno ni la propia entidad, hasta el punto de que en ocasiones han querido presentarlos más como fastidiosos pedigüeños que como ciudadanos lisa y llanamente estafados que reclaman ser resarcidos. 

Aquella monumental estafa le ha costado a los españoles 21.000 millones de euros de dinero público de los que es improbable que volvamos a ver uno sólo y todo porque Bankia era tan importante y tan "sistémico" que hubiera sido un error dejarlo caer. Siempre tuve mis dudas y las mantengo: indemnizar a los accionistas y preferentistas y cerrar el chiringuito puede que hubiera tenido menos costes para el erario público a medio y largo plazo que mantenerlo en pie. Pero, por lo que se va sabiendo, los intereses políticos que campaban por sus respetos detrás de la fachada de un banco podrido hasta los cimientos eran demasiado fuertes como para actuar con contundencia y rigor. La Comisión Nacional del Mercado de Valores se hizo la sueca con las cuentas de la entidad y abrió la puerta a la estafa bancaria del siglo en este país. 

No se quedó atrás el Banco de España, pomposamente conocido como el "supervisor", que no supervisó absolutamente nada y que  permitió sin mover un dedo que Rodrigo Rato bebiera champán y tocara la campanilla del Ibex 35 cuando el engendro que presidía empezó a cotizar cargado hasta el cuello de activos tóxicos. Una nueva prueba, por si faltaba alguna, de que el Banco de España y su gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez hicieron clara dejación de sus responsabilidades como supervisor del sistema financiero la acabamos de conocer hace pocos días. Unos meses antes de que Bankia empezara a cotizar, el servicio de Inspección del Banco de España advirtió de que el grupo financiero no era viable a medio plazo, con lo que su salida a bolsa sería la mejor manera de que sus perdidas las termináramos pagando todos los españoles. 

Esa opinión profesional cualificada fue sencillamente ignorada por la cúpula del Banco de España que permaneció impasible el ademán mientras se consumaba el gran robo de cuello blanco. Puede que la aureola de Rodrigo Rato y su reciente paso por el Fondo Monetario Internacional intimidara tanto a Fernández Ordóñez que no se atrevió a poner ni una pega a que aquel juguete roto se llevara por delante los ahorros de decenas de miles de pequeños inversores y arramblara con 21.000 millones de euros de todos los españoles. Puede que el gobernador creyera, como creía todo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que la opinión de un  simple inspector del Banco de España no podía cuestionar la tan alabada solvencia y solidez del sistema financiero español.

Sea cual fuere la razón, me temo que nos vamos a quedar sin conocerla aunque a Fernández Ordóñez se le ocurra escribir otro libro autojustificativo. El juez Andreu que instruye la causa por la salida a bolsa de Bankia tampoco considera pertinente hacer caso de las opiniones del inspector y no las incluirá en el sumario a pesar de su relevancia. Así pues, nadie en el superfluo e inútil Banco de España tendrá que  dar explicaciones por lo que a primera vista tiene todo el aspecto de una culpa in vigilando que ha sangrado el bolsillo de los españoles y ha arruinado a miles de humildes ahorradores. Y todo esto ocurre, además, mientras en esa misma Audiencia Nacional se dirime estos días el caso de las tarjetas opacas de las que se beneficiaron a cuerpo de rey, entre otros muchos, el propio Rodrigo Rato, seguramente convencido de que haber estafado a todo un país merecía, cuando menos, barra libre en la caja fuerte de Bankia.   

Como Correa por su casa

En cualquier país normal e incluso mediopensionista, si un conseguidor de mordidas empresariales a cambio de contratos públicos pasa más tiempo en la sede del partido en el poder que en su despacho, dimitiría en bloque la cúpula del partido, se produciría una crisis de gobierno y habría que convocar elecciones. No es el caso de España que, como sabemos de sobra, ni es un país normal ni siquiera mediopensionista. Una de las primeras cosas que se aprenden de España es que se trata sencillamente de un país diferente y eso no va a cambiar ni a corto ni a medio plazo. Si así fuera, las encuestas sobre intención de voto no seguirían dando los resultados que dan y quien ha ganado las últimas citas electorales sería hoy un cadáver político afortunadamente amortizado y olvidado por el bien de la decencia y de la democracia. 

Pero como eso no es lo que pasa en España, medio país asiste estos días asombrado y la otra mitad curada de espanto a la declaración en sede judicial del presunto cerebro de la trama Gurtel. Francisco Correa ha cantado con un estilo tan depurado que si fuera tenor o barítono se lo rifarían los principales teatros de ópera del mundo. Ha explicado con mucho detalle cómo se conchabó con Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP despedido en diferido por Cospedal, para repartirse las jugosas comisiones que cobraba a las empresas que se hacían con los contratos públicos soñados. Ha dicho que se pasaba más tiempo en la sede nacional del PP que en su propio despacho, pasando por alto el hecho de que en los dos sitios se dedicaba exactamente a lo mismo, a organizar con Bárcenas la trama de corrupción que le permitió esconder 23 millones de euros en Suiza y a su compinche casi 50.

O puede que tantas horas en el despacho de Bárcenas las dedicaran ambos a contar los fajos de billetes que traía en su maletín y con los que accedía al garaje de Génova como un miembro más de la dirección del PP, todo es posible. Pero con todo, la brillante línea melódica que Correa ha exhibido estos días en el juicio tiene algunos pasajes muy oscuros en los que parecen faltar notas esenciales para comprender a fondo toda la trama. Sabemos que cobraba de un 2 a un 3% de las empresas por conseguirles contratos públicos y que el dinero se lo repartía con Bárcenas, quien a su vez hacía un reparto posterior en el PP y del que se quedaba con una parte para alimentar la cuenta en Suiza. 

Si Bárcenas era también el que intercedía ante la instancias adecuadas para que el contrato en cuestión recayera en las manos correctas la pregunta que falta por responder cae por su propio peso: ¿cuáles eran esas instancias y quienes sus responsables con capacidad para que el negocio fuera a parar a unas empresas y no a otras? Correa sólo ha apuntado hasta ahora el nombre de algunas empresas de mucho ringo rango - ACS, OHL - como pagadoras de mordidas a cambio de contratos. Sin embargo, no ha mencionado cargo alguno de la cúpula popular o del gobierno y ha dirigido el grueso de su aria de bravura contra su otrora compinche de negocios Luis Bárcenas. 

El asunto adquiere así todo el aroma de las viejas películas de mafiosos en las que, fieles al sagrado juramento de la omertá, los jefes de segundo o tercer nivel se despedazaban entre ellos pero se cuidaban mucho de delatar al capo principal. Y esa, que es en realidad la clave de este caso, es la que no vamos a conocer en este macrojuicio. Correa pondrá fin a su aparición estelar ante el tribunal y le seguirá Bárcenas, del que tampoco cabe esperar, salvo sorpresas, que desvele quiénes en el gobierno se avenían a sus peticiones de amañar contratos públicos y si recibían sobres a cambio.

Aún así es comprensible que en el PP haya cierto nerviosismo controlado, apreciable sobre todo en Cospedal y en sus prisas para que el juicio aclare "cuanto antes" que - según su divertida teoría - los trapicheos entre Correa y Bárcenas eran cosa exclusiva de esos dos personajes y nada tenía que ver con ellos el partido. A Correa le preguntaron hoy en el juicio por su grado de amistad con José María Aznar y respondió que, aunque trabajó para él muchos años, el ex presidente del Gobierno y del PP "me miraba, me sonreía y punto". Tal vez por eso la trama Gurtel sólo pagó una parte de la boda de la hija de Aznar y Correa se limitó a ser testigo del enlace. No obstante, con Correa entrando y saliendo de la sede del PP como si fuera su propia casa, tampoco eran necesarias mayores muestras de efusividad.

Un pacto mareado

Cuando por fin parecía que el pacto entre el PSOE y CC se encarrilaba de nuevo, unas declaraciones extemporáneas del presidente del cabildo de Tenerife, el nacionalista Carlos Alonso, lo han vuelto a mandar a la UVI con pronóstico reservado tirando a grave. Así, saliendo y entrando de vigilancia intensiva, lleva el acuerdo casi un mes, desde que se supo que los concejales nacionalistas de Granadilla tenían intención de hacerse con la alcaldía en manos socialistas. Un mes en el que hemos estado más atentos a las cuitas e idas y venidas de los socios del pacto que de los problemas que tienen estas islas. Demasiado tiempo perdido y demasiada incertidumbre política  - como si no tuviéramos suficiente con los más de 300 días con un gobierno central en funciones - cuando hay tanto por hacer en empleo, educación, sanidad o servicios sociales. 

La situación ha empezado a tomar un cariz realmente preocupante: una tierra con las cifras de paro, pobreza o listas de espera que tiene Canarias no se puede permitir perder un minuto más en juegos versallescos o en maquiavelismo político con no se sabe muy bien qué aviesas intenciones por parte de unos y de otros. Aunque el presidente del Gobierno diga a diario que este ruido, como él lo llama, no le distrae un minuto de los asuntos que debe gestionar el Ejecutivo, parece poco probable que el clima de desconfianza que se ha instalado últimamente entre los socios, las puyas cruzadas o los mensajes entre líneas, no influyan en el día a día de la acción de gobierno. Donde hay desconfianza sería extraño que no se resintiera también la colaboración y la lealtad que debe presidir las relaciones entre los socios de un pacto político del que tienen que emanar soluciones y no disputas gratuitas que los ciudadanos sólo pueden ver, y con razón, como juegos de manos. 

Va siendo hora de que cada uno defina sus posiciones y ponga fin cuanto antes a este hastiante culebrón político en el que estamos enredados. Si el PSOE se siente ultrajado por las declaraciones de Alonso achacando al mero interés salarial que los socialistas sigan en el Gobierno a pesar de haber dado el pacto por roto varias veces, debería de una vez afrontar el dilema y tomar una decisión: irse o quedarse, pero no continuar instalado en la ceremonia de la confusión que en buena medida, y aunque no le falten razones para estar disgustado, también ha contribuido a fomentar.

Si, además, a las corrosivas palabras de Alonso se añade que los contactos oficiosos con los nacionalistas para revisar el pacto no han dado los resultados esperados, más razón todavía para extenderle el certificado de defunción. Sinceramente, se me escapan las razones por las que después de tanto desplante e incumplimiento por parte de su socio, coronado ahora por unas manifestaciones que parecen pensadas precisamente para darle la puntilla al acuerdo, el PSOE parezca todavía dispuesto a mantenerlo con vida. 

CC debería también poner sus cartas boca arriba para acabar de una vez con este cansino juego. Si las protestas del presidente defendiendo las ventajas del acuerdo con el PSOE son sinceras, debería exigir a los suyos - empezando por el presidente del Cabildo de Tenerife - que arrimen el hombro para mantenerlo en pie en lugar de la cerilla para hacerlo volar por los aires. Todo ello, sin menoscabo de que sus quejas sobre los problemas viarios de Tenerife estén plenamente justificadas pero sin olvidar tampoco que, al igual que ocurre con el déficit sanitario, no estamos ante problemas de antes de ayer sino de mucho tiempo atrás y sobre los que tiene una gran parte de culpa el Gobierno central del PP por el incumplimiento sistemático y contumaz de sus compromisos con Canarias.

Si por el contrario, el objetivo último de Coalición Canaria es obligar al PSOE a irse a la oposición para apoyarse en una mayoría parlamentaria distinta de la actual, no debería dejar pasar un minuto más el presidente sin firmar los decretos con los ceses de los consejeros socialistas y conformar un nuevo gobierno. Esa es su potestad pero también su obligación ineludible como presidente de todos los canarios: liderar un gobierno sólido y cohesionado que haga frente a los problemas y desafíos de esta tierra. Por el bien de todos, el PSOE y CC tienen que dejar cuanto antes de marear un pacto que, o se reconstruye sobre bases más firmes y duraderas y voluntad real de cumplirlo, o seguirá siendo un factor permanente de distorsión política que Canarias sencillamente no se puede permitir.