Mandela ha muerto ¡Viva Mandela!

No deseo ser aguafiestas ni restarle trascendencia al multitudinario adiós que hoy se le ha brindado a Nelson Mandela en Soweto. Que se lo merecía y que los elogios que ha recibido esta mañana de políticos tan dispares como Raúl Castro o Barak Obama no son exagerados está fuera de discusión. Sin embargo, tengo la sensación de que Mandela tal vez habría deseado un adiós diferente, menos plagado de jefes de estado, presidentes de gobierno, reyes y príncipes. Él fue un hombre que derrochó vitalidad por los cuatro costados, al que le gustaba cantar y bailar, que sonreía con una sonrisa amplia y sincera que alegraba el alma de quien la contemplaba y que se sentía cómodo y expansivo entre los suyos, los desheredados a los que el régimen del apartheid que él derribó con su valentía y determinación persiguió, torturó y asesinó.


No fue Mandela un político al uso, al menos tal y como lo entendemos por estas latitudes. Aunque por su condición de jefe de estado tuvo que codearse con testas coronadas y homólogos de otros países, jamás pareció que el cargo se le había subido a su venerable cabeza; nunca se alejó de su pueblo, que para él lo integraban blancos y negros por igual y, aunque también disfrutaba de los baños de multitudes como en los grandes conciertos solidarios o en las grandes citas deportivas, siempre prefirió el suelo al palco, la gente sencilla a la estirada y encumbrada, la risa a la circunspección, la cercanía a la rigidez.

Mucho y bien han hablado todos hoy y en los últimos días de Mandela y todos coinciden en su inspirador ejemplo y se declaran en deuda con Madiba; incluso el presidente del Gobierno español, que no ha sentido rubor ni vergüenza alguna en sacar a colación en un día como este el triunfo de España en el mundial de Sudáfrica y hasta de echar mano del legado del líder africano para defender la unidad nacional. Obama ha sido tal vez el más emotivo y él más certero, dada la habilidad retórica del primer presidente negro de Estados Unidos, aunque desgraciadamente esa facilidad de palabra que le adorna no suele ir acompañada de la misma determinación con la que Mandela consiguió reconciliar a los sudáfricanos.

Dijo entre otras cosas el presidente norteamericano que muchos de los líderes a los que estos días se les llena la boca alabando las virtudes de Mandela, jamás permitirían la disidencia en sus respectivos países. Es posible que se refiriera entre líneas, ente otros, al vicepresidente chino Li Yuanchao, al presidente Mugabe de Zimbabue o al cubano Raúl Castro, al que incluso saludó durante la ceremonia, aunque lo más importante no es a quién iba dirigido el mensaje sino el mensaje en sí. Si de verdad todos estos presidentes y jefes de estado que hoy se han dado cita en Sudáfrica creyeran como dicen en la grandeza de Mandela deberían de ser los primeros en respetar su legado y su grandeza humana y contribuir a expandirlo y perpetuarlo hasta donde alcancen sus responsabilidades políticas.

En realidad, para la inmensa mayoría de ellos Mandela está muerto y dentro de poco enterrado y tras las declaraciones rimbombantes de los últimos días echaran sobre su vida ejemplar toneladas de olvido. Es la ciudadanía mundial que ve en la gigantesca figura humana y política de Mandela un ejemplo de valor y dignidad merecedor de emulación y respeto la verdadera heredera de su obra y la única que puede hacer que su luz jamás se apague bajo el peso del cinismo, el olvido y la indiferencia.

Rajoy: mucho ruido y pocas nueces

Mariano Rajoy no se caracteriza precisamente por su afición a las entrevistas periodísticas: se le ve, oye y lee incómodo consigo mismo, diciendo cosas peregrinas como lo de las cuchillas de las alambradas de Melilla y su efecto “disuasorio” y haciendo esfuerzos casi sobrehumanos por justificar que haya hecho todo lo contrario de lo que prometió antes de llegar a La Moncloa.

Después de tomarme la molestia de leer las seis páginas que el diario EL PAÍS le dedica hoy a la entrevista “coral” que Rajoy mantuvo con este y otros cinco periódicos europeos, no puedo evitar llegar a la conclusión de que su contenido podría haberse resumido perfectamente en una columna lateral en página par. Y es que el hecho de que al presidente de Gobierno le guste tan poco hablar con la prensa no es motivo suficiente para dedicar tantas páginas y tanto papel a contar la inanidad del ser político de Rajoy.

Porque, más allá de los lugares comunes a los que ya nos tiene acostumbrados, nada ha dicho el presidente que no supiéramos o al menos intuyéramos. Respecto a la crisis ha insistido en el mantra más reciente del Gobierno con una sola idea si bien expresada de manera diversa: “estamos saliendo de la crisis”, “lo peor ya pasó”, “hace un año se debatía sobre el rescate de España y ahora se debate sobre la salida de la crisis”. Que cada uno extraiga sus propias conclusiones a la vista de la situación de paro y precarización laboral y salarial que sufre el país y confronte de paso si los recortes aplicadas por Rajoy en educación, sanidad o políticas sociales se compadecen con que “el estado del bienestar sigue siendo un logro irrenunciable en España y en la UE”, como afirma el presidente.

Los "papeles" de Rajoy

Más intríngulis tiene esta otra frase de Rajoy: "lo que más me preocupa es que Alemania tenga claro adónde vamos”. Dicho de otro modo, en tus manos, Ángela, encomiendo el futuro de este país. Podría haber añadido que ha sido un alumno aventajado y que ha hecho todos los recortes que se le impusieron desde Berlín, con grave riesgo incluso para su futuro político y el de su partido, tal y como están poniendo de manifiesto los últimos sondeos de intención de voto.


Por tanto, lo que viene a decir es que o Merkel se aclara e ilumina el camino que deben seguir los obedientes discípulos del austericidio como él o pereceremos todos en el túnel de la crisis. Aparta de mí la funesta idea de pensar y actuar como el presidente de un país soberano es lo que parece deducirse de las palabras de Rajoy.

Para el final quedan sus declaraciones a propósito de la corrupción en el PP a la que ha dedicado la frase del argumentario popular en vigor desde hace solo unos meses, la misma que repiten Cospedal, Floriano y otros cercanos al núcleo duro del presidente: “Si alguien tenía contabilidad en b, sería de él”. Una frase que se comenta por sí misma y que se enmarca en ese esfuerzo tan desesperado como inútil del PP por desvincularse del hombre del que nadie podría demostrar que no era inocente, aunque hoy esté en la cárcel a la espera de juicio.

Por lo demás, nada tampoco que no conociéramos ya sobre lo que piensa Rajoy de la reforma de la Constitución – “ahora no es el momento “ - o nada que sirva para desatascar la tensión con Cataluña – “ni quiero ni puedo autorizar un referéndum”. Y, por supuesto, ni una sola frase de autocrítica de su gestión, ni una leve disculpa por haber mentido al país escudándose en las “circunstancias” y ni un atisbo de búsqueda sincera del consenso político y social que sustituya al rodillo de la mayoría absoluta en los grandes asuntos del país (educación, seguridad ciudadana, corrupción, pensiones, reforma tributaria, etc.). En resumen, mucho ruido mediático para tan pocas nueces.

El precio de una estafa

Asegura la sabiduría popular que presumir en exceso de algo es poner de manifiesto las propias carencias. El vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, presumía ayer de la multa récord que le ha caído a seis grandes bancos internacionales por conchabarse para manipular el euríbor, el índice de referencia por el que se fijan los intereses de casi siete millones de hipotecas en España, muchas de ellas con cláusula suelo. La sanción asciende a 1.700 millones de euros que tendrán que pagar entidades como el Deutsche Bank, Barclays, Société Générale o el Royal Bank of Scotland.

Aunque sólo los dos primeros tienen una amplia presencia comercial en España, la globalización financiera hace que ese sea un detalle menor. Se da la circunstancia de que el Barclays ya había sido sancionado en Estados Unidos por las mismas prácticas fraudulentas mientras que en la Unión Europea se le ha rebajado la sanción porque descubrió el pastel y a sus comensales. Por mucho que Almunia presuma de “sanción ejemplarizante” la misma dista mucho de merecer ese honor.

Más bien debe ser calificada de ridícula si tenemos en cuenta que esos 1.700 millones de euros los gana cualquiera de estos bancos en un par de trimestres. Como ejemplo, el Deutsche Bank, multado con algo menos de 500 millones de euros, ganó durante el tiempo que se supone duraron los tejemanejes más de 6.500 millones. Almunia tampoco se ha dignado informar a los ciudadanos, a los que el año que viene se les pedirá que acudan a las elecciones al Parlamento Europeo, a cuánto asciende la seguramente millonaria estafa de estos bancos. O no la sabe – lo cual es dudoso – o evita hacerla pública para evitarles males mayores a esas entidades y que prenda más si cabe la indignación social ante unas prácticas claramente delictivas.

Multar con 1.700 millones de euros por engañar a millones de ciudadanos y no dar un paso más para depurar responsabilidades es como rascarse el ombligo para curarse la pulmonía. Son imprescindibles medidas mucho más expeditivas que las autoridades comunitarias y el Banco Central Europeo deberían de haber puesto en marcha hace tiempo si no estuvieran tan preocupados por la salud financiera de los bancos y tan poco por el bolsillo de los ciudadanos.

Los directivos de los bancos que participaron en esos enjuagues con el euríbor deberían haber sido inhabilitados de por vida para trabajar en el sector y, a continuación, procesados por estafa. Sin embargo, se conforma Almunia con sacar pecho y sonreír al tendido y, en todo caso, dejar en manos de los estafados la carga de la prueba que demuestre que han sido vilmente engañados por una pandilla de ladrones de cuello blanco, como si eso fuera tarea fácil.

Que el euríbor es el fruto de un contubernio bancario para engañar a los clientes ha quedado demostrado, pero tampoco se conocen iniciativas serias en la UE para hacerlo transparente y creíble y no una coartada al servicio de los balances bancarios. Aquellos que aún se atreven a levantar la mano para salir en defensa de la banca y sus prácticas tienen en este escandaloso caso un nuevo motivo para guardársela en el bolsillo. Al menos ya sabemos una cosa: que el precio de una monumental estada bancaria como ésta es exactamente de 1.700 millones de euros, imagen corporativa incluida. Demasiado poco para tanto como presumen.   

¿También tú, Bravo?

Ya lo comentamos en el post de ayer: en el PP empiezan a aparecer signos de nerviosismo por la caída en las encuestas electorales, el empleo que no levanta cabeza, los casos de corrupción y las tensiones territoriales con Cataluña, entre otros asuntos ante los que el presidente del Gobierno prefiere esconden la cabeza bajo el ala y hacer cómo si todo fuera sobre ruedas. En ese contexto, la alcaldesa de Madrid se despachaba el lunes con una lista de deberes para el presidente y le advertía del peligro de que “se fragmente la base electoral del partido”.

En un ámbito mucho más local y en pleno revival de la moda del género epistolar que hace furor estos días, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el popular José Miguel Bravo de Laguna, también acaba de enviarle una carta al presidente de su partido en las Islas y ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. En realidad no va dirigida a él sino al Gobierno  y en particular a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y no es precisamente cariñosa. En ella se queja Bravo de las actuaciones del Gobierno de Rajoy en Canarias y pone el acento en el infame trato que AENA, dependiente de Fomento, les está dando a los maltratados vecinos de Ojos de Garza afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria.

Recuerda Bravo en su misiva que esta isla “es un granero de votos del PP” y con las cosas de comer – cabe añadir por nuestra parte – no se juega. El propio Bravo envió hace pocos días otra carta el presidente autonómico Paulino Rivero en un tono llamativamente menos beligerante que el que ha empleado ahora y en la que se quejaba de que el Gobierno de Canarias no atendía adecuadamente las demandas de Gran Canaria. Esa carta se conocía poco después de que el propio Rivero remitiera otra a Rajoy y al Rey quejándose también de lo mismo o parecido de lo que ahora se queja Bravo, miren ustedes por dónde.


En realidad, la carta a Soria que ahora se ha conocido no era pública aunque ha terminado publicada en los medios de comunicación gracias a una filtración seguramente interesada de no se sabe quién aunque tampoco es muy difícil suponerlo. Cómo le ha sentado a Soria el mensaje es algo que aún desconocemos, atareado como está en las últimas horas intentando apagar el cortocircuito que Montoro le ha provocado en su reforma del sector eléctrico. Sin embargo, sabiendo de la férrea disciplina con la que le gusta gobernar el PP canario cabe sospechar que la carta de Bravo no le debe de haber llenado de alegría y mucho menos que se haya aireado.

Sobre todo porque el presidente del Cabildo tiene razón, aunque se quede  corto e impreciso en sus críticas al Gobierno  que, por otro lado, llegan tarde y deberían estar dirigidas, más que a Soria, cuyo predicamente en el Consejo de Ministros parece en declive, al propio Mariano Rajoy. Con todo, su potura viene a romper la unidad de discurso en lo universal de la que los populares canarios suelen hacer gala se les pregunte por lo que se les pregunte en relación con el modo en el que Rajoy y los suyos tratan a Canarias, desde los inmisericordes recortes presupuestarios a las prospecciones petrolíferas.

Antes de que se conociera el contenido de su epístola a Soria y a los “sorianos”, Bravo de Laguna había dicho que desearía volver a ser el candidato del PP al Cabildo de Gran Canaria en las elecciones de 2015. Todo puede ser, aunque a la vista de esta carta y si, además, echamos la vista atrás y recordamos las tormentosas relaciones políticas de Soria con Bravo de Laguna en tiempos no tan lejanos, uno está por afirmar que Roma no paga traidores.

Botellazo

¿Son los malos datos de los sondeos electorales? ¿Es el desgaste de un Gobierno que atraviesa el ecuador de la legislatura después de incumplir todas sus promesas? ¿Es el abuso indiscriminado de la mayoría absoluta hasta en asuntos clave para el futuro del país como la reforma educativa? ¿Son los pésimos datos de empleo, que no termina de remontar por más que a Mariano Rajoy le importe una higa lo que diga la Encuesta de Población Activa?

Todo suma  y todo hace que en el PP y en el Gobierno empiecen a apreciarse ciertos síntomas de nerviosismo ahora que enfilamos la cuesta debajo de la legislatura: quedan dos años para volver a convencer a los españoles de que la suya es la mejor opción. Claro que, para que eso ocurra, los brotes verdes de la economía tendrán que crecer mucho más y la luz al final del túnel tendrá que estar mucho más cerca de lo que el Gobierno y el PP nos quieren hacer creer que está.

Vaya por delante que los populares suelen ser gente cohesionada y seguidora a pies juntillas de su líder. Ahora bien, cuando su líder se llama don Tancredo empieza a aflorar la preocupación por las costuras del partido. Es verdad que ese nerviosismo va por barrios como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que mientras en Valencia o Baleares los populares de allí se oponen con uñas y dientes a que las petroleras pongan en peligro el futuro turístico buscando crudo, en Canarias aplauden con las manos, los pies y las orejas que una compañía transnacional como Repsol tome a los naturales por ignorantes y les acuse de estar contra el progreso, la diversificación económica, el empleo y los perros atados con longanizas o, para el caso, con chorizos de Teror.

Sin embargo, si hay un reducto rebelde, lenguaraz y crítico con Don Tancredo Rajoy ese es Madrid. En uno de los principales graneros de votos del PP tiene el presidente una úlcera política de la que no consigue librarse. Cuando no es Esperanza Thatcher la que le enmienda la plana y le marca los deberes es su sucesor Ignacio González quien lo hace, cuando no lo hacen los dos a la vez y coordinados. Sin embargo, quien no esperábamos que se sumara a las críticas es Ana Botella de Aznar, que acaba de descolgarse con una advertencia en toda regla a la situación del partido con la que puede haber sellado su candidatura a la alcaldía madrileña o todo lo contrario.

 
Ana Botella (también) le pone deberes a Rajoy

Tal vez no muy relajada después de su desastrosa gestión de la huelga de basura, pero sí envalentonada por la impunidad política con la que Aguirre, González o su ex presidente consorte le leen a menudo la cartilla a Rajoy, ha querido ella también echar su cuarto a espadas y, en un castellano de Madrid bastante potable, le ha dicho un par de cosas al presidente. Entre otras, que su proyecto político, de él y de ella, siembra “dudas”, que “ninguna gestión municipal o autonómica por modélica que sea puede bastar para evitar una fragmentación de las bases electorales del PP” y que “cunde una sensación de desamparo, inseguridad e injusticia que es necesario disipar cuanto antes”.

Oyéndola atentamente y con cara de póker estaban, entre otros, Alberto Ruiz – Gallardón y Ana Mato. Hoy cada uno ha hecho su propia lectura de las palabras de la alcaldesa y como era de esperar han intentado llevar el agua al molino de Rajoy pero con escaso éxito. El botellazo político lo ha encajado Rajoy sin rechistar, como es propio de él, aunque ahora que acaba de atravesar el ecuador de la legislatura tal vez no tenga más remedio que abandonar su famosa posición de perfil y afrontar de cara al menos las críticas en su partido. Respecto a las que le llegan desde el conjunto de la sociedad española ya hemos perdido las esperanzas de que les haga algún caso.

Apaga la luz

Si el peso de un ministro en un gobierno viene dado por el respaldo que encuentran sus medidas entre sus compañeros de gabinete y ante quien lo preside, cabe concluir que el peso de José Manuel Soria en el equipo ministerial de Mariano Rajoy ha quedado seriamente tocado. Soria anunció a bombo y platillo el pasado mes de julio la reforma de todas las reformas, la llamada a enjugar de una vez y para siempre el misterioso déficit de tarifa eléctrica, ese que según los expertos se genera porque los españoles de a pie pagamos por encender la luz mucho menos de lo que cuesta hacer que la corriente llegue al bombillo.

No deja de ser llamativo que el tan traído y llevado déficit no haya dejado de crecer en los últimos años, a pesar de que los españoles somos de los europeos que más cara pagamos la energía eléctrica después de reiteradas subidas que suman ya más de un 60% en los últimos años y en plena crisis económica. Lo cierto es que Soria se apoltronó en julio tras la mesa de las ruedas de prensa de La Moncloa y tras el correspondiente Consejo de Ministros anunció a los cuatro vientos que había encontrado la fórmula mágica o cuadratura del círculo para que el déficit no solo no siguiera aumentando, sino para que quedara a cero más pronto que tarde.

Consistía básicamente en que eléctricas, consumidores y Gobierno pusieran todos de su parte para acabar con el desfase. La aportación global del Ejecutivo a tan loable fin se cifró en 3.600 millones de euros y, de ellos, unos 650 se destinarían a paliar la mitad de los sobrecostes que supone generar electricidad en Canarias. Estas cantidades deberían consignarse en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año aunque, para ir abriendo boca, los consumidores ya tuvimos que soportar en agosto otro bocado en la cartera en forma de un nuevo incremento del 3,4% en el recibo de la luz.

Aquella solución que Soria consideraba la definitiva tuvo la virtud de no gustar a nadie, ni a las eléctricas ni a los consumidores, hartos ya de ser tomados por los culpables del déficit de tarifa y, a este paso, hasta del asesinato de Kennedy. Se dijo entonces que la mejor solución es la que no deja completamente satisfechas a las partes. Se obviaba sin embargo que había alguien más que tampoco veía con buenos ojos que Soria echara mano de las arcas públicas para acabar con el déficit de tarifa. Ese alguien no era otro que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obsesionado con que lo que hay que recortar es el déficit presupuestario ya que no hay tantos brotes verdes a la vista como para permitirse las alegrías presupuestarias de Soria.

Así que, en el último momento y casi sobre la bocina, el PP ha presentado en el Senado una enmienda a los próximos Presupuestos Generales del Estado que elimina de un plumazo los 3.600 millones de euros con los que Soria quería pasar a la historia como el ministro que acabó con el déficit de tarifa eléctrica en España. Ahora, desautorizado y ninguneado en toda regla por Montoro, es el propio ministro de Industria el que baja la cabeza y asegura que sí, que lo primero es cumplir con el tope de déficit presupuestario y el eléctrico ya veremos cómo se arregla. Dice también que la supresión de esa partida no implicará una subida del recibo de la luz, algo que probablemente ni él se cree.

Las compañías eléctricas han montado en cólera por la inseguridad jurídica que estos cambios de humor gubernamental generan y los ciudadanos, especialmente los canarios, ya empezamos a echar cuentas de cuándo nos llegará el próximo calambrazo eléctrico. Tal vez los consumidores deberíamos de echarle una mano a Soria, cuyo refulgente brillo en el Gobierno empieza a tornarse mortecino, y apagar la luz. Seguro que así conseguiríamos acabar de una vez con el condenado déficit y darle una gran alegría a un ministro en horas bajas.

RTVV: nocturnidad y alevosía

A media noche, como los ladrones y los fantasmas, se personó en los estudios de la radio televisión pública valenciana la comisión liquidadora y ordenó parar. Se limitaban a cumplir las instrucciones emanadas desde el poder político, el mismo que ha mangoneado a placer y conciencia un medio público de comunicación a mayor gloria de sus fregados económicos y sus chanchullos políticos; el mismo que, después de dar la orden de cerrar la radio y la tele, puso cobardemente tierra de por medio para esquivar las protestas de los trabajadores; el mismo que elude asumir cualquier responsabilidad política por una desastrosa gestión de dos décadas que ha colocado a la radio televisión pública de la comunidad autónoma con 1.200 millones de euros en deudas y, ahora, a cerca de 2.000 trabajadores en la calle.

Los trabajadores (presentadores, cámaras, redactores, técnicos, etc.) han resistido heroicamente durante horas, hasta el último momento, ese en el que la policía ha entrado en la sede de un medio de comunicación para asegurarse del fin de las emisiones. Y no, la escena no se ha producido en una lejana república bananera gobernada por algún dictador corrupto con guayabera y sombrero tejano. Ha ocurrido en la democrática España, en donde se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información. Ese derecho ha recibido hoy un duro golpe como ocurre siempre que cierra un medio de comunicación que, en este caso, se da la circunstancia agravante de que era el único de carácter público de esa comunidad autónoma, el único llamado a defender y fomentar los intereses y la identidad de los valencianos.

Claro que ya sabemos que el concepto de lo público que tiene el partido político que gobierna en Valencia y en España no es mejor que el que tiene de la sanidad o de la educación. Sacan pecho los que hablan de “chiringuitos” para referirse a las radios y televisiones autonómicas en los territorios en los que no gobiernan los suyos. Sin embargo, callan con cobardía cuando son las radios y las televisiones gestionadas por ellos durante décadas las que presentan situaciones económicas insostenibles que, como ha ocurrido hoy en Valencia, se saldan por las bravas, con nocturnidad y alevosía.

El Gobierno valenciano pudo recurrir la sentencia que anulaba el ERE, pero no lo hizo; pudo también buscar una salida negociada y mucho menos traumática con los trabajadores, dispuestos a rebajarse los sueldos a cambio de salvar todos los puestos de trabajo posibles. Ni siquiera lo intentó porque la consigna era desde el minuto uno, cuando se puso en marcha el expediente de regulación de empleo, el cierre sin discusiones.

Seguramente estarán satisfechos pero se han cubierto de indignidad, por el modo en el que han gestionado un medio público y por las maneras con las que lo han liquidado. Aunque resulte paradójico dada su situación, los verdaderos triunfadores de esta lucha desigual son los profesionales de la radio televisión pública valenciana; ellos han resistido hasta el último momento a pie de cámara y micrófono y no serán precisamente los que pasen a la historia como los que apretaron el botón de fundido a negro. Ese dudoso honor les corresponderá para siempre a los políticos con nombre, apellidos y afiliación ideológica pública que se han ocultado en las sombras de la noche para acallar la voz de un medio de comunicación. 

Si tú me dices Wert

El PP y el Gobierno están hoy de enhorabuena y cuando eso ocurre España también está feliz. Después de un amplio debate social y mucho diálogo con todas las partes implicadas, mucho consenso, mucha cintura política por parte del esforzado y excelente ministro Wert y sin apenas contestación social en la calle o en las aulas, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por fin la reforma educativa tanto tiempo demandada. A partir de ahora, las nuevas generaciones actuales y venideras podrán disfrutar de un sistema educativo que hará de nuestros estudiantes de hoy y de mañana la envidia de los países más avanzados.

Admira esta reforma, sin duda llamada a durar y perdurar en el tiempo como una potente luz que guíe los pasos de nuestros jóvenes, por su férrea defensa de la escuela pública, por su decidida opción en favor de la laicidad, su rechazo a las injerencias de los obispos, su apoyo a las comunidades educativas y su franca y valiente defensa de una educación en libertad con la que chicos y chicas adquieran juntos las herramientas necesarias para ser ciudadanos y ciudadanas mejores, con más capacidad de pensar y decidir por sí mismos y, en definitiva, mucho mejor formados que sus padres y abuelos.


Ésta es, sin duda alguna, la reforma educativa que estaba necesitando España desde hacía décadas y el hecho de que haya contado con tanto respaldo social y político, algo que no ocurría desde los tiempos gloriosos de la Formación del Espíritu Nacional, ofrece más que sobradas garantías de que será muy difícil, por no decir del todo imposible, que un próximo gobierno de color distinto al actual se atreva a cambiarle una sola coma. Por su parte, los que pretendían aprovechar la reforma para introducir por la puerta de atrás la enseñanza de religión, perpetuando así su histórico control sobre la formación de las nuevas generaciones, ya se pueden dar por vencidos porque han perdido definitivamente la batalla.

Entre los innumerables aspectos positivos que acompañan esta reforma, aunque no formen parte directa de ella, hay que subrayar también la bajada generalizada de las tasas de matrícula, la generosa política de becas que proclama, la desaparición de filtros absurdos y apolillados como las reválidas o el extraordinario esfuerzo que se realizará a partir de ahora para reforzar los programas de apoyo a los alumnos que por sus condiciones o circunstancias especiales los necesiten.

Mención aparte merece el ambicioso programa de construcción de más escuelas, institutos, centros de FP y universidades para dar cabida a la avalancha de alumnos que esta histórica reforma educativa va a propiciar desde los primeros años de su aplicación. Son tantas las nuevas posibilidades que abre al estudio y la formación que los actuales centros no tardarán en quedarse pequeños e insuficientes más pronto que tarde. Todo el mundo podrá estudiar a partir de ahora, sobre todo y en primer lugar los alumnos de familias con menos recursos, y podrán hacerlo, además, en modernas instalaciones equipadas con las últimas tecnologías y con los más avanzados métodos pedagógicos.

Si las escuelas, institutos y universidades de este país tuvieran campanas hoy deberían de estar repicando a gloria tras la aprobación definitiva de la reforma. Por ahora pueden hacerlo en su lugar, y no sin motivos sobrados para ello, las de iglesias y catedrales, ermitas y conventos mientras un coro de voces blancas entona el “Si tú me dices Wert”, himno de alabanza al hombre que sabía que había que “hacer algo con la educación de este país” y lo ha hecho, ¡vaya si lo ha hecho!.

No hay vergüenza en AENA

El diccionario no tiene adjetivos suficientes para calificar el trato que AENA lleva dispensando desde hace más de una década a unos 5.000 vecinos de los barrios cercanos al aeropuerto de Gran Canaria. Todo comenzó a finales de los 90 cuando a algún cerebrito sin nada mejor que hacer se le ocurrió que había que construir una segunda pista. La idea cuajó y se pusieron en marcha los trabajos para redactar planes y proyectos que fueron convenientemente presentados y defendidos por los sucesivos ministros y ministras de Fomento.

Había dinero para llenar el país de aeropuertos y para ampliar los ya existentes. En el caso del de Gran Canaria, la construcción de una segunda pista se justificó en la necesidad de dar respuesta a los millones de turistas que iban a llegar a las islas y que iban a duplicar y a triplicar incluso los que lo hacían por entonces. Sólo que al cerebrito de turno y a los que le siguieron el juego se les pasó por alto un pequeño detalle: los cinco mil vecinos a los que habría que desalojar de sus casas para poder ejecutar aquel megaproyecto, para muchos disparatado por costoso e innecesario.


Cuando unos años más tarde se publicaron los nombres de aquellos cuyas casas serían expropiadas de manera forzosa, los vecinos afectados se pusieron en pie de guerra y exigieron ser realojados. Por fortuna para ellos, las instituciones canarias hicieron causa común con sus reivindicaciones y exigieron de AENA una solución que no pasara por quitarles las casas a precios de miseria sino en función de lo que estableciera el mercado.

AENA pareció entrar en razones y aceptó la firma de un protocolo para el realojo de los vecinos con la colaboración del ayuntamiento de Telde, en donde se ubica la mayoría de los afectados, y el Gobierno de Canarias. A partir de ahí empezó una constante tomadura de pelo a vecinos e instituciones  por parte de AENA que, en donde dijo digo, ha dicho ya varias veces Diego. La firma del acuerdo  se demoraba una y otra vez con una y mil excusas mientras los vecinos seguían sin poder abrir un negocio, construir, vender ni hipotecar sus viviendas sabedores de que nadie querría comprarlas si pesaba sobre ellas la demolición.

Así hasta que, cuando ya todo parecía a punto de resolverse de forma definitiva, AENA ha vuelto a descolgarse con otro plantón que indigna por las formas y por la reiteración en el engaño a vecinos e instituciones canarias. Un día antes de que se firmara el esperado convenio para el realojo de los vecinos en una zona que no afectara a la ampliación del aeropuerto, la empresa pública se ha aferrado a dos sentencias del Supremo que nada tienen que ver con el caso pero que a AENA le bastan y sobran para incumplir la palabra dada.

A ese débil argumento de leguleyo añaden otro del mismo tipo: no se puede hacer frente al realojo porque no se sabe a ciencia cierta cuándo se acometerá la ampliación aunque lo que es seguro es que no será antes de 2025, lo que equivale a decir que se hará por las calendas griegas o cuando las ranas críen pelo. Y mientras, los vecinos tendrán que seguir sufriendo el calvario y el engaño por tiempo indefinido y hasta amenazando con una nueva huelga de hambre para que se cumpla la palabra dada y los compromisos adquiridos.


La realidad no se le escapa a nadie: a alguien en Madrid se le ha encendido la luz y ha caído en la cuenta de que no están las cosas como para invertir una millonada en una obra de esa envergadura antes tan imprescindible, máxime con una privatización aeroportuaria a la vuelta de la esquina; en consecuencia ha considerado que lo mejor es dejarlo para más adelante o para nunca jamás y a los vecinos otra vez en la estacada.

¿Tienen alguna culpa los vecinos? ¿Son ellos los responsables de la imprevisión y doblez con la que han actuado AENA y Fomento? ¿Merecen este trato infame por parte de una empresa pública? ¿Hay solo que “disgustarse”, como dice la muy prudente Delegada del Gobierno en Canarias, o tendrán los vecinos maltratados que encerrarse en la Delegación o plantarse en el Ministerio de Fomento para exigir “por lo penal o por lo civil” que cumplan sus solemnes promesas la actual ministra y sus predecesores en el cargo?

Y ya de paso: ¿es cierto que hay un ministro canario en Madrid, por más señas natural del mismo municipio en el que reside la mayoría de los vecinos afectados y que tiene entre sus funciones hacer de mensajero de grandes ejecutivos del petróleo, o es sólo una leyenda urbana?

Días de vino y queso

En una rueda de prensa  organizada por su peor enemigo de imagen pública y de la que aún debe de estarse arrepintiendo, un apenado presidente de REPSOL dijo hace poco en Canarias que la “mala suerte del ministro Soria es ser natural de estas Islas”. Aludía así Antonio Brufau al amplio rechazo institucional, político y social que han generado en el Archipiélago las formas con las que el ministro decidió nada más llegar al cargo que su tierra natal tenía que convertirse a la fuerza y contra viento y marea en un nuevo Kuwait, sólo que sin chilaba, babuchas ni turbante, y todo ello a mayor gloria de la transnacional presidida por el ejecutivo catalán.

De connivencia entre REPSOL y el ministro nada de nada – dijo Brufau – y el que crea tal cosa que vaya a los juzgados. Puede que no haya tal connivencia en el sentido judicial del término pero que a Soria le ponen las plataformas y los pozos petrolíferos de REPSOL más que a un niño un caramelo parece fuera de toda duda. Lo acabamos de comprobar en las diligentes gestiones realizadas ante los gobiernos de Argentina y México a propósito de la expropiación de YPF a REPSOL por parte del Ejecutivo de Cristina Fernández.

Acabamos de saber incluso que, antes de que anoche y gracias a la mediación de Soria se alcanzara un acuerdo sobre la indemnización que recibirá REPSOL por quedarse sin su codiciado yacimiento argentino de Vaca Muerta, el ministro canario se había entrevistado en México con su homólogo de aquel país al que le entregó una carta escrita de puño y letra por Brufau en la que se recogían sus condiciones para el pacto. En este punto hay que precisar que la vela azteca en este entierro tiene causa en la participación del 10% que la petrolera pública mexicana PEMEX tiene en la española REPSOL y por tanto había que contar con el visto bueno del Gobierno centroamericano antes de cerrar nada con Argentina.

Resuelto felizmente este encargo, Soria se volcó entonces en cerrar el acuerdo definitivo con el Gobierno de Buenos Aires por la expropiación de YPF, lo que al parecer logró anoche y a plena satisfacción de Brufau. La petrolera española recibirá unos 5.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF y PEMEX incluso podría entrar en el negocio de la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Todo esto lo ha conseguido Brufau con una simple carta y sin moverse de España ni tener que hacer esos largos y pesados vuelos a México o a Buenos Aires para mantener interminables reuniones a horas intempestivas con presidentes de gobierno, ministros y consejeros delegados.

Un tiempo precioso que pudo emplear, por ejemplo, para darse un salto a Canarias, que queda mucho más cerca y a mano, y dedicarse a evangelizar a los indígenas sobre los beneficios infinitos del oro negro. Gracias a las eficaces gestiones del Ministro de Industria, Energía y Turismo del Reino de España, el presidente de REPSOL se afianza incluso en el puesto ahora que sus socios mexicanos lo tenían enfilado en desacuerdo con su gestión. Un vino de Lanzarote y un queso majorero es lo menos que se merece Soria por sus cumplidas gestiones en beneficio de REPSOL.

Bárcenas nunca militó en el PP

Que la ministra de Sanidad diga como ha dicho hoy que “jamás ha visto contabilidad B en el PP” no debería de sorprender a nadie. Ana Mato tampoco sabía quién pagaba los confetis para las fiestas de cumpleaños de sus hijos, sus viajes de placer o sus coches de alquiler y, por supuesto, vio un Jaguar en el garaje de su casa y tampoco se preguntó nunca si lo habían dejado allí los Reyes Magos u otros reyes sin barba pero con bigote.

Lo que de verdad sorprende – aunque muy poco – es que tampoco sepa nada de las cuentas en b la secretaria del partido, María Dolores de Cospedal. La mano derecha de Rajoy no da crédito alguno al auto del juez Ruz en el que asegura que el PP pagó con dinero negro las obras de remodelación de la sede de Génova. Para empezar, porque el juez habla de “una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”. ¿Se echó también mano de la contabilidad paralela para los pagos en negro a la propia Cospedal o a Rajoy, entre otros? Tal vez no tardemos mucho en salir de dudas – si es que aún las hay – una vez el juez avance en sus indagaciones.

 
Cuando Cospedal creía en las dimisiones

Ahora bien, no creo que ni siquiera un nuevo auto de Pablo Ruz en el que afirme que el presidente del PP y del Gobierno, María Dolores de Cospedal y otros dirigentes populares recibieron suculentos sobres en b influya mucho sobre el discurso de la secretaria general. Lo suyo es sostenella y no enmendalla en nombre de Rajoy, sople todo lo fuerte que quiera el viento o amenace esa corriente continua de la que habla el juez con provocar una pulmonía letal en quienes se obstinan en negar las evidencias cada vez más palpables del oscuro chiringuito contable en el PP.

De hecho, Cospedal ni siquiera parece reconocer que Luis Bárcenas fue hasta el otro día tesorero del PP y, ya puestos, ni siquiera militó nunca en este partido. ¿Bárcenas? ¿Quién es ese señor? ¿Cómo ha dicho que se llama? ¿Bárcenas? ¡Ah, no! No me suena y no conozco a nadie llamado Bárcenas, debe de ser un error porque en nuestro partido nunca ha militado nadie con ese nombre y si ese señor tiene cuentas poco claras nada tiene eso que ver con el PP. En consecuencia cabe concluir que la reciente retirada de la querella que el PP presentó contra EL PAÍS por publicar los “papeles de Bárcenas” también debe de haber sido un error.

Para el PP, el equivocado en todo este asunto es, sin duda, el juez Ruz, que ve cosas raras en las cuentas de los populares, primorosamente auditadas por el Tribunal de Cuentas y tan transparentes como una mañana de primavera. Y para demostrarlo, el PP le pedirá a la Fiscalía que le vuelva a echar un capote y que revise otra vez la contabilidad y así salimos todos de dudas, malpensados.

Incluidos los que consideramos que Rajoy tenía que haber dimitido hace mucho tiempo porque ha mentido desde el minuto uno de esta escandalosa historia y, lo que es más grave aún, por que mintió cuando a comienzos de agosto dijo solemnemente en el Congreso de los Diputados, adonde acudió casi a rastras, que su partido nunca ha manejado dinero negro. Lo ocurrido con Bárcenas y sus papeles en negro no es un “error”, como recientemente ha dicho Rajoy en una entrevista en radio, sino un delito. Y es precisamente a ese delito al que apunta el juez Ruz en su auto es a lo que tiene que responder políticamente y, en su caso, judicialmente el presidente del Gobierno y su partido ante todos los españoles.

¡Qué suerte vivir aquí!

No somos conscientes los españoles de la suerte de vivir en este país y territorios aledaños ni mostramos el suficiente agradecimiento al partido que nos gobierna desde hace ahora dos años. Sospecho que somos la envidia de medio mundo, porque ¿dónde como en España están garantizadas por los siglos de los siglos la sanidad, las pensiones, la educación, el acceso a la Justicia o las políticas sociales? Ello es posible gracias a una tenaz política de recortes, ajustes y reformas sin las cuales nada quedaría ya.

Agradezcamos pues que la reducción de las partidas presupuestarias a la Sanidad nos haya garantizado un acceso universal y de calidad a un servicio tan esencial. Que lo preste una clínica pública o privada es lo de menos ya que, como sabiamente ha dicho nuestro presidente, lo importante es que “cure rápido”. Mostremos además nuestra gratitud tras los recortes en becas y las subidas de las tasas de matrícula porque, junto a las barreras con alambradas llenas de cuchillas que trae la valiente Ley Wert, conseguirán por fin impedir el paso de los menos pudientes al sistema educativo público; todo ello hará que aquellos jóvenes que no puedan costearse estudios recurran a un mercado laboral que les espera con los brazos abiertos para ofrecerles un empleo de esclavos a tiempo completo. Sin duda, coincidirán conmigo, no hay mejor manera de de garantizar la calidad y la universalidad de la educación que disminuyendo drásticamente el número de estudiantes.
Así serán en el futuro las protestas contra la Ley Wert
El reconocimiento que merece el Gobierno por sus medidas para garantizar servicios y derechos básicos debe extenderse también a la Justicia: desde que a Ruiz – Gallardón se le ocurrió la genial idea de imponer tasas por pleitear el número de pelmazos en los juzgados se ha reducido un 40% y los jueces tienen ahora mucho más tiempo para perseguir la corrupción y los delitos de cuello blanco.

La panoplia de medidas para garantizarnos a todos un futuro lleno de parabienes se completa ahora con una espléndida ley de Seguridad Ciudadana que obligará a quienes quieran manifestarse contra el Gobierno a hacerlo en fila india ante la policía, sin chistar, con las manos en alto y el carné de identidad en la boca. Puede que sean las manifestaciones más surrealistas desde las grandes concentraciones de masas en la madrileña Plaza de Oriente para escuchar a aquel gran orador llamado Francisco Franco, pero ¿y la seguridad que transmitirán a los ciudadanos de ley y orden de toda la vida? ¿y la paz que irradiarán al mundo, que nos verá como un país obediente y respetuoso con sus gobernantes?

Eso sí, ya pueden irse preparando los que no cumplan para pagar las sabrosas sanciones que les esperan, ya sea por asuntos relacionados con la prostitución, porque hayan participado en un botellón o en un escrache, por haber mirado mal a un policía o por una sentada o una protesta frente a algún edificio público sin habérselo comunicado por escrito, en papel oficial y con veinte pólizas a la autoridad competente.

Se va a enterar por fin esa patulea de plataformas de todo tipo, sindicatos y mareas de todos los colores lo que es orden y respeto en este país en donde llevamos demasiado tiempo de relajo y molicie. Como ha dicho también con gran acierto nuestro presidente, la nueva ley “garantiza la seguridad y la libertad de todos”. Exactamente lo mismo que ocurre con los recortes en sanidad, educación o Justicia. Lo dicho: ¡qué suerte vivir aquí!

Indultos a granel

La noticia ha caído hoy como una bomba en la sociedad canaria. El Consejo de Ministros acaba de perdonar la condena de tres años y un día de cárcel al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. En la sentencia de la que ahora se le indulta, Ramírez fue encontrado culpable de un delito contra la ordenación del territorio al levantar en suelo rústico varias obras (pajarera, pérgola, estanque, aparcamientos, etc.) en su vivienda. El perdón, publicado ya en el BOE, establece como condición que Ramírez derribe las obras ilegales pero éste ya ha dicho que no piensa hacerlo hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentó contra la sentencia que le condenó.


Ramírez no es un desconocido para la sociedad canaria y no sólo por su condición de presidente de un histórico del fútbol como la Unión Deportiva Las Palmas, desde hace años entidad netamente privada. Sin embargo, disfruta en exclusiva del Estadio de Gran Canaria, propiedad del Cabildo de la isla, gobernado por el PP, del que también recibe ayudas públicas.

Además, es un activo empresario que aparece incluso como donante de fondos al PP, amén de haber conseguido para sus empresas numerosas adjudicaciones de servicios públicos de instituciones gobernadas por los populares, entre ellas, la seguridad en varias zonas del metro de Madrid. También cuenta con simpatizantes en el mundo de la fiscalía: en junio de 2012 sus empresas patrocinaron unas jornadas jurídicas que dirigió el Fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas. Se da la circunstancia de que Ródenas es el mismo fiscal que debía informar de la petición de indulto del empresario al Ministerio de Justicia, cosa que hizo favorablemente.

Ahora, una conjunción interestelar le ha transmitido la buena nueva: ya no tendrá que ir a la cárcel, el Gobierno le perdona la pena antes incluso de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso y sólo tendrá que derribar las obras ilegales e ilegalizables. Esforzándose por disimular su enfado, el Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, ha dicho hoy que “el indulto no aleja la idea del delito”, o dicho en román paladino, el perdón no borra el delito del perdonado.

Cabe subrayar que, junto al indulto de Ramírez, el BOE publica otros 22 perdones, todos de una tacada, de manera que la media anual de indultos otorgados ronda los 500. Estamos pues, ante una suerte de justicia paralela que burla el principio de la separación de poderes – un principio cada vez más en declive – y que el Gobierno, tanto éste como los anteriores, han empleado a discreción y sin motivar las razones de justicia, equidad o utilidad que le llevan a librar a alguien de la pena que le han impuesto los tribunales.

La figura, recogida en la Constitución Española como facultad del Rey previo informe del Consejo de Ministros, reclama una reforma urgente que obligue al menos a motivar con claridad las razones del perdón y delimitar los tipos de delitos que no pueden acogerse a él. Del actual estado de cosas a la arbitrariedad no hay más que un paso y al uso del indulto con fines políticos menos aún.

Rajoy da las gracias

Es llamativa la discreción con la que el Gobierno y el PP han pasado hoy de puntillas sobre el segundo aniversario de su aplastante victoria electoral del 20-N de 2011. Tal vez sea mala conciencia, pero lo cierto es que sólo el presidente Rajoy se ha permitido darnos las gracias por nuestros esfuerzos y asegurar que “ahora las cosas están un poco mejor”. Magro balance, cabe decir, después de dos años de gobierno obsesionado con las reformas estructurales – vulgo recortes y pérdida de derechos - y con hacer todo lo contrario de lo que prometió en las elecciones el partido que lo sustenta.

El forzado agradecimiento del presidente a los españoles ni siquiera se produjo en la tribuna del Congreso o en La Moncloa o, ya puestos, a través de un televisor de plasma al que tan aficionado es Mariano Rajoy. Ha sido en los pasillos del Congreso, entre una nube de cámaras y micrófonos y sin posibilidad – como es marca de la casa – de repreguntar nada, que había prisa para seguir reformando y alegrándonos a todos la vida. Ha dicho también el presidente sin que se le moviera un pelo de la barba y sin que nada indicara que estaba ironizando, que las medidas tomadas por su gobierno han sido "duras y difíciles pero equitativas".


Hagamos somero balance: más allá de que no ha cumplido una sola de sus promesas sino todo lo contrario, decir que la situación del país es hoy, dos años después de las elecciones, un “poco mejor” suena a burla viniendo de alguien que se ha esmerado a fondo en abrir una creciente brecha en la cohesión social del país. Puede, no se lo vamos a negar, que las grandes cifras macroeconómicas pinten un poco mejor que hace dos años pero ni de lejos y con prismáticos eso es consecuencia de una política cuidadosa de que los sacrificios se hayan repartido con equidad, como asegura Rajoy.

Es más, esa política económica de la que tanto alardean el presidente y sus ministros ha sido incapaz de reducir de manera significativa el paro a pesar de su agresiva reforma laboral y sigue sin desatascar el crédito bancario después de los miles de millones de euros de dinero públicos inyectados a la banca que pagaremos todos de nuestros bolsillos. En paralelo, la lucha contra el fraude a la Hacienda Pública brilla por su ausencia después de una vergonzosa amnistía, la anunciada reforma fiscal se ha aplazado al tercer año de la legislatura y la rebaja de impuestos sigue y en el aire. Sólo tal vez con la proximidad de las elecciones de 2015 se atreva el presidente a llevarla a la práctica, siempre y cuando Bruselas se lo permita, a ver si así recupera el terreno electoral perdido durante estos dos últimos años.

Por tanto, la equidad no es una palabra que el presidente debiera emplear de forma tan irresponsable después de dos años de recortes inmisericordes en las relaciones laborales, la sanidad, la Justicia, la educación y las políticas sociales que han castigado con desigual dureza a las clases medias y bajas frente a las altas, aquellas para las que la equidad no significa absolutamente nada y que con la crisis han visto mejorada su posición de forma sustancial.

La sociedad española no necesita que Rajoy le dé las gracias por “los esfuerzos” mientras la pica en la trituradora de su mayoría absoluta para imponer su ideario social, económico y político con iniciativas como la próxima y represiva ley de Seguridad Ciudadana. Lo que necesita es que los responsables de esta crisis paguen por ella y que quienes más pueden arrimar el hombro para salir de esta situación lo hagan. Ni una cosa ni la otra han ocurrido con Rajoy en el Gobierno ni tiene visos de que vaya a ocurrir en los dos años que quedan de legislatura.


Lo que necesita y reclama la sociedad ante la que el presidente se muestra tan agradecido no es un golpecito en la espalda sino medidas firmes y valientes para acabar con la corrupción, empezando por la de su propio partido y continuando por la que ronda a la mismísima Casa Real, dotar de verdadera transparencia a la administración pública, sacar a la Justicia de la lucha partidaria y enfrentar en lugar de rehuir las tensiones territoriales que con su presidencia no han hecho sino agudizarse.

Véase no sólo la situación en Cataluña sino en Canarias, que lleva dos años soportando un castigo reiterado en los presupuestos del Estado y una inusitada presión para que acepte ser la comparsa de los intereses de una compañía petrolera por la única y simple razón de que el PP no gobierna en esta comunidad autónoma.

¿Gracias? ¿Medidas equitativas? ¿Un poco mejor? ¿De qué país es presidente Mariano Rajoy?

Solbes vuelve por Navidad

Sufro de alergia crónica a las memorias con las que de un tiempo a esta parte nos atosigan políticos de toda suerte y condición. Bono, González, Aznar o Zapatero perpetran sus respectivos recuerdos en libros que no suelen pasar de ser flor de un día de platós, redacciones y librerías pero que los ciudadanos suelen sabiamente ignorar salvo que quieran castigar a algún mal amigo por Navidad, santo o cumpleaños. Ni siquiera los historiadores del pasado reciente parecen muy interesados por los recuerdos políticos de quienes escriben desde la cómoda posición de ser juez y parte y contar por tanto sólo aquello que conviene y beneficia a su imagen pública.

De ese estigma no escapa otro libro – uno más – de memorias políticas. Se titula “Recuerdos” – muy original el título, cómo pueden apreciar – y lo firma Pedro Solbes, el otrora poderoso vicepresidente económico con Rodríguez Zapatero. Confieso no haberlo leído y no tener intención alguna de hacerlo. Sin embargo, no he podido evadirme de leer lo que sobre el libro se ha escrito en varios medios o escuchar al propio autor que estos días recorre platós de televisión y estudios de radio en un intento de autojustificación de lo que pudo haber hecho y no hizo cuando la crisis económica que nos acogota ya se oteaba en el horizonte.

Puede que sea la edad o puede que sean sus múltiples ocupaciones como consejero de la eléctrica italiana ENEL, matriz de ENDESA, pero lo cierto es que a Solbes ya se le ha olvidado lo que dijo en su día sobre la burbuja inmobiliaria, la recesión económica o el sistema financiero español. En síntesis, que nada de lo que luego ha ocurrido iba a ocurrir aunque ahora achaque el desastre a una suerte de conjunción astral que llevó al país a la peor crisis de su historia reciente. 

A estas alturas nadie niega que algunas de las causas de la crisis fueron externas pero nadie – ni siquiera Solbes – puede negar tampoco que había factores internos que no se ponderaron adecuadamente o, como dice ahora el ex ministro –, “no se hizo lo suficiente para desactivarlos”, caso de la burbuja inmobiliaria y la desastrosa situación de las cajas de ahorro. En cualquier caso, quien desee ilustrarse a fondo sobre algunas de las frases sobre la crisis que Solbes parece haber olvidado por completo, puede echarle un vistazo a este esclarecedor enlace: http://noticias.lainformacion.com/espana/solbes-donde-dije-digo_PIDX3ppnnIi4iVZb1Modb5/
 
Ahora, Solbes se arrepiente de haber seguido en el Gobierno de la segunda legislatura de Zapatero y afirma haberle envido un documento al presidente en 2009 - con la crisis ya en su apogeo -  con algunas medidas para hacer frente a la situación pero nadie, salvo el propio Solbes, parece haberlo visto nunca. En él, y según su propio relato de los hechos, el ex ministro ya apuntaba maneras con medidas como el abaratamiento del despido que luego Zapatero se vio obligado a aplicar por imposición de los mercados y que el PP ha desarrollado y profundizado con tesón y entusiasmo dignos de mejor causa.

Escuchando o leyendo lo que Solbes dice estos días en las entrevistas, alguien que acabara de llegar a este país después de un largo periodo en el extranjero jamás creería que este señor fue nada menos que vicepresidente económico del Gobierno en los años primeros de una crisis que todo el mundo vio menos él y el gabinete del que formaba parte. Tal vez para eso sirvan las memorias, para intentar borrar o cuando menos ocultar el pasado cuando el pasado es tan digno de olvidar.