"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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5 de marzo de 2014

Historia de un recurso o cómo hacer un pan como unas tortas

Mientras los gobiernos canario y central negociaban sus diferencias sobre la ley turística de las islas, el ministro del ramo, José Manuel Soria, amagaba un fin de semana tras otro con llevar la norma al Tribunal Constitucional. Con esa presión sobre sus cabezas negociaban los representantes de ambos gobiernos, cada día más convencidos de que pasara lo que pasara la ley acabaría en el Alto Tribunal. Así, a medida que se acercaba el final del plazo que ambas administraciones se habían dado para evitar la judicialización de esa ley, resultaba cada vez más evidente que el recurso no sería tanto el fruto de una abnegada defensa de los principios constitucionales o las directivas comunitarias, sino una manera de ponerle un buen palo en las ruedas a la necesidad de modernizar la planta alojativa más obsoleta.

En ese objetivo contó el ministro con la inestimable colaboración del cabildo de Gran Canaria que, presto a seguir la estrategia de su jefe de filas, intentó derivar el contencioso hacia el manido terreno del pleito insular. No le fueron a la saga los empresarios grancanarios, los turísticos entre ellos, que también clamaban por el recurso si la ley no se adaptaba a sus demandas. Sin que acabara el plazo para la negociación y justo una semana después de que el Gobierno canario anunciara que pediría autorización para celebrar una consulta sobre las prospecciones petrolíferas, llegó la réplica de Soria: habrá recurso de inconstitucionalidad.

Hecho el anuncio que muchos daban por seguro desde hacia tiempo, el Consejo de Ministros lo estudió y autorizó y apenas tres días más tarde se presentó en el Constitucional. Las prisas y las carreras de última hora debieron de ser la causa de que, en el escrito ante el Constitucional, la Abogacía del Estado cometiera el histórico error garrafal que expertos constitucionalistas y en derecho urbanístico coinciden en apuntar. Porque seguramente esta es la primera vez en la que un Gobierno pide en un recurso de inconstitucionalidad justo lo contrario de lo que buscaba. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido, porque al solicitar expresamente que se suspenda la aplicación de los preceptos de la ley que permiten la construcción de hoteles y apartamentos de cinco estrellas, los únicos que no están vinculados a la renovación de la planta alojativa, lo que ha hecho es blindar que todo lo que se construya tendrá que partir de la rehabilitación. Es lo que se llama popularmente hacer un pan como unas tortas.

La primera interpretación que del recurso hizo el ministerio de Turismo aseguraba que, una vez admitido a trámite el escrito, se abría la puerta a la construcción de todo tipo de establecimientos turísticos en suelo calificado para ese uso. Dos días después, esa interpretación empezó a agrietarse y el propio Ministerio reconoció que no sabía qué efectos tendría el recurso y, lo que es más asombroso, anunció que el Gobierno “se reuniría con los servicios jurídicos del Tribunal Constitucional y la Abogacía del Estado” para aclararles que “el espíritu del recurso” es que se puedan levantar hoteles de cualquier categoría sin vinculación con la rehabilitación.

En otras palabras: “señores magistrados del Constitucional, disculpen, patinamos y lo que queríamos decir con el recurso no es lo que dice el recurso; sean buenos y comprensivos y no tengan en cuenta la letra del escrito sino el espíritu que la inspira”. Claro que, mientras los magistrados del Constitucional deciden si se atienen a la letra o toman en consideración las “aclaraciones sobre el espíritu” de la misma, los inversores empiezan a guardar el dinero en la caja fuerte y a paralizar las inversiones previstas. Es lo que se llama incertidumbre e inseguridad jurídica, los dos principales enemigos de cualquier inversión capitalista. Los empresarios turísticos que antes querían recurso ahora lloran sobre la leche derramada y los que se oponían a judicializar la ley le exigen al Gobierno que retire tamaña chapuza ante la espantada de los inversores. ¿Cómo arreglará ahora Soria el desaguisado?  Continuará…

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