Justicia y cintas de audio

Los solemnes actos de apertura del Año Judicial - así, con mayúsculas - suelen tener un aspecto apolillado y con fuerte aroma a cerrado, muy propio de lugares en los que se hace urgente abrir las ventanas para que entre aire fresco. En ese sentido, el de este año en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no se ha diferenciado en nada con respecto a los de las últimas décadas. Lo único nuevo, y no para bien, ha sido escuchar al presidente del máximo órgano judicial de la comunidad autónoma, Antonio Doreste, haciendo una encendida defensa de lo bien que lo hace y lo mucho que se esfuerza la Fiscalía Anticorrupción en perseguir a los malandrines, aunque no hay constancia de que tuviera petición alguna de nadie para romper esa lanza en favor del ministerio público. Extraña porque, un jurista de su prestigio, debería tener siempre muy presente aquel latinajo tan sabio según el cual excusatio non petita, accusatio manifiesta. 

No fue, sin embargo, esta proclama de un juez a mayor gloria de la fiscalía  lo que animó por una vez los oscuros pasillos de la vetusta sede institucional del poder judicial en las islas. De eso se encargaron dos jueces - un juez y una jueza - pertenecientes a ese mismo Tribunal y que vienen protagonizando desde hace tiempo una batalla por entregas y cintas de audio que está dejando la imagen de la Justicia, con mayúsculas también, para el arrastre. El reparto se completa con un conocido empresario y dirigente futbolístico que no se para en barras a la hora de grabar de extranjis una conversación con uno de los jueces de la disputa y en la que no parece haber muchas dudas de que conspiran para arruinarle la carrera profesional a la jueza y cortocircuitar para los restos sus aspiraciones políticas. Todo ello y por si fuera poco alarmante lo anterior, con el añadido muy agravante de que ese mismo juez grabado es el que investiga al empresario grabador por un presunto fraude millonario a Hacienda y a la Seguridad Social. 

Si bien un reciente informe pericial de la Guardia Civil ha concluido que la grabación que el empresario entregó en el juzgado tiene más cortes que una película de rollos, lo cierto es que lo que se ha filtrado y puede escucharse en cualquier medio digital estos días es material suficiente como para hacerse unas cuantas preguntas a cuál más inquietante. Hay que empezar preguntándose por qué un juez recibe en su despacho profesional a alguien a quien está investigando por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. De seguido y por su propio peso cae la siguiente cuestión: con qué objetivo graba la conversación el empresario y con qué fin la entrega en un momento determinado y no en otro en un juzgado. 

En relación con la cuestión anterior y a la vista de lo que dice el peritaje de la Guardia Civil, también hay que preguntarse quién y por qué mutiló la grabación original entregando el empresario en el juzgado una edición resumida de la conversación con el juez. En ese contexto qué cabe interpretar de que en la parte de la grabación que no se entregó y que la Guardia Civil ha podido rescatar de la grabadora aparezcan nombres de conocidos políticos, empresarios y magistrados, habituales muchos de ellos del palco de honor del estadio de fútbol en el que juega el equipo que preside el empresario grabador. 

Se podrían formular algunas preguntas más pero las planteadas son más que suficientes para sentir la necesidad de taparse la nariz ante el hedor que se desprende de todo este asunto. ¿Estamos atisbando sólo la punta de un iceberg de conchabo, compadreo y promiscuidad entre determinados jueces, políticos y empresarios en perjuicio o en beneficio de terceros? ¿Es de recibo que un magistrado se siente presuntamente  a compadrear con un investigado sobre cómo responder en un interrogatorio de manera que sus declaraciones perjudiquen a un tercero, la jueza en este caso? ¿Se puede grabar de tapadillo una conversación en sede judicial, trocearla para que diga lo que se quiere que diga y luego utilizarla con fines bastardos? 

A la vista de lo que vamos sabiendo, se puede y de hecho se hace. No es menor el encargo que tiene entre sus manos el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que preside Antonio Doreste: aclarar, huyendo de cualquier tentación corporativista y a la mayor rapidez posible, si las cosas son como parecen o no lo son. De Doreste nos hubiera gustado escuchar esta semana, además de su arenga en favor de los fiscales que no parece que le corresponda hacer a un juez, alguna declaración sobre cómo y cuándo piensa el órgano judicial del que es el máximo responsable poner luz sobre un caso que deteriora gravemente la imagen y la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Puede que el año que viene haya más suerte.