El timo de las plusvalías

Me maravilla lo candorosos que somos a veces los ciudadanos de este país cuando toca pasar por alguna de las numerosas cajas públicas en las que pagar nuestros impuestos. Nos quejamos y criticamos que nos cobren por todo ayuntamientos, cabildos, gobiernos autónomos y gobierno central pero sacamos la cartera y ni siquiera nos preguntamos si todo lo que pagamos está sustentado en la lógica más elemental. Eso sí, en cuanto nos plantean hacer algo para que paguen más los que más tienen, para que se persiga el fraude y la evasión fiscal y para que los impuestos que pagamos respondan a criterios razonables enseguida se nos pasa el enfado.

Vaya por delante que no soy un enemigo de los impuestos, más bien al contrario. Como han demostrado durante décadas los países escandinavos, un sistema fiscal progresivo sin recovecos por los que escaquearse es la mejor manera de conseguir una redistribución lo más justa posible de la riqueza y de favorecer por tanto la igualdad social. De lo que estoy en contra es de que las administraciones públicas tomen a los ciudadanos por rehenes y les apliquen impuestos tan absurdos como el de las plusvalías por la compra venta de propiedades urbanas sin que importe ni poco ni mucho si ha habido ganancias o pérdidas en la operación.

“El impuesto sobre una plusvalía inexistente que han aplicado los ayuntamientos es  confiscador y falto de toda lógica”

Tuvo que ser un ayuntamiento vasco el que advirtiera por primera vez de la posible inconstitucinalidad en la que estaban incurriendo todos los ayuntamientos de este país al cobrar por una plusvalía que no se había producido. Ahora ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha venido a confirmar el despropósito y la sinrazón de ese impuesto que el legislador tendrá que reformar más pronto que tarde para adaptarlo a la doctrina del alto tribunal. 

Los ayuntamientos perderán un buen pico con este fallo constitucional que echa por tierra una importante fuente de ingresos para las arcas municipales. En cualquier caso, lo que no puede seguir ocurriendo, porque así lo establece la decisión del Constitucional, es que por la simple titularidad durante un cierto tiempo de una propiedad urbana el ayuntamiento de turno ya deduzca que se ha obtenido un beneficio en el momento de la venta y nos aplique el correspondiente impuesto revolucionario. Eso es sencillamente confiscador y contrario a toda lógica económica y de la otra como demuestra lo ocurrido con muchas de esas propiedades en cuanto estalló la burbuja inmobiliaria.

"Deben prepararse los ayuntamientos para hacer frente a las reclamaciones de los ciudadanos"

Deben además prepararse los ayuntamientos para hacer frente a una posible avalancha de ciudadanos que, ahora sí, reclamarán que se les devuelva el dinero pagado indebidamente en concepto de plusvalía. Animándoles a que lo hagan hay ya no pocos despachos de abogados que han visto en esta decisión del Constitucional otra buena oportunidad de negocio como ya ocurrió con las preferentes, las acciones de Bankia o las cláusulas suelo. 

Convendría que a quien le corresponda la responsabilidad se pusiera cuanto antes manos a la obra para adaptar la regulación de ese impuesto a lo que dice el Constitucional y el sentido común más elemental que, como demuestra este fallo, no es el más común de los sentidos si por medio hay dinero fresco.  Hay que empezar por dejar bien claro qué pruebas deben aportar particulares y empresas como las promotoras inmobiliarias para demostrar que no ha habido enriquecimiento y que por tanto no ha lugar a aplicar el impuesto. A ver si en esta ocasión estamos algo más atentos para que los ayuntamientos no vuelvan a tomarnos por simples paganinis obligados a apoquinar y a callar.