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Maniobras judiciales en la oscuridad

A pesar de haberse convertido en el primer ministro de la democracia reprobado por amplia mayoría del Congreso de los Diputados, a Rafael Catalá no se le ha movido un pelo de la barba. Se siente expresamente respaldado por Rajoy que tiene en él a un excelente dique de contención de la nueva marea de chapapote corrupto en la que vuelve a chapotear el PP. Desde la óptica del Gobierno, es innegable que Catalá está prestando excelentes servicios como corrobora haber puesto a José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General del Estado y este a su vez a Manuel Moix al cuidado de la Fiscalía Anticorrupción.

El ministro ha mostrado además su lado más generoso – ¡qué sería de la Justicia sin generosidad! – y ha deseado que “acaben pronto los líos” a un flamante presunto corrupto como Ignacio González. En servicios a la causa no se ha quedado atrás Maza, que no tuvo reparos en ordenar a un fiscal anticorrupción de Murcia que no acusara a otro presunto corrupto del PP, el ex presidente de la comunidad autónoma. Aunque para méritos los de Moix, el preferido de Ignacio González para la Fiscalía Anticorrupción, que se batió el cobre para detener los registros de la “operación Lezo” hasta el punto de provocar un motín de los fiscales madrileños. Méritos todos ellos que han conseguido enfadar hasta a las asociaciones de fiscales más conservadoras, por no hablar de las progresistas, que al unísono han pedido sin éxito que rueden cabezas. 
“Es innegable que Catalá está prestando excelentes servicios al Gobierno”
Los tres – Catalá, Maza y Moix – han sido reprobados por la mayoría del Congreso de los Diputados y a ninguno de los tres se le ha pasado siquiera por la cabeza irse a sus casas. Al final, qué es el Congreso sino la sede de la soberanía popular a cuyas decisiones podemos hacerles un limpio corte de mangas y continuar como si tal cosa. En cualquier otro país democrático el ministro se habría ido a casa antes de sufrir la vergüenza de una reprobación política y lo mismo habrían hecho los otros dos reprobados. En España, por el contrario, se saca pecho, se niega la mayor y se convierte el Congreso en un alegre pasatiempo para los aburridos martes por la mañana.


En un país en el que el partido en el Gobierno está hasta las cejas de corrupción es importante tener mucho cuidado con la persona que pone ese partido al frente del ministerio de Justicia. No vale cualquier cantamañanas al que se le ocurra nombrar un fiscal general desafecto y le haga un roto irreparable.  Debe mirarse con mucha atención y ante todo el pedigrí político para evitar disgustos y en segundo lugar el profesional. Es cierto que el mal que supone el control orgánico, jerárquico y sobre todo político del Ministerio Público por parte del partido en el gobierno es viejo y que ya lo sufrimos en su día con personajes como el presunto socialista Eligio Hernández. Sólo que ahora la corrupción conocida ha alcanzado niveles cercanos a la inundación y la sensibilidad social es infinitamente superior, de manera que lo que haga un ministro de Justicia y su fiscal general no pasa precisamente desapercibido.

“Para Justicia no vale cualquier cantamañanas que nombre a un fiscal general desafecto y haga un roto irreparable”

Como no ha pasado desapercibido que justo en la semana en la que Catalá y la cúpula fiscal han sido reprobados, el Consejo del Poder Judicial – otro órgano que merece ser puesto patas arriba de inmediato  para acabar con su control político – ha tenido a bien enviar al juez Velasco a una plácida Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Será casualidad pero resulta difícil de creer: Eloy Velasco es el juez que instruye precisamente los casos Lezo y Púnica que afectan de lleno al PP de Madrid y que ahora tendrá que dejar sobre la mesa para que se ocupe de ellos aquel que por concurso ocupe la plaza, algo que se tomará su tiempo.

El nuevo tendrá que aprenderse ambos casos antes de decidir qué rumbo seguir y mientras el escándalo bajará unos cuantos grados  que le servirán al PP para tomar aire. No obstante, antes de irse el juez Velasco ha tomado dos decisiones de calado. Por un lado, ha fijado una fianza de 400.000 euros para que Francisco Granados, cabecilla de la Púnica y una de las ranas de Esperanza Aguirre, pueda salir de prisión. La otra ha sido rechazar el procesamiento de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes a la que informes de la Guardia Civil, seguramente filtrados por fuego amigo, vinculan también con esa trama corrupta. Pareciera como si alguien en el PP no le perdonara a Cifuentes haberse convertido en la heroína de la lucha contra la corrupción en el partido dejando a Rajoy y al PP como consentidores pasivos del saqueo de lo público a la sombra de la gaviota. ¡Cómo está el servicio, señorito!, que diría Gracita Morales. 

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