Chantaje marroquí y debilidad española

Con la tinta del artículo de Iván Redondo del lunes en EL PAÍS aún húmeda, en la ciudad autónoma de Ceuta ya empezaban a pasar cosas que un Gobierno menos atento a la autopromoción de su presidente y mucho más a las señales procedentes de Marruecos tenía obligación de haber previsto. Así, mientras el artículo del gurú en jefe de La Moncloa allanaba el camino y preparaba el ambiente para que Pedro Sánchez presentara el jueves su Plan 2050, una muestra más de su narcisismo político a largo plazo, en Ceuta la gendarmería marroquí invitaba amablemente a pasar a España a todo el que lo deseara. 

Un Gobierno a por uvas

En  pocas horas miles de niños, jóvenes, mujeres y adultos incrementaron en cerca de 10.000 personas la población de una ciudad de apenas 85.000 habitantes. En Madrid, mientras tanto, el Gobierno en peso estaba a por uvas mirándose la pelusilla del ombligo. A la ministra de Exteriores no le constaba que Marruecos hubiera abierto gentilmente la puerta de paso; la portavoz María Jesús Montero pedía que "no se criminalice" a los inmigrantes y el ministro Marlaska sacaba pecho a toro pasado y presumía de "colaboración con Marruecos" para devolver en caliente y sin muchos miramientos a quienes habían entrado como Pedro por su casa. 

EFE

La guinda chusca del despropósito no la podía poner otro que el propio Gobierno, que ese mismo día no tuvo mejor ocurrencia que aprobar en Consejo de Ministros dar 30 millones de euros a Marruecos para controlar la inmigración irregular. Solo empezó a reinar cierta cordura cuando Pedro Sánchez compareció para defender la integridad territorial y, para respaldar sus palabras, viajó  a Ceuta y a Melilla. En Canarias, por cierto, echamos de menos que el presidente tuviera la misma sensibilidad cuando miles de inmigrantes se hacinaban en el muelle de Arguineguín ante la indiferencia de su Gobierno. Por su parte, la UE echó un cabo advirtiendo a Marruecos de que las fronteras españolas también lo son comunitarias y el régimen alauí plegó velas por ahora y admitió la devolución de sus ciudadanos. 

Construyendo el relato

Este es el resumen general de unos hechos que tienen, no obstante, mucha letra menuda. Empezando por el relato: el Gobierno y sus acólitos se aferraron desde el principio a la imagen de la "crisis migratoria y humanitaria" y eludieron hablar de chantaje o invasión.  Es cierto que la situación se desbordó y se vieron escenas dramáticas, pero lo que el Gobierno perseguía era desviar el foco de su propia responsabilidad por no haber estado atentos a las advertencias de Marruecos y, de paso, evitar críticas al incómodo vecino del sur por su permisividad. A medida que se fueron conociendo datos de la avalancha y se vieron imágenes de gendarmes dejando pasar a sus conciudadanos, la estrategia se vino abajo como el castillo de naipes que era. 

Lo remataron las informaciones de que las autoridades marroquíes habían facilitado el transporte hasta la frontera de jóvenes en paro y de escolares, a los que engañaron contándoles que Cristiano Ronaldo jugaba en Ceuta. La indecencia e inmoralidad con la que el régimen marroquí ha actuado con sus propios ciudadanos más pobres, utilizándolos como arietes contra un país vecino por intereses políticos, no tiene parangón ni justificación moral de ningún tipo. Esa miserable decisión ha provocado ahora que España esté distribuyendo entre sus comunidades autónomas a menores a los que buscan sus familias en Marruecos. 

EFE

Marruecos empuja y España se encoge

Pero por debajo de todo este oleaje están las razones que lo han generado, el mar de fondo de unas siempre complicadas relaciones hispano - marroquíes que se ha vuelto a encrespar. La causa inmediata  es el traslado a España del líder del Polisario para recibir asistencia sanitaria bajo identidad falsa. Por muy soberana que sea la decisión española, seguramente influenciada por Podemos, la torpeza con la que ha actuado la ministra de Exteriores la desacredita políticamente para dirigir la diplomacia española. Y no solo por eso, también porque ignoró las advertencias de Marruecos sobre las consecuencias que tendría para las relaciones bilaterales acoger al líder polisario. Tampoco le va a la saga el ministro Marlaska, al que la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta también le pilló de nuevo con el pie cambiado, como ya había ocurrido en Canarias. 

Pero más allá de todo eso está la estrategia diplomática marroquí, persistente como una gota malaya en la conquista de sus objetivos. Entre ellos, convertir a largo plazo a Ceuta y Melilla en territorio soberano de Marruecos, sin que se pueda descartar que Canarias también entre en el lote. En todo caso, lo de esta semana en Ceuta solo ha sido un aviso de que puede poner a España contra las cuerdas en cuanto se lo proponga. A más corto plazo, Marruecos aspira a condicionar la política exterior española forzándola a abandonar el statu quo sobre el Sahara Occidental y alinearse con los Estados Unidos, reconociendo la soberanía marroquí sobre ese territorio. 

Líneas rojas y firmeza 

La cuestión es cómo responder a una diplomacia experimentada y habilidosa, amén de taimada hasta el punto de no tener reparos en usar a su población más vulnerable para conseguir sus propósitos. A favor de Marruecos juegan factores como el control de la inmigración y el terrorismo yihadista, cuestiones vitales para España y la UE. Sin embargo, la respuesta no puede ser la debilidad, la contemporización y el mirar para otro lado que practican por sistema Bruselas y Madrid. Así, Marruecos avanza lento pero sin descanso si la contraparte transige con todo: entre otras cosas la pesca, la agricultura, la ampliación de las aguas territoriales o la extensión de la soberanía ignorando las resoluciones de la ONU. Esa debilidad la percibe e interpreta muy bien Marruecos y es a la que se debe poner remedio. 

Guardia Civil

España necesita unas relaciones sanas y equilibradas con su vecino del sur y para ello debe trazar líneas rojas claras. Eso pasa por definir los objetivos diplomáticos españoles en el Magreb, un capítulo de su acción exterior tradicionalmente abandonado a su suerte en contraste, por ejemplo, con la diplomacia francesa. Incluye también mejorar las relaciones con Estados Unidos, que en el episodio ceutí ha evitado cuidadosamente ponerse del lado español y con el que Marruecos ha estrechado lazos y desarrollará estos días unas gigantescas maniobras militares. Que Joe Biden y Pedro Sánchez aún no hayan hablado ni por teléfono no es precisamente una buena señal en este contexto. 

Todo lo anterior carece de sentido sin un gran pacto nacional sobre política exterior, defendido y aplicado por el gobierno de turno independientemente de su color político. También es central la implicación de Bruselas, que debe ir más allá de su habitual retórica grandilocuente. Marruecos mantiene una relación comercial privilegiada con la UE y de ella recibe importantes subvenciones y ayudas para el desarrollo y el control de la inmigración y el yihadismo. De ser necesario, Bruselas debe pasar de las palabras a los hechos y hacer ver a Marruecos que la buena vecindad excluye que si te dan la mano te tomes hasta el codo. En resumen, elementos y herramientas diplomáticas para responder al desafío marroquí hay más que suficientes, lo que se necesita es consenso nacional, apoyo comunitario y firmeza para hacerlos valer y respetar. El mensaje debe ser diáfano: relaciones diplomáticas privilegiadas pero equilibradas entre vecinos que están condenados a entenderse, por supuesto que sí; chantajes, extorsiones y hechos consumados, en los que incluso se usa a los ciudadanos como carne de cañón, jamás y bajo ningún concepto.  

De Trump a Biden: una herencia envenenada

Escribo esto poco después de que el Senado de Estados Unidos aprobara la legalidad constitucional del juicio político contra Donald Trump. Es la primera vez en la historia de ese país que un presidente se enfrenta a dos iniciativas de este tipo. La que está en marcha llega cuando ya no ocupa el cargo pero por hechos ocurridos bajo su mandato, lo cual ha suscitado no pocas dudas constitucionales resueltas por el Senado en favor de las tesis demócratas. El primer "impeachment", relacionado con las conversaciones de Trump con el presidente de Ucrania para perjudicar políticamente a Joe Biden, fracasó por falta de apoyo republicano. El segundo, en el que se enjuicia a Trump por alentar la toma del Capitolio el 6 de enero, va por el mismo camino: es poco probable que los demócratas consigan convencer a suficientes republicanos para que prospere una iniciativa cuyo efecto práctico sería que Trump no podría ser candidato presidencial en 2024.

A pesar de todo, que el presidente saliente tenga el dudoso honor de ser el primero en ser enjuiciado políticamente dos veces, es significativo de la envenenada herencia que deja a su sucesor demócrata. Las bochornosas escenas ante el Capitolio, seguidas por televisión en todo el mundo, fueron una suerte de traca final y ruidosa de un mandato marcado precisamente por el ruido, la furia y la mentira. Después de lo visto y oído durante cuatro años, cabe decir que Trump no defraudó en su adiós a la Casa Blanca: no solo alentó a algunos de sus seguidores más extremistas para que asaltaran el templo de la democracia norteamericana, sino que siguió y sigue negando su derrota en las urnas.

El legado interno: un país empobrecido y dividido

Pero aquellas impactantes imágenes del Capitolio solo fueron la cresta del oleaje de un mar político revuelto, agitado durante cuatro años por Trump con un entusiasmo digno de mejor causa. Como por algún lado hay que empezar a analizar su legado, vamos a hacerlo por el sanitario, el más apremiante de los problemas a los que se enfrenta Biden. Después de meses de negacionismo y mentiras de su presidente, Estados Unidos se encaramó a los primeros puestos mundiales por número de contagios y de muertes. Según datos de esta semana, son ya más de 24 millones los infectados y más de 400.000 los fallecidos. La campaña masiva de vacunación ha empezado a revertir la cifra de contagios pero queda mucho y urgente trabajo por hacer. 

La economía, que no andaba especialmente fuerte cuando Trump accedió al poder, ha sufrido el impacto de la pandemia y ha agravado aún más la ya ancha brecha social en un país que arrastra una desigualdad social crónica. El número oficial de parados pasa de los 19 millones, la deuda pública no ha parado de crecer hasta convertirse en la más alta desde la II Guerra Mundial, el déficit público ya va por 3,3 billones de dólares y el déficit comercial ha seguido el mismo camino, con una ligera caída del que mantiene con China. 

También en política interna, Trump se ha quedado con las ganas de levantar el muro con México que iban a pagar los mexicanos. En su lugar ha levantado una intrincada valla burocrática y se han disparado las detenciones y las deportaciones de inmigrantes, en muchas ocasiones por causas nimias. El presidente que ha gobernado a golpe de tuits, ha tenido en la prensa crítica su gran bestia negra: la menospreció, la atacó y le puso todos los impedimentos que pudo para entorpecer su labor. Trump pasará a la historia de la infamia por las 30.000 mentiras o falsedades dichas durante su mandato y contadas una a una por The Washington Post. Bajo su convulso mandato se han recrudecido también las protestas raciales en un país en el que la brutalidad policial contra las minorías, especialmente la afroamericana, parece otra lacra crónica imposible de erradicar. 

El legado internacional: desprestigio y desconfianza de los aliados

El legado que en materia de relaciones internacionales deja Trump a su paso por la Casa Blanca no desmerece el de la política interna. El expresidente demostró una gran habilidad para derribar puentes con sus aliados históricos y naturales y tenderlos con regímenes tan poco recomendables como el ruso, bajo cuya alargada sombra se ha desarrollado parte de su mandato. Por no hablar de las carantoñas al líder norcoreano al tiempo que menospreciaba al primer ministro canadiense. 

Con China ha mantenido una gresca constante que no ha beneficiado a EEUU y con la UE y la mayoría de sus países miembros ha optado por dividirlos y ningunearlos, amenazando con recortar sus aportaciones a la OTAN o imponiendo aranceles a los productos europeos. Su errática política internacional ha conseguido que los países que fueron aliados leales e incluso demasiado fieles del gigante norteamericano, consideren que ha llegado el momento de buscar un nuevo marco de relaciones. Para rizar el rizo de lo que Trump entiende por el papel de su país en el mundo, se retiró del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y amagó con irse de la Organización Mundial de la Salud, a la que no ha dejado de atacar permanentemente y de acusar de trabajar para los chinos. 

Este modo de entender y hacer política ha creado una escuela con aventajados alumnos del trumpismo o del nacionalpopulismo, como también se ha llamado. Entre esos alumnos figuran el brasileño Bolsonaro, el húngaro Orban, la francesa Jean Marie Le Pen e incluso el español Santiago Abascal, por citar solo unos pocos. La derrota electoral de Trump ha dejado momentáneamente sin líder mundial reconocido a este populismo de ultraderecha, intensamente alérgico a las normas y a las instituciones democráticas y un peligro cierto para la estabilidad política allí en donde consigue echar raíces. 

Biden no lo tendrá fácil

El flamante 46º presidente de Estados Unidos ha dado ya algunos pasos tras asumir el cargo el 20 de enero, en una ceremonia deslucida por la pandemia y sin la presencia de su antecesor, que no dudó en protagonizar una nueva grosería democrática antes de irse a casa obligado por la mayoría de los electores. Por lo pronto ha devuelto a Estados Unidos al Tratado de París y continuará en la Organización Mundial de la Salud. Pero esto, evidentemente, no es lo más difícil: toca recoger y recomponer los pedazos en los que el trumpismo dividió al país con su Make America Great Again. Para empezar habrá de lidiar con el alto porcentaje de votantes republicanos convencidos de que lo que dice Trump es cierto y que Biden robó las elecciones. Es todavía una incógnita qué postura tomará el Partido Republicano, si la de alentar que se deslegitime al presidente o la de ponerse del lado de las instituciones y la democracia. 

Los más de 200 jueces federales designados por Trump, además de tres miembros vitalicios del Tribunal Supremo, serán otro importante escollo para determinadas políticas del nuevo presidente, como las relacionadas con la inmigración, las armas o el aborto. De hecho, muchos expertos consideran que estos nombramientos serán el legado más duradero y letal del presidente saliente.

Más allá de EEUU se aguardan con expectación sus primeros movimientos para saber a qué atenerse. Se confía en que se vuelva a la senda del multilateralismo que Trump destrozó y que se mantenga a raya a Rusia. También falta por ver qué política piensa hacer Biden con respecto a China, su gran adversario global, con el que las relaciones están muy deterioradas. En el plano interno la prioridad absoluta en estos momentos es controlar la pandemia, restañar las diferencias sociales, apagar los incendios raciales y relanzar la economía con una histórica inyección de dinero público cercana a los 2 billones de dólares. 

Cuidado con las falsas expectativas

La labor es titánica y por el bien de EEUU y del mundo es importante que Biden tenga éxito. Pero no caigamos en el error cometido con Barak Obama, en el que se pusieron muchas más expectativas de las que podía cumplir para acabar con una agridulce sensación de fracaso. Biden no es precisamente joven ni parece gozar de una salud de hierro. Y si bien es cierto que al lado de Trump cualquier otro puede parecer el presidente más progresista del mundo, Biden no encaja en ese esquema simplista tan del gusto de cierta izquierda europea. A su lado tendrá a la primera vicepresidenta en la historia estadounidense, Kamala Harris, a la que esa misma izquierda también ha elevado ya a los altares del progresismo sin apenas conocer nada de su trayectoria política. Ella podría ser la candidata demócrata en 2024 si, como es probable, Biden decide no optar debido a su edad. 

En todo caso son cábalas a demasiado largo plazo, improcedentes aún cuando la nueva administración se está conformando y cuando hay tantas tareas urgentes esperando. El objetivo ahora es coser un país abrumado por la pandemia, la crisis económica y las desigualdades sociales, al tiempo que recuperar la confianza de los aliados y el prestigio internacional perdido. Esa es la envenenada herencia del trumpismo que Biden tendrá que administrar durante los próximos cuatro años. 

El funambulismo de Sánchez

La vocación política de Pedro Sánchez parece ser la de vivir de forma permanente en el alambre, rectificar sus propias palabras o las de sus ministros y lanzar anuncios a los cuatro vientos para desdecirse de ellos o modificarlos a las primeras de cambio. Se trata de una suerte de funambulismo político que tiene a los ciudadanos a medio camino entre el desconcierto y el hastío. El último de esos anuncios ha sido el de la modificación exprés de la Constitución para eliminar la figura de los aforados. No digo que no sea necesario hacerlo, si bien la propuesta de Sánchez es tan limitada que apenas afectaría a una mínima parte de los 250.000 aforados que hay en España y siempre y cuando el caso no esté relacionado con su actividad política sino con su vida privada. Lo que cuestiono son las formas: estamos hablando de modificar la Carta Magna, no una ley cualquiera, y esa es una tarea que antes de acometerla conviene sopesarla y discutirla sin urgencias electoralistas o de otro tipo de por medio. Que se sepa, Sánchez no ha consultado a ningún especialista y ni siquiera se la ha presentado al resto de los grupos políticos, que en definitiva serían los encargados de aprobarla. Ahora bien, no nos engañemos: el anuncio de Sánchez, hecho en un acto de autoalabanza de sus cien primeros días en el Gobierno, busca en realidad desviar el foco mediático y político, centrado en los últimos días en su tesis doctoral y en la manifiestamente mejorable gestión de las bombas para Arabia Saudí. 

Sinceramente, dudo mucho que el presidente lo consiga por más que su tesis no parece ser plagiada, que Sánchez afirme que la escribió él, que no recibió trato de favor y que se haya publicado urbi et orbi. Aún así me cuesta creer que Sánchez sea tan ingenuo como para pensar que los medios y los partidos de derechas de este país van a soltar la presa para echarse a correr detrás de la liebre de los aforamientos. Más bien sospecho que el presidente debe estar pasando por los peores momentos de su corta estancia en La Moncloa y ha recurrido a la reforma constitucional con la débil esperanza de recuperar la iniciativa política. Por lo demás, y aunque todo parece indicar que su tesis está limpia de polvo y paja, haría bien el presidente en comparecer en el Congreso como le han pedido PP y Ciudadanos, incluso a sabiendas de que no creerán sus explicaciones sobre ese asunto. Negarse a hacerlo aduciendo que llevar esta cuestión a la cámara es "enturbiar la calidad de la democracia" es una pobre excusa: por desgracia, la calidad democrática de este país ya deja mucho que desear y su comparecencia no empeoraría las cosas, antes al contrario, ayudaría a mejorarlas. 

Foto: InfoLibre

La transparencia y la rendición de cuentas en sede parlamentaria es uno de los peajes que los representantes políticos están obligados a abonar en un régimen democrático, en el que si un presidente del gobierno obtuvo sus títulos académicos de acuerdo a las normas legales y éticas no puede ser considerado un asunto de ámbito estrictamente personal. Aunque bien mirado, apenas si necesita Sánchez de la oposición para acelerar su desgaste al frente del Gobierno. Si no es la tesis es el máster de Montón o el cambio de postura en relación con la revalorización de las pensiones o la subida del diesel o cualquier otro asunto. Lo último ha sido la completa y absoluta desautorización de la ministra de Defensa a propósito de la venta de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí. Margarita Robles, que inexplicablemente aún no ha dimitido, ha visto como su compañero de gabinete, Josep Borrell, le enmendaba la plana y el presidente la dejaba a los pies de los caballos. 

Se le abren a uno las carnes escuchando al ministro de Exteriores o a la portavoz Celáa alabando la precisión de esas bombas porque "no causan daños colaterales"; más se le abren aún oyendo al propio presidente de un gobierno socialista anteponer las relaciones comerciales con una satrapía como Arabia Saudí y los puestos de trabajo en Cádiz a las vidas de miles de inocentes civiles en Yémen. Un Gobierno de estas características - descoordinado e incoherente - solo hace felices a los partidos de la oposición, se cava su propia fosa política y sume a los ciudadanos en la confusión y en la desconfianza. Las peripecias de Sánchez sobre el alambre de la política resultan cada día más arriesgadas para sus expectativas electorales y, lo que es peor, para un país que merece un Gobierno que baje de una vez a tierra firme y deje de columpìarse un día sí y al otro también. 

Nicaragua no tiene quien le escriba

Sangra Nicaragua y en la izquierda apenas si se oye el vuelo de una mosca. Daniel Ortega ordena bombardear durante horas Masaya y no se publica un solo comunicado de condena de ninguna organización de izquierdas; tampoco se convocan concentraciones, manifestaciones, encierros, sentadas ni recogidas de firmas. Siempre tan ágil y dispuesta a condenar al capitalismo o al imperialismo, en este caso ni está ni parece que debamos esperarla. Pareciera como si la consigna tácita fuera continuar con los desgastados lemas de la Revolución Sandinista sin hacer caso de lo que pasa en las calles de Nicaragua. Tal vez el sepulcral silencio tenga que ver con el viejo y maniqueo principio revolucionario de no proveer de argumentos al enemigo, no darle munición, como se suele decir en el argot. Si se quiere ser fiel a esa estrategia, hay que actuar y pensar como hacía J.P. Sartre cuando lo único que veía en la URSS de Stalín era el paraíso de la clase obrera en la tierra. El testigo de Sartre lo ha recogido y lo defiende esta izquierda que, en pleno siglo XXI, se toma cualquier critica al régimen venezolano o al nicaragüense como una afrenta a los valores de una revolución que solo existe en su imaginación calenturienta.

Los jóvenes asesinados en Nicaragua por fuerzas parapoliciales y paramilitares a las órdenes del Gobierno de Ortega, quedan en un muy segundo plano en su distorsionada escala de principios morales y políticos, casi podrían llamarlos daños colaterales. Por encima de todo debe primar la Revolución Sandinista y los supuestos logros que con ella ha alcanzado el pueblo nicaragüense. Una Revolución que, más allá del romanticismo, murió a manos de quienes mismos la hicieron posible y que enterró bien profundo el mismo Daniel Ortega, al que de revolucionario solo le queda ya el bigote. Basta preguntarle al Premio Cervantes Sergio Ramírez o al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal y te dirán que, de aquella gesta épica de un pueblo pobre y pequeño, que echó del poder y del país a la dinastía criminal de los Somoza y a sus asesores estadounidense, hace tiempo que no queda nada. La alianza de Ortega con los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica y del empresariado no cuentan para esa izquierda muda; tampoco parece que importe ni poco ni mucho que el régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, controle todos los poderes del estado y los medios de comunicación.

Foto: La Prensa

El icono que ilusionó en los ochenta a los jóvenes de medio mundo, debe seguir vivo por encima de los muertos, de la ausencia de libertades y derechos y de la pobreza y la desigualdad. Nada debe empañar el recuerdo de las canciones de Carlos Mejía Godoy ni los conciertos de Silvio Rodríguez en Managua ante un mar de banderas rojinegras bordadas con las siglas del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). Callar es otorgar y consentir sin mover un dedo ni elevar la voz ante la represión y el goteo de muertos en Nicaragua, debería ser impropio de los valores morales de la izquierda. En cambio, lo que tenemos ante nuestros ojos es un nuevo ejemplo de incapacidad para condenar los crímenes y las injusticias independientemente de quiénes sean los responsables y en dónde tengan lugar. Esa izquierda debería avergonzarse de que les haya tomado la delantera de la condena el Vaticano, la UE o la Organización de Estados Americanos.

No hay camino para una sociedad más justa e igualitaria que no pase por el respeto a las libertades y derechos y por las elecciones libres y democráticas. Sin embargo, buena parte de la izquierda no parece haber aprendido absolutamente nada de la historia: creer aún que si se condena sin medias tintas el autoritarismo y la brutalidad de Ortega y Maduro se le hace el juego al imperialismo, es demostrarse incapacitada moral y políticamente para aspirar a defender y luchar por un mundo mejor. Es hora de escribirle a Nicaragua y a los nicaragüenses y de decirles que la izquierda está con ellos y con su lucha y no con quienes les persiguen y bombardean. Es hora de volver a cantar "Ay Nicaragua, Nicaragüita"  con un renovado espíritu de justicia y de libertad frente a quienes, después de tantos sacrificios, mataron la esperanza de una Nicaragua mejor. 

Los inmigrantes para quienes los quieran

La UE acaba de parir otro ratón, aunque en realidad ya ha parido tantos sobre tantos asuntos que uno más apenas se nota. Después de días hablando de la trascendental cumbre sobre inmigración de este fin de semana, los jefes de estado y de gobierno se han pasado casi 14 horas negociando un acuerdo que, en síntesis, se traduce en que se ocuparán de los inmigrantes que lleguen a las costas europeas aquellos países a los que les apetezca hacerlo. Se entierra el sistema de cuotas obligatorias de inmigrantes por países que nadie cumplió y, en lugar de hacerlo cumplir, se da paso a la pura y dura voluntariedad para responder a un problema de una enorme envergadura humanitaria. Es lo que hay y no busquen más. Esa voluntariedad significa, por ejemplo, que aquellos países a los que la inmigración no les importa, no les afecta o las muertes en el Mediterráneo les pillan demasiado lejos de casa, pueden seguir ocupados tranquilamente en sus asuntos como si no estuviera pasando nada de nada. Llamar a eso solidaridad entre los países miembros ante un problema común es mucho más que un abuso del lenguaje, es casi un insulto.

Porque pasan cosas, ya lo creo que pasan: pasan cosas como la del Aquarius o como los inmigrantes que mueren o desaparecen en el Mediterráneo o son pura mercancía para las mafias. Todo esto pasa y pasa ante nuestro ojos y ante los ojos de los presuntos responsables de hacer mucho más de lo que hacen para que deje de pasar o pase lo menos posible. Pero ni en Bruselas ni en ninguna otra capital europeo de cierto peso político se termina de entender que este no es un problema coyuntural sino estructural, con causas desencadenantes bien conocidas. Por tanto, las puras medidas de autodefensa y seguridad por sí solas apenas si son un débil dique ante el empuje de miles de personas buscando una vida mejor. Prueba de ello es que las acciones en los países de origen y tránsito de la inmigración se despachan en el acuerdo con unas cuantas líneas vagas e imprecisas para la galería que nadie pondrá nunca en práctica

La brillante idea que se acaban de sacar de la chistera es abrir grandes centros de desembarco - podemos llamarlos también de internamiento - en el que se clasifique a los inmigrantes: los que reúnan las condiciones para quedarse en la UE bajo algún tipo de protección y los que serían repatriados si son considerados inmigrantes económicos. Cómo y quién haría todo eso y qué garantías hay de que no se vulnerarían derechos humanos básicos queda envuelto en la más espesa niebla de la indefinición. El supuesto acuerdo flaquea por los cuatro costados pero sobre todo por la ausencia absoluta de obligatoriedad: los países son libres de cumplirlo o no ofreciéndose a acoger inmigrantes refugiados o a albergar centros de desembarco. 

Quien no quiera colaborar no será amonestado, ni molestado ni conminado, puede seguir haciendo lo habitual: mirar para otro lado y que se ocupen otros del problema. Y la manera de que se encarguen los demás de un problema de todos es ofreciéndoles dinero, como ya ha ocurrido con Turquía y con Libia, y como ha vuelto a ocurrir ahora con un satisfecho Pedro Sánchez. El presidente español, que se ha estrenado en este tipo de contubernios comunitarios, parece incluso contento de que Alemania y Francia le hayan prometido unos cuantos millones de euros - no se sabe cuántos - para que "gestione los flujos migratorios del Mediterráneo Occidental". No lo ha precisado Sánchez pero España y Grecia tienen muchos números para convertirse en los países que albergarían los centros de desembarco de los inmigrantes que intentan llegar a Europa. Así las cosas, Merkel puede que salve su gobierno, el filofascista gobierno de Italia se escabulle y el norte y el este de Europa silban y miran al tendido. ¿Algún voluntario?

No son inmigrantes, son seres humanos

Europa tiene muchos retos por delante, el primero de ellos que el propio proyecto de integración sea de verdad inteligible y creíble para los ciudadanos europeos. Tiene también ante sí el desafío de lidiar con el energúmeno que sienta sus reales en la Casa Blanca y con las consecuencias del brexit; la  lucha ante el cambio climático tampoco es menor, por no hablar de la de librarse del merecido estigma de haberse ocupado más de salvar bancos que de rescatar personas durante la crisis económica. Aunque la madre de todos los retos es la inmigración por lo que comporta desde el punto de vista humano y los derechos básicos que entran en juego. Sin embargo y por desgracia, a la vista está el estrepitoso y dramático fracaso europeo hasta la fecha. Estrepitoso porque no hay una mínima señal de que se sepa lo que hay que hacer y cómo hacerlo, más bien hay desconcierto, pasividad, indiferencia y envenenado populismo a raudales; y es dramático ese fracaso porque todo lo anterior está costando muchas vidas, dolor y lágrimas a las puertas del viejo continente.

No creo que exagere si digo que Europa se está jugando su  futuro como espacio de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos de manera cobarde, más tentada a eludir el envite que se le presenta que a aceptarlo y superarlo. En lugar de la idea que ha dado sentido al llamado proyecto europeo, con sus avances, sus estancamientos y sus retrocesos, lo que se está imponiendo es justamente lo contrario: la exclusión, la xenofobia, el racismo y el populismo. Los partidos tradicionales se baten en retirada mientras ocupan el escenario fuerzas políticas que parecen salidas del túnel de los tiempos por sus proclamas excluyentes y segregadoras. Son partidos como los que ya gobiernan en Italia,  Hungría o Austria y que tienen posibilidades de hacerlo también en Francia, Alemania u Holanda. Sus idearios y sus políticas son lo más antitético que se pueda imaginar uno con respecto a la idea de una Europa unida e integradora.

Foto: El Español

Uno quisiera creer que en Bruselas y en otras capitales europeas son conscientes de la gravedad de la situación y de lo que está en juego. Me temo, sin embargo, que no es así y que se confía aún en que esta crisis es pasajera o que la deben resolver en todo caso los gobiernos de los países afectados por su cuenta y riesgo. El caso del Aquarius debería haber hecho saltar todas las alarmas en la UE y no parece que haya sido así: la cumbre europea de finales de mes ya tenía previsto abordar la cuestión, pero dudo de que se hubiera incluido en el orden del día después del plantón de Italia y Malta como no fuera para hacer alguna declaración vaga y borrosa. El generoso gesto español acogiendo a los inmigrantes del Aquarius ha generado una ola de expectación - tal vez excesiva y un tanto circense - y de solidaridad que corre el peligro de morir en la playa como le ha ocurrido a tantas personas que soñaban con ganar el paraíso en la tierra.

Será así si la UE, en tanto organización supranacional y no mera agregación de estados, no asume sus obligaciones morales y políticas. Entre ellas figura en lugar prioritario la actuación sobre las causas que originan el problema para abrir cauces legales de emigración y la gestión en destino de estos potentes flujos humanos. El gran reto es hacer compatible el respeto a los derechos humanos con la seguridad en las fronteras comunes evitando el efecto llamada que no beneficia ni a los receptores ni a quienes buscan un futuro mejor. Se trata al mismo tiempo de perseguir y anular a las mafias que se lucran con la desesperación humana y de evitar caer en la tentación de pagar a regímenes tan poco recomendables como el turco o el libio para que nos libren del problema. Es eso, sin embargo, prácticamente lo único que se ha hecho hasta la fecha y a la vista está el inapelable fracaso y el dramático resultado de pensar más en inmigrantes irregulares que en seres humanos, dignos del mismo respeto y atención que exigiríamos para nosotros en las mismas circunstancias.  

Vergüenza migratoria en la UE

A la hora a la que escribo este comentario ya navegan rumbo a Valencia los 629 inmigrantes del barco Aquarius, cuya dramática odisea ha vuelto a dejar con las vergüenzas al aire la política migratoria de la UE. Antes de que el Gobierno español en un gesto de humanitaria solidaridad que le honra se ofreciera a acogerlos, los inmigrantes han tenido que aguardar más de dos días a bordo de ese barco mientras Italia y Malta disputaban porque ninguno de los dos quería permitirles desembarcar en su territorio. En el Aquarius viajan más de 120 menores no acompañados y casi una decena de embarazadas, pero ni siquiera estas circunstancias bastaron para que Italia o Malta autorizaran el desembarco. Es más, el ultraderechista ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, se ha permitido incluso cantar victoria tras conocer el ofrecimiento español.  No sé ni me importa mucho lo que dicen los tratados internacionales de los que Italia y Malta son seguramente países signatarios; tampoco sé cuáles son los compromisos con la UE en materia de política migratoria si es que en el viejo continente hay algo que merezca un nombre tan rimbombante.  Tengo para mi que lo que en realidad existe es un sálvese quien pueda generalizado para que cada gobierno actúe en función de lo xenófobo o humanitario que sea.

De lo que no tengo duda es de que lo que ha ocurrido con estos 629 seres humanos cuyo único delito es no tener sus papeles en regla para pisar suelo europeo, es una vergüenza para Europa, para las instituciones comunitarias y para los gobiernos italiano y maltés. Más allá y por encima de tratados  y de políticas comunes de inmigración está la vida humana y nada debe oponerse al inexcusable deber de socorro cuando ésta se encuentra en peligro. Ningún gobierno que se considere respetuoso con los derechos humanos más elementales - y el de la vida es el más elemental de todos porque sin él no es posible garantizar ningún otro - puede actuar como han hecho los de Malta e Italia sin que se les caiga la cara de vergüenza y sin que en Bruselas nadie moviera un dedo para poner fin a esta situación. En realidad, en la capital comunitaria se respiró con alivio al conocer la generosa invitación española. 

Foto: RTVE

Este renovado drama evidencia una vez más la renuncia de la UE a consensuar una política que actúe en el origen del problema, abra vías legales y seguras para la inmigración y preste la imprescindible ayuda humanitaria a quienes arriesgan su vida para buscar una mejor de la que han dejado atrás. Es evidente que el gesto español no puede ni debe ser la solución al problema: los países europeos no pueden caer en la bajeza moral de convertir la inmigración en una pugna obscena por eludir sus responsabilidades ante seres humanos cuyas vidas corren peligro a pocos kilómetros de sus costas. Sin embargo, por ahora y por desgracia eso parecer ser lo que tenemos: que cada gobierno nacional gestione la situación según sus criterios y sus particulares prejuicios frente a la inmigración. A lo más que han llegado en Bruselas - es decir, a lo más que han llegado los países que forman la UE - es a tratar con el poco recomendable régimen turco y el fallido estado libio para que impidan la salida de inmigrantes rumbo a Europa. De haber una política migratoria común, ésta consistiría en todo caso en mantener a los inmigrantes alejados lo más posible de las costas europeas sin importar demasiado la suerte que corran ni si son víctimas de las mafias que las explotan. 

Creo que en parte ha sido la absoluta inoperancia comunitaria la que ha terminado convirtiendo a Grecia y a Italia en puerta de entrada para miles de inmigrantes en los últimos años. Esta realidad ha sido un potente caldo de cultivo en el que han obtenido rédito político los populistas del Movimiento Cinco Estrellas y los neofascitas de La Liga que ahora cogobiernan en Italia, demostrando el viejo aserto de que los extremos se tocan. Se suma así el gobierno del país transalpino a otros como el de Austria y al ascenso de la xeonofobia y el racismo en otros países como Francia, Alemania, Reino Unido u Holanda. No es renacionalizando su responsabilidad en materia de inmigración - entre otras - como puede la UE recuperar el rumbo de la integración perdido hace años. Acometer de frente y con valentía  problemas como este e implicar en las soluciones a todos los países miembros, considerando la gestión de las fronteras comunitarias como tarea y responsabilidad de todos, es la condición indispensable para seguir creyendo en un proyecto europeo que ha vuelto a mostrar al mundo entero sus gravísimas carencias. 

Palestina, causa perdida

Lamento ser tan pesimista aunque en realidad creo que solo soy realista: la libertad de los palestinos es una causa irremisiblemente perdida. Creo que en setenta años de lucha y sufrimiento, los mismos que acaba de cumplir el estado de Israel, nunca antes sus esperanzas habían caído tan bajo. Lo acaba de ver el mundo con indiferencia el pasado lunes en las franjas de Gaza y Cisjordania: un ejército israelí desatado y de gatillo fácil abrió fuego contra miles de manifestantes acabando con la vida de 60 e hiriendo a casi 3.000. No fue la suya una heroica hazaña en una batalla militar entre dos fuerzas razonablemente similares: fue una masacre, una más, aunque en este caso la más grave desde 2004. El delito de los muertos y heridos fue unirse a las manifestaciones de protesta contra la decisión del prepotente Donald Trump de trasladar la embajada de EEUU desde Tel Aviv a Jerusalén. 

Se da así carta de naturaleza como capital israelí a la ciudad considerada santa por cristianos, judíos y musulmanes y se  genera un conflicto gratuito para agradar al socio israelí. El respeto a ese estatus cuasi sagrado de Jerusalén había sido hasta ahora una frontera que ningún presidente norteamericano se había atrevido a cruzar, sabedor del significado y de las repercusiones que podría tener un gesto como ese. Trump desprecia esas jerigonzas, en parte por ignorancia y en parte por soberbia, y atiza más si cabe un conflicto en el que solo cabe un vencedor: Israel. El brutal régimen de Netanyahu ha quedado con las manos libres para masacrar a conciencia al pueblo palestino, ahora que nadie en Washington le va a llamar más a capítulo por su política de tierra quemada en la zona. Es más, incluso se verá alentado y respaldado para que concluya el trabajo de someter a sangre y fuego a los palestinos.

Foto: El Comercio

Tel Aviv se convierte en el gendarme de Trump en esa explosiva parte del mundo y eso es garantía de muchas cosas y ninguna buena: más mano dura con los palestinos, más tensión militar con Siria e Irán y más yihadismo en todo el mundo. Sobre todo después de que el energúmeno de la Casa Blanca decidiera romper de forma unilateral el pacto nuclear con Irán dejando a sus aliados europeos, cofirmantes del acuerdo, literalmente en la estacada y preguntándose si pueden seguir confiando en la protección del primo americano. En medio, un pueblo palestino desgarrado política y geográficamente, que asiste impotente y en directo a su propia destrucción. Mientras, apenas si se escucha el apagado y confuso rumor de esa entelequia llamada comunidad internacional. Nadie parece querer dar la cara ante Trump y sus matones israelíes, de manera que lo único que se oye en la ONU, en la UE o en la Liga Árabe son farisaicos golpes de pecho al tiempo que se derraman lágrimas de cocodrilo por el torturado pueblo palestino. 

Palestina y los palestinos son un pueblo, uno más, abandonado a su suerte como lo es, sin ir más lejos, el saharaui: víctimas de los intereses geoestratégicos de las potencias mundiales, su causa es ya la de la utopía y la de quienes creen todavía que la justicia puede florecer en medio de la ambición y la razón de estado. No sé cuál es el futuro del pueblo palestino pero me aventuro a decir que no va camino de ser el estado libre y soberano al que lleva tanto tiempo aspirando y por el que tanto ha sufrido y padecido. El palestino es un pueblo perseguido y sojuzgado paradójicamente por los dirigentes del pueblo más perseguido y sojuzgado de la Historia de la Humanidad. Este hecho terrible e incomprensible trasciende la política y las luchas entre estados para situarse mucho más allá, incluso en el plano de la banalidad del mal que de manera magistral describió Hanna Arendt en su día. 

Otra UE es posible, pero hay que imaginarla

Uno de los deportes favoritos de los euroescépticos es denostar a la UE; no digamos nada de los eurófobos como ha puesto de manifiesto el brexit o el ascenso de la derecha populista y xenófoba en varios países europeos. Admito que formo parte de ese amplio grupo de ciudadanos que ha ido perdiendo progresivamente la fe en el proyecto europeo de integración: han sido muchas decepciones y pocas alegrías, sobre todo por la manera de gestionar la brutal crisis de la última década. Observar a una UE sometida al dictado alemán dedicando todos sus desvelos a resolver el problema de los mercados financieros y ninguno a las consecuencias sociales de la crisis, no ayudó mucho a aliviar  el escepticismo sobre un proyecto que parece sin rumbo ni objetivos definidos. Tal vez por eso nadie parece capaz tampoco de explicar a los ciudadanos qué es y hacía dónde va la UE. De esa idea parte precisamente un libro relativamente reciente del politólogo Daniel Innerarity titulado "La democracia en Europa" ( Galaxia Gutenberg). 

Confieso que después de su lectura mi pesimismo europeo ha cedido un poco pero solo un poco. Entre las muchas habilidades del autor figura la de derribar mitos y tópicos políticos aún reconociendo que detrás de un tópico siempre hay al menos un poco de verdad. El primero de ellos es la inutilidad que tiene pensar en la UE como en una mera suma de estados en vez de imaginar un proyecto que trasciende el concepto tradicional del estado nación circunscrito a un ámbito territorial, social y político perfectamente delimitado.  En este contexto también carece de sentido reprocharle déficit de calidad democrática a una UE que en realidad sólo es el reflejo de los estados que la conforman. Sin embargo - sostiene - los ciudadanos no le dan la espalda a Bruselas solo porque detecten poca calidad democrática sino porque no entienden o no confían en lo que se ventila en las instituciones comunitarias. A partir de aquí desarrolla Innerarity un sugerente análisis sobre el déficit democrático de la UE y la lentitud de gigante con pies de barro con la que toma decisiones. Considera que la eficiencia de esas decisiones puede ser un elemento de legitimidad democrática pero advierte contra el peligro de caer en la tecnocracia, algo que en mi opinión ya ocurre con frecuencia. Eficiencia de las decisiones y legitimidad democrática de quienes las toman - dice el autor - deben estar equilibradas. 

Frente a quienes temen que un fortalecimiento de las instituciones democráticas vaya en detrimento de la soberanía del estado nación, Innerarity echa mano una vez más del hilo conductor de todo el libro: la única manera de avanzar en la integración es superar la visión alicorta circunscrita de manera exclusiva a los intereses nacionales. Para avanzar en la integración - viene a decir Innenarity - hay que ceder soberanía. Lo que no es razonable es exigir a los estados una legitimidad democrática que debido a la globalización y la transnacionalización no están en condiciones de proveer. Sólo la UE podría hacerlo y de ahí la paradoja de que sea precisamente ese gigante al que tan poco democrático vemos el que pueda garantizar los principios esenciales de la democracia: solo él - viene a decir Innerarity - puede garantizar una respuesta democrática de los estados miembro ante esta nueva realidad. 

El autor se pregunta si existe un "demos" europeo que dé legitimidad democrática a la UE y concluye que no existe tal figura dada la diversidad de culturas e intereses de los diferentes pueblos del viejo continente. Ahora bien, en su opinión tampoco es imprescindible su existencia ya que una red institucional que asuma los asuntos a los que los estados no pueden hacer frente por separado, sería suficiente para esa legitimidad democrática. La propuesta es cuando menos discutible ya que estaríamos ante algo así como una suerte de "democracia sin pueblo". Innerarity imagina una UE dinámica y contingente, con capacidad de adaptación a los cambios y liberada de las ataduras del estado nación, aunque faltaría saber cómo se concreta esa idea en una Europa sujeta a la éjida alemana y con cerca de treinta estados mirando más sus intereses nacionales que por los comunitarios. 

En aras a paliar el déficit democrático propone incrementar el poder del Parlamento Europeo y  ceder determinadas competencias estatales a organismos comunitarios, todo ello con el fin de alejar la toma de decisiones del cortoplacismo político que imponen los sondeos electorales a los partidos. No abunda - y es una pena - en cómo hacer que en el ámbito comunitario se produzca la competencia electoral entre partidos que tiene lugar en el ámbito estatal y que es precisamente una de las señas de identidad de todo sistema democrático. Se decanta en cambio porque las instituciones comunitarias y los lobbys de presión estrechen sus lazos, lo cual no deja de ser ser arriesgado e incluso peligroso para los intereses de los ciudadanos. Con lo que no se puede sino estar de acuerdo es con la crítica a la gestión de la crisis, cuyos principales fallos achaca a una arquitectura comunitaria incompleta con moneda única pero sin unidad fiscal ni política. 

El autor aboga por combinar la responsabilidad fiscal de los estados con la solidaridad entre ellos y por hacer posible que los ciudadanos de un país puedan decir algo sobre las decisiones de otro que les afecten. Por último y por lo que supone de desdén por la democracia, el autor rechaza de plano ese lenguaje de la irreversibilidad al que nos acostumbraron los políticos españoles  durante la crisis ("esto es lo que hay y no se puede hacer otra cosa"), y anima una vez más a ver en la UE la oportunidad para rescatar la democracia en un plano nuevo y distinto al del estado nación en donde ya no es realizable plenamente. En resumen, ideas valientes en una UE enmarañada y desnortada, causas principales del desafecto ciudadano y de la bajísima participación en las elecciones al Parlamento Europeo. Ideas controvertidas pero imaginativas para fomentar el debate y romper el círculo vicioso en el que dan vueltas el europtimismo acrítico y el euroescécpticismo  pesimista.   

Con Alemania hemos topado

Ha escocido lo suyo la decisión de los jueces alemanes sobre Puigdemont. Tengo para mi que tanto el juez del Supremo español, Pablo Llarena, como el Gobierno de Mariano Rajoy ya habían dado por hecho que el ex presidente catalán sería entregado  por la justicia alemana para ser juzgado en nuestro país por rebelión y malversación. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en uno de sus habituales ejercicios de imprudencia, llegó a decir pocas horas antes de que decidieran los jueces alemanes que no "concebía otro escenario que no fuera ese". Pues lo había y a la vista está. Ahora, los jueces alemanes se cuestionan incluso si la malversación de la que se acusa en España a Puigdemont es equivalente a la corrupción que recoge el ordenamiento jurídico alemán. Al parecer no terminan de tener claro si el empleo de dinero público por parte de Puigdemont para financiar un referéndum ilegal es corrupción o no. 

Al menos - eso hay que reconocerles - sí consideran que en la consulta hubo violencia pero entienden que sin la suficiente intensidad para doblegar al Estado. Una pena que Puigdemont y los independentistas no pudieran sacar los tanques a las calles el 1 de octubre para garantizar máxima intensidad y la celebración del referéndum en paz y camaradería republicana. También destacan - y aquí les escuece a los independentistas - que Puigdemont no es un preso político como él y los suyos son tan aficionados a considerarse. Por si el golpe a las expectativas del Gobierno y de la justicia de nuestro país no fue lo suficientemente duro, una lenguaraz ministra alemana de Justicia vino a echar un poco más de sal en la herida defendiendo la decisión de los jueces y provocando un mal disimulado malestar entre Berlín y Madrid. 

El debate jurídico y político se centra ahora en si los jueces alemanes se excedieron en su interpretación de la euroorden española de detención y entrega de Puigdemont. Hay coincidencia entra la mayoría del juristas en que no formaba parte de las atribuciones de la justicia alemana entrar a determinar si la violencia empleada por los independentistas fue o no suficiente y descartar a continuación el delito de rebelión. Su misión consistía en discernir si en el ordenamiento jurídico alemán hay o no un delito equivalente al de rebelión. Ese delito existe y se llama alta traición, castigado con penas más duras que el de rebelión en España. El fallo, por tanto, cuestiona abiertamente la figura de la euroorden en tanto no respeta la competencia jurisdiccional de otro estado  de la UE, tan democrático como el alemán y perfectamente capacitado para enjuiciar los delitos cometidos en su territorio. Ello sin contar con el hecho de que la medida la adopta un tribunal equivalente a una audiencia provincial española frente a todo un Tribunal Supremo de otro país. 

La intensidad de la violencia de la que hablan estos jueces no era cuestión de su incumbencia, en primer lugar porque carecían de los imprescindibles elementos de juicio para adoptar una decisión fundamentada. Ese es un asunto para la controversia judicial ante los tribunales españoles, país en el que presuntamente se cometió el delito. Sea como fuere, el fallo alemán ha venido a dar oxígeno a los independentistas y ha vuelto a dejar con las vergüenzas al aire la inmovilidad política del Gobierno español dentro y fuera de España ante el desafío secesionista catalán. De todos modos, lo que me pregunto es qué decidirían los jueces alemanes de esta historia si las autoridades de un estado federado convocaran un referéndum ilegal y de forma más o menos violenta o pacífica declararan unilateralmente la independencia de la República Federal de Alemania, país en el que, por cierto, los partidos independentistas son ilegales.   

EEUU: una matanza más

El Gobierno de un país en el que 17 inocentes mueren tiroteados en una escuela y el presidente se limita a lamentarlo en las redes sociales, es un gobierno indigno con su máximo responsable en la cúspide de la indignidad. La sociedad de un país que no se pone en pie cuando un chaval de 19 años puede disponer con relativa facilidad de un arma de fuego semiautomática y causar una masacre a la salida de una escuela, es una sociedad enferma. Si los Estados Unidos no estuvieran gobernados por un gobierno indigno presidido por un presidente más indigno aún, lo ocurrido ayer en una escuela de Florida tendría que haber provocado un compromiso inmediato de poner los medios para evitar hasta donde sea posible que algo así ocurra otra vez. Si la inmensa mayoría de la sociedad estadounidense no estuviera enferma del virus de las armas y en verdad valorara la vida humana, una ola de protesta se habría levantado ya en muchos estados de la Unión para exigir el fin de  estas masacres convertidas en rutinario espectáculo televisivo. Pero ni el actual ni los anteriores gobiernos de Estados Unidos han tenido lo que se necesita para frenar estas carnicerías: dignidad y valentía para hacer frente al poderoso lobby de las armas y establecer un control mucho más férreo sobre su uso y tenencia. Ni Trump ni Obama ni Bush ni Clinton ni Reagan: ninguno de ellos ni de sus antecesores han hecho otra cosa que lamentarse y condolerse a cada nueva matanza. 

Desde este punto de vista, todos ellos han sido presidentes indignos por incumplir una de las obligaciones inherentes al gobierno de cualquier estado democrático que se precie: garantizar hasta donde sea humana y técnicamente posible la vida de sus ciudadanos. Clinton se atrevió en su día a restringir el acceso a las armas de asalto con una especie de moratoria que concluyó en 2004 y que recibió más críticas que apoyos. También Obama lo intentó en 2015 a raíz de la matanza en otra escuela,  en aquella ocasión en Conneticut, en la que murieron 20 niños y 6 adultos. También él tardó poco en desistir ante el poder de los defensores de las armas y el convencimiento de una gran parte de la sociedad americana de que tener una pistola o un rifle en el cajón de la cómoda o detrás de la puerta de la cocina te hace más libre frente a las injerencias del Gobierno o frente a quien invada tu propiedad sin permiso. 

Cuando el acceso a las armas es relativamente tan sencillo como en Estados Unidos, a nadie puede extrañarle que dispongan de ellas no sólo las honradas familias sino también personas desquiciadas con cuentas atrasadas en su empresa o en su colegio por un maltrato real o imaginario y las empleen para cobrárselas. Ese primitivo atavismo del pueblo norteamericano en relación con la posesión privada de armas de fuego, reflejado incluso en su Constitución como un derecho, ha costado ya demasiadas vidas inocentes como para conformarse con derramar unas cuantas lágrimas y cruzar los dedos para que algo igual no vuelva a pasar en mucho tiempo. ¿Cuántas víctimas inocentes más deben caer para que el Gobierno del país más poderoso de la tierra le ponga coto por fin a la barbarie de la adoración a las armas de fuego? Por desgracia, me temo que muchas más.

Donald Trump: el año del odio y la furia

Donald Trump, el presidente norteamericano que se permite llamar “países de mierda” a Haití y a los países africanos y preferir a los inmigrantes noruegos, acaba de cumplir un año en la Casa Blanca. Ha sido el año de la mentira, del odio, del exceso y de la ruptura de puentes de entendimiento con los suyos, con los otros y con todos los demás: ni los republicanos – salvo los muy carcas – se sienten a gusto con él, ni los demócratas lo pueden tragar ni a sus aliados europeos les genera la más mínima confianza. Trump es único e irrepetible – por fortuna – en su forma de entender la política, si lo que él hace merece ese nombre: el insulto barriobajero, la comunicación espasmódica a través de las redes sociales y el mohín soberbio de quien presenta síntomas inquietantes de inestabilidad emocional. De alguien que no duda en autodefinirse como "un genio muy estable" no cabe esperar nada bueno. Eso, en el hombre que se sienta en la silla con mayor poder del mundo, es para temblar y rezar. Me gustaría recordar hoy aquello en lo que por fortuna ha fracasado, al menos por ahora. En primer lugar, en la construcción del muro en la frontera mexicana. Fue su propuesta estrella en la campaña pero ya hay incluso colaboradores suyos que admiten en público que si Trump quiere muro tendrá que pedir el dinero al Congreso y éste no está por la labor. Sus repugnantes políticas migratorias han fracasado también en parte, gracias a la actitud de un poder judicial que le ha puesto toda suerte de trabas, aunque no me cabe la menor duda de que persistirá en su empeño racista y xenófobo contra todos aquellos que no hablen inglés o no sean de origen caucásico.  Solo como fracaso de Trump se puede calificar que su Gobierno haya tenido que echar el cierre este fin de semana por el desacuerdo sobre inmigración con los demócratas.

También ha fracasado, aunque solo a medias, en su obsesión por acabar con la reforma sanitaria de Obama. A pesar de la oposición de parte de los republicanos, ha conseguido debilitarla y es seguro también que no parará en lo que le queda de mandato para laminarla por completo. Sus oscuras maniobras en la oscuridad con los rusos durante la campaña electoral han marcado el primer año de la nueva presidencia: cuatro de sus colaboradores están inculpados y el propio Trump no está libre de sospechas de obstruir la labor de la justicia, algo que en Estados Unidos es algo muy serio. Entre sus éxitos – si es que pueden recibir ese nombre – está la jugosa reducción de impuestos con la que ha premiado a las grandes empresas del país más rico del mundo pero con enormes niveles de desigualdad. Por solo mencionar un dato, más de medio millón de personas duermen al raso cada día en la “América” de las oportunidades. En sus relaciones con el mundo, Trump ha acabado con la multilateralidad de Obama, se ha atrincherado en la Casa Blanca y solo habla de asuntos internacionales cuando se trata de amenazar al líder norcoreano, otro energúmeno de su mismo corte, lo que demuestra una vez más que los extremos se tocan. 

La popularidad de Trump apenas llega al 40%, de las más bajas de un presidente norteamericano y, aún así, dicen las encuestas que podría volver a ser elegido. Habría que preguntar a los demócratas la razón. En contra de lo que prometió, su país no es hoy más grande que cuando llegó a la Casa Blanca: está más aislado, es más pobre y más desigual y fuera de sus fronteras está mucho peor considerado gracias sobre todo a él. El mundo no es un lugar más seguro para vivir, sino todo lo cotrario,  y nada hace prever que eso vaya a mejorar en los tres años de mandato que aún le quedan. Lo único que tranquiliza un poco es que los contrapoderes funcionan en el sistema estadounidense y le impiden ir más allá de lo que le gustaría a esta verdadera amenaza mundial para un mundo ya multiamenazado que se llama Donald Trump. 

Venezuela: ¿Y ahora qué?

Recurriendo a sus propios medios y enfrentando la hostilidad del Gobierno de Maduro, la oposición venezolana ha hecho este domingo una innegable demostración de fuerza y movilización. Conseguir a pulso que unos siete millones de venezolanos acudieran al referéndum simbólico sobre la Asamblea Nacional Constituyente con la que Maduro pretende poner el poder legislativo a sus órdenes, es un éxito incontestable. Aún no siendo vinculante el resultado y no contando tampoco con el respaldo de las autoridades electorales del país controladas por el chavismo, que casi el 100% de los participantes haya rechazado los planes de Maduro es un serio aviso para un presidente que, al menos por esta vez y para variar, tuvo incluso el buen gusto democrático de no insultar a sus adversarios. La demostración de fuerza no sólo se ha circunscrito a Venezuela sino a más de qunientas ciudades de un centenar de países en donde quienes lo desearon pudieron expresar su rechazo al chavismo pero también su apoyo.

Lo ocurrido ayer en Venezuela tiene ante todo un enorme valor político: que más de un tercio de los ciudadanos con derecho a voto haya acudido a los centros de votación aún sabiendo que será muy difícil que su opinión sea escuchada, pone de manifiesto el nivel de hartazgo de una parte muy importante de la sociedad venezolana. En circunstancias políticas, económicas y sociales mucho menos dramáticas que las que vive el país desde hacer varios años, lo más probable es que la participación hubiera sido insignificante y que la oposición hubiera salido chasqueada del plebiscito.

“La oposición venezolana ha conseguido una indudable demostración de fuerza frente al chavismo” 

Su reto ahora es administrar ese hartazgo ciudadano para conseguir cambios pacíficos en Venezuela y eso pasa en primer lugar por una verdadera unidad de las fuerzas de la oposición que, a fecha de hoy, no es precisamente muy sólida. Su gran desafío es desatascar una situación “trancada”, como dicen los venezolanos, con Maduro enrocado en su decisión de llamar a las urnas el 30 de este mes para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Su plan es reescribir la Constitución venezolana a la medida del chavismo y hacerlo por la vía de anular el parlamento salido democráticamente de las urnas de finales de 2015, en el que el régimen ya no goza de mayoría absoluta como ocurría hasta entonces.

Constituiría toda una sorpresa que el presidente venezolano cediera en ese punto y pospusiera o suspendiera unas elecciones constituyentes para las que sí ha mostrado mucha más celeridad que para las regionales que debían haberse celebrado ya y que aún no hay garantías de que se convoquen para finales de este año. Sin embargo, parece evidente que la oposición por sí sola no será capaz de desbloquear la polarización radical en la que se encuentra atascada la política venezolana. En esa tarea tendrá que colaborar la comunidad internacional, empezando por una Organización de Estados Americanos aquejada de una extraña parálisis a pesar de la deriva de los acontecimientos en Venezuela.

“La oposición debería utilizar el resultado del  referéndum como palanca para el diálogo”

El primer objetivo debería ser el cese inmediato de toda violencia y el llamamiento por parte de opositores y de Gobierno a la calma. Arengar a las masas sobre “la defensa con las armas de lo que no se consiga con los votos”, como hizo Maduro hace bien poco, no contribuye precisamente a detener el constante goteo de víctimas mortales en manifestaciones y tiroteos. Mientras, en lugar de continuar “trancando” las ciudades con manifestaciones que de forma casi invariable terminan en enfrentamientos con la policía y con algún muerto más, - ayer murieron otras dos personas -  la oposición debería replantearse si la estrategia de desalojar a Maduro del poder a toda costa está dando los resultados apetecidos. Tres meses y medio después de que se iniciaran las protestas contra el régimen, casi un centenar de personas ha muerto en ellas y Maduro sigue en el mismo sitio y con planes para aferrarse aún más al poder. 

Sé que todo esto es mucho más fácil decirlo o escribirlo que hacerlo. No obstante,  desde fuera se tiene la sensación de que, ni por una ni por otra parte, hay la más mínima voluntad en estos momentos de ni tan siquiera explorar la posibilidad del diálogo y el acuerdo, bien sea de manera directa o a través de la mediación internacional.  Lo cierto es que no hay otra salida de la crisis frente a una situación de atrincheramiento por ambas partes que no conduce a nada bueno para los venezolanos. La lección de participación ciudadana que la oposición le dio ayer a Maduro dentro y fuera de Venezuela debería ser el aval democrático más valioso para ofrecer y exigir el diálogo político que tanto necesita el país. 

Ajuste técnico en el Sahara

El ministro español de Asuntos Exteriores ha dicho que la decisión del Gobierno marroquí de poner el mar del Sahara bajo su soberanía ha sido “un ajuste técnico que no tendrá repercusiones en la delimitación de las aguas entre Marruecos y Canarias”. No puedo menos que aplaudir la capacidad de Alfonso Dastis para el eufemismo diplomático pero no me tranquilizan en absoluto sus explicaciones. Lo que pretende hacer el gobierno marroquí no es un “ajuste técnico”, es simplemente apropiarse de algo que no le pertenece o que, como mínimo, está en litigio. Marruecos no puede poner esas aguas bajo su soberanía porque ninguna instancia internacional con capacidad para ello le ha reconocido que tenga derecho a hacerlo.

Empezando por las Naciones Unidos, en donde desde 1963 el territorio hoy ocupado por Marruecos figura como no autónomo y pendiente de descolonización. Han sido las propias Naciones Unidas las que en numerosas ocasiones han instado a la descolonización mediante un referéndum de autodeterminación que Marruecos ha torpedeado una y otra vez sin que España, potencia colonial hasta que en 1975 fue expulsada por la Marcha Verde lanzada por Hasan II, haya hecho nada para que se celebrara. Es más, en los vergonzosos Acuerdos Tripartitos de Madrid entregó el control del territorio a Marruecos y a Mauritania en una de las decisiones más infames del gobierno español en décadas.

“No puede calificarse de ajuste técnico una decisión unilateral y contraria al derecho internacional” 

A fecha de hoy, la ONU sólo le reconoce a Marruecos la condición de potencia administradora del territorio del Sahara pero no de sus aguas y, por tanto, su anuncio de esta semana carece de efectos jurídicos prácticos. Además de la ONU, han sido también  los tribunales internacionales los que han negado vínculos de soberanía entre Marruecos y el territorio en cuestión. Empezando por la sentencia de 1975 del Tribunal Internacional de La Haya a instancias de las propias Naciones Unidas. En ella se estableció con claridad esa ausencia de vínculos que, a la postre, provocó la Marcha Verde en la que 350.000 colonos marroquíes ocuparon por la fuerza un territorio del que España huyó a la carrera abandonando a los saharauis a su suerte. Mucho más reciente es el fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo pesquero en el que se remacha el clavo al indicar que el Sahara no forma parte del reino alaui. Son argumentos más que sobrados para concluir que la decisión del Gobierno marroquí, si bien no tiene efectos jurídicos internacionales, sí es un nuevo hecho consumado con el que Mohamed VI aspira a que los pueda llegar a tener.

En la decisión se puede atisbar también un intento de protegerse frente a la estrategia del Polisario de denunciar ante tribunales de otros países que los productos y mercancías procedentes del Sahara – fosfatos o pesca, por ejemplo – suponen un expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui. Un caso reciente lo encontramos en Sudáfrica, en donde el Tribunal Supremo de ese país ha retenido un barco con 54.000 kilos de fosfato procedente de Marruecos a la espera de determinar quién tiene el derecho sobre el cargamento. 

“Desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí no es tranquilizadora” 

Mirado desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí tampoco es tranquilizadora por más que Dastis le quite hierro y que el presidente del Gobierno de Canarias se haya conformado con las explicaciones del ministro. Marruecos está tomando posiciones para la delimitación de la mediana de sus aguas con las españolas, un viejo contencioso que ningún gobierno español ha sido capaz de resolver después de casi tres décadas de negociaciones. En el horizonte puede verse incluso un indisimulado interés por los recursos naturales localizados en los fondos marinos canarios, el telurio entre ellos. De ahí su aviso a navegantes de que solicitará también la ampliación de su plataforma continental hacia el oeste, tal y como ya ha hecho igualmente España.  

Decir como ha dicho Dastis que la decisión unilateral de Marruecos es un “ajuste técnico” para adaptar su legislación a la normativa marítima internacional es pretender escurrir una vez más el bulto para no enfadar al incómodo vecino del sur. A Dastis se le suponen los conocimientos suficientes para saber que Marruecos no puede tomar decisiones de ninguna clase sobre unas aguas sobre las que ni siquiera tiene status de potencia administradora. El ministro debe comparecer en el Congreso para aclarar a todos los españoles, y en particular a los canarios, cómo de técnico es el ajuste marroquí y qué piensa hacer como responsable de Exteriores ante los posibles efectos para los intereses canarios y para la solución de un conflicto ante el que España no puede permanecer eternamente de perfil.   

Las grietas de Maduro

Será por las relaciones históricas o será por la contumacia con la que los promotores de la "nueva política" en España se obstinan en negar las pruebas. Lo cierto es que para los españoles en general y para los canarios en particular, la situación política en Venezuela no puede pasar desapercibida. En un contexto de deriva autoritaria del régimen que encabeza Nicolás Maduro, la oposición acaba de anotarse una importante victoria con la excarcelación y pase a arresto domiciliario del líder opositor, Leopoldo López.  En primer lugar porque pone de manifiesto una nueva grieta en un régimen que está empezando a dar señales de resquebrajamiento a medida que endurece la represión contra las manifestaciones callejeras que ya se han cobrado más de noventa víctimas mortales.

Pudiera parecer que Maduro está fuerte y conserva intactos los apoyos del chavismo porque grita mucho y hasta amenaza con defender con las armas lo que no consiga con los votos. Sólo por esa frase, pronunciada hace pocos días, bastaría para retratar la convicción democrática del personaje pero, aún así, hay quienes como el líder de IU, Alberto Garzón, se resisten a considerar que estamos ante un autócrata  y se permite llamar golpista a Leopoldo López. Además de la presión internacional sobre Maduro para que abra el diálogo con la oposición y se convoquen nuevas elecciones, la propia dinámica de la situación interna está empezando a empujar al autoritario presidente venezolano hacia el borde del abismo.

“Por más que grite y amenace,  Maduro está empezando a mostrar grietas importantes” 

Junto con las incesantes manifestaciones de la oposición, de las que se cumplen ya cien días y a las que ni la represión policial consiguen acallar, en los últimos días se han producido algunos hechos que pueden ser tomados como ejemplos de la situación límite del chavismo. El primero fue el extraño tiroteo desde un helicóptero policial contra la sede del Tribunal Supremo. De su autor, un policía y actor, nada más se ha sabido y mucho menos de cuáles eran sus verdaderas intenciones ni con qué respaldo contaba o cuenta aún. Si descartamos un autogolpe para justificar la intensificación de la represión, que también pudiera ser, podríamos encontrarnos ante una seria advertencia de las fuerzas armadas a Maduro ante el clima de confrontación civil que se respira en el país.

Mucho más claro y transparente en sus motivaciones fue el asalto y secuestro durante casi ocho horas de los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por un grupo de energúmenos armados con palos y cuchillos. Las condenas por parte de Maduro no consiguen, sin embargo, desterrar la sospecha de que detrás del ataque está el chavismo más extremista que, a la desesperada, quiere atemorizar a la oposición parlamentaria. Aunque para grieta evidente en el régimen chavista hay que citar a la fiscal general Luisa Ortega, que se ha convertido en la única voz discordante de un poder judicial sumiso y obediente ante Maduro. Ortega ha afeado con dureza el remedo ilegal de Asamblea Nacional Constituyente que Maduro se ha sacado de la manga para intentar  anular a la que los venezolanos eligieron a finales de 2015 y a la que el presidente no puede poner también a sus pies como ha hecho con el poder judicial. 

“Con la excarcelación de Leopoldo López, el régimen busca ganar tiempo y aliviar la presión ” 

El sueño de Maduro de concentrar en sus manos todo el poder empezó a torcerse cuando los venezolanos dejaron al chavismo en minoría. A partir de ahí, ha iniciado una huída hacia delante de la que el último episodio ha sido precisamente la liberación a medias de Leopoldo López. Sería un error ver en esa decisión un gesto de buena voluntad hacia la oposición para reconducir la situación del país. Se trata más bien de una maniobra para ganar tiempo y aliviar la presión internacional y de la calle con la vista puesta en recuperar las fuerzas necesarias para continuar aferrado al poder como un náufrago a una tabla. 

Y es por eso y antes de que la defensa del poder por parte del chavismo desemboque en consecuencias aún peores, por lo que es el momento de que la comunidad internacional y la oposición obliguen a Maduro a liberar al resto de los presos políticos y a sentarse a negociar una salida pacífica y democrática de un régimen que se empieza a agrietar tanto como su cabeza visible y que amenaza con alcanzar en su caída a todos los venezolanos.    

Brexit: lo que va de ayer a hoy

Hace hoy un año los que aún conservábamos una menguante fe en el llamado “proyecto europeo” conteníamos la respiración ante la decisión que iban a tomar los británicos en el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Pocas horas después el sueño europeo pareció habérselo tragado el torbellino del populismo y la xenofobia: la mayoría de los británicos –  51,9%  – había decidido irse frente a un 48,1% que había preferido quedarse. Un año después de aquella decisión polémica y controvertida, con intentos incluso de marcha atrás, las cosas han mejorado en la Unión Europea y han empeorado en el Reino Unido.

Desde el punto de vista de la Unión Europea, el peligro de las fuerzas populistas en ascenso parece temporalmente conjurado tras las elecciones holandesas y francesas y a expensas de las alemanas de septiembre. Particularmente importante han sido las francesas, en donde un partido de diseño ha conseguido para su líder la presidencia republicana y de propina la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. En otras palabras: ¿para qué necesita la Unión Europea al Reino Unido y a Theresa May teniendo a Enmanuel Macron y a Angela Merkel?. En paralelo, y sin que sirva de precedente, los socios comunitarios se pusieron de acuerdo en que la negociación con el Reino Unido debería comenzar por  las condiciones del divorcio antes de pasar a las relaciones futuras. Esta cuestión, que Londres ha tenido que aceptar, es fundamental porque evita la tentación británica de mezclar churras con merinas e imponer condiciones sobre relaciones futuras a cambio de cumplir compromisos firmes con el club del que ha decidido marcharse.

 “Para qué necesita la UE a Theresa May teniendo a Merkel y a Macron?” 

Esa marcha no se va a sustanciar ya desde una posición de fuerza y petulancia de Londres frente a la Unión Europea. La primera ministra, la misma que cuando tomó las riendas del gobierno de manos del fracasado Cameron dijo aquello de “brexit es brexit”, tiene ahora ante sí un panorama que ni en sus peores pesadillas podía imaginar: la xenofobia se ha disparado, la libra sigue a la baja, escoceses y norirlandeses se revuelven inquietos y ha perdido ante los laboristas la escueta mayoría absoluta que tenía en la Cámara de los Comunes en unas elecciones que se podía haber ahorrado. Para terminar de componer el cuadro de problemas, ha reaparecido el terrorismo yihadista y ha puesto en tela de juicio su estancia de siete años en el Ministerio del Interior en donde se hizo una experta en recortes de personal.

Pintan bastos para una política que fanfarroneó con la posibilidad de irse de las negociaciones con Bruselas si no le convenían las condiciones y que ahora tiene que recoger velas.  Su desconcierto y el de la clase política y dirigente británica  es también el reflejo del desconcierto y la perplejidad de los británicos que desde el brexit no parecen saber lo que quieren ni cómo lo quieren. Frente a eso, el ninguneo con el que en la Unión Europea se ha tomado el asunto en los últimos meses es señal evidente de que el brexit preocupa cada vez menos entre los estados miembros.

“Pintan bastos para May, que fanfarroneó con irse de la mesa si no le gustaban las condiciones ”

Escuchar hace poco al presidente de la Comisión, Jean Claude Junker, hablando en francés porque “el inglés está en declive” es una de esas bofetadas sin manos que muchos europeos habrían estado encantados de propinarle a la arrogancia británica. No quiere esto decir que el terreno esté despejado y que la ruptura no vaya a tener consecuencias muy negativas para ambas partes. Tampoco es que algo se muera en el alma cuando un amigo se va ya que, al fin y al cabo, la amistad británica con la UE nunca ha sido muy leal ni muy apasionada.

De lo que se trata es de que, un año después de augurar la próxima desaparición de la UE, las tornas han cambiado por completo y se han puesto en contra de quien utilizó la demagogia, la mentira y las medias verdades en la más penosa y deplorable decisión tomada por la clase política británica en muchas décadas. Se abre ahora una negociación que debería ser corta y que tiene que resolver en primer lugar la situación en la que quedarán los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido y los británicos que viven en la UE. Para todos los demás asuntos que tienen que ver sobre todo con las relaciones económicas futuras entre Burselas y Londres hay tiempo suficiente. Mientras, si alguna lección política se puede extraer de este primer año de  brexit, sobre todo por parte de los políticos británicos que impulsaron y jalearon la salida, es que lo de nunca digas nunca jamás deberían habérselo dejado en exclusiva a James Bond.