EEUU: una matanza más

El Gobierno de un país en el que 17 inocentes mueren tiroteados en una escuela y el presidente se limita a lamentarlo en las redes sociales, es un gobierno indigno con su máximo responsable en la cúspide de la indignidad. La sociedad de un país que no se pone en pie cuando un chaval de 19 años puede disponer con relativa facilidad de un arma de fuego semiautomática y causar una masacre a la salida de una escuela, es una sociedad enferma. Si los Estados Unidos no estuvieran gobernados por un gobierno indigno presidido por un presidente más indigno aún, lo ocurrido ayer en una escuela de Florida tendría que haber provocado un compromiso inmediato de poner los medios para evitar hasta donde sea posible que algo así ocurra otra vez. Si la inmensa mayoría de la sociedad estadounidense no estuviera enferma del virus de las armas y en verdad valorara la vida humana, una ola de protesta se habría levantado ya en muchos estados de la Unión para exigir el fin de  estas masacres convertidas en rutinario espectáculo televisivo. Pero ni el actual ni los anteriores gobiernos de Estados Unidos han tenido lo que se necesita para frenar estas carnicerías: dignidad y valentía para hacer frente al poderoso lobby de las armas y establecer un control mucho más férreo sobre su uso y tenencia. Ni Trump ni Obama ni Bush ni Clinton ni Reagan: ninguno de ellos ni de sus antecesores han hecho otra cosa que lamentarse y condolerse a cada nueva matanza. 

Desde este punto de vista, todos ellos han sido presidentes indignos por incumplir una de las obligaciones inherentes al gobierno de cualquier estado democrático que se precie: garantizar hasta donde sea humana y técnicamente posible la vida de sus ciudadanos. Clinton se atrevió en su día a restringir el acceso a las armas de asalto con una especie de moratoria que concluyó en 2004 y que recibió más críticas que apoyos. También Obama lo intentó en 2015 a raíz de la matanza en otra escuela,  en aquella ocasión en Conneticut, en la que murieron 20 niños y 6 adultos. También él tardó poco en desistir ante el poder de los defensores de las armas y el convencimiento de una gran parte de la sociedad americana de que tener una pistola o un rifle en el cajón de la cómoda o detrás de la puerta de la cocina te hace más libre frente a las injerencias del Gobierno o frente a quien invada tu propiedad sin permiso. 

Cuando el acceso a las armas es relativamente tan sencillo como en Estados Unidos, a nadie puede extrañarle que dispongan de ellas no sólo las honradas familias sino también personas desquiciadas con cuentas atrasadas en su empresa o en su colegio por un maltrato real o imaginario y las empleen para cobrárselas. Ese primitivo atavismo del pueblo norteamericano en relación con la posesión privada de armas de fuego, reflejado incluso en su Constitución como un derecho, ha costado ya demasiadas vidas inocentes como para conformarse con derramar unas cuantas lágrimas y cruzar los dedos para que algo igual no vuelva a pasar en mucho tiempo. ¿Cuántas víctimas inocentes más deben caer para que el Gobierno del país más poderoso de la tierra le ponga coto por fin a la barbarie de la adoración a las armas de fuego? Por desgracia, me temo que muchas más.

¿Prisión permanente revisable o cadena perpetua?

Aunque lo pueda parecer, no es cierto que el Gobierno y el PP se encuentren en estado de postración catatónica ante la crisis catalana, como paralizados políticamente ante las piruetas de un saltimbanqui llamado Carles Puigdemont. También hacen cosas como convocar una convención nacional, presentar mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos y poner en marcha una campaña de recogida de firmas para evitar que la mayoría del Congreso siga adelante con la derogación de la prisión permanente revisable. Se trata de una contradicción en los términos que, cuando era el mandamás parlamentario, introdujo el PP en al Código Penal a pesar del amplio rechazo social y jurídico que cosechó. En ese objetivo viene a coincidir con Ciudadanos, cada día más indistinguible del PP en una serie de propuestas que adelantan a Rajoy por la derecha a toda velocidad. Se suman los populares a la campaña de recogida de firmas de los padres de Diana Quer apoyada por los familiares de otros casos especialmente relevantes por el eco social y mediático que los ha rodeado. Vaya por delante el respeto hacia los sentimientos de los familiares de todas las víctimas de muerte violenta, en la mayoría de los casos silenciosos y alejados de los inmisericordes focos mediáticos y las redes sociales. Con todo, es imprescindible poner de relieve que la legislación penal de un estado de derecho no se puede sustentar en los sentimientos o en un latente deseo de venganza por parte de los ofendidos y de quienes apelando más al corazón que a la razón se solidarizan con ellos. Son otras las consideraciones las que deben primar, como por ejemplo la reeducación y la reinserción social del preso. Eso es exactamente lo que recoge la Constitución Española en su artículo 25: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. 

Es precisamente uno de los artículos en los que se basó la oposición para recurrir la prisión permanente ante el Tribunal Constitucional. En lugar de esperar el fallo, el PP ha optado por subirse a la ola del populismo punitivo en busca de réditos electorales que le permitan recuperar puestos en las encuestas frente a Ciudadanos. Con la prisión permanente revisable estamos ante un eufemismo jurídico que salta a la legua porque de lo que se trata es, simple y llanamente, de cadena perpetua. Entre otras cosas, porque el tiempo mínimo para la revisión de la pena es de 25 a 35 años, muy superior al que se establece en otros países con una pena similar. España ha ido cambiando su código penal  más a impulsos de titulares escandalosos que de una reflexión serena sobre el contenido, el alcance y el fin que deben tener las penas de privación de libertad. Así, una de las características de estos tiempos de posverdad es hacer como si la realidad no existiera y guiarse sobre todo por los sentimientos y las emociones más primarios: si las estadísticas dicen que España es un país bastante seguro en comparación con otros, que sus presos pasan más años que los de otros países entre rejas  y que su código penal es de los más draconianos, mucho peor para las estadísticas. 

¿Qué hará el Gobierno si a pesar del endurecimiento de las penas siguen produciéndose casos como el de Diana Quer o Marta del Castillo? ¿Ha disminuido el número de homicidios y asesinatos en Estados Unidos por aplicarse en muchos estados la pena de muerte? ¿Cuál sería el siguiente paso para satisfacer el humano pero poco racional deseo de venganza? ¿Prisión perpetua sin florituras revisables? ¿La pena de muerte? ¿La ley del Talión? ¿Hasta dónde habría que llegar para acabar con ese tipo de hechos? El PP y el Gobierno harían un gran beneficio a la sociedad española si se implicaran con medios humanos y económicos en la lucha contra la violencia machista y en la educación en el respeto y la igualdad desde la escuela. En definitiva, si contribuyera a hacer realidad aquella frase de Concepción Arenal que sigue teniendo hoy toda su vigencia: “Abran escuelas y se cerrarán cárceles”.  

JK5022: una comisión útil

Nunca he confiado mucho en las comisiones de investigación que se crean en los parlamentos, por lo general a mayor gloria del rifi rafe político. Da igual el asunto sobre el que se investigue  ya que lo que se suele terminar imponiendo es el encontronazo político más que la voluntad de esclarecimiento. Viene esto a propósito del acuerdo para crear en el Congreso de los Diputados una comisión que investigue las circunstancias del accidente del avión de Spanair que en agosto de 2008 causó 154 muertos cuando despegaba del aeropuerto de Barajas con destino a Gran Canaria. Cerradas todas las puertas judiciales españolas y comunitarias y pendiente solo de las causas civiles para fijar las indemnizaciones, la asociación de afectados que preside desde hace casi 10 años la incansable Pilar Vera se propuso llevar el caso al Congreso y reabrirlo judicialmente si fuera preciso. No lo ha tenido nada fácil ya que tanto el PP como el PSOE se han venido oponiendo sistemáticamente. Hay que recordar al respecto que era precisamente el PSOE el partido que gobernaba cuando ocurrió la catástrofe y que su gestión para el esclarecimiento de los hechos dejó muy insatisfechas a las familias. Ahora ha cambiado de parecer y se ha sumado a Unidos Podemos - impulsor de la iniciativa -  para constituir una comisión que el PP ha permitido con su abstención. Ciudadanos, en cambio, ha votado en contra agarrándose al peregrino argumento de que ya no es posible dirimir ningún tipo de responsabilidad política. 

Lo que la asociación de afectados ha demandado ante todo es que se revisen y actualicen los protocolos de actuación y las medidas de seguridad para que una tragedia como aquella no se repita. No parece que sea mucho pedir para que todos los grupos hubieran hecho suya la causa de unos familiares a los que, tras el accidente, se les prometió todo el apoyo que fuera necesario para conocer la verdad de lo ocurrido. Si en el ámbito judicial se ha entendido – aunque no compartido por muchos – que el accidente obedeció a una serie de errores humanos, en el ámbito político y legislativo es posible analizar si las normas de seguridad, que entonces y ahora son las mismas, son las más adecuadas y legislar en consecuencia. Si a raíz de esa investigación se concluyera que hubo algún tipo de responsabilidad política no veo por qué no se habría de depurar, aunque en este país esa sea una de nuestra grandes carencias democráticas. Es más, si se concluyera incluso que hubo responsabilidades de tipo penal habría que reabrir el caso en el ámbito judicial y enjuiciarlo a la luz de los nuevos datos. Nada en ello hay que deba escandalizar ni sorprender a nadie en un estado de derecho, salvo que se quiera dar definitivamente la espalda a los familiares de las víctimas y echar tierra sobre los numerosos interrogantes que una década después del accidente siguen sin respuesta. Aunque en mi fuero interno temo que me equivocaré, quiero por una vez confiar en que esta comisión y las conclusiones que de ella se obtengan sí será útil para las familias de las víctimas y para la sociedad española. Por el contrario, convertirla en una nueva oportunidad para la irresponsable riña política haría un flaco favor a ambas y a quienes pensamos que el Parlamento  tiene que ser mucho más que una simple caja de resonancia de las estrategias de los partidos y de sus intereses a corto plazo.     

Cataluña: esto no puede seguir así

España es un país paralizado y en expectativa de destino. Tres fuerzas independentistas catalanas, que se parecen ideológicamente entre sí como la noche y el día y que ni siquiera representan a la mayoría de los catalanes, tienen rehén de sus piruetas a todo un Gobierno y a todo un país. La última la hemos visto hoy mismo: la decisión del presidente del Parlamento catalán de aplazar sine die el pleno de investidura de Puigdemont es una nueva huida hacia adelante para seguir generando tensión con el estado. Me es indiferente si forma parte de un plan milimétricamente delineado u obedece simplemente a un nuevo regateo a la legalidad. Lo cierto es que lo que ha hecho hoy Torrent es demorar un poco más la salida a la crisis política catalana, en la que quienes menos importan son los catalanes. Y no me cabe la más mínima duda de que lo ha hecho perfectamente consciente de ello porque es de la confrontación con el Gobierno de lo que se alimenta el independentismo. Puigdemont tiene tantas posibilidades de ser presidente de la Generalitat como yo de proclamarme campeón olímpico de los cien metros lisos. Su situación judicial le inhabilita para asumir esa responsabilidad. Eso lo saben perfectamente los independentistas quienes, en lugar de proponer un candidato alternativo, insisten en el ex presidente para forzar la maquinaria del Estado y poder presentarse ante la opinión pública como víctimas de un Gobierno insensible y antidemocrático. No hay más, por muchas vueltas que se le dé a este insufrible culebrón por entregas. Y, a decir verdad, ganan la batalla estratégica frente a un Gobierno que actúa de manera errática. 

Aún estamos esperando a que Rajoy nos explique la razón por la que el miércoles pasado no se iba a impugnar la candidatura de Puigdemont y al día siguiente por la mañana la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunciaba todo lo contrario. Menos mal que llegó el Constitucional y salvó los muebles con una decisión que hay que coger con alfileres pero que permitió una salida airosa a un Gobierno que solo unas horas antes había recibido un sonoro bofetón del Consejo de Estado por proponer impugnar algo que no se había producido. Y así todo, de manera que, en estos momentos, el Gobierno solo piensa en Cataluña y en cómo responder a la próxima boutade de Puigdemont y los suyos. Insistir en la legalidad y el orden constitucional es irrenunciable para el estado pero no basta para poner fin a este sainete político y jurídico. Falta iniciativa política para romper la inercia actual y, sin violentar el orden constitucional, buscar salidas pactadas. Lo que parece claro es que apelar todos los días a los independentistas para que respeten la Constitución solo conduce al hartazgo de los ciudadanos. Ya sabemos que Rajoy es un maestro del inmovilismo y, en parte, la situación actual es deudora de esa forma de entender la acción política. En todo caso, el Gobierno no puede seguir escudándose en la crisis catalana para no cumplir con sus obligaciones constitucionales. La primera y más perentoria, presentar un proyecto de presupuestos para este año en vez de empezar a insinuar – como ha hecho Montoro – que igual no hay más remedio que seguir todo el año con los de 2017. Su minoría parlamentaria no puede ser otra excusa para no hacer nada sino un acicate para buscar los acuerdos necesarios que le permitan gobernar, tal y como prometió en su investidura. Los españoles no se merecen un Gobierno que no gobierna, sino que se limita a administrar su propia parálisis.   

Faycán no es una marca de turrón

¡Qué cosas ocurren en este país en el que tienen que pasar 12 años para que se sienten en el banquillo los acusados de una presunta trama de cobro ilegal de comisiones en el ayuntamiento grancanario de Telde! Y todo para que, después de tanto tiempo, la fiscalía y 20 de los 28 acusados alcanzaran un pacto por el que ninguno irá a la cárcel a cambio de confesar que, de un modo u otro, metieron la mano en la lata del gofio. Digo yo que el fiscal y los acusados pudieron haber sellado el compromiso en cuanto concluyó la investigación y la Justicia se hubiera ahorrado otra bochornosa demora que añadir a su caparazón de tortuga. Retraso, entre otros motivos, porque cierto magistrado consideró en su día que había que posponer la vista oral con la contundente razón jurídica de que una de las acusadas era candidata del PP en las elecciones de 2015. En descarga del magistrado podría alegarse que no fue a clase el día en el que se explicó lo de la separación de poderes, pero no creo que fuera eso. Con todo, lo más que sorprende no es que haya pasado más de una década para que se diriman las responsabilidades de cada uno en aquella red urdida con la presunta finalidad de financiar al PP teldense y que terminó degenerando en financiar también los bolsillos de los presuntos cofrades. Lo más llamativo es que los que llegaron al primer día del juicio aparentando arrepentimiento y contrición, se convirtieron por arte de magia en lenguaraces testigos de la acusación pública. A los que se mantuvieron en su inocencia y no se conformaron, aunque seguramente ya lo sabían, se les quedó cara de pasmo ante la masiva deserción y el aluvión de testimonios en contra que se les venía encima. No es que haya habido nada ilegal en este asunto, o al menos eso dicen los expertos en derecho procesal. 

Lo que escama no es solo la conversión en masa de los acusados en testigos de cargo a cambio de una rebaja de la petición de condena, que es algo que suele ocurrir con frecuencia; lo que ya no es tan frecuente, por no decir raro, es que entre una y otra condición no medie una sentencia del tribunal que, por casualidad, preside el controvertido juez Alba. Por decirlo en otros términos: mientras no haya sentencia, al menos in voce, se supone que los acusados siguen siéndolo y, por tanto, no podrían declarar en calidad de testigos. Al parecer, el tribunal ha dejado ese trabajo para el final de la vista, muy recortada ya en el número de sesiones previstas, toda vez que a cada día que pasa hay menos gente en el banquillo de los acusados y más en el de los testigos. Ayer mismo desertó de la incómoda condición de acusado el ex arquitecto municipal que de buena se ha librado: la fiscalía le pedía trece años – era la mayor pena solicitada en este caso -  y ahora se le queda en dos años de nada, gracias también a un pacto que lo llevará a engrosar las nutridas filas de los testigos. La defensa de los pocos que siguen acusados ha advertido que prestar declaración como testigo sin haber recibido sentencia después de ser acusado, puede ser motivo para solicitar la nulidad de los testimonios.  Y quién sabe – cosas parecidas ya se han visto – si ese mismo hecho no puede terminar provocando la anulación de todo el proceso. En ese caso puede que los que vimos estallar este escándalo hace 12 años y ahora vemos cómo se está juzgando, tengamos que dejarle la sentencia a nuestros herederos o descendientes. Eso, siempre y cuando lo del “caso Faycán” no fuera más que una marca de turrón o si para entonces queda algún acusado que aún no se haya convertido en testigo.  

Conferencia de presidentes: un año en blanco

Dentro de poco – el 17 de este mes  - hará exactamente un año desde que se reunieron en el Senado los presidentes de las comunidades autónomas con el del Gobierno central para tratar de cuestiones como la financiación de los servicios públicos, las pensiones, la educación o la violencia de género. Y cito solo algunos de los asuntos del abultado orden del día de un encuentro rodeado de una parafernalia mediática que sirvió a Rajoy y a su Gobierno para presentarse como hombre de diálogo y consenso por encima diferencias políticas. Pareció por momentos que el presidente concedía a sus colegas autonómicos la gracia de su presencia y el don de sus ideas, como si no fuera de suyo obligatorio que el jefe del Ejecutivo estatal se reúna al menos una vez al año con los máximos responsables públicos de cada región, nación o nacionalidad. En aquella ocasión hacía ya cinco años que Rajoy no tenía el detalle de escuchar a quienes dirigen la política de las comunidades autónomas reuniéndolos a todos en un foro común. Pero más allá del postureo propio y casi inevitable de ese tipo de encuentros, con desayuno oficial y presencial real incluidos, lo que importaba aquel día era el resultado. Éste, sin ser espléndido tampoco fue malo del todo, al menos sobre el papel. Pero había que pasar de las buenas intenciones a los hechos para poner en práctica los acuerdos alcanzados en una cámara alta que por fin – se decía entonces – cumplía la función de representación territorial que le encomienda la Constitución. Sin embargo, fue esa misma cámara, en la que no estuvieron aquel día ni el hoy huido Carles Puigdemont ni el vasco Urkullu, la que pasando no mucho tiempo suspendió la autonomía catalana en virtud del controvertido artículo 155. Paradojas de la política o justicia poética con un órgano representativo que, o se reforma para que cumpla los fines que le son propios, o debería desaparecer, aunque ese es otro debate. 

Lo cierto es que, casi un año después, la cosecha es muy pobre. Aún teniendo en cuenta la enquistada crisis catalana y sus efectos paralizadores sobre la vida política nacional y atendiendo, además, a la minoría parlamentaria del PP, el balance tiende al cero. Sirva como ejemplo que la comisión creada para estudiar la financiación autonómica elevó un informe al Gobierno que este ha reenviado a las autonomías pero sin hacer ninguna propuesta concreta a día de hoy de cómo piensa afrontar los desequilibrios de un sistema que perjudica a comunidades como Canarias. De la caótica situación de la financiación autonómica da buena cuenta la última ocurrencia de Montoro: meter la tijera en las entregas a cuenta de la financiación de este año con el argumento de que no se han podido aprobar unos presupuestos estatales nuevos. Dicho en plata: o el PSOE le apoya las cuentas a Rajoy o las autonomías sudarán tinta este año para sostener los servicios públicos. En cuanto a los pactos de estado que se acordaron en la reunión sólo ha visto la luz el de lucha contra la violencia de género  - pacto de mínimos y a expensas de financiación – y están pendientes el de educación o la reforma del sistema de pensiones. Demasiado poco para tantas buenas intenciones como se expresaron en un encuentro que, supuestamente, iba a marcar un hito en las relaciones entre el Gobierno del estado y de las comunidades autónomas. Nada ha cambiado tampoco en ese sentido ya que  los pleitos constitucionales entre Madrid y las autonomías siguen presidiendo buena parte de unas relaciones a las que les falta fluidez y le sobra cálculo y tácticismo político de muy corto plazo. Y no son los partidos o los gobiernos los que sufren las consecuencias de que asuntos trascendentales sigan empantanados por falta de voluntad y altura de miras. Los perjudicados son los españoles que asisten hastiados al espectáculo de los tiras y aflojas entre el poder central y el periférico previo paso por las sedes generales de las respectivas fuerzas políticas. 

Cinismo en la Fiscalía

La designación del Fiscal Jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, para un alto cargo en la Fiscalía General del Estado es un clavo más en el ataúd de la independencia del Ministerio Público respecto del poder político. García-Panasco ha sido premiado por el Fiscal General, José Manuel Maza, apenas una semana después de que el Tribunal Supremo sentenciara que vulneró derechos fundamentales en la investigación disciplinaria que le abrió a la magistrada Victoria Rosell cuando ésta era candidata de Podemos al Congreso de los Diputados. En un estado de derecho un fiscal al que la máxima instancia judicial del país le aplicara un correctivo de esa contundencia habría renunciado de inmediato o habría sido cesado por sus superiores. En España, que se supone que es un estado de derecho o al menos eso establece su Constitución, ese fiscal recibe un galardón de sus superiores en forma de ascenso profesional.

Y eso que la sentencia del Supremo que lee la cartilla a García – Panasco tiene un inconfundible aire salomónico al intentar contentar a todas las partes. Frente a lo que en su momento había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el sentido de que los jueces sólo pueden ser investigados disciplinariamente por el Consejo del Poder Judicial, el Supremo obvió lo que dice la ley y los votos particulares de tres magistrados de la Sala sobre el particular y le concedió a la fiscalía cierta autoridad en ese ámbito. Sin embargo, eso no le ha evitado a García – Panasco y a la fiscal Evangelina Ríos, también protagonista destacada en este caso aunque de momento sin premio,  un serio correctivo judicial. 

“Un fiscal que vulnere derechos fundamentales debe dimitir o ser cesado al instante” 

El Supremo establece que García – Panasco se extralimitó en sus funciones y vulneró dos derechos fundamentales de Rosell, el de la defensa y el del acceso a cargo electivo.  En realidad y al margen de cuestiones formales o procedimentales, detrás de este caso volvemos a encontrar un nuevo intento de utilizar a la fiscalía con fines espurios y contrarios a la defensa del interés general que le corresponde ejercer al Ministerio Público. Dicho en plata,  el ahora premiado García – Panasco olvidó que se debe a la Constitución y puso la fiscalía al servicio de intereses partidistas contrarios a Rosell con una investigación que no habría avalado ni el Santo Oficio. 

En reconocimiento, el Fiscal General del Estado, nombrado a dedo por el PP y recientemente reprobado por el Congreso de los Diputados, le eleva a Teniente Fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General, puesto que había dejado vacante el recién nombrado Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Desde allí, García – Panasco tendrá entre sus cometidos  elaborar circulares que vinculan a todos los fiscales en la interpretación de las leyes y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No deja de ser un sarcasmo que un fiscal que, según sentencia del Supremo, ha vulnerado derechos fundamentales de una ciudadana reciba el encargo de orientar  a los demás fiscales sobre cómo interpretarlos. El símil de la zorra cuidando de las gallinas no podría estar mejor empleado. 

“El nombramiento de García-Panasco es un nuevo clavo en el ataúd de la independencia del Ministerio Público” 

La guinda del esperpento la ha venido a poner el ministro Catalá, también reprobado en el Congreso aunque a él eso le da lo mismo que le da igual. Fiel a su compromiso de hacer subir el pan cada vez que habla, Catalá ha venido a decir que la intervención de García-Panasco en la investigación contra Rosell es sólo “una anécdota” y que el Fiscal Jefe de Las Palmas tiene “un gran currículum y una magnífica cualificación”. De pronto, el ministro que no se pone colorado defendiendo la autonomía del Ministerio Público, resulta que conoce la vida, obra y milagros de un fiscal de provincias. 

Pero para guinda, la del portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.  Desmiente este señor al Supremo y afirma sin despeinarse que García - Panasco actuó con “independencia, objetividad y de acuerdo a lo que dice la ley” y remacha que “si cada vez que las actuaciones de un fiscal son archivadas hiciéramos un reproche nos quedaríamos con la mitad de los fiscales”. Busco en el diccionario qué nombre recibe en castellano esta actitud y la del ministro y sólo encuentro uno: cinismo puro y duro. 

Villar: pitido final

Para Ángel María Villar ha sonado el pitido final de un partido que ha durado casi treinta años. El todavía presidente de la Federación Española de Fútbol ha agotado el tiempo de prórroga – el que va desde el inicio de las sospechas sobre su gestión hasta su arresto hoy por la Guardia Civil – y ya sólo le queda enfrentarse al lanzamiento de penaltis. A la vista de los cargos que pesan sobre él será difícil que no encaje varios tantos: corrupción entre particulares, falsedad, administración desleal, apropiación indebida y posible alzamiento de bienes no son, en principio, disparos fáciles de detener.

Junto a Villar han caído hoy también algunos eternos del fútbol de este país, caso de su vicepresidente económico y máximo responsable de la federación tinerfeña, Juan Padrón. Para él también ha concluido el partido y la prórroga después de décadas en las que más que de Federación de Fútbol habría que hablar de la pareja Villar – Padrón. El primero, jugador de poco mérito en el Athletic Club de Bilbao, fue lanzado a la fama y la presidencia por José María García. En efecto, fue el Butanito quien, en su particular batalla contra Pablo, Pablito, Pablete – Pablo Porta – consiguió hacer de Villar un digno sucesor del “abrazafarolas” con el que García dormía todas las noches a este país. 

“Durante años, hablar de la Federación de Fútbol ha sido hablar de Villar y de Padrón”

Si el abogado barcelonés Pablo Porta arrastraba un oscuro pasado franquista, el gris ex jugador bilbaíno y también abogado por Deusto, Ángel María Villar, ha dejado un reguero de irregularidades y opacidades al que la Justicia le sigue la pista desde hace casi una década. En principio y a expensas de lo que se pueda ir conociendo, la investigación se centra en averiguar cómo se las ha arreglado Villar para permanecer casi tres décadas al frente de la Federación y cuánto dinero del organismo deportivo presuntamente desvío para su propio beneficio y el de su hijo. Respecto a la primera de las líneas de investigación, todo apunta a una maquinaria de compra de votos bien engrasada con subvenciones y prebendas para aquellas federaciones territoriales que rendían vasallaje al señor feudal cuando tocaba volver a elegir presidente.

De ahí que la operación de la Guardia Civil que se inició esta mañana con la detención de Villar continúe a esta hora con registros en las federaciones de fútbol de media España. Mientras se aseguraba de este modo la continuidad en el machito un mandato tras otro, Villar aprovechaba los éxitos del fútbol español en las últimas décadas para organizar partidos amistosos de la selección y otros eventos deportivos cuyos beneficios terminaban en su cuenta o en la de su hijo Gorka. En paralelo hacia desaparecer cuantiosas cantidades de dinero público para proyectos de cooperación deportiva en África o América – véase el “caso Haití – que nunca llegaban a ejecutarse. Se calcula en un millón de euros la cifra que puede haberse embolsado indebidamente practicando el noble oficio de dirigir los destinos del deporte rey.

“Villar ha sido el señor feudal al que las federaciones territoriales han rendido vasallaje”

Mención aparte merece su blindaje en puestos de responsabilidad en las organizaciones futbolísticas internacionales como la UEFA o la FIFA, en donde compartió mesa y mantel con personajes como Michel Platini, tan opaco al frente del fútbol europeo como él al frente de fútbol español. Lo ocurrido con Villar indigna más que sorprende. De hecho, su arresto y el de su guardia de hierro con Padrón a la cabeza, era algo que se barajaba hacía tiempo a la vista de las investigaciones sobre él. Pero indigna porque este escándalo se une a los que protagonizan las mediáticas estrellas de este deporte, investigadas por fraudes fiscales millonarios y que deberían ser la vergüenza social del país. En el caso de la Federación Española y la actuación de su presidente, se produce además el agravante de que es la institución de la que dependen miles de chavales y jóvenes aficionados al fútbol para practicar su deporte preferido.

Que el fútbol profesional tiene ya muy poco de verdadero deporte y mucho de gran casino es indudable: a estas alturas pocos se atreven a negarlo por más que se mantenga la ficción de hacer pasar este gran circo mediático por una noble actividad deportiva. Ahora bien, que la podredumbre haya echado también raíces en el organismo encargado de fomentar la cultura y los valores deportivos es una muestra más de que ni siquiera los sueños futbolísticos de miles de jugadores aficionados están a salvo de la corrupción y de la sospecha.    

Miguel Ángel Blanco y la desmemoria

Creo que a la mayoría de los españoles que entonces tenía algo de uso de razón y se preocupaba un poco por lo que pasaba en este país, no se le olvidará jamás el asesinato hace ahora 20 años de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. En mi caso, solo escuchar el nombre del joven concejal del PP en Ermua reactiva casi como si hubiera ocurrido hoy la rabia de aquellos tres ominosos días de julio del 97, desde el secuestro, la extorsión y el chantaje, hasta los dos tiros infalibles en la nuca del hijo de emigrantes gallegos al que ni siquiera le interesaba mucho la política. Estos días, con ocasión del vigésimo aniversario de su martirio, el estómago se me ha vuelto a revolver de asco y repugnancia al revivir el cinismo sonriente con el que sus asesinos “Amaia” y “Txapote” afrontaron el juicio que se siguió contra ellos en la Audiencia Nacional.

¿Cómo olvidar aquellas horas de angustia y de impotencia, aquella agonía con la certeza casi completa de que Miguel Ángel Blanco sería asesinado por sus captores, que nada salvaría ya su joven vida de las balas criminales de ETA?. Es imposible salvo que un témpano de hielo ocupe el lugar del corazón y el fanatismo más absoluto haya nublado la razón como había ocurrido con la de los asesinos etarras. Pero no se trataba solo de condenar el asesinato de Blanco y olvidar lo ocurrido hasta que tuviera lugar un nuevo atentado, no en este caso. Ahora había sido diferente, ahora ETA había traspasado todos lo límites imaginables y había alcanzado el non plus ultra de su barbarie; como se dice últimamente, se había dado un tiro en un pie con el que probablemente fue el peor de los errores de la banda en su larga historia de muerte, extorsión y chantaje. 

“Con el asesinato de Miguel Ángel Blanco empezó el principio del fin de ETA” 

Seguramente no tardó en comprenderlo cuando millones de españoles se echaron a la calle para gritar ¡basta ya! y mostrar sus manos blancas contra el terrorismo. Los ciudadanos arrastraron a los partidos democráticos y obligaron a sus líderes a marcar de una vez por todas una línea divisora entre aquellos días de julio del 97 y el futuro: aquí tiene que comenzar el fin definitivo de ETA. Y así fue, el asesinato de Miguel Ángel Blanco significó el inicio del declive de la banda terrorista y, aunque aún hizo más daño, la cuenta atrás ya fue imparable hasta que en octubre de 2011 anunció el cese definitivo de sus atentados terroristas.

Lo que parecía casi inimaginable se había producido: la sociedad española se había puesto en primera línea en la lucha contra ETA y a muchos que hasta entonces solo veían en los terroristas a valerosos luchadores por la libertad de una “Euskalerría” sojuzgada por el fascismo y la dictadura, se les cayó la venda de los ojos para siempre. La eficaz acción coordinada de las fuerzas de seguridad españolas y francesas completo la tarea de convertir a ETA en una feroz pesadilla del pasado que ni la sociedad vasca ni la española podrán olvidar en décadas. 

“¿Es que nunca aprenderemos en este país de nuestros errores?” 

Hoy ETA es poco más que un cadáver sin mortaja del que lo único que se espera es que muera definitivamente para que pueda ser enterrado bien hondo y para siempre. Y es a esa tarea a la que deberían dedicar sus esfuerzos todos los partidos políticos democráticos sin excepción. Sin embargo, el vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco ha vuelto a sacar a la luz lo peor de la política de este país: las absurdas excusas de la alcaldesa de Madrid para negarle un merecido homenaje a quien con su muerte activó los resortes de rechazo de una sociedad harta de violencia, la indisimulada patrimonialización por parte del PP de alguien que al segundo de su muerte ya había dejado de ser concejal popular para convertirse en símbolo social contra el terrorismo y, por último, un PSOE al que en asuntos como este le sobra demasiada tibieza y la falta mucha claridad y contundencia.   

Para las fuerzas políticas es como si el llamado “espíritu de Ermua”, que reunió a los demócratas bajo la bandera del rechazo a la violencia terrorista, hubiera caducado y la memoria de Miguel Ángel Blanco no mereciera más que trifulcas y dimes y diretes entrecruzados. Es descorazonador y lleva a preguntarse si en este país no hay nada capaz de unir a los partidos por encima de sus legítimas estrategias y si ni siquiera el ejemplo modélico de una sociedad volcada en la calle contra el látigo inmisericorde de ETA, el peligro más cierto al que se enfrentó la joven democracia, merece ser recordado y respetado sin poses ni numeritos. ¿Es que nunca seremos capaces en este país de aprender de nuestros errores?

Las grietas de Maduro

Será por las relaciones históricas o será por la contumacia con la que los promotores de la "nueva política" en España se obstinan en negar las pruebas. Lo cierto es que para los españoles en general y para los canarios en particular, la situación política en Venezuela no puede pasar desapercibida. En un contexto de deriva autoritaria del régimen que encabeza Nicolás Maduro, la oposición acaba de anotarse una importante victoria con la excarcelación y pase a arresto domiciliario del líder opositor, Leopoldo López.  En primer lugar porque pone de manifiesto una nueva grieta en un régimen que está empezando a dar señales de resquebrajamiento a medida que endurece la represión contra las manifestaciones callejeras que ya se han cobrado más de noventa víctimas mortales.

Pudiera parecer que Maduro está fuerte y conserva intactos los apoyos del chavismo porque grita mucho y hasta amenaza con defender con las armas lo que no consiga con los votos. Sólo por esa frase, pronunciada hace pocos días, bastaría para retratar la convicción democrática del personaje pero, aún así, hay quienes como el líder de IU, Alberto Garzón, se resisten a considerar que estamos ante un autócrata  y se permite llamar golpista a Leopoldo López. Además de la presión internacional sobre Maduro para que abra el diálogo con la oposición y se convoquen nuevas elecciones, la propia dinámica de la situación interna está empezando a empujar al autoritario presidente venezolano hacia el borde del abismo.

“Por más que grite y amenace,  Maduro está empezando a mostrar grietas importantes” 

Junto con las incesantes manifestaciones de la oposición, de las que se cumplen ya cien días y a las que ni la represión policial consiguen acallar, en los últimos días se han producido algunos hechos que pueden ser tomados como ejemplos de la situación límite del chavismo. El primero fue el extraño tiroteo desde un helicóptero policial contra la sede del Tribunal Supremo. De su autor, un policía y actor, nada más se ha sabido y mucho menos de cuáles eran sus verdaderas intenciones ni con qué respaldo contaba o cuenta aún. Si descartamos un autogolpe para justificar la intensificación de la represión, que también pudiera ser, podríamos encontrarnos ante una seria advertencia de las fuerzas armadas a Maduro ante el clima de confrontación civil que se respira en el país.

Mucho más claro y transparente en sus motivaciones fue el asalto y secuestro durante casi ocho horas de los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por un grupo de energúmenos armados con palos y cuchillos. Las condenas por parte de Maduro no consiguen, sin embargo, desterrar la sospecha de que detrás del ataque está el chavismo más extremista que, a la desesperada, quiere atemorizar a la oposición parlamentaria. Aunque para grieta evidente en el régimen chavista hay que citar a la fiscal general Luisa Ortega, que se ha convertido en la única voz discordante de un poder judicial sumiso y obediente ante Maduro. Ortega ha afeado con dureza el remedo ilegal de Asamblea Nacional Constituyente que Maduro se ha sacado de la manga para intentar  anular a la que los venezolanos eligieron a finales de 2015 y a la que el presidente no puede poner también a sus pies como ha hecho con el poder judicial. 

“Con la excarcelación de Leopoldo López, el régimen busca ganar tiempo y aliviar la presión ” 

El sueño de Maduro de concentrar en sus manos todo el poder empezó a torcerse cuando los venezolanos dejaron al chavismo en minoría. A partir de ahí, ha iniciado una huída hacia delante de la que el último episodio ha sido precisamente la liberación a medias de Leopoldo López. Sería un error ver en esa decisión un gesto de buena voluntad hacia la oposición para reconducir la situación del país. Se trata más bien de una maniobra para ganar tiempo y aliviar la presión internacional y de la calle con la vista puesta en recuperar las fuerzas necesarias para continuar aferrado al poder como un náufrago a una tabla. 

Y es por eso y antes de que la defensa del poder por parte del chavismo desemboque en consecuencias aún peores, por lo que es el momento de que la comunidad internacional y la oposición obliguen a Maduro a liberar al resto de los presos políticos y a sentarse a negociar una salida pacífica y democrática de un régimen que se empieza a agrietar tanto como su cabeza visible y que amenaza con alcanzar en su caída a todos los venezolanos.    

Referéndum ilegal y a la carta

No sé cómo terminará – si es que termina – el órdago independentista catalán. Sin embargo, a cada paso nuevo que dan sus impulsores, más me convenzo de que el final no será feliz. Ese último paso ha sido la presentación hoy mismo de una ley de referéndum ad hoc con la que se intenta lo imposible constitucionalmente hablando para amparar la consulta del 1 de octubre. A la vista de las reseñas periodísticas, el texto conocido hoy es un monumento a la ilegalidad constitucional con un amplio repertorio de medidas manifiestamente antidemocráticas. Inconstitucional porque, por  mucho que el papel aguante todo lo que le echen y escriban en él, esa ley de referéndum choca de frente con lo que establece la carta magna sobre consultas populares.

Presentarla además como una ley “suprema” que se impone a cualquier otra norma que se le enfrente – la Constitución – es de matrícula de honor en derecho constitucional.  Y es antidemocrática no sólo porque ignore y pretenda imponerse a una Constitución que sí lo es y que sí fue refrendada por una amplia mayoría del pueblo español, incluido el catalán, porque ni siquiera se molesta en fijar un mínimo que dé validez al resultado. Es perfectamente posible que vote por ejemplo solo el 40% del censo y bastaría con que la mitad más uno diga “sí” a la independencia para que el resultado se considere válido.

 “La ley de referéndum catalán es un monumento a la ilegalidad constitucional”

Sin solución de continuidad y apelando a un supuesto derecho a decidir que sólo existe en la imaginación de quienes impulsan el referéndum, esa decisión se convertiría en declaración unilateral de independencia antes de las 48 horas siguientes a la celebración del apaño refrendatario que los independentistas acaban de parir. Y todo esto en un clima de revueltas internas, con consejeros críticos con el referéndum purgados por el presidente Puigdemont y socios como el PdCAT literalmente “hasta los huevos” de ser ellos los que paguen los platos rotos. En medio, pillados entre dos fuegos, funcionarios de ayuntamientos y otras instituciones que a día de hoy se deben a la administración general del Estado y a los que la Generalitat pretende convertir en rehenes y cómplices a la fuerza de su ilegalidad.

Cuando se ignoran los problemas pensando que el tiempo todo lo cura suele ocurrir que se complican, se multiplican y se enquistan. Eso es lo que está pasando con el “problema catalán” y la postura que ha mantenido ante él en los últimos años el PP. Mariano Rajoy, al que la estrategia de no hacer nada y esperar a que pase el mal tiempo le ha dado buenos resultados en otros ámbitos, ha intentado aplicar la misma técnica con Cataluña y sólo ha conseguido que lo que empezó siendo mar de fondo esté a punto de convertirse en galerna.

Después de enviar el estatuto catalán al Constitucional para que lo afeitara a conciencia en un fallo que según algunos juristas no hay por dónde cogerlo - véase lo que dice el profesor Muñoz Machado al respecto en su libro "Vieja y nueva Constitucion" (Ed. Crítica) - el líder del PP se ha limitado durante años a esgrimir el cumplimiento de la ley para responder a los embates del soberanismo catalán. Durante ese tiempo no ha dado ni un solo paso digno de ese nombre para encontrar una salida política a un problema que es, ante todo, político por más que se empeñe en verlo única y exclusivamente desde la óptica judicial.  

“Mariano Rajoy apenas tiene ya otra alternativa que la judicial después de años despreciando cualquier otra” 

Tampoco puede el PSOE, aún hoy el principal partido de la oposición, presumir de una postura definida y coherente en este asunto. Dependiendo de si el viento soplaba por la izquierda o por la derecha o de las relaciones con los socialistas de Cataluña, ha ido de la defensa de la unidad nacional consagrada en la Constitución a esa genialidad del diseño político de última hora llamada la “nación de naciones“ y la “plurinacionalidad”. 

Sin embargo es sobre los hombros de Rajoy sobre los que recae en estos momentos la responsabilidad de actuar ante la convocatoria de un referéndum ilegal amparado en una parafernalia normativa igual de inconstitucional. Lo que vaya a hacer sólo él lo sabe aunque es improbable que se aparte del monólogo judicial que ha caracterizado su discurso sobre Cataluña en los últimos tiempos. En realidad, a estas alturas no parece que le quede ya ninguna otra alternativa que no sea la judicial a la vista de la gangrena del problema a la que ha contribuido de manera tan eficaz después de años desdeñando cualquier otra salida.  

Violencia machista: ¿qué hacer?

Con desesperanza se preguntaba hace unos días la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, qué hacer ante el aumento del número de mujeres asesinadas vilmente a manos de sus parejas o ex parejas. Era una reflexión en voz alta a propósito de dos recientes y nuevos casos de sendas mujeres que perdieron la vida en menos de 48 horas en Sevilla y en Tarragona. En ambos casos medió un arma blanca asesina y un hombre que probablemente sigue convencido a esta hora de haber hecho lo que tiene que hacer todo hombre que se precie cuando esa mujer, a la que ha puesto en el mismo nivel que cualquier otra propiedad material suya, no se aviene a sus deseos y a su dominio.

El descorazonamiento de Becerril es más que comprensible si uno repasa las frías pero elocuentes estadísticas sobre la violencia machista en España difundidas hoy mismo por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. En los seis primeros meses de este año el balance asciende a 31 mujeres asesinadas, la cifra más alta de los últimos 7 años, casi el doble de la del año pasado.

“El número de mujeres asesinadas este año en España casi duplica el del año pasado”

Por si el dato no fuera suficientemente dantesco, a las 31 mujeres asesinadas hay que añadir la muerte de seis menores, un número que no se registraba desde hacia cuatro años y que multiplica por seis el de menores asesinados el año pasado en este contexto de violencia doméstica y de género. A la estadística del horror hay que añadir, además, 15 huérfanos, los últimos correspondientes a los asesinatos del pasado fin de semana en Sevilla y Tarragona.

Atención especial merece el número de víctimas mortales de la violencia machista registradas en lo que llevamos de año que había denunciado malos tratos y cuántas de ellas contaban con protección judicial. Y es aquí en donde de nuevo se aprecia una de las fallas por las que probablemente la lucha contra esta lacra sigue flaqueando. De las 31 mujeres asesinadas sólo 6 habían denunciado a su agresor y, de ellas, sólo cuatro tenían medidas de protección. El escaso número de mujeres que denuncia en relación con el de asesinadas y la aparente renuencia de los jueces para conceder protección a las victimas se ha convertido en una cansina constante de las estadísticas sobre violencia machista.

El aún reducido número de denuncias tiene causas conocidas en el miedo de muchas de las víctimas a empeorar la relación o en la esperanza, la mayor parte de las veces vana, de que mejore. Lo que merecería una reflexión a fondo por parte del Consejo del Poder Judicial y del legislador es por qué los jueces de violencia de género parece tan pacatos cuando se trata de ordenar protección. A lo que hay que añadir que en no pocos casos esas órdenes no han sido en absoluto garantía de seguridad para las mujeres protegidas por ella.

 "Mientras, los partidos discuten sobre si es violencia machista o de género"

Las cifras que hoy ha publicado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género deberían servir también para sacar de una vez de su modorra a la subcomisión del Congreso de los Diputados creada hace meses para consensuar un pacto contra este goteo constante de mujeres asesinadas y minutos de silencio al día siguiente ante las instituciones. A fecha de hoy, los partidos que integran esa subcomisión parece que no se han puesto de acuerdo prácticamente en nada. Tal es así que ni siquiera hay consenso sobre si hay que hablar de violencia machista o de violencia de género.

Si no fuera trágico sería de risa que la discusión esté encallada en una cuestión semántica y que nada se sepa aún de cambios legislativos, medios materiales y medidas preventivas y educativas para luchar contra lo que todos podemos coincidir en llamar simple y llanamente viles asesinatos. Pues claro que es para estar descorazonado y preguntarse qué hacer si, mientras siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas, quienes tienen la responsabilidad pública de hacer frente a este azote se limitan a convocar minutos de silencio y discutir sobre si son galgos o podencos: son asesinos y punto. 

Bárcenas el fuerte

Luis Bárcenas, la estrella invitada para el inicio de los trabajos de la comisión parlamentaria que investigará la caja B del PP, no ha defraudado a sus señorías. Ha actuado siguiendo escrupulosamente el guión establecido y ha mantenido un silencio cuasi sepulcral del que cabría deducir que quien calla otorga. Fiel a la perentoria petición que en su día le hizo Rajoy – “sé fuerte, Luis”  – el ex tesorero del PP no sólo ha salido airoso de la prueba sino que ha afeado a los diputados que hayan tenido el atrevimiento y hasta el mal gusto de preguntarle por las financiación irregular del PP y por sus cuentas en Suiza. Nada nuevo se esperaba que dijera y nada nuevo ha dicho sobre las cuentas opacas del PP quien, según su propio relato mágico de los hechos, amasó una fortuna y la depositó en Suiza gracias a su ojo crítico para las obras de arte.

En su línea habitual de chulería, prepotencia y arrogancia ha ignorado la inmensa mayoría de las preguntas de los diputados alegando que está inmerso en dos causas judiciales en curso y, por tanto, no iba a dispararse en un pie. A las cuestiones a las que se ha dignado contestar entre sorbo de agua y consulta del teléfono móvil, lo ha hecho para corregir la pregunta de tal o cual diputado o para rechazar las acusaciones contra él o contra el divino Rajoy, el hombre del que “nunca ha pronunciado el nombre en vano”. Luego se ha ido entre un tropel de periodistas y ha dejado a todos como estaban antes de la comparecencia: a dos velas. No hizo la peineta en la que es tan diestro pero en la práctica es como si la hubiera hecho.

“En su línea habitual de chulería, prepotencia y arrogancia ha ignorado la mayoría de las preguntas”

A uno le gustaría equivocarse pero me temo que del mismo tenor que la de Bárcenas serán todas las comparecencias de quienes de verdad puedan arrojar datos nuevos sobre la corrupción en el PP que no hayan aflorado ya en la investigación judicial. Empezando por la comparecencia de Rajoy, que hoy mismo ha desdeñado este tipo de comisiones de investigación alegando que son un “circo” y que sólo buscan abrir una causa general contra su partido y contra el gobierno. Detesto admitirlo pero no le falta algo de razón al presidente al considerar estos órganos parlamentarios como una suerte de caja de resonancia ampliada a través de los medios de los dimes y diretes y de las acusaciones cruzadas entre los partidos a propósito de la corrupción.

  

Claro que, mientras Rajoy descalifica las comisiones de investigación, el PP hace lo imposible por desactivar la del Congreso y, al mismo tiempo, llama a declarar en la creada en el Senado a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. En este ejercicio de hipocresía política consistente en hacer lo mismo que critica, al PP le ha faltado tiempo para citar a declarar al Tempranillo y a Luis Candelas pero todo se andará. En el Congreso, en donde está a merced de la oposición y de sus decisiones sobre quién debe declarar y cuánto pueden alargarse los trabajos, el PP amenaza con acudir al Constitucional porque se siente encausado injustamente. En el Senado, en donde tiene mayoría absoluta, no sólo no mueve los hilos para desactivar la comisión sino que pone en marcha el ventilador  de la porquería sobre el resto de las fuerzas políticas con la esperanza de que le toque una porción mucho menor de la que le corresponde por méritos propios.

“Al PP le ha faltado tiempo para llamar a declarar al Tempranillo y a Luis Candelas” 

Una democracia con unas instituciones mucho más sanas que las española y unos partidos políticos mucho menos comprometidos con sus ombligos políticos y mucho más con la transparencia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos, buscarían la manera de hacer de estas comisiones instrumentos útiles para luchar contra la corrupción. Pero mientras eso no ocurra, creo que sólo cabe adoptar una actitud de absoluto escepticismo ante los resultados de comisiones como la que hoy ha echado a andar en el Congreso para investigar un asunto que ya investigan los jueces y fiscales. Admito que tampoco el sistema judicial de este país está para grandes alegrías debido a la lentitud  y la obscena injerencia política en el nombramiento de puestos clave de la judicatura y la fiscalía. Aún así, confío mucho más en el trabajo judicial que, aunque lento y lleno de recovecos y disfunciones, suele terminar por dar resultados tangibles y concretos a los que poder agarrarse para exigir responsabilidades políticas que, de otra manera, nadie está dispuesto a asumir.       

Amnistía fiscal: un fallo fallido

Cuando la mayoría ya ni nos acordábamos de la cacicada de la amnistía fiscal perpetrada en 2012 por Montoro, hoy nos la ha recordado el Tribunal Constitucional.  En un fallo conocido esta tarde la declara inconstitucional y le afea con dureza a Montoro que eligiera un vulgar real decreto ley para implantar  una medida que afecta a una pieza clave de la Constitución, el artículo 31 en el que se dice textualmente que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Esa es la parte teórica del fallo constitucional, la práctica es que deja las cosas exactamente como están. El alto tribunal dice que obligar ahora a quienes se acogieron a la amnistía a pagar lo mismo que pagaron los que no se lo llevaron crudo al extranjero, crearía “inseguridad jurídica”.

Para los magistrados no parece que existiera inseguridad jurídica en el hecho de que quien sacó dinero del país para no pagar impuestos pudiera “regularizar” – la palabra preferida de Montoro – su situación de defraudador pagando un módico 10% de lo defraudado. Los que continuamos contribuyendo sin rechistar pudimos ver a personajes de la reconocida reputación de Bárcenas, Rato, Francisco Granados o los Pujol “regularizando” su situación pero eso, para el Constitucional, no supuso ni una burla, ni un escarnio ni por supuesto inseguridad jurídica de ningún tipo. Todo se reduce, según el Constitucional, a un error de Montoro en la elección de la norma jurídica para ofrendar a los que escondían el dinero en Suiza y en otros paraísos fiscales la posibilidad de pasar por caja para dejar un pequeño donativo a la Hacienda Pública.

“Para el TC no hay inseguridad jurídica en que unos paguemos hasta el último céntimo y otros sólo el 10%”

Como si eso no se le hubiera advertido en su momento al ministro por parte de la oposición y como si Montoro no hubieran ignorado las críticas y las advertencias y se hubiera venido arriba esparciendo basura y sospechas fiscales sobre determinados colectivos, todo ello con el respaldo indesmayable de la hinchada popular parapetada en su mayoría absoluta. Es más, poco después de que el Gobierno hiciera de la Constitución un sayo y se cubriera con él, el propio Montoro modificó su Real Decreto Ley de amnistía fiscal mediante una orden ministerial para “introducir mejoras”, es decir, más facilidades para los defraudadores. Hasta un alumno de primer amiguito de Derecho sabe que una norma de rango inferior no puede modificar otra de rango superior. Es, salvando las distancias, como si el alcalde de mi pueblo publicara un bando cambiando la Constitución.

Pues Montoro lo hizo y se quedó tan ancho, impávido ante el escándalo y ante la decisión de medio centenar de diputados del PSOE que llevaron el asunto ante el Constitucional que ahora les acaba de dar la razón, eso sí, cinco años después y para dejar las cosas como están. En ayuda del ministro salió incluso un afortunadamente olvidado Alberto Ruiz – Gallardón que, en una de aquellas modificaciones del Código Penal a la que era tan aficionado, introdujo un cambio urgente para que quienes se hubieran acogido a la amnistía pudieran dormir tranquilos per saecula saeculorum.

“Y todo aquel escándalo de la amnistía fiscal para recaudar menos de la mitad de lo que anunciaba Montoro”.

Y todo este escándalo para que al final la recaudación obtenida no llegara ni a la mitad de la prevista por Montoro. En una comparecencia en el Congreso, el sin par titular de Hacienda admitió que sólo se recaudaron 1.200 millones cuando el objetivo eran 2.500. Es más, reconoció que el dinero aflorado fue de 40.000 millones de euros y, por tanto, la recaudación debió haber sido de 4.000 millones si todo los que se acogieron a la ganga hubieran pagado el 10%. Lo que ocurrió fue, simple y llanamente, que Montoro aún les facilitó más las cosas a los defraudadores no fuera a ser que no repatriaran el dinero que tenían escondido en Suiza.

El fallo conocido hoy es un nuevo borrón en el expediente político de Montoro, por no hablar de su expediente como catedrático de Hacienda Pública. Sin embargo, el problema no es tanto el ministro, a cuyas salidas de pata de banco ya deberíamos estar acostumbrados y al que resulta ya inútil pedirle que dimita. Como ciudadano que paga puntualmente sus impuestos sin esperar amnistía fiscal de ningún tipo me pregunto por la utilidad y la necesidad de un órgano como el Tribunal Constitucional que funciona como el español. ¿De qué modo se puede garantizar de manera efectiva y real que el Gobierno no se pasa la Carta Magna por el arco del triunfo sin mayores consecuencias y no se vulneran derechos y deberes fundamentales fallando tan tarde y haciéndolo a medias?

La corrupción preocupa un montón

Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), conocida hoy, a los españoles la corrupción nos preocupa un montón. Tal es así que desde la  encuesta anterior hasta la fecha casi son incontables las horas de sueño que hemos perdido por esa causa. Contadas en puntos son doce puntos más, que ya son puntos. Sólo el paro que, a pesar de los esfuerzos de Rajoy sigue por las nubes, nos preocupa más que el trinque de lo público. Por desgracia me temo que ese subidón no tiene nada que ver con la espontánea aparición de una inesperada conciencia cívica entre los ciudadanos. No creo que nos hayamos  vuelto todos virtuosos de la noche a la mañana y hayamos decidido que esto no puede continuar así. La causa de ese repunte no es otra que la coincidencia de la encuesta con un nuevo caso de corrupción que añadir a la larga lista de mamandurrias que se han ido acumulando a lo largo de los años.

En esta ocasión fue bautizado como “Lezo” y ha llevado a la cárcel a todo un ex presidente autonómico madrileño y hasta ha contribuido en parte a mandar a su casa a un fiscal jefe Anticorrupción y a poner contra las cuerdas a un Fiscal General del Estado y a un ministro de Justicia. Con ingredientes  de esa categoría lo extraño hubiera sido que el asunto no nos quitara al menos unas horas de sueño. Ahora bien, no tengo dudas de que si antes de la próxima  encuesta este país se libra de nuevos registros policiales, detenciones y encarcelamientos, los españoles recuperaremos rápidamente las horas de sueño pérdidas y todo volverá a ser como siempre. Incluso, si hubiera elecciones dentro de unos meses sin que mientras tanto saltaran a los medios nuevos casos de corrupción, volveríamos a votar mayoritariamente lo mismo que la vez anterior y que la anterior y que la anterior a la anterior. 

“Si antes de la próxima encuesta del CIS no aparecen nuevos casos de corrupción, los españoles recuperaremos el sueño perdido” 

Debe ser nuestro carácter voluble e inconstante que hace que la indignación por el saqueo de lo público nos dure lo que dura un telediario. En realidad, aunque muchas veces pensemos lo contrario, no nos diferenciamos gran cosa de muchos de aquellos a los que votamos para que nos representen o de los que controlan los hilos de los partidos políticos. La clase política de un país suele reflejar la realidad social y por eso somos los ciudadanos los que, con nuestros votos y con nuestra actitud ante lo público, decidimos a qué altura colocamos el listón de la honradez y la decencia que estamos dispuestos a exigirles a nuestros representantes.

Un ejemplo muy claro de que una cosa es decir que se está preocupado por la corrupción y otra muy distinta actuar en consecuencia lo encontramos en el PP. A los populares les ha entrado el pánico ante la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos creada en el Congreso de los Diputados. Para evitar verse sometidos a una causa inquisitorial de carácter general por parte de los otros partidos han empezado a maniobrar para acotar al máximo el contenido de la investigación, los comparecientes y el periodo a investigar. Dicho de otra manera, nada de retrotraernos a los tiempos de Aznar  y Rato y a “su milagro económico”; por lo que al PP se refiere con los cuatro años de Rajoy en mayoría absoluta debería ir el asunto servido, y advierten con quejarse al juez para que mande a parar si hay quien quiera ir más allá.

“¿Qué preocupa de esa comisión de investigación al PP si la corrupción en sus filas sólo son casos aislados?” 

Ya comenté en su día que lo de las comisiones parlamentarias de investigación suelen generar más ruido que nueces y, después de meses de reproches y acusaciones cruzadas, cerrarse sin conclusiones novedosas con respecto a la investigación judicial y sin medidas concretas para evitar que lo investigado se repita. De todo modos me llama mucho la atención que al PP le preocupa esa comisión siendo como es la corrupción en sus filas un asunto de simples “casos aislados” cometidos presuntamente por “esa persona que usted dice” y “que ya no pertenece al Partido Popular”. Y menos lo entiendo siendo como es el PP “el partido que más medidas de lucha contra la corrupción ha aprobado” desde la época de Luis Candelas y el Tempranillo. Creo que está tardando el CIS en hacer una encuesta para aclararnos si también entre los dirigentes del PP la corrupción preocupa un montón.       

Lo que diga mi papá

Usted y yo necesitaríamos siete vidas como los gatos para ganar lo que gana una estrella del fútbol en un año. Corremos todos los días de un lado para otro absortos en nuestras obligaciones pero cuando llega el fin de semana se para el mundo y triunfa el fútbol. El domingo por la noche zapeamos en la radio y en la televisión para escuchar comentarios y ver goles. El lunes por la mañana, con el primer café de la semana, comienza un ritual que dura hasta el miércoles. Incluye críticas al totorota del entrenador si hemos perdido y alabanzas sin cuento si hemos ganado; no olvidamos repasar en profundidad la actuación de nuestras estrellas y las del rival y, si se nos dio mal, recordamos la familia del árbitro hasta el tercer grado de consanguinidad. El resto de la semana hasta el sábado lo empleamos en preparar la alineación, espiar al rival y hacer cálculos matemáticos sobre quiénes jugarán la Champions aunque para eso falte aún vuelta y media de competición.

No creo que lleguen a una o dos las tertulias futbolísticas de bar en las que los aficionados hablen del dineral que los adorados ases del balompié y algunos de sus directivos defraudan o evaden a Hacienda. Se me escapa la razón de tanta tolerancia social para con el escaqueo fiscal de estos señores. Sólo se me ocurre como causa que la inmensa mayoría de los aficionados está tan ofuscada que no cae en la cuenta de que, mientras ellos trabajan a destajo y cumplen con Hacienda, sus ídolos se lo están llevando crudo antes sus propias narices.

“No llegan a una dos las tertulias de fútbol en las que se hable del fraude fiscal de los futbolistas”

Ni usted ni yo, cuyos ingresos conoce la Agencia Tributaria hasta el tercer decimal, podríamos defraudar un euro a Hacienda. Los futbolistas, sin embargo, tienen derechos de imagen, el maravilloso truco del almendruco para pagar menos al fisco. Empresas ubicadas en paraísos fiscales que habitualmente son propiedad del jugador y que tributan por el Impuesto de Sociedades, gestionan esos derechos y pagan al futbolista. Este, a su vez, está obligado reflejar esos ingresos en su declaración de la renta.

La pregunta se cae de madura: ¿lo que los jugadores declaran como ingresos por derechos de imagen es todo lo que realmente ingresan a través de sus propias empresas? La respuesta, según Hacienda, es que hay sensibles diferencias y esto en la práctica quiere decir que los futbolistas pagan por Impuesto de Sociedades parte de lo que deberían pagar como IRPF, cuyos tipos son sensiblemente superiores. Aproximadamente ese suele ser el modus operandi de todos los que han sido condenados o investigados por la Hacienda pública. Y no hablamos de casos aislados y excepcionales sino de una larga lista que va desde Cristiano Ronaldo a Leo Messi pasando por Iker Casillas, Mascherano, Samuel Eto’o, Xabi Alonso, Neymar, Adriano, Piqué, Ramos o Alexis. En otras palabras, que se podría conformar un gran equipo con muchas posibilidades de ganar la Champions sólo con aquellos  sobre los que Hacienda ha puesto su atención. 

“Con los jugadores investigados por Hacienda se podría conformar un equipo ganador de la Champions”

Al ministro Montoro se le tiraron al cuello por quejarse en el Congreso de la tolerancia de los españoles con el fraude fiscal de los futbolistas. Es cierto que Montoro no es el más indicado para hablar de estas cosas después de su amnistía fiscal para que los que escondieron el dinero en Suiza lo pudieran repatriar cómodamente. Sin embargo, no le falta un punto de razón. Si usted pregunta, la mayoría de los ciudadanos echara pestes del excesivo número de políticos que hay en este país, de lo mucho que cobran y del dineral que algunos ocultaban en Suiza. Pero ni una palabra sobre lo que cobran los futbolistas ni sobre lo que dejan de pagar a Hacienda, por más que lo que ellos no pagan lo tengamos que pagar los demás.

No quiero ponerme moralista pero me pregunto cómo encaja esta orgía de millones, coches deportivos y mansiones espectaculares que exhiben los futbolistas a través de los medios con la cultura del esfuerzo y el trabajo que supuestamente deberían los padres inculcar en sus hijos. Los chicos ven en estas galácticas estrellas y en sus comportamientos y estilo de vida regalada modelos a imitar. Y no es precisamente el mejor de los ejemplos que, además, sus iconos también defrauden a toda la sociedad no cumpliendo con sus obligaciones fiscales como hace el resto de los ciudadanos, incluidos sus padres. “Lo que diga mi papá”, aquella lapidaria frase de Messi para eludir su responsabilidad por fraude fiscal, no puede ser ejemplo a seguir por los chavales ni tolerar por los padres.  

Mánchester y la razón

Tras los atentados de Mánchester alguien ha escrito  – no recuerdo quién ni dónde – que los occidentales empezamos a acusar fatiga de compasión. Tiene toda la razón. Los actos de barbarie terrorista de los últimos tiempos nos están dejando sin palabras y hasta sin argumentos. Admiro a esas personas que son capaces de hilvanar un discurso coherente después de saber que 22 inocentes, la mayoría niños y adolescentes, han volado por los aires sólo porque un fanático decidió que debía acabar con cuantas más vidas mejor, incluida la suya. Yo ya empiezo a ser incapaz de encontrar palabras para expresar las sensaciones que me producen estas masacres y creo que no soy el único. Se nos está agotando el repertorio de actos, minutos de silencio  y frases de condena, asco y repulsa y el catálogo de soluciones también acusa signos de agotamiento. 

Repetir las mismas expresiones cada vez que un descerabrado se lleva por delante unas cuantas decenas de vidas que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora errónea apenas nos sirve para tranquilizarnos temporalmente. En nuestro fuero interno no podemos sentirnos satisfechos porque somos conscientes de que sólo hemos aplicado un placebo para una grave enfermedad, la del fanatismo religioso, el peor de todos los fanatismos. Pero que se nos agoten las condenas o que la razón ya no nos alcance para comprender estos actos salvajes, no puede llevarnos a bajar los brazos y empezar a normalizar estas tragedias.

“No nos podemos permitir caer en la impotencia y en el derrotismo ante el terror”

No nos podemos permitir caer en la impotencia y en el derrotismo ante el terror. Ese es precisamente el objetivo de los terroristas, derrotar nuestra moral y allanar nuestras razones. Y la razón es no sólo la mejor sino la única arma para luchar contra la sinrazón y nuestra frontera más firme para la defensa de los valores de la tolerancia y el respeto. Necesitamos apoyarnos en la razón para no hacerles el juego a quienes ven en atentados como el de Mánchester la excusa perfecta para arañar votos cabalgando sobre la xenofobia y el racismo. La coincidencia del atentado en esa ciudad inglesa con la campaña para las elecciones del 8 de junio en el Reino Unido no puede haber sido casual. Su objetivo, además de cegar cuantas más vidas mejor, ha sido poner contra las cuerdas el sistema democrático y sus elementos constitutivos. A esas fuerzas políticas que braman contra los refugiados y los inmigrantes, hechos como el del lunes les sirven para alimentar sus discursos de odio al extranjero, especialmente si profesa la fe de Alá.

La razón es también la única herramienta que nos servirá para comprender por qué los estados europeos han fracasado de manera tan flagrante a la hora de integrar en la cultura occidental y en el respeto a las creencias de los demás a jóvenes nacidos y criados en nuestros países y de religión musulmana. Es tambíen la única vía para encontrar las soluciones que ayuden a reparar los graves errores y las injusticias históricas cometidos por Occidente en los países de donde proceden las familias de estos jóvenes radicalizados.

“Responder a la acción con la reacción es una salida pasajera de dudosa eficacia”

Responder a la acción con la reacción sólo es una salida pasajera y de dudosa eficacia. Sacar el ejército a las calles como ha hecho el gobierno conservador británico o como hizo también en Francia el socialista Hollande sólo sirve para transmitir una sensación de seguridad más artificial que real. Además, ningún país democrático se puede permitir luchar contra el terrorismo suspendiendo indefinidamente libertades y derechos porque estaría abdicando ante quienes se han propuesto acabar con los rasgos más característicos de la democracia.

Vigilancia y prevención policial son medidas imprescindibles pero insuficientes como ha vuelto a quedar de manifiesto en Mánchester. La acción coordinada de los países amenazados por el terrorismo sobre las causas últimas que lo alimentan y la implicación de los gobiernos para integrar en los valores democráticos a los inmigrantes de segunda o tercera generación susceptibles de caer en las redes del radicalismo, son también ineludibles. Es lo que aconsejan la razón y el sentido común frente a quienes desearían con todas sus fuerzas arrastrarnos a la ley del Talión sin importarles que todos acabemos ciegos.   

Maniobras judiciales en la oscuridad

A pesar de haberse convertido en el primer ministro de la democracia reprobado por amplia mayoría del Congreso de los Diputados, a Rafael Catalá no se le ha movido un pelo de la barba. Se siente expresamente respaldado por Rajoy que tiene en él a un excelente dique de contención de la nueva marea de chapapote corrupto en la que vuelve a chapotear el PP. Desde la óptica del Gobierno, es innegable que Catalá está prestando excelentes servicios como corrobora haber puesto a José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General del Estado y este a su vez a Manuel Moix al cuidado de la Fiscalía Anticorrupción.

El ministro ha mostrado además su lado más generoso – ¡qué sería de la Justicia sin generosidad! – y ha deseado que “acaben pronto los líos” a un flamante presunto corrupto como Ignacio González. En servicios a la causa no se ha quedado atrás Maza, que no tuvo reparos en ordenar a un fiscal anticorrupción de Murcia que no acusara a otro presunto corrupto del PP, el ex presidente de la comunidad autónoma. Aunque para méritos los de Moix, el preferido de Ignacio González para la Fiscalía Anticorrupción, que se batió el cobre para detener los registros de la “operación Lezo” hasta el punto de provocar un motín de los fiscales madrileños. Méritos todos ellos que han conseguido enfadar hasta a las asociaciones de fiscales más conservadoras, por no hablar de las progresistas, que al unísono han pedido sin éxito que rueden cabezas. 

“Es innegable que Catalá está prestando excelentes servicios al Gobierno”

Los tres – Catalá, Maza y Moix – han sido reprobados por la mayoría del Congreso de los Diputados y a ninguno de los tres se le ha pasado siquiera por la cabeza irse a sus casas. Al final, qué es el Congreso sino la sede de la soberanía popular a cuyas decisiones podemos hacerles un limpio corte de mangas y continuar como si tal cosa. En cualquier otro país democrático el ministro se habría ido a casa antes de sufrir la vergüenza de una reprobación política y lo mismo habrían hecho los otros dos reprobados. En España, por el contrario, se saca pecho, se niega la mayor y se convierte el Congreso en un alegre pasatiempo para los aburridos martes por la mañana.

En un país en el que el partido en el Gobierno está hasta las cejas de corrupción es importante tener mucho cuidado con la persona que pone ese partido al frente del ministerio de Justicia. No vale cualquier cantamañanas al que se le ocurra nombrar un fiscal general desafecto y le haga un roto irreparable.  Debe mirarse con mucha atención y ante todo el pedigrí político para evitar disgustos y en segundo lugar el profesional. Es cierto que el mal que supone el control orgánico, jerárquico y sobre todo político del Ministerio Público por parte del partido en el gobierno es viejo y que ya lo sufrimos en su día con personajes como el presunto socialista Eligio Hernández. Sólo que ahora la corrupción conocida ha alcanzado niveles cercanos a la inundación y la sensibilidad social es infinitamente superior, de manera que lo que haga un ministro de Justicia y su fiscal general no pasa precisamente desapercibido.

“Para Justicia no vale cualquier cantamañanas que nombre a un fiscal general desafecto y haga un roto irreparable”

Como no ha pasado desapercibido que justo en la semana en la que Catalá y la cúpula fiscal han sido reprobados, el Consejo del Poder Judicial – otro órgano que merece ser puesto patas arriba de inmediato  para acabar con su control político – ha tenido a bien enviar al juez Velasco a una plácida Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Será casualidad pero resulta difícil de creer: Eloy Velasco es el juez que instruye precisamente los casos Lezo y Púnica que afectan de lleno al PP de Madrid y que ahora tendrá que dejar sobre la mesa para que se ocupe de ellos aquel que por concurso ocupe la plaza, algo que se tomará su tiempo.

El nuevo tendrá que aprenderse ambos casos antes de decidir qué rumbo seguir y mientras el escándalo bajará unos cuantos grados  que le servirán al PP para tomar aire. No obstante, antes de irse el juez Velasco ha tomado dos decisiones de calado. Por un lado, ha fijado una fianza de 400.000 euros para que Francisco Granados, cabecilla de la Púnica y una de las ranas de Esperanza Aguirre, pueda salir de prisión. La otra ha sido rechazar el procesamiento de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes a la que informes de la Guardia Civil, seguramente filtrados por fuego amigo, vinculan también con esa trama corrupta. Pareciera como si alguien en el PP no le perdonara a Cifuentes haberse convertido en la heroína de la lucha contra la corrupción en el partido dejando a Rajoy y al PP como consentidores pasivos del saqueo de lo público a la sombra de la gaviota. ¡Cómo está el servicio, señorito!, que diría Gracita Morales.