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JK5022: una comisión útil


Nunca he confiado mucho en las comisiones de investigación que se crean en los parlamentos, por lo general a mayor gloria del rifi rafe político. Da igual el asunto sobre el que se investigue  ya que lo que se suele terminar imponiendo es el encontronazo político más que la voluntad de esclarecimiento. Viene esto a propósito del acuerdo para crear en el Congreso de los Diputados una comisión que investigue las circunstancias del accidente del avión de Spanair que en agosto de 2008 causó 154 muertos cuando despegaba del aeropuerto de Barajas con destino a Gran Canaria. Cerradas todas las puertas judiciales españolas y comunitarias y pendiente solo de las causas civiles para fijar las indemnizaciones, la asociación de afectados que preside desde hace casi 10 años la incansable Pilar Vera se propuso llevar el caso al Congreso y reabrirlo judicialmente si fuera preciso. No lo ha tenido nada fácil ya que tanto el PP como el PSOE se han venido oponiendo sistemáticamente. Hay que recordar al respecto que era precisamente el PSOE el partido que gobernaba cuando ocurrió la catástrofe y que su gestión para el esclarecimiento de los hechos dejó muy insatisfechas a las familias. Ahora ha cambiado de parecer y se ha sumado a Unidos Podemos - impulsor de la iniciativa -  para constituir una comisión que el PP ha permitido con su abstención. Ciudadanos, en cambio, ha votado en contra agarrándose al peregrino argumento de que ya no es posible dirimir ningún tipo de responsabilidad política. 


Lo que la asociación de afectados ha demandado ante todo es que se revisen y actualicen los protocolos de actuación y las medidas de seguridad para que una tragedia como aquella no se repita. No parece que sea mucho pedir para que todos los grupos hubieran hecho suya la causa de unos familiares a los que, tras el accidente, se les prometió todo el apoyo que fuera necesario para conocer la verdad de lo ocurrido. Si en el ámbito judicial se ha entendido – aunque no compartido por muchos – que el accidente obedeció a una serie de errores humanos, en el ámbito político y legislativo es posible analizar si las normas de seguridad, que entonces y ahora son las mismas, son las más adecuadas y legislar en consecuencia. Si a raíz de esa investigación se concluyera que hubo algún tipo de responsabilidad política no veo por qué no se habría de depurar, aunque en este país esa sea una de nuestra grandes carencias democráticas. Es más, si se concluyera incluso que hubo responsabilidades de tipo penal habría que reabrir el caso en el ámbito judicial y enjuiciarlo a la luz de los nuevos datos. Nada en ello hay que deba escandalizar ni sorprender a nadie en un estado de derecho, salvo que se quiera dar definitivamente la espalda a los familiares de las víctimas y echar tierra sobre los numerosos interrogantes que una década después del accidente siguen sin respuesta. Aunque en mi fuero interno temo que me equivocaré, quiero por una vez confiar en que esta comisión y las conclusiones que de ella se obtengan sí será útil para las familias de las víctimas y para la sociedad española. Por el contrario, convertirla en una nueva oportunidad para la irresponsable riña política haría un flaco favor a ambas y a quienes pensamos que el Parlamento  tiene que ser mucho más que una simple caja de resonancia de las estrategias de los partidos y de sus intereses a corto plazo.     

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