Aunque lo pueda parecer, no es cierto que el Gobierno y el PP
se encuentren en estado de postración catatónica ante la crisis catalana, como
paralizados políticamente ante las piruetas de un saltimbanqui llamado Carles
Puigdemont. También hacen cosas como convocar una convención nacional, presentar mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos y poner en marcha una campaña de
recogida de firmas para evitar que la mayoría del Congreso siga adelante con la derogación de la prisión permanente revisable. Se trata de una contradicción en los términos que, cuando era el
mandamás parlamentario, introdujo el PP en al Código Penal a pesar del amplio
rechazo social y jurídico que cosechó. En ese objetivo viene a coincidir con
Ciudadanos, cada día más indistinguible del PP en una serie de propuestas que
adelantan a Rajoy por la derecha a toda velocidad. Se suman los
populares a la campaña de recogida de firmas de los padres
de Diana Quer apoyada por los familiares de otros casos
especialmente relevantes por el eco social y mediático que los ha rodeado. Vaya
por delante el respeto hacia los sentimientos de los familiares de todas las víctimas
de muerte violenta, en la mayoría de los casos silenciosos y alejados de los
inmisericordes focos mediáticos y las redes sociales. Con todo, es imprescindible poner de relieve
que la legislación penal de un estado de derecho no se puede sustentar en los sentimientos o en un latente deseo de venganza por parte de los ofendidos y de
quienes apelando más al corazón que a la razón se solidarizan con ellos. Son
otras las consideraciones las que deben primar, como por ejemplo la reeducación
y la reinserción social del preso. Eso es exactamente lo que recoge la
Constitución Española en su artículo 25: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad
estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán
consistir en trabajos forzados”.
Es precisamente uno de los artículos en
los que se basó la oposición para recurrir la prisión permanente
ante el Tribunal Constitucional. En lugar de esperar el fallo, el PP ha optado
por subirse a la ola del populismo punitivo en busca de réditos electorales que
le permitan recuperar puestos en las encuestas frente a Ciudadanos. Con la prisión permanente revisable estamos ante un eufemismo jurídico
que salta a la legua porque de lo que se trata es, simple y llanamente, de cadena
perpetua. Entre otras cosas, porque el tiempo mínimo para la revisión de la
pena es de 25 a 35 años, muy superior al que se establece en otros países con una pena similar. España ha ido cambiando su código penal más a impulsos de titulares escandalosos que de
una reflexión serena sobre el contenido, el alcance y el fin que deben tener
las penas de privación de libertad. Así, una de las características de
estos tiempos de posverdad es hacer como si la realidad no existiera y guiarse sobre todo por los sentimientos y las emociones más primarios: si las estadísticas dicen que España es
un país bastante seguro en comparación con otros, que sus presos pasan más años
que los de otros países entre rejas y que
su código penal es de los más draconianos, mucho peor para las estadísticas.
¿Qué
hará el Gobierno si a pesar del endurecimiento de las penas siguen
produciéndose casos como el de Diana Quer o Marta del Castillo? ¿Ha disminuido
el número de homicidios y asesinatos en Estados Unidos por aplicarse en muchos
estados la pena de muerte? ¿Cuál sería el siguiente paso para satisfacer el
humano pero poco racional deseo de venganza? ¿Prisión perpetua sin florituras
revisables? ¿La pena de muerte? ¿La ley del Talión? ¿Hasta dónde habría que
llegar para acabar con ese tipo de hechos? El PP y el
Gobierno harían un gran beneficio a la sociedad española si se implicaran con medios
humanos y económicos en la lucha contra la violencia machista y en la educación
en el respeto y la igualdad desde la escuela. En definitiva, si contribuyera a
hacer realidad aquella frase de Concepción Arenal que sigue teniendo hoy toda su
vigencia: “Abran escuelas y se cerrarán cárceles”.
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