Las prospecciones son para el verano

Ni cuarenta y ocho horas ha durado la precaria armonía que parecía emanar de la entrevista que el presidente Mariano Rajoy y su homólogo canario Paulino Rivero consiguieron el pasado miércoles con su reunión en La Moncloa. Raudo y veloz, el ministro de Industria y líder de los populares canarios, José Manuel Soria, ha dicho hoy que habrá prospecciones petrolíferas sí o sí y que comenzarán entre julio y septiembre, a más tardar. De nuevo ha sacado a relucir sus viejos argumentos sobre los beneficios sin cuento del petróleo y de nuevo ha vuelto a encender la mecha de la tensión entre ambos gobiernos.

Dice Soria que ese es el anuncio que Rajoy le hizo a Rivero en la reunión de La Moncloa, aunque del particular no dijo nada el presidente canario en la rueda de prensa posterior. Sí reconoció que en el asunto de los sondeos las posiciones son irreconciliables pero prefirió subrayar las cuestiones en los que puede haber una mayor sintonía frente a aquellas en las que el desencuentro es ya público y notorio. Pues bien, Soria se ha encargado hoy de volver a ponerlo en el primer plano, tal vez preocupado ante la posibilidad de que las relaciones entre los Gobiernos de Canarias y del Estado mejoren siquiera sea de forma leve y el diálogo de sordos que ha presidido toda esta legislatura se reconduzca hacia terrenos más razonables de un mínimo entendimiento que beneficie a los ciudadanos de estas Islas.


Soria, que no estuvo en la reunión entre Rajoy y Rivero y por tanto debería de tener la prudencia y hasta la educación de no revelar los asuntos que en ella se trataron, vuelve a actuar como el pirómano de unas relaciones ya bastante caldeadas pero con las que no parece sentirse a gusto si no están bien tensas y a punto de estallar. Cree que obtiene mayor rédito político echándole petróleo al fuego y no duda en hacerlo en cuanto advierte que las llamas bajan un poco de intensidad.

En su táctica incendiaria el ministro también vuelve a actuar como portavoz cualificado de Repsol y rectifica incluso las propias previsiones de la petrolera de iniciar los sondeos en mayo, como anunció el presidente Brufau en la lamentable rueda de prensa del año pasado en Canarias. Por no mencionar que vuelve a ignorar que el Ministerio de Medio Ambiente aún no ha concedido la autorización definitiva para iniciar las prospecciones y que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las instituciones canarias.

Al ministro, la lealtad institucional, la discreción, el diálogo constructivo y esos formalismos de leguleyos parecen importarles más bien poco si saltándoselos consigue volver a agitar las aguas del enfrentamiento, su hábitat natural y al margen del cual se encuentra como pez fuera del agua. 

Aborto o cuando Rajoy mandó callar

A Rajoy no le gusta el barullo. Para evitarlo da contadas ruedas de prensa, la mayor de ellas por tele de plasma, y le ahorra a los periodistas el ingrato ejercicio de hacer preguntas que son respondidas a medias o no respondidas. A la vista del nivel de ruido que está alcanzando el debate sobre el aborto en su propio partido, con barones y diputados desmarcándose de la “progresista” contrarreforma de Gallardón, el presidente del Gobierno y del PP ha ordenado a los suyos que dejen de dar espectáculo mediático y diriman sus diferencias a puerta cerrada. 

Ni caso: ha sido decirlo y saltar nuevas voces para pedir “consenso”, “diálogo”, “equilibrio” o “voto secreto”. Son los mismísimos barones populares como Monagos, Feijóo o Herrera los que han dejado patente su incomodidad con la ley social más retrógrada de este Gobierno, que ya ha impulsado unas cuantas y muy retrógradas. La rebelión se extiende también  por las alcaldías y los escaños populares del Congreso, con petición de voto secreto aunque con resultado negativo por ahora. Y eso sin contar a quienes prefieren no moverse para seguir saliendo en la foto, aunque en su fuero interno abominen de un anteproyecto de ley que ha recibido el rechazo unánime de las fuerzas políticas, los profesionales sanitarios, las organizaciones de mujeres y, en general, del común de los ciudadanos que no ven por qué hay que retroceder a la edad de las catacumbas en la regulación del derecho al aborto. 

Para cerrar el cuadro añádase al rechazo generalizado en España, en donde salvo los sectores más ultras y la Conferencia Episcopal nadie más veía necesidad alguna de la contrarreforma, el reproche de destacados medios de comunicación internacionales como el conservador The Times hablando de “abuso de poder” o la insólita misiva de la portavoz del Gobierno francés al de España quejándose del desatino de Gallardón. Y todo ello cuando apenas han pasado tres semanas desde que el ministro diera a conocer su reforma sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso que el PP tiene presentado contra la ley ahora en vigor. 

El propio Gallardón lo justifica en su convencimiento de la inconstitucionalidad de la Ley de plazos de 2010, de manera que no se explica qué hace aún abierto y funcionando mal que bien el Tribunal Constitucional si contamos en este país con un intérprete de la Carta Magna de la inefabilidad del ministro de Justicia. La cuestión es si la incipiente rebelión en las filas del PP contra este engendro legal irá a más o si por el contrario recogerán velas los díscolos y se plegarán a la disciplina del partido y a la “discreción” que les pide la superioridad encarnada por Rajoy, a buen seguro disgustado con este lío interno que está chafándole su segundo año triunfal en La Moncloa y el bosque de brotes verdes que nos prometió por Navidad. 

Por lo pronto han conseguido que el mismísimo ministro de Justicia recule algo y admita la posibilidad de cambios en la reforma aunque – aclara – “no serán sustanciales”. Eso quiere decir en esencia que como mucho serán puramente cosméticos para calmar a la galería y dar falsa apariencia de consenso. Tal vez y para disimular mantendrá algunas reuniones de compromiso con la oposición y luego dirá que lo intentó pero no fue posible el acuerdo. 

A partir de ahí PP y Gobierno serán uña y carne de nuevo – ¿cuándo no lo han sido? - y las enmiendas de la oposición serán adecuadamente machacadas por el rodillo de la mayoría absoluta mientras las protestas de la calle se estrellarán una vez más contra las paredes del Congreso. Así las cosas, el PSOE le ha pedido hoy a Gallardón que guarde la contrarreforma del aborto en un cajón, cuando lo que en realidad habría que hacer es tirarla a un vertedero. 

Liberales de boquilla

Pues no, no hubo “burda manipulación” en la ya famosa subasta eléctrica del pasado 19 de diciembre que levantó oleadas de protestas en las redes sociales ante una subida del recibo de la luz no inferior al 11%. El informe de la Comisión Nacional de la Competencia no habla ni de “burda”, ni de “manipulación”, como alegremente dijo con todas las letras el ministro de Industria José Manuel Soria para justificar la anulación de la subida vía decreto, el sistema de gobierno al que más cariño le tiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Lo que sí dice el informe es que en la subasta hubo una “insuficiente presión competitiva”, es decir, que se detuvo mucho antes de lo habitual con lo que el precio bajo menos de lo esperado por el Gobierno. Ahora bien, de ahí a concluir que hubo “manipulación” o “concertación” para darle una bofetada al Gobierno en la cara de los consumidores va un trecho que la Comisión de la Competencia no se atreve a cruzar. En consecuencia y aunque la investigación continuará, nadie pagará sanción alguna por el que estuvo a punto de convertirse en el tarifazo eléctrico de la historia.


Una subida que sólo se evitó gracias a la presión en las redes sociales sobre un gobierno al que el oligopolio eléctrico parece tener bien agarrado por los plomos y al que utiliza como correa de transmisión para vendernos ese mantra inexplicable del déficit de tarifa como consecuencia de lo poco que pagamos por la luz para tanto como cuesta producirla. El marasmo en el que se encuentra el sistema eléctrico en este país merecería atención especial del médico chino y el ministro que la impulsó, que va de desmentido en desmentido y de contradicción en contradicción, una cura de reposo en un convento de silenciosos cartujos.

Con la reforma del sector que iba a acabar con el famoso déficit convertida en papel mojado y la más absoluta incertidumbre de lo que ocurrirá a partir de ahora con el recibo, los ciudadanos y las empresas ya no saben a qué atenerse aunque todos nos tememos lo peor. Después de intervenir con todas las de la ley en un mercado presuntamente liberalizado al anular la subasta del tarifazo, el Gobierno dijo que se convocaría otra puja, después cambió de opinión y anunció que establecerá un nuevo mecanismo de subasta que “refleje mejor la situación del mercado” y ahora duda sobre si será mensual o trimestral como hasta estos momentos.

En medio, el último Consejo de Ministros del año nos regaló una arbitraria subida del recibo del 2,3% obtenida de un cálculo no menos arbitrario de la propia Comisión de la Competencia y el añadido de los peajes públicos que regula el Gobierno. La pregunta que muchos se hacen es cómo se enjugará la diferencia entre el 2,3% que ha subido la luz en enero y el 11% que tendría que haber subido si se hubiera respetado el resultado de la subasta de diciembre.

Aunque tampoco hace falta ser adivino para imaginarnos quién pagará la diferencia con un Gobierno tan liberal que irrumpe en el sacrosanto sector privado cuando la sabia mano de la oferta y la demanda arroja resultados políticamente incorrectos como en diciembre y que, sin embargo, ha dejado hacer y pasar cuando empleando visos de aparente buena competencia ese mismo mercado nos ha venido endilgando subidas en dosis menos escandalosas del recibo trimestre tras trimestre y año tras año para reducir un déficit que, misteriosamente, no para de aumentar.

Es ahora cuando el Gobierno se cae del guindo y descubre que la subasta famosa de nuestras pesadillas es un contubernio eléctrico plagado de “burdas manipulaciones”. Cabe preguntarse qué había sido hasta ahora: ¿una rifa benéfica tal vez?

La infanta en la rampa

Si nada lo remedia – y a fe que habrá poderosos recursos para remediarlo – la infanta Cristina descenderá el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la rampa que da acceso a los juzgados de Palma de Mallorca. Allí la esperará el juez José Castro para interrogarla en calidad de imputada por blanqueo y delito fiscal en el llamado “caso Nóos”, el instituto “sin ánimo de lucro” con el que su esposo Iñaki Urdangarín obtenía dinero público que luego desviaba hacia empresas pantalla como Aizoon, cuya propiedad compartía al 50% con su esposa, quien a su vez y según el fiscal no se enteraba de nada de lo que hacía su ejemplar consorte ni de dónde sacaba para tanto como aparentaba.

El auto de imputación – 227 folios de minucioso desglose de las andanzas fiscales de la hija del rey – se ha conocido sólo tres días después de que el Jefe de la Casa Real – que es como decir el mismo rey – se quejara amargamente en una entrevista del “martirio” que está suponiendo la larga duración del proceso y uno después de que el mismo Jefe del Estado diera muestras más que evidentes de fatiga y auturullamiento durante la lectura del discurso con motivo de la Pascua Militar. En este punto cabe recordar las palabras que con mucha mayor desenvoltura pronunció el propio rey en su discurso navideño de 2011, cuando subrayó aquello tan comentado luego de que la “Justicia es igual para todos”. Siendo así, al menos en teoría, no se comprende la razón por la que la causa que afecta al yerno del rey y ahora también a su hija iba a resolverse antes que la que pueda afectar a cualquier otro mortal pero de sangre roja.

Sobre todo si, como ha denunciado el propio juez instructor, ni la policía ni la Agencia Tributaria – con aquel vodevil en torno a los DNI de la familia real - no han mostrado precisamente una excesiva diligencia a la hora de poner en su mesa la documentación que había reclamado para determinar si la infanta había hecho méritos para la imputación. Por no mencionar el papelón de la Fiscalía en todo este largo proceso, recurriendo el primer auto de imputación y adelantando su rechazo al segundo mucho antes de que se produjera. Lo extraño es que a esta hora aún no haya anunciado que recurre también este segundo auto del juez Castro, aunque no tardaremos mucho en confirmarlo.

Con el Ministerio Público y la Abogacía del Estado actuando de hecho como abogados defensores de la infanta y no como defensores del bien y el interés público, no son pocas las dudas sobre la posibilidad de que, efectivamente, el próximo 8 de marzo la infanta Cristina descienda la misma rampa que ya recorrió en su día Iñaki Urdangarin rodeada de cámaras y micrófonos y cegada por los flashes de los fotógrafos.

Entre las argucias a las que probablemente se agarren las defensas de hecho y de derecho de la infanta figura la llamada “doctrina Botín”, bendecida por el Tribunal Supremo, que impide abrir juicio oral cuando ni la Fiscalía ni el supuestamente perjudicado – en este caso la Hacienda Pública – no sólo no lo han pedido sino que se han opuesto.

Que en las cañerías del Estado están trabajando en estos momentos a pleno rendimiento para volver a dejar al juez Castro compuesto y sin imputación es algo de lo que hasta el más ingenuo puede estar seguro. Sin embargo y por ahora, la segunda imputación de la infanta extiende en lugar de concluir el “martirio” del que se queja el Jefe de la Casa del Rey, siempre tan respetuosa con las decisiones judiciales. Y ello en un momento en el que arrecia el debate sobre la conveniencia de la abdicación de alguien que cada día que pasa al frente de la Jefatura del Estado sólo contribuye a emborronar un poco más una hoja de servicios hasta hace algún tiempo bastante presentable.

¡Felicidades y hasta muy pronto!

Se acumula estos días el trabajo y no dispongo de suficiente tiempo para poder dedicárselo al blog. Así que me tomo un pequeño descanso para recargar las pilas y regresar con fuerzas renovadas en cuanto pasen estas fechas. Mientras, vaya como regalo de felicitación esta hermosa canción de Silvio Rodríguez que canta a la Navidad, pero desde un punto de vista muy poco habitual y con la sencillez y profundidad de todas sus letras. 


¡Feliz Navidad y que 2014 sea un año mucho mejor para la paz, la justicia y el trabajo!



Cristóbal McCarthy Montoro

Vaya por delante, por si acaso, que no tengo deudas que yo sepa con Hacienda. Lo digo con antelación suficiente, no vaya su jefe máximo a cogerme ojeriza y ponerme de chupa de dómine en la plaza pública a la primera rabieta infantil que le provoquen mis críticas inocentes y bienintencionadas. Hoy mismo ha vuelto a enrabietarse en el Congreso cuando la oposición le ha echado en cara la purga de altos cargos  en la Agencia Tributaria bajo la terrible acusación de ser peligrosos socialistas.

En lugar de dar explicaciones convincentes sobre si ser militante del PSOE o de otro partido que no sea el PP es un impedimento legal e incluso un delito penal desconocido hasta ahora para ser alto funcionario de Hacienda, el ministro ha optado por lo que mejor sabe hacer: expulsar tinta de calamar y acusar a los medios de comunicación que critican su gestión de tener problemas con Hacienda. Nada nuevo bajo el sol, ya ha hecho lo mismo en otras ocasiones con la prensa, con los partidos políticos de la oposición y hasta con los artistas, apuntándose si es necesario a crítico cinematográfico a tiempo parcial.


Tal y como se han puesto las cosas en Hacienda, a uno no le extrañaría lo más mínimo que a esta hora haya empleados públicos quemando el carné del PSOE o los ejemplares de El Socialista para evitar perder el puesto de trabajo. Y deberían de tomar también buena nota todos aquellos que se han atrevido a denostar la amnistía fiscal en la que el ministro puso tanto empeño para enjuagar el delito fiscal de las grandes fortunas del país por la vía de “paga una mínima parte de lo que debes si te viene bien y si no hazte el sueco y aquí no ha pasado nada”.

Del mismo modo, que se amarren los machos los que han osado alzar la voz para criticar el impresentable embrollo de las facturas de la infanta Cristina y su supina ignorancia sobre números a pesar de ser alta ejecutiva de un gran banco y consorte del más empalmado de los pocos duques que van quedando en este país, a Dios gracias. Además, a partir de ahora, cuando haya que aplicar una sanción de muchos ceros a alguna gran fortuna o a una multinacional de las que se lo llevan crudo y se defienden con una legión de abogados, conviene pedirle el visto bueno personal al ministro. No vaya a pasarle como a la alta funcionaria a la que no se le ocurrió otra cosa mejor que sancionar con 450 millones de euros a la cementera CEMEX por falsear las cuentas para tributar menos y ha visto como era destituida y la multa reducida a unos módicos 15 millones de euros. De lo que cabe concluir que estamos pasando a marchas forzadas del “Hacienda somos todos” – lo que nunca fue del todo cierto - a “Hacienda somos solo los tontos de la nómina a fin de mes”.

Con la altura y el rigor intelectual que le caracterizan, ha dicho el ministro que el PP volverá a ganar las elecciones porque “los mercados no son gilipollas”, aunque también ha reconocido que estos dos primeros años de la era Rajoy han sido “duros de cojones”. Seguro que sí, sobre todo para las grandes fortunas y empresas de este país que han defraudado a Hacienda unos 80.000 millones de euros mientras a los paganinis de costumbre se les han subido los impuestos y se les han recortado salarios y servicios públicos.

De estos asuntos no habla el ministro, él prefiere actuar aplicando la amnistía fiscal a los defraudadores y poniendo en marcha una caza política de brujas que nos recuerda poderosamente al fanático senador estadounidense Joseph McCarthy, que veía comunistas hasta debajo de la cama. No deseo para Montoro el fin que tuvo McCarthy, que murió joven, desprestigiado y alcoholizado después de atemorizar al país con sus bravatas de matón de barrio. Solo hago votos – ya sé que con escasas esperanzas de verlos cumplidos - para que en un rapto de lucidez y decencia política el presidente Rajoy lo destituya antes de que el estropicio en Hacienda sea completamente irreparable y la indignación de los contribuyentes incontrolable.   

Mandela ha muerto ¡Viva Mandela!

No deseo ser aguafiestas ni restarle trascendencia al multitudinario adiós que hoy se le ha brindado a Nelson Mandela en Soweto. Que se lo merecía y que los elogios que ha recibido esta mañana de políticos tan dispares como Raúl Castro o Barak Obama no son exagerados está fuera de discusión. Sin embargo, tengo la sensación de que Mandela tal vez habría deseado un adiós diferente, menos plagado de jefes de estado, presidentes de gobierno, reyes y príncipes. Él fue un hombre que derrochó vitalidad por los cuatro costados, al que le gustaba cantar y bailar, que sonreía con una sonrisa amplia y sincera que alegraba el alma de quien la contemplaba y que se sentía cómodo y expansivo entre los suyos, los desheredados a los que el régimen del apartheid que él derribó con su valentía y determinación persiguió, torturó y asesinó.


No fue Mandela un político al uso, al menos tal y como lo entendemos por estas latitudes. Aunque por su condición de jefe de estado tuvo que codearse con testas coronadas y homólogos de otros países, jamás pareció que el cargo se le había subido a su venerable cabeza; nunca se alejó de su pueblo, que para él lo integraban blancos y negros por igual y, aunque también disfrutaba de los baños de multitudes como en los grandes conciertos solidarios o en las grandes citas deportivas, siempre prefirió el suelo al palco, la gente sencilla a la estirada y encumbrada, la risa a la circunspección, la cercanía a la rigidez.

Mucho y bien han hablado todos hoy y en los últimos días de Mandela y todos coinciden en su inspirador ejemplo y se declaran en deuda con Madiba; incluso el presidente del Gobierno español, que no ha sentido rubor ni vergüenza alguna en sacar a colación en un día como este el triunfo de España en el mundial de Sudáfrica y hasta de echar mano del legado del líder africano para defender la unidad nacional. Obama ha sido tal vez el más emotivo y él más certero, dada la habilidad retórica del primer presidente negro de Estados Unidos, aunque desgraciadamente esa facilidad de palabra que le adorna no suele ir acompañada de la misma determinación con la que Mandela consiguió reconciliar a los sudáfricanos.

Dijo entre otras cosas el presidente norteamericano que muchos de los líderes a los que estos días se les llena la boca alabando las virtudes de Mandela, jamás permitirían la disidencia en sus respectivos países. Es posible que se refiriera entre líneas, ente otros, al vicepresidente chino Li Yuanchao, al presidente Mugabe de Zimbabue o al cubano Raúl Castro, al que incluso saludó durante la ceremonia, aunque lo más importante no es a quién iba dirigido el mensaje sino el mensaje en sí. Si de verdad todos estos presidentes y jefes de estado que hoy se han dado cita en Sudáfrica creyeran como dicen en la grandeza de Mandela deberían de ser los primeros en respetar su legado y su grandeza humana y contribuir a expandirlo y perpetuarlo hasta donde alcancen sus responsabilidades políticas.

En realidad, para la inmensa mayoría de ellos Mandela está muerto y dentro de poco enterrado y tras las declaraciones rimbombantes de los últimos días echaran sobre su vida ejemplar toneladas de olvido. Es la ciudadanía mundial que ve en la gigantesca figura humana y política de Mandela un ejemplo de valor y dignidad merecedor de emulación y respeto la verdadera heredera de su obra y la única que puede hacer que su luz jamás se apague bajo el peso del cinismo, el olvido y la indiferencia.

Rajoy: mucho ruido y pocas nueces

Mariano Rajoy no se caracteriza precisamente por su afición a las entrevistas periodísticas: se le ve, oye y lee incómodo consigo mismo, diciendo cosas peregrinas como lo de las cuchillas de las alambradas de Melilla y su efecto “disuasorio” y haciendo esfuerzos casi sobrehumanos por justificar que haya hecho todo lo contrario de lo que prometió antes de llegar a La Moncloa.

Después de tomarme la molestia de leer las seis páginas que el diario EL PAÍS le dedica hoy a la entrevista “coral” que Rajoy mantuvo con este y otros cinco periódicos europeos, no puedo evitar llegar a la conclusión de que su contenido podría haberse resumido perfectamente en una columna lateral en página par. Y es que el hecho de que al presidente de Gobierno le guste tan poco hablar con la prensa no es motivo suficiente para dedicar tantas páginas y tanto papel a contar la inanidad del ser político de Rajoy.

Porque, más allá de los lugares comunes a los que ya nos tiene acostumbrados, nada ha dicho el presidente que no supiéramos o al menos intuyéramos. Respecto a la crisis ha insistido en el mantra más reciente del Gobierno con una sola idea si bien expresada de manera diversa: “estamos saliendo de la crisis”, “lo peor ya pasó”, “hace un año se debatía sobre el rescate de España y ahora se debate sobre la salida de la crisis”. Que cada uno extraiga sus propias conclusiones a la vista de la situación de paro y precarización laboral y salarial que sufre el país y confronte de paso si los recortes aplicadas por Rajoy en educación, sanidad o políticas sociales se compadecen con que “el estado del bienestar sigue siendo un logro irrenunciable en España y en la UE”, como afirma el presidente.

Los "papeles" de Rajoy

Más intríngulis tiene esta otra frase de Rajoy: "lo que más me preocupa es que Alemania tenga claro adónde vamos”. Dicho de otro modo, en tus manos, Ángela, encomiendo el futuro de este país. Podría haber añadido que ha sido un alumno aventajado y que ha hecho todos los recortes que se le impusieron desde Berlín, con grave riesgo incluso para su futuro político y el de su partido, tal y como están poniendo de manifiesto los últimos sondeos de intención de voto.


Por tanto, lo que viene a decir es que o Merkel se aclara e ilumina el camino que deben seguir los obedientes discípulos del austericidio como él o pereceremos todos en el túnel de la crisis. Aparta de mí la funesta idea de pensar y actuar como el presidente de un país soberano es lo que parece deducirse de las palabras de Rajoy.

Para el final quedan sus declaraciones a propósito de la corrupción en el PP a la que ha dedicado la frase del argumentario popular en vigor desde hace solo unos meses, la misma que repiten Cospedal, Floriano y otros cercanos al núcleo duro del presidente: “Si alguien tenía contabilidad en b, sería de él”. Una frase que se comenta por sí misma y que se enmarca en ese esfuerzo tan desesperado como inútil del PP por desvincularse del hombre del que nadie podría demostrar que no era inocente, aunque hoy esté en la cárcel a la espera de juicio.

Por lo demás, nada tampoco que no conociéramos ya sobre lo que piensa Rajoy de la reforma de la Constitución – “ahora no es el momento “ - o nada que sirva para desatascar la tensión con Cataluña – “ni quiero ni puedo autorizar un referéndum”. Y, por supuesto, ni una sola frase de autocrítica de su gestión, ni una leve disculpa por haber mentido al país escudándose en las “circunstancias” y ni un atisbo de búsqueda sincera del consenso político y social que sustituya al rodillo de la mayoría absoluta en los grandes asuntos del país (educación, seguridad ciudadana, corrupción, pensiones, reforma tributaria, etc.). En resumen, mucho ruido mediático para tan pocas nueces.

El precio de una estafa

Asegura la sabiduría popular que presumir en exceso de algo es poner de manifiesto las propias carencias. El vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, presumía ayer de la multa récord que le ha caído a seis grandes bancos internacionales por conchabarse para manipular el euríbor, el índice de referencia por el que se fijan los intereses de casi siete millones de hipotecas en España, muchas de ellas con cláusula suelo. La sanción asciende a 1.700 millones de euros que tendrán que pagar entidades como el Deutsche Bank, Barclays, Société Générale o el Royal Bank of Scotland.

Aunque sólo los dos primeros tienen una amplia presencia comercial en España, la globalización financiera hace que ese sea un detalle menor. Se da la circunstancia de que el Barclays ya había sido sancionado en Estados Unidos por las mismas prácticas fraudulentas mientras que en la Unión Europea se le ha rebajado la sanción porque descubrió el pastel y a sus comensales. Por mucho que Almunia presuma de “sanción ejemplarizante” la misma dista mucho de merecer ese honor.

Más bien debe ser calificada de ridícula si tenemos en cuenta que esos 1.700 millones de euros los gana cualquiera de estos bancos en un par de trimestres. Como ejemplo, el Deutsche Bank, multado con algo menos de 500 millones de euros, ganó durante el tiempo que se supone duraron los tejemanejes más de 6.500 millones. Almunia tampoco se ha dignado informar a los ciudadanos, a los que el año que viene se les pedirá que acudan a las elecciones al Parlamento Europeo, a cuánto asciende la seguramente millonaria estafa de estos bancos. O no la sabe – lo cual es dudoso – o evita hacerla pública para evitarles males mayores a esas entidades y que prenda más si cabe la indignación social ante unas prácticas claramente delictivas.

Multar con 1.700 millones de euros por engañar a millones de ciudadanos y no dar un paso más para depurar responsabilidades es como rascarse el ombligo para curarse la pulmonía. Son imprescindibles medidas mucho más expeditivas que las autoridades comunitarias y el Banco Central Europeo deberían de haber puesto en marcha hace tiempo si no estuvieran tan preocupados por la salud financiera de los bancos y tan poco por el bolsillo de los ciudadanos.

Los directivos de los bancos que participaron en esos enjuagues con el euríbor deberían haber sido inhabilitados de por vida para trabajar en el sector y, a continuación, procesados por estafa. Sin embargo, se conforma Almunia con sacar pecho y sonreír al tendido y, en todo caso, dejar en manos de los estafados la carga de la prueba que demuestre que han sido vilmente engañados por una pandilla de ladrones de cuello blanco, como si eso fuera tarea fácil.

Que el euríbor es el fruto de un contubernio bancario para engañar a los clientes ha quedado demostrado, pero tampoco se conocen iniciativas serias en la UE para hacerlo transparente y creíble y no una coartada al servicio de los balances bancarios. Aquellos que aún se atreven a levantar la mano para salir en defensa de la banca y sus prácticas tienen en este escandaloso caso un nuevo motivo para guardársela en el bolsillo. Al menos ya sabemos una cosa: que el precio de una monumental estada bancaria como ésta es exactamente de 1.700 millones de euros, imagen corporativa incluida. Demasiado poco para tanto como presumen.   

¿También tú, Bravo?

Ya lo comentamos en el post de ayer: en el PP empiezan a aparecer signos de nerviosismo por la caída en las encuestas electorales, el empleo que no levanta cabeza, los casos de corrupción y las tensiones territoriales con Cataluña, entre otros asuntos ante los que el presidente del Gobierno prefiere esconden la cabeza bajo el ala y hacer cómo si todo fuera sobre ruedas. En ese contexto, la alcaldesa de Madrid se despachaba el lunes con una lista de deberes para el presidente y le advertía del peligro de que “se fragmente la base electoral del partido”.

En un ámbito mucho más local y en pleno revival de la moda del género epistolar que hace furor estos días, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el popular José Miguel Bravo de Laguna, también acaba de enviarle una carta al presidente de su partido en las Islas y ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. En realidad no va dirigida a él sino al Gobierno  y en particular a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y no es precisamente cariñosa. En ella se queja Bravo de las actuaciones del Gobierno de Rajoy en Canarias y pone el acento en el infame trato que AENA, dependiente de Fomento, les está dando a los maltratados vecinos de Ojos de Garza afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria.

Recuerda Bravo en su misiva que esta isla “es un granero de votos del PP” y con las cosas de comer – cabe añadir por nuestra parte – no se juega. El propio Bravo envió hace pocos días otra carta el presidente autonómico Paulino Rivero en un tono llamativamente menos beligerante que el que ha empleado ahora y en la que se quejaba de que el Gobierno de Canarias no atendía adecuadamente las demandas de Gran Canaria. Esa carta se conocía poco después de que el propio Rivero remitiera otra a Rajoy y al Rey quejándose también de lo mismo o parecido de lo que ahora se queja Bravo, miren ustedes por dónde.


En realidad, la carta a Soria que ahora se ha conocido no era pública aunque ha terminado publicada en los medios de comunicación gracias a una filtración seguramente interesada de no se sabe quién aunque tampoco es muy difícil suponerlo. Cómo le ha sentado a Soria el mensaje es algo que aún desconocemos, atareado como está en las últimas horas intentando apagar el cortocircuito que Montoro le ha provocado en su reforma del sector eléctrico. Sin embargo, sabiendo de la férrea disciplina con la que le gusta gobernar el PP canario cabe sospechar que la carta de Bravo no le debe de haber llenado de alegría y mucho menos que se haya aireado.

Sobre todo porque el presidente del Cabildo tiene razón, aunque se quede  corto e impreciso en sus críticas al Gobierno  que, por otro lado, llegan tarde y deberían estar dirigidas, más que a Soria, cuyo predicamente en el Consejo de Ministros parece en declive, al propio Mariano Rajoy. Con todo, su potura viene a romper la unidad de discurso en lo universal de la que los populares canarios suelen hacer gala se les pregunte por lo que se les pregunte en relación con el modo en el que Rajoy y los suyos tratan a Canarias, desde los inmisericordes recortes presupuestarios a las prospecciones petrolíferas.

Antes de que se conociera el contenido de su epístola a Soria y a los “sorianos”, Bravo de Laguna había dicho que desearía volver a ser el candidato del PP al Cabildo de Gran Canaria en las elecciones de 2015. Todo puede ser, aunque a la vista de esta carta y si, además, echamos la vista atrás y recordamos las tormentosas relaciones políticas de Soria con Bravo de Laguna en tiempos no tan lejanos, uno está por afirmar que Roma no paga traidores.

Botellazo

¿Son los malos datos de los sondeos electorales? ¿Es el desgaste de un Gobierno que atraviesa el ecuador de la legislatura después de incumplir todas sus promesas? ¿Es el abuso indiscriminado de la mayoría absoluta hasta en asuntos clave para el futuro del país como la reforma educativa? ¿Son los pésimos datos de empleo, que no termina de remontar por más que a Mariano Rajoy le importe una higa lo que diga la Encuesta de Población Activa?

Todo suma  y todo hace que en el PP y en el Gobierno empiecen a apreciarse ciertos síntomas de nerviosismo ahora que enfilamos la cuesta debajo de la legislatura: quedan dos años para volver a convencer a los españoles de que la suya es la mejor opción. Claro que, para que eso ocurra, los brotes verdes de la economía tendrán que crecer mucho más y la luz al final del túnel tendrá que estar mucho más cerca de lo que el Gobierno y el PP nos quieren hacer creer que está.

Vaya por delante que los populares suelen ser gente cohesionada y seguidora a pies juntillas de su líder. Ahora bien, cuando su líder se llama don Tancredo empieza a aflorar la preocupación por las costuras del partido. Es verdad que ese nerviosismo va por barrios como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que mientras en Valencia o Baleares los populares de allí se oponen con uñas y dientes a que las petroleras pongan en peligro el futuro turístico buscando crudo, en Canarias aplauden con las manos, los pies y las orejas que una compañía transnacional como Repsol tome a los naturales por ignorantes y les acuse de estar contra el progreso, la diversificación económica, el empleo y los perros atados con longanizas o, para el caso, con chorizos de Teror.

Sin embargo, si hay un reducto rebelde, lenguaraz y crítico con Don Tancredo Rajoy ese es Madrid. En uno de los principales graneros de votos del PP tiene el presidente una úlcera política de la que no consigue librarse. Cuando no es Esperanza Thatcher la que le enmienda la plana y le marca los deberes es su sucesor Ignacio González quien lo hace, cuando no lo hacen los dos a la vez y coordinados. Sin embargo, quien no esperábamos que se sumara a las críticas es Ana Botella de Aznar, que acaba de descolgarse con una advertencia en toda regla a la situación del partido con la que puede haber sellado su candidatura a la alcaldía madrileña o todo lo contrario.

 
Ana Botella (también) le pone deberes a Rajoy

Tal vez no muy relajada después de su desastrosa gestión de la huelga de basura, pero sí envalentonada por la impunidad política con la que Aguirre, González o su ex presidente consorte le leen a menudo la cartilla a Rajoy, ha querido ella también echar su cuarto a espadas y, en un castellano de Madrid bastante potable, le ha dicho un par de cosas al presidente. Entre otras, que su proyecto político, de él y de ella, siembra “dudas”, que “ninguna gestión municipal o autonómica por modélica que sea puede bastar para evitar una fragmentación de las bases electorales del PP” y que “cunde una sensación de desamparo, inseguridad e injusticia que es necesario disipar cuanto antes”.

Oyéndola atentamente y con cara de póker estaban, entre otros, Alberto Ruiz – Gallardón y Ana Mato. Hoy cada uno ha hecho su propia lectura de las palabras de la alcaldesa y como era de esperar han intentado llevar el agua al molino de Rajoy pero con escaso éxito. El botellazo político lo ha encajado Rajoy sin rechistar, como es propio de él, aunque ahora que acaba de atravesar el ecuador de la legislatura tal vez no tenga más remedio que abandonar su famosa posición de perfil y afrontar de cara al menos las críticas en su partido. Respecto a las que le llegan desde el conjunto de la sociedad española ya hemos perdido las esperanzas de que les haga algún caso.

Apaga la luz

Si el peso de un ministro en un gobierno viene dado por el respaldo que encuentran sus medidas entre sus compañeros de gabinete y ante quien lo preside, cabe concluir que el peso de José Manuel Soria en el equipo ministerial de Mariano Rajoy ha quedado seriamente tocado. Soria anunció a bombo y platillo el pasado mes de julio la reforma de todas las reformas, la llamada a enjugar de una vez y para siempre el misterioso déficit de tarifa eléctrica, ese que según los expertos se genera porque los españoles de a pie pagamos por encender la luz mucho menos de lo que cuesta hacer que la corriente llegue al bombillo.

No deja de ser llamativo que el tan traído y llevado déficit no haya dejado de crecer en los últimos años, a pesar de que los españoles somos de los europeos que más cara pagamos la energía eléctrica después de reiteradas subidas que suman ya más de un 60% en los últimos años y en plena crisis económica. Lo cierto es que Soria se apoltronó en julio tras la mesa de las ruedas de prensa de La Moncloa y tras el correspondiente Consejo de Ministros anunció a los cuatro vientos que había encontrado la fórmula mágica o cuadratura del círculo para que el déficit no solo no siguiera aumentando, sino para que quedara a cero más pronto que tarde.

Consistía básicamente en que eléctricas, consumidores y Gobierno pusieran todos de su parte para acabar con el desfase. La aportación global del Ejecutivo a tan loable fin se cifró en 3.600 millones de euros y, de ellos, unos 650 se destinarían a paliar la mitad de los sobrecostes que supone generar electricidad en Canarias. Estas cantidades deberían consignarse en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año aunque, para ir abriendo boca, los consumidores ya tuvimos que soportar en agosto otro bocado en la cartera en forma de un nuevo incremento del 3,4% en el recibo de la luz.

Aquella solución que Soria consideraba la definitiva tuvo la virtud de no gustar a nadie, ni a las eléctricas ni a los consumidores, hartos ya de ser tomados por los culpables del déficit de tarifa y, a este paso, hasta del asesinato de Kennedy. Se dijo entonces que la mejor solución es la que no deja completamente satisfechas a las partes. Se obviaba sin embargo que había alguien más que tampoco veía con buenos ojos que Soria echara mano de las arcas públicas para acabar con el déficit de tarifa. Ese alguien no era otro que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obsesionado con que lo que hay que recortar es el déficit presupuestario ya que no hay tantos brotes verdes a la vista como para permitirse las alegrías presupuestarias de Soria.

Así que, en el último momento y casi sobre la bocina, el PP ha presentado en el Senado una enmienda a los próximos Presupuestos Generales del Estado que elimina de un plumazo los 3.600 millones de euros con los que Soria quería pasar a la historia como el ministro que acabó con el déficit de tarifa eléctrica en España. Ahora, desautorizado y ninguneado en toda regla por Montoro, es el propio ministro de Industria el que baja la cabeza y asegura que sí, que lo primero es cumplir con el tope de déficit presupuestario y el eléctrico ya veremos cómo se arregla. Dice también que la supresión de esa partida no implicará una subida del recibo de la luz, algo que probablemente ni él se cree.

Las compañías eléctricas han montado en cólera por la inseguridad jurídica que estos cambios de humor gubernamental generan y los ciudadanos, especialmente los canarios, ya empezamos a echar cuentas de cuándo nos llegará el próximo calambrazo eléctrico. Tal vez los consumidores deberíamos de echarle una mano a Soria, cuyo refulgente brillo en el Gobierno empieza a tornarse mortecino, y apagar la luz. Seguro que así conseguiríamos acabar de una vez con el condenado déficit y darle una gran alegría a un ministro en horas bajas.

RTVV: nocturnidad y alevosía

A media noche, como los ladrones y los fantasmas, se personó en los estudios de la radio televisión pública valenciana la comisión liquidadora y ordenó parar. Se limitaban a cumplir las instrucciones emanadas desde el poder político, el mismo que ha mangoneado a placer y conciencia un medio público de comunicación a mayor gloria de sus fregados económicos y sus chanchullos políticos; el mismo que, después de dar la orden de cerrar la radio y la tele, puso cobardemente tierra de por medio para esquivar las protestas de los trabajadores; el mismo que elude asumir cualquier responsabilidad política por una desastrosa gestión de dos décadas que ha colocado a la radio televisión pública de la comunidad autónoma con 1.200 millones de euros en deudas y, ahora, a cerca de 2.000 trabajadores en la calle.

Los trabajadores (presentadores, cámaras, redactores, técnicos, etc.) han resistido heroicamente durante horas, hasta el último momento, ese en el que la policía ha entrado en la sede de un medio de comunicación para asegurarse del fin de las emisiones. Y no, la escena no se ha producido en una lejana república bananera gobernada por algún dictador corrupto con guayabera y sombrero tejano. Ha ocurrido en la democrática España, en donde se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información. Ese derecho ha recibido hoy un duro golpe como ocurre siempre que cierra un medio de comunicación que, en este caso, se da la circunstancia agravante de que era el único de carácter público de esa comunidad autónoma, el único llamado a defender y fomentar los intereses y la identidad de los valencianos.

Claro que ya sabemos que el concepto de lo público que tiene el partido político que gobierna en Valencia y en España no es mejor que el que tiene de la sanidad o de la educación. Sacan pecho los que hablan de “chiringuitos” para referirse a las radios y televisiones autonómicas en los territorios en los que no gobiernan los suyos. Sin embargo, callan con cobardía cuando son las radios y las televisiones gestionadas por ellos durante décadas las que presentan situaciones económicas insostenibles que, como ha ocurrido hoy en Valencia, se saldan por las bravas, con nocturnidad y alevosía.

El Gobierno valenciano pudo recurrir la sentencia que anulaba el ERE, pero no lo hizo; pudo también buscar una salida negociada y mucho menos traumática con los trabajadores, dispuestos a rebajarse los sueldos a cambio de salvar todos los puestos de trabajo posibles. Ni siquiera lo intentó porque la consigna era desde el minuto uno, cuando se puso en marcha el expediente de regulación de empleo, el cierre sin discusiones.

Seguramente estarán satisfechos pero se han cubierto de indignidad, por el modo en el que han gestionado un medio público y por las maneras con las que lo han liquidado. Aunque resulte paradójico dada su situación, los verdaderos triunfadores de esta lucha desigual son los profesionales de la radio televisión pública valenciana; ellos han resistido hasta el último momento a pie de cámara y micrófono y no serán precisamente los que pasen a la historia como los que apretaron el botón de fundido a negro. Ese dudoso honor les corresponderá para siempre a los políticos con nombre, apellidos y afiliación ideológica pública que se han ocultado en las sombras de la noche para acallar la voz de un medio de comunicación. 

Si tú me dices Wert

El PP y el Gobierno están hoy de enhorabuena y cuando eso ocurre España también está feliz. Después de un amplio debate social y mucho diálogo con todas las partes implicadas, mucho consenso, mucha cintura política por parte del esforzado y excelente ministro Wert y sin apenas contestación social en la calle o en las aulas, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por fin la reforma educativa tanto tiempo demandada. A partir de ahora, las nuevas generaciones actuales y venideras podrán disfrutar de un sistema educativo que hará de nuestros estudiantes de hoy y de mañana la envidia de los países más avanzados.

Admira esta reforma, sin duda llamada a durar y perdurar en el tiempo como una potente luz que guíe los pasos de nuestros jóvenes, por su férrea defensa de la escuela pública, por su decidida opción en favor de la laicidad, su rechazo a las injerencias de los obispos, su apoyo a las comunidades educativas y su franca y valiente defensa de una educación en libertad con la que chicos y chicas adquieran juntos las herramientas necesarias para ser ciudadanos y ciudadanas mejores, con más capacidad de pensar y decidir por sí mismos y, en definitiva, mucho mejor formados que sus padres y abuelos.


Ésta es, sin duda alguna, la reforma educativa que estaba necesitando España desde hacía décadas y el hecho de que haya contado con tanto respaldo social y político, algo que no ocurría desde los tiempos gloriosos de la Formación del Espíritu Nacional, ofrece más que sobradas garantías de que será muy difícil, por no decir del todo imposible, que un próximo gobierno de color distinto al actual se atreva a cambiarle una sola coma. Por su parte, los que pretendían aprovechar la reforma para introducir por la puerta de atrás la enseñanza de religión, perpetuando así su histórico control sobre la formación de las nuevas generaciones, ya se pueden dar por vencidos porque han perdido definitivamente la batalla.

Entre los innumerables aspectos positivos que acompañan esta reforma, aunque no formen parte directa de ella, hay que subrayar también la bajada generalizada de las tasas de matrícula, la generosa política de becas que proclama, la desaparición de filtros absurdos y apolillados como las reválidas o el extraordinario esfuerzo que se realizará a partir de ahora para reforzar los programas de apoyo a los alumnos que por sus condiciones o circunstancias especiales los necesiten.

Mención aparte merece el ambicioso programa de construcción de más escuelas, institutos, centros de FP y universidades para dar cabida a la avalancha de alumnos que esta histórica reforma educativa va a propiciar desde los primeros años de su aplicación. Son tantas las nuevas posibilidades que abre al estudio y la formación que los actuales centros no tardarán en quedarse pequeños e insuficientes más pronto que tarde. Todo el mundo podrá estudiar a partir de ahora, sobre todo y en primer lugar los alumnos de familias con menos recursos, y podrán hacerlo, además, en modernas instalaciones equipadas con las últimas tecnologías y con los más avanzados métodos pedagógicos.

Si las escuelas, institutos y universidades de este país tuvieran campanas hoy deberían de estar repicando a gloria tras la aprobación definitiva de la reforma. Por ahora pueden hacerlo en su lugar, y no sin motivos sobrados para ello, las de iglesias y catedrales, ermitas y conventos mientras un coro de voces blancas entona el “Si tú me dices Wert”, himno de alabanza al hombre que sabía que había que “hacer algo con la educación de este país” y lo ha hecho, ¡vaya si lo ha hecho!.

No hay vergüenza en AENA

El diccionario no tiene adjetivos suficientes para calificar el trato que AENA lleva dispensando desde hace más de una década a unos 5.000 vecinos de los barrios cercanos al aeropuerto de Gran Canaria. Todo comenzó a finales de los 90 cuando a algún cerebrito sin nada mejor que hacer se le ocurrió que había que construir una segunda pista. La idea cuajó y se pusieron en marcha los trabajos para redactar planes y proyectos que fueron convenientemente presentados y defendidos por los sucesivos ministros y ministras de Fomento.

Había dinero para llenar el país de aeropuertos y para ampliar los ya existentes. En el caso del de Gran Canaria, la construcción de una segunda pista se justificó en la necesidad de dar respuesta a los millones de turistas que iban a llegar a las islas y que iban a duplicar y a triplicar incluso los que lo hacían por entonces. Sólo que al cerebrito de turno y a los que le siguieron el juego se les pasó por alto un pequeño detalle: los cinco mil vecinos a los que habría que desalojar de sus casas para poder ejecutar aquel megaproyecto, para muchos disparatado por costoso e innecesario.


Cuando unos años más tarde se publicaron los nombres de aquellos cuyas casas serían expropiadas de manera forzosa, los vecinos afectados se pusieron en pie de guerra y exigieron ser realojados. Por fortuna para ellos, las instituciones canarias hicieron causa común con sus reivindicaciones y exigieron de AENA una solución que no pasara por quitarles las casas a precios de miseria sino en función de lo que estableciera el mercado.

AENA pareció entrar en razones y aceptó la firma de un protocolo para el realojo de los vecinos con la colaboración del ayuntamiento de Telde, en donde se ubica la mayoría de los afectados, y el Gobierno de Canarias. A partir de ahí empezó una constante tomadura de pelo a vecinos e instituciones  por parte de AENA que, en donde dijo digo, ha dicho ya varias veces Diego. La firma del acuerdo  se demoraba una y otra vez con una y mil excusas mientras los vecinos seguían sin poder abrir un negocio, construir, vender ni hipotecar sus viviendas sabedores de que nadie querría comprarlas si pesaba sobre ellas la demolición.

Así hasta que, cuando ya todo parecía a punto de resolverse de forma definitiva, AENA ha vuelto a descolgarse con otro plantón que indigna por las formas y por la reiteración en el engaño a vecinos e instituciones canarias. Un día antes de que se firmara el esperado convenio para el realojo de los vecinos en una zona que no afectara a la ampliación del aeropuerto, la empresa pública se ha aferrado a dos sentencias del Supremo que nada tienen que ver con el caso pero que a AENA le bastan y sobran para incumplir la palabra dada.

A ese débil argumento de leguleyo añaden otro del mismo tipo: no se puede hacer frente al realojo porque no se sabe a ciencia cierta cuándo se acometerá la ampliación aunque lo que es seguro es que no será antes de 2025, lo que equivale a decir que se hará por las calendas griegas o cuando las ranas críen pelo. Y mientras, los vecinos tendrán que seguir sufriendo el calvario y el engaño por tiempo indefinido y hasta amenazando con una nueva huelga de hambre para que se cumpla la palabra dada y los compromisos adquiridos.


La realidad no se le escapa a nadie: a alguien en Madrid se le ha encendido la luz y ha caído en la cuenta de que no están las cosas como para invertir una millonada en una obra de esa envergadura antes tan imprescindible, máxime con una privatización aeroportuaria a la vuelta de la esquina; en consecuencia ha considerado que lo mejor es dejarlo para más adelante o para nunca jamás y a los vecinos otra vez en la estacada.

¿Tienen alguna culpa los vecinos? ¿Son ellos los responsables de la imprevisión y doblez con la que han actuado AENA y Fomento? ¿Merecen este trato infame por parte de una empresa pública? ¿Hay solo que “disgustarse”, como dice la muy prudente Delegada del Gobierno en Canarias, o tendrán los vecinos maltratados que encerrarse en la Delegación o plantarse en el Ministerio de Fomento para exigir “por lo penal o por lo civil” que cumplan sus solemnes promesas la actual ministra y sus predecesores en el cargo?

Y ya de paso: ¿es cierto que hay un ministro canario en Madrid, por más señas natural del mismo municipio en el que reside la mayoría de los vecinos afectados y que tiene entre sus funciones hacer de mensajero de grandes ejecutivos del petróleo, o es sólo una leyenda urbana?

Días de vino y queso

En una rueda de prensa  organizada por su peor enemigo de imagen pública y de la que aún debe de estarse arrepintiendo, un apenado presidente de REPSOL dijo hace poco en Canarias que la “mala suerte del ministro Soria es ser natural de estas Islas”. Aludía así Antonio Brufau al amplio rechazo institucional, político y social que han generado en el Archipiélago las formas con las que el ministro decidió nada más llegar al cargo que su tierra natal tenía que convertirse a la fuerza y contra viento y marea en un nuevo Kuwait, sólo que sin chilaba, babuchas ni turbante, y todo ello a mayor gloria de la transnacional presidida por el ejecutivo catalán.

De connivencia entre REPSOL y el ministro nada de nada – dijo Brufau – y el que crea tal cosa que vaya a los juzgados. Puede que no haya tal connivencia en el sentido judicial del término pero que a Soria le ponen las plataformas y los pozos petrolíferos de REPSOL más que a un niño un caramelo parece fuera de toda duda. Lo acabamos de comprobar en las diligentes gestiones realizadas ante los gobiernos de Argentina y México a propósito de la expropiación de YPF a REPSOL por parte del Ejecutivo de Cristina Fernández.

Acabamos de saber incluso que, antes de que anoche y gracias a la mediación de Soria se alcanzara un acuerdo sobre la indemnización que recibirá REPSOL por quedarse sin su codiciado yacimiento argentino de Vaca Muerta, el ministro canario se había entrevistado en México con su homólogo de aquel país al que le entregó una carta escrita de puño y letra por Brufau en la que se recogían sus condiciones para el pacto. En este punto hay que precisar que la vela azteca en este entierro tiene causa en la participación del 10% que la petrolera pública mexicana PEMEX tiene en la española REPSOL y por tanto había que contar con el visto bueno del Gobierno centroamericano antes de cerrar nada con Argentina.

Resuelto felizmente este encargo, Soria se volcó entonces en cerrar el acuerdo definitivo con el Gobierno de Buenos Aires por la expropiación de YPF, lo que al parecer logró anoche y a plena satisfacción de Brufau. La petrolera española recibirá unos 5.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF y PEMEX incluso podría entrar en el negocio de la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Todo esto lo ha conseguido Brufau con una simple carta y sin moverse de España ni tener que hacer esos largos y pesados vuelos a México o a Buenos Aires para mantener interminables reuniones a horas intempestivas con presidentes de gobierno, ministros y consejeros delegados.

Un tiempo precioso que pudo emplear, por ejemplo, para darse un salto a Canarias, que queda mucho más cerca y a mano, y dedicarse a evangelizar a los indígenas sobre los beneficios infinitos del oro negro. Gracias a las eficaces gestiones del Ministro de Industria, Energía y Turismo del Reino de España, el presidente de REPSOL se afianza incluso en el puesto ahora que sus socios mexicanos lo tenían enfilado en desacuerdo con su gestión. Un vino de Lanzarote y un queso majorero es lo menos que se merece Soria por sus cumplidas gestiones en beneficio de REPSOL.