Veinte españoles

Si hoy le preguntaran a Mariano Rajoy o a cualquiera de sus ministros qué opinan de que veinte españoles tengan tanto dinero como diez millones de sus paisanos, seguramente diría que las “reformas estructurales” del Gobierno van en la buena dirección. ¿Cuál es esa dirección? Véase el informe publicado hoy por Intermon Oxfam que sitúa a España como el segundo país con más desigualdad de la Unión Europea: Informe Oxfam

Si al presidente de este país le pudiera preguntar alguien si cree que la creciente desigualdad social es incluso un serio riesgo para la democracia, no me cabe la más mínima duda de que contestaría que las “reformas estructurales” del Gobierno van en la buena dirección. En el caso de que se le pudiera preguntar a Rajoy o a alguno de sus ministros si son sus políticas, ajustes y recortes de los dos últimos años responsables en alguna medida de que haya seguido creciendo la brecha entre los que más tienen y los que ya no tienen nada, estoy convencido de que contestaría que “las reformas estructurales” de su Gobierno van en la buena dirección y que “la luz ya se ve al final del túnel”.

Pongámonos en el caso de que le pudiéramos preguntar al presidente por la mayoritaria percepción que tienen los ciudadanos de que no se gobierna pensando en sus intereses y necesidades sino en los de los bancos y grandes corporaciones. Me apuesto lo que quieran a que respondería que las “reformas estructurales” del Gobierno van en la buena dirección. Ya puestos, imaginen que pudiéramos interpelar al presidente sobre la idea cada vez más extendida entre los ciudadanos de que quienes realmente nos gobiernas a su conveniencia son los mercados, el FMI y la troika y no los representantes elegidos en las urnas. A fe que respondería que “las reformas estructurales” de su Gobierno van en la buena dirección y tal vez añadiría que “no hay otro remedio”. 

Si abusando de la confianza del presidente se le pudiera pedir su punto de vista sobre el hecho de que la corrupción política en su partido y en otros sigue campando a sus anchas, que nada serio y definitivo se ha hecho para erradicarla, y que los auténticos responsables de la crisis ni han pagado ni se espera que lo hagan, a buen seguro respondería que “las reformas estructurales” de su Gobierno…etc. En un hipotético caso de que fuera posible encarar al presidente y preguntarle qué le parece que la gente empiece a estar harta de que sus demandas sean desatendidas y sus problemas ignorados – caso Gamonal - el presidente tendría pronta la respuesta: “las reformas estructurales…”.

Por preguntar que no quede aunque ya sepamos la respuesta. Vamos a suponer que podemos interrogar al presidente sobre la razón de que las grandes fortunas siguen pagando muchos menos impuestos de los que deberían o de por qué no se pone fin a los paraísos fiscales. Respuesta: “las reformas estructurales….” Por último, hagamos un alarde de audacia y desparpajo y soñemos por un momento que podamos preguntarle a Mariano Rajoy si piensa hacer algo para empezar a recortar cuanto antes la gravísima brecha social que se ha abierto en nuestro país, con 20 españoles en poder de la misma riqueza que 10 millones de paisanos. ¿Adivinan la respuesta?

Barco a Cádiz

El mismo día en el que Mariano Rajoy y Paulino Rivero enterraban el hacha de guerra en La Moncloa, el Ministerio de Fomento le hacía otra de las suyas a Canarias. Ese mismo día, 8 de enero por más señas, publicaba el ministerio de Ana Pastor el concurso para adjudicar la obligación de servicio público en la línea marítima que une las Islas Canarias con Cádiz. En él se prevé que las compañías navieras que se presenten sólo tendrán la obligación de realizar escalas en el Puerto de La Luz (Las Palmas de Gran Canaria) y Santa Cruz de Tenerife. Lanzarote, Fuerteventura y La Palma quedan excluidas de esa obligación de servicio público, en contra de lo que el verano pasado había prometido a las autoridades canarias el director general de Marina Mercante.

Las consecuencias de esa decisión son fáciles de prever: los fletes que tendrán que pagar los empresarios de estas tres islas por exportar sus producciones al territorio peninsular se encarecerán considerablemente si para llegar a Cádiz tienen que pasar primero por Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife; en sentido contrario, la importación de productos para el abastecimiento de Lanzarote, Fuerteventura o La Palma sufrirá un encarecimiento similar que terminarán pagando los ciudadanos de esas tres islas en el precio de la cesta de la compra.

En otras palabras, excluirlas del concurso de obligación de servicio público tiene evidentes consecuencias negativas sobre su competitividad, con la que el Gobierno español le gusta llenarse la boca. Cualquiera puede comprender que la lejanía y la insularidad de Canarias con respecto al territorio peninsular son factores negativos para las empresas y los ciudadanos de este archipiélago, agravado en el caso de las islas no capitalinas, que no pueden quedar al albur de decisiones empresariales. Así lo ha entendido, admitido y valorado la Unión Europea a través del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica, aunque parece que en el ministerio de Fomento aún lo desconocen.

Si las navieras no mantienen con esos puertos una frecuencia de escalas suficiente y estable porque no les compensa en sus cuentas de resultados, sólo quedan dos opciones: condenar a esas islas al aislamiento – valga la expresión – o poner sobre la mesa los recursos suficientes para situarlas en pie de igualdad con el resto del territorio nacional. La primera de las opciones es la que ha elegido Fomento en este concurso, incumpliendo así sus propias promesas.

Las razones aún no las ha explicado el ministerio aunque el plazo para que las navieras presenten sus ofertas acaba el próximo lunes: el director general de Marina Mercante no sólo no habla sino que ni siquiera responde a las llamadas que desde hace días se le hacen desde Canarias.

Por tanto, sólo queda hacer alguna conjetura sobre los motivos que han llevado a Fomento a excluir a esas tres islas del concurso. Una puede ser que en el ministerio aún deben creer que Canarias son sólo un par de islas, las capitalinas y para de contar, y no ocho. O puede que los responsables del concurso estudiaran en su juventud con la Enciclopedia Álvarez en la que Canarias aparecía en un recuadrito debajo de Baleares. ¿Estando tan cerca de Cádiz como están las Islas Canarias en ese mapa, qué necesidad hay de gastarse dinero en ellas cuando tantos kilómetros de AVE quedan por hacer?

Setenta pasos

Setenta pasos, zancada arriba o abajo. Quienes se han tomado la molestia de contarlos aseguran que son los que hay que caminar por la rampa que conduce a los juzgados de Palma. Son los 70 pasos que, si Ruiz – Gallardón no lo impide, tendrá que dar el ocho de febrero Cristina de Borbón para confirmar o desmentir ante el juez Castro si es una mujer florero que como solo actuaba por amor no se enteraba de dónde sacaba el dinero su atlético esposo, o si por el contrario estaba al cabo de la calle de lo que ocurría en esa filantrópica institución llamada Instituto Nóos.

Si al final tiene que recorrerlos – y Ruiz – Gallardón está haciendo todo lo posible para que eso no ocurra – puede que sean los 70 pasos más largos de su vida, casi como si tuviera que recorrer 70 kilómetros bajo los focos de las cámaras y con los micrófonos apuntando directamente hacia ella. Dice su abogado que Cristina de Borbón acudirá a declarar “voluntariamente” ante el juez Castro y es esa una “voluntariedad” que sólo cabe calificar de “involuntaria y a rastras”. ¿Dónde estaba esa voluntariedad de la que ahora presume en la anterior imputación que su abogado recurrió y a cuyo recurso se unieron sin dudarlo y con entusiasmo la fiscalía y la Abogacía del Estado?

Ha cambiado la estrategia de la Casa Real, no cabe duda. En aras de intentar mejorar aunque sea en lo más mínimo el alicaído prestigio de la Corona es preferible que Cristina dé la cara a pesar del mal trago de tener que verla luego reproducida miles de veces en las televisiones y en los periódicos. Confía sin duda en que acabe así el “martirio” que dice sufrir la Casa Real con este caso y que la imputada salga “desimputada” después del paseíllo de los 70 pasos que, insistimos, Ruiz – Gallardón intentará evitarle por todos los medios.

La maquinaria del Estado trabaja a marchas forzadas: una vez decidido que es mejor no recurrir la imputación el objetivo ahora es poner al juez Castro de vuelta y media y hacerlo responsable de la muerte de Kennedy. Vean el último escrito del fiscal Horrach al juez: hay que “evitar que se siga manteniendo la tesis inculpatoria contra doña Cristina de Borbón basada en la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa”. Además, pide Horrach que antes del paseíllo de la imputada presten declaración inspectores de Hacienda y policía. Increíble si no fuera porque es cierto y porque Horrach es fiscal y no abogado defensor de causas reales.

Con un fiscal así Ruiz-Gallardón no debería tomarse demasiadas molestias ni exponerse tanto a las críticas con sus presiones sobre los jueces con tal de impedirle a Cristina de Borbón el paseíllo del 8 de febrero. Tal vez hasta se levante la imputación y el día señalado para el interrogatorio lo pueda destinar Cristina a hacer la compra, salir a tomar unas cañas con su esposo o llevar a los niños al parque como haría un matrimonio normal y plebeyo cualquier fin de semana del año.

Tampoco quiere la defensa de Cristina que su interrogatorio – si Ruiz – Gallardón no lo impide – se le grabe en audio y video. Sobre todo para que no les den las tantas un sábado por la mañana como ocurrió cuando le tocó el turno a Urdangarín con centenares de periodistas esperando en la puerta mientras un taquimecanógrafo tomaba notas apurado. Aunque los malos tragos, como el aceite de ricino, hay que pasarlos lo más rápido posible, dice la defensa de Cristina que las cintas podrían filtrarse y sabría el pueblo llano y plebeyo si la hija menor del rey actuó por amor o “por el interés te quiero Andrés” y eso no estaría bien.

Con este panorama sólo cabe concluir una cosa: 70 pasos son los que separan que la Justicia es igual para todos – Juan Carlos de Borbón dixit – o mucho más igual para unos que para otros. Me temo que va a ser lo segundo.    

Que copague Mato

Recula, da marcha atrás, se la envaina la ministra de Sanidad. Ana Mato retira su impopular triple copago del transporte sanitario no urgente, la dietoterapia y las prótesis. La ministra, que ha hecho de los copagos y repagos farmacéuticos la luz que guía todos sus pasos para garantizarnos una sanidad “universal y de calidad”, no se ha atrevido sin embargo a dar la cara para explicar el cambio de postura. Ha mandado a su número dos, Pilar Farjas, que con más entusiasmo que éxito ha explicado que la retirada de estos tres copagos de una tacada se debe a la mejora de la situación económica.

Seguramente fue lo primero que sus asesores le dijeron que dijera, aunque también es posible que el espíritu navideño de Rajoy y sus venturas económicas para 2014 hayan calado ya en los escalones inferiores del Gobierno como los polvos pica - pica. Miente el Ministerio y lo sabe. La razón que le ha obligado a retirar un copago injusto y hasta cruel para enfermos que necesitan quimioterapia, diálisis o una silla de ruedas es que el coste de su implantación se comería el ahorro previsto. Así se lo habían hecho ver asociaciones de enfermos, muchos expertos y por último y para rematar se lo ha puesto negro sobre blanco el propio Consejo de Estado en un informe demoledor.

Acostumbrada como está la ministra y el resto del gabinete que preside Rajoy a gobernar a través del BOE, sin negociar ni razonar ni argumentar ni explicar las injustas medidas que toma, es seguro que a Mato le habrá costado lo suyo dar marcha atrás en este triple copago. Queda ahora la duda de lo que ocurrirá con otro copago, el que afecta a los pacientes crónicos que deben retirar los medicamentos para sus dolencias en las farmacias hospitalarias. También de este han dicho no pocos expertos que, además de incidir de forma negativa en pacientes de edad avanzada y en muchos casos polimedicados, el coste de implementar el sistema para hacerlo efectivo puede ser más costoso que el ahorro que podría generar al Sistema Nacional de Salud.

Ahorro que, por otra parte, nadie conoce muy bien. El Ministerio es el patrocinador de una medida publicada y en vigor pero en la que no hay alusión alguna ni al ahorro previsto con ella ni al número de pacientes afectados. Ese desprecio por el rigor y la transparencia en la gestión pública no hace sino agravar más aún la nula sensibilidad de la ministra para con los enfermos y sus necesidades terapéuticas. Algunos vaticinan ya que también tendrá Ana Mato que retirar este otro copago.

Lo cierto es que ninguna comunidad autónoma lo aplica todavía a pesar de que tenía que haber entrado en funcionamiento este mes. Sin embargo, a las que han anunciado que lo recurrirán por injusto ante los tribunales se suman las que aseguran no disponer aún del sistema necesario para empezar a cobrar y no saben cuándo podrán contar con él. Hasta la mismísima Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y a la sazón presidenta de Castilla – La Mancha, ha dicho que serán las arcas públicas de su comunidad autónoma las que corran con el copago de marras.

Así, las advertencias del Ministerio hace unos días recordando a las autonomías que el copago es de obligado cumplimiento ha recibido un espectacular corte de mangas ya no sólo en autonomías desafectas con el Gobierno popular, algo previsible, sino en el propio PP. No debería de darle más vueltas la ministra para retirar también este injusto copago. Sobre todo ahora que hasta Obama está impresionado con la recuperación de la economía española. Ahora bien, sólo con que la trama Gürtel y sus “piezas separadas” devolvieran una pequeña parte de lo que han saqueado durante años a las arcas públicas y con que Mato vendiera el Jaguar que los Reyes Magos le dejaron a su ex marido en el garaje doméstico, ya tendríamos suficiente para ahorrarnos el copago y hasta sobraría para unas cañas.

Una hora con Obama

Ese es exactamente el tiempo que durará la entrevista entre Mariano Rajoy y Obama hoy en la Casa Blanca. Es la entrevista soñada por Rajoy desde que hace dos años y pico llegó a La Moncloa, aunque el presidente norteamericano ha tardado algo más en recibirle que lo que tardó en recibir a Zapatero, que también se pasó sus buenos meses suspirando por una foto junto al líder que tantas expectativas hoy defraudadas había levantado en el mundo.

Y eso que Rajoy, que ya se ha apresurado a cumplir con el sacrosanto deber de rendir honores a los soldados norteamericanos en el cementerio de Arlington, no tendría problemas en ponerse en primer tiempo de saludo al paso de la enseña de las barras y estrellas, no como su antecesor, que se quedó calentando la silla. Por no mencionar la flexión de cerviz ante Estados Unidos cuando se sospechó que el “traidor” Snowden viajaba de matute debajo del asiento del avión del boliviano Evo Morales o su desdén por aquella tontería de la Alianza de Civilizaciones que patrocinó Zapatero.

Una hora pues tendrá Rajoy para explicarle a Obama que España es “un país serio en el que se puede confiar” y tal vez venderle unos cuantos de esos brotes verdes que por aquí nos resistimos a comprarle. Seguramente espera Rajoy que su encuentro con Obama y las declaraciones que con ansiedad esperamos que haga después en la Casa Blanca merezcan mañana gordos titulares en los medios de comunicación de medio mundo, incluida España, y favorecedoras fotos junto a al primer presidente negro de Estados Unidos. Si de paso acalla por unas horas ese perjudicial debate en su partido sobre la reforma del aborto que tanto daño le está haciendo a sus reiterados mensajes de recuperación económica, el objetivo de la visita se habrá alcanzado con creces y no cabe pedir más.

En cualquier caso, seguro que le basta y sobra tempo a Rajoy para decirle a Obama que en España el paro está descendiendo a marchas forzadas, que los jóvenes que se habían ido fuera están volviendo en avalancha ante las fantásticas expectativas de trabajo y las apetecibles condiciones laborales en nuestro país, que la educación, la sanidad y los servicios sociales son la envidia de medio mundo y que los pensionistas llegan desahogados a fin de mes y hasta se van de vacaciones al Caribe con lo que les sobra de la pensión. A Obama, que ha sido incapaz de sacar adelante su reforma sanitaria y que acumula 50 millones de pobres en su país, se le va a caer la baba escuchando a Rajoy hablar de los éxitos de las “reformas estructurales” en España.

Es menos probable que en la hora de reunión tenga tiempo el presidente español para explicarle a su interlocutor algunos detalles sobre su propia relación con el “caso Bárcenas”, el “caso Noos”, el desprestigio de instituciones como la monarquía, el desafecto político creciente en España, la “progresista” reforma del aborto, la nueva versión de la ley de la “patada en la puerta”, las tensiones territoriales con Cataluña o ese nuevo frente que se le acaba de abrir en canal en el País Vasco con la política penitenciaria.

Así que, en resumen, Rajoy le contará a Obama una realidad económica que nada tiene que ver con la que perciben los españoles día a día y guardará silencio sobre la realidad social y política que ya preocupa casi tanto como la otra. Pero qué importa eso si en la foto sale bien.

Las prospecciones son para el verano

Ni cuarenta y ocho horas ha durado la precaria armonía que parecía emanar de la entrevista que el presidente Mariano Rajoy y su homólogo canario Paulino Rivero consiguieron el pasado miércoles con su reunión en La Moncloa. Raudo y veloz, el ministro de Industria y líder de los populares canarios, José Manuel Soria, ha dicho hoy que habrá prospecciones petrolíferas sí o sí y que comenzarán entre julio y septiembre, a más tardar. De nuevo ha sacado a relucir sus viejos argumentos sobre los beneficios sin cuento del petróleo y de nuevo ha vuelto a encender la mecha de la tensión entre ambos gobiernos.

Dice Soria que ese es el anuncio que Rajoy le hizo a Rivero en la reunión de La Moncloa, aunque del particular no dijo nada el presidente canario en la rueda de prensa posterior. Sí reconoció que en el asunto de los sondeos las posiciones son irreconciliables pero prefirió subrayar las cuestiones en los que puede haber una mayor sintonía frente a aquellas en las que el desencuentro es ya público y notorio. Pues bien, Soria se ha encargado hoy de volver a ponerlo en el primer plano, tal vez preocupado ante la posibilidad de que las relaciones entre los Gobiernos de Canarias y del Estado mejoren siquiera sea de forma leve y el diálogo de sordos que ha presidido toda esta legislatura se reconduzca hacia terrenos más razonables de un mínimo entendimiento que beneficie a los ciudadanos de estas Islas.

Soria, que no estuvo en la reunión entre Rajoy y Rivero y por tanto debería de tener la prudencia y hasta la educación de no revelar los asuntos que en ella se trataron, vuelve a actuar como el pirómano de unas relaciones ya bastante caldeadas pero con las que no parece sentirse a gusto si no están bien tensas y a punto de estallar. Cree que obtiene mayor rédito político echándole petróleo al fuego y no duda en hacerlo en cuanto advierte que las llamas bajan un poco de intensidad.

En su táctica incendiaria el ministro también vuelve a actuar como portavoz cualificado de Repsol y rectifica incluso las propias previsiones de la petrolera de iniciar los sondeos en mayo, como anunció el presidente Brufau en la lamentable rueda de prensa del año pasado en Canarias. Por no mencionar que vuelve a ignorar que el Ministerio de Medio Ambiente aún no ha concedido la autorización definitiva para iniciar las prospecciones y que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las instituciones canarias.

Al ministro, la lealtad institucional, la discreción, el diálogo constructivo y esos formalismos de leguleyos parecen importarles más bien poco si saltándoselos consigue volver a agitar las aguas del enfrentamiento, su hábitat natural y al margen del cual se encuentra como pez fuera del agua. 

Aborto o cuando Rajoy mandó callar

A Rajoy no le gusta el barullo. Para evitarlo da contadas ruedas de prensa, la mayor de ellas por tele de plasma, y le ahorra a los periodistas el ingrato ejercicio de hacer preguntas que son respondidas a medias o no respondidas. A la vista del nivel de ruido que está alcanzando el debate sobre el aborto en su propio partido, con barones y diputados desmarcándose de la “progresista” contrarreforma de Gallardón, el presidente del Gobierno y del PP ha ordenado a los suyos que dejen de dar espectáculo mediático y diriman sus diferencias a puerta cerrada. 

Ni caso: ha sido decirlo y saltar nuevas voces para pedir “consenso”, “diálogo”, “equilibrio” o “voto secreto”. Son los mismísimos barones populares como Monagos, Feijóo o Herrera los que han dejado patente su incomodidad con la ley social más retrógrada de este Gobierno, que ya ha impulsado unas cuantas y muy retrógradas. La rebelión se extiende también  por las alcaldías y los escaños populares del Congreso, con petición de voto secreto aunque con resultado negativo por ahora. Y eso sin contar a quienes prefieren no moverse para seguir saliendo en la foto, aunque en su fuero interno abominen de un anteproyecto de ley que ha recibido el rechazo unánime de las fuerzas políticas, los profesionales sanitarios, las organizaciones de mujeres y, en general, del común de los ciudadanos que no ven por qué hay que retroceder a la edad de las catacumbas en la regulación del derecho al aborto. 

Para cerrar el cuadro añádase al rechazo generalizado en España, en donde salvo los sectores más ultras y la Conferencia Episcopal nadie más veía necesidad alguna de la contrarreforma, el reproche de destacados medios de comunicación internacionales como el conservador The Times hablando de “abuso de poder” o la insólita misiva de la portavoz del Gobierno francés al de España quejándose del desatino de Gallardón. Y todo ello cuando apenas han pasado tres semanas desde que el ministro diera a conocer su reforma sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso que el PP tiene presentado contra la ley ahora en vigor. 

El propio Gallardón lo justifica en su convencimiento de la inconstitucionalidad de la Ley de plazos de 2010, de manera que no se explica qué hace aún abierto y funcionando mal que bien el Tribunal Constitucional si contamos en este país con un intérprete de la Carta Magna de la inefabilidad del ministro de Justicia. La cuestión es si la incipiente rebelión en las filas del PP contra este engendro legal irá a más o si por el contrario recogerán velas los díscolos y se plegarán a la disciplina del partido y a la “discreción” que les pide la superioridad encarnada por Rajoy, a buen seguro disgustado con este lío interno que está chafándole su segundo año triunfal en La Moncloa y el bosque de brotes verdes que nos prometió por Navidad. 

Por lo pronto han conseguido que el mismísimo ministro de Justicia recule algo y admita la posibilidad de cambios en la reforma aunque – aclara – “no serán sustanciales”. Eso quiere decir en esencia que como mucho serán puramente cosméticos para calmar a la galería y dar falsa apariencia de consenso. Tal vez y para disimular mantendrá algunas reuniones de compromiso con la oposición y luego dirá que lo intentó pero no fue posible el acuerdo. 

A partir de ahí PP y Gobierno serán uña y carne de nuevo – ¿cuándo no lo han sido? - y las enmiendas de la oposición serán adecuadamente machacadas por el rodillo de la mayoría absoluta mientras las protestas de la calle se estrellarán una vez más contra las paredes del Congreso. Así las cosas, el PSOE le ha pedido hoy a Gallardón que guarde la contrarreforma del aborto en un cajón, cuando lo que en realidad habría que hacer es tirarla a un vertedero. 

Liberales de boquilla

Pues no, no hubo “burda manipulación” en la ya famosa subasta eléctrica del pasado 19 de diciembre que levantó oleadas de protestas en las redes sociales ante una subida del recibo de la luz no inferior al 11%. El informe de la Comisión Nacional de la Competencia no habla ni de “burda”, ni de “manipulación”, como alegremente dijo con todas las letras el ministro de Industria José Manuel Soria para justificar la anulación de la subida vía decreto, el sistema de gobierno al que más cariño le tiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Lo que sí dice el informe es que en la subasta hubo una “insuficiente presión competitiva”, es decir, que se detuvo mucho antes de lo habitual con lo que el precio bajo menos de lo esperado por el Gobierno. Ahora bien, de ahí a concluir que hubo “manipulación” o “concertación” para darle una bofetada al Gobierno en la cara de los consumidores va un trecho que la Comisión de la Competencia no se atreve a cruzar. En consecuencia y aunque la investigación continuará, nadie pagará sanción alguna por el que estuvo a punto de convertirse en el tarifazo eléctrico de la historia.

Una subida que sólo se evitó gracias a la presión en las redes sociales sobre un gobierno al que el oligopolio eléctrico parece tener bien agarrado por los plomos y al que utiliza como correa de transmisión para vendernos ese mantra inexplicable del déficit de tarifa como consecuencia de lo poco que pagamos por la luz para tanto como cuesta producirla. El marasmo en el que se encuentra el sistema eléctrico en este país merecería atención especial del médico chino y el ministro que la impulsó, que va de desmentido en desmentido y de contradicción en contradicción, una cura de reposo en un convento de silenciosos cartujos.

Con la reforma del sector que iba a acabar con el famoso déficit convertida en papel mojado y la más absoluta incertidumbre de lo que ocurrirá a partir de ahora con el recibo, los ciudadanos y las empresas ya no saben a qué atenerse aunque todos nos tememos lo peor. Después de intervenir con todas las de la ley en un mercado presuntamente liberalizado al anular la subasta del tarifazo, el Gobierno dijo que se convocaría otra puja, después cambió de opinión y anunció que establecerá un nuevo mecanismo de subasta que “refleje mejor la situación del mercado” y ahora duda sobre si será mensual o trimestral como hasta estos momentos.

En medio, el último Consejo de Ministros del año nos regaló una arbitraria subida del recibo del 2,3% obtenida de un cálculo no menos arbitrario de la propia Comisión de la Competencia y el añadido de los peajes públicos que regula el Gobierno. La pregunta que muchos se hacen es cómo se enjugará la diferencia entre el 2,3% que ha subido la luz en enero y el 11% que tendría que haber subido si se hubiera respetado el resultado de la subasta de diciembre.

Aunque tampoco hace falta ser adivino para imaginarnos quién pagará la diferencia con un Gobierno tan liberal que irrumpe en el sacrosanto sector privado cuando la sabia mano de la oferta y la demanda arroja resultados políticamente incorrectos como en diciembre y que, sin embargo, ha dejado hacer y pasar cuando empleando visos de aparente buena competencia ese mismo mercado nos ha venido endilgando subidas en dosis menos escandalosas del recibo trimestre tras trimestre y año tras año para reducir un déficit que, misteriosamente, no para de aumentar.

Es ahora cuando el Gobierno se cae del guindo y descubre que la subasta famosa de nuestras pesadillas es un contubernio eléctrico plagado de “burdas manipulaciones”. Cabe preguntarse qué había sido hasta ahora: ¿una rifa benéfica tal vez?

La infanta en la rampa

Si nada lo remedia – y a fe que habrá poderosos recursos para remediarlo – la infanta Cristina descenderá el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la rampa que da acceso a los juzgados de Palma de Mallorca. Allí la esperará el juez José Castro para interrogarla en calidad de imputada por blanqueo y delito fiscal en el llamado “caso Nóos”, el instituto “sin ánimo de lucro” con el que su esposo Iñaki Urdangarín obtenía dinero público que luego desviaba hacia empresas pantalla como Aizoon, cuya propiedad compartía al 50% con su esposa, quien a su vez y según el fiscal no se enteraba de nada de lo que hacía su ejemplar consorte ni de dónde sacaba para tanto como aparentaba.

El auto de imputación – 227 folios de minucioso desglose de las andanzas fiscales de la hija del rey – se ha conocido sólo tres días después de que el Jefe de la Casa Real – que es como decir el mismo rey – se quejara amargamente en una entrevista del “martirio” que está suponiendo la larga duración del proceso y uno después de que el mismo Jefe del Estado diera muestras más que evidentes de fatiga y auturullamiento durante la lectura del discurso con motivo de la Pascua Militar. En este punto cabe recordar las palabras que con mucha mayor desenvoltura pronunció el propio rey en su discurso navideño de 2011, cuando subrayó aquello tan comentado luego de que la “Justicia es igual para todos”. Siendo así, al menos en teoría, no se comprende la razón por la que la causa que afecta al yerno del rey y ahora también a su hija iba a resolverse antes que la que pueda afectar a cualquier otro mortal pero de sangre roja.

Sobre todo si, como ha denunciado el propio juez instructor, ni la policía ni la Agencia Tributaria – con aquel vodevil en torno a los DNI de la familia real - no han mostrado precisamente una excesiva diligencia a la hora de poner en su mesa la documentación que había reclamado para determinar si la infanta había hecho méritos para la imputación. Por no mencionar el papelón de la Fiscalía en todo este largo proceso, recurriendo el primer auto de imputación y adelantando su rechazo al segundo mucho antes de que se produjera. Lo extraño es que a esta hora aún no haya anunciado que recurre también este segundo auto del juez Castro, aunque no tardaremos mucho en confirmarlo.

Con el Ministerio Público y la Abogacía del Estado actuando de hecho como abogados defensores de la infanta y no como defensores del bien y el interés público, no son pocas las dudas sobre la posibilidad de que, efectivamente, el próximo 8 de marzo la infanta Cristina descienda la misma rampa que ya recorrió en su día Iñaki Urdangarin rodeada de cámaras y micrófonos y cegada por los flashes de los fotógrafos.

Entre las argucias a las que probablemente se agarren las defensas de hecho y de derecho de la infanta figura la llamada “doctrina Botín”, bendecida por el Tribunal Supremo, que impide abrir juicio oral cuando ni la Fiscalía ni el supuestamente perjudicado – en este caso la Hacienda Pública – no sólo no lo han pedido sino que se han opuesto.

Que en las cañerías del Estado están trabajando en estos momentos a pleno rendimiento para volver a dejar al juez Castro compuesto y sin imputación es algo de lo que hasta el más ingenuo puede estar seguro. Sin embargo y por ahora, la segunda imputación de la infanta extiende en lugar de concluir el “martirio” del que se queja el Jefe de la Casa del Rey, siempre tan respetuosa con las decisiones judiciales. Y ello en un momento en el que arrecia el debate sobre la conveniencia de la abdicación de alguien que cada día que pasa al frente de la Jefatura del Estado sólo contribuye a emborronar un poco más una hoja de servicios hasta hace algún tiempo bastante presentable.

¡Felicidades y hasta muy pronto!

Se acumula estos días el trabajo y no dispongo de suficiente tiempo para poder dedicárselo al blog. Así que me tomo un pequeño descanso para recargar las pilas y regresar con fuerzas renovadas en cuanto pasen estas fechas. Mientras, vaya como regalo de felicitación esta hermosa canción de Silvio Rodríguez que canta a la Navidad, pero desde un punto de vista muy poco habitual y con la sencillez y profundidad de todas sus letras. 

¡Feliz Navidad y que 2014 sea un año mucho mejor para la paz, la justicia y el trabajo!

Cristóbal McCarthy Montoro

Vaya por delante, por si acaso, que no tengo deudas que yo sepa con Hacienda. Lo digo con antelación suficiente, no vaya su jefe máximo a cogerme ojeriza y ponerme de chupa de dómine en la plaza pública a la primera rabieta infantil que le provoquen mis críticas inocentes y bienintencionadas. Hoy mismo ha vuelto a enrabietarse en el Congreso cuando la oposición le ha echado en cara la purga de altos cargos  en la Agencia Tributaria bajo la terrible acusación de ser peligrosos socialistas.

En lugar de dar explicaciones convincentes sobre si ser militante del PSOE o de otro partido que no sea el PP es un impedimento legal e incluso un delito penal desconocido hasta ahora para ser alto funcionario de Hacienda, el ministro ha optado por lo que mejor sabe hacer: expulsar tinta de calamar y acusar a los medios de comunicación que critican su gestión de tener problemas con Hacienda. Nada nuevo bajo el sol, ya ha hecho lo mismo en otras ocasiones con la prensa, con los partidos políticos de la oposición y hasta con los artistas, apuntándose si es necesario a crítico cinematográfico a tiempo parcial.

Tal y como se han puesto las cosas en Hacienda, a uno no le extrañaría lo más mínimo que a esta hora haya empleados públicos quemando el carné del PSOE o los ejemplares de El Socialista para evitar perder el puesto de trabajo. Y deberían de tomar también buena nota todos aquellos que se han atrevido a denostar la amnistía fiscal en la que el ministro puso tanto empeño para enjuagar el delito fiscal de las grandes fortunas del país por la vía de “paga una mínima parte de lo que debes si te viene bien y si no hazte el sueco y aquí no ha pasado nada”.

Del mismo modo, que se amarren los machos los que han osado alzar la voz para criticar el impresentable embrollo de las facturas de la infanta Cristina y su supina ignorancia sobre números a pesar de ser alta ejecutiva de un gran banco y consorte del más empalmado de los pocos duques que van quedando en este país, a Dios gracias. Además, a partir de ahora, cuando haya que aplicar una sanción de muchos ceros a alguna gran fortuna o a una multinacional de las que se lo llevan crudo y se defienden con una legión de abogados, conviene pedirle el visto bueno personal al ministro. No vaya a pasarle como a la alta funcionaria a la que no se le ocurrió otra cosa mejor que sancionar con 450 millones de euros a la cementera CEMEX por falsear las cuentas para tributar menos y ha visto como era destituida y la multa reducida a unos módicos 15 millones de euros. De lo que cabe concluir que estamos pasando a marchas forzadas del “Hacienda somos todos” – lo que nunca fue del todo cierto - a “Hacienda somos solo los tontos de la nómina a fin de mes”.

Con la altura y el rigor intelectual que le caracterizan, ha dicho el ministro que el PP volverá a ganar las elecciones porque “los mercados no son gilipollas”, aunque también ha reconocido que estos dos primeros años de la era Rajoy han sido “duros de cojones”. Seguro que sí, sobre todo para las grandes fortunas y empresas de este país que han defraudado a Hacienda unos 80.000 millones de euros mientras a los paganinis de costumbre se les han subido los impuestos y se les han recortado salarios y servicios públicos.

De estos asuntos no habla el ministro, él prefiere actuar aplicando la amnistía fiscal a los defraudadores y poniendo en marcha una caza política de brujas que nos recuerda poderosamente al fanático senador estadounidense Joseph McCarthy, que veía comunistas hasta debajo de la cama. No deseo para Montoro el fin que tuvo McCarthy, que murió joven, desprestigiado y alcoholizado después de atemorizar al país con sus bravatas de matón de barrio. Solo hago votos – ya sé que con escasas esperanzas de verlos cumplidos - para que en un rapto de lucidez y decencia política el presidente Rajoy lo destituya antes de que el estropicio en Hacienda sea completamente irreparable y la indignación de los contribuyentes incontrolable.   

Mandela ha muerto ¡Viva Mandela!

No deseo ser aguafiestas ni restarle trascendencia al multitudinario adiós que hoy se le ha brindado a Nelson Mandela en Soweto. Que se lo merecía y que los elogios que ha recibido esta mañana de políticos tan dispares como Raúl Castro o Barak Obama no son exagerados está fuera de discusión. Sin embargo, tengo la sensación de que Mandela tal vez habría deseado un adiós diferente, menos plagado de jefes de estado, presidentes de gobierno, reyes y príncipes. Él fue un hombre que derrochó vitalidad por los cuatro costados, al que le gustaba cantar y bailar, que sonreía con una sonrisa amplia y sincera que alegraba el alma de quien la contemplaba y que se sentía cómodo y expansivo entre los suyos, los desheredados a los que el régimen del apartheid que él derribó con su valentía y determinación persiguió, torturó y asesinó.

No fue Mandela un político al uso, al menos tal y como lo entendemos por estas latitudes. Aunque por su condición de jefe de estado tuvo que codearse con testas coronadas y homólogos de otros países, jamás pareció que el cargo se le había subido a su venerable cabeza; nunca se alejó de su pueblo, que para él lo integraban blancos y negros por igual y, aunque también disfrutaba de los baños de multitudes como en los grandes conciertos solidarios o en las grandes citas deportivas, siempre prefirió el suelo al palco, la gente sencilla a la estirada y encumbrada, la risa a la circunspección, la cercanía a la rigidez.

Mucho y bien han hablado todos hoy y en los últimos días de Mandela y todos coinciden en su inspirador ejemplo y se declaran en deuda con Madiba; incluso el presidente del Gobierno español, que no ha sentido rubor ni vergüenza alguna en sacar a colación en un día como este el triunfo de España en el mundial de Sudáfrica y hasta de echar mano del legado del líder africano para defender la unidad nacional. Obama ha sido tal vez el más emotivo y él más certero, dada la habilidad retórica del primer presidente negro de Estados Unidos, aunque desgraciadamente esa facilidad de palabra que le adorna no suele ir acompañada de la misma determinación con la que Mandela consiguió reconciliar a los sudáfricanos.

Dijo entre otras cosas el presidente norteamericano que muchos de los líderes a los que estos días se les llena la boca alabando las virtudes de Mandela, jamás permitirían la disidencia en sus respectivos países. Es posible que se refiriera entre líneas, ente otros, al vicepresidente chino Li Yuanchao, al presidente Mugabe de Zimbabue o al cubano Raúl Castro, al que incluso saludó durante la ceremonia, aunque lo más importante no es a quién iba dirigido el mensaje sino el mensaje en sí. Si de verdad todos estos presidentes y jefes de estado que hoy se han dado cita en Sudáfrica creyeran como dicen en la grandeza de Mandela deberían de ser los primeros en respetar su legado y su grandeza humana y contribuir a expandirlo y perpetuarlo hasta donde alcancen sus responsabilidades políticas.

En realidad, para la inmensa mayoría de ellos Mandela está muerto y dentro de poco enterrado y tras las declaraciones rimbombantes de los últimos días echaran sobre su vida ejemplar toneladas de olvido. Es la ciudadanía mundial que ve en la gigantesca figura humana y política de Mandela un ejemplo de valor y dignidad merecedor de emulación y respeto la verdadera heredera de su obra y la única que puede hacer que su luz jamás se apague bajo el peso del cinismo, el olvido y la indiferencia.

Rajoy: mucho ruido y pocas nueces

Mariano Rajoy no se caracteriza precisamente por su afición a las entrevistas periodísticas: se le ve, oye y lee incómodo consigo mismo, diciendo cosas peregrinas como lo de las cuchillas de las alambradas de Melilla y su efecto “disuasorio” y haciendo esfuerzos casi sobrehumanos por justificar que haya hecho todo lo contrario de lo que prometió antes de llegar a La Moncloa.

Después de tomarme la molestia de leer las seis páginas que el diario EL PAÍS le dedica hoy a la entrevista “coral” que Rajoy mantuvo con este y otros cinco periódicos europeos, no puedo evitar llegar a la conclusión de que su contenido podría haberse resumido perfectamente en una columna lateral en página par. Y es que el hecho de que al presidente de Gobierno le guste tan poco hablar con la prensa no es motivo suficiente para dedicar tantas páginas y tanto papel a contar la inanidad del ser político de Rajoy.

Porque, más allá de los lugares comunes a los que ya nos tiene acostumbrados, nada ha dicho el presidente que no supiéramos o al menos intuyéramos. Respecto a la crisis ha insistido en el mantra más reciente del Gobierno con una sola idea si bien expresada de manera diversa: “estamos saliendo de la crisis”, “lo peor ya pasó”, “hace un año se debatía sobre el rescate de España y ahora se debate sobre la salida de la crisis”. Que cada uno extraiga sus propias conclusiones a la vista de la situación de paro y precarización laboral y salarial que sufre el país y confronte de paso si los recortes aplicadas por Rajoy en educación, sanidad o políticas sociales se compadecen con que “el estado del bienestar sigue siendo un logro irrenunciable en España y en la UE”, como afirma el presidente.

Los "papeles" de Rajoy

Más intríngulis tiene esta otra frase de Rajoy: "lo que más me preocupa es que Alemania tenga claro adónde vamos”. Dicho de otro modo, en tus manos, Ángela, encomiendo el futuro de este país. Podría haber añadido que ha sido un alumno aventajado y que ha hecho todos los recortes que se le impusieron desde Berlín, con grave riesgo incluso para su futuro político y el de su partido, tal y como están poniendo de manifiesto los últimos sondeos de intención de voto.


Por tanto, lo que viene a decir es que o Merkel se aclara e ilumina el camino que deben seguir los obedientes discípulos del austericidio como él o pereceremos todos en el túnel de la crisis. Aparta de mí la funesta idea de pensar y actuar como el presidente de un país soberano es lo que parece deducirse de las palabras de Rajoy.

Para el final quedan sus declaraciones a propósito de la corrupción en el PP a la que ha dedicado la frase del argumentario popular en vigor desde hace solo unos meses, la misma que repiten Cospedal, Floriano y otros cercanos al núcleo duro del presidente: “Si alguien tenía contabilidad en b, sería de él”. Una frase que se comenta por sí misma y que se enmarca en ese esfuerzo tan desesperado como inútil del PP por desvincularse del hombre del que nadie podría demostrar que no era inocente, aunque hoy esté en la cárcel a la espera de juicio.

Por lo demás, nada tampoco que no conociéramos ya sobre lo que piensa Rajoy de la reforma de la Constitución – “ahora no es el momento “ - o nada que sirva para desatascar la tensión con Cataluña – “ni quiero ni puedo autorizar un referéndum”. Y, por supuesto, ni una sola frase de autocrítica de su gestión, ni una leve disculpa por haber mentido al país escudándose en las “circunstancias” y ni un atisbo de búsqueda sincera del consenso político y social que sustituya al rodillo de la mayoría absoluta en los grandes asuntos del país (educación, seguridad ciudadana, corrupción, pensiones, reforma tributaria, etc.). En resumen, mucho ruido mediático para tan pocas nueces.

Mandela vivirá para siempre

Un alma grande está por encima
de la injuria, de la injusticia
y el dolor.
 
Jean de La Bruyére

El precio de una estafa

Asegura la sabiduría popular que presumir en exceso de algo es poner de manifiesto las propias carencias. El vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, presumía ayer de la multa récord que le ha caído a seis grandes bancos internacionales por conchabarse para manipular el euríbor, el índice de referencia por el que se fijan los intereses de casi siete millones de hipotecas en España, muchas de ellas con cláusula suelo. La sanción asciende a 1.700 millones de euros que tendrán que pagar entidades como el Deutsche Bank, Barclays, Société Générale o el Royal Bank of Scotland.

Aunque sólo los dos primeros tienen una amplia presencia comercial en España, la globalización financiera hace que ese sea un detalle menor. Se da la circunstancia de que el Barclays ya había sido sancionado en Estados Unidos por las mismas prácticas fraudulentas mientras que en la Unión Europea se le ha rebajado la sanción porque descubrió el pastel y a sus comensales. Por mucho que Almunia presuma de “sanción ejemplarizante” la misma dista mucho de merecer ese honor.

Más bien debe ser calificada de ridícula si tenemos en cuenta que esos 1.700 millones de euros los gana cualquiera de estos bancos en un par de trimestres. Como ejemplo, el Deutsche Bank, multado con algo menos de 500 millones de euros, ganó durante el tiempo que se supone duraron los tejemanejes más de 6.500 millones. Almunia tampoco se ha dignado informar a los ciudadanos, a los que el año que viene se les pedirá que acudan a las elecciones al Parlamento Europeo, a cuánto asciende la seguramente millonaria estafa de estos bancos. O no la sabe – lo cual es dudoso – o evita hacerla pública para evitarles males mayores a esas entidades y que prenda más si cabe la indignación social ante unas prácticas claramente delictivas.

Multar con 1.700 millones de euros por engañar a millones de ciudadanos y no dar un paso más para depurar responsabilidades es como rascarse el ombligo para curarse la pulmonía. Son imprescindibles medidas mucho más expeditivas que las autoridades comunitarias y el Banco Central Europeo deberían de haber puesto en marcha hace tiempo si no estuvieran tan preocupados por la salud financiera de los bancos y tan poco por el bolsillo de los ciudadanos.

Los directivos de los bancos que participaron en esos enjuagues con el euríbor deberían haber sido inhabilitados de por vida para trabajar en el sector y, a continuación, procesados por estafa. Sin embargo, se conforma Almunia con sacar pecho y sonreír al tendido y, en todo caso, dejar en manos de los estafados la carga de la prueba que demuestre que han sido vilmente engañados por una pandilla de ladrones de cuello blanco, como si eso fuera tarea fácil.

Que el euríbor es el fruto de un contubernio bancario para engañar a los clientes ha quedado demostrado, pero tampoco se conocen iniciativas serias en la UE para hacerlo transparente y creíble y no una coartada al servicio de los balances bancarios. Aquellos que aún se atreven a levantar la mano para salir en defensa de la banca y sus prácticas tienen en este escandaloso caso un nuevo motivo para guardársela en el bolsillo. Al menos ya sabemos una cosa: que el precio de una monumental estada bancaria como ésta es exactamente de 1.700 millones de euros, imagen corporativa incluida. Demasiado poco para tanto como presumen.   

¿También tú, Bravo?

Ya lo comentamos en el post de ayer: en el PP empiezan a aparecer signos de nerviosismo por la caída en las encuestas electorales, el empleo que no levanta cabeza, los casos de corrupción y las tensiones territoriales con Cataluña, entre otros asuntos ante los que el presidente del Gobierno prefiere esconden la cabeza bajo el ala y hacer cómo si todo fuera sobre ruedas. En ese contexto, la alcaldesa de Madrid se despachaba el lunes con una lista de deberes para el presidente y le advertía del peligro de que “se fragmente la base electoral del partido”.

En un ámbito mucho más local y en pleno revival de la moda del género epistolar que hace furor estos días, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el popular José Miguel Bravo de Laguna, también acaba de enviarle una carta al presidente de su partido en las Islas y ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. En realidad no va dirigida a él sino al Gobierno  y en particular a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y no es precisamente cariñosa. En ella se queja Bravo de las actuaciones del Gobierno de Rajoy en Canarias y pone el acento en el infame trato que AENA, dependiente de Fomento, les está dando a los maltratados vecinos de Ojos de Garza afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria.

Recuerda Bravo en su misiva que esta isla “es un granero de votos del PP” y con las cosas de comer – cabe añadir por nuestra parte – no se juega. El propio Bravo envió hace pocos días otra carta el presidente autonómico Paulino Rivero en un tono llamativamente menos beligerante que el que ha empleado ahora y en la que se quejaba de que el Gobierno de Canarias no atendía adecuadamente las demandas de Gran Canaria. Esa carta se conocía poco después de que el propio Rivero remitiera otra a Rajoy y al Rey quejándose también de lo mismo o parecido de lo que ahora se queja Bravo, miren ustedes por dónde.

En realidad, la carta a Soria que ahora se ha conocido no era pública aunque ha terminado publicada en los medios de comunicación gracias a una filtración seguramente interesada de no se sabe quién aunque tampoco es muy difícil suponerlo. Cómo le ha sentado a Soria el mensaje es algo que aún desconocemos, atareado como está en las últimas horas intentando apagar el cortocircuito que Montoro le ha provocado en su reforma del sector eléctrico. Sin embargo, sabiendo de la férrea disciplina con la que le gusta gobernar el PP canario cabe sospechar que la carta de Bravo no le debe de haber llenado de alegría y mucho menos que se haya aireado.

Sobre todo porque el presidente del Cabildo tiene razón, aunque se quede  corto e impreciso en sus críticas al Gobierno  que, por otro lado, llegan tarde y deberían estar dirigidas, más que a Soria, cuyo predicamente en el Consejo de Ministros parece en declive, al propio Mariano Rajoy. Con todo, su potura viene a romper la unidad de discurso en lo universal de la que los populares canarios suelen hacer gala se les pregunte por lo que se les pregunte en relación con el modo en el que Rajoy y los suyos tratan a Canarias, desde los inmisericordes recortes presupuestarios a las prospecciones petrolíferas.

Antes de que se conociera el contenido de su epístola a Soria y a los “sorianos”, Bravo de Laguna había dicho que desearía volver a ser el candidato del PP al Cabildo de Gran Canaria en las elecciones de 2015. Todo puede ser, aunque a la vista de esta carta y si, además, echamos la vista atrás y recordamos las tormentosas relaciones políticas de Soria con Bravo de Laguna en tiempos no tan lejanos, uno está por afirmar que Roma no paga traidores.

Botellazo

¿Son los malos datos de los sondeos electorales? ¿Es el desgaste de un Gobierno que atraviesa el ecuador de la legislatura después de incumplir todas sus promesas? ¿Es el abuso indiscriminado de la mayoría absoluta hasta en asuntos clave para el futuro del país como la reforma educativa? ¿Son los pésimos datos de empleo, que no termina de remontar por más que a Mariano Rajoy le importe una higa lo que diga la Encuesta de Población Activa?

Todo suma  y todo hace que en el PP y en el Gobierno empiecen a apreciarse ciertos síntomas de nerviosismo ahora que enfilamos la cuesta debajo de la legislatura: quedan dos años para volver a convencer a los españoles de que la suya es la mejor opción. Claro que, para que eso ocurra, los brotes verdes de la economía tendrán que crecer mucho más y la luz al final del túnel tendrá que estar mucho más cerca de lo que el Gobierno y el PP nos quieren hacer creer que está.

Vaya por delante que los populares suelen ser gente cohesionada y seguidora a pies juntillas de su líder. Ahora bien, cuando su líder se llama don Tancredo empieza a aflorar la preocupación por las costuras del partido. Es verdad que ese nerviosismo va por barrios como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que mientras en Valencia o Baleares los populares de allí se oponen con uñas y dientes a que las petroleras pongan en peligro el futuro turístico buscando crudo, en Canarias aplauden con las manos, los pies y las orejas que una compañía transnacional como Repsol tome a los naturales por ignorantes y les acuse de estar contra el progreso, la diversificación económica, el empleo y los perros atados con longanizas o, para el caso, con chorizos de Teror.

Sin embargo, si hay un reducto rebelde, lenguaraz y crítico con Don Tancredo Rajoy ese es Madrid. En uno de los principales graneros de votos del PP tiene el presidente una úlcera política de la que no consigue librarse. Cuando no es Esperanza Thatcher la que le enmienda la plana y le marca los deberes es su sucesor Ignacio González quien lo hace, cuando no lo hacen los dos a la vez y coordinados. Sin embargo, quien no esperábamos que se sumara a las críticas es Ana Botella de Aznar, que acaba de descolgarse con una advertencia en toda regla a la situación del partido con la que puede haber sellado su candidatura a la alcaldía madrileña o todo lo contrario.

 

Ana Botella (también) le pone deberes a Rajoy

Tal vez no muy relajada después de su desastrosa gestión de la huelga de basura, pero sí envalentonada por la impunidad política con la que Aguirre, González o su ex presidente consorte le leen a menudo la cartilla a Rajoy, ha querido ella también echar su cuarto a espadas y, en un castellano de Madrid bastante potable, le ha dicho un par de cosas al presidente. Entre otras, que su proyecto político, de él y de ella, siembra “dudas”, que “ninguna gestión municipal o autonómica por modélica que sea puede bastar para evitar una fragmentación de las bases electorales del PP” y que “cunde una sensación de desamparo, inseguridad e injusticia que es necesario disipar cuanto antes”.

Oyéndola atentamente y con cara de póker estaban, entre otros, Alberto Ruiz – Gallardón y Ana Mato. Hoy cada uno ha hecho su propia lectura de las palabras de la alcaldesa y como era de esperar han intentado llevar el agua al molino de Rajoy pero con escaso éxito. El botellazo político lo ha encajado Rajoy sin rechistar, como es propio de él, aunque ahora que acaba de atravesar el ecuador de la legislatura tal vez no tenga más remedio que abandonar su famosa posición de perfil y afrontar de cara al menos las críticas en su partido. Respecto a las que le llegan desde el conjunto de la sociedad española ya hemos perdido las esperanzas de que les haga algún caso.

Apaga la luz

Si el peso de un ministro en un gobierno viene dado por el respaldo que encuentran sus medidas entre sus compañeros de gabinete y ante quien lo preside, cabe concluir que el peso de José Manuel Soria en el equipo ministerial de Mariano Rajoy ha quedado seriamente tocado. Soria anunció a bombo y platillo el pasado mes de julio la reforma de todas las reformas, la llamada a enjugar de una vez y para siempre el misterioso déficit de tarifa eléctrica, ese que según los expertos se genera porque los españoles de a pie pagamos por encender la luz mucho menos de lo que cuesta hacer que la corriente llegue al bombillo.

No deja de ser llamativo que el tan traído y llevado déficit no haya dejado de crecer en los últimos años, a pesar de que los españoles somos de los europeos que más cara pagamos la energía eléctrica después de reiteradas subidas que suman ya más de un 60% en los últimos años y en plena crisis económica. Lo cierto es que Soria se apoltronó en julio tras la mesa de las ruedas de prensa de La Moncloa y tras el correspondiente Consejo de Ministros anunció a los cuatro vientos que había encontrado la fórmula mágica o cuadratura del círculo para que el déficit no solo no siguiera aumentando, sino para que quedara a cero más pronto que tarde.

Consistía básicamente en que eléctricas, consumidores y Gobierno pusieran todos de su parte para acabar con el desfase. La aportación global del Ejecutivo a tan loable fin se cifró en 3.600 millones de euros y, de ellos, unos 650 se destinarían a paliar la mitad de los sobrecostes que supone generar electricidad en Canarias. Estas cantidades deberían consignarse en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año aunque, para ir abriendo boca, los consumidores ya tuvimos que soportar en agosto otro bocado en la cartera en forma de un nuevo incremento del 3,4% en el recibo de la luz.

Aquella solución que Soria consideraba la definitiva tuvo la virtud de no gustar a nadie, ni a las eléctricas ni a los consumidores, hartos ya de ser tomados por los culpables del déficit de tarifa y, a este paso, hasta del asesinato de Kennedy. Se dijo entonces que la mejor solución es la que no deja completamente satisfechas a las partes. Se obviaba sin embargo que había alguien más que tampoco veía con buenos ojos que Soria echara mano de las arcas públicas para acabar con el déficit de tarifa. Ese alguien no era otro que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obsesionado con que lo que hay que recortar es el déficit presupuestario ya que no hay tantos brotes verdes a la vista como para permitirse las alegrías presupuestarias de Soria.

Así que, en el último momento y casi sobre la bocina, el PP ha presentado en el Senado una enmienda a los próximos Presupuestos Generales del Estado que elimina de un plumazo los 3.600 millones de euros con los que Soria quería pasar a la historia como el ministro que acabó con el déficit de tarifa eléctrica en España. Ahora, desautorizado y ninguneado en toda regla por Montoro, es el propio ministro de Industria el que baja la cabeza y asegura que sí, que lo primero es cumplir con el tope de déficit presupuestario y el eléctrico ya veremos cómo se arregla. Dice también que la supresión de esa partida no implicará una subida del recibo de la luz, algo que probablemente ni él se cree.

Las compañías eléctricas han montado en cólera por la inseguridad jurídica que estos cambios de humor gubernamental generan y los ciudadanos, especialmente los canarios, ya empezamos a echar cuentas de cuándo nos llegará el próximo calambrazo eléctrico. Tal vez los consumidores deberíamos de echarle una mano a Soria, cuyo refulgente brillo en el Gobierno empieza a tornarse mortecino, y apagar la luz. Seguro que así conseguiríamos acabar de una vez con el condenado déficit y darle una gran alegría a un ministro en horas bajas.