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Setenta pasos

Setenta pasos, zancada arriba o abajo. Quienes se han tomado la molestia de contarlos aseguran que son los que hay que caminar por la rampa que conduce a los juzgados de Palma. Son los 70 pasos que, si Ruiz – Gallardón no lo impide, tendrá que dar el ocho de febrero Cristina de Borbón para confirmar o desmentir ante el juez Castro si es una mujer florero que como solo actuaba por amor no se enteraba de dónde sacaba el dinero su atlético esposo, o si por el contrario estaba al cabo de la calle de lo que ocurría en esa filantrópica institución llamada Instituto Nóos.

Si al final tiene que recorrerlos – y Ruiz – Gallardón está haciendo todo lo posible para que eso no ocurra – puede que sean los 70 pasos más largos de su vida, casi como si tuviera que recorrer 70 kilómetros bajo los focos de las cámaras y con los micrófonos apuntando directamente hacia ella. Dice su abogado que Cristina de Borbón acudirá a declarar “voluntariamente” ante el juez Castro y es esa una “voluntariedad” que sólo cabe calificar de “involuntaria y a rastras”. ¿Dónde estaba esa voluntariedad de la que ahora presume en la anterior imputación que su abogado recurrió y a cuyo recurso se unieron sin dudarlo y con entusiasmo la fiscalía y la Abogacía del Estado?

Ha cambiado la estrategia de la Casa Real, no cabe duda. En aras de intentar mejorar aunque sea en lo más mínimo el alicaído prestigio de la Corona es preferible que Cristina dé la cara a pesar del mal trago de tener que verla luego reproducida miles de veces en las televisiones y en los periódicos. Confía sin duda en que acabe así el “martirio” que dice sufrir la Casa Real con este caso y que la imputada salga “desimputada” después del paseíllo de los 70 pasos que, insistimos, Ruiz – Gallardón intentará evitarle por todos los medios.

La maquinaria del Estado trabaja a marchas forzadas: una vez decidido que es mejor no recurrir la imputación el objetivo ahora es poner al juez Castro de vuelta y media y hacerlo responsable de la muerte de Kennedy. Vean el último escrito del fiscal Horrach al juez: hay que “evitar que se siga manteniendo la tesis inculpatoria contra doña Cristina de Borbón basada en la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa”. Además, pide Horrach que antes del paseíllo de la imputada presten declaración inspectores de Hacienda y policía. Increíble si no fuera porque es cierto y porque Horrach es fiscal y no abogado defensor de causas reales.

Con un fiscal así Ruiz-Gallardón no debería tomarse demasiadas molestias ni exponerse tanto a las críticas con sus presiones sobre los jueces con tal de impedirle a Cristina de Borbón el paseíllo del 8 de febrero. Tal vez hasta se levante la imputación y el día señalado para el interrogatorio lo pueda destinar Cristina a hacer la compra, salir a tomar unas cañas con su esposo o llevar a los niños al parque como haría un matrimonio normal y plebeyo cualquier fin de semana del año.

Tampoco quiere la defensa de Cristina que su interrogatorio – si Ruiz – Gallardón no lo impide – se le grabe en audio y video. Sobre todo para que no les den las tantas un sábado por la mañana como ocurrió cuando le tocó el turno a Urdangarín con centenares de periodistas esperando en la puerta mientras un taquimecanógrafo tomaba notas apurado. Aunque los malos tragos, como el aceite de ricino, hay que pasarlos lo más rápido posible, dice la defensa de Cristina que las cintas podrían filtrarse y sabría el pueblo llano y plebeyo si la hija menor del rey actuó por amor o “por el interés te quiero Andrés” y eso no estaría bien.

Con este panorama sólo cabe concluir una cosa: 70 pasos son los que separan que la Justicia es igual para todos – Juan Carlos de Borbón dixit – o mucho más igual para unos que para otros. Me temo que va a ser lo segundo.    

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