Francia descarrila

No es que Jean Marie Le Pen, el fundador e inspirador ideológico del francés Frente Nacional, confíe en el “Sr. Ebola” para acabar con el “problema” de los inmigrantes en tres meses. Tampoco es que el gran Nicolás Sarkozy – en sentido figurado lo de grande, claro – abogue por congelar el Tratado de Schengen que consagra la libre circulación de personas en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. No es siquiera que el nuevo y flamante primer ministro francés, Manuel Valls, saque pecho en un mitin socialista en Barcelona, la tierra de sus ancestros familiares, y diga que en Francia su gobierno “no hace política de austeridad como en España”, después de rebanarle 50.000 millones de euros al gasto público galo. 

Es todo eso y mucho más que eso. Es, por ejemplo, el ridículo mundial que supone gastarse 15.000 millones de euros en comprar la friolera de 2.000 vagones de tren nuevecitos que, sin embargo, tienen un pequeño problema: no caben en más de mil estaciones del país, demasiado antiguas y demasiado estrechas para recibirlos como se merecen, al son de la campanilla, y despedirlos adecuadamente a golpe de silbato y banderazos. A los españoles, tan acostumbrados a tener aeropuertos sin aviones, bibliotecas sin libros, auditorios sin público y estaciones de AVE por las que no circula ningún tren, este tipo de noticias apenas nos sorprenden. Es más, hasta puede que nos regocijemos levemente al comprobar como en todos lados cuecen habas, que no íbamos a ser sólo los incompetentes del sur los que nos tengamos que llevar todos los palos y las mofas y sufrir como castigo todos los recortes habidos y por haber. 

Pero ¿cómo puede pasar una cosa así en Francia, la revolucionaria y douce France? A mí no me pregunten pero me malicio que alguien se tomó unos burdeos o unos coñacs de más el día que dibujó sobre el papel el ancho de los vagones y mandó el encargo a la fábrica constructora sin antes cerciorarse de si coincidía con el de las estaciones. O pensó que por unos centímetros de más o de menos tampoco iba a pasar nada: ya se ajustaría el vagón a la vía o la vía al vagón, nada en definitiva que no se pudiera solucionar con otros 15.000 millones de euros del erario público. Eso, o que el tren se dé la vuelta antes de entrar en la estación y deje a los pasajeros unos metros más allá para que estiren las piernas y respiren aire puro. 

En cualquier caso no creo que esta monumental pifia ferroviaria, que ha provocado el asombro y la rechifla de medio mundo, desemboque en una nueva revolución francesa o en otro mayo del 68, que se derrumbe la torre Eiffel, que se jubile Aznavour, que dimita Hollande o que Valls, que ahora se tendrá que gastar otros 50 millones para arreglar este descarrilamiento, tenga que hacer las maletas y tomar el primer tren que pase cerca del Elíseo. Eso sí, sospecho que rodarán cabezas o deberían de hacerlo si Francia no ha dejado de ser un país serio, que todo puede ser. 

La ministra de Ecología, después de ponerse azul, blanca y roja tras conocer la noticia a través de un periódico llamado El Pato Encadenado – para más escarnio –, ha pedido responsabilidades. Un alto cargo del ministerio de Transportes ha empezado a engrasar la guillotina y ha encargado una sesuda investigación interna para saber quién fue el/la lumbreras que ideó, encargó y pagó tanto vagón de vía estrecha. Por su parte, los responsables de las empresas públicas que gestionan la red ferroviaria francesa (RFF) y los trenes (SNCF) ya se han calado la gorra de jefes de estación para llevar a sus respectivas locomotoras a vía muerta y evitar ser arrollados. Se sospecha que fue la descoordinación entre ambas empresas públicas la que ha generado esta ridícula situación que tiene a los franceses abochornados, algo nada fácil de conseguir en el país de la grandeur. ¡Señores pasajeros, próxima estación: la Bastilla!

Enredados en las redes

Dejémonos de medias tintas: los mensajes insultantes, injuriantes u ofensivos en razón del sexo, el color de la piel, el credo religioso o la ideología política son igual de intolerables tanto fuera como dentro de las redes sociales. Corresponde a las fuerzas de seguridad y a la Justicia perseguirlos y castigarlos sea cual sea el soporte que se use para su difusión. Con un matiz importante: difundirlos a través de las redes sociales, que por su propia naturaleza son abiertas y tienen la capacidad de propalarlos a velocidad de vértigo, debe ser un agravante de las penas que ya se prevén en la legislación para este tipo de comportamientos. Lo que no es de recibo es que el Gobierno pretenda aprovechar la alarma social que han generado los mensajes de odio y de incitación a la violencia para aplicarle una nueva vuelta de tuerca al ya manoseado Código Penal y volver a modificarlo a golpe de titulares y declaraciones políticas interesadas. 

No quisiera uno ser mal pensado, pero a veces se tiene la sensación de que al Gobierno sólo le preocupan estos comportamientos cuando se ve directamente afectado. Pilar Manjón, la presidenta de una de las asociaciones de víctimas del terrorismo que nunca ha ocultado su desacuerdo con el Gobierno, ha sido literalmente machacada en las redes sociales sin que nadie hiciera nada por evitarlo. La hoy candidata socialista al Parlamento Europeo, Elena Valenciano, canceló su cuenta en Twitter harta de recibir insultos contra ella y su familia. Nadie tampoco puso entonces el grito en el cielo ni se rasgó las vestiduras ni pregonó que había que endurecer el Código Penal para castigar a los violentos. Podrían citarse aquí unos cuantos casos más muy similares. 

Ahora ocurre todo lo contrario: a raíz de la riada de basura que anegó las redes tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, el ministro del Interior sí ve la necesidad imperiosa y urgente de modificar y endurecer el Código Penal e incita al ministerio de Justicia y al Fiscal General del Estado para que actúen. Por lo demás, se han disparado también las detenciones de internautas por hacer comentarios ofensivos o incitar a la violencia a través de las redes, como si estuviéramos ante un fenómeno nuevo y desconocido. 

Puede que no lo sea, pero esa actitud de Interior huele a doble vara de medir en función de quién es la persona agraviada o amenazada. La inmensa mayoría de los juristas de los que he tenido la oportunidad de leer sus opiniones a raíz de la basura que circuló por la red tras el asesinato de Isabel Carrasco o de la final de baloncesto que perdió el Real Madrid, coinciden en que la legislación actual se basta y sobra para sancionar debidamente estos comportamientos reprobables de tantos pigmeos intelectuales que por desgracia pululan por las redes sociales, y que me perdonen los pigmeos. 

Coinciden también algunos expertos en que, puestos a cambiar o modificar algunos aspectos del Código Penal, tal vez debería pensarse en corresponsabilizar penalmente a determinados prestadores de servicios en Internet. Hablo sobre todo de Twitter y Facebook, sobre los que apenas recae responsabilidad alguna cuando sus usuarios difunden esos deleznables mensajes a través de sus cuentas. Identificar los perfiles de los usuarios y expulsar de la red a los cobardes que se esconden tras el anonimato para injuriar, justificar la violencia e incitar a practicarla debería ser una de sus responsabilidades. A ella cabe añadir mostrarse mucho más ágil en el bloqueo de cuentas con contenido racista y violento y en la eliminación de esos mensajes para evitar en tanto sea posible su propagación. 

Por tanto, piénsese más en las lagunas legales que impiden perseguir y castigar de forma adecuada los abominables comportamientos en la red de los violentos – afortunadamente minoritarios, no lo olvidemos – y menos en aprovechar el río revuelto para buscar la manera de silenciar las críticas contra el Gobierno por la vía de Código Penal, tentación autoritaria a la que este Gobierno y en particular su ministro de Interior parecen muy proclives. Calíbrese bien dónde acaba el derecho a la libertad de expresión y donde empieza el acto delictivo y aplíquese la ley vigente en todo su rigor salvaguardando el primero y castigando el segundo con ejemplaridad y sin contemplaciones. En otras palabras, un Estado de derecho tiene que afrontar este tipo de repulsivos comportamientos en las redes sociales con prudencia, rigor, cabeza fría y cero de hipocresía política.

Seis días de mayo

Si alguien mete la pata hasta la cintura y a pesar de la presión para que la saque tarda seis días en hacerlo, cabe concluir que no la ha sacado de muy buen grado. El candidato popular Arias Cañete se retrató como un benevolente y paternalista machista cuando alardeó de su superioridad intelectual tras el debate con la candidata socialista Elena Valenciano. Eso fue el viernes de la semana pasada, un día después del primer y único cara a cara entre ambos en televisión. El debate – ya lo hemos comentado aquí – nos mostró a un Cañete nervioso e inseguro, aferrado al argumentario de la herencia recibida, y a una Valenciano que tampoco despertó pasiones. Y ahí acabó el debate, dentro de los platós y fuera, porque en los mítines ambos se han dedicado con ahínco al principio del “y tú más”. 

Pero por encima de ese discurso cansino y rallado, desde entonces hasta esta mañana toda la campaña ha girado en torno al improperio machista pronunciado al día siguiente en otra televisión por el candidato popular. Seis días ha estado Arias Cañete eludiendo a los periodistas que le preguntaban si pensaba pedir disculpas y cancelando entrevistas ya pactadas, parapetado mientras detrás de la prensa amiga, los columnistas de guardia, el partido y el Gobierno que se han encargado de dibujárnoslo como un santo varón, dechado de virtudes y feminista de pro. 

Hoy, por fin, se ha rendido pero ha sabido escoger bien el sitio para entonar el mea culpa: la cadena COPE, en donde sabía a ciencia cierta que no le harían preguntas incómodas y encontraría ánimo y comprensión. En todo caso han sido unas disculpas manifiestamente mejorables y no sólo porque haya dejado pasar seis días para pedirlas. También porque las ha matizado cuanto ha podido alegando en su defensa una larga trayectoria de respeto a las mujeres y porque para justificar el tiempo transcurrido no se le ha ocurrido nada mejor que asegurar que “no esperaba que se levantara tanto revuelo” ¿Y qué esperaba? ¿Qué le riéramos la ocurrencia y alabáramos su comprensión para con una pobre mujer desvalida a la que hizo todo lo posible por evitarle el mal trago de someterla a su superioridad intelectual? 

No sé y nadie puede saberlo cuánto le costará en votos su penoso comentario machista y los seis días que ha dejado pasar para agachar la cabeza y pedir disculpas a medias. Lo que es seguro es que no le saldrá completamente gratis y puede que pase mucho tiempo antes de que se olvide su sonado patinazo. Si como es previsible es propuesto para comisario europeo, se tendrá que ver de nuevo en la tesitura de hacer frente a las críticas que sin duda recibirá de otros eurodiputados cuando tenga que pasar el examen en el Parlamento Europeo. 

Se equivocan Arias Cañete y el PP si creen que su machista salida de tono es un asunto doméstico que no ha trascendido las fronteras españolas. Numerosos medios de comunicación internacionales – y no sólo de izquierdas – han criticado sus palabras y han recordado a un italiano llamado Rocco Buttiglione, que quedó a las puertas de ser comisario europeo por sus hirientes comentarios sobre la homosexualidad y por asegurar que el papel de la mujer en la familia es el de tener hijos y ser protegida por un hombre que la cuide. 

Además, con su penoso comentario carca el candidato popular le ha dado a los socialistas, incluidos los de otros países de la UE, un filón electoral que ni en sus mejores sueños podía imaginar el PSOE y, aunque también está por ver el reflejo en las urnas de esa baza inesperada, no es probable que sea muy importante. En el fondo estoy por pensar que a ambos partidos les ha venido muy bien la polémica machista para ocultar ante los ciudadanos la pobreza intelectual y política de sus respectivas propuestas para esta Unión Europea que nos toca tan de cerca pero que los ciudadanos seguimos viendo tan sorda y lejana de nuestras preocupaciones. 

Era poco lo que esperábamos de esta campaña de perfil bajo que está a punto de terminar. Sin embargo, después de estos seis días de mayo enredados en una polémica que Arias Cañete pudo haber zanjado pidiendo disculpas sinceras y sin medias tintas el mismo día en el que hizo sus lamentables comentarios, la sensación de desconcierto, desinterés y hastío es si cabe mayor que el primer día. A pesar de todo es necesario recordar una vez más que votar es un derecho democrático, el fundamental, y los ciudadanos no deberíamos renunciar alegremente a ejercerlo sin antes sopesar las diferentes opciones en juego. Por fortuna, el abanico político en el que elegir no se agota en los dos partidos hasta ahora mayoritarios.     

Un lío universal

La contrarreforma judicial del Gobierno se ha llevado por delante la llamada Justicia Universal que ya había sufrido un severo correctivo en tiempos de Zapatero. El cambio en la ley lo impulsó hace poco de prisa y corriendo el PP y no el Gobierno propiamente dicho. La diferencia parece baladí pero no lo es en absoluto: al presentarse como proposición de ley y no como proyecto de ley se eliminan engorrosos informes precepticos del Consejo de Estado y otros organismos, se acortan de forma sustancial los plazos de tramitación y, por último, la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado hace el resto. Pero fue tanta la prisa que se dio el PP en sacar adelante su iniciativa y evitarle quebraderos diplomáticos al Gobierno que por el camino se dejó algunas puertas muy importantes abiertas. 

Por ella se están largando a sus casas los narcotraficantes apresados por la policía española en aguas internacionales cargados hasta los topes de hachís, cocaína y otras sustancias. Desde que entró en vigor la ley los jueces españoles se han visto obligados a poner en libertad a 43 presos que habían sido detenidos a bordo de embarcaciones repletas de droga. Como las limitaciones impuestas por la reforma popular excluyen de la acción judicial los barcos apresados en los que no viajen españoles, que no tengan bandera española o de los que no se pueda acreditar que viajen a España, los magistrados de la Audiencia Nacional que llevan estos asuntos se ven en la obligación de abrirles las puertas de la cárcel de par en par. 

Como es fácil imaginar, la policía, los agentes de vigilancia aduanera y, sobre todo, las asociaciones que llevan décadas luchando contra las drogas y contra las mafias que trafican con ellas rebosan de satisfacción. Todo el esfuerzo, todas las campañas y todas las horas, semanas, meses y años de investigación policial tirados por la borda porque el Gobierno no quiere conflictos diplomáticos, en frase para enmarcar del portavoz popular Alfonso Alonso. También aplauden con las orejas las policías de otros países que a partir de ahora puede que dejen de compartir información con sus colegas españoles a la vista de que estos sólo podrán sentarse en la costa a ver pasar los barcos con los alijos. Pero para contentas, las redes de narcotraficantes que se podrán tumbar en cubierta a tomar el sol y navegar plácidamente a la vista de la policía española. Lo único que tendrán que cuidar es no meterse en aguas españolas y asunto zanjado.

Así las cosas, el lío en la Audiencia Nacional es de época: los fiscales les piden a los jueces que procesen a los narcotraficantes y estos responden que la ley no lo permite y que se lo pidan al Gobierno. Este calla y mira para otro lado y, que se sepa, aún nadie ha movido un dedo para cerrar ese portón por el que a este paso las cárceles españolas van a ver reducida drásticamente la población reclusa. 

En paralelo, algunos jueces desoyen la letra y el espíritu de la reforma y continúan adelante con sus investigaciones sobre genocidios y crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que acaba de decidir el juez Pedraz respecto al genocidio maya en Guatemala que causó un cuarto de millón de muertos y al asalto de la embajada española en aquel país centroamericano que se saldó con 36 víctimas mortales. Entiende el magistrado que estamos ante un caso de terrorismo y ahí sí que no puede llegar el largo brazo del PP y del Gobierno para impedirle que continúe la investigación. 

Desde mi punto de vista hace bien y lo mismo deberían hacer otros jueces que se encuentren ante casos similares si el Gobierno no rectifica, que probablemente no lo hará: buscar la manera de sortear una reforma que responde sólo a intereses políticos y comerciales y que aparta a España de un concepto de la Justicia ampliamente aceptado a escala internacional, aquel que establece que para la persecución de los crímenes no puede haber fronteras que valgan.

El falso mantra de la recuperación

Alardea el Gobierno de recuperación económica. Lo dicen de la mañana a la noche sus ministros y lo pregonan los candidatos y cargos públicos del PP: la recuperación ya está aquí, ya estamos creciendo y creando empleo, pronto habremos dejado atrás la crisis y volveremos a ser la envidia del mundo. Parecen convencidos en el Gobierno y en el partido que lo apoya de que si repiten muchas veces el mismo y cansino estribillo los ciudadanos terminaremos comulgando con sus ruedas de molino y creyéndonos lo que, como mucho, no es más que una leve y precaria mejoría de las grandes cifras macroeconómicas. 

Sin embargo, las pequeñas cifras, esas que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos y con sus economías de andar por casa, las que hablan del bienestar social y económico de un país apenas interesan ni se mencionan en los grandes discursos políticos. Cuando se trata de poner sobre la mesa la pobreza, la exclusión social, la miseria de los pensionistas, los efectos de los copagos sanitarios, el recorte de las becas, los hachazos a la dependencia o los desahucios los pregoneros de la recuperación económica enmudecen o sufren un súbito ataque de amnesia. Hay, por tanto, que recordarles que el país está muy lejos de ser esa España de color de rosa que ellos nos dibujan. Es más, hay que sacar a relucir cuantas veces sea necesario que no sólo no nos estamos acercando al paraíso en la tierra que nos quieren endosar sino alejándonos de él a pasos de gigante. 

De esa realidad que los ministros y cargos del PP no mencionan nunca en sus discursos acabamos de conocer un nuevo dato que pulveriza su falso optimismo sobre la recuperación económica. Lo ha hecho público hoy el Banco de España, nada sospechoso de ser una institución antigubernamental o antisistema, y asegura que el año pasado 50.000 familias perdieron sus viviendas a manos de los bancos, un 11% más que el año anterior. Del total, casi 39.000 eran viviendas habituales de familias que hoy puede que estén malviviendo en casa de sus parientes, el verdadero amortiguador social de esta crisis ante la saña con la que se ha empleado el Gobierno en poner contra la espada y la pared los servicios sociales. No faltarán tampoco las que se hayan ido con sus cosas a pasar sus días bajo un puente y a vivir de la ayuda de ONGs como Caritas o Cruz Roja, a las que la sociedad española nunca les podrá agradecer lo suficiente que estén haciendo el ímprobo esfuerzo de paliar con sus menguantes recursos la dejación del Gobierno de sus responsabilidades para con los más desfavorecidos por la crisis. 

Es significativo que cada vez más familias que no pueden hacer frente a la hipoteca entreguen la vivienda sin oponer resistencia alguna al desalojo, como pone de manifiesto el descenso del número de lanzamientos en los que intervino la policía. El dato sugiere que son cada vez más las familias que han arrojado la toalla y ya ni siquiera tienen fuerzas para seguir luchando por sus casas ante el desamparo institucional y político que padecen. La aceptación por parte de los bancos de la dación en pago para hacer frente a la deuda sigue siendo anecdótica y las solicitudes de familias en apuros que desean renegociar la deuda son despachadas con una negativa en la mayor parte de los casos. 

Las tímidas medidas con las que el Gobierno pretendió detener la indignación social por los desahucios se han revelado insuficientes y aquel brindis al sol llamado “Código de buenas prácticas” es puro papel mojado sin apenas incidencia positiva sobre las familias con serias dificultades para pagar las cuotas mensuales de su hipoteca. Claro que todo esto se preveía y se le advirtió al Gobierno que, sin embargo, respondió con una gran capacidad para doblar la cerviz ante los sacrosantos intereses de los bancos y sus prácticas abusivas en forma de cláusulas suelo o desmesurados intereses de mora. Así, no dudó en salir en tromba a tumbar por la vía constitucional el decreto andaluz para expropiar el uso de la vivienda a los bancos cuando la familia hipotecada no puede hacer frente a las cuotas. 

Mientras, el llamado “banco malo” sigue especulando con los pisos de las entidades financieras intervenidas cuando su obligación social es ponerlos en el mercado a precios asequibles para las familias desahuciadas o en riesgo de desahucio. Con estas cifras en la mano es casi un insulto a la inteligencia alardear de recuperación económica. Una mentira no se convierte en verdad aunque se repita mil veces y la recuperación económica a día de hoy es una mentira. Y de las gordas.

El debate del buen machista

A un hombretón como Arias Cañete, al que no es capaz de detener ni un yogur caducado, menos lo iba a parar una señora como Elena Valenciano. Ocurre sin embargo que él es un caballero a la antigua usanza, considerado con las señoras, y hace todo lo que esté en sus manos para no dejarlas mal en público. Por eso se guarda su incuestionable superioridad intelectual para no avasallarlas y evitar así aparecer a ojos de los demás como un machista recalcitrante. Y así va estos días por esos pagos de España, pidiendo el voto con una mano y repartiendo superioridad intelectual con la otra. Ahora bien ¿machista él? ¡Qué va, en absoluto! 

Lo demostró anoche, en el debate electoral con la intelectualmente inferior señora Valenciano, a la que le leyó la biblia en verso de la herencia socialista. Que hoy solo se hable en las redes sociales y en los medios del benevolente machismo de Arias Cañete con su oponente política es una muestra elocuente de la profundidad de ese debate televisivo que solo vieron los que no tuvieron más remedio o los demasiado perezosos como para usar el mando y cambiar de canal. 

Ni a posta cabía esperar un debate en el que se debatiera menos de verdad:  tenso, encorsetado, falto de empatía con los telespectadores, el cara a cara de anoche fue uno de los peores debates políticos que uno ha tenido la desgracia de ver en televisión. Con el candidato popular parapetado en sus papeles y gráficos sobre la herencia del malacabeza Zapatero y la socialista sacando a relucir una y otra vez los efectos de las recortes y reformas del malvado Rajoy, los poco avisados debieron de pensar que las elecciones que se celebran el 25 de mayo no son las del Parlamento Europeo sino las del Congreso de los Diputados. 

Eso sí, ninguno de los dos se atrevió a tocar el ascua ardiendo de la corrupción, seguramente porque a los dos les quema casi por igual, ni hubo referencia a alguna a Cataluña, como si esa comunidad autónoma ya se hubiera independizado de España. Por desgracia, es lo que tienen los fraudulentos debates amañados entre los propios partidos políticos como este, que algunos de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos se quedan de común acuerdo en el tintero para que los candidatos no se hagan demasiada sangre en el teatrillo de la refriega política. 

Miren por donde, pero lo cierto es que en el debate previo celebrado en Bruselas entre los principales candidatos a presidir la Comisión Europea - un ejemplo de debate ágil y ameno en el que no quedaron palos importantes que tocar – sí se habló largo y tendido sobre Cataluña y Escocia y hasta sobre corrupción. España fue uno de los países más mencionados, aunque por desgracia, en pocas ocasiones para bien. Visto lo cual hasta podríamos parafrasear a Unamuno y decir aquello de ¡que debatan ellos! Parece evidente que asuntos como la corrupción política o el futuro de Cataluña son sólo tabú para los candidatos españoles que hacen como que esas cosas no van con ellos ni con las preocupaciones ciudadanas por más que estemos hablando de la Unión Europea. 

Si lo que buscaban anoche Arias Cañete y Valenciano era movilizar a sus respectivas parroquias electorales ya pueden irse desengañando. Un debate tan plano e impostado puede que haya conseguido incluso lo contrario de lo que pretendía: desmovilizar a los electores que, cargados de buena voluntad, esperaban tal vez asistir a algo más que al enésimo capítulo del “y tú más” entre los dos principales candidatos. Al final sólo se han quedado con el machismo condescendiente y paternalista de Arias Cañete y la manifiestamente mejorable capacidad de convicción de Elena Valenciano.

¡Suéltame, pasado!

Ando algo confuso sobre si es buena, mala o mediopensionistas la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que viene a garantizar – dicen los titulares de prensa – el “derecho del olvido”. Lo que sea exactamente ese derecho es algo que los expertos juristas que han analizado la sentencia no se atreven a definir o, por lo menos, no coinciden en la definición. A bote pronto se presenta como el derecho de cualquier cristiano a que desaparezcan de Internet sus pecados de antaño, fueran justificados o no. 

La sentencia, fruto de un largo peregrinaje judicial de un abogado gallego, es un varapalo para los buscadores y especialmente para el más grande y poderoso de todos, Google, que asegura estar “decepcionado” con el fallo. Tranquilos que ya se le pasará, aunque al otro lado del charco, allá por Estados Unidos en donde Google tiene su casa madre, el fallo judicial no ha gustado. Por allí son menos exquisitos con la privacidad y este tipo de tisiquis misquis europeos no les entra en la cabeza. 

Aunque no crean, que a este lado del Atlántico no faltan tampoco expertos para los que la sentencia es una soberana bobada. Es cierto que a raíz de esta decisión, un particular descontento con lo que de él se cuenta en la Red podrá dirigirse al buscador de turno, Google por ejemplo, y pedirle que elimine todos los vínculos que enlacen con su persona. Google amablemente estudiará la petición y le tendrá que responder en un plazo máximo de 10 días. Si el peticionario no recibe una respuesta satisfactoria puede recurrir a la Agencia de Protección de Datos para que en su nombre le consiga el “olvido perpetuo” en las redes. De no hacerlo la sanción que le podría caer puede alcanzar los 600.000 euros, una cantidad que como cualquiera puede deducir haría que se tambalearan los cimientos del consejo de administración de Google. 

Claro que las pegas vienen apenas que uno cae en la cuenta de que, aún borrando el buscador nuestros enlaces comprometedores, las cosas feas que uno hiciera en el pasado o en las que se viera envuelto seguirán ahí, exactamente en las páginas web que las publicaron en su momento y con las que el buscador enlazaba. Alguien con tiempo y alguna pista podría encontrarnos sin grandes dificultades y volver a sacar a relucir nuestras vergüenzas. Y es que borrar de un plumazo esas citas se me antoja aún mucho más difícil por no decir imposible que conseguir que Google o Yahoo accedan a olvidarse de nosotros. A lo que cabe añadir que ese derecho al olvido que se proclama en esta sentencia puede chocar con otro derecho no menos fundamental, el derecho a la información. 

¿Se imaginan a un narcotraficante reclamando y consiguiendo su derecho al olvido en la Red para poderse presentar limpio como una patena a unas elecciones? Por otro lado, cabe  preguntarse si el mismo derecho al olvido no cabe ejercerlo también sobre, por ejemplo, los periódicos que han publicado informaciones que nos afectan negativamente y que han quedado negro sobre blanco para la posteridad. Y es sólo uno de los muchos ejemplos que podríamos poner aquí. Está claro que esta sentencia, para unos insuficiente y para otros un hito judicial, antepone el derecho a la privacidad al de la información y no tengo nada claro que eso sea bueno siempre y en todos los casos. 

Mientras lo pienso me quedo con la opinión de algunos expertos que me parece de lo más sensata. Desde su punto de vista haríamos bien en ir implantando en los colegios una asignatura de educación digital para que los chavales aprendan a gestionar su propia privacidad y sepan que no se puede ir por la vida dándole cuartos al pregonero y aireando las respectivas miserias y virtudes ante los ojos morbosos de medio mundo. Por ese camino muchos van a terminar a las puertas de Google gritando aquello que decía Les Luthiers: ¡suéltame, pasado!

El fichero de los tontos

El Gobierno sigue trabajando para hacernos a todos la vida más feliz y placentera. Su último gran logro es la próxima creación de un megafichero al que irán a parar las cuentas corrientes de 34 millones de españoles. Dice que el loable objetivo de la medida es luchar contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Elevados propósitos, vive Dios, si no fuera por varias pegas de escasa importancia que me permito enumerar sin ánimo de ser exhaustivo. 

La primera: Hacienda ya tiene en sus ficheros todas nuestras cuentas y conoce lo que ingresamos, sacamos o transferimos. Otra cosa es que luego vigile a unos más que a otros y tenga que venir el Gran Montoro a ofrecer una amnistía fiscal a los que se lo llevaron crudo a Suiza. Ahí tienen al pobre juez Ruz, cada día más desmejorado, intentando averiguar quién es la “persona políticamente expuesta” a la que se le han descubierto seis cuentas corrientes en Suiza, casualmente en el mismo banco en el que guardaba los magros ahorros de su trabajo Luis Bárcenas del Gran Poder. Se admiten apuestas.  Se me escapa por tanto la necesidad de otro megafichero similar como no sea para otros fines adicionales a los que asegura perseguir. 

Al macrofichero que está preparando el Gobierno podrán acceder jueces y fiscales y en principio no me parece mal si media una investigación judicial sobre el titular de la cuenta fichada. Lo que ya pasa de castaño oscuro es que también puedan husmear en nuestras cuentas la policía y hasta los espías de sombrero y gabardina del CNI y que el control judicial de ese acceso no haya quedado meridianamente establecido. 

Les cuento: la Ley antiblanqueo establece que sólo podrá accederse a las cuentas de los ciudadanos si hay una autorización expresa de un juez o un fiscal. Sin embargo, el reglamento que desarrolla la ley desdibuja ese requisito y abre resquicios para un uso inadecuado de la información financiera de millones de ciudadanos de este país. El riesgo de filtraciones interesadas con fines torticeros y tráfico de datos es demasiado elevado como para ignorarlo, pero eso es lo que parece estar dispuesto a hacer el Gobierno dándole la razón al conde de Romanones y a su célebre frase de “hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos”. Aquí hay que recordar que la Ley se aprobó en tiempos de Zapatero y el reglamento lo acaba de aprobar el Gobierno del PP, con lo que el sentido de la frase cobra toda su vigencia. 

Ahora llegamos a la más interesante y a la pega de más peso contra el megafichero de marras. Los bancos españoles están obligados a volcar en ese supercalifragilísico almacén informático las cuentas corrientes de sus sucursales en España pero no ocurre lo mismo con las que tengan en el extranjero, que se libran. Hasta Montoro sabe que no defrauda y blanquea quien quiere sino quien puede. La gran rapiña de capitales y el fraude no se ventila en este país sino en los paraísos fiscales, en los que varios bancos españoles tienen bien asentados sus reales para clientes “vip” con pocas ganas de hacer amistados con la Hacienda pública española. 

Claro que de haber obligado a los bancos a incluir en el fichero las cuentas en el extranjero, esos delicados clientes habrían huido espantados a Suiza y entonces sí que tendríamos que abrir una sección especial de la Audiencia Nacional en el país del cuco y el chocolate para controlar la llegada y salida de maletines. Ahora,  les invito a que vuelvan a leer el título de este post y reflexionen sobre él.

Un asesinato y mil disparates

El asesinato de la popular Isabel Carrasco en León ha supuesto una verdadera sacudida en la bostezante campaña para las elecciones europeas. Nada más conocer que la presidenta de la diputación leonesa y del PP en la provincia había caído abatida a tiros en lo que parece un caso claro de venganza personal, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas suspendió sus actos de campaña y se sumó a la condena del crimen y a las muestras de solidaridad con la víctima, con sus compañeros y con su partido. Como en tantas otras ocasiones dieron la nota algunas fuerzas como Bildu, que decidió continuar pidiendo el voto como si nada hubiera pasado. 

En una línea similar tuvo que dar la nota un tal Pablo Iglesias, candidato de Podemos. Aunque medio a regañadientes se avino también a suspender los actos de campaña de su candidatura, no se privó en cambio de hacer una reflexión en voz alta por la que le ha caído un más que merecido chaparrón de críticas. Puede que sea un lumbrera como profesor de Ciencias Políticas, pero su demagógico y populista llamamiento a reflexionar sobre la razón por la que los partidos políticos no suspenden sus actos cuando un desahuciado se tira de un balcón o un parado se quita la vida nos lo retrata como alguien con menos sensibilidad humana que un mejillón, aunque haya pretendido demostrar todo lo contrario. En realidad, sus palabras se califican solas y no merecen más comentario que el del desprecio ante alguien que equipara asesinato a suicidio y mete en un mismo saco un asesinato por venganza y uno de los efectos más terribles de la crisis. Allá él y sus seguidores con lo que dicen. 

Un asesinato siempre será un asesinato más allá de la personalidad de la víctima, de su pasado, de lo que haya hecho o dejado de hacer. En otras palabras, nadie merece ser asesinado a tiros ni de ningún otro modo por muy ruin que a algunos les pueda parecer su comportamiento en vida. Por eso, también se gana la repulsa más contundente el descerebrado comentario de una concejala socialista gallega que se ha visto obligada a dimitir después de no privarse de asegurar en las redes que “quien siembra vientos recoge tempestades”, en alusión a la política leonesa asesinada.

Del mismo modo, vincular el asesinato con un enrarecido clima social de acoso a los políticos como consecuencia de la crisis – tal y como hacen hoy algunos editoriales de periódicos de la derecha despreciando las evidencias que circunscriben lo ocurrido al ámbito de la venganza personal – es otro despropósito más de los muchos que cabría mencionar en relación con lo ocurrido ayer en León y un intento deleznable de intentar rentabilizar políticamente un hecho terrible. Si perdemos de vista que bajo ninguna circunstancia y en ningún caso tiene justificación acabar con una vida humana de forma fría y premeditada, habremos renunciado al valor más elemental que debe caracterizar a cualquier sociedad civilizada.

En paralelo, con el cuerpo sin vida de la política leonesa aún sobre el asfalto, comenzó a circular por las redes sociales una riada de repugnante basura trufada de insultos y descalificaciones contra la víctima. Desde la caverna mediática, una de sus más conspicuas representantes no se anduvo con rodeos a la hora de vincular el asesinato con los escraches. De forma mucho más cobarde, sin dar la cara ni identificarse, otros muchos aplaudieron el asesinato y hasta elaboraron una lista de otros cuantos políticos que en su opinión también deberían caer abatidos. 

Este tipo de actitudes cobardes y difusoras de odio y mala baba que las redes sociales amparan, facilitan y multiplican se está convirtiendo en un verdadero problema moral y de orden público que va siendo hora de perseguir y castigar de manera ejemplar. Las sobrevaloradas redes sociales no pueden continuar siendo el parapeto tras el que se esconden estos despreciables francotiradores del insulto, detritus morales que, emboscados en nombres supuestos porque su cobardía les impide dar la cara, son capaces sin embargo de anegar de bochorno y vergüenza a todo un país.

Un molesto jarrón chino

¡Vaya por Dios! Con lo mal que le iba ahora al PSOE en las encuestas para esas elecciones europeas que el 83% de los españoles ni sabe cuándo son y les cae encima a Valenciano y a Rubalcaba todo un jarrón chino llamado Felipe González. El hombre que se aburría como una ostra en los consejos de administración de Gas Natural de los que cobraba la minucia de 126.000 euros brutos por bostezar y echar la siesta, le acaba de abrir un boquete a la campaña socialista de proporciones siderales. Justo cuando Valenciano y los suyos se esfuerzan un día sí y otro también en marcar diferencias con el PP y pregonar que si ganan las elecciones volverán ipso facto las mieles de antaño, va el ex presidente y se descuelga con la ocurrencia de que “si el país lo necesita” no vería con malos ojos un gobierno de concentración entre populares y socialistas al modo merkeliano alemán.

Al menos en esta ocasión han estado rápidos Rubalcaba y Valenciano al rechazar sin medias tintas esa posibilidad, mientras en las filas populares es probable que se anden frotando las manos de satisfacción al comprobar cómo sus principales contrincantes se bastan y sobran ellos solitos para perder las elecciones. La idea de Felipe González, además de suponer un palo en las ruedas de la campaña socialista, denota también un cierto temor ante el ascenso de otras fuerzas políticas que podrían poner en un serio apuro el sacrosanto bipartidismo político de este país. Pero, sobre todo, pone de manifiesto que al ex presidente pactar con el partido campeón de los recortes, los ajustes y las reformas estructurales no le supone el más mínimo cargo de conciencia política.

Es una lástima que en la entrevista en la que el ex presidente soltó su perla no profundizara un poco más la periodista en los objetivos de esa Grossen Koalition que González ve con tan buenos ojos. Cabe preguntarse si se trataría de que el PP se pasara con armas y bagajes a las filas de la socialdemocracia o si sería el PSOE el que abrazaría definitivamente el himno neoliberal, algunas de cuyas estrofas más conocidas ya entonó con buena voz Rodríguez Zapatero en su momento. A la espera de que González nos aclare esa duda existencial en cuanto tenga un hueco en su apretada agenda, me cuesta trabajo imaginarme cómo se sentirán hoy los militantes y votantes del PSOE.

Me pregunto qué se les habrá pasado por la cabeza al ver que eso es todo lo que tiene que ofrecer un referente de su partido como Felipe González a un país con 6 millones de parados y unas tasas de pobreza y exclusión social galopantes gracias en gran medida a las políticas del partido con el que ahora no ve mal formar un gobierno de concentración. Muchos seguro que se estarán planteando si no será mejor irse el día de las elecciones al campo o a la playa en lugar de ir a votar por Valenciano. Para que luego digan los socialistas de Aznar y de su obsesión por hacerle la Pascua a Rajoy siempre que se le presenta la oportunidad. Aquí, tanto PP como PSOE tienen que sufrir a sus respectivos jarrones chinos y en ambos casos coincidir al menos en aquello que al parecer dijo una vez Adenauer y que una vez más hay que traer a colación: “Hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido”. 

Bring back our girls!

Hay hechos ante los que es mucho más fácil reaccionar con las entrañas que con la razón. El secuestro en el norte de Nigeria de cerca de 300 jóvenes a manos de una secta bárbara cuyo líder amenaza con venderlas como esclavas sexuales es uno de ellos. A pesar de todo vamos a intentar analizarlo desde la razón y no desde el deseo de venganza que en estos casos pugna con fuerza por imponerse. Del secuestro hace ya casi un mes y los más pesimistas dudan de la posibilidad de que las jóvenes puedan volver sanas y salvas con sus familias angustiadas. En realidad, nadie sabe muy bien en dónde están, sólo se sabe que fueron secuestradas en una ciudad del norte del país, una zona en manos de grupúsculos yihadistas que aspiran a extender la ley islámica por toda la región. 

El grupo que se atribuye el secuestro de las jóvenes se hace llamar Boko Haram, una expresión del idioma local hausa que viene a significar algo así como “la educación occidental es pecado”, lo que por sí solo representa toda una declaración de intenciones sobre el papel que debe desempeñar la mujer en su repugnante sociedad ideal. Mientras llega el momento de implantarla a sangre y fuego, la mujer sólo merece para estos bárbaros la consideración de objeto con el que negociar y chantajear para alcanzar sus fines. 

Además de lo intrincado y extenso del territorio, junto con su carácter fronterizo, una de las principales dificultades para dar con las jóvenes y rescatarlas de las garras de sus captores lo constituye el hecho de que ni siquiera Boko Haram es un grupo uniforme y bien identificado, sino más bien una constelación de grupúsculos que actúan a su libre albedrío sembrando el terror en la zona bajo su control. 

El Gobierno del país africano más poblado y con mayores desigualdades a pesar de la riqueza del petróleo,  ha demostrado una vergonzosa falta de determinación ante el secuestro. Esto ocurre, además, en un país en el que el secuestro es casi una industria tan fructífera como la del petróleo. Según analistas internacionales, en Nigeria se perpetran el 25% de los raptos mundiales. Amnistía Internacional ha denunciado que avisó a las autoridades nigerianas de que Boko Haram estaba preparando un ataque a la ciudad en la que fueron secuestradas las jóvenes. Sin embargo – dice AI – el Gobierno parece que se lo tomó con calma y cuando actuó ya era demasiado tarde: las jóvenes habían desaparecido hacia un calvario del que puede que no salgan con vida y si lo consiguen seguro que no será indemnes. 

A propósito de estos hechos, las ONGs que trabajan en Nigeria han recordado estos días que son frecuentes los secuestros de mujeres que el cabo del tiempo y con suerte son encontradas embarazadas o con recién nacidos. Para mayor escarnio, la pasividad del gobierno nigeriano se combinó con una suerte de arrogancia estúpida al rechazar la cooperación internacional que le ofreció Estados Unidos y otros países para rescatar a las jóvenes. Sólo cuando el caso llegó en tromba a las redes sociales de todo el mundo y numerosos responsables públicos empezaron a hacer llamamientos para salvar a las jóvenes se atrevió a aceptar el apoyo internacional. Si cuando se produjo el secuestro las posibilidades de encontrar a las jóvenes no eran muchas, después de todo el tiempo transcurrido son casi nulas. 

El secuestro de estas chicas, además de originar una ola mundial de solidaridad y exigencias de que se actúe para acabar con él, pone también sobre la mesa el peligro que puede suponer para esa región que el país con más población del continente se desestabilice políticamente y termine convertido en otro estado fallido. El rapto de las chicas ha sido en realidad un episodio más de la dinámica acción – reacción que protagonizan el Gobierno y los yihadistas después de que el Ejército detuviera hace unos meses a las esposas de varios terroristas y ante su política de represión sin contemplaciones en las zonas del norte de predominio musulmán. El norte del país sufre un abandono secularizado por parte de las autoridades de Lagos y en ese caldo de cultivo echan sus raíces estos grupos que asesinan, secuestran y atemorizan a la población con la aplicación de la “sharía” si se le ocurre acudir a las autoridades para denunciar sus tropelías. 

El mundo entero clama para que vuelvan “nuestras chicas” y hay que seguir presionando para conseguirlo. Sin embargo, el mundo entero y sobre todo África también necesitan evitar que un país como Nigeria pueda terminar en manos de iluminados fanáticos como los de Boko Haram y otros similares.     

Europa no nos pone

Que más de la mitad de los españoles en edad de votar no sepa cuándo se celebrarán las próximas elecciones al Parlamento Europeo es un dato más que elocuente del interés que despiertan estos comicios en la calle. Es uno de los muchos datos que arroja el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público hoy que ponen de manifiesto que para millones de españoles escuchar hablar de “asuntos europeos” y salir corriendo es todo uno. Ahí va otro: entre los que ya tienen claro que no irán a votar cuando demonios quiera que sean las elecciones, más los que se lo están pensando sumados a los que no contestan, nos encontramos con que la abstención se puede encaramar también a la mitad del electorado, cuatro puntos más que en las elecciones de 2009. 

Y eso en el supuesto de que ande fina la encuesta del CIS, que ha ganado fama de pronosticar una participación mucho mayor de la que se produce en realidad el día de las elecciones. Un ejemplo lo encontramos en la convocatoria de hace cinco años cuando aventuró que votaría el 75% del electorado y votó apenas el 45%, el nivel de participación más bajo desde que se celebraron las primeras elecciones europeas en España allá por 1989. Los partidos políticos, principalmente el PSOE y el PP, fingen como que les preocupa mucho que los ciudadanos se queden en caso el día de las elecciones cuando, en realidad, una alta abstención les beneficia aunque en paralelo salgan castigados en intención de voto, como también pone de relieve la encuesta del CIS. 

En otras palabras: que aumente la abstención no beneficia a los partidos pequeños que tienen que luchar con uñas y dientes para abrirse un hueco en el debate público que monopoliza el bipartidismo de los dos grandes. Es un dato muy importante a tener en cuenta a la hora de decidir lo que hacer o a quién votar el día de las elecciones. 

En lugar de cruzarse chascarrillos electorales como vienen haciendo desde hace semanas para pescar abstencionistas recalcitrantes o en potencia, lo que deberían hacer el PP y PSOE es público reconocimiento de sus pecados y sincero propósito de la enmienda. Pero no se ve que eso vaya a ocurrir hasta el punto que de momento siguen sin ponerse de acuerdo para que sus candidatos estrella – Valenciano y Cañete – se enfrenten cara a cara en un debate televisado. Se conforman con protagonizar una campaña en clave doméstica sabedores – y no les falta razón – de que los que vayan a votar usarán las mismas claves para inclinarse por uno, por otro o por ninguno. 

Sin embargo, es cuando menos frustrante no escuchar de estos candidatos una sola idea sobre esta Unión Europea y su destino en lo universal, una estructura construida desde el tejado hacia abajo y a la que aún no terminamos de ponerle los cimientos de los ciudadanos. Siendo benevolentes, cabe decir que la voz y las opiniones de esa ciudadanía a la que se convoca ahora siguen teniendo un peso demasiado exiguo para la superestructura comunitaria que a menudo la ignora o la menosprecia. Un repaso a las medidas que han ido adoptando organismos comunitarios como la Comisión o el Consejo Europeo a lo largo de esta crisis nos podría dar la medida exacta de lo que importa en Bruselas lo que piensan los ciudadanos, mientras el Parlamento Europeo asiste impotente a lo que se cuece en otras cocinas distintas a la suya, supuestamente la depositaria de la soberanía de esa ficticia ciudadanía europea. Atenazado además por las presiones de los poderosos grupos de intereses económicos que pululan por sus pasillos, la Eurocámara parece querer compensar su desairado papel en los grandes asuntos de la Unión entregándose a una verborrea normativa sobre lo humano y lo divino con la que no son pocas las ocasiones en las que genera más irritación que reconocimiento.

La gran novedad es que, por primera vez, los electores que se molesten en acudir a las urnas podrán elegir al presidente de la Comisión Europea, aunque será una elección indirecta que al final quedará de nuevo supeditada al juego de sillas y de intereses que preside el Consejo Europeo en el que se sientan los presidentes de Gobierno y jefes de estado, los que de verdad cortan la mayor parte del bacalao en esta Unión Europea de nuestros dolores de cabeza. En los grandes partidos europeos, por las filas populares aspira a presidir la Comisión un señor luxemburgués llamado Jean Claude Junker, que durante sus lagos años al frente del “Eurogrupo” no ha dejado pasar un día sin que exigiera reformas, ajustes y sacrificios de los ciudadanos. Es a todos los efectos el candidato de la nueva Dama de Hierro que gobierna Europa con mano firme desde Berlín y si sale elegido presidente no cabe la más mínima duda de que actuará como su ventrílocuo. Enfrente tenemos a un alemán llamado Martin Schulz que milita en el Partido Socialdemócrata de su país, a la sazón miembro de la gran coalición de gobierno de la susodicha Dama de Hierro y por lo tanto copartícipe de las mismas políticas o muy parecidas. 

A partir de ahí encontramos una constelación de fuerzas políticas y el preocupante ascenso de arrogantes partidos populistas, xenófobos y filonazis en Francia, Reino Unido, Italia, Hungría, Dinamarca, Suecia, Grecia u Holanda. Son fuerzas que se mueven entre el euroescepticismo y la eurofobia y que han sabido conectar con la masa de ciudadanos hastiados de la música monocorde y cancina que emiten desde el comienzo de la crisis Bruselas y sus instituciones. Por suerte, el mensaje antieuropeo de esas fuerzas no ha calado en España aunque no es del todo improbable que lo haga de continuar los principales partidos de este país sin ofrecer a los ciudadano propuestas movilizadoras en lugar de otra interminable ración de “y tú más”. Así las cosas y en resumen, a quién le puede extrañar a estas alturas que en torno a 18 millones de españoles, la mitad de los que tienen derecho a votar, ni siquiera se hayan interesado en saber cuándo son las elecciones. Está claro que la actual Unión Europea no nos pone, o mejor dicho, cada vez nos pone menos. 

Incendio petrolero en el Senado

Ni los más viejos del lugar recuerdan una mañana tan movida como la de hoy en el Senado. Una cámara presidida por el bostezo se despertó esta mañana con una sacudida en todo regla que a punto estuvo de causarles un shock de consecuencias imprevisibles a sus señorías, especialmente a las del PP. Se debatía una moción de colmillo retorcido presentada por el PSOE en la que pedía al Gobierno de Rajoy, lisa y llanamente, que se paralicen temporalmente las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. La iniciativa era una copia literal de la resolución aprobada recientemente por unanimidad en el Parlamento de Baleares y su objetivo no era otro que poner a los senadores del PP ante la tesitura de votar lo mismo en la cámara alta o desdecirse y oponerse. 

Llegaba, además, después de que el propio presidente Rajoy se comprometiera hace una semana con su homólogo canario, Paulino Rivero, a estudiar la posibilidad de la moratoria temporal de los sondeos, algo que los populares canarios se apresuraron a calificar de disparate. La sorpresa saltó cuando el senador Palacios, portavoz de los populares en la comisión de Industria, anunció que su grupo estaba dispuesto a negociar una enmienda transaccional con el PSOE que pasaría precisamente por paralizar las prospecciones. 

Empezó entonces una agitada mañana de negociaciones entre los grupos en la que no faltaron ataques de pánico y peticiones de llamadas urgentes al ministro Soria – de viaje en Nueva York - por parte de los senadores canarios del PP para que apagara el incendio petrolero que acababa de declararse en el Senado. Las lenguas de doble filo cuentan que los senadores populares de Canarias, fervientes defensores de la riqueza que supondrá el petróleo, amenazaron con romper la disciplina de voto si se les obligaba a votar a favor de la enmienda socialista: “nuestra honra está en juego y de aquí no me muevo”, cuentan que dijeron. 

Hasta el secretario de Estado con las Cortes, José Luis Ayllón, un hombre que depende directamente de Mariano Rajoy, acudió con la manguera al Senado a intentar enfriar los ánimos y poner paz en las filas populares, con los de Baleares enrocados en la oposición al petróleo para no quedar desairados ante sus electores y ciudadanos y los de Canarias atrincherados en el no a la propuesta socialista para no tener que desdecirse de todo lo que han dicho hasta ahora a favor de las prospecciones. El incendio se consiguió sofocar a primera hora de la tarde sobre la campana cuando ya el pleno del Senado llegaba a su fin y había que votar. Sin embargo no se extinguió, ni mucho menos. 

Aunque al final se impuso la doctrina de Industria y la moción del PSOE fue derrotada por amplia mayoría para alivio de los representantes canarios, cuatro senadores del PP por Baleares rompieron la baraja y votaron a favor de la paralización de las catas. Alegan que, por encima de la pertenencia a un determinado partido político y de la uniformidad a la hora de apretar el botón de votar, están los intereses generales de su comunidad autónoma y ocurre que esos intereses y el petróleo no se llevan bien. 

Si no fuera porque todos se sientan juntos en la misma zona del Senado nadie diría que estos senadores y sus compañeros de Canarias militan en el mismo partido. Los primeros se muestran orgullosos de haber defendido su oposición irreductible al petróleo por encima de adscripciones políticas y los segundos de todo lo contrario, o más bien, de no haberle hecho un feo al presidente de su partido en las Islas y casualmente ministro de Industria. 

Ahora bien, se equivocan el Gobierno y el PP si dan el incendio por controlado y extinguido tanto en Baleares como en Canarias. Allí porque la indisciplina de los senadores populares refuerza la oposición al petróleo ya de por sí unánime y cerrada empezando por la del presidente Bauzá, del PP, que no se ha cortado lo más mínimo a la hora de felicitar a los senadores díscolos de su partido; aquí, porque aún deben dilucidarse cuestiones nada menores como el informe del ministerio de Medio Ambiente sobre el estudio de impacto ambiental de Repsol, acusado de incompleto y deficiente, y el fallo del Tribunal Supremo por los recursos de las instituciones canarias. Así que el último manguerazo tardará en llegar por más que haya quien piense que ya puede llevarse el camión de bomberos.

Algo que ocultar

El actual Gobierno de España va camino de convertirse en el que más habla de transparencia pero en el que menos la pone en práctica. No es sólo que siga sin dar explicaciones convincentes a propósito de los sobresueldos y los sobres a secas que presuntamente han percibido el propio presidente, la vicepresidenta y destacados cargos de la dirección popular. Por no hablar de la caja B que el PP tenía en todas y cada una de las comunidades autónomas y provincias españolas a las que se refirió el ex tesorero Luis Bárcenas en su última declaración ante el juez Ruz. De ese asunto y del resto de las derivadas del “caso Gürtel” y de los “papeles de Bárcenas” seguimos los españoles esperando respuestas convincentes y no silencios cuando menos clamorosos.

En la comisión del Congreso en el que diversos expertos han expuesto sus puntos de vista sobre las medidas para atacar la lacra de la corrupción, el Fiscal General del Estado llegó a decir que no hay ni leyes ni medios en este país para luchar con éxito contra este problema que cada día preocupa más a los ciudadanos y los aleja paulatinamente del estamento político. El Gobierno ni se ha inmutado y no se ha escuchado al ministro Ruiz – Gallardón anunciar ningún plan ni ningún proyecto de ley de los que tan entusiasta es para afrontar la situación. Lo realmente sarcástico es pretender hacernos creer que de esa comisión saldrán medidas para hacer verdaderamente transparente la gestión de los poderes públicos.

En realidad la opacidad con la que se comporta el Gobierno no sólo tiene que ver con los flagrantes casos de corrupción que corroen la vida política de este país. Se extiende también a otros ámbitos como el de la inmigración irregular. El último caso lo acabamos de vivir en Canarias en donde el ministerio del Interior ha prohibido a una treintena de jueces y fiscales que visiten el Centro de Internamiento de Extranjeros ubicado en la antigua prisión de Barranco Seco. Es la segunda vez que Interior prohíbe la visita y lo hace de nuevo sin dar la más mínima explicación y aludiendo a unos supuestos informes que no revela y que desaconsejan la autorización: porque lo digo yo y punto, cabe concluir.

La visita a ese centro de internamiento de inmigrantes estaba programada en el marco del Foro de Derechos Humanos e Inmigración que desde hace unos años se celebra en Gran Canaria organizado por el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias. En el encuentro se darán cita fiscales y magristrados de toda España que entre sus actividades pretendían conocer de cerca la realidad de unas instalaciones de esas características y las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes. Sin embargo, al ministerio del Interior estos representantes judiciales no le deben parecer personas fiables y de confianza sino peligrosos activistas antisistema y por segundo año consecutivo ha optado por negarles la entrada al centro.

Esto ocurre, además, cuando le llueven las críticas desde todos los ámbitos por la cuestionable actuación en muchos casos de las fuerzas de seguridad en Ceuta y Melilla y por las deportaciones sumarias a Marruecos de los inmigrantes que consiguen saltar la valla. Incluso podríamos traer aquí el tirón de orejas de la ONU a España por dejar a los inmigrantes irregulares sin asistencia sanitaria – otra violación de los derechos humanos – y la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a nuestro país por intentar expulsar de prisa y corriendo a una treintena de saharauis que pidieron protección española frente a la persecución de la policía marroquí.

Las sospechas de que se están violando los derechos humanos y la propia legislación española en lugares como Ceuta y Melilla las responde Interior con una calculada ambigüedad sobre los límites que deben respetar los agentes y, sobre todo, con la opacidad y la tergiversación de los hechos, como ocurrió en febrero con los fallecidos que intentaban llegar nadando a Ceuta. La mano dura parece ser la consigna en el ministerio de Fernández Díaz para afrontar el fenómeno migratorio aunque al mismo tiempo se le llene la boca hablando de pobreza, miseria, vida mejor y mafias que trafican con seres humanos sin decir una palabra sobre el maltrato que reciben de la Gendarmería marroquí los inmigrantes devueltos en caliente al país vecino.

Por lo que se deduce, a esa oposición de mano dura con los inmigrantes irregulares y vulneración de derechos humanos básicos se une también una política de puertas cerradas a lo que ocurre en los centros de internamiento como el de Gran Canaria. Cabe pensar que alguien que no tuviera nada que ocultar y quisiera ser de verdad transparente hubiera abierto esas puertas de par en par a los jueces y fiscales. Por tanto, la pregunta que corresponde hacerse es qué tiene que ocultar el ministerio del Interior y por qué.

La crisis sigue igual

Se me escapa la razón de tanto interés en los medios de comunicación por hacerse eco de las previsiones económicas de primavera de la Unión Europea para los países de la zona euro. La única explicación puede ser que es lunes y no hay nada más potable que llevar a las ediciones digitales, toda vez que la precampaña para las elecciones del 25 de mayo despiertan menos interés entre los ciudadanos que un partido de la liga tailandesa de fútbol. Esas previsiones las ha desgranado esta mañana un señor estonio con bigote llamado Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea y a la sazón comisario interino de economía en sustitución de Olli Rehn, este témpano finlandés al que ya nos habíamos acostumbrado. 

A estas alturas de la crisis y con la experiencia atesorada después de tanto vaticinio fallido, creer en las previsiones económicas para el año que viene o el próximo, sean de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional o del Gobierno español requieren de dosis de fe similares o superiores a las que se necesitan para creer en los augurios de Octavio Aceves o en los del rey y su aseveración de que “España está en el buen camino”, pongamos por caso. Que venga ahora la Comisión Europea a confirmar o corregir al alza o a la baja las optimistas previsiones macroeconómicas del Gobierno de Mariano Rajoy es algo que me deja absolutamente frío e indiferente. 

Ni me creo que la economía vaya a crecer tanto como dice el Gobierno ni que el paro vaya a bajar lo que establecen sus pronósticos. Por tanto, que Bruselas haya dicho hoy que la economía española crecerá este año una décima menos de lo que pronostica el Gobierno y que el paro en nuestro país seguirá siendo el más alto de la Unión Europea es algo que ni me sorprende ni me escandaliza. Es cierto que esas previsiones son un jarro de agua fría sobre la recuperación que a toda costa nos pretende vender Rajoy en plena precampaña electoral pero no lo es menos que una décima arriba o abajo del PIB no es algo  para saltar de alegría o para rasgarse las vestiduras. Podemos decir que la economía sigue en situación de encefalograma plano y que la supuesta recuperación, de existir, tardará años en llegar a quienes han hecho y siguen haciendo los sacrificios en forma de pérdidas de derechos, salarios, pensiones o empleo. Yo al menos hace tiempo que dejé de creer en los brotes verdes y en la luz al final del túnel y como yo creo que piensa una gran mayoría de ciudadanos. 

Por tanto, los 600.000 puestos de trabajo que el ministro de Guindos asegura que creará la economía española en los próximos dos años me los creeré cuando los vea uno detrás de otro, aunque de lograr tamaño éxito simplemente volveríamos al paro que teníamos cuando el PP llegó al Gobierno: todo un avance, como ven. Que Rajoy tiene un problema, como poco, sí es evidente. Más allá de las previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea que hoy ocupan espacio en todos los medios de comunicación y en las que se advierte también de que la deuda pública continuará criando michelines, Bruselas sigue en sus trece de exigir el cumplimiento del déficit y advierte de que como al presidente español se le ocurra cumplir por una vez una de sus promesas – rebajar el IRPF – volveremos a pasarnos de déficit, con lo que eso puede suponer de más recortes, reformas estructurales y ajustes. Nada nuevo bajo el achicharrante sol de esta crisis: austeridad sobre austeridad y de postre austeridad. 

En realidad, tampoco espero nada de esa reforma fiscal. Estoy convencido de que una hipotética reducción del impuesto de la renta la compensará el Gobierno con un nuevo hachazo fiscal en otro lado, por ejemplo en la tributación sobre la vivienda, que podría llegar a dispararse. Nadie regala euros a noventa céntimos en tiempos de estrecheces y menos cuando la recaudación fiscal en este país seguirá siendo de las más bajas de la Unión Europea mientras no se afronte con valentía el fraude que campa por sus respetos – cifrado por algunas organizaciones en 80.000 millones de euros - y se acometa una reforma fiscal progresiva de verdad en lugar de un mal zurcido como el que parece estar preparando el ministro Montoro para cuando pasen las elecciones. 

Por tanto y en resumen, en cuanto me hablan de previsiones macroeconómicas me acuerdo de aquella frase según la cual un economista – y esto es aplicable al Gobierno, a la Comisión Europea o al FMI - es el que te explica mañana porque fallaron las previsiones que hizo hoy. Así que lo único que de momento se puede asegurar con garantías es que la crisis sigue igual.

Mercedes Sosa: "Las manos de mi madre"

Pocas canciones tan hermosas y adecuadas para un día como el de hoy como esta de Mercedes Sosa.

¡Felicidades a todas las madres!

Serrat: "Para la libertad"

Hoy, Día Mundial de la Libertad de Expresión, me viene a la mente este hermoso poema de Miguel Hernández en la interpretación de Joan Manuel Serrat. En un día como el de hoy hay que volver a recordar aquello de: "Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia". Va por los más de 10.000 periodistas españoles despedidos desde el inicio de la crisis económica. 

Putin avanza

Paso a paso y bocado a bocado, el zar Putin se está haciendo con el control de las regiones orientales de Ucrania y trayendo a la memoria histórica  la anexión hitleriana de los Sudetes y su filosofía del "espacio vital". Primero fue la descarada anexión de Crimea y a raíz de ella han surgido como hongos prorrusos en otros lugares del este de un país que mengua por momentos. Ni el más ingenuo de los observadores puede negar a estas alturas que todos estos movimientos filorusos están orquestados, financiados y dirigidos desde Moscú por el zar del Kremlin, obsesionado con el sueño de hacer renacer de sus cenizas la grandeza del imperio soviético. 

En un desesperado intento de salvaguardar la integridad territorial, el débil gobierno de Kiev ha lanzado en las últimas horas una ofensiva militar sobre las zonas rebeldes que ya empieza a cobrarse las primeras vidas humanas. El ataque ha generado una inmediata escalada verbal en Moscú en donde se exige a Ucrania que ponga fin a las acciones militares al tiempo que se da por muerta la vía pacífica para resolver el conflicto. Y mientras, sus aguerridos muchachos mantienen secuestrados a varios observadores internacionales de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) sin que el Kremlin mueva un dedo para liberarlos. Todo muy previsible. 

Que Ucrania tiene esta batalla perdida de antemano parece fuera de toda duda, por mucho que pretenda al menos salvar su honor y no quedar ante la comunidad internacional como un cobarde que ni siquiera movió un dedo para defender su territorio. Otra cosa bien distinta es que a esa entelequia que conocemos como comunidad internacional le importe en realidad lo más mínimo la posibilidad nada descabellada de que Ucrania entera termine bajo el control de Putin. Los hechos y los datos apuntan a que los intereses económicos primarán al final sobre la necesidad de hacer respetar a Putin algo tan esencial como la integridad territorial y la soberanía de otro estado. 

Claro que, como ya hemos contado en otro post anterior sobre este conflicto, ni la Unión Europea ni Estados Unidos tienen la suficiente autoridad moral para exigir de otros el cumplimiento de los más elementales principios del Derecho Internacional que ellos se han saltado alegremente a la torera cuando lo han creído conveniente, en contra incluso de la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Basta recordar la invasión de Irak para sacarle los colores a quienes exigen ahora mano dura con Rusia. 

Es Estados Unidos quien más presiona para endurecer las sanciones económicas contra Rusia mientras en la Unión Europea, con el conflicto casi a sus puertas, se tiemplan gaitas. Lógico si tenemos en cuenta que los intercambios comerciales entre los países de la Unión y Rusia suman 370.000 millones de dólares al año. Pero no veamos en las presiones de Estados Unidos para que se endurezcan las sanciones a Putin solo un ataque de respeto a la legalidad internacional. Para qué negarlo: a Obama y a su país le vendría bien arrinconar política y económicamente al gigante ruso y poner contra las cuerdas al zar de Moscú. Si en la labor cuenta con el respaldo de la Unión Europea mejor que mejor. 

En Bruselas, en cambio, la tibieza manda y Alemania, el país que supuestamente lidera la Unión, es uno de los más tibios. El gran número de empresas alemanas con intereses en Rusia disuade a la canciller Merkel, que hoy se entrevista precisamente con Obama, de ir demasiado lejos en las sanciones contra Moscú. Si acaso el bloqueo de las cuentas en el extranjero de algunos jerarcas próximos a Putin como se acordó en los últimos días y poco más. Meras cosquillas. 

De fondo está al mismo tiempo el riesgo de quedarse sin el gas ruso que llega a la Unión a través de Ucrania y cuya llave Putin amenaza con cerrar en un mes si Kiev no paga lo que le debe, que no se lo podrá pagar a menos que Bruselas se rasque el bolsillo y pague en su lugar. Si la intervención militar de la OTAN en defensa de Ucrania también está descartada para evitar una conflagración de dimensiones mundiales y consecuencias imprevisibles, sólo queda la vía de sanciones económicas que de verdad hagan recapacitar a Moscú y obliguen a Putin a sacar las manos de Ucrania. 

Salvo que sea Estados Unidos el que abra la marcha apretándole las clavijas a Putin y que la Unión Europea le siga la estela, la vía de las sanciones parece tener hoy por hoy muy poco recorrido dados los poderosos intereses económicos presentes. Así, mientras en Washington y en Bruselas continúan discutiendo si son galgos o podencos y poniendo sus respectivos intereses por encima del Derecho Internacional, Putin avanza.

Si el rey lo dice…

Acaba de asegurar el rey que la economía española “va en la buena dirección” aunque aún le queda un “largo camino”. Lástima que no precisara un poco más y aclarara hacia dónde nos conduce ese “largo camino” que aún nos queda por delante pero, si el rey lo dice, quién soy yo para contradecir su visionario augurio. En mi condición de súbdito de Su Majestad sólo confío en que en ese largo camino no se tropiece la economía con un elefante y vuelva a descarrilar. Eso no sería capaz de soportarlo este país y tal vez ni la monarquía propiamente dicha.

Se ve que el rey le vuelve a coger el gusto de ir por el mundo cantando las virtudes del país en el que reina, ahora que sus males físicos parecen levemente superados y los políticos están momentáneamente aparcados a la espera de noticias judiciales. Esto que ha dicho el rey lo ha dicho en inglés y en Omán, tierra petrolera de promisión de inversiones en España en donde sus pares los jeques de turno estarán más que encantados de saber que al otro lado del mundo hay un país que un día profesó la fe de Alá y que ahora ansía una nueva invasión musulmana a bordo de jets privados y coches de lujo. Es comprensible, por tanto, que Juan Carlos les dore un poco la píldora de la situación real de España a los mandamases y empresarios omaníes: por la pasta, todo vale y está justificado. 

En realidad, probablemente se limita a decir por esos mundos de Dios lo que el Gobierno español le sugiere que diga: que ya llega el día de la redención de nuestros pecados por vivir por encima de nuestras posibilidades y es solo cosa de dos o tres calendarios como mucho para que en España vuelvan las oscuras golondrinas de tu balcón los nidos a colgar. Lo diré en voz baja para que quede entre nosotros: tengo para mí que el Gobierno le ha contagiado al rey el peligrosísimo optimismo antropológico que sufría Zapatero hace unos años cuando aseguraba que España era la envidia del mundo mundial y nuestros bancos los más potables del hemisferio occidental y parte del oriental. 

No sé si serán las elecciones que vienen dentro de un mes o de las que vienen el año próximo, pero de un tiempo a esta parte veo al presidente Rajoy a sus ministros como flotando en una nube rosa desde la que no paran de enviarnos luminosos rayos de esperanza. Ahí tienen ustedes a todo un ministro de Economía prometiéndonos 600.000 puestos de trabajo en dos años que ríete tú de la pareja Alfonso Guerra – Felipe González en sus buenos tiempos. Y ahí tienen al ministerio que pastorea Fátima Báñez enviándonos prodigiosos datos de empleo desde su propia nube estadística. Por eso es lamentable que haya tanto aguafiestas empeñado en insistir en que, en lugar de estarse creando empleo, se está destruyendo día a día; o en decir que el poco que se crea es precario y gracias al descenso de la población activa, o sea, los que han emigrado más los que han retornado a sus países de origen más los que ya ni se preocupan de buscar curro a sabiendas que no lo van a encontrar y sólo confían en sacarse la Bonoloto.

Es una pena y una tragedia que los sindicatos de este país hayan salido hoy a las calles para pedir empleo de calidad y el fin de los recortes en los servicios públicos y para advertir de que con precariedad laboral, paro y pobreza no saldremos de la crisis ni en dos ni en tres ni en veinte calendarios por mucho que Rajoy, Guindos y Arias Cañete se confabulen para hacernos ver otra cosa. Renuentes a sumarse al orfeón del optimismo que dirige el Gobierno insisten en ver la botella medio vacía cuando es evidente que está medio llena y subiendo. Con tanto mal rollo y tanto pesimismo no hay economía que se recupere, que hasta se le quitan a uno las ganas de ir a tomarse unas cañas para celebrar los datos de la última EPA. Por eso creo que tiene razón el rey cuando dice que a España “aún queda un largo camino” y es, sin duda, el que hay que recorrer hasta que cenizos como los sindicatos y la oposición se rindan ante la evidencia de que España está “en la buena dirección”. Y si el rey lo dice…