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Un lío universal

La contrarreforma judicial del Gobierno se ha llevado por delante la llamada Justicia Universal que ya había sufrido un severo correctivo en tiempos de Zapatero. El cambio en la ley lo impulsó hace poco de prisa y corriendo el PP y no el Gobierno propiamente dicho. La diferencia parece baladí pero no lo es en absoluto: al presentarse como proposición de ley y no como proyecto de ley se eliminan engorrosos informes precepticos del Consejo de Estado y otros organismos, se acortan de forma sustancial los plazos de tramitación y, por último, la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado hace el resto. Pero fue tanta la prisa que se dio el PP en sacar adelante su iniciativa y evitarle quebraderos diplomáticos al Gobierno que por el camino se dejó algunas puertas muy importantes abiertas. 

Por ella se están largando a sus casas los narcotraficantes apresados por la policía española en aguas internacionales cargados hasta los topes de hachís, cocaína y otras sustancias. Desde que entró en vigor la ley los jueces españoles se han visto obligados a poner en libertad a 43 presos que habían sido detenidos a bordo de embarcaciones repletas de droga. Como las limitaciones impuestas por la reforma popular excluyen de la acción judicial los barcos apresados en los que no viajen españoles, que no tengan bandera española o de los que no se pueda acreditar que viajen a España, los magistrados de la Audiencia Nacional que llevan estos asuntos se ven en la obligación de abrirles las puertas de la cárcel de par en par. 

Como es fácil imaginar, la policía, los agentes de vigilancia aduanera y, sobre todo, las asociaciones que llevan décadas luchando contra las drogas y contra las mafias que trafican con ellas rebosan de satisfacción. Todo el esfuerzo, todas las campañas y todas las horas, semanas, meses y años de investigación policial tirados por la borda porque el Gobierno no quiere conflictos diplomáticos, en frase para enmarcar del portavoz popular Alfonso Alonso. También aplauden con las orejas las policías de otros países que a partir de ahora puede que dejen de compartir información con sus colegas españoles a la vista de que estos sólo podrán sentarse en la costa a ver pasar los barcos con los alijos. Pero para contentas, las redes de narcotraficantes que se podrán tumbar en cubierta a tomar el sol y navegar plácidamente a la vista de la policía española. Lo único que tendrán que cuidar es no meterse en aguas españolas y asunto zanjado.

Así las cosas, el lío en la Audiencia Nacional es de época: los fiscales les piden a los jueces que procesen a los narcotraficantes y estos responden que la ley no lo permite y que se lo pidan al Gobierno. Este calla y mira para otro lado y, que se sepa, aún nadie ha movido un dedo para cerrar ese portón por el que a este paso las cárceles españolas van a ver reducida drásticamente la población reclusa. 

En paralelo, algunos jueces desoyen la letra y el espíritu de la reforma y continúan adelante con sus investigaciones sobre genocidios y crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que acaba de decidir el juez Pedraz respecto al genocidio maya en Guatemala que causó un cuarto de millón de muertos y al asalto de la embajada española en aquel país centroamericano que se saldó con 36 víctimas mortales. Entiende el magistrado que estamos ante un caso de terrorismo y ahí sí que no puede llegar el largo brazo del PP y del Gobierno para impedirle que continúe la investigación. 

Desde mi punto de vista hace bien y lo mismo deberían hacer otros jueces que se encuentren ante casos similares si el Gobierno no rectifica, que probablemente no lo hará: buscar la manera de sortear una reforma que responde sólo a intereses políticos y comerciales y que aparta a España de un concepto de la Justicia ampliamente aceptado a escala internacional, aquel que establece que para la persecución de los crímenes no puede haber fronteras que valgan.

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