Miren que ha habido guerras
con nombres llamativos: "Guerra del cerdo", "Guerra de la oreja
de Jenkins", "Guerra de las naranjas", "Guerra de la silla
de oro", "Guerra de los 30 años", etc.
Sin embargo, la que están
librando estos días argentinos y españoles es inédita y podríamos llamarla
"la Guerra de la Vaca Muerta". Ese es el nombre que recibe una zona
de la provincia argentina de Neuquen fronteriza con Chile. En ella, la
petrolera YPF, filial de la española REPSOL, detectó en noviembre pasado un
importante yacimiento de crudo "no convencional" capaz de
autoabastecer de petróleo a Argentina durante mucho tiempo.
No parece casualidad que,
coincidiendo con el descubrimiento de esa importante bolsa de petróleo, el
Gobierno de Argentina empezara a hostigar a la petrolera, que poco después los
gobernadores de varias provincias le retiraran la licencia para operar bajo el
argumento de que no cumplía los compromisos establecidos en materia de
inversión y extracción y que, finalmente, la presidenta Cristina Fernández la
expropiara sin tan siquiera derramar una lágrima, como suele ser frecuente en
ella en momentos delicados. Y ya tenemos la Guerra de la Vaca Muerta armada.
Populismo petrolero
No seré yo quien defienda
los intereses de REPSOL, una empresa lo suficientemente fuerte como para
defenderse solita y que además cuenta con el inquebrantable apoyo público del
Gobierno de España y, en especial, de su ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria. Ni siquiera es REPSOL una compañía netamente
española, como se afirma alegremente. Basta echar un vistazo a la composición
de su accionariado para comprobarlo.
Con todo, tampoco es
defendible, se mire por donde se mire, la decisión del Gobierno de Argentina:
imponer por las bravas el control público sobre un recurso estratégico de la
importancia del petróleo, después de vender esos mismos recursos en 1999,
cuando las cosas iban mal, al mejor postor, no parece muy coherente ni encaja
con el Derecho Internacional y la seguridad jurídica de las inversiones.
Nada
digamos de echar a los directivos de YPF de la sede de la compañía, al más puro
estilo bananero, cuando la ley de expropiación ni siquiera había llegado al
Congreso. Responde más bien a otras razones: necesidad de buscar un enemigo
exterior cuando hay problemas internos y, sobre todo, cuando se huele negocio y
reparto de beneficios.
España amenaza, pero ¿puede
dar?
¿Y qué decir de la postura
del gobierno español? Más de una semana lleva el ministro Soria – el mismo que
deba la cuestión por "encauzada" un día antes de la expropiación - y
su colega Margallo amenazando con "medidas contundente" ante una
acción "hostil" que tendrá "consecuencias".
Más prudente se ha mostrado
el presidente Rajoy, que se ha limitado a calificar la decisión argentina de
"muy negativa para todos", pensando, sin duda, en los intereses de
otras muchas empresas españolas radicadas en aquel país y hasta en Venezuela,
en donde Hugo Chavez ha salido en defensa de Cristina Fernández y al que ya se
le ha pasado también por la cabeza quedarse con las empresas españolas
presentes en su país.
Por lo demás, España no ha
conseguido cosechar muchos apoyos más allá del presidente de México y el de
Guatemala. Estados Unidos, con claros intereses en Argentina, se pone de perfil
y la Unión Europea – pobrecita -, sin instrumentos legales para defender a un
miembro de un atropello como éste, lanza mensajes de admonición y suspende
reuniones de segundo nivel.
No sé cómo acabará esta
guerra de la Vaca Muerta aunque probablemente pasen años antes de ver su final.
Seguramente habrá denuncias en instancias internacionales cuyas decisiones
Argentina desoirá si no le son favorables, como ya ha hecho en ocasiones
anteriores; habrá seguramente represalias comerciales españolas y habrá mucha
agitación nacionalista en una y otra orilla del Atlántico para el respectivo
consumo interno. Lo que es seguro es que la guerra no se resolverá por la vía
de las amenazas mutuas sino por la de la diplomacia más callada que de
aspavientos.
Negro y en barril....
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