Ha hecho bien le presidente canario en rectificar sus declaraciones en las que señaló a las familias como las responsables de que 400 pacientes permanezcan ocupando camas en los hospitales de las Islas a pesar de contar con el alta médica. Sin embargo, después de reconocer que no son las familias, al menos en la inmensa mayoría de los casos, las culpables de esa situación, es necesario dar un paso más allá para averiguar cuáles son las causas del problema y ponerles remedio. Como bien dice el presidente en su rectificación, a ninguna familia le gusta tener a un pariente en el hospital.
La mayoría de los expertos coinciden en señalar dos factores determinantes para explicar un problema que ha ido en aumento desde el inicio de la crisis económica. El primer tiene que ver con la disponibilidad de camas para pacientes de estancia media o larga. En España nos hemos pasado décadas construyendo grandes hospitales de agudos, bien dotados de personal y medios técnicos. Sin embargo, estamos casi a la cola de la OCDE en número de camas para enfermos crónicos, muchas veces de avanzada edad, que necesitan atención sanitaria casi permanente aunque no de la intensidad de la que se dispensa en un hospital de agudos.
Cuando a estos enfermos se les da el alta en un hospital tienen dos alternativas: irse a casa en donde puede que su familia no tenga medios suficientes para prestarles la atención que necesitan y en donde incluso tengan que vivir el calvario de reiteradas recaídas con los consecuentes ingresos hospitalarios, o quedarse en el hospital de agudos. Se calcula que son más de 5.000 las personas que en estos momentos ocupan camas de hospitales de agudos en España cuando deberían de estar en un centro sociosanitario para estancias más prolongadas.
Esta evidente ineficiencia del sistema sanitario tiene un coste para la sanidad pública que los expertos cifran en unos 1.500 millones de euros al año. Muchos de estos pacientes son derivados a centros concertados en donde el coste de la cama es notablemente inferior a la de un hospital público. De manera que la sanidad privada hace un buen negocio a costa de una ineficiencia pública que pagamos todos los ciudadanos vía impuestos, copagos y recortes.
El otro factor a tener en cuenta es la debacle de la Ley de Dependencia que tantas expectativas ahora defraudadas despertó. El Ministerio también ha metido aquí la tijera endureciendo los requisitos para acceder a las ayudas previstas en la ley y suprimiendo las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. Únase a esto que la gestión de esta ley por parte de la comunidad canaria es manifiestamente mejorable – es la comunidad con menos dependientes reconocidos – y tendremos otra causa directa de que pacientes dependientes no reconocidos oficialmente deban seguir ocupando camas que deberían destinarse a enfermos agudos y contribuir de este modo a aligerar las listas de espera ya de por sí muy elevadas.
Nadie ha dicho que las soluciones sean sencillas ni rápidas, sobre todo para solventar el enorme déficit de plazas sociosanitarias en una etapa de grandes restricciones presupuestarias. Pero una vez detectada la raíz del problema hay que encontrar la respuesta que en ningún caso puede pasar por hacer recaer sobre las familias una responsabilidad que no les corresponde.
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